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Recortes de Prensa     Jueves 4 Septiembre  2003
LAS BICICLETAS SON PARA EL VERANO
FERNANDO FERNÁNDEZ MÉNDEZ DE ANDÉS  Madrid ABC 4 Septiembre 2003

ETA le cuesta un ojo de la cara al País Vasco
Luis María ANSON La Razón 4 Septiembre 2003

DE LA «EURO-REGIÓN» A LA REALIDAD
Editorial  ABC 4 Septiembre 2003

Mínimamente serio
Ángel Cristóbal Montes La Razón 4 Septiembre 2003

Modelo vasco, modelo irlandés
Gabriel ALBENDEA La  Razón  4 Septiembre 2003

Redondismo y patxismo
Iñaki Ezkerra La Razón 4 Septiembre 2003

Ferraz quiere acabar con Cristina Alberdi
Lorenzo Contreras Estrella Digital 4 Septiembre 2003

Los responsables del terror
José María Marco Libertad Digital 4 Septiembre 2003

El Estado pide anular las decisiones de la Cámara vasca logradas con el voto batasuno
MANUEL MARÍN ABC 4 Septiembre 2003

LAS BICICLETAS SON PARA EL VERANO
por FERNANDO FERNÁNDEZ MÉNDEZ DE ANDÉS. Rector de la Universidad Europea de Madrid ABC 4 Septiembre 2003

LA obra de Azaña, y una magistral interpretación de Fernando Fernán Gómez en plena transición, me vino a la memoria cuando buscaba un título para estas reflexiones de vuelta al colegio. Me acordé entonces de la metáfora que usaba Délors para la construcción europea, una bicicleta que necesita pedalear permanentemente para no descarrilar. Algunos políticos parecen tener la misma opinión de España. Y de ahí el título, que expresa la esperanza de haber asistido a meros devaneos de temporada. Aclaro el sentido del título porque con la designación del sucesor y la publicación de sus aficiones, algún malintencionado puede pensar que le deseo corta vida al candidato.

La idea de España vuelve a dominar la escena política. Un grave error. Los políticos han de dedicarse a gestionar los problemas colectivos, no a crearlos. Dejemos las discusiones académicas para los intelectuales. Ya tuvimos el siglo pasado un magnífico debate entre Claudio Sánchez Albornoz y Américo Castro. España tiene la oportunidad de asentarse en el grupo de las naciones más desarrolladas; aquéllas en las que el binomio libertad y prosperidad alcanza su máxima expresión. Gracias a la Constitución de 1978 y al esfuerzo colectivo de concordia y trabajo. Los retos son inmensos: consolidar el crecimiento económico y la estabilidad fiscal; acabar con el terrorismo; desarrollar un sistema de bienestar social que proteja frente al infortunio sin desincentivar la necesaria asunción de riesgos; ganar capacidad de influencia en la escena internacional; incorporarnos al desarrollo científico y tecnológico.

Y también los riesgos. Cuando en la segunda mitad de los noventa volví a España después de años de trabajo en el extranjero, me tocó explicar frecuentemente el milagro económico español a inversores incrédulos. Y siempre querían que les hablase de riesgos. El más importante que veía entonces, y también hoy, es que nadie puede asegurar que dentro de, digamos, 20 años España mantenga las fronteras actuales. Hay quien cree, con buena voluntad sin duda, que para ello el marco constitucional y estatutario tiene que ser mutante. Los hay que pensamos que hay que dejar funcionar el Estado de las Autonomías, rodarlo como los coches para obtener toda su potencialidad. Pero que hay que establecer límites claros, porque del hecho diferencial permanente sólo pueden derivarse privilegios, enfrentamientos estériles o decisiones ridículas.

Privilegios, como las meigas haberlos haylos en el Estado de las Autonomías. El más obvio, el Concierto Vasco, pero es un precio que todos estuvimos dispuestos a pagar por la concordia. ¿Lo estaríamos hoy? Todos sabemos que no es generalizable, pero hay quien se empeña en apuntarse el primero a la cola a ver si cuela. Los equilibrios constitucionales son frágiles, reflejan voluntades colectivas, subconscientes, producto de circunstancias históricas concretas. Las naciones de éxito no se interrogan bizantinamente sobre sí mismas. Miran al futuro e intentan anticiparse. Y se lo piensan mucho antes de modificar la Constitución. Tanto que en algunos casos ni la escriben. Pero en ninguna de ellas existen derechos históricos que primen sobre los derechos individuales. No pueden entender que el pueblo, ese ser difuso que nadie les ha presentado nunca y que se define étnica o culturalmente pero siempre de forma excluyente, se anteponga al individuo. Ese es el sentido de la Carta Magna, de la Revolución Francesa y de la Declaración de Independencia. El resto es feudalismo y caciquismo encubierto.

De enfrentamientos estériles también hemos tenido nuestra buena ración; el último de ellos el trasvase del Ebro. Y los seguirá habiendo porque es lógico que cada Comunidad defienda intereses específicos. Pero el país necesita elementos de vertebración. Y en una democracia moderna esos elementos son los grandes partidos nacionales que tienen que estar dispuestos a anteponer los intereses generales a resultados electorales concretos. Los grandes políticos se forjan en las decisiones difíciles; aquéllas que por su complejidad no son reducibles a una cuestión binaria. La democracia representativa exige partidos fuertes, bien organizados, pero no necesariamente internamente democráticos. Las Teorías de la Elección Pública, y el Comercio Internacional contienen innumerables ejemplos de situaciones en las que un pequeño grupo organizado con intereses bien definidos captura los procesos de decisión de las instituciones colectivas, en beneficio propio y perjuicio de la colectividad. Sólo los electores tienen la última palabra.

Decisiones ridículas hay muchas en la vida política. Pero a riesgo de crearme enemigos en casa, haré un poco de política ficción. Mucho me temo que en las próximas elecciones asturianas el bable sea declarado lengua vehicular de la educación primaria y secundaria. No se rían, caerá como fruta madura de la deriva localista que está tomado el proceso autonómico y de la aritmética política que confiere el poder de formar gobiernos a minorías insensatas. Nuestros hijos se escolarizarán en bable; no sólo lo aprenderán y en el proceso ayudarán a crearlo. Como ha sucedido con el eusquera y otras especies protegidas. Será más fácil escolarizar a los niños en francés o inglés que en castellano. Sería ridículo que pasase en Asturias, pero es igualmente ridículo que pase ya en muchas Comunidades.

ETA le cuesta un ojo de la cara al País Vasco
Luis María ANSON La Razón 4 Septiembre 2003
de la Real Academia Española

En 1975, las provincias vascongadas tenían la mayor renta per cápita de España. Estaban al frente de la calidad de vida en nuestro país. Ahora ocupan el sexto lugar gracias a las atrocidades de Eta y a los delirios del «ayatolá» Arzallus y su marioneta Ibarreche.

Desde 1975, Melilla ha crecido económicamente el 128 por ciento; Murcia, el 125; La Rioja, el 123; Canarias, el 121; Navarra, el 115; Valencia, el 109; Madrid, el 92; Cataluña, el 90. El País Vasco se ha quedado a la cola de las autonomías españolas y sólo ha crecido el 62 por ciento. Eta, la kale borroka, las piruetas del PNV, el sectarismo nacionalista, el favoritismo del Gobierno de Ajuria Enea, todo ello ha ahuyentado la iniciativa empresarial y ha repelido también la inversión extranjera. Estos datos se han publicado en un estudio científico y apolítico realizado por el Instituto de Estudios Económicos, con el título Evolución Económica de las Comunidades Autónomas (1975-2000).

Nada de lo que aquí he expuesto hay que decírselo a los vascos. Lo saben de sobra. Viven angustiados bajo la dictadura del miedo y contemplan impotentes, además, cómo su desarrollo les hace perder posiciones frente a las demás regiones españolas. Cifras tozudas, en fin, que imponen su realidad mientras Arzallus mueve los hilos del títere Ibarreche para, a través de la coartada de planes e independencias, encubrir el miedo físico que tienen a los terroristas. La política de no pocos dirigentes del PNV se reduce en gran parte a decir a Eta: «No me maten, por favor, que hago lo que ustedes quieran».

DE LA «EURO-REGIÓN» A LA REALIDAD
Editorial  ABC 4 Septiembre 2003

LA «euro-región» del candidato socialista a la presidencia de la Generalitat, Pasqual Maragall, forma parte de ese imaginario pancatalanista de nuevo cuño que, ajeno a cualquier argumento histórico, agita la coctelera del postpujolismo. Una de las principales sustancias políticas del ex alcalde de Barcelona es su capacidad para epatar a los ingenuos y sembrar la inquietud en la sede de Ferraz con ideas de una naturaleza de escasa consistencia pero mucha polvareda. Es innegable que Maragall es un magnífico constructor de titulares, pero poco dado a la concreción, algo que han sufrido con más paciencia que acción sus propios colaboradores. Quería Maragall recuperar la Corona de Aragón en términos culturales y económicos con el objetivo, por un lado, de vaciar de contenido el debate y la realidad sobre la pujanza económica de la Comunidad Valenciana frente a los síntomas de agotamiento político que se manifiestan en Cataluña, inmersa en un notorio cambio de ciclo, y, al tiempo, liderar una corriente en el seno del PSOE, la de los socialistas «mediterráneos» más los aragoneses con la que auparse por encima de los barones, Chaves, Bono e Ibarra, con un liderazgo supracomunitario. Lo de menos, en ese desvaído esbozo, son las relaciones entre Valencia y Castilla-La Mancha, las conexiones de Aragón con las Comunidades del Ebro, la necesidad de que esas regiones estén bien conectadas no sólo entre ellas sino con el centro y sur de España y las afinidades culturales y sociales que superan el ámbito de lo estrictamente lingüístico.

El planteamiento maragalliano ya ha cosechado las censuras inequívocas de Valencia, tanto de su Gobierno, con el popular Francisco Camps a la cabeza, como del PSOE que dirige Joan Ignasi Pla. Aragón no se ha pronunciado en términos tan tajantes entre otras razones porque se sintieron desde un primer momento menos concernidos, pero a nadie se le escapa que si bien Cataluña y Aragón han olvidado viejas rivalidades fronterizas, tampoco la Generalitat ha hecho grandes esfuerzos por relacionarse con los territorios que no den a su acción de gobierno una dimensión polémica y a ser posible internacional. En ese contexto, lo que proponía Maragall contenía más semillas de enfrentamiento con el resto de España que de conciliación de esfuerzos económicos o culturales. Ni siquiera los socialistas han entrado en unas añagazas que Zapatero trata de corregir con un reforzamiento del perfil constitucionalista del PSOE. Eso, sin embargo, no inquieta a Maragall, que tiene en sus relaciones con socialistas del País Vasco como Odón Elorza, un medio para asaltar las páginas de información política con propuestas que tienden más a agrandar su vis polémica que ha plantear realmente alternativas dignas de una meditación somera.

Francisco Camps ha entendido perfectamente la retranca maragalliana y más que calibrar los supuestos efectos de esa «euro-región» ha aludido a la permanente tensión que los socialistas plantean con las peticiones de reformas estatutarias o sus constantes cogitaciones en torno a la configuración autonómica de España. En esta ocasión, ni siquiera los socialistas han husmeado el anzuelo, pero Zapatero debería ser algo más consistente a la hora de cercenar debates que, además de una cierta confusión, alimentan con plomo las alas de un partido al que las encuestas mantienen a escasos metros de su suelo electoral.

Mínimamente serio
Ángel Cristóbal Montes es catedrático de Derecho Civil La Razón  de la Universidad de Zaragoza La Razón 4 Septiembre 2003

Es hoy un lugar común y hasta un tópico el descrédito y el bajo perfil que muestran los partidos políticos en Occidente, a los que se asignan todos los defectos e insuficiencias, se les hace responsables de todas las desgracias y se les somete a la más demoledora y sangrante de las críticas. Es normal y hasta natural que así sea, porque en democracia los partidos políticos (el «mal inherente» de que hablaba Tocqueville) y sus dirigentes constituyen el pararrayos donde van a parar todos los malos humores y donde se estrellan todos los descontentos e insatisfechos. Representan el aliviadero por el que discurren los caudales remansados excesivos, la válvula de seguridad que permite rebajar presiones peligrosas. Sin embargo, hasta ahora no se ha encontrado su reemplazo, ni se conoce otro mecanismo político que en democracia pueda cumplir sus funciones sin caer en los vicios que les afectan.Y en honor a la verdad, debe decirse que entre aquellos originarios partidos políticos de comienzos del siglo XIX, facciones, grupos de notables y simples asociaciones de intereses, que llevaron a los prohombres de la época a formular amargos juicios («el mejor tipo de partido ¬dirá Halifax¬ es de alguna manera una conspiración contra la nación»), y los de hoy, tremendas maquinarias políticas presentes en todas y cada una de las facetas del actuar ciudadano, hay una notable diferencia a favor de los actuales, hasta el punto de que en Estados Unidos, donde se afirma que los media son los nuevos partidos políticos (Barber), se constata, empero, que sería más fácil prescindir de la Constitución que de los partidos políticos (Commager).

Pretender que en España, recién llegada al modo político de gobierno libre, ferozmente individualista y con un problema político-territorial sin parangón en Occidente, pudiéramos tener grandes y modélicas formación partidistas, sería tamañas temeridad e ingenuidad. Tenemos lo que tenemos, lo que podemos tener, y, pese a todo, las cosas han funcionado de manera razonable durante los 25 años de vida democrática. UCD y PSOE, primero, y PSOE y PP, después, con todos los problemas, han dado la talla y han cubierto con dignidad el cometido de bipartidismo imperfecto de facto que la mayoría del pueblo quiere, como lo prueba el hecho de las cuatro elecciones resueltas por mayoría absoluta. Mas, ¿qué ocurre?

El esquema ha funcionado bien porque los dos grandes partidos presentes en España «ab initio» han tenido conciencia de sus básicas obligaciones y han mantenido el tipo en el triunfo y en la derrota. El sistema democrático exige, si quiere ser presentable, que tanto el partido gubernamental como el opositor de reemplazo sepan cubrir las responsabilidades que les conciernen. Pues bien, llevamos ya muchos meses en los que el PSOE parece haber olvidado tales exigencias y, en aras de unas prisas excesivas, está procediendo a tirar por la borda una parte importante del caudal político acumulado durante dos décadas. Causa asombro y dolor que las legítimas y necesarias función opositora severa y alternancia en el gobierno se planteen como un ajuste de cuentas en el que hay que destruir al adversario y prescindir del interés general o la convivencia estatal. Los dioses ciegan a los que quieren perder. La inexperiencia de unos y la rabia de otros (el Saturno González) están produciendo un caudal de desatinos casi inconcebible. Alianzas territoriales con partidos nacionalistas que se sitúan a un paso del límite del sistema, acción concertada con unas fuerzas político-sindicales que nos lleva al túnel del tiempo, manifestación permanente con todos los grupúsculos que representan la marginalidad y la contestación radical, intento de convertir una gran tragedia regional («Prestige») en una baza electoral y abandonar cualquier planteamiento estatal en las áreas no coyunturales de la política exterior y la defensa a propósito de la guerra de Iraq son algunos de los extraños «méritos» que el PSOE brinda a los españoles de cara a su pronta y contundente victoria electoral. ¿Puede extrañar, en suma, que un número creciente de ciudadanos piense que el PSOE está dejando de ser mínimamente serio?

Modelo vasco, modelo irlandés
Gabriel ALBENDEA La  Razón  4 Septiembre 2003

Una y otra vez resurge entre nosotros con entusiasmo digno de mejor causa la equiparación posible entre la situación norirlandesa y la vasca, sólo por el hecho de compartir el terrorismo. Y se pretende que la solución de allí puede aplicarse aquí. Insistir en las diferencias entre uno y otro caso parece ocioso cuando tanto se han repetido. Resumiendo, sin embargo, la solución irlandesa es la aplicación pura del principio hobbesiano: como hay una «guerra de todos contra todos», pax est quaerenda, a toda costa.

Pero en el País Vasco no hay guerra, luego no hay paz que buscar. ¿Son listos los nacionalistas al empeñarse en que la hay y traer a colación reiteradamente el discurso norirlandés? Aparentemente sí, porque ese modelo pide el diálogo, pero no, como es lógico, a costa de dar toda la razón a una de las partes, lo cual haría imposible la paz.

Por eso tal propuesta sólo puede engañar a los tontos y a los propios nacionalistas, si es que se han vuelto tontos. Porque seguir el modelo irlandés significa seguirlo con todas sus consecuencias. Pero lo absurdo, por suerte para ellos, es que en el mundo vasco no se dan ni las causas ni, por tanto, las consecuencias: ni la lucha de dos bandas terroristas ni la ridícula autonomía norirlandesa, que, además, desaparece, cuando el poder británico lo cree necesario.

¿Acaso la fundacicón del GAL pretendía imitar el modelo irlandés que, curiosamente, intenta promover J. Almunia en recientes declaraciones? ¿Pero no se ha llegado ya en el País Vasco al objetivo autonómico sin necesidad de una guerra? Para decirlo crudamente, seguir el modelo irlandés consistiría en que una banda terrorista vascoespañola asesinara a mil nacionalistas para estar en paz, y, después de treinta años de muerte y sufrimiento para ellos, el Gobierno español les diera una autonomía de pacotilla y se la quitara si se portaran mal.

¿Ése es el programa que trae el cura Reid, que viene a España con la misma monserga de los derechos idénticos de víctimas y verdugos, de diálogo, reconciliación y pacificación, ignorante, al parecer, de que aquí no hay guerra y, por ende, nada que pacificar? Algunos socialistas tontos todavía insisten en que al terrorismo y al nacionalismo, que persiguen lo mismo, como muestra sin ambages el texto conocido del plan Ibarretxe, hay que premiarlos profundizando su autogobierno (R. Ares), que se ignora en qué consiste y a sabiendas de que el proyecto nacionalista es otro. El portavoz socialista vasco parece no enterarse de la realidad. Dice que no es posible aquí el modelo irlandés «porque tendría que haber una voluntad por parte de Batasuna y los terroristas de hacer política y dejar las armas». No, no es ésa la razón, sino porque en Irlanda se ha negociado una autonomía que aquí se negoció, mil veces más generosa, hace 25 años, y además porque ningún Estado democrático negocia la secesión de su territorio porque lo quieran unos pistoleros, incluso aunque éstos se hicieran santos. Menos aún con unas encuestas que dicen que sólo un 20 por ciento de la población quiere la independencia de Euskadi.

Zapatero tampoco se entera, por lo visto, cuando se le ocurre la tontería de que «la trama» de Madrid es lo más grave sucedido en España desde el 23.F. Lo más grave es el plan soberanista, señor Zapatero. Comparado con eso, lo demás son fruslerías. Cuando Arzalluz dice que ésta es «una democracia de baja calidad», inconscientemente dice que es incapaz de enfrentarse con su nacionalismo. De ahí deriva directamente el atrevimiento del texto de Ibarretxe.

El procedimiento a seguir para acabar con esta pesadilla sin sentido, salida del cerebro de un paranoico arrepentido, no es darle más cancha al nacionalismo con promesas de diálogos y más competencias, que no quiere, pero que cree que lo llevarán a la independencia por la vía de los hechos consumados, como se está demostrando. La única solución es que el Estado de Derecho con el acuerdo de los partidos democráticos, sobre todo los dos grandes, le diga al lehendakari que en el instante en que su texto separatista, absolutamente ilegal, camuflado de estatuto, se apruebe en el Parlamento vasco, o incluso se proponga simplemente, se suprimirá la autonomía vasca y los autores de delito tan grave serán detenidos y juzgados.

Verán entonces cómo esa sonrisa tonta del lehendakari y esa otra cómplice de Eguibar con Otegui desaparecen de sus rostros. Y también cómo aumenta la cara de cabreo permanente de Arzalluz. Quizá, por el contrario, España vuelva a sonreír.

Redondismo y patxismo
Iñaki Ezkerra La Razón 4 Septiembre 2003

El mismo Nicolás Redondo Terreros decía hace poco que no había redondistas en el socialismo vasco. Nicolás Redondo es un buen tipo, una de esas personas que simplemente no se mueven en la política ni en lo personal dejando cadáveres por el camino, y desea con toda probabilidad evitar rivalidades de liderazgo no ya con respecto al sector de Patxi López ¬con el que resulta inevitable que las tenga¬ sino con alguna voz de su propio sector defensor del entendimiento constitucionalista con el PP. El problema de Nicolás Redondo es que él mismo es redondista aunque no quiera, porque no está en su mano dejar de serlo y porque está condenado a hacer redondismo cada vez que abre la boca y dice algo sensato. En realidad, el redondismo lo creó el propio Patxi López al defenestrarlo. Las dos únicas maneras que habría de acabar realmente con el redondismo serían que Nicolás se volviera loco y se pusiera a decir las mismas incongruencias que dice Patxi López, es decir, que se hiciera «patxista», o que Patxi López se vaya a su casa, cosa tan improbable, de momento, como segura a no muy largo plazo.

Si hay una cosa buena que tiene el Plan Ibarretxe es que va a ser la reválida política del PSE-EE y del propio Patxi López. Hasta ahora, éste se las ha arreglado en los exámenes parciales copiando de mala manera ¬o sea, como copian los torpes¬ las chuletas que le pasaba Eguiguren. De este modo, lo que en el socialismo guipuzcoano ¬que está hoy agazapado y a la espera de que caiga el vizcaíno¬ es cautela y ambigüedad heredadas de Euskadiko Ezkerra y de Jáuregui, en Patxi López es incoherencia e incultura general básica. No se entiende, por ejemplo, que intente vendernos su miedo al Plan Ibarretxe cuando aplaude a la vez el Plan Marañall, que es tan absurdo como el primero. O, mejor dicho, se entiende demasiado, pues esa contradicción muestra la tramoya rudimentaria de su táctica. Vende miedo al Plan lbarretxe para presentarse como la solución a éste.

Escribí hace unos días que aun cuando los socialistas, con la confusa reforma constitucional y estatutaria que proponen, llegaran a un pacto con el PNV, ese pacto sería pan para hoy y hambre para mañana. Paradójicamente, es Emilio Guevara, gran valedor del patxismo, quien dice que no es el incumplimiento del Estatuto sino su cumplimiento lo que le mueve al PNV a intentar romperlo. Si es así, todo acuerdo que no sea la misma independencia va a volver a ser impugnado y no tiene sentido forzar las puertas de seguridad del Estatuto y la Constitución para facilitar la próxima impugnación, que sería la definitiva. La única alternativa es la de Nicolás Redondo y Jaime Mayor: contener el nacionalismo mientras no se pueda derrotarlo.

Ferraz quiere acabar con Cristina Alberdi
Lorenzo Contreras Estrella Digital 4 Septiembre 2003

El nuevo plante de Cristina Alberdi, ex presidenta de la Federación Socialista Madrileña, ex ministra con Felipe González y persona altamente respetada por su trayectoria consecuente a lo largo de los años dentro de la militancia del PSOE, ha sonado como un aldabonazo en las esferas del partido. Cristina Alberdi manifestó su disconformidad con la política de la dirección a raíz de la querella que ésta interpuso contra los presuntos responsables de la llamada trama inmobiliaria que supuestamente condujo a la “espantada” de los tránsfugas Tamayo y Sáez y a la consiguiente imposibilidad de que Rafael Simancas ocupara la presidencia de la Comunidad de Madrid tras las elecciones autonómicas. Ya entonces a la ilustre militante le llovieron críticas desde las alturas del partido, pero nunca desde los círculos próximos a la vieja guardia felipista.

Ahora la señora Alberdi insiste en sus reproches contra los rumbos políticos del PSOE zapaterista, tanto en lo que respecta a la Comunidad de Madrid como en lo que atañe a sus orientaciones a escala estatal. Y lo primero que desde Ferraz le piden es que dimita como diputada y devuelva su acta parlamentaria. Lo cual significa tanto como requerirla para que abandone la militancia o vaya pensando en hacerlo.

El episodio es grave o, por lo menos, ofrece connotaciones dignas de alarma. Cristina Alberdi no es una tránsfuga ni una militante sin historia. Ya quisieran algunos de los actuales dirigentes del PSOE presentar su hoja de servicios, su irreprochable trayectoria. El problema es que su dimisión como miembro de la ejecutiva de la FSM compromete sin duda la posición de Rafael Simancas en su intento de asalto electoral, por segunda vez, a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Será difícil que el electorado no valore negativamente lo ocurrido y no traslade a Simancas y compañía sus sospechas sobre la marcha de la organización socialista.

Para José Luis Rodríguez Zapatero, el percance político que la actitud de Cristina Alberdi provoca implica una nueva reducción de su crédito como líder. Y lo primero que a Jesús Caldera, portavoz del PSOE, le acude al pensamiento es borrarla, como queda dicho, de la militancia socialista. Una determinación que ella se resiste a asumir, según sus primeras manifestaciones al respecto.

No deja de representar una inconsecuencia que por realizar una crítica interna, que a fin de cuentas refleja el pluralismo interno del partido y la libertad de expresión de sus miembros, se pretenda algo tan drástico como provocar la autoexpulsión de Cristina Alberdi. En el PSOE se han registrado situaciones personales mucho más graves e inadmisibles que, sin embargo, no se han traducido en reacciones significativas de la dirección. Piénsese en la línea adoptada, valga el ejemplo, por Odón Elorza, alcalde de San Sebastián, en descarada contradicción con la línea del PSOE en punto a relaciones con el mundo nacionalista vasco. O, por invocar otro caso, el desafío de Pasqual Maragall respecto a la ordenación territorial de España y la vigencia de la Constitución. Es mucho más repudiable el criterio maragalliano sobre la reconstrucción delirante de la Corona de Aragón que la disconformidad de Cristina Alberdi con los criterios de Ferraz en la conducción de la política socialista.

Por tanto, dejemos de alimentar las fuerzas centrífugas y pongamos a funcionar el Estado de las Autonomías. Demos tiempo al mayor experimento de descentralización económica y política que ha visto la historia moderna. Y corrijamos algunos excesos. Por deformación profesional señalaré algunos que están lastrando la unidad del mercado nacional. Estos días se habla mucho de Eurobank, una institución financiera que ha sido intervenida. Pero no se dice tanto que el presunto fraude ha sido posible gracias a que la supervisión financiera está descentralizada en algunas comunidades diferenciales. También se ha hablado mucho del caso Alstom y del apoyo recibido del Estado francés en contra de la legislación europea. No lo podría hacer el Estado español porque carece de competencias, pero lo hacen sistemáticamente las Comunidades Autónomas, bien directamente, bien a través del control que ejercen sobre las decisiones de inversión de sus Cajas de Ahorros y que la Ley Financiera no se ha atrevido a modificar.

En la Asamblea de Madrid se ha hablado mucho de urbanismo. Pero ha permanecido relativamente ignorada la doctrina constitucional que permite a los ayuntamientos y a las Comunidades Autónomas restringir arbitrariamente el suelo urbanizable y así generar rentas de monopolio sobre cuyo destino y reparto se hacen tantas cábalas. Es precisamente la financiación de las corporaciones locales el tema pendiente de nuestro Estado de las Autonomías, y al que ningún partido político le da bola porque no es sexy. Pero si queremos acercar la administración a los administrados para mejorar el servicio que reciben, lo que más allá de perjuicios ideológicos y luchas de poder es el fin último del Estado de las Autonomías, muchas de las competencias que hoy guardan celosamente las Comunidades, por ejemplo en materia social y laboral o incluso en materia educativa, deberían ser transferidas a los ayuntamientos. Para lo que deberían tener recursos propios. Recursos que en los países desarrollados descentralizados provienen del impuesto sobre la propiedad inmobiliaria y de tramos opcionales del IVA, pero nunca de la calificación del suelo. Si a algún partido político le preocupa el Estado de las Autonomías, he ahí el reto de la próxima legislatura. Un reto que ha de ser acompañado de una revisión de la doctrina constitucional. Lo que parece posible y a juzgar de muchos deseable.

Los responsables del terror
José María Marco Libertad Digital 4 Septiembre 2003

Mario Onaindía nos ha dejado. Con él perdemos no sólo a un incansable luchador por la libertad y por Euskadi, sino a una de las mentes más lúcidas para interpretar la realidad del País Vasco. Recuerdo, pocos días después de las últimas elecciones autonómicas de mayo de 2001, mientras en todos los ámbitos del constitucionalismo, en las plataformas de la rebelión ciudadana democrática, se respiraba un ambiente de desmoralización, de abatimiento, de derrota, Mario fue tajante: «Hoy estamos mucho mejor que hace una semana». No era una declaración de optimismo forzado, sino un análisis preclaro de la sociedad vasca que los resultados reflejaban: si en aquellos momentos tan duros -con la inmisericorde exacerbación de la ofensiva de ETA, con Arzalluz en plena ofensiva de incitación al odio y la división racial, con Lizarra aún vigente, con la kale borroka en pleno auge- las fuerzas democráticas habíamos conseguido llevar las diferencias hasta un mínimo histórico, es porque, concluimos de común acuerdo, necesariamente existe una enorme demanda social que está exigiendo acabar con el régimen del nacionalismo excluyente -al que otros llaman totalitario y algunos, no sin razones para ello, nazifascista.

Todo el problema, por lo tanto, está en lograr articular una alternativa democrática y unitaria capaz de hacerlo. Y en esa batalla estamos todavía. Si algo nos enseña la ejemplar trayectoria de Mario Onaindía es que en su incansable lucha por la libertad y contra el fascismo -el de antes y el de ahora- jamás admitió ni componendas ni apaciguamientos. Como muy bien sabía Mario, con el fascismo no se negocia, se lucha hasta liquidarlo. Persistir en este camino es el mejor tributo que podemos rendir a su memoria.

El Estado pide anular las decisiones de la Cámara vasca logradas con el voto batasuno
MANUEL MARÍN ABC 4 Septiembre 2003

MADRID. La Abogacía del Estado comunicó ayer a la Sala especial del Tribunal Supremo que ilegalizó Batasuna su criterio favorable a anular diversos acuerdos adoptados por el Parlamento vasco para justificar el mantenimiento del grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak (SA) en la Cámara vasca.

Y más allá, la Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, pide a los magistrados del alto Tribunal la anulación de todos los acuerdos pasados -desde la disolución judicial del grupo Sozialista Abertzaleak- y futuros, en los que la intervención de los parlamentarios batasunos, en tanto que son integrantes de una entidad disuelta pese a la desobediencia de la Cámara vasca, haya resultado decisiva.

En su escrito de alegaciones, la Abogacía del Estado, dirigida por Arturo García Tizón, sostiene que las diferentes resoluciones acordadas por la Mesa y por la Junta de Portavoces del Parlamento presidido por Juan María Atutxa (PNV) forman parte de una «urdimbre» o de un «montaje» destinados a eludir lo ordenado por el Supremo.

Según la Abogacía, la supuesta desautorización de la Junta de Portavoces a la Mesa para proceder a la disolución de SA o la hipotética necesidad de reformar el Reglamento de la Cámara para poder obedecer a los magistrados no son sino «buenas palabras» que esconden una «pertinaz» negativa de Atutxa y los nacionalistas a acatar lo resuelto por el Supremo. Por ello, la Abogacía reclama al Tribunal que adopte las «medidas coercitivas necesarias» y evitar así el «fraude de ley».

«Absurdos ardides imaginativos»
«La maniobra llevada a cabo por los distintos órganos del Parlamento vasco para eludir el cumplimiento de las resoluciones judiciales -señala el escrito de la Abogacía- es descaradamente burda. Como no encuentran una ley de cobertura que exista realmente en la que pueda cobijarse su decidida postura de mantener al grupo SA, no dudan en acudir a absurdos ardides imaginativos que a tal fin puedan servirles de apoyo: pretenden basarse en el Reglamento del Parlamento vasco, pero no en una norma de éste, sino en la falta de una norma».

Respecto a la petición de que se anulen todos aquellos acuerdos del Parlamento vasco en los que la participación del grupo disuelto haya sido «decisiva y determinante» -sin cuyos votos el resultado de la votación sería otro-, la Abogacía alude a la actividad de ordenación de la Junta de Portavoces, a la creación de comisiones o a las actuaciones derivadas de los derechos reconocidos a los Grupos en el procedimiento legislativo.

Esta petición del Estado fue acogida con indiferencia por el batasuno Arnaldo Otegi, quien reprodujo el compromiso adquirido por el lendakari Juan José Ibarretxe, según el cual «ningún Tribunal Supremo ni ningún Tribunal Constitucional va a determinar lo que los vascos queremos ser o no». Por ello dijo confiar en que Ibarretxe no permitirá que el Parlamento vasco acate las órdenes del Supremo.

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