AGLI

Recortes de Prensa     Lunes 15 Septiembre  2003
LOS PRINCIPIOS Y LA FLEXIBILIDAD
EDURNE URIARTE ABC 15 Septiembre 2003

EL PLAN IBARRETXE ENTRA EN RECESIÓN
Editorial ABC15 Septiembre 2003

La cautela de Madrazo
Germán Yanke Libertad Digital 15 Septiembre 2003

Cinco años después de Estella
FLORENCIO DOMÍNGUEZ/ El Correo15 Septiembre 2003

ETA aplaude a Ibarretxe
Editorial El Ideal Gallego15 Septiembre 2003

Pueblo vasco
PABLO MOSQUERA La Voz15 Septiembre 2003

La sandía de Olabarría
Iñaki Ezkerra La Razón15 Septiembre 2003

Más de lo mismo
CARLOS FERNÁNDEZ DE CASADEBANTE  El Correo15 Septiembre 2003

Al Yazira amenaza a España ¿O es Al Qaida
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 15 Septiembre 2003

Arafat
Luis María ANSON La Razón15 Septiembre 2003
 

LOS PRINCIPIOS Y LA FLEXIBILIDAD
Por EDURNE URIARTE, Catedrática de Ciencia Política de la Universidad del País Vasco ABC 15 Septiembre 2003

UNO de los aspectos más irritantes del tratamiento de la cuestión nacionalista es la deliberada confusión que introducen algunos entre la crítica al nacionalismo vasco y la defensa de los principios con la intolerancia o la incapacidad para el diálogo. Se identifica el constitucionalismo firme con el antinacionalismo o con el nacionalismo español exacerbado o con el extremismo de ideas. La tesis básica es: los llamados constitucionalistas, tanto en el País Vasco como en el resto de España, son gentes inflexibles, demasiado apasionadas, con dificultades para el diálogo y poco pragmáticas, en fin, admirables a veces pero poco funcionales para solucionar los problemas.

Esta manipulación se produce constantemente, pero me ha parecido especialmente preocupante la forma en que ha vuelto a la palestra con motivo de la elección del sucesor en el Partido Popular. Porque éste es precisamente el argumento que los de siempre, y me temo que algunos más, han utilizado para explicar por qué Jaime Mayor Oreja no era un sucesor adecuado: demasiado inflexible, con incapacidad para negociar con los nacionalistas. En definitiva, demasiados principios y poca disposición para la cesión. ¿Y eso es negativo? Pues eso es lo inquietante, que para algunos lo es.

Y esto va mucho más allá de la sucesión en el Partido Popular. Nos afecta a todos: estamos hablando de conceptos centrales sobre el terrorismo, los nacionalismos y el modelo de España. Y, además, trasciende la misma cuestión nacionalista. Se refiere a la democracia, al sentido de los principios y a los límites del pragmatismo. Y es que el problema vasco, como todas las situaciones de crisis, pone a prueba a la democracia, a sus líderes, a nuestras ideas.

Pero vayamos primero a lo concreto, al tratamiento de la cuestión nacionalista, y dejemos para el final la relación entre principios y pragmatismo. Sobre la supuesta inflexibilidad e intolerancia de los constitucionalistas, lo que ocurre es que algunos identifican la claridad de ideas con la inflexibilidad. Y lo hacen porque lo necesitan para justificar su confusión y su incapacidad para tener ideas propias independientes de las dictadas por los nacionalistas.

Desmontemos de una vez algunas tergiversaciones. Sobre el antinacionalismo; pues no, constitucionalismo firme no es igual a antinacionalismo. Y lo pienso desde el punto de vista intelectual y desde el vital. Desde el intelectual, es evidente que no todos los nacionalismos son iguales. Y una cosa es que el constitucionalismo sea crítico con el nacionalismo catalán y otra que le merezca la misma consideración que el nacionalismo vasco. En el nacionalismo catalán no hay terrorismo, para empezar. Los nacionalistas catalanes no están protegiendo al brazo político de ETA. No cuestionan el Estado de Derecho ni la democracia. Y tampoco amenazan con hacer un referéndum independentista digan lo que digan las Cortes Generales. Los constitucionalistas tenemos muchas e importantes diferencias con los nacionalistas catalanes, pero hay espacios para el entendimiento.

Y es que los nacionalistas catalanes nunca han cerrado esos espacios de entendimiento. Los nacionalistas vascos, sí. Y voy al aspecto vital. Si nos centramos en los constitucionalistas del País Vasco, si hay alguien que desearía llegar a la armonía con los nacionalistas, ésos somos los constitucionalistas. Precisamente por una cuestión vital. Porque se trata de nuestra vida cotidiana. Porque todos deseamos una vida social en paz y con las relaciones más positivas posibles con nuestros vecinos o compañeros de trabajo.

Y, además, porque una buena parte de nosotros procedemos de un pasado ideológico, y, nuevamente, también vital, de cercanía y de simpatías con el nacionalismo. Lo nuestro no es ningún odio repentino y enloquecido. Ni mucho menos. Se trata de la actitud crítica de quien ha vivido determinada evolución poco deseable del nacionalismo y de quien ha experimentado la intolerancia de ese nacionalismo.

Muchos de nosotros creímos durante años en los procesos de búsqueda de integración de los nacionalistas, por ejemplo, a través de los gobiernos de coalición con el PSE. Es decir, la crítica actual es producto de la experiencia y del conocimiento, y no de ningún antinacionalismo genérico y primario. No se trata de que nos neguemos a ofrecer una pista de aterrizaje al nacionalismo vasco. El problema es que, como ha escrito Fernando Savater con su agudeza habitual, los nacionalistas vascos no quieren aterrizar sino que están despegando. Y los demás, sufrimos desde hace tiempo las turbulencias creadas en la pista.

En cuanto a la inflexibilidad, ésta no es una cuestión de inflexibilidad, sino de claridad de ideas. Los constitucionalistas no nos empeñamos en impedir el aterrizaje de los nacionalistas vascos. Nos empeñamos en que no sigan destrozando la convivencia y el respeto al pluralismo en ese despegue en el que llevan a la cola, o en el morro, no se sabe muy bien, a los terroristas.

La flexibilidad no es necesariamente una cualidad en la democracia. Depende de con quién y con qué se sea flexible. Lo mismo que el diálogo. En este caso, la flexibilidad de algunos hacia el nacionalismo vasco es una mezcla de incomprensión de las características de este nacionalismo, de ignorancia sobre su evolución reciente y de falta de ideas claras sobre el modelo autonómico y los ejes de nuestra democracia.

Y el punto culminante de esa ignorancia, bastantes veces deliberada, es la repetida tesis de que la radicalización del nacionalismo vasco es culpa de Aznar, o, lo que es lo mismo, aunque se diga con la boca más pequeña, de la inflexibilidad de los constitucionalistas, de Jaime Mayor Oreja, de Nicolás Redondo, de algunos intelectuales, de ¡Basta Ya!... Y esto, no nos engañemos, esto es como argumentar que el crecimiento de la extrema derecha en Europa es consecuencia de la defensa de los principios democráticos.

Algunos de los logros de la democracia pueden ser puestos en cuestión por las mismas virtudes de este sistema político. Por ejemplo, el principio de que nada puede ser impuesto por la violencia, la imposición y la exclusión se debilita inexorablemente cuando se pretende aplicar el diálogo eterno y sin límites a los que practican la violencia, la imposición o la exclusión, o las tres cosas a la vez. Porque si la democracia no sabe encontrar límites a su método de diálogo y a su flexibilidad, corre el peligro de perder alguno de sus principios.

El pragmatismo es una virtud de los líderes y de los ciudadanos de las democracias; si tiene límites y si es orientado y moldeado por la primacía de los principios y de la defensa de los valores fundamentales. Cuando este equilibrio se resquebraja, como algunos pretenden con el problema vasco, toda la democracia se resiente. Porque si los principios deben ser sacrificados en aras al pragmatismo, lo deberán ser en todos los casos, no sólo ante el problema vasco. Imaginemos las consecuencias.

EL PLAN IBARRETXE ENTRA EN RECESIÓN
Editorial ABC15 Septiembre 2003

A medida que se apura el calendario marcado por el lendakari Ibarretxe para la puesta en marcha de su propuesta soberanista, empiezan a aflorar los daños colaterales que está causando en el PNV. Con el proceso para suceder a Xabier Arzalluz en pleno auge -hoy termina el plazo para las candidaturas-, las sensibilidades están a flor de piel en el nacionalismo gobernante, cruzándose de nuevo, como sucediera en tiempos de Garaicoechea, los intereses del partido con la autonomía del Gobierno de Vitoria. Cada vez se revela con más claridad que el PNV se está encontrando en una situación incómoda, síntesis de toda una trayectoria histórica de incapacidad para ser definitivamente leal a un marco jurídico y para dar estabilidad a la sociedad vasca.

La dinámica del plan de libre adhesión ha entregado al lendakari un protagonismo desequilibrante, un inercia de autoridad que desagrada a amplios sectores del PNV, que siempre han querido mantener una suave pero eficaz tutela sobre el Ejecutivo vasco. Las dudas internas -si no abiertas críticas- de dirigentes y militantes del PNV hacia el lendakari implican un ajuste de fuerzas con Ibarretxe, alimentadas por el hecho de que ninguna de las expectativas más favorables se ha cumplido en la tarea de «socializar» la propuesta de Comunidad de Libre Adhesión. En el escrutinio de apoyos, el lendakari no puede sumar a casi la mitad de la población vasca, ni al Territorio Histórico de Álava ni Navarra. Tampoco a la clase empresarial, ni a gran parte de la sindical. Sólo sus socios de gobierno -aunque Izquierda Unida muestra síntomas equívocos- y la izquierda abertzale, instruida por una ETA obsequiosa con el lendakari, actúan como avales de la propuesta soberanista. Son prácticamente los mismos que ya estaban al principio de este proceso, aunque también es posible que ahora haya alguno menos entre las filas de su partido, y no por falta de sentimiento soberanista, sino por el viejo pragmatismo que permitió navegar al PNV entre dos aguas.

Sin embargo, el vértigo ante un fracaso innecesario empieza a traer a la mente de algunos nacionalistas que el plan soberanista supone la ruptura del pacto estatutario que el propio PNV promovió y que una auditoría de gestión pondría hoy al nacionalismo gobernante ante la espejo histórico de su impotencia como fuerza estabilizante. En este contexto de desconfianza, no sería extraña una revisión de calendario y principios, incluso un repliegue de la propuesta soberanista.

El mayor error de Ibarretxe, desde su punto de vista, ha sido embarcar al nacionalismo vasco más allá de lo que muchos nacionalistas querían ser embarcados. Con «más fe que posibilidades», como le recordaban con alarma mal disimulada sus afines, sin base jurídica alguna, a pesar de la encomiable creatividad de sus asesores, y con probables consecuencias políticas muy perjudiciales para la posición hegemónica del nacionalismo si el plan sigue adelante, Ibarretxe encara una recesión de su propuesta soberanista. El lendakari vive aún de la sobredosis de lo que él interpreta como un éxito personal en las elecciones autonómicas de 2001, que le ha llevado a eludir a su partido en la preparación de la mayor crisis con el Estado que se ha producido hasta el momento. Por eso, cada vez son más los que piensan en el PNV que el lendakari está financiando políticamente su plan con activos que no son suyos, sino del partido. Este es, sin duda, el problema más grave que tiene Ibarretxe.

La cautela de Madrazo
Germán Yanke Libertad Digital 15 Septiembre 2003

Lo que Madrazo ha venido a decir es que le gustaría dar dinero a ETA-Batasuna pero que no existe “cauce legal” para ello. Esta declaración demuestra la eficacia de la legislación antiterrorista y de sus medidas coactivas porque, en el marasmo inmoral de la política vasca, está visto que no se puede confiar en la buena voluntad democrática de algunos partidos. Quiere Madrazo “salvar” a su compañera Bilbao de las consecuencias legales de su ya largo apoyo al nazismo terrorista de ETA-Batasuna y, sólo por ello, prefiere que no disponga este grupo totalitario de fondos del Parlamento Vasco.

Este cautela comunista revela, asimismo, que el proyecto de convergencia de los partidos nacionalistas (PNV y EA) con ETA-Batasuna no atiende ni a consideraciones morales ni legales. Pretenden salirse con la suya aceptando de buen grado, como su propia doctrina, el totalitarismo violento de la banda terrorista y quieren hacerlo, además, con absoluto desprecio a la legalidad vigente y al Estado de Derecho. El nazismo vasco sin caretas.

Habrá que aplicar la ley, por tanto, que es la única garantía de los ciudadanos ante esta ofensiva violenta. Y habrá que preguntarse por qué algunos, convirtiéndose en colaboracionistas, todavía quieren al PNV en “la solución”. La única “solución” con el PNV es la final. Si, la misma que la de los nazis.

Cinco años después de Estella
FLORENCIO DOMÍNGUEZ/ El Correo15 Septiembre 2003

El pasado viernes se cumplió el quinto aniversario de la firma de la Declaración de Estella-Lizarra. La discreción con la que ha pasado la efeméride, recordada apenas por la izquierda abertzale, no hace justicia a la importancia que aquel acuerdo ha tenido durante todo este tiempo en la vida política vasca que, todavía hoy, está marcada por la sombra de aquel documento y del pacto que unas semanas antes habían sellado el PNV y EA con ETA.

El proyecto político reflejado en la Declaración de Estella se fraguó con un nacionalismo asustado por su estancamiento electoral, pero sobre todo por el miedo a que el rechazo social al terrorismo fuera a provocar un cambio de mayorías parlamentarias que lo dejaran fuera del poder. Ese nacionalismo atemorizado optó entonces por cerrar filas presentando como condiciones para la paz sus propias aspiraciones partidarias.

Estella supuso un cambio radical del eje en torno al que había pivotado la sociedad y la política vasca en los años anteriores. El alineamiento demócratas-violentos fue sustituido por el de nacionalistas-no nacionalistas. Se acabaron los pactos transversales que habían caracterizado la década anterior y con ellos se acabó el esfuerzo integrador de una sociedad plural y compleja. Con Estella vino el empeño por imponer la supuesta «mayoría social» nacionalista frente al consenso plural representado por el Estatuto, una norma en la que ya no se reconocen los firmantes de la declaración de Lizarra.

El pacto de Estella murió, pero los parámetros principales en los que dejó encuadrada la política vasca no se han modificado todavía.

Cinco años después de aquel acuerdo, la izquierda abertzale puede apuntarse el éxito de haber empujado la radicalización del PNV, pero no está en condiciones de disfrutarlo porque se encuentra en crisis, una crisis causada, en último término, por su dependencia de ETA. Es significativo recordar cómo fracasaron los intentos de PNV y de EA de sentar a HB en la mesa de conversaciones con ETA que se mantenía en paralelo al pacto de Estella. La organización terrorista no lo permitió porque ella representaba a toda la izquierda abertzale.

El nacionalismo institucional, por su parte, vive todavía bajo el influjo de la radicalización iniciada entonces, que se tradujo primero en la ponencia soberanista Ser para decidir y se materializó después en el conflictivo Plan Ibarretxe que pretende modificar el marco jurídico vasco. Como hace cinco años, el nacionalismo plantea hoy sus máximos partidarios como una exigencia ineludible que deben aceptar los no nacionalistas. La diferencia es que ahora ni siquiera se ofrece a cambio la paz, como se hacía en Estella.

ETA aplaude a Ibarretxe
Editorial El Ideal Gallego15 Septiembre 2003

Juan José Ibarretxe ya tiene lo que quería. Tras una avalancha de guiños y concesiones al nacionalismo radical ha logrado que los pistoleros de ETA se unan al coro de palmeros que jalean su plan secesionista. El peaje que paga el gobierno vasco es tan caro como inadmisible: promesas de que las subvenciones a la ilegalizada Batasuna volverán a engrosar las cuentas corrientes de la formación, iniciativas parlamentarias en Bruselas, denuncias judiciales en Estrasburgo… Todo vale con tal de implantar en Euskadi con más fuerza que nunca la ley del miedo, estrategia que adopta tintes de extorsión suprema si se tiene en cuenta la intención del lehendakari de utilizar las urnas para legitimar sus intenciones. Desde que el PNV decidió dar el paso definitivo y hacer saltar por los aires el orden constitucional, la máscara de la ambigüedad con la que el partido que preside Arzalluz trataba de disfrazar sus fundamentos se ha convertido en un incordio. Da la impresión de que nada puede ya interponerse en el camino del separatismo. Los promotores del maquiavélico plan no calculan -porque no quieren- las consecuencias que puede acarrear el pacto con los asesinos, el enfrentamiento frontal con el Estado o el tributo en vidas inocentes que el capricho de una minoría puede dejar en el camino. El telón tras el que se parapetaban los delirios del nacionalismo vasco ya ha caído y las dudas sobre el particular han quedado disipadas. Ahora es el momento de que la gran mayoría que quiere vivir a la sombra de la Carta Magna tome cartas y pase a la acción. Sin titubeos.

Pueblo vasco
PABLO MOSQUERA La Voz15 Septiembre 2003

PUEBLO O CIUDADANÍA, esta es una de las cuestiones de fondo del conflicto vasco; al menos en su vertiente interna. El documento que presentará Ibarretxe en el Parlamento vasco comienza con los derechos históricos del pueblo vasco, y los pone delante y encima de los derechos de los ciudadanos vascos. Pero, a estas alturas, ¿quién es el pueblo vasco? Tras los movimientos migratorios que conducen en todas partes del mundo a la mistura, ¿es posible hablar de pueblo vasco?

Pueblo, lengua, país. Son los elementos para la construcción nacional de Euskal Herría como nación y Estado asociado, en todo caso, a España y a la UE.

Pueblo son las gentes que puedan mostrar que pertenecen a los vascos, incluso no conociendo Euskadi, viviendo en América. Basta con tener apellidos y rasgos físicos, no haber renunciado a la pertenencia a lo que pomposamente llaman diáspora vasca. Y, a continuación, por decisión jurídica, se les adjudica carta de naturaleza de ciudadanos vascos.

Los ciudadanos vascos, residentes y empadronados en municipios de Euskadi, disfrutan de los derechos sociales propios del ciudadano, pero, tenemos serias dudas de si son pueblo vasco. En la conferencia del Hotel Carlton, de Bilbao, en 1995, se discutió si, en caso de referéndum los que no eran pueblo vasco, aun siendo vecinos de derecho de la comunidad, pudiesen votar, mientras que tal derecho al sufragio se les concedía sin dudas a los vascos de ultramar. Y esto que digo divide a las gentes, desvertebra la sociedad, resulta imposible de aceptar en el tercer milenio, pero sigue siendo núcleo intangible del discurso nacionalista. Ahora entenderán mis lectores la famosa frase de Arzalluz de: «Trataremos a los españoles que vivan en Euskadi como se trata a los alemanes en las Baleares».

Si se aceptara el derecho de los vascos a ser para decidir, si lograran ser un nuevo Estado, si alguien bien intencionado pensara que así se terminaba el conflicto, descubriríamos que se abría otro entre vascos, precisamente por el derecho a ser ciudadanos sin más límites que el de la ley.

Lo mismo que debemos preguntar al ideólogo del documento en cuestión, si le preocupa que Álava, donde hay mucha ciudadanía vasca y poco pueblo vasco, lo rechace, y por fin, ¿qué piensan hacer con quien defienda su dignidad a ser ciudadano?

Mucha utopía romántica y poco espíritu para encontrar el punto de encuentro.

La sandía de Olabarría
Iñaki Ezkerra La Razón15 Septiembre 2003

Todo empezó cuando Emilio Olabarría, leguleyo del PNV a quien dicho partido logró meter en su día con calzador en el Consejo General del Poder Judicial, dijo que la idea ¬propuesta por el ministro Michavila¬ de llevar el Plan Ibarretxe ante el Tribunal Constitucional era «una melonada». En dos cariñosos artículos no exentos, por otra parte, del imprescindible rigor científico, glosé el carácter temerario de aquella alusión a esa fruta de la familia de las cucurbitáceas dadas las dimensiones y el amelonado aspecto físico del propio cabezón de Olabarría que no puede ser calificado más que de «melodramático».

No ha transcurrido un mes siquiera desde aquella melopea parajurídica de Olabarría cuando ahora se presenta como el gran padre de la idea de demandar al Estado español ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por la ley de Partidos Políticos. Con esta verdadera melonada, el melón de Olabarría ha cerrado el círculo, ha dado sobre si mismo un giro de rotación de trescientos sesenta grados. Ha hecho como el aldeano, que tira el melón y esconde la mano porque por mucho que se parapete tras su partido esta iniciativa lleva su sello genuino y personal. Se puede decir, en fin, que Olabarría ha pasado del melón a la sandía. Yo creo que Olabarría es un personaje que no hadado de si todo lo que puede dar. Aún no lo han descubierto de verdad los medios de comunicación. El día que esto ocurra y la bestial sandía de Olabarría tenga un lanzamiento mediático como merece entenderemos de forma gráfica las tópicas pero reales diferencias que hay entre el nacionalismo vasco y el catalán. Digo esto con todo el temor preventivo que me inspira el tópico sobre esas diferencias.

Lo de Estrasburgo sí que es una melonada y no la idea de llevar el Plan lbarretxe al Constitucional que es el paso menos dramático y el más desdramatizador que puede y debe darse contra el numerito de circo programado para el día 26 en el Parlamento vasco. Es decirles a los nacionalistas de esa cámara (los parlamentarios del PP y el PSOE deberían abandonar el hemiciclo a la hora de la votación) que están legislando sobre algo que no pueden legislar. Es colocar al Plan Ibarretxe en el nivel burocrático en el que se está moviendo porque no puede moverse en la sociedad. Toda la insurrección secesionista de Arzalluz se está produciendo en los papeles y los despachos porque es una cosa de burócratas bien alimentados que no van a ir a las barricadas. Es un sueño cursi y burgués de oficinistas y escribanos, una revolución de los manguitos. Como la melonada de Olabarría en Estrasburgo, que es ante todo una melonada escrita, una osadía de bufete. O una «osandía» como mucho.

Más de lo mismo
CARLOS FERNÁNDEZ DE CASADEBANTE/CATEDRÁTICO DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS El Correo15 Septiembre 2003

El portavoz del Gobierno vasco anunciaba el pasado día 10 la presentación, por el Ejecutivo autonómico, de una demanda contra España alegando la violación por el Estado de los artículos 6,7 y 11 del Convenio europeo de derechos humanos. La violación vendría motivada por la Ley Orgánica de Partidos Políticos siendo su objetivo, en palabras de dicho portavoz recogidas por los medios de comunicación, «procurar que el Tribunal de Estrasburgo repare la grave vulneración de los principios y valores democráticos y las libertades y derechos fundamentales» en los que se inspira el citado Convenio europeo provocada, a su juicio, por la Ley de Partidos.

Como no es del todo conocido, cabe recordar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sito en Estrasburgo, es un órgano creado por el Consejo de Europa en el marco del Convenio europeo de Derechos Humanos de 4 de noviembre de 1950, cuyas sentencias son obligatorias para los Estados destinatarios de las mismas. En la actualidad, su jurisdicción es obligatoria para todos los Estados partes en dicho Convenio, si bien España la había aceptado ya en 1979. La finalidad de este Tribunal es la de garantizar en última instancia los derechos y libertades recogidos en el Convenio europeo ante hipotéticas violaciones por parte de cualquier órgano de los Estados que lo han ratificado. El mecanismo para llevar a cabo esta protección posee una doble naturaleza. Por un lado, las demandas de un Estado contra otro. Por otra, la más relevante, las demandas individuales. En ambos casos, no se puede acudir al Tribunal sin haber agotado antes los recursos internos del Estado al que se atribuye la violación. Esto es, después de haber pleiteado ante la última instancia existente en el orden interno del Estado en cuestión. Por lo que a España se refiere, esta última instancia es el Tribunal Constitucional.

La demanda planteada por el Gobierno vasco presenta la característica principal de ser una demanda incompatible con el propio Convenio europeo. Y esto, porque no se corresponde con ninguna de las dos posibilidades que el Convenio contempla. Evidentemente, no es una demanda interestatal porque el Gobierno vasco no es el órgano ejecutivo de ningún Estado. Tampoco es una demanda individual porque estas sólo pueden ser planteadas por cualquier persona física, organización no gubernamental o grupo de particulares que se considere víctima de una violación del Convenio por algún Estado parte en el mismo. No es el caso del Gobierno vasco porque éste no reúne ninguna de esas condiciones. Es más, el Gobierno vasco lo que sí reúne es la condición de ser un órgano del Estado español, por lo que estamos ante el absurdo de una denuncia de un órgano del Estado contra el propio Estado. En otros términos, el Estado denunciándose a sí mismo. Por lo tanto, rotundamente incompatible con el Convenio.

Por el contrario, como es de sobra conocido en Derecho Internacional, el Estado sí puede ser demandado por violaciones del Convenio atribuidas a cualquier órgano -central o descentralizado- del Estado. Esto es, España sí podría ser denunciada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por violaciones del Convenio atribuidas al Gobierno vasco o a cualquier órgano central o descentralizado del Estado. Lo sorprendente es que ningún afectado haya hecho uso todavía de esta posibilidad.

En relación con España, la atribución al Estado de la responsabilidad por el incumplimiento de obligaciones internacionales derivadas del Convenio europeo de Derechos Humanos por parte de órganos descentralizados del Estado ya ha tenido lugar. Dos ejemplos de ello son, por un lado, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 14 de octubre de 1999, dictada en el asunto Riera Blume y otros contra España, que declara el incumplimiento del Convenio por España como consecuencia de la actuación de la Dirección General de la Seguridad Civil de la Generalidad de Cataluña en relación con la secta Centro Esotérico de Investigaciones (CEIS). Por otro, el Informe del Comisario Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa resultado de la visita efectuada al País Vasco en febrero de 2001 en el que se afirma expresamente que es al Estado al que corresponde velar por la observancia del Convenio europeo de Derechos Humanos, debiendo adoptar las medidas que sean pertinentes cuando el órgano autonómico competente -en ese caso el Gobierno Vasco- no lo haga. En definitiva, el Estado puede ser demandado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por violaciones atribuidas a cualquier órgano, central o descentralizado, del Estado. Pero, como es obvio, no es posible que el Estado se denuncie a sí mismo, hipótesis que se da en la demanda del Gobierno vasco puesto que este es un órgano del Estado. Es desde esta perspectiva desde la que cabe calificar como desleal y no respetuosa con el Estado de Derecho la actitud del Gobierno vasco. Máxime cuando no hace falta tener formación jurídica para saber que la vía emprendida está abocada al fracaso por imposible.

Se da, por otra parte, la circunstancia no menor de que quien emprende esta táctica -el Gobierno vasco- no sólo es un órgano del Estado carente de legitimación procesal ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sino que, además, ha sido ya objeto de serias advertencias por órganos internacionales, motivadas por su actitud ante las violaciones de los derechos humanos en el País Vasco, a pesar de la competencia que tiene para luchar contra ellas. El citado Informe del Comisario de Derechos Humanos destacó su pasividad.

La presentación de esta demanda, al margen de su intencionalidad política, refleja también la actitud ilícita de no sumisión a las reglas del Estado de Derecho cuando las decisiones adoptadas en el marco del mismo no satisfacen los intereses políticos del Gobierno vasco. El principio básico de la igualdad ante la ley no afecta sólo a los particulares. También a los diferentes órganos del Estado, lo que implica la aceptación de las sentencias judiciales una vez agotados todos los recursos para impugnarlas.

Son este tipo de comportamientos los que mejor reflejan la voluntad real de un Gobierno que se proclama defensor de las libertades de todos los vascos pero que, en la práctica, desarrolla una concepción discriminatoria en función de quien sea el destinatario de la hipotética violación.

Al Yazira amenaza a España ¿O es Al Qaida?
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 15 Septiembre 2003

La supuesta empresa de comunicación Al Yazira, correo habitual del terrorismo islámico, ha amenazado públicamente a España por la detención y encarcelamiento de uno de sus reporteros, que según los abundantes datos recabados por el juez Garzón pertenece a la red terrorista Al Qaida, para la que ha recaudado dinero y reclutado mercenarios, amén de facturar la propaganda de Ben Laden y sus cómplices. El ataque a España de la emisora qatarí comienza por una insultante carta de su director al Presidente del Gobierno Español, José María Aznar, pidiéndole cuentas por la actuación de la Audiencia Nacional, como si nuestro país fuera una dictadura islámica o comunista cuyos jueces se limitaran a obedecer las órdenes del Gobierno. Además, dice que va a iniciar una campaña de boicot comercial y turístico a nuestro país. Y sugiere que la animadversión del mundo islámico que puede promover Al Yazira no se limitará a la balanza comercial. A partir de ahí, puede interpretarse la reacción de Al Yazira como una amenaza genérica o como una advertencia terrorista. En cualquier caso, nada que ver con una empresa periodística. Y nada que un gobierno democrático europeo, firmemente comprometido en la lucha contra el terrorismo, pueda ni deba admitir.

Si Al Yazira fuera una verdadera empresa de comunicación estaría consternada por el descubrimiento de que uno de sus reporteros-estrella es, según múltiples indicios, un terrorista de la red de Ben Laden que usa como tapadera la condición de periodista de esa cadena. Lo normal en una empresa que estuviera en contra del terrorismo islámico es que pidiera disculpas al Gobierno y al pueblo españoles por haber sido durante muchos años una disimulada escuela del crimen, un banderín de enganche del terrorismo islámico que hace ahora justamente dos años afrentó y retó a Occidente con la masacre de las Torres Gemelas y el ataque al Pentágono. Pero en lugar de reaccionar disculpándose, como haría una empresa de comunicación, arremete y amenaza, como haría una banda terrorista. Ello obliga a plantearse una pregunta obvia: cuando Al Yazira amenaza a un país, ¿es ella o es la red terrorista Al Qaida la que amenaza?

En España tenemos la suficiente experiencia bajo el terror como para saber que medios supuestamente periodísticos actúan como parte de una banda terrorista. Y ni en esos casos la tapadera periodística ha tenido la desvergüenza de amenazar desde las ondas o el papel como lo ha hecho Al Yazira. La única respuesta posible por parte de los medios españoles es suspender cualquier colaboración con esa emisora, tan identificada con la suerte de presuntos terroristas islámicos que actúan en nuestro suelo, y una investigación a fondo por parte de las autoridades españolas por si debe prohibirse de forma cautelar o definitiva la presencia de Al Yazira en España. Frente al papanatismo progre y al antiamericanismo patológico, algunos no hemos creído nunca que la emisora qatarí fuera una simple empresa de comunicación, por detestable que fueran sus contenidos y evidentes los servicios prestados a los peores enemigos de Occidente. Los hechos empiezan a demostrar que las apariencias no siempre engañan. A veces, delatan. Y Al Yazira se ha delatado a sí misma.

Arafat
Luis María ANSON de la Real Academia Española La Razón15 Septiembre 2003

Unanimidad sin precedentes. Todos, y en todo el mundo, al lado del terrorista. Es posible que prescindir de Arafat genere problemas nuevos y exacerbe la violencia. Es seguro que con Arafat, en la situación actual, no hay solución.

El rais palestino no sabe hacer otra política que la del terrorismo. Las gentes de orden están siempre dispuestas a negociar y ceder un poco con tal de que cese la violencia. La estrategia terrorista es, en todos los sitios, la misma. Se desencadena la violencia. Para que concluya, se exigen determinadas concesionnes. Una vez conseguidas, el terrorismo amaina durante un tiempo. Después se reanuda y se exigen nuevas concesiones. Así, se anudan los eslabones de la cadena, hasta la victoria.

Arafat ha manejado el terrorismo como un maestro. Vencedor en tres guerras, Israel fue concediendo al líder palestino todo lo que pedía, respaldado, como ahora, por una opinión pública internacional harta de la crisis de Oriente Medio. Hasta que el rais exigió Jerusalén. Clinton, para salvar su popularidad comprometida, cerdeó. Barak, que era un tontorrón, también. Sharon se fue a la explanada de las mezquitas y levantó la opinión israelí a su favor. Sabe que mientras esté Arafat no hay hoja de ruta que no se deshoje. Por eso se ha puesto al frente de la atrocidad de liquidar a los terroristas en sus madrigueras y volar las casas de sus familiares. Por eso quiere eliminar a Arafat. Para Sharon el nudo gordiano no se puede desatar mientras aliente al caudillo terrorista. Quiere tirar de espada y cortarlo. Pero Estados Unidos, el Imperio, teme una escalada de la violencia y dice que no.

Dos ertzainas heridos, uno muy grave, en un atentado-trampa de ETA en Álava
Tras avisar de un accidente que resultó ser falso, dos encapuchados tirotearon a los agentes. Uno de ellos recibió cinco impactos en el rostro. Un terrorista pudo resultar herido
ETA volvió mostrar ayer su cobardía al tender una sangrienta trampa a dos agentes de la Ertzaintza para tratar de asesinarles con escopetas recortadas. Hacia las 22:30 de la noche, una llamada a SOS Rioja avisaba de un accidente en la localidad alavesa de Lagrán. Cuando los agentes se personaron, los terroristas dispararon contra ellos, hiriendo de gravedad a uno de los ertzainas, que recibió cinco impactos en la cara, y de carácter leve a su compañero. Uno de los terroristas podría haber resultado herido en el atentado
J. M. Zuloaga - Madrid.- La Razón15 Septiembre 2003

Expertos antiterroristas consultados anoche por LA RAZÓN confirmaban, poco despues del ataque, que el tiroteo a dos agentes de la Ertzaintza, sucedido a las diez de la noche en el puerto de Herrera, en Álava, era un atentado de ETA. El Departamento de Interior del Gobierno vasco confirmó también esta hipótesis. Uno de los autores del atentado pudo resultar herido, aunque no fuentes de la Ertzaintza no pudieron precisar si los agentes llegaron a repeler la agresión o si las heridas se las hizo en otras circunstancias, informa Javier Arias Borque. Los individuos que dispararon contra los policías habían robado previamente el vehículo que utilizaron y habían dejado abandonados y maniatados a los ocupantes del mismo, método utilizado habitualmente por la banda asesina.

La emboscada
Los hechos ocurrieron sobre las 22.30 horas, cuando una patrulla de la Ertzaintza acudió a Puerto Herrera, en la localidad alavesa de Lagrán, a una zona denominada «El Balcón de la Rioja», para atender a un aviso de accidente realizado al SOS Rioja y, al llegar, recibieron varios disparos de escopeta. Los dos agentes heridos fueron trasladados en un primer momento al hospital de Leza y, posteriormente, al de Santiago de Vitoria. Uno de los ertzainas resultó herido muy grave, después de recibir cinco impactos de bala en la cara. Según fuentes de la Policía Autónoma vasca, no se temía por la vida de su compañero. Ambos estaban siendo intervenidos al cierre de esta edición.

Según las mismas fuentes, los terroristas huyeron a pie del lugar de los hechos, probablemente hacia un coche que les esperaba en las proximidades. Mientras, los propios agentes de la ertzaintza pidieron ayuda. Este sistema, el de avisar de un accidente o de cualquier otra circunstancia que requiriera la actuación de la Ertzaintza, ya ha sido utilizado otras veces por ETA para atacar a la Policía Autónoma vasca.

El hecho de que en el atentado se hayan utilizado escopetas y no pistolas o fusiles, como suele ser habitual por parte de la banda criminal, se considera normal ya que armas de este tipo han aparecido en poder de «comandos» etarras en los últimos tiempos, según las citadas fuentes. El coche utilizado por los terroristas, un vehículo marca Fiat, matriculado en Logroño, fue hallado cerca del lugar del atentado. La Ertzaintza ha recuperado una escopeta. Los ocupantes del vehículo, un joven y su novia, fueron encontrados atados a un árbol a unos 50 metros del lugar de los hechos y habían manifestado que los dos pistoleros que les habían sustraído el coche iban encapuchados.

La acción criminal se produciría a pocas fechas del pleno del Parlamento vasco en el que el lendakari Ibarreche va a exponer su plan secesionista, contra el que los pistoleros se han pronunciado en sus últimos comunicados. Los citados expertos trabajaban con la hipótesis de que ETA pudiera intentar «hacerse presente», con sus macabros métodos, en ese debate. El atentado se produce pocos días después de la operación de la Policía Autónoma contra el «comando Vizcaya» y, según las fuentes consultadas, se puede interpretar también como una respuesta de los terroristas a esa acción policial.

La Ertzaintza, «objetivo preferente»
La Ertzaintza figuraba como objetivo preferente de ETA desde hace tiempo, tal y como señalaba en la documentación encontrada en poder del cabecilla Ibon Fernández, «Susper», detenido en Francia el pasado mes de diciembre. Tras la operación en la que se detuvo a «Susper», LA RAZÓN adelantó el pasado 25 de abril que los cabecillas habían establecido un «orden de preferencias» para que los «comandos de información», denominados «pianistas» en la terminología etarra, prepararan los atentados.

Como objetivo preferente se citaba a los agentes de la Policía Autónoma vasca, la Ertzaintza, y, a continuación, a los miembros del Partido Socialista y a los del Partido Popular.

La Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía, que es la que había obtenido los datos que permitieron la detención de Fernández, desarrolló, el pasado mes de febrero, una primera operación en la que fueron detenidos, en el País Vasco y en Navarra, quince individuos. Se supo entonces que algunos de estos presuntos etarras ya habían empezado a preparar informaciones para la comisión de nuevos atentados contra los objetivos señalados por los cabecillas de la banda.
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