AGLI

Recortes de Prensa     Sábado 4 Octubre  2003
Tomar la iniciativa
Editorial La Razón 4 Octubre 2003

Atutxa, entre el cinismo y la infamia
EDITORIAL Libertad Digital  4 Octubre 2003

El constitucionalismo vasco
JOSÉ MARÍA MUGURUZA El Correo 4 Octubre 2003

Una declaración de guerra
Martín-Miguel Rubio Esteban La Razón 4 Octubre 2003

Los empresarios y el Plan Ibarreche
Lorenzo Contreras La Razón 4 Octubre 2003

En permanente desacato
MIKEL IRIONDO ABC 4 Octubre 2003

El estadista
XAVIER PERICAY ABC 4 Octubre 2003

Se avecinan sorpresas
Juan Carlos Girauta Libertad Digital  4 Octubre 2003

Atutxa concede voz y voto a Batasuna y le permite que tache de fascista torturador al PP
Agencias Libertad Digital  4 Octubre 2003

Aznar tendrá en Moncloa encuentros reservados con todos los sectores para frenar a Ibarreche
Carmen Morodo - Madrid.- La Razón 4 Octubre 2003

El Gobierno denuncia la «insolidaridad» de Maragall por negar agua del Ebro a Levante
C. DE LA HOZ ABC 4 Octubre 2003
 

Tomar la iniciativa
Editorial La Razón 4 Octubre 2003

El Estado de Derecho que es España dispone de los suficientes instrumentos legales y de la legitimidad que le otorgan la Constitución y los Estatutos de Autonomía para enfrentar con toda garantía de éxito el desafío independentista planteado por el Partido Nacionalista Vasco a través del denominado «plan Ibarreche». Esa legitimidad de acción, que no es otra que el reflejo de la soberanía popular, puede no ser aceptada por los nacionalismos radicales, pero es un hecho incuestionable para la gran mayoría de la sociedad española y cuenta con el respaldo expreso de la Unión Europea y de Naciones Unidas. Desde esa perspectiva, sería lo más deseable, y razonable, que se produjera por iniciativa propia la retirada del plan soberanista, antes de que el Estado tuviera que recurrir a los instrumentos previstos en nuestro articulado jurisdiccional.

Hasta el momento, el Gobierno autónomo vasco y los partidos que lo sustentan no han dado ningún paso efectivo más allá de lo establecido por las leyes que regulan nuestra organización territorial. El PNV y sus aliados se limitan a mantener la estrategia de la tensión, a la que se responde por parte del Ejecutivo de manera puntual y, salvo en la cuestión del pago de los cupos económicos, mediante el recurso a los tribunales de Justicia.

Sin embargo, la situación puede deteriorarse a medida que se aproximan los distintos procesos electorales, de cuyos resultados, en último término, va a depender el grado de respuesta a las iniciativas soberanistas. No es lo mismo un gobierno, socialista o de centroderecha, apoyado en una mayoría suficiente, que un gobierno que dependa de las alianzas postelectorales con los partidos nacionalistas. En ningún caso, estamos seguros, se transigiría con la ruptura del modelo de Estado, pero generaría tensiones de difícil control.

De ahí que podamos considerar como una buena iniciativa de José María Aznar la promoción de una serie de encuentros con los distintos sectores de la sociedad vasca, con la intención de conformar una sólida mayoría de opinión que transmita al gobierno de Ibarreche la conveniencia de retirar un proyecto que en nada beneficia al País Vasco y que, además, provoca tensiones innecesarias para el resto de España. Es a partir del desarrollo del Estatuto de Autonomía, cuyas competencias están prácticamente transferidas, donde la sociedad vascongada puede acometer en las mejores condiciones posibles los retos de progreso, modernidad y paz.

Las reglas del juego se pactaron en la Transición y han sido refrendadas. Son unas reglas basadas, esencialmente, en la lealtad de todos los protagonistas hacia un modelo constitucional del que dimana la soberanía de la Nación. Hay que explicárselo a Ibarreche.

Atutxa, entre el cinismo y la infamia
EDITORIAL Libertad Digital  4 Octubre 2003

Juan María Atutxa, que antes de Estella encarnaba el “rostro humano” del nacionalismo “democrático”, se ha convertido en el principal ariete del PNV contra las barreras que el Estado de derecho y la legalidad constitucional imponen a las pretensiones del PNV y sus asociados. Pero ya no es sólo la reiterada negativa a disolver el grupo parlamentario heredero de Batasuna, en cumplimiento de la resolución del Supremo. Una negativa que, como ya hemos señalado en numerosas ocasiones, sólo puede entenderse como parte del precio que el PNV-EA paga a ETA-Batasuna por su voto favorable al plan Ibarretxe y que Atutxa camufla con el pretexto de la separación de poderes.

A la ceremonia de cinismo habitual, Atutxa añadió el viernes la infamia de equiparar el discurso de Carlos Urquijo, portavoz del PP, con el Jone Goirecelaia, portavoz del grupo parlamentario ilegal que representa a ETA-Batasuna. En el debate sobre la revocación de las ayudas a los familiares de presos etarras –propuesta por PP y PSE y rechazada con los votos del PNV-EA, IU y SA–, Carlos Urquijo identificó a SA-Batasuna con ETA, identidad ya probada por la Justicia. Y la portavoz de ETA-Batasuna llamó a los populares “fascistas torturadores”. Ante la petición de Carlos Urquijo de que el presidente de la Cámara instara a la portavoz del grupo ilegal a retirar sus acusaciones, Atutxa le conminó a que, “después de este empate”, prosiguiera en el uso de la palabra ciñéndose exclusivamente al asunto debatido.

Cuesta trabajo creer que la infamia del “empate” haya salido precisamente de los labios de Atutxa, quien, por ejemplo, en octubre de 1995, cuando ETA-Batasuna mantenía secuestrado al empresario guipuzcoano José María Aldaya, afirmaba que “es un descaro venir a este Parlamento a hablar de tortura cuando no se es capaz de hacer un llamamiento para que se acabe la situación de un señor que está privado de su libertad, por parte de un representante de una coalición política que aplaude, alienta e impulsa y yo diría que, en alguno de sus componentes, hasta marca la estrategia de lo que es la más atroz de las torturas, como es la situación a la que tienen sometido al señor Aldaya a lo largo de 172 días", refiriéndose a Herri Batasuna. Y añadía lo siguiente: "se ha venido a hablar de una entremezcla de actuaciones que abocan en la tortura, en la guerra sucia, es decir, en la falta de respeto a los derechos humanos y a uno le avergüenza que haya tanto descaro", refiriéndose al entonces portavoz de HB, Carmelo Landa.

Insistiremos una vez más en que, después de la ola de indignación que sacudió a España tras asesinato de Miguel Ángel Blanco y de su consecuencia más inmediata, el pacto de Estella, el PNV abandonó toda convicción democrática y toda intención –si es que alguna vez la tuvo verdaderamente– de acabar con ETA.. Para el “nacionalismo democrático”, ETA nunca llegó a ser el principal enemigo. Todo lo más, un adversario molesto que podía poner en peligro su estrategia de gradualismo y amigüedad. Las más de las veces, el inconfesable aliado estratégico que “agita el árbol” para que caigan “las nueces”. Y después de Estella, el inseparable compañero de viaje hacia la ruptura definitiva con España y con lo que ésta significa: la democracia, la libertad y el Estado de derecho.

Como señaló Mayor Oreja, la estrategia de los nacionalistas es provocar el desistimiento, el desánimo y el nerviosismo de los demócratas ante la reiteración de la desobediencia a la Justicia, que ya ha declarado nulos de pleno derecho los acuerdos de la Mesa del Parlamento Vasco que amparan y subvencionan a Batasuna. Tanto Mayor Oreja como Jon Juaristi y Enrique Múgica –Defensor del Pueblo–, coincidieron en que es preciso tener paciencia y dejar actuar a la Justicia. Sólo cabe pedir que esas actuaciones no se demoren más que lo estrictamente necesario, pues la desobediencia a la Justicia y la infamia contra quienes deben acudir al Parlamento Vasco con escolta no pueden ni deben convertirse en un espectáculo habitual que induzca a pensar que el Estado de derecho es impotente ante el desafío de Ibarretxe. Justo lo que pretenden los nacionalistas.

El constitucionalismo vasco
JOSÉ MARÍA MUGURUZA/ABOGADO El Correo 4 Octubre 2003

Estamos viviendo un proceso de fractura de la sociedad vasca en dos grandes bloques con concepciones radicalmente opuestas sobre el futuro de nuestro país. El nacionalista por un lado, que pretende avanzar hacia un despegue progresivo de España sin ningún límite conocido y que avanza igualmente hacia la reunificación de sus fuerzas componentes. Y por otro, el constitucionalista, que apunta al fortalecimiento de nuestra presencia en España y, a través de ella, en la Unión Europea, cuya cohesión atraviesa un momento delicado.

Efectivamente, junto a la satisfacción que manifestaba Arnaldo Otegi en el último debate del Parlamento vasco ante el proyecto presentado por Juan José Ibarretxe, el Partido Nacionalista Vasco anuncia una propuesta para la creación de un Consejo de Partidos Nacionalistas, que tendrá como objetivo coordinar la acción de todos ellos hacia la construcción nacional de Euskalherria, buscando el apoyo de todo ese entramado que tienen montado en el tejido social vasco. No es que no existan diferencias entre ellos, pero están en trance de superarlas porque todos tienen voluntad de hacerlo en aras de un objetivo común.

En el mundo constitucionalista, la situación es difícil. Tenemos dos partidos políticos, Partido Popular y Partido Socialista, cuya rivalidad natural o, lo que sería más triste, una cuestión de liderazgo que solamente pueden dirimir las urnas, están superando en este momento a la mayor trascendencia de sus problemas comunes, unas asociaciones ciudadanas que desarrollan una actividad de movilización ejemplar, pero que no termina de concretarse en la acción política y un electorado fiel pero con escasa participación en la vida política, atenazado por los riesgos que implica el terrorismo de ETA y el enfrentamiento a todo el entramado del poder nacionalista.

En el último debate del Parlamento pudimos constatar con claridad las diferentes posiciones que ante el plan Ibarretxe y el nacionalismo vasco manifestaron Patxi López y Jaime Mayor. Ambos coincidieron en la primera parte de su intervención y ambos expusieron con convicción y brillantez la multitud de razones que existen para oponerse al progreso del proyecto nacionalista, pero difirieron abiertamente en cuanto a la estrategia a seguir.

Patxi López pidió a Ibarretxe la retirada de su proyecto, para abrir después un proceso de diálogo. Jaime Mayor, convencido de la inutilidad de pretender la retirada del proyecto, lo que pidió fue que se presentara cuanto antes para abreviar al máximo el período de incertidumbre política que va a imperar en el País Vasco durante no sabemos cuánto tiempo y cuyas consecuencias solamente pueden ser negativas para el bienestar de la sociedad vasca.

A mi juicio, la posición tomada por Pa-txi López no pasa de ser una expresión de buena voluntad, en tanto que la de Jaime Mayor se apoya en la triste y dura realidad. Todos quisiéramos que cayera sobre el Partido Nacionalista Vasco un rayo de sensatez y decidieran desistir de un proyecto que no puede traer sino desgracias a nuestro país y todos quisiéramos que eso hiciera posible un diálogo entre todas las fuerzas políticas encaminado a lograr una convivencia en paz y libertad. Pero confundir deseos con realidades es vivir en el limbo y la realidad es la que explicó Jaime Mayor: es impensable una marcha atrás por parte de los nacionalistas y un diálogo sincero y leal con ellos, que sólo quieren dialogar entre sí, por lo que, por duro que sea, hay que asumir la situación de confrontación en que nos encontramos y afrontarla en la forma más adecuada.

Por lo que se refiere a las asociaciones ciudadanas, nunca nos cansaremos de ensalzar el enorme mérito que tiene su lucha por la libertad, pero tampoco podemos dejar de constatar que no termina de tener una traducción política eficaz. La razón es muy sencilla y está en el hecho de que los principales motores de estos movimientos son personas de ideología izquierdista, pero más próximas en este momento a la estrategia del Partido Popular ante la ofensiva nacionalista, lo que produce dificultades de encaje en la acción política.

Y por lo que se refiere al electorado, hay que reconocer su fidelidad en el voto, si bien su militancia y participación en la vida política es escasa por razones que no es necesario volver a recordar. En este aspecto, podría decirse que la militancia de las bases del Partido Socialista es mayor que la de las del Partido Popular, como se deduce de su mayor presencia en los movimientos ciudadanos y en las corporaciones locales, del activismo que se genera en las casas del pueblo y otros síntomas que denotan una mayor militancia.

En resumen, puede decirse que al constitucionalismo vasco le falta la cohesión necesaria para articular una alternativa política al nacionalismo que pueda aspirar en este momento a constituirse en una alternativa de gobierno. Y esto es necesario hacerlo porque no creo que sea bueno depositar todas nuestras esperanzas en que sean los poderes del Estado quienes resuelvan nuestros problemas. Es claro que los poderes del Estado deben ser utilizados con todas sus posibilidades para defender la legalidad constitucional y estatutaria y, muy especialmente, los derechos y libertades de las personas frente a las amenazas de una u otra naturaleza procedentes del nacionalismo; pero igualmente evidente es que eso no será suficiente si los constitucionalistas no ganamos unas elecciones al nacionalismo para que el relevo en el poder sea el más fiel reflejo de la igualdad de derechos de todos, lo cual es perfectamente posible por la sencilla razón de que la opción España es mucho más sólida que la entelequia de Euskalherria.

No quiero que nadie pueda ver en estas líneas una intención crítica hacia las fuerzas políticas y sociales constitucionalistas por encima del respeto y admiración que merecen. Nadie puede ignorar los riesgos y dificultades que entraña cualquier actividad de oposición al nacionalismo y es evidente que la consideración a que se hacen acreedores debe estar muy por encima de cualquier constatación de sus carencias. La única intención que me empuja a decir estas cosas es la de contribuir con mi modesta opinión a una mayor eficacia de tan encomiables esfuerzos con los que me siento plenamente compenetrado.

Por ello, me preocupa que las apelaciones a los poderes del Estado que empiezan a producirse con cierta reiteración escondan un reconocimiento de propia incapacidad que hay que evitar que se extienda. Vuelvo a decir que el constitucionalismo vasco tiene pleno derecho a reclamar la más decidida y eficaz intervención de los poderes del Estado en apoyo de esa confrontación que mantiene en defensa de la legalidad constitucional y que, a mi juicio, se viene produciendo ya en los ámbitos legislativo, ejecutivo y judicial. Pero también creo que por nuestra parte debemos mejorar la forma en que desarrollamos nuestro esfuerzo. Para ganar unas elecciones al frente nacionalista es preciso que los ciudadanos perciban una alternativa de gobierno sólida y para ello es necesaria, a mi juicio, una coordinación mayor que comprendo no tendría razón de ser en una situación de normalidad democrática en la que cada célula social pudiera desempeñar su cometido con plena autonomía. Pero nos encontramos en una situación excepcional, que requiere soluciones excepcionales como, sin duda, lo es la coordinación de esfuerzos para una acción política entre cuerpos sociales netamente diferentes.

Por ello y para terminar, me permito concluir que para hacer más eficaz el admirable esfuerzo que desarrollan las fuerzas constitucionalistas en la lucha política contra el totalitarismo nacionalista, hacen falta dos aditivos: más coordinación y más participación.

Una declaración de guerra
Martín-Miguel Rubio Esteban La Razón 4 Octubre 2003

El último discurso de Ibarreche, cuya morfología facial denota un cinismo de basalto, pronunciado en el Parlamento de Vitoria, en el que se plantea la conversión de Las Vascongadas en una comunidad asociada a España como paso previo a una independencia que quiere ser ineludible, supone la mayor crisis institucional que se ha abierto en el oscuro régimen iniciado en junio de 1977. No sólo dinamita el Estatuto de Guernica, sino que también vulnera mortalmente la Constitución Española. Sin ser uno precisamente devoto pastueño de esta Constitución, que consagra «una democracia a la española», sin división de poderes y en donde los partidos conforman un régimen oligárquico, sí lo soy, en cambio, de la idea de España como una única nación, como un resultado histórico indivisible. Precisamente ahora, cuando los tiempos exigen marcos de convivencia supranacionales, el nacionalismo vasco, chato, mezquino y primitivo, con una Iglesia con curas carlistas y ultramontanos con el trabuco al hombro, tal como nos los presentaba Larra, lanza un órdago con naipes birriosos.

El régimen franquista representado por Suárez, aterrado por la posibilidad cierta de que los herederos de la legitimidad republicana alcanzasen el poder y se mostrasen inclementes con los verdugos de la libertad, entregó a la oposición violenta lo que no tenía que entregar -¬una interpretación de España irreconciliable con la unidad nacional¬ y no entregó a la oposición democrática lo que tenía que entregar ¬la libertad política¬. Con tal de seguir disfrutando como cerdos del poder, de cualquier poder con cualquier color, los últimos franquistas lo pusieron todo en pública almoneda, fabricando un fantasmal Estado de las Autonomías que no es compatible con una unidad nacional de largo alcance.

El franquismo reprimió de forma criminal y salvaje la idiosincrasia regional de Las Vascongadas, y a sus sucesores, con una conciencia culpable e inmovilizados por el pánico generado por el riesgo de sufrir físicamente sus propias personas, no se les ocurrió otra cosa que hacerse perdonar el odio legítimo a su cruel régimen con el odio injustificado y sacrílego a España. Prefirieron convertir a los vascos en enemigos de la gran familia nacional que asumir sus claras responsabilidades criminales y poder perder su futuro de gobernantes amerlonados en el nuevo Régimen coronado.

Los vascos, oprimidos por el último franquismo, cayeron en la dipsomanía de un nacionalismo prehistórico porque los partidos herederos genuinamente de la IIª República no supieron combatir dignamente contra ese último franquismo. Sólo un nacionalismo altivo salvó a los vascos de la indignidad de caer en la cobardía cívica, que se extendió y generalizó como una náusea al resto de España. Sólo el nacionalismo vasco logró constituir una resistencia digna, a pesar del peligroso atavismo que en él ya se vislumbraba. Pues bien, los partidos de la Transición, en vez de aupar a los vascos y resituarlos como campeones en el camino que llevase a toda España a la libertad política, los corrompieron con concesiones antinaturales, con una polítical vil y antropófaga, como la de alejarlos con una autonomía que aspiraba claramente a la independencia de la gran empresa de España. Los últimos franquistas, después de empujar a los agentes históricos en la horrible dirección que se ha concretado en el plan Ibarreche, invocan ahora la Constitución como el talismán que destruya el maleficio nacionalista. La cosa no va a ser tan sencilla.

Lo que realmente nos espanta en el plan Ibarreche no es ya la burrada secesionista ¬todos tenemos derecho a desear lo imposible, que es un tipo de «Pursuit of Happiness»¬ sino que ese plan produzca alegría y gozo entre los asesinos de ETA. Sólo por saber que se puede dar placer a las alimañas de ETA hay que poner en cuarentena las utopías, y renunciar a ellas durante una generación. Lo contrario es demasiado impúdico, demasiado procaz. Ibarreche nos ha dado «asco», que es un concepto helénico. Estamos seguros que la fuerza del Estado sabrá dominar esta locura, pero no es lógico y «democrático» que la aniquilación de esta serpiente amamantada en el seno del Régimen le salga gratis al mismo.

Los empresarios y el Plan Ibarreche
Lorenzo Contreras La Razón 4 Octubre 2003

Es dudoso que los empresarios vayan a movilizarse en toda España contra el Plan Ibarreche bajo la inspiración del Gobierno. Pero lo que admite poca disputa es que los empresarios vascos hayan dejado de estar intranquilos o indiferentes ante la perspectiva que abre el proyecto nacionalista del Estado Libre Asociado. En diversas ocasiones ha sonado ya la idea de que puede producirse una «confrontación social» en el País Vasco. Es, por tanto, en esta Comunidad donde la mayor sensibilidad empresarial se percibe, bien por lo que atañe al propio territorio vasco, bien por lo que se refiere a las repercusiones de los acontecimientos políticos en el conjunto de los negocios de muy acreditadas firmas comerciales e industriales.

Sería lamentable que las responsabilidades nacionalistas vascas se transfirieran a los creadores de riqueza y empleo, tanto en Euskadi como en el resto de España. Los dirigentes del Gobierno y de la Administración autonómica han exhibido últimamente ejercicios de arrogancia sobre la autosuficiencia de Euskadi para prosperar desde una más o menos disimulada independencia o en situación de abierta ruptura con el Estado. Las duras expresiones dirigidas hace días por Arzalluz contra el Círculo de Empresarios, refractario al Plan Ibarreche mientras Confebask se mantiene, al parecer, en un nivel de reticencia o acaso de aceptación implícita, han sido elocuentes.

Nadie va a creer en serio que ciertas sedes empresariales radicadas en Bilbao piensen cambiar su ubicación por Madrid a efectos fiscales e impositivos, con el consiguiente perjuicio hacendístico para el Ejecutivo representado en Ajuria Enea. Sin embargo entran en la conversación común conjeturas de ese tipo, tal vez con más verosimilitud que una eventual aplicación del artículo 155 de la Constitución contra la vigencia de una autonomía desobediente o rebelde. Los dirigentes nacionalistas, a fin de cuentas, especulan con la impotencia del Gobierno central, del mismo modo que un indeterminado número de españoles, siguiendo la creencia de Aznar, puede depositar su fe en la hipótesis de que las posibilidades del Plan Ibarreche serán «literalmente cero».

Cuando el pasado 26 de septiembre Ibarreche formalizó parlamentariamente la presentación de su proyecto soberanista, no se apreció asistencia de empresarios vascos en las tribunas de invitados de la Cámara de Vitoria. Quizá sea ésta una contabilidad engañosa, pero es lo que dicen algunos mentideros de Madrid. Por otra parte, la visita de Ibarreche al Palacio Real con motivo de la ceremonia preparativa del 25 aniversario de la Constitución no ha suscitado grandes esperanzas. Respondía a una gestión del Rey, que constitucionalmente modera el funcionamiento de las instituciones. El «lehendakari» se puso en fila para saludar al monarca, pero evitó otros saludos menos importantes.

En permanente desacato
Por MIKEL IRIONDO ABC 4 Octubre 2003

El triste espectáculo ofrecido ayer por Juan María Atutxa en el Parlamento vasco viene a subrayar una estrategia de coalición nacionalista, ya avanzada por Xabier Arzalluz, de cara a cimentar el éxito del proyecto de libre asociación diseñado por Ibarretxe. Es preciso, para consolidar esta estrategia, mostrar signos de comprensión hacia el mundo radical de Batasuna, permitiéndoles una vida política que el Tribunal Supremo les niega por su probada dependencia de la banda terrorista.

A tal extremo han llegado las cosas, que hasta el presidente de la Cámara autonómica se permite calificar de «empate» el cruce diálectico entre la batasuna Goiricelaya y el popular Carlos Urquijo. Llegar sólo a pensar que llamar «etarra» a una persona que nunca ha demostrado el menor enojo hacia una organización tan próxima es equiparable a insultar con los calificativos de «torturador» y «fascista» a quien jamás se ha conducido por estos execrables derroteros, ya es sumamente preocupante, pero Atutxa se ha permitido proclamarlo en un parlamento democráticamente elegido y sobre el que pesa la inapelable orden judicial de disolución del grupo de Goiricelaya precisamente por su vinculación a ETA. O es tomadura de pelo, que desde luego lo es para todas las personas con sentido común y de la decencia, o simplemente significa situarse en el desacato permanente, actuar como si la reivindicada soberanía judicial de Ibarretxe existiese de facto, importando una higa lo que digan esos tribunales españoles movidos por la mala fe y la injusticia flagrante.

Este parece ser el previsible recorrido del plan del lendakari Ibarretxe: un día se asiste a la recepción constitucional y de ahí en adelante se niega, con hechos inequívocos, la obediencia al marco legal establecido. Que no nos engañen los gestos.

El estadista
Por XAVIER PERICAY ABC 4 Octubre 2003

Ya desde antes del verano, y especialmente en lo que llevamos de curso político, los medios vienen dedicando a Jordi Pujol muchas miradas. No tantas, convengámoslo, como a Juan José Ibarretxe, pero bastantes más de las que tenían por costumbre dedicarle en años precedentes. La cercanía de las elecciones autonómicas y la consiguiente cercanía de su final de trayecto como presidente de la Generalitat catalana han precipitado sin duda las cuentas, los análisis y los balances.

Quien repase los distintos artículos y reportajes publicados en la Prensa, o quien recorra las páginas de algún ensayo aparecido hace poco, percibirá en seguida que la figura de Pujol se agranda o se achica a voluntad, según convenga al ideario del examinador de turno, pero también según sea el rasero que se aplica al personaje, si el autonómico o el estatal. Y quien, no contento con ello, se entretenga en cotejar los resultados obtenidos en ambas operaciones, comprobará que a la disparidad de opiniones recogidas en el campo de la política catalana -algunas, incluso, manifiestamente antagónicas- le corresponde en el campo de la española una sorprendente unanimidad. Por decirlo así, si la obra del presidente de la Generalitat recibe tantas críticas como parabienes, la del máximo dirigente de la coalición nacionalista que ha prestado puntual apoyo parlamentario a las distintas formaciones que han gobernado España durante la democracia -UCD, PSOE y PP- no recibe sino alabanzas. Y la más común, la de considerar que estamos ante un estadista.

El diccionario de la RAE define a un estadista como una «persona con gran saber y experiencia en los asuntos del Estado». Es posible que una de las grandes aspiraciones de Pujol haya sido, precisamente, la de cumplir con los preceptos de esta definición. Al fin y al cabo, el aún presidente de la Generalitat ha llevado siempre el Estado en la cabeza, y nadie va a discutirle, a estas alturas, ni el saber ni la experiencia acumulados. Lo que nunca ha quedado claro, sin embargo, es la naturaleza del Estado que llevaba Pujol en la cabeza; la naturaleza geográfica, las fronteras. Nunca ha quedado claro, en suma, si se trataba del Estado real, el que los españoles decidieron darse a sí mismos hace un cuarto de siglo cuando refrendaron el proyecto de Constitución, o de otra cosa.

A lo largo de estos veintitrés años, Pujol ha viajado muchísimo. Al revés de sus correligionarios vascos, cuyos esfuerzos y devaneos en el exterior se han concentrado en los territorios de ultramar, donde han visitado toda clase de círculos, casinos y peñas nacionalistas, el político catalán se ha prodigado mucho menos en las Américas y ha puesto su mayor empeño viajero en la vieja Europa y en el proceso de construcción de la nueva. (Es esta, sin duda, una diferencia sustancial entre él y sus amigos del proyecto de Estatuto de libre asociación: estos últimos sólo acuden a Europa para tratar de impugnar ante los tribunales comunitarios las leyes y las sentencias promulgadas en el Estado del que forman parte). Pues bien, en sus continuas salidas por el continente para participar en las reuniones de la Asamblea de las Regiones de Europa -que contribuyó a crear y de la que fue presidente entre 1992 y 1996-, en sus visitas oficiales a algunos mandatarios europeos, en sus apariciones por París o Bruselas para inaugurar alguna oficina más o menos diplomática; en todas estas circunstancias, a tenor de sus actos y sus palabras, y a pesar de que el interesado se haya jactado más de una vez de lo contrario, uno diría que el único Estado que Pujol ha llevado en la cabeza es el Estado inexistente de Cataluña. ¿Una ensoñación? Quizá, pero sin esta ensoñación no estaríamos hoy hablando de su europeísmo.

Lo de España ya es diferente. A los ojos de alguien como Pujol, España jamás podrá ser Europa. Para empezar, los viajes resultan mucho más previsibles, pura rutina: de Barcelona a Madrid, y viceversa. Luego está la agenda: todo son pactos y negocios hechos a la sombra, interminables tira y afloja, y, para colmo, no hay forma de lucirse ni conviene presumir de pareja. O sea que lo de España es un sacrificio. Pero el veterano dirigente nacionalista no siempre ha recurrido a este término para referirse a las relaciones de su coalición con el Gobierno del Estado; a menudo, en vez de la palabra «sacrificio» ha utilizado la fórmula «ejercicio de responsabilidad», lo cual ha contribuido a que, poco a poco, haya ido cuajando la idea de que este hombre sagaz, terco y permanentemente enojado no es sólo un animal político, sino también, y por encima de todo, un hombre de Estado.

Es cierto -a la vista está- que ni la UCD ni el PSOE ni el PP habrían podido gobernar en su momento con una mayoría más o menos holgada de no haber contado en las Cortes con los votos de la Minoría Catalana. Pero ¿acaso habría podido Pujol seguir mandando en Cataluña con la misma autoridad, si por culpa de su falta de apoyo hubiera entrado en crisis el Gobierno de España? ¿Y las transferencias pendientes? ¿Y los desarrollos estatutarios? ¿Cómo habría llenado su sala de trofeos autonómicos sin otra provisión en sus alforjas que la sempiterna amargura? No, al pactar con los distintos partidos nacionales, Pujol hizo lo único que podía hacer y, en el fondo, lo que más le convenía. Fue, en suma, un hombre de partido, de coalición, de autonomía si se quiere; pero jamás de Estado.

Para convertirse en un estadista, el aún presidente de la Generalitat catalana debería haber llevado hasta las últimas consecuencias su compromiso con el Estado. Es decir, debería haber permitido que en el Gobierno español hubiera ministros catalanes nacionalistas, ministros capaces de defender lo mismo en Cataluña que en Andalucía, Castilla o Baleares, y defenderlo en todos los campos: en el educativo, el sanitario, el cultural, el del orden público. Cada vez que se lo ofrecieron, en lugar de considerarlo un honor -o una oportunidad, al menos-, lo vivió como una trampa, cuando no como una afrenta. En esto consistió, al cabo, su ejercicio de responsabilidad.

Y en los momentos actuales, no está de más recordarlo. Son muchos los catalanes que siguen con recelo y preocupación lo que ocurre en el País Vasco. Y no sólo por solidaridad con quienes allí se sienten amenazados; también porque el pulso que el Gobierno autonómico vasco está echando al Estado no ha merecido en Cataluña una repulsa unánime. Nada cabía esperar, en este sentido, del nacionalismo radical; algo podía esperarse, en cambio, del mayoritario, del que inspira y encabeza Jordi Pujol. Y la respuesta obtenida ha sido, en el mejor de los casos, un silencio cómplice, sospechosamente interesado. De nada sirven las conjeturas, pero tal vez Ibarretxe no habría llegado siquiera a plantear su plan si Pujol se hubiera comportado todos estos años como el estadista que dicen que ha sido. Bien sabe el lendakari que en estos trances, por mucho que los terroristas estén de su parte, no es lo mismo bravatear contando con el apoyo de un partido amigo que teniéndolo enfrente, comprometido con el Estado de Derecho y con su salvaguarda.

Elecciones catalanas
Se avecinan sorpresas
Juan Carlos Girauta Libertad Digital  4 Octubre 2003

El conjunto de las fuerzas políticas catalanas, con la excepción del Partido Popular, considera que el Estatuto que les ha servido de marco durante más de dos décadas ya no sirve. En alocada carrera hacia la nada, los socialistas propugnan tribunales puramente catalanes, los convergentes fantasean soberanías sin disimular su admiración por el plan Ibarreche, los comunistas asienten y bostezan, aplazando concreciones, y la Esquerra sigue donde estaba, aunque asombrada y molesta por la general aproximación a su espacio político.

Ninguno de sus nuevos estatutos cabe en la Constitución (salvo que los de IC opten, cuando se despierten, por ser más recatados que Maragall, cosa harto improbable). Si el PP entre en el Govern pactando con CiU, Mas tendrá una buena excusa para moderarse. En otro caso, cualquier ejecutivo que salga del 16 N se verá en la tesitura de abrir un debate que trasciende el marco catalán. Como Zapatero no va por esa línea, según se desprende de los papeles de Santillana del Mar, la cosa puede acabar también con la definitiva voladura del PSOE. Todo ello, claro está, en el caso de que las izquierdas, los nacionalistas y los republicanos sean sinceros. Pero sospecho que sólo estos últimos lo son.

Y que, por tanto, la campaña de las autonómicas catalanas será un festival de demagogia, con los dos pesos pesados, Mas y Maragall, Maragall y Mas, fundando sus propuestas en una premisa en la que no creen. Si alguien piensa aún que CiU sí cree en lo que propone, que trate de responder a esta pregunta: ¿por qué Jordi Pujol no ha abierto en veintitrés años un debate que conduce a la ruptura del consenso y al fin de la estabilidad institucional?

El insólito cuadro descrito sólo se explica a partir del concepto en que la clase política catalana tiene a la sociedad cuyos destinos pretende regir. Hace demasiado tiempo que no se detienen a observar el mundo que les rodea. Las investigaciones demoscópicas demuestran claramente que a la inmensa mayoría de los catalanes nos importa un rábano el debate institucional. Josep Piqué está recordando todos los días, a todas horas, en todos los foros, que el presupuesto de la Generalitat dispone ahora de un billón más de las antiguas pesetas que en 1996, que gestiona impuestos por un valor seis veces mayor y que la inversión del Estado en Cataluña ha pasado del 5’5 % a más del 16 %. Además, como se ha visto, tiene la exclusiva de la defensa del Estatut, esto es, de la norma que preside la más larga etapa de autogobierno de que ha gozado jamás Cataluña. La noche del dieciséis de noviembre habrá sorpresas.

SE APRUEBAN DOS MEDIDAS A FAVOR DE LOS PRESOS DE ETA
Atutxa concede voz y voto a Batasuna y le permite que tache de "fascista torturador" al PP
El presidente de la Cámara Vasca, Juan María Atutxa, ha burlado la Ley por enésima vez. Pero en esta ocasión hay más ingredientes: dando voz y voto a un grupo que, como denunció el PP, "no existe en la Cámara", se ha impedido la revocación de ayudas a familiares de presos etarras. Además, Atutxa ha considerado un "empate" que Batasuna llame "fascistas torturadores" a los diputados del PP cuando estos dijeron que Batasuna es ETA por resolución judicial.
Agencias Libertad Digital  4 Octubre 2003

La mañana de este viernes comenzó ya con escándalo en la Cámara Vasca. Se estaba debatiendo una proposición no de ley presentada por PNV-EA-IU, los socios del Gobierno vasco, en "defensa de las víctimas" de los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria. En el momento en el que Atutxa se disponía a dar la palabra al portavoz de Sozialista Abertzaleak, Antton Morcillo, el representante del PP, Leopoldo Barreda, señaló que "el grupo al que usted ha dado la palabra no existe en la Cámara".

Barreda explicó que, desde la resolución emitida por el Tribunal Supremo el pasado miércoles en la que declaraba nulos los acuerdos del Parlamento Vasco contrarios a la disolución de la antigua Batasuna, "no hay ningún recurso planteado desde la Mesa, que permita poner en duda la plena vigencia de los autos del Supremo". Pero Atutxa ignoró de nuevo la Ley y respondió que "no hay ninguna novedad al respecto", por lo que dio el turno de palabra al representante de Sozialista Abertzaleak. El enésimo desafío no había hecho sino empezar. En el transcurso de la mañana, la voz del grupo parlamentario heredero de un partido ilegalizado por pertenencia a ETA se convertía en voto efectivo y necesario para echar abajo una propuesta conjunta del PP y el PSE para revocar las ayudas con dinero público a los familiares de presos etarras. El partido de Madrazo (IU-EB) y el grupo que no existe en la Cámara, apoyaban al PNV-EA. Si Sozialista Abertzaleak no hubiera votado, la propuesta constitucional habría prosperado.

ETA y el PP: El "empate" entre Goricelaia y Urquijo, según Atutxa
La sesión parlamentaria de este viernes en Vitoria no podía acumular más escándalos. La parlamentaria de SA Jone Goirizelaia se permitió llamar "fascistas torturadores" a los políticos del PP porque el diputado popular Carlos Urquijo identificó a Batasuna con ETA apoyándose en una resolución judicial. Para Atutxa, la discusión quedó en "empate" y se limitó a pedir que prosiguiera el debate.

La protagonista fue Jone Goirizelaia, en representación ilegal de Sozialista Abertzaleak. Criticó que el PP pida revocar las ayudas a familias de presos etarras cuando se las dan a la Fundación Francisco Franco y dirigiéndose a los escaños del PP dijo que si su grupo es lo mismo que ETA "ustedes son fascistas y torturadores que vulneran derechos". Carlos Urquijo intentó en vano exigir a Atutxa que las palabras de la batasuna fueran retiradas. Pero el presidente del Parlamento dijo que "aquí no está Batasuna sino un grupo parlamentario".

200.000 euros para "facilitar el confort a los verdugos de ETA"
El PP había solicitado que el Parlamento Vasco instara al consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, a que revocara la orden del pasado mes de julio por la que se convocaban dichas ayudas, que tenían asignadas un montante total de 200.000 euros. Durante el debate, PP y PSE-EE coincidieron en denunciar que estas ayudas suponían un agravio a las víctimas del terrorismo, mientras que el resto de grupos de la Cámara sostuvo que se deben respetar los derechos de todas las personas, incluso de los presos aunque hayan cometido delitos "atroces".

El parlamentario del PP Carlos Urquijo consideró que las ayudas están encaminadas a "facilitar confort a los verdugos de ETA" y dijo que destinar dinero público a subvencionar los viajes de los familiares de los terroristas es una "profunda inmoralidad y una bofetada" para las víctimas. Urquijo leyó una carta de la esposa de un asesinado por ETA en contra de estas ayudas y se dirigió al consejero Azkarraga y le recriminó que "no saben qué inventar para dar satisfacción al nacionalismo violento para convertirse en herederos universales" del mundo de Batasuna.

El socialista Rodolfo Ares expresó el apoyo del PSE a esta iniciativa y se preguntó "por qué el Gobierno Vasco no financia el viaje de ciudadanos vascos a visitar a los asesinados por los cementerios de toda España", una propuesta que ya avanzaron en la Asociación de Víctimas de Organizaciones Terroristas de Cataluña (ACVOT).

Y libertad de los presos de ETA para elegir universidad
Ya en ausencia del PP y con la oposición del PSE, la misma alianza de los socios de Gobierno (PNV-EA-IU) con el grupo de Batasuna-ETA, remataba la faena aprobando un texto que defiende que los presos de ETA tengan derecho realizar sus estudios en la universidad que permita elegir lengua. Volvió a hablar Socialistas Abertzales criticando que los constitucionales rechacen los privilegios de los presos etarras. Y volvió a votar para conseguir sus fines. El texto defiende que "el derecho a la educación es un derecho fundamental y que, por lo tanto, es un derecho que asiste a todas las personas por igual, independientemente de la situación en la que se encuentren".

Aznar tendrá en Moncloa encuentros reservados con todos los sectores para frenar a Ibarreche
Quiere analizar con empresarios, intelectuales y demás representantes sociales la situación creada
Ejercerá su responsabilidad como jefe del Ejecutivo, aunque haya pasado a un segundo plano tras nombrar al sucesor
La sucesión no va a afectar al papel de José María Aznar ante el Plan Ibarreche. La respuesta política en el ámbito partidista la ha dejado básicamente en manos de Mariano Rajoy, como es lógico, pero ello no implica que vaya a hacer dejación de sus funciones como presidente del Gobierno. En ese papel, promoverá una ronda de reuniones de carácter reservado, en La Moncloa, con representantes de distintos sectores sociales: empresarios, intelectuales, profesores... Quiere recibir impresiones y recabar apoyos contra los planes «secesionistas» del PNV. El PP vasco, por su parte, entregará en quince días a Rajoy un plan de movilización, con actuaciones también en el ámbito privado, y que se extenderá a todas las comunidades.
Aznar quiere que los empresarios vascos, y otros sectores, fijen públicamente posición ante el desafío del PNV
Carmen Morodo - Madrid.- La Razón 4 Octubre 2003

Aznar ha tenido estos días monopolizada su agenda por las cuestiones internacionales: reunión con el primer ministro británico, viaje a Estados Unidos, visita del presidente polaco, encuentro con el canciller alemán y, aun por delante, la decisiva Conferencia Intergubernamental que se celebra este fin de semana en Roma. En el hacer doméstico, el asunto en rojo es el «Plan Ibarreche», del que el presidente del Gobierno piensa ocuparse en primera persona. Su paso a un muy segundo plano tras certificar la cesión de poderes en el PP a Mariano Rajoy, esa práctica desaparición del debate político, no quiere decir que vaya a hacer dejación de sus funciones como jefe del Ejecutivo en un asunto de tal trascendencia como éste. Aunque se haya apartado del «rifi-rafe» dialéctico, cediendo protagonismo a su sucesor, Aznar se involucrará de manera activa en el combate a la propuesta secesionista del PNV hasta que abandone La Moncloa.

Respuesta y peligros
Entre otras actuaciones, su intención es promover una serie de contactos con distintos sectores sociales, principalmente vascos, para analizar la situación, explicar la posición del Gobierno y advertir de las peligrosas consecuencias en todos los planos, pero especialmente económico, de la iniciativa del «lendakari».
Aznar quiere incidir en la importancia de la estabilidad institucional, en la disposición del Gobierno a respetar el Estatuto vasco y en su decisión de actuar con equilibrio y tranquilidad a la hora de dar respuesta a todos los desafíos que vaya impulsando Ajuria Enea en los próximos meses. Su tesis es que el PNV va a centrar su estrategia, a corto y medio plazo, en ir lanzando «pequeños órdagos» a Madrid a fin de mantener un clima de tensión, hasta las próximas autonómicas, basado en alentar el argumento victimista de la «agresión centralista». Cada día, según el análisis que hace el Gobierno, el PNV va a intentar ir «un poco más allá» para ganar al tiempo posiciones en el terreno hasta ahora bajo órbita «abertzale». Ante ello, la respuesta estará en los tribunales cada vez que se vulnere el marco legal, y en la articulación de una alternativa política y social que refleje la realidad de una sociedad vasca en la que la inmensa mayoría está alejada de un nacionalismo cuyo único designio es la ruptura. Incluso encuestas del propio Gobierno vasco apuntan a que el 60 por ciento de los ciudadanos rechazan su estrategia.

Las reuniones en la sombra acogerán a representantes de la clase empresarial, a intelectuales, a profesores... No son algo nuevo en el hacer del presidente, pues desde que llegó a La Moncloa ha convertido en hábito este tipo de encuentros reservados que buscan mantener abierto un canal que le traslade impresiones directas sobre la situación social del país. Por ejemplo, con motivo de la tregua de ETA, Aznar se entrevistó en privado con la junta directiva del Círculo de Empresarios Vascos, allá por octubre de 1998, a fin de intercambiar puntos de vista sobre la situación creada por la declaración etarra de un alto el fuego indefinido. En uno de estos encuentros reservados también se «coció» la iniciativa de investigar las actuaciones de la Universidad del País Vasco: fue en diciembre de 2002 y con profesores e intelectuales ligados a esta institución académica.

Este miércoles, el presidente del Gobierno participará en un encuentro con la CEOE, pero el marco, y su carácter público, según fuentes del Gobierno, harán que el discurso esté centrado en las cuestiones económicas, sin menoscabo a que haga alguna alusión al Plan Ibarreche dada la presencia de medios de comunicación y que éste es un asunto de actualidad. En paralelo a su actividad, el secretario general del PP también tiene decidido promover una ronda personal de contactos con empresarios y otros representantes de sectores sociales vascos.

Plan del PP vasco en 15 días
De hecho, la dirección de los populares vascos trabaja ya en la elaboración de lo que llaman «Agenda Política del cambio». El plan de trabajo tiene que estar en manos de Rajoy en un plazo de quince días, y luego será sometido a ratificación del Comité Ejecutivo del partido. Incluirá actuaciones dirigidas a la movilización (con reuniones públicas y privadas), a la articulación social y política, a la implantanción territorial del partido o a mejorar la comunicación. El debate se quiere extender a todas las comunidades y, por ello, los dirigentes aprovecharán sus viajes para insistir en este asunto.

El Gobierno denuncia la «insolidaridad» de Maragall por negar agua del Ebro a Levante
C. DE LA HOZ ABC 4 Octubre 2003

MADRID. El Gobierno arremetió ayer contra el líder de los socialistas catalanes, Pasqual Maragall, quien el pasado jueves señaló que, en el caso de que llegara al Gobierno de la Generalitat, no trasvasaría «ni una gota de agua» del Ebro a Valencia y Murcia, Comunidades a las que acusó de malgastar los recursos hídricos. Después de que sus propios compañeros de partido matizaran estas palabras, el ministro portavoz, Eduardo Zaplana, destacó que «ese es el concepto de la solidaridad y de España que tiene» el líder del PSC.

«Nos ha ilustrado con la solidaridad de Cataluña con algunas regiones del sur de Francia, pero no la extiende ni a Valencia ni a Murcia ni a Andalucía», regiones que serán receptoras de agua a través del trasvase del Ebro, la obra más ambiciosa y emblemática del Plan Hidrológico Nacional.

Zaplana, especialmente sensibilizado con el tema en su condición de ex presidente de la Comunidad Valenciana, ironizó sobre las críticas de Maragall al carácter «poco ahorrador» de las Autonomías que se verán beneficiadas por el trasvase al comentar que éste «se convierte en el justiciero de quién lo hace bien y mal». Asimismo, explicó en la comparecencia que sigue a la reunión del Consejo de Ministros, que Maragall no es contrario al trasvase «puesto que Barcelona necesita agua», lo que no quiere, agregó, «es que llegue a otras regiones que la necesitan igual». De hecho, Maragall no se cierra a la posibilidad de que el Ebro pueda abastecer la región metropolitana de Barcelona, en caso de necesidad.

La ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez, también criticó la, a su juicio, «insolidaridad» de Maragall, al tiempo que destacó la «incoherencia» de un PSOE donde «cada uno dice lo suyo de manera incoherente al de al lado». Rodríguez aseveró que las obras del trasvase del Ebro comenzarán el año que viene y anunció que algunas licitaciones de obras se harán a finales de este mismo año, informa Ep.

A parte de provocar una gran conmoción tanto en el gobierno autonómico valenciano como murciano, no faltaron incluso críticas de sus propios compañeros de filas, que intentaron, en algunos casos, matizar esas declaraciones. No lo hizo el secretario general de los socialistas valencianos, Joan Ignasi Pla, que dijo no compartir estas declaraciones porque «no se corresponden con la realidad» de su Comunidad. Destacó las coincidencias del discurso del líder del PSC con CiU, que denotan, apuntó «una posición cerrada» en lo que se refiere a «la defensa de los intereses de Cataluña frente a todas las demás poblaciones».

El consejero de Agricultura y Pesca de la Comunidad andaluza, Paulino Plata, optó por justificar a Maragall, eso sí, bajo el argumento de la ignorancia, puesto que atribuyó sus polémicas palabras a que «no conoce la realidad de Almería» y le invitó a visitar una provincia que «sabe valorar lo que representa una gota de agua». En todo caso, aprovechó para criticar al Gobierno cuando afirmó que hasta ahora «el tema del Trasvase del Ebro son todo palabras, no sabemos cuándo va a llegar ni a qué costos».

Incluso un socio en potencia de Maragall ante un posible triunfo suyo en las elecciones autonómicas, Joan Saura, presidente de ICV, calificó de «preocupante» que el PSC pida agua del Ebro para Barcelona y que esté «abierto» a la posibilidad de construir el minitrasvase «para intentar ganar votos del cinturón barcelonés». Por último le recordó que ICV «no entrará en un gobierno de la Generalitat que defienda cualquier tipo de trasvase».

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