AGLI

Recortes de Prensa     Lunes 3 Noviembre  2003
Ningún español es extranjero en España
Editorial ABC 3 Noviembre 2003

No todo es legítimo
EDURNE URIARTE ABC 3 Noviembre 2003

Navarra como Álava
Pascual Tamburri La Razón  3 Noviembre 2003

Anjeles Iztueta, científica
Iñaki Ezkerra La Razón 3 Noviembre 2003

Inmigrantes, maketos, enemigos
Luis González Seara La Razón 3 Noviembre 2003

La ley de los débiles
FLORENCIO DOMÍNGUEZ El Correo 3 Noviembre 2003

Embajadas de Cataluña en el extranjero
LUIS IGNACIO PARADA ABC 3 Noviembre 2003

El futuro del PP en Cataluña
GERMÁN YANQUE ABC 3 Noviembre 2003

El referéndum de Ibarretxe
Cartas al Director ABC 3 Noviembre 2003

«El Plan Ibarreche del PNV es un auténtico golpe de Estado»
Carmen Gurruchaga La Razón 3 Noviembre 2003

Las víctimas de ETA expresan por primera vez sus demandas en el Congreso
D. MARTÍNEZ ABC 3 Noviembre 2003

El centro cautivo
VALENTÍ PUIG ABC 3 Noviembre 2003

El Ayuntamiento de Vitoria aprueba una declaración en la que exige la retirada inmediata del plan Ibarretxe
AGENCIAS / VITORIA El Correo 3 Noviembre 2003

Educación recurrirá a los tribunales si la Geralitat no imparte las cuatro horas de castellano
Barcelona Ep Estrella Digital  3 Noviembre 2003
 

Ningún español es extranjero en España
Editorial ABC 3 Noviembre 2003

LA circular de la Consejería del Gobierno vasco sobre la escolarización del alumnado «inmigrante» fuera del plazo ordinario entraña una perversión jurídica que sintoniza perfectamente con el sinsentido del llamado Plan Ibarretxe. Su ámbito de aplicación es de suyo una declaración de intenciones totalitarias: «En el ámbito de estas instrucciones se entenderá por alumnado inmigrante aquel que proveniente de un sistema escolar distinto se incorpora al Sistema Educativo Vasco». El resto de la circular incluye una serie de medidas para incorporar con éxito a estos alumnos «inmigrantes» al sistema escolar. La cosa no admite dudas. De lo que se trata es de considerar inmigrantes a los alumnos procedentes del resto de España (la circular evita con cuidadoso esmero esta palabra), que se ven reducidos a la condición de inmigrantes en su propia nación, es decir, extranjeros en su propia nación. El nacionalismo vasco apenas puede ocultar su vocación totalitaria ni su voluntad secesionista. Un andaluz, un catalán, un madrileño y el resto de los españoles no vascos son considerados por el Ejecutivo de Ibarretxe como extranjeros en su propio país. Es la misma Consejería de Educación que, como informábamos ayer, ha subvencionado un libro escolar destinado a texto de apoyo para los estudiantes de Secundaria que cursan sus estudios en vascuence, y que incluye a diez miembros de ETA entre los cien personajes históricos vascos destacados.

La medida rezuma inconstitucionalidad por todos sus poros jurídicos, pues viola al menos los principios de igualdad y de no discriminación establecidos y garantizados en la propia Constitución. En su delirio identitario, el nacionalismo vasco entiende la Carta Magna como una especie de camisa de fuerza para sus planes soberanistas. Entraña también una negación de la plena ciudadanía a la mayoría de los españoles. Las competencias educativas que tienen transferidas las Comunidades Autónomas no se pueden ejercer arbitraria o discrecionalmente sino de acuerdo con la letra y el espíritu de la Constitución, de la que derivan, por otra parte, sus propias competencias y la condición de gobernantes regionales de los propios miembros del Ejecutivo vasco. Las reacciones ante el desafuero no se han hecho esperar y desde el PP y el PSOE hasta la Fiscalía General del Estado han deplorado la medida y argumentan su palmaria inconstitucionalidad.

Pero además de inconstitucional, la medida es incompatible con la concepción de la ciudadanía democrática. Todos los españoles somos iguales ante la ley. Propugnar frente a esta idea de la ciudadanía otra basada en la ideología o en la etnia constituye un atentado contra el Estado de Derecho y la convivencia democrática. Es una pretensión de estirpe genuinamente totalitaria. Los regímenes totalitarios, especialmente los basados, como el nazi, en la raza o la etnia, se caracterizan por excluir a algunos grupos de la ciudadanía. Y, al hacerlo, se les niegan todos o algunos de los derechos inherentes a la condición de ciudadano. Otra de las pruebas de la rotundidad del desatino es la falta absoluta de reciprocidad, pues difícilmente aceptarían la mayoría de los vascos el ser tratados como extranjeros en otras regiones españolas. Por lo demás, es pura necedad, pues extraña forma de fomentar la integración es ésta que consiste en comenzar negando a los alumnos procedentes de otras regiones la condición de nacionales. Un español no puede ser inmigrante en España. Lo proclaman la Constitución, la lógica de la ciudadanía y el Estado de Derecho. Todos ellos atropellados por esta medida de cuño totalitario que alienta en la descabellada circular.

No todo es legítimo
Por EDURNE URIARTE. Catedrática de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos ABC 3 Noviembre 2003

EL carácter inconstitucional, independentista y rupturista del Plan Ibarretxe ha quedado tan claro que, quizá por primera vez en nuestro país, hay un reconocimiento generalizado de lo que significa la radicalización de los nacionalistas vascos. Y, sin embargo, todavía asoma en algunos sectores una última duda en torno a la valoración del proyecto nacionalista, la duda sobre la legitimidad. Porque incluso gente que admite que el Plan es enormemente dañino para el futuro del País Vasco, piensa, sin embargo, que quizá el Plan sea legítimo; porque los nacionalistas vascos tendrían derecho a presentarlo y a defenderlo, o, porque no podemos negar su legitimidad para hacerlo, por mucho que lo vayamos a discutir o nos dispongamos a intentar impedir que tenga éxito. En definitiva, porque en democracia cada uno tiene derecho a defender lo que le apetezca en el momento en que le apetezca, que es, en definitiva, una de las acepciones de la idea de legitimidad.

Pues no, lo que quiero argumentar es que este Plan tampoco es legítimo. Porque a pesar de su poderoso atractivo, la teoría de la libertad de la apetencia no nos sirve en las democracias para definir la legitimidad que es un concepto que nos remite a la voluntad ciudadana y a la legalidad pero también al respeto a la pluralidad, a la igualdad y a los derechos de todos los ciudadanos.

Y tengamos en cuenta que ni siquiera el factor terrorista es determinante para valorar la legitimidad. Porque otra de las confusiones de este asunto es esa idea de que este proyecto no se puede plantear mientras el terrorismo permanece, pero que todo puede ser objeto de discusión sin terrorismo, cuando todos los ciudadanos sean libres para debatir. Pues no, tampoco. El Plan es ilegítimo, con terrorismo y sin terrorismo. Ni siquiera en un contexto de plena libertad los ciudadanos de las democracias pueden plantear y exigir aquello que les apetece. Depende de lo que les apetezca.

Y pongo un ejemplo muy útil para entender los límites de la teoría de la apetencia. Imaginemos por un momento que unos partidos o unas asociaciones cívicas presentaran, en el País Vasco o en cualquier otro lugar, un proyecto para la supresión de las autonomías y la vuelta al Estado centralizado. Y como diría Ibarretxe, ¿qué hay de malo en ello? Es más, podríamos añadir que puesto que no hay ningún grupo terrorista que persigue y asesina a todos los que respetan el sistema autonómico, se trata de un proyecto legítimo sobre el que podemos discutir con toda tranquilidad. Pero no, dudo que a alguien se le ocurriera semejante respuesta. Y es que todos entendemos mejor los límites de la legitimidad cuando vamos a las aplicaciones prácticas, excepto cuando se trata de los asuntos de los nacionalistas vascos que todavía mantienen su capacidad para nublar el discernimiento intelectual.

Ahora bien, la confusión sobre la legitimidad trasciende ampliamente los límites del debate nacionalista. Es una confusión notablemente generalizada en las democracias, y en este caso le sirve de estupenda coartada a Ibarretxe para convertir lo que es un ataque a la legalidad, a la pluralidad y al consenso democrático en una simple expresión de la libertad de los ciudadanos. La confusión se sostiene en tres elementos muy útiles para los nacionalistas vascos. En primer lugar, el central, el de la libertad entendida como libertad ilimitada para la defensa de todas las ideas y proyectos. El adjetivo de ilimitada es importante porque la teoría de que las ideas antidemocráticas también son defendibles, siempre que se haga con métodos pacíficos, es aún mayoritaria en nuestras sociedades.

El segundo elemento de la confusión es el de la legalidad. Y es que una segunda interpretación de la legitimidad es la que la identifica con la legalidad. Es legítimo todo lo que sea legal. Y es asombroso, sí, pero los nacionalistas vascos se aferran con persistencia al argumento de la legalidad. Porque piensan obviar la decisión de las Cortes, pero su aspiración profunda, insisten, es que esto sea legal. Ellos quieren un pacífico cambio de las leyes. Si no se les concede, se las piensan saltar. ¿Pero quién puede negar su vocación de legalidad y, por lo tanto, su legitimidad? Si la vocación se frustra es que tenemos un «estado de excepción», por ejemplo, ése que actúa a través del Tribunal Supremo en el Parlamento Vasco.

Y existe aún un tercer significado de la legitimidad que es el que corresponde a su definición politológica y según la cual es legítimo aquel régimen político, aquel liderazgo o aquella propuesta que cuenten con un apoyo amplio de la sociedad. ¿Cuánto? Siempre es discutible, pero la cuestión es que, de la misma forma que un sistema dictatorial puede estar legitimado porque cuenta con un apoyo popular amplio, también lo estaría el Plan Ibarretxe o cualquier otro proyecto siempre que tuviera un porcentaje notable de ciudadanos detrás.

El lehendakari ha asumido con entusiasmo los tres elementos y los utiliza con cierta eficacia. Hay un cuarto que es el de la supuesta existencia de un pueblo vasco que, en virtud de sus peculiaridades étnicas, tendría derecho, legitimidad, a exigir la independencia. Pero este cuarto elemento es sobre todo de consumo interno nacionalista. Son los otros tres los que sirven para la búsqueda de la aprobación externa del examen democrático.

Y lo cierto es que no todos le han dado por suspendido el examen al lehendakari. Hay sectores (recuerdo, por ejemplo, una declaración de Confebask) que le dicen al lehendakari que este proyecto es malo para el futuro del País Vasco, que le piden que lo reconsidere, pero que le reconocen legitimidad para plantearlo. Y ese reconocimiento pesa indudablemente sobre sociedad vasca que muestra tantas dificultades para contestar con rotundidad a las sucesivas locuras nacionalistas, y ahora a esta última. Luego están los factores de siempre, miedo sobre todo, clientelismo y dominio social nacionalista. Pero también la trampa de la legitimidad.

¿Qué hay de malo en ello? ¿Por qué los ciudadanos nacionalistas no tienen legitimidad para exigir la independencia? Pues por la misma razón por la que los ciudadanos centralistas no tienen legitimidad para exigir la supresión del sistema autonómico. Porque destruiría los consensos centrales sobre los que se ha construido nuestra democracia, porque atentaría contra los valores de la descentralización y del reconocimiento de nuestras singularidades regionales aceptados por todos los ciudadanos y partidos, porque iniciaría un periodo de conflicto y ruptura, porque pondría en cuestión los derechos de todos los ciudadanos organizados a través de administración autonómica. Porque, en definitiva, pondría en peligro los cimientos mismos de nuestra democracia. Lo bueno es que ésta es una conjetura que sólo existe en nuestra imaginación. La otra, la del Plan Ibarretxe, está en la realidad. No es un divertimento para poner a prueba el concepto de legitimidad. Es un hecho que pondrá a prueba nuestra democracia.

Navarra como Álava
Pascual Tamburri. es doctor en Historia y vicepresidente de la Fundación Leyre La Razón  3 Noviembre 2003

El trabajo de periodista permite vivir de cerca la realidad cotidiana, el pulso político social del país y del mundo. Desde un punto de vista periodístico, la situación de ruptura institucional que ha planteado abiertamente el nacionalismo vasco es grave y carece de precedentes. Para el periodista al uso, como para el político que limita su horizonte a la realidad mediática, es difícil explicar qué sucede y qué va a suceder en el País Vasco, y sobre todo no hay ni precedentes ni referentes para saber qué hacer ante el Plan de Ibarretxe. En este caso, como en otros, el periodista como el político tiene que volver los ojos a la historia, al pasado cercano y también al más lejano, que explican en cierto modo qué está pasando, qué puede pasar, y también qué puede hacer cada uno de los actores en este nuevo escenario. ¿Nuevo? Sólo relativamente.

Hay dos partidos de centro derecha, constitucionalistas, leales a la nación española, orgullosos de esa identidad, sólidamente arraigados en el País Vasco y en Navarra. Unidad Alavesa en un caso y Unión del Pueblo Navarro en el otro pertenecen a la misma familia política e ideológica que el Partido Popular y comparten con éste todo o casi todo. En este momento, por obvias razones, están del mismo lado frente a la prepotencia nacionalista y a la amenaza terrorista, y tienen a su lado incluso a la parte mayor y más sana del socialismo vasco. Los cuatro partidos (PP, PSOE, UPN y UA) afirman y defienden la soberanía nacional española, el marco autonómico y la tradición foral, aunque sea con diferentes matices y con indebidas incomprensiones; pero no siempre lo hacen con la misma valoración de las lecciones del pasado.

Tal vez el ejemplo menos conocido es el de Unidad Alavesa. Los alavesistas vienen repitiendo hace una década que, frente al nacionalismo vasco y a su independentismo, la primera solución pasaba por la revitalización de la foralidad alavesa, por la constitución de Álava como Comunidad Foral y por la redefinición de la autonomía vasca. Álava, pues, como Navarra. Y lo que parecía una propuesta pintoresca y minoritaria ha pasado a ser una idea compartida por los grandes partidos.

Sin embargo, cualquier triunfalismo está de más hoy. Si el modelo navarro puede servir para Álava, y por consiguiente para la resolución del problema secesionista, también es cierto que para el nacionalismo el plan es el contrario: someter Navarra a la misma operación de ingeniería política y social a la que ha sido sometida Álava durante décadas. Álava, provincia históricamente tan castellana como la que más por su historia, ha sufrido un proceso de transformación, tolerado hasta hoy por algunos de quienes se llevan las manos a la cabeza. Bien está que Álava busque, como Navarra buscó y obtuvo, una defensa directa de su personalidad histórica. Pero no hay que olvidar que todo el nacionalismo quiere anular la identidad de ambas, como ya hizo en Guipúzcoa y en gran parte de Vizcaya. Álava como Navarra, y Navarra como Álava, no para poner un parche provisional en un problema político, sino para solucionar definitivamente un error histórico.

Anjeles Iztueta, científica
Iñaki Ezkerra La Razón 3 Noviembre 2003

Confieso que me ha sorprendido el revuelo montado con la circular de la consejera de Educación del Gobierno vasco en la que califica de «inmigrantes» a los escolares que llegan al País Vasco desde el resto de España. No seré yo de esos que creen que el María Moliner es el Libro Gordo de Petete y lo abren para aleccionarnos sobre la pertinencia del uso de tal término. Lo digan o no los diccionarios, esa palabra hoy posee unas connotaciones patéticas (ya sólo se utiliza para el que llega deshidratado en patera) que vuelven su uso peyorativo fuera de esos dramáticos contextos. Puesta a hacerse la científica, Anjeles Iztueta podría hablar de «forasteros» y así nosotros podríamos llamarla «burócrata etnicista y mediocre» con la misma asepsia científica. Lo que me choca es que esa circular es la consecuencia más venial de una ideología criminal que siguen llamando «democrática» ciertos descerebrados que van de analistas políticos y ahora dicen cosas como «yo, que soy muy comprensivo con el nacionalismo y el Plan Ibarretxe, no acepto la atrocidad de llamar inmigrantes a unos niños».

Después de un proceso autonómico que se ha construido a golpe de bombas y tiros en la nuca; después de un millar de asesinados y miles de escoltados en una Euskadi del insulto y el odio en la calle que están siendo contenidos de mala manera por el Estado de Derecho; después de años de oír reivindicar a un racista, un xenófobo y un apóstol del totalitarismo como Sabino Arana que es un obvio antecedente del capítulo más negro que vivió el siglo pasado; después de treinta años de ser agredidos diariamente por la chulería antidemocrática y la exhibicionista voluntad de escándalo que posee el partido que dicha mala bestia fundó; después de anunciar la celebración del centenario de su muerte con una estatua en Bilbao y un Plan Ibarretxe que no es más que el regreso programático y textual a las esencias sabinianas en efecto y cuyo fracaso sólo lo garantiza, a la hora de la verdad, el muro de contención de la Unión Europea y el hecho de que ese plan es dinamita en los propios cimientos de esa Unión; después del numerito de tres décadas que han sido capaces de montar cuatro cantamañanas en una nación moderna como España ¬lo cual nos debe sonrojar a todos¬ hay quien ahora se sorprende de que en una carta se llame «inmigrante» al vecino. Confieso, sí, que esa reacción de escándalo retardado me recuerda al irónico comentario de Thomas de Quincey sobre el peligroso deterioro de las buenas costumbres: «Se empieza por cometer un asesinato y luego se acaba pasando al robo, a no respetar a los padres y, finalmente, a dejar las cosas de hoy para el día siguiente».

Inmigrantes, maketos, enemigos
Luis González Seara La Razón 3 Noviembre 2003

Ha producido gran indignación que el Gobierno vasco considere «inmigrantes» a los niños procedentes de otras partes de España que tengan el infortunio de caer en la órbita educativa de los nietos de Sabino Arana. Es una «denominación científica», ha dicho la responsable de la congregación adoctrinante del PNV. Y, en efecto, tendría científicamente razón si el nombre se utilizara también para designar a los escolarizados en Bilbao procedentes de Guipúzcoa, pongamos por caso. Pero lo que no es científico ni democrático es someter a los recién llegados a un programa obligatorio de inmersión intensa en el idioma euskera, ni hacerles víctimas de la discriminación que corresponde a todo maketo por el hecho de serlo.

Desde el primer momento, el nacionalismo vasco violento ha considerado a todo inmigrante y sus descendientes como miembro de una comunidad enemiga, que debe ser eliminado o expulsado del sagrado solar patrio. Pero el propio PNV ha ido dejando claro su programa excluyente y xenófobo, como prueba el proyecto soberanista de Ibarreche. Arzallus ha manifestado reiteradamente su enemistad incurable contra «los de fuera», los españolistas, que no pueden aspirar a integrarse con «nosotros», el pueblo del imaginado linaje de Aitor, con su RH específico, que no soporta verse mancillado con sangre maketa.

Si se examina el comportamiento del nacionalismo vasco en sus dos vertientes, violenta y contemporizadora desde el ejercicio del poder, hay que llegar a la conclusión de que se trata de un claro ejemplo de comportamiento desleal y traicionero, encaminado a la independencia secesionista del País Vasco. Y no se entiende cómo las fuerzas políticas democráticas ¬partidos, instituciones y medios de comunicación¬ han tardado tanto en caerse del caballo y descubrir que el soberanismo, la discriminación ante el «inmigrante» y la desobediencia a las instituciones y a las leyes de la legítima democracia española constituyen las líneas directrices de su decisión política.

Mientras el PNV y los batasunos han actuado desde la más radical hostilidad, y en algún caso como el de ETA, de enemistad absoluta, las fuerzas democráticas españolas han ido siempre a remolque de los acontecimientos, esperando los sucesivos pasos de la deslealtad. Un español egregio, el vasco Miguel de Unamuno, hizo una denuncia de ese ingenuo comportamiento de esperar a lo que nos deparen los hados. «Y ¿qué vendrá después? Tal la pregunta / que se hacen en España los borregos / del rebaño cobarde y luego ciegos / marchan a paso de cansada yunta», decía en su canción el insobornable rector de Salamanca. Es como si tuviera delante a los que pasan el tiempo esperando, sin hacer nada, a que quien se comporta como enemigo se arrepienta, indignándose después, si excluyen y expulsan al maketo de la convivencia democrática, que debió garantizarse a tiempo con la ley y la razón en la mano.

La ley de los débiles
FLORENCIO DOMÍNGUEZ El Correo 3 Noviembre 2003

Uno de los aspectos más sobresalientes del nacionalismo vasco actual es su hostilidad hacia todos los mecanismos del Derecho que regulan el funcionamiento de una sociedad democrática. El cuestionamiento de las leyes y de la actuación de los jueces está siendo constante y reiterado. Hemos visto cómo se recurre a la movilización ciudadana cuando las decisiones de los magistrados no gustan para exaltar una supuesta legitimidad popular que estaría por encima de las leyes. La iniciativa, sin embargo, no es original. En estos días, en Tucumán (Argentina) miles de personas han suscrito un documento de protesta por la decisión de un juez de encarcelar al general Domingo Bussi, acusado, entre otros muchos crímenes, del asesinato de un senador durante la dictadura militar. Pero ni la movilización ciudadana ni los votos (Bussi ha sido elegido intendente de Tucumán) colocan a nadie por encima de la ley y a salvo de responsabilidades penales.

La Justicia y los jueces se encuentran en el punto de mira de los nacionalistas porque se presentan como obstáculos para la realización de sus planes soberanistas, planes para los que no admiten cortapisa alguna. «El Derecho no puede interpretarse como un obstáculo para el cambio», afirmaba el catedrático Iñaki Lasagabaster, que pasa por ser uno de los asesores del lehendakari. Con menos sutileza, otros sectores del nacionalismo califican de provocación que el Gobierno central recurra la propuesta de Ibarretxe. A esos mismos sectores nunca se les ocurrirá pensar en los mismos términos de la decisión del Gobierno nacionalista, Madrazo incluido, de recurrir la Ley de Partidos ante los tribunales europeos.

Al rechazar las reglas de juego los nacionalistas rechazan el consenso básico e imprescindible de una democracia, el consenso que Sartori ('¿Qué es la democracia?') llama procedimental: «La regla primaria es la que decide cómo decidir, la que establece un método de resolución de conflictos». En este país y en esta democracia esas reglas están fijadas por la Constitución de 1978 y el Estatuto de 1979 y contemplan, incluso, los pasos para modificar uno u otro. No se puede, como hace el lehendakari, apelar formalmente a la vía de reforma estatutaria del artículo 46 y, al mismo tiempo, advertir desde el principio que si las cosas no salen como él quiere abandonará la reglas de juego y promoverá actuaciones para las que no tiene competencia.

En este clima de rechazo a las leyes, es preciso defender la validez de las reglas, unas reglas que permiten a Atutxa recurrir al Constitucional cuando cree que alguien ha limitado sus derechos, que permiten al PNV ganarle un pleito al Estado por los batzokis incautados tras la Guerra Civil y que permiten al Estado apelar a los tribunales cuando sospecha que Ibarretxe juega con las cartas marcadas. En una democracia, la ley es el escudo del débil frente al poderoso, en palabras de Mario Onaindía.

Embajadas de Cataluña en el extranjero
Por LUIS IGNACIO PARADA ABC 3 Noviembre 2003

EN cuanto el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la suspensión cautelar de las oficinas en el extranjero de la Generalitat, que serían el germen de futuras embajadas, el candidato de CiU, Artur Mas, ha asegurado que, si gana las elecciones del próximo 16 de noviembre, no las cerrará. A su desafío se ha unido el candidato de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira. Esta polémica no es de tono menor. Porque bajo la piel de cordero de unas oficinas, de momento en Polonia, Colombia y Marruecos, dedicadas informar a los trabajadores extranjeros de las posibilidades de contratación en las empresas catalanas y sobre el marco legal, lengua y características de la sociedad, se esconde el cuerpo de lobo de una intención nacionalista de altos vuelos.

El decreto catalán que otorga competencias en política exterior e inmigración a esas oficinas supone la usurpación por el Gobierno de Cataluña del control de la emigración, y el traspaso del control de fronteras a los Mossos d´Esquadra. Pero es que, además, desde que la diplomacia surgida en las ciudades-estado del Renacimiento estableció los principios de que los embajadores permanentes defendían los intereses de su Estado y desarrollaban un sistema de protocolos, privilegios e inmunidades, y más desde que, a principios del siglo pasado, Wilson propuso los catorce puntos de la nueva diplomacia y ratificó el concepto de extraterritorialidad, el espacio físico ocupado por una embajada debe ser entendido como territorio soberano del Estado al que representa y cualquier persona o cosa que esté dentro del recinto se halla bajo la jurisdicción de las leyes del país representado. Y esa es la puerta de atrás por la que el nacionalismo catalán, menos preocupado que el vasco por el soberanismo que por los negocios y más por el reconocimiento internacional que por esa quimera de la libre asociación pretende desesperadamente captar votos.

El futuro del PP en Cataluña
Por GERMÁN YANQUE ABC 3 Noviembre 2003

Ganó Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid y el nuevo secretario general del PP mostró, por un momento, un entusiasmo llamativo. Abrazó a sus colaboradores, les manifestó su amistad y cariño, e incluso dio unos saltitos en el balcón de la sede del partido en la calle Génova. Al fin y al cabo, José Luis Rodríguez Zapatero había dicho que quien ganara en Madrid ganaría las elecciones generales, lo que en aquellos instantes de exaltación le recordó Alberto Ruiz-Gallardón a su modo, es decir, incluyéndose en el ticket. Pero al día siguiente, Mariano Rajoy, otra vez frío, vuelto a su currículo, dijo a los periodistas que unas y otras elecciones eran muy distintas, que ganar en Madrid no aseguraba nada. Había que ponerse la venda antes de la herida: también eran muy distintas las elecciones catalanas, ganarlas no aseguraba nada. Perderlas, quería decir el candidato, tampoco.

Haciendo abstracción de lo ocurrido durante los últimos años, es decir, contemplando simplemente las cifras (ya sean las de las últimas elecciones autonómicas o las de las encuestas de estos días), sorprende que, en una España cohesionada social y económicamente, un partido como el PP, que obtuvo mayoría absoluta en el 2000 y la ronda en las encuestas, sólo supere levemente el 10 por ciento de los votos en una parte tan importante del territorio como Cataluña. En el País Vasco también hay importantes partidos nacionalistas y un enconamiento que poco tiene que ver con las tensiones catalanas, pero el PP, en permanente ascenso, alcanzó el 23 por ciento de los sufragios.

Pero no se puede hacer abstracción de lo ocurrido, claro, y el partido gubernamental lleva muchos años considerando al nacionalismo catalán, a diferencia del vasco, un «nacionalismo bueno». No sólo lo ha apoyado presupuestariamente y en momentos delicados, sino, como explicaba ayer Jordi Pujol en ABC, «el apoyo se ha producido sin que CiU se moviera de su posición». Incluso cambiaron a Alejo Vidal-Quadras -que desentumeció al PP catalán- por Alberto Fernández, es decir, por una oposición más tranquila. Y luego a Fernández por Josep Piqué, esto es, por una oposición... llamémosla más regionalista. El propio Rajoy, en su reciente conferencia en el Círculo de Economía de Barcelona, expuso la mayor (el elogio a Pujol) y la circunstancia (la crítica, en periodo electoral) a Artur Mas.

O mucho cambian las cosas, o el papel futuro del PP no pasa por ser bisagra de un futuro Gobierno de la Generalitat, que es en lo que han convertido entre todos -aunque se lamenten en privado tanto socialistas como convergentes- a Esquerra Republicana.

Para Pujol, los populares ya no son, como ocurría con Vidal-Quadras, una mosca cojonera, con perdón, sino una pulga molesta: su único destino es impedir o aminorar el triunfo de CiU y contribuir a la inestabilidad. Es una visión injusta y no sería peligrosa para el partido de Rajoy si, en el mismo Gobierno del que ha sido vicepresidente hasta hace muy poco, no hubiera quienes mantienen, en el fondo, la misma tesis. Es decir, quienes abonan la estrategia de desistimiento popular en Cataluña a favor de CiU. He odio decir, ¡a un ministro! que, al fin y al cabo, son «de la misma clase».

El riesgo del PP es, a mi juicio, buscar en Cataluña una técnica de supervivencia en vez de un proyecto. Todo allí parece girar en torno a lo mismo: Mas quiere ser la continuidad de Pujol y Maragall el heredero de su nacionalismo, Carod Rovira pretende purificar el nacionalismo de Pujol y el PP, por lo que se ve, mirarse en el honorable presidente como en un espejo. Aseguran que no hay otro camino, que fuera de esa particular «catalanidad» está el abismo y que si los populares se resisten son considerados poco menos que fascistas. Pero Cataluña es una comunidad con un altísimo índice de abstención en elecciones locales y autonómicas, como si lo que quedase fuera del guión no fuera precisamente la extremosidad, sino el cansancio ante tanta homogeneidad.

¿Por qué el PP renuncia a ello? Quien gane en Cataluña no ganará automáticamente las generales, es cierto, pero quizá tampoco las gane quien no acierte en Cataluña, aunque allí pierda.

El referéndum de Ibarretxe
Cartas al Director ABC 3 Noviembre 2003

Dice el PNV que si el proyecto independentista de Ibarretxe es aprobado por el Parlamento vasco, lo someterá a referéndum lo apruebe o no el Parlamento estatal. Ya sabemos que en el País Vasco hay un amplio sector nacionalista, al igual que un amplio sector no nacionalista. Ese referéndum que propugna Ibarretxe pondría al País Vasco en el «filo de la navaja» y no acierto a comprender en qué contribuiría a mejorar la convivencia de los vascos, ni a solucionar sus problemas políticos actuales. Si en ese hipotético referéndum el pueblo vasco rechazase el proyecto de Ibarretxe, podría pensarse que el propio PNV habría perdido su razón de ser, puesto que los vascos habrían rechazado algo tan fundamental como la propia esencia del modelo de Estado que defiende el PNV.

¿Cesaría entonces la violencia terrorista y se facilitaría la convivencia social en el País Vasco? Creo que no, al contrario. ¿Renunciaría el PNV a sus ideales independentistas? ¿O quizás esperaría a que el marketing político o el momento fuese más propicio para intentar «colar» un nuevo proyecto independentista? Si el proyecto fuese aprobado por una mayoría, ¿cómo podría mejorarse la convivencia en un escenario político donde coexistirían dos fuerzas políticas, ambas con amplio respaldo popular, que discrepan, no sólo en planteamientos políticos, sino en el propio modelo de Estado que defiende? ¿Acabaría el terrorismo contra los no nacionalistas? ¿O es que lo que pretende el PNV es, poco a poco, arrinconar y echar fuera del País Vasco a los partidos no nacionalistas? Me temo que esto sería el resultado final del plan de Ibarretxe: imponer, caiga quién caiga, su modelo independentista a toda la sociedad vasca excluyendo a todos los que no lo acepten. Algo en lo que ETA seguramente colaborará.  Roberto Menchén del Cerro.  Tres Cantos (Madrid).

«El Plan Ibarreche del PNV es un auténtico golpe de Estado»
Es incombustible en el azote de los nacionalistas vascos y la actividad terrorista de ETA. Su valentía le valíó hace poco una expulsión insólita en el Parlamento vasco por parte de Atucha
Carmen Gurruchaga La Razón 3 Noviembre 2003

Presidente del PP en el País Vasco, lleva años dando la cara para defender la libertad y el derecho a discrepar del credo nacionalista. Hace poco más de una semana, el presidente del Parlamento vasco, el nacionalista Juan María Atutxa volvió a hacer gala del sectarismo que le caracteriza a ese pensamiento político. Joseba Azkarraga insultó a Iturgaiz, este le respondió en los mismos términos, pero Atutxa expulsó de la Cámara al dirigente «popular».

¬¿Cómo puede defenderse de esa expulsión que le impide acudir al Parlamento durante dos semanas?
¬Ante una expulsión tan injusta, el Grupo «popular», como tal, ya ha recurrido a la Presidencia del Parlamento. Además, yo, como parlamentario, voy a hacer un recurso personal contra esa expulsión y si el señor Atutxa no rectifica, pediré un recurso de amparo al Constitucional, porque me parece que no se puede permitir que el señor Atutxa deje sin voz a 327.000 ciudadanos vascos, que me votaron, entre otros compañeros, en las listas del PP. Alegaré su decisión de aplicar el Plan Ibarretxe, de excluir a los no nacionalistas y machacarlos, mientras trata entre algodones a ETA y permite que siga en el Parlamento con total impunidad.

¬¿ La expulsión fue producto de un error de Atutxa, que le entendió mal, o cree que lo hizo con mala intención?
¬Claramente hubo una mala intención. El señor Atutxa nos está provocando pleno tras pleno, porque nosotros le recordamos que es un presidente en rebeldía y además está haciendo desobediencia política y civil. No acata ni aplica las sentencias del Tribunal Supremo y además es un fiel abogado defensor de ETA en la Cámara vasca. Atutxa permite que el Parlamento vasco sea la guarida de ETA.

¬¿Ha tenido la oportunidad de explicarle que no llamó etarra a Azkarraga?
¬Sí, se lo dije ahí delante y cuando abrí la boca me echó. Además lo hizo en contra del reglamento porque tiene que llamar tres veces al orden y de ninguna manera puede aplicar una sanción si no son unos desórdenes gravísimos. Nunca ha echado a un etarra, a un batasuno, y nos ha echado al presidente del PSE Jesús Eguiguren y a mí.

¬¿Recuerda cuando Zubimendi hizo algo más grave y no le echaron?
¬Eso sí que fueron unos desórdenes gravísimos: echar cal encima del entonces vicepresidente Ramón Jáuregui y marcharse del pleno. Después no hubo una expulsión.

¬La tradición es contraria a la expulsión de un parlamentario y, en cambio, a usted lo echan a la primera, ¿por qué?
¬El PP está recibiendo pleno tras pleno insultos y amenazas, nos llaman herederos del franquismo, torturadores, falangistas, franquistas, asesinos. Recibimos todo tipo de insultos por parte de los etarras de batasuna y por parte de consejeros de Gobierno vasco y de dirigentes nacionalistas. Es la ofensiva nacionalista contra el PP, que Atutxa permite pleno tras pleno. Ante estos insultos, nosotros nos vamos a defender y no vamos a tolerar ni una sola amenaza. Lo que me parece más grave aún es que Batasuna, lógicamente, se frotaba las manos cuando a mí me echaba el señor Atutxa del Parlamento vasco, mientras ellos se quedaban allí muy bien sentaditos.

¬El último salto cualitativo de los nacionalistas es el Plan Ibarretxe, que se plantea como una ofensiva nacionalista, pero que al mismo tiempo plantea elegir el status que quiere en sus relaciones con España.
¬Ellos ponen las condiciones, ellos ponen todas las cláusulas, ellos se lo guisan ellos se lo comen. E l Plan Ibarretxe es un plan independentista, es una ruptura con España. Miente Ibarretxe cuando dice que es un plan de lealtad a España, no se puede ser leal cuando se ataca la Constitución, el Estatuto y además, se va en contra de la unidad de España. Yo creo que el subconsciente les pierde a estos nacionalistas y hay que estar muy atentos a las palabras de Egibar cuando dice que si el Gobierno español no concede este plan y que si el Congreso de lo Diputados no lo avala, entonces, unilateralmente, tomarán las decisiones que tengan que tomar. El nacionalismo vasco sigue sin mentar la palabra independencia para que algunos no se asusten, pero esta claro es un plan independentista. Es un intento de golpe de Estado. Ibarretxe hace un planteamiento golpista porque desde el golpe de Estado de Tejero no ha habido una afrenta tan grande como este plan.

¬¿Cómo se frena el Plan?
¬Se frena haciendo pedagogía, explicando a los ciudadanos vascos y al resto del España lo que significa el Plan Ibarretxe. Desde el Estado, diciendo que no se van a salir con la suya y que se van a poner todos los medios para que esto sea así; desde la Justicia, aplicando la ley y desde las instituciones gobernadas por los constitucionalistas, como en Álava. Yo confío en la Justicia, en la fortaleza del Estado de Derecho. Además, la desobediencia y la sedición están castigados en el Código Penal. Por tanto, lo que tienen que saber Atutxa, Ibarretxe y sus consejeros es que, si avalan este Plan, cometen un delito y que, por lo tanto, no puede salirles gratis.

¬Entre los partido que avalan este Plan está IU o Madrazo, que no es nacionalista...
¬El sábado pasado, cuando el Gobierno Vasco aprobó enviar al Parlamento el Plan Ibarretxe, Madrazo corrió hacerse la foto y ahí le vimos con los demás consejeros, aplaudiendo la defunción del Estatuto de Gernika. Lo hace porque IU ha dejado de ser comunista para ser nacionalista. Madrazo es un claro exponente del plan independentista de Ibarretxe.

¬El Partido Socialista está en contra del Plan Ibarretxe pero no está de acuerdo con los métodos que el PP pueda utilizar contra ese plan.
¬El PSOE tiene muchos problemas internos, no tiene criterios comunes, ni voces unívocas. No es lo mismo lo que dice Rosa Díaz que lo que dice Odón Elorza; ni es lo mismo lo que dice Nicolás Redondo que lo que dice Patxi López. Entonces, se produce lo que pasó en Álava el otro día, que «populares» y socialistas firmamos conjuntamente una moción contra el Plan Ibarretxe, pero después, esa misma moción fue rechazada en Irún por el PSOE, que gobierna en esa localidad.

¬Pero ha habido más acuerdos entre PSOE y PNV...
¬Sí, el PSE, en las Juntas de Álava, ha dado las presidencias de las mismas a los nacionalistas, al Plan Ibarretxe, para no dárselas al PP. Ése es el lío interno que tiene el Partido Socialista.

¬Unidad Alavesa tampoco votó con PP y PSOE en las Juntas Generales
¬No votó alegando que ellos quieren otro Estatuto alavés, rechazando así el Estatuto de Gernika. Toda su argumentación fue un batiburrillo del cual nadie se enteró, pero de lo que sí nos enteramos todos fue de que unieron sus votos a los nacionalistas vascos. Flaco favor hace UA al constitucionalismo con esos planteamientos.

¬El PSOE considera que a los vascos no se les convence para que se posicionen contra el Plan Ibarretxe si se echa más leña al fuego y a la vez advierte de que el apoyo al nacionalismo ha aumentado un 7%.
¬Yo creo que esa consideración socialista no es válida, porque cuando hay una ofensiva del nacionalismo a la democracia, lo que no se puede hacer es decir «tenéis razón, y os doy un poco de lo que pedía». Lo que debería hacer el PSOE es poner punto y final al nacionalismo. Se acabó la broma. La sociedad vasca quiere ver juntos a socialistas y «populares» en este tema, y que no se cometan errores de bulto como hace el Partido Socialista.
¬Además, está el dato real de que PSOE y PP, por separado, no pueden hacen frente al Plan Ibarretxe.

¬Para hacer una alternativa al nacionalista y que el constitucionalismo triunfe se tiene que apostar como se apostó en las pasadas elecciones del 13 de mayo. No digo ir juntos, porque somos diferentes, pero sí tener una estrategia conjunta de la alternativa. Nosotros queremos ganar al nacionalismo y sustituirlo en el Gobierno Vasco y lo haremos solos o acompañados.

¬En un escenario de tregua, el PNV adelantaría las elecciones y podría obtener un buen resultado, pese al Plan Ibarretxe, porque los vascos podrían concluir que lo importante es conseguir la paz, aunque la traiga el diablo.
¬El nacionalismo vasco quiere el no de España y el sí de ETA. Estoy convencido de que el PNV quiere llegar a un acuerdo de tregua. Aquí lo único que sirve es la total desaparición de ETA, unilateralmente, lo demás siempre sería una tregua trampa de la que ya tenemos precedentes en este país. Está claro que la paz de los nacionalistas es echar a los no nacionalistas, excluirlos, hacer un país para nacionalistas. Lo estamos viendo en la Educación, cuya Consejería llama inmigrantes a los niños del resto de España, como si fueran de Tanzania.

¬Si tras esas supuestas elecciones anticipadas, el nacionalismo obtuviera un 65%, ¿sería complicado explicar fuera de España que no se atiende a sus reivindicaciones, pese a que ETA está inactiva?
¬El Plan Ibarretxe no tendría éxito si no tuviera por detrás a ETA, si no estuviesen las armas de ETA detrás y de eso se aproveche Ibarretxe porque si no ni se platearían estos temas.

Las víctimas de ETA expresan por primera vez sus demandas en el Congreso
D. MARTÍNEZ ABC 3 Noviembre 2003

Jesús López-Medel, presidente de la recién creada subcomisión, afirma que se elaborará un dictamen para dar respuesta a las reivindicaciones de las víctimas

MADRID. Por primera vez, las víctimas del ETA serán escuchadas de forma directa en el Congreso de los Diputados. La primera sesión se celebra hoy dentro de la recién creada Subcomisión sobre Víctimas del Terrorismo, de la que es presidente Jesús López-Medel, del PP. La inaugurarán el presidente de la Asociación Nacional de Víctimas del Terrorismo, Luis Portero; el presidente del Foro de Ermua, Vidal de Nicolás, y el portavoz de la ¡Basta Ya!, Carlos Martínez Gorriarán, los tres a petición de PP y PSOE. También acudirá Lucía Cristóbal, de Gesto por la Paz, cuya presencia ha sido requerida por el PNV. Con las sugerencias de los colectivos que comparecerán se elaborará un dictamen para dar respuesta a las demandas de los afectados por la barbarie terrorista.

La iniciativa tiene su origen en el debate de estado de la Nación, en el que se aprobó una resolución para crear una subcomisión especial que analizara los problemas de las víctimas de ETA. El pasado 23 de octubre, los representantes de los grupos parlamentarios la formaron y en la reunión constitutiva se fijó el calendario de comparecencias y el método de trabajo. Para dar cumplimiento a sus aspiraciones, los diputados piensan «trabajar al máximo», ya que el tiempo juega en su contra por la convocatoria electoral del próximo marzo. Así, en apenas mes y medio tendrán lugar todas comparecencias. Los diputados son conscientes de que tienen que «trabajar a fondo» y así lo pusieron de manifiesto en la reunión del día 23, en la que todos mantuvieron una posición de consenso sobre las metas que tiene que alcanzar la subcomisión. Para su presidente, López-Medel, están claras: recoger las demandas de las víctimas y elaborar un dictamen que sirva de base para dar respuesta a las reivindicaciones. «Con esta iniciativa -dice-, se quiere demostrar a las víctimas que, pese a las diferencias ideológicas, la sociedad está unida para escucharlas. El Congreso representa la soberanía y va a ser en sede parlamentaria donde las víctimas del terrorismo van a expresar sus demandas».

Aunque ETA lleva causando víctimas desde hace cuarenta años -será hoy cuando acudan por primera vez al Parlamento para expresar sus reivindicaciones-, López-Medel afirma que «nunca es tarde», al tiempo que destaca las medidas que a lo largo de los últimos años se han puesto en marcha para atender las necesidades de estas personas. «Es cierto -reconoce- que las víctimas han sido objeto de un cierto silencio, pero lo positivo no es lamentarnos por lo que no hemos hecho, sino que, reconociendo esta laguna, ahora queremos aprobar esta asignatura con la puesta en marcha de la Subcomisión especial». Por ella pasarán, además de los que han sido objeto de atentados, aquellos que, a diario, sufren «ausencia de libertad, están perseguidos o marginados por el simple hecho de no ser nacionalistas».

López-Medel dice que «es muy bueno para los políticos escuchar algo tan tremendo, como lo es la tragedia de las víctimas». Por eso está convencido de que sus testimonios no sólo se quedarán en palabras, sino que se traducirán en hechos, es decir, en «mejoras y respuestas a sus reivindicaciones».

El centro cautivo
Por VALENTÍ PUIG ABC 3 Noviembre 2003

LLAMAMOS tropismo a la reacción de animales y vegetales ante estímulos -la luz, por ejemplo- que consiguen modificar su crecimiento. Como analogía, el tropismo electoral es un terreno de múltiples hipótesis. Ocurre en Cataluña con el voto centrista. En las primeras elecciones democráticas a la muerte del general Franco, la UCD fundada por Adolfo Suárez suma diversas iniciativas de centro catalán y logra muy buenos resultados. En 1977 es la cuarta fuerza política más votada en Cataluña, un éxito que pudo considerarse relativo pero que es de primer arraigo en Tarragona y prácticamente hegemónico en Lleida. Por delante de todos iban los socialistas. En las legislativas de 1979 alcanza un 19 por ciento de los votos catalanes, con un total de 571.535. Eran doce diputados y cuatro senadores: entonces la UCD superó a la «Convergència» liderada por Jordi Pujol. En 1980, aquella implantación entró en declive y en las elecciones autonómicas «Centristes de Catalunya-UCD» se quedó en 287.610 votos. El gran bajón fue en la circunscripción de Barcelona. El voto centrista se había trasladado en buen parte a un pujolismo que practicaba una estrategia autonomista y se convertía en voto útil. Ahora, de Pujol a Artur Mas esta estrategia aparece menos nítida, enturbiada por la conjunción de la inexperiencia y la fuga hacia delante.

Más de veinte años después, los cambios generacionales y las mutaciones de la sociedad catalana no permiten especular «in vitro» sobre la futura adhesión del voto centrista. En gran proporción, quienes votan ya no son los mismos pero la fase postpujolista abre un interrogante sobre el voto centrista, constitutivamente reacio a los experimentos y a la noción inestable del soberanismo. Para Aznar, estas elecciones autonómicas coinciden con una erosión palpable de lo que llamaríamos consenso identitario. Desde esta tesitura, la sociedad catalana pudiera ser aún más receptiva a los logros de la política económica del PP, pero lo cierto es que la demonización del aznarismo por parte de no pocos resortes de la opinión pública, en gran parte los medios de comunicación bajo el control pujolista, obstruye el mensaje que intenta transmitir un candidato como Josep Piqué. El tropismo centrista requiere todavía de unos estímulos que serán atisbados en estas elecciones autonómicas y que -según la estrategia del aznarismo- llegarán a cotas mucho más efectivas en las próximas elecciones generales. Estaríamos ante nuevos ejes y formulaciones del catalanismo. En términos metafóricos, la marcha de Jordi Pujol ya libera votos cautivos.

El nacionalismo catalán ha perdido, en los últimos tiempos, grandes dosis de capital simbólico y la idea de transversalidad -uno de los engendros más manifiestos de la politología a la catalana- va dando paso a una normalidad, algo que los fundamentalistas de la identidad catalana consideran un proceso de homogeneización que atenta contra la esencia de Cataluña. En realidad, significa una acomodación a la realidad social después de años de una Cataluña virtual, sustraída a lo real por una retórica pervasiva. El votante centrista de hace veinte años no es, ciertamente, el votante de hoy. Sus incentivos y su naturaleza han cambiado sustancialmente, del mismo modo que España ha cambiado y que el PP ha ido ajustando el paso a la larga marcha del centrismo. En el caso de unos resultados que desembocasen en un acuerdo postelectoral PSC-ERC-ICV -es decir, socialistas, independentistas y comunistas- los estímulos para la reconstitución del voto centrista serán de nueva envergadura en un paisaje descentrado. Entre otras cosas, eso ocurriría porque ese frente a la balear es el menos deseado por los electores de Cataluña. A lo mejor todo recomienza por Lleida y Tarragona.

plan soberanista
El Ayuntamiento de Vitoria aprueba una declaración en la que exige la retirada inmediata del 'plan Ibarretxe'
El texto rechaza cualquier intento de ruptura y recalca que "Vitoria quiere seguir siendo capital del País Vasco"
La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Vitoria ha aprobado, en el seno de la reunión extraordina y urgente que ha celebrado esta mañana, una declaración institucional en la que insiste en exigir la retirada "inmediata" de la iniciativa planteada por el lehendakari, Juan José Ibarratxe, "por ser contraria a la construcción europea, a la Constitución Española y al Estatuto de Gernika".
AGENCIAS / VITORIA El Correo 3 Noviembre 2003

El texto aprobado hoy será debatido en el Pleno municipal del próximo viernes, 28 de noviembre. A través de la citada declaración, el equipo de gobierno del Consistorio de la capital alavesa reitera "su compromiso activo en la defensa de la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Gernika, fuentes de legitimidad de las instituciones democráticas y expresión de la voluntad de convivencia entre los españoles y los vascos".

A su vez, denuncia que "el Plan propuesto socava los fundamentos de nuestra convivencia introduciendo un grave riesgo de fractura social y de incertidumbre económica", al tiempo que considera que "los fundamentos del Plan no sólo no se corresponden con nuestra historia ni con nuestra tradición foral, sino que son contrarios a la identidad mayoritariamente sentida de los vitorianos, los cuales han expresado reiteradamente su voluntad de concordia y de vida en común en el seno de la España constitucional, en una Europa unida, dentro de los marcos de encuentro de la Constitución y el Estatuto".

Acto seguido, la Comisión de Gobierno reitera su compromiso "con la defensa de las instituciones democráticas y el Estado de Derecho" y apela "al sentido de la responsabilidad de los distintos representantes políticos para que ejerzan sus obligaciones con lealtad a la legalidad que les sustenta".

Capital del País Vasco
Así, tras recalcar que "Vitoria quiere seguir siendo la capital del País Vasco en unión y solidaridad con el resto de las ciudades de España", rechaza "cualquier intento de ruptura o de confrontación entre los tres territorios vascos o entre estos y el resto de España" y exige "la retirada inmediata de la iniciativa por ser contraria a la construcción europea, a la Constitución Española y al Estatuto de Gernika".

Previamente, en el mismo texto, la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Vitoria considera que "el proyecto del lehendakari Ibarretxe tiene como objetivo destruir el marco de convivencia de los vascos que representa la Constitución Española y el Estatuto de Gernika". A su vez, critica que, además, "rompe con el pacto constitucional, resultado de un trabajo de consenso y de diálogo de todas las formaciones políticas, que diseña un modelo organizativo que da la mejor respuesta a la personalidad de los Territorios Históricos del País Vasco".

Al término de la reunión que celebró esta mañana la Comisión de Gobierno del Consistorio vitoriano, el alcalde de la ciudad, Alfonso Alonso, insistió en solicitar la retira del Plan Ibarretxe, al tiempo que le instó al lehendakari a que "vuelva al seno de la legitimidad que le esá sustentando como lehendakari".

Educación recurrirá a los tribunales si la Geralitat no imparte las cuatro horas de castellano
Pilar del Castillo recuerda que el Ejecutivo central puede intervenir en los programas escolares porque "se entrega un título con homologación estatal"
Barcelona Ep Estrella Digital  3 Noviembre 2003

La ministra de Educación, Cultura y Deportes, Pilar del Castillo, aseguró que el Gobierno "acudirá a los tribunales" si la Generalitat no aplica las cuatro horas de enseñanza del castellano previstas en la nueva Ley de Calidad Educativa. Del Castillo defendió las competencias del Ejecutivo central para intervenir en los programas escolares porque "se entrega un título con homologación estatal".

La Ley de Calidad Educativa "garantiza el bilingüismo" y se limita a aplicar "una serie de requisitos que permitan cumplir lo que ya está establecido, explicó la ministra en una entrevista que publicaba ayer 'El Periódico de Catalunya'.

Del Castillo consideró que hasta ahora ha habido una "interpretación laxa" de la normativa, que la nueva Ley pretende corregir y alertó que "habrá un requerimiento" a la Generalitat para que se aplique la ley y "si no se cumple se recurrirá a los tribunales". La ministra también confirmó su asistencia a la edición de los Premios Goya de la Academia del Cine Español el año próximo pero expresó su deseo de que la gala sea "una celebración".

Sobre las polémicas entre el Gobierno y el colectivo de actores y cineastas, del Castillo explicó que ha tenido "una relación excelente en el plano profesional y en el personal, con los productores y con los actores también". La ministra consideró que "una cosa son las opiniones políticas, que cada persona puede expresar" libremente, y otra "los problemas específicos del sector".

En este sentido, del Castillo consideró que la crisis que atraviesa el cine español es consecuencia del crecimiento de la industria. La ministra se preguntó, sin embargo, si el mercado de habla hispana puede "absorber con garantías que se hagan 137 películas en un año".

Respecto a la retirada de la ayuda pública a la exhibición en Londres del documental 'La pelota vasca', del Castillo afirmó que este año "no se ha podido ofrecer" pero que el Gobierno "ha dado muestras constantes de apoyo a muchas manifestaciones de la cultura vasca". La ministra reconoció que no ha visto la película pero que espera hacerlo en poco tiempo.

Finalmente, del Castillo comentó los dos grandes acontecimientos culturales del próximo año, la celebración del centenario de Dalí y el Forum Universal de las Culturas de Barcelona. Sobre el primero, del Castillo quitó importancia al hecho de que la exposición más importante sobre el pintor no se podrá ver en España y aseguró que "en ningún país habrá una celebración más importante de Dalí que las que se organizarán en España".

Respecto al Forum, expuso que el ministerio está dispuesto a financiar un tercio del coste total del acontecimiento, aunque advirtió que las administraciones "tienen la obligación de ajustar los costes y gestionar con eficiencia". La ministra recordó que "el dinero que gestionan las administraciones no les pertenece", por lo que éstas tienen la obligación de "no desaprovechar ni medio euro de los que dedican a cualquier tipo de actividad".

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