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Recortes de Prensa     Sábado 8  Noviembre 2003
TRES ACTITUDES ERRÓNEAS ANTE EL «PLAN IBARRETXE»
CARLOS MARTÍNEZ GORRIARÁN ABC 8 Noviembre 2003

Los vascos delante y nosotros detrás
Carmen Leal Libertad Digital  8 Noviembre 2003

Recursos contra Ibarreche
Editorial La Razón 8 Noviembre 2003

Cataluña y el voto fragmentado
Editorial La Razón 8 Noviembre 2003

MENSAJES CRUZADOS EN CATALUÑA
Editorial ABC 8 Noviembre 2003

Lo que quedará del pujolismo sin Pujol
Julián Lago La Razón 8 Noviembre 2003

SABINO ARANA
Jaime CAMPMANY ABC 8 Noviembre 2003

Impugnación
Editorial El Correo 8 Noviembre 2003

Y ahora es una reforma del Estatuto
Ramón Villota-Coullaut Libertad Digital  8 Noviembre 2003

El PNV insiste
Editorial Heraldo de Aragón  8 Noviembre 2003

Cínicos
Cartas al Director ABC 8 Noviembre 2003

El Gobierno recurre al TC para lograr la inmediata suspensión del plan Ibarretxe
NIEVES COLLI ABC 8 Noviembre 2003

Oreja pide que el debate sobre el Plan Ibarretxe se centre en la próxima negociación entre PNV y ETA
Libertad Digital 8 Noviembre 2003

Anécdotas y categorías
Juan Carlos Girauta Libertad Digital  8 Noviembre 2003

Ibarreche ha aprobado un gasto de más de 2 millones de euros en cinco «embajadas»
Diego Mazón - Madrid.- La Razón 8 Noviembre 2003
 

TRES ACTITUDES ERRÓNEAS ANTE EL «PLAN IBARRETXE»
Por CARLOS MARTÍNEZ GORRIARÁN Profesor de Filosofía Universidad del País Vasco ABC 8 Noviembre 2003

RESULTA evidente que el nacionalismo vasco cuenta a su favor con la confusión general que causa su política, confusión extendida al modo de oponerse a su proyecto de secesión para Euskadi. Basta con leer estos días los periódicos para percibir que el rechazo general al Plan Ibarretxe es todavía poco más que un acuerdo genérico sobre su inconstitucionalidad, y poco más. Sin embargo, son muchos los que siguen abrigando ilusiones tan peligrosas como que se trata de una propuesta negociable y reducible a límites razonables, o bien que es algo tan descabellado que chocará por sí mismo con la realidad y con los poderes del Estado, por lo que no merece la pena preocuparse demasiado. El nacionalismo gobernante sabe muy bien que cuanta más confusión produzca mejor le irá, y se aplica a incrementarla todos los días mediante astucias como la tramitación irregular del Plan iniciada en el Parlamento Vasco. A estas alturas son muchos los que dudan si se trata de pasto para las tertulias radiofónicas, de un proyecto de ley, de una propuesta de reforma del Estatuto, de un híbrido de todo o de algo totalmente distinto. Ibarretxe espera que su conejo llegue a la meta mientras los demás, perdidos en el limbo de la confusión, discuten si son mejores los galgos o los podencos.

Sin embargo, a estas alturas nadie debería dudar del verdadero carácter del Plan Ibarretxe, mera expresión de las ambiciones provisionales nacionalistas para los próximos diez o quince años, a las que seguirán sin duda otras nuevas y de más definitiva hegemonía si el Plan prospera. Pues bien, aunque resulte sorprendente todavía hay quien, sencillamente, no puede o no quiere entender el significado del famoso Plan, que no es otra cosa que un chantaje político travestido de propuesta teórica de reforma constitucional.

Unos prefieren creer que es una maniobra aventurada -otro bandazo del péndulo- dentro de una vulgar negociación; según esta teoría sindical, Ibarretxe habría presentado un programa máximo con la esperanza de regatear la obtención de más competencias de un Gobierno cicatero. Otros prefieren pensar que algo tan absurdo como el Plan chocará por sí mismo con la dura realidad, cayendo bajo el peso de la imposibilidad jurídica de su triunfo; según esta teoría distante y pasiva, el Gobierno central se encargará de poner orden impidiendo prosperar a ese monstruo político a golpe de recurso constitucional. Finalmente están los rebosantes de buena intención y corrección política que aconsejan no darle demasiada importancia y hablar lo menos posible del asunto; bastaría con esperar a que Ibarretxe y su mariachi entren en razón para pasar a negociar la cosa hasta convertirla en una Reforma del Estatuto vasco metida como sea en la Constitución, con la cirugía jurídica que haga falta.

Ibarretxe espera explotar a fondo las ventajas de estas tres actitudes: la de minusvalorar el significado del Plan, la de esperar que Madrid lo barra debajo de la alfombra judicial, y la de esperar a ver qué pasa dejando la iniciativa en sus manos. La primera extiende el equívoco y refuerza su falsa legitimidad -¿qué hay de malo en presentar una propuesta abierta y negociable?-, la segunda propugna la pasividad y desmoviliza a la ciudadanía vasca, y la tercera facilita la gestación del Plan y tolera su consolidación paso a paso, golpe a golpe. Estas tres actitudes son otras tantas formas de error, porque ayudan a convertir un chantaje político indecente, inseparable de los efectos perversos del terrorismo, en algo banal, ajeno o respetable.

Como sus numerosos apologistas se afanan en probar, la principal virtud del Plan consiste en que servirá para dar fin al terrorismo nacionalista vasco, de modo que tanto las víctimas y gentes amenazadas como los verdugos y sus familias puedan vivir tranquilamente. Pero ese argumento admite de modo implícito dos consecuencias inapelables: una, que si el Plan no prospera seguirá la violencia política nacida del supuesto conflicto político irresuelto, trasladando la responsabilidad por la perpetuación del terrorismo a las víctimas; y dos, que si hay Plan es, precisamente, porque hay víctimas de ETA y no hay paz ni libertad. Esto significa a su vez dos cosas más: que al no haber libertad para rechazarlo el Plan es sencillamente impresentable -como ha recordado Baltasar Garzón-, y que el Plan regala a ETA nada menos que la potestad de arbitrar el futuro político de España y del País Vasco -y al menos en ese sentido el Plan también es de ETA, como denuncia Jaime Mayor Oreja. Por ambas razones, y hay muchas otras -económicas, culturales, cívicas-, la mera presentación de semejante Plan constituye un atentado contra la democracia, no importa de qué lo disfracen.

Las respuestas apropiadas contra este desafío son, como parece lógico, antitéticas con las tres actitudes erróneas señaladas. Parar el Plan reclama lucidez acerca de su significado inequívocamente antidemocrático, que persigue instaurar la hegemonía de una ideología política -el nacionalismo vasco- sobre todas las demás. Exige también la movilización ciudadana, sobre todo de la ciudadanía vasca, objeto y sujeto pasivo de este dislate. Y requiere tomar la iniciativa para frenar en seco la tramitación del Plan antes de que las consecuencias de su desarrollo permita la metástasis que Leo Wieland ha descrito, en el Frankfurter Allgemeine Zeitung, como «una balcanización de España que avance a hurtadillas»; el mismo periodista concluye que «por sí sola aquella mitad no nacionalista del País Vasco que no quiere un «Estado libre», sino un statu quo más liberal, debería contar con un apoyo activo».

En efecto, es hora de pedir a los europeos conscientes de que se manifiesten contra el peligro general contenido en el Plan Ibarretxe, como han ido haciendo Bernard-Henri Lévy, Paul Preston, Jürgen Habermas o la estadounidense Susan Sontag. De extenderse el ejemplo vasco, las oligarquías locales podrían extender por toda Europa el proceso de sustitución de grandes naciones políticas democráticas como España o Francia por pequeñas naciones étnico-ideológicas y autoritarias como la Euskal Herria nacionalista. Que ahora parezca improbable no garantiza que no sea posible, porque si algo enseña la historia de los dos últimos siglos es lo fácil y corriente que resulta que algunas pesadillas impensables se hagan realidad. Tampoco les parecía posible a los redactores de nuestra Constitución la deslealtad contumaz de los nacionalistas vascos o su explotación descarada de las víctimas, y del terrorismo que las causa, en beneficio de una hegemonía prácticamente incontestable. Y en eso andamos.

Los vascos delante y nosotros detrás
Carmen Leal Libertad Digital  8 Noviembre 2003

Las elecciones autonómicas de Cataluña van a ser algo más que la elección de un gobierno autonómico y un nuevo presidente de la Autonomía catalana. Pueden ser el inicio de una sustancial modificación del Estado a través de una modificación del Estatut. Modificación propuesta en los programas por los partidos el liza, excepto el PP. Esta “modificación” no ha sido demandada por la ciudadanía, sino por una clase política formada por una burguesía acomodada, de ambición desmedida, que abultando un sentimiento identitario, potenciando exageradamente las diferencias entre las distintas autonomías y modificando convenientemente la Historia, pretende demostrar a la ciudadanía que “Som una Nació”, y que para perpetuarnos necesitamos un Estado. Un federalismo asimétrico, según Maragall, podría ser un primer paso. En lontananza la secesión, pasando por la “autodeterminación de los pueblos”

El nacionalismo identitario en Cataluña impregna todos los partidos excepto el PP, y éste no se atreve a dar una imagen nítida de “no nacionalismo” que no es lo mismo que “antinacionalismo”. La descalificación continuada del PP en los medios, o el ninguneo, hace que la sociedad catalana lo perciba no como un partido de centro derecha, liberal y democrático, sino como “la derechona” que manda en España casi de manera dictatorial, y que “si negociamos es porque no nos queda otro remedio,” pero que es el causante de todas nuestras desdichas. Hasta el anuncio del compromiso matrimonial del Príncipe de Asturias con Doña Leticia Ortiz se interpretaba en TVB, en un alarde de ombliguismo mediático, como hecho para desviar la atención de las elecciones catalanas. Solo faltó añadir con premeditación, alevosía y nocturnidad.

Comentaristas políticos y sondeos de opinión no dan a ningún partido político los suficientes votos como para formar gobierno. Se imponen las alianzas y aparece como favorito ERC. Es decir, que tanto CiU como PSC han de pactar con ERC. Partido que tiene explícitamente en su programa la Independencia de Cataluña, que no ha condenado el plan Ibarreche, y que tiene una muy buena relación con los secesionistas vascos a juzgar por las banderas independentistas catalanas que con frecuencia vemos en eventos nacionalistas vascos. Así las cosas, cabe preguntar cómo es posible que, siempre según los sondeos, crezca tanto un partido secesionista radical ¿Quiénes son los votantes de ERC que van a darle su voto ? Pues como su nombre indica gentes de izquierda, pero de izquierda radical, y ese radicalismo se da con frecuencia en la juventud. Una juventud formada en una escuela, cuya finalidad es hacer ciudadanos de la Nació catalana, que no tiene nada que ver con la Nación española. Nosotros “somos diferentes “gracias a una hipervaloración de ciertas especificidades culturales: lengua, costumbres, leyendas, en una escuela obligatoria y gratuita durante diez años. Diez años de uniformización del pensamiento ¿Diez años de adoctrinamiento nacionalista?

Si Maragall ha moderado su discurso y ahora promueve un “catalanismo con acento andaluz o asturiano”, es para atraer el voto de los miles de trabajadores del cinturón industrial de Barcelona, que no son nacionalistas, que votan PSOE en las Generales y no votan en las Autonómicas. Pero su posible alianza con ERC, que no cesa de proclamar estos días su “nacionalismo radical”(ley de educación “catalana”, amenaza de sanciones si no se utiliza el catalán etc.) inclinaría la balanza hacia posturas radicales. Respecto a CiU, que solo emplea el castellano para pedir el voto a las gentes procedentes del resto de España, que dice que en Cataluña solo se obliga a hablar catalán a los funcionarios, cuando todo el mundo sabe que no hay rotulación viaria bilingüe, ni escuela bilingüe, ni instituciones bilingües, ni nada bilingüe que dependa de la Generalitat, fruto de una “normalización lingüística” que dura 25 años, la supuesta alianza con ERC no iba a moderar su actuación.

Al PP catalán los sondeos le dan un crecimiento significativo, pero sigue siendo una cuarta fuerza política, insuficiente para tenerlo en cuenta a la hora de los pactos. A pocos días de las elecciones catalanas, esta es la situación: un presumible giro hacia la secesión. Y todo esto a la sombra del Pacto de Barcelona entre PNV, CiU y los nacionalistas gallegos, con el plan Ibarreche en primer término.

No son casuales las palabras de Jordi Pujol en una conversación privada con un director de un periódico catalán, y que recoge Vidal-Quadras en “El hombre uninacional” (El periodico 24/10/2003): “els bascos obren forat i nosaltres entren darrera” (los vascos abren camino y nosotros entramos detrás).

Carmen Leal es profesora de Lengua española y Literatura

Recursos contra Ibarreche
Editorial La Razón 8 Noviembre 2003

El Consejo de Ministros ha puesto en marcha la maquinaria legal para hacer frente al reto lanzado por el nacionalismo vasco con su plan secesionista. Así, el próximo día 13, se presentarán ante el Tribunal Constitucional sendos recursos, uno contra la decisión del Gobierno de Ibarreche al poner en marcha el plan, y otro contra la mesa de la Cámara vasca al admitirlo a trámite para su proceso parlamentario.

El Gobierno estaba obligado a actuar, no ya contra la letra del plan, algo que se producirá en otros momentos, sino incluso contra la toma de acuerdos, de resoluciones que, según la Constitución, quedan fuera de las competencias autonómicas. Lo que ahora debe valorar el Constitucional, no es tanto el plan en sí mismo ni la oportunidad del debate, sino sencillamente si se ha puesto en marcha de forma legal. Porque lo cierto es que el Gabinete de Ibarreche tiene derecho, y los medios precisos, para plantear una reforma del Estatuto de Autonomía, pero siempre y cuando lo haga por el procedimiento que marca la Ley. Salirse del mismo, y plantear su proyecto de forma tan desafiante como chulesca, puede quizás formar parte de una estrategia victimista para alimentar la confrontación. Y sin duda el Gobierno lo habrá tenido muy en cuenta, pero en modo alguno podía o debía sustraerse a su obligación de velar por la legalidad. Por eso, recurrir al Constitucional, no pude calificarse como judicialización de un «problema político», sino, simplemente, como deber un Gobierno democrático obligado a velar por la legalidad.

Cataluña y el voto fragmentado
Editorial La Razón 8 Noviembre 2003

Al igual que el resto de los sondeos que se han venido publicando, la macroencuesta del CIS sobre las elecciones catalanas, realizada a finales de octubre sobre la base de 3.600 entrevistas, refleja una amplia dispersión en las preferencias de los votantes. Ni los socialistas de Maragall, ni los convergentes de Mas consiguen superar el listón del 35 por ciento de las intenciones de voto, mientras que entre el resto de los partidos en liza sólo la Esquerra de Carod Rovira experimenta un incremento sensible en sus expectativas, hasta el punto de poder convertirse en el árbitro de dos posibles coaliciones: una de carácter nacionalista, con CiU; y otra de «izquierda progresista», con el PSC. Es evidente que ninguna de las dos opciones dejarían completamente satisfechos a sus votantes, pero en una Comunidad donde el 60 por ciento de la población declara que es perfectamente compatible la doble identidad española y catalana, debería pesar más a la hora de elegir coalición el modelo de política social que las coincidencias en la identificación nacional.

Aun así, no cabe duda de que el acento en el discurso nacionalista va a influir en la orientación del voto del alto número de indecisos, un 30 por ciento, que refleja la encuesta. De éstos, casi un 20 por ciento duda entre CiU y ERC; mientras que un 10 por ciento lo hace entre el PP y Convergencia. Ante este panorama, no cabe duda de que un buen resultado de los populares contribuiría a moderar las tensiones que, inevitablemente, va a generar el radicalismo de la Esquerra, indistintamente de los socios que elija.

MENSAJES CRUZADOS EN CATALUÑA
Editorial ABC 8 Noviembre 2003

LA encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha ratificado las tendencias de los sondeos publicados hasta ahora sobre las elecciones catalanas del próximo día 16. La izquierda independentista -Esquerra Republicana- se convertirá, según las encuestas, en el pivote del futuro Gobierno, gracias al aumento de su representación, que, en el estudio del CIS, pasaría de 12 a 18 escaños, nutrido por los descensos significativos de Convergencia i Unió (CiU) y del PSC de Pasqual Maragall, causantes también, aunque en menor medida, de los ascensos del Partido Popular e Iniciativa Per Cataluña. La diferencia de un escaño entre CiU y PSC, a favor de la coalición nacionalista, sólo será relevante, si se confirma, para fijar el número del dorsal, pero la formación de gobierno dependerá de una transversalidad con el eje en Esquerra, ante la posible insuficiencia de la representación del PP y el más que improbable pacto PSC-CiU.

En este contexto que sólo discute las dosis de izquierda y de nacionalismo que integrarán el próximo gobierno y que acepta el preocupante ascenso de una izquierda independentista, el PP, de la mano de Piqué, está jugando la baza de un mensaje propio, sin adherencias, muy consciente de su papel colindante con sectores de la izquierda no nacionalista descontentos de las piruetas de Maragall y con sectores del nacionalismo moderado incómodos ante una deriva soberanista de CiU. La idea fuerte del PP era no desmerecerse como beneficiario del pujolismo ni volcar sobre el panorama político catalán los debates radicales del País Vasco. La realidad hacía aconsejable este planteamiento, a la vista de que, en efecto, la convivencia política en Cataluña no es la del País Vasco, ni el debate estatutario se ha planteado con los términos de hostilidad y ruptura por los que ha optado Ibarretxe. Las ideas extremistas y anticonstitucionales no circulan por Cataluña en las cartucheras de los terroristas.

El futuro dibuja una escasez de opciones que obliga al PP catalán a administrar sus mensajes con el menor riesgo posible y la máxima corrección. Sin embargo, ni el PP ni el PSC se han sustraído al tablero nacional y lo han sentido directamente desde sus filas con mensajes cruzados, con Pujol como tema, en boca de Mayor Oreja y José Bono. Sus juicios sobre la herencia del pujolismo o las condiciones personales del aún Honorable pueden valer tanto para criticar al nacionalismo catalán con planteamientos de consumo fuera de Cataluña como para lanzar avisos a sus propios partidos sobre la coherencia y la unidad. Pero han ido a toparse con una referencia histórica que la sociedad catalana, en su conjunto y con un consenso generalizado, identifica con una forma inteligente de hacer política y de procurar la convivencia. Es comprensible el disgusto de Piqué y su equipo. Saben bien que la percepción que la sociedad catalana tiene de sí misma no es compatible con los brochazos comparativos con el País Vasco ni con la descalificación de quien ha sido su presidente durante más de veinte años. Por eso, el disgusto de Piqué, más que por el error de apreciación sobre Pujol, se debe al riesgo de descentración del PP a los ojos de aquellos que son sus potenciales votantes del nacionalismo sociológico, no militante. Esa parte del electorado que se mueve en posiciones moderadas y demanda de la clase política prudencia y mesura en sus diagnósticos. Porque, más allá de la disputa partidista, habrá que convenir en que no hay un «problema catalán».

Lo que quedará del pujolismo sin Pujol
Julián Lago La Razón 8 Noviembre 2003

Bueno, pues eso, que Pujol se va dejando a su sucesor Artur Mas, que es un guaperas de comedia americana, tipo Rock Hudson, una herencia nada de película, difícil de administrar, que ya veremos en qué queda después del 16 de noviembre cuando pase su primer test en las urnas. Se abre, por tanto, una etapa cargada de interrogantes para el nacionalismo catalán en la medida en que sin Pujol, todo poder personal, nada será igual en el postpujolismo.
Así que nadie, por lo pronto, pondrá ahora la mano en el fuego sobre el futuro de la actual federación de Convergencia i Unió que no sobrevivirá tal cual, es decir, como un poder omnímodo, virreinal y no transferible en cualquier caso. Parece claro que Mas, por mucho look de ejecutivo que tenga, carece del indiscutible liderazgo de Pujol, que es un tío más feo, bajito y con aspecto de malo de una serie de extraterrestres.

Vamos, que Mas nunca recibirá la testamentaría al cien por cien de su padrino, cuya biografía de antifranquista, con cárcel incluida, Pujol ha sabido rentabilizar políticamente a lo largo de toda su carrera política. Desde luego, en Cataluña mandar ha mandado un huevo, o dos, como nadie por descontado, a partir de esa especie de supermercado del nacionalismo catalán, de bazar de mercancías varias, que es CiU donde ha mezclado las sardanas con los botiguers, las pelas con la Virgen de Monserrat y la mitología con el pragmatismo.

O lo que es lo mismo, que no nos extrañaría que antes o después el postpujolismo se liquidará no por cambio de actividad sino porque los actuales socios dejen de serlo. Verbigracia, porque los convergentes más radicales se aproximen a la Ezquerra Republicana de Carod-Rovira, que es la estrella ascendente, y porque otro tanto ocurra con los democristianos de Durán i Lleida , que son los menos nacionalistas, con un PP catalanizado por Piqué, con lo que al final, y si no al tiempo, en medio quedará el núcleo duro, pero mermado, del pujolismo biológico.
A base de mucho victimismo nacionalista, mucho chalaneo con Madrid y mucho clientelismo también, Pujol ha ejercido de mercader manejando tramas familiares, tráficos de influencias e intereses económicos varios que, cual mago, ha ido sacando de su magín como le ha parecido a lo largo de estos veinticuatro años de poder omnipresente. O sea, que después de casi un cuarto de siglo de gobierno, su retirada es algo más que un relevo político, es casi un traspaso de negocio con buena caja .

Dicho de otra forma, en nombre del nacionalismo Pujol ha convertido Cataluña en un lobby desde el que ha practicado una política cultural, lingüística y mercantil que podríamos calificar de separatismo de trueque bajo el disfraz de un cierto sentido de Estado, cosa que ha vendido a los gobiernos de Madrid siempre detrás de un mostrador, a tanto la pieza..

SABINO ARANA
Por Jaime CAMPMANY ABC 8 Noviembre 2003

EN castellano, «arana» significa embuste, y también fraude o estafa, y de mentiras y fraudes están plagados los escritos políticos de Arana, don Sabino, fundador del nacionalismo vasco y padre espiritual de Javier Arzalluz y de Juan José Ibarreche. Vivió poco este Sabino Arana, pero lo suficiente para dejarse escrita una colección especialmente repugnante de insultos a los españoles y de miserables vituperios a las españolas. Nació en la segunda mitad avanzada del siglo XIX y falleció a los 38 años al comienzo del XX, precisamente en el 1903, de modo que este año se cumple el centenario de su muerte.

La mejor manera de celebrar ese centenario sería la de editar las Obras Completas del repulsivo personaje, y así los nacionalistas vascos tendrían ocasión de conocer particularmente y por menudo el pensamiento de su fundador, su doctrina entera y verdadera sin mutilaciones ni censuras, y de dónde vienen ellos y hacia dónde les llevan los dirigentes del PNV e intérpretes del singular doctrinario. He buscado los escritos de Arana y sólo he encontrado antologías y textos más o menos mutilados. Los mismos nacionalistas que creen y siguen esa doctrina esconden y expurgan sus textos, se avergüenzan de ellos y nunca los enseñan. Jamás he oído a Arzalluz, a Ibarreche, a Anasagasti o a Eguíbar citar un texto representativo del pensamiento de Arana. Es como si los cristianos ocultáramos el Evangelio.

Ya que los nacionalistas, que son sus seguidores, no lo hacen, alguien tendría que ocuparse en recopilar los escritos de Sabino Arana y hacer de ellos una edición completa y asequible, para que quien quiera pueda conocer su predicación. No basta con erigirle una estatua en Bilbao, esa estatua a la que Alfonso Ussía llama el «monumento al Tonto», sino que es necesario divulgar lo posible sus ideas para que todo el mundo conozca las tonterías del Tonto. Bien es verdad que, como dice el refrán, al tonto se le conoce pronto, y un florilegio de frases elocuentes ofrecería una idea aproximada del personaje, pero sus frases escogidas despiertan la curiosidad de conocer sus obras en toda su escatológica extensión.

La manera que tiene Arana de atribuir a los vascos las excelencias de una raza superior y privilegiada, algo así como las virtudes de un «pueblo elegido», y la desvergüenza con que señala a los «maketos» españoles como ejemplo de suciedad, de pereza y de descreimiento son dignas de ser conocidas por todos. Es bueno saber con quién nos estamos jugando algo más que los cuartos en el País Vasco. Porque Arana nos trata de guarros que no se lavan, de vagos que no dan golpe, de ladrones que roban lo ajeno, de blasfemos que ofenden a Dios y de gentes sin cultura, sin conciencia, sin moral. Lo menos ofensivo que dice de las mujeres españolas es que son tan desaseadas y cochinas que el olor de su ropa interior resulta insoportable para un vasco. Los «maketos» no sabemos comer, ni vestir, ni trabajar, ni hablar, ni rezar, ni siquiera lavarnos. Hay que leer a Sabino Arana para saber hasta dónde puede llegar la estupidez de los hombres. O sea, de algunos mequetrefes.

Impugnación
Editorial El Correo 8 Noviembre 2003

La decisión definitiva del Consejo de Ministros de impugnar el próximo jueves ante el Tribunal Constitucional la aprobación por parte del Gobierno vasco del texto articulado del plan Ibarretxe sitúa el debate político en torno a la 'Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi' en un punto crucial. El Gobierno Aznar ha optado por la vía de la impugnación inmediata entendiendo que así lo permite el artículo 76 de la Ley Orgánica del TC, cuando -en desarrollo del 161.2 de la Constitución- contempla la posibilidad de que puedan ser impugnadas ante el Alto Tribunal «las disposiciones normativas sin fuerza de Ley y resoluciones emanadas de cualquier órgano de las comunidades autónomas». Será el Constitucional el que, en el procedimiento de admisión a trámite, resuelva en última instancia las dudas que puedan existir sobre la pertinencia o no de la iniciativa gubernamental. En este sentido, las decisiones que el TC adopte ante la impugnación permitirán a la sociedad en general tomar conciencia sobre la naturaleza misma del proyecto político que auspicia el lehendakari Ibarretxe y no sólo sobre los problemas de procedimiento que acarrea su tramitación parlamentaria.

Sin embargo, incluso en el caso de que la tramitación parlamentaria acabe siendo suspendida por el Alto Tribunal, es muy probable que Euskadi como comunidad política y la relación de sus instituciones autonómicas con las instancias centrales del Estado sigan siendo sometidas a una tensión que amenaza con la fractura definitiva. Es tal el empecinamiento nacionalista por dar paso al período constituyente de una nueva Euskadi, libre de los compromisos constitucionales que vinculan a la autonomía vasca con el resto de España, que puede llegar a obviar los mecanismos previstos en nuestro Estado de Derecho. Eso indica, al menos, el que los promotores de la iniciativa impugnada ya hayan prejuzgado la decisión futura del Tribunal Constitucional, destacando su sometimiento al dictado del Gobierno Aznar.

Pero también es cierto que los desencuentros políticos y de convivencia graves no siempre pueden ser zanjados por los tribunales -especialmente cuando existe una abierta disposición a eludir el cumplimiento de sus sentencias-, ni deben ser el último espacio donde se diriman las diferencias políticas, por muy irreconciliables que sean. Nuestro sistema democrático, sus instituciones y sus cauces de representación y de participación, han de cobrar una presencia activa que vaya más allá de la judicialización de cada divergencia. A los tribunales les corresponde clarificar los puntos de fricción. A los políticos acatar sus resoluciones y proponer alternativas y proyectos a sus conciudadanos. Y a la sociedad reivindicar un marco de estabilidad, rigor y consenso que iniciativas como la 'Propuesta de Estatuto de la Comunidad de Euskadi' amenazan con dilapidar.

Plan Ibarretxe
Y ahora es una reforma del Estatuto
Ramón Villota-Coullaut Libertad Digital  8 Noviembre 2003

El Plan Ibarretxe, la Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi, un auténtico fraude constitucional, tiene su primer problema. Hay que denominarlo de alguna forma para que el Parlamento Vasco lo estudie, y la mejor fórmula para ello es utilizar la vía de la reforma estatutaria. Proyecto de ley, no parece que lo sea; pero reforma estatutaria, desde luego, tampoco. El artículo 46 del Estatuto Vasco regula esta vía, la de la reforma del Estatuto, pero no desde luego bajo el prisma del Estatuto Político presentado, que más parece una declaración de independencia.

Así, el Plan Ibarretxe ahora se discutirá, si el Tribunal Constitucional no lo impide antes, en el Parlamento Vasco, y en su caso será aprobado por la mayoría absoluta de dicho Parlamento. Así lo recoge el citado artículo 46 del Estatuto Vasco, pero es que este precepto sigue diciendo que la propuesta de reforma del Estatuto –no es tal reforma, evidentemente– requerirá de “la aprobación de las Cortes Generales del Estado mediante Ley Orgánica. Finalmente precisará la aprobación de los electores mediante referéndum.” Si a esto añadimos que la autorización para la convocatoria del referéndum es una competencia estatal, el problema se complica aún más.

Por tanto, aún en el caso en que el Tribunal Constitucional no logre paralizar esta vía para separarse de España utilizando torciteramente su propia legislación –que creo existen mecanismos legales suficientes para impedirlo– el famoso Plan Ibarretxe parte ya de una mentira procedimental. Se introduce como reforma de Estatuto cuando ni lo es ni desea cumplir los requisitos de cualquier reforma estatutaria. Y esto es así desde que el propio plan Ibarretxe, en su Disposición Transitoria 2ª, advierte de que “la falta de acuerdo en la Comisión Mixta (Estado-Euskadi) no impedirá a la Comunidad de Euskadi el ejercicio de las atribuciones o competencias asumidas, que las podrá ejercer con sus propios medios y recursos financieros, sin perjuicio de poder reclamar con posterioridad al Estado ante el Tribunal Superior de Justicia de Euskadi los daños y perjuicios que se hayan podido derivar del retraso en proceder al traspaso debido”. Ahí queda eso. Se elimina la función de las Cortes Generales y asumen las competencias del Estado para convocar un referéndum, tal cual.

Evidentemente, este disparate no puede seguir por más tiempo, porque violentar la Constitución y el Estatuto Vasco para crear un hipotético Estado Vasco –que de eso se trata–, además de ser un absurdo, debe tener una respuesta política y judicial rápida, si no se quiere mantener por más tiempo un fraude a la Constitución y al Propio Estatuto de Autonomía.

El PNV insiste
Editorial Heraldo de Aragón  8 Noviembre 2003

COMO UN símbolo de los desajustes del nacionalismo vasco con la marcha general de la vida vasca y española, surge el proyecto de levantar en el centro de Bilbao una estatua a Sabino Arana, fundador del PNV, racista doctrinario y acaso el personaje más reaccionario de la España contemporánea, con tantos como ha habido. Llega la propuesta a sumarse de intento a otros elementos de tensión. Por ejemplo, la que genera la tramitación del Plan Ibarretxe, que llevará al Gobierno central a solicitar su paralización ante Tribunal Constitucional, la afirmación del portavoz del PNV, Anasagasti, que acusa al Gobierno de empujar a los vascos a tomar las armas -a cuenta de unas rutinarias maniobras militares- y la reiteración de Atutxa, en el parlamento vasco, que ampara a un grupo ilegalizado por los tribunales a causa de sus vinculaciones terroristas en detrimento de un partido no nacionalista, a cuyo líder parlamentario prohíbe personarse en los plenos por replicar a las injurias de la portavoz del grupo ilegalizado.

Cínicos
Cartas al Director ABC 8 Noviembre 2003

Hay personajes que en el ocaso de su vida política parlamentaria no se resignan a aceptar que la defensa y alineación con determinadas ideas políticas debería estar sometida a los límites que la razón y la democracia imponen. Tales personajes continúan con ciego fervor e irresponsables discursos sosteniendo propuestas que, contra toda norma democrática, promueven los partidos, lo que convierte en ridículas y cínicas sus actuaciones, tan ridículas como la falsa apariencia con la que ocultan otras carencias.

Si la juventud vasca se siente «empujada» a la llamada «lucha armada» porque el Gobierno intenta, como es su obligación, que un plan secesionista sea retirado del Parlamento por la inconstitucionalidad de la propuesta y el procedimiento, eso sólo es una muestra del escaso barniz democrático que esa juventud está recibiendo.

Por «lucha armada» sólo cabe entender «terrorismo», que es el arma habitual que utilizan los que no consiguen ejecutar sus planes, o imponer sus totalitarias ideas por la vía democrática.

Sostener que bajo la democracia española no se puede discutir cualquier idea o proyecto, denota un cinismo manifiesto, porque ellos saben, y mejor que nadie, que en España hoy en día se pueden exponer y defender las más disparatadas y absurdas ideas, con la única condición de que se haga sin practicar la violencia ni la extorsión, y respetando siempre las reglas del juego. Y prueba de ello son las catilinarias y apocalípticas diatribas que algunos acostumbran a deponer en el Parlamento.    Mercedes Gonzalez-Llanos. Madrid.

El Gobierno recurre al TC para lograr la inmediata suspensión del plan Ibarretxe
NIEVES COLLI ABC 8 Noviembre 2003

Los nacionalistas responden al Ejecutivo que la interposición del recurso no va a impedir la celebración del debate sobre el «nuevo» Estatuto en la Cámara vasca

MADRID. La Abogacía del Estado impugnará el próximo jueves, día 13, ante el Tribunal Constitucional el plan Ibarretxe. Así lo decidió ayer el Consejo de Ministros y así lo anunció el titular de Justicia, José María Michavila, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno. La decisión se adoptó después de que Michavila y la ministra de Administraciones Públicas, Julia García Valdecasas, expusieran a sus compañeros de Gabinete los criterios que aconsejan acudir al Constitucional.

El objeto del recurso lo constituyen tanto el acuerdo con el que, el pasado 25 de octubre, el consejo de Gobierno vasco remitió al Parlamento autonómico el plan Ibarretxe, como el acuerdo adoptado el 4 de noviembre por la Mesa de la Cámara vasca, que daba curso al documento para su tramitación parlamentaria como proyecto de reforma del Estatuto del País Vasco.

No es un proyecto de ley
Michavila explicó que ambos acuerdos son «actos jurídicos que producen determinados efectos» y, como tales, son «susceptibles de ser impugnados ante el Constitucional». El Gobierno, y así lo entiende la Abogacía del Estado, no ve que se trate de un proyecto de ley -contra el que cabría un recurso de inconstitucionalidad, es decir, un recurso de naturaleza diferente al elegido- sino de resoluciones adoptadas por las instituciones de una determinada Comunidad Autónoma.

La naturaleza jurídica de ambos acuerdos es la que determina que el procedimiento sea la impugnación, prevista en el artículo 161.2 de la Constitución («el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas») y cuyo efecto más inmediato, de ser admitido a tramite el recurso, es la suspensión automática del acto recurrido. Es decir, si el Constitucional admitiera a trámite la impugnación, los acuerdos del Gobierno vasco y de la Mesa de la Cámara quedarían inmediatamente en suspenso, lo que significa que el plan Ibarretxe no podría seguir su tramitación parlamentaria en la Cámara autonómica.

Michavila aseguró en la rueda de prensa que el recurso se presentará por el Gobierno «en el ejercicio de su obligación de defender la Constitución y de garantizar a los ciudadanos el respeto a las instituciones democráticas en todos los rincones de España».

El plan Ibarretxe y su tramitación por el Parlamento autonómico como si de una simple reforma del Estatuto del País Vasco se tratara suponen, aseguró Michavila, un intento «unilateral de mutilar la Constitución», intento que se ha llevado a cabo mediante una operación de «camuflaje jurídico» que esconde un clarísimo fraude de ley. «Se han querido romper las normas democráticas», concluyó el ministro, quien quiso dejar claro que no se trata de impedir la discusión pues el Gobierno vasco habría podido iniciar un debate sobre la reforma de la Constitución, pero por la vía que le permiten tanto la Carta Magna como el Estatuto.

Numerosos son los preceptos jurídicos vulnerados por el Gobierno vasco. No sólo la Constitución en más de 103 ocasiones -«tanto en los procedimientos como en las instituciones constitucionales, el reparto de competencias, los principios constitucionales y los valores democráticos que la sustentan», indicó Michavila-, sino también el propio Estatuto vasco, el Reglamento de la Cámara autonómica y el «bloque constitucional», integrado por normas tan trascendentales para el funcionamiento de la democracia española como la Ley Orgánica del Poder Judicial, la del Tribunal Constitucional, la que regula el Ministerio Fiscal o la del Tribunal de Cuentas, entre otras.

La vulneración del Estatuto y del Reglamento del Parlamento vasco son, indicó el ministro, una de las peculiaridades de la situación provocada por el plan Ibarretxe. «El Gobierno vasco -dijo- vulnera la propia norma que le da legitimidad».

Y lo hace, añadió, al pretender presentar como un proyecto de reforma del Estatuto lo que en realidad es un intento de cambiar de arriba a abajo la Carta Magna. El Estatuto vasco permite iniciar un proceso de reforma de la Constitución, pero no de la manera en que lo hace el Ejecutivo de Ibarretxe.

«Nacionalistas excluyentes»
También se vulnera el procedimiento,la tramitación que debería seguir el plan Ibarretxe. En concreto, el acuerdo adoptado por la Mesa el 4 de noviembre no respeta «la reserva parlamentaria para establecer el procedimiento de tramitación» previsto tanto por la Constitución como por el Estatuto.

El Estatuto y el Reglamento, explicó Michavila, exigen una resolución del presidente de la Cámara autonómica con el parecer favorable de la Junta de Portavoces y de la Mesa. Y en este caso «se ha obviado a la Junta, cercenando el derecho de los ciudadanos ahí representados», afirmó el ministro, en referencia a que en ese órgano tienen representación el PP y el PSOE, a diferencia de la Mesa, compuesta sólo por miembros del tripartito (PNV, EA e IU-EB). «Deliberadamente excluyen a los que no piensan como los nacionalistas excluyentes», aseveró Michavila.

Otras peculiaridades las constituyen el hecho de que los propios servicios jurídicos del Gobierno vasco advirtieron de la inviabilidad del plan así como «la manera consciente, deliberada y frontal» de Ibarretxe y su equipo de «quebrantar» el ordenamiento jurídico. Además, en esta ocasión, a diferencia de otros conflictos entre el Estado y las Comunidades, es el primero el que insta al País Vasco a que cumpla las normas que lo legitiman.

Posición de fuerza
El portavoz del PNV, Joseba Egibar, considera que el recurso anunciado por el Gobierno evidencia que «los mínimos democráticos no se cumplen». Egibar lamentó la acción decidida del Gobierno de «impedir, paralizar y evitar cualquier tipo de debate».

Por su parte, el portavoz parlamentario de EA, Rafael Larreina, adelantó que se adoptarán las medidas pertinentes para que se pueda celebrar el debate sobre la propuesta de nuevo Estatuto. Larreina calificó de «amenaza a la democracia y fraude democrático» el anuncio de recurso ante el Constitucional y afirmó que la inmensa mayoría de la sociedad vasca no entiende que «desde el Gobierno Aznar se intente evitar un debate democrático en sede parlamentaria».

Y NO EN LOS RECURSOS ANTE LA JUSTICIA
Oreja pide que el debate sobre el Plan Ibarretxe se centre en la próxima negociación entre PNV y ETA
El líder del PP vasco, Jaime Mayor Oreja, no entiende las críticas lanzadas ahora por comparar la herencia de ETA (el Plan Ibarretxe) con la herencia de Pujol (el ascenso de los independentistas de ERC). Además, sobre el Plan Ibarretxe recordó que el foco de atención no debe estar en el recurso ante el Tribunal Constitucional sino en el debate entre PNV y ETA.
Libertad Digital 8 Noviembre 2003

"Hoy por hoy tenemos la herencia de ETA y la herencia de Pujol, la primera es el Plan Ibarretxe y la otra es la posibilidad de que Esquerra Republicana de Cataluña sea el árbitro del gobierno de Cataluña y entre la herencia de ETA y la herencia de Pujol hay más conexión que entre ETA y Pujol". Esta fue la frase que pronunció Jaime Mayor Oreja en la convención de presidentes y secretarios generales del PP.

En "La Mañana" de la COPE, Mayor Oreja ha explicado su versión de los hechos. Dijo que él es "el primero en lamentar esta situación y estas extrañas interpretaciones" y explicó que se limitó a repetir lo que señalado en su informe para el Comité ejecutivo y que le fue "encargado por Rajoy". "Entonces no provocó ninguna intervención", recordó el político vasco. No es de la misma opinión el candidato del PPC a la Generalitat, Josep Piqué, que dijo que las declaraciones de Oreja han roto la línea estratégica de su campaña.

Sobre el hecho de que sólo se pueda alertar de los peligros del nacionalismo vasco, Oreja opinó que se debe a la "mezquindad entre españoles, la falta de confianza entre nosotros". "España ha derivado entre la debilidad y la fuerza", añadió.

Los dos debates del Plan Ibarretxe y los cuatro grandes riesgos
El vicesecretario general del PP también se refirió en la COPE al Plan Ibarretxe. Explicó que sobre este proyecto hay "dos grandes debates". "Uno en la superficie", señaló, que es el que enfrenta al Gobierno vasco con las instituciones del Estado y los tribunales. Pero para el "debate relevante" para Mayor Oreja es el que "van a tener ETA y el PNV en los próximos meses". Alerto sobre la intención del PNV de pretender que la sociedad vasca "se acostumbre" al Plan Ibarretxe y que cuaje la sensación de que "no pasa nada". "El mayor enemigo nuestro es que se anestesie a la sociedad vasca", dijo.

Además, detalló los cuatro grandes riesgos de lo que es el Plan Ibarretxe. La "inacción" ("aquello de que no hay que hacer nada hasta dentro de un año"), "contagio" (recordó la importancia de la independentista ERC en las elecciones catalanas), la "mezquindad en el seno de la izquierda española" (que dicen no al Plan Ibarretxe pero le echamos la culpa a Aznar"), el "menosprecio" (cuando se quita importancia al nacionalismo vasco por ser una cosa de "aldeanos"). "No es un desafío cualquiera es un órdago importantísimo a la cohesión y a la Constitución", concluyó Oreja.

Cataluña
Anécdotas y categorías
Juan Carlos Girauta Libertad Digital  8 Noviembre 2003

La sección “Rumores en la red” de este diario daba cuenta el 6 de noviembre del amplificado eco de una discusión: la que enfrentó, en un restaurante barcelonés, al actor Joel Joan y al propietario del local, que habría expulsado al primero por hablar en catalán. Ya es mala suerte la de este hombre, casualmente uno de los protagonistas del libro de entrevistas de Víctor Alexandre Yo no soy español. En plena campaña electoral, el escritor Quim Monzó, desde La Vanguardia, y el ultrajado no-español, desde todos sitios, se han encargado de difundir con profusión la anécdota y de elevarla a categoría, denunciando el supuesto acoso al catalán en Cataluña. Ya de entrada, la elección de la voz “acoso” parece sospechosa, siendo un término habitualmente utilizado por quienes vienen sosteniendo en el vacío la tesis contraria, la marginación del castellano en el Principado. A mí el asunto me ha traído a la memoria otras anécdotas.

He visto parodiar repetidamente y de forma sangrante al rey de España en un popular programa de TV3, la televisión de la Generalitat. El mismo imitador ha encarnado en ocasiones, con gran regocijo del público, a un deshumanizado Aznar. Uno de los gags consistía en matar al presidente, que a la vez era un insecto. Primero se usaba insecticidas; finalmente, golpes. Fue muy aplaudido. No puedo imaginar qué ocurriría si alguien usara la figura de Jordi Pujol (que no ha estado a punto de morir, como Aznar, en un ataque terrorista) para una canallada semejante.

He visto a dos presentadores de BTV, el canal del Ayuntamiento de Barcelona, manosear de forma procaz una bandera española, hacer chanza de ella y restregársela por el cuerpo con motivo de la famosa conexión con el astronauta Pedro Duque. No puedo imaginar qué ocurriría si alguien tratara así públicamente una senyera.

He visto a un montón de diputados autonómicos abandonar airados el Parlamento de Cataluña porque Alberto Fernández utilizaba el castellano en la tribuna. No puedo imaginar qué ocurriría si alguien abandonara un parlamento al oír hablar catalán.

He visto llenar de mierda el acceso a la sede barcelonesa de un partido político en un clima de hostigamiento insoportable que llegó a la agresión física de su líder, sin que el resto de formaciones catalanas reaccionara ni mostrara claramente su solidaridad. No puedo imaginar qué ocurriría si se sellara con excrementos la sede de ERC y se golpeara a sus representantes.

He visto la página web del diario Avui, receptor histórico de suculentas subvenciones públicas, promocionando un videojuego cuyo objetivo era matar españoles. No puedo imaginar qué ocurriría si una publicación cualquiera patrocinara un lúdico exterminio de catalanes.

He visto, veo cada día, la obscena apropiación de nuestra identidad en la propaganda electoral de CiU. Su lema, “Sí a Cataluña”, va siempre unido al rostro de Artur Mas. No puedo imaginar qué ocurriría si un candidato se presentara a las elecciones generales, como si se tratara de un plebiscito patriótico, bajo el eslogan “Sí a España”.

Más de tres cuartas partes de los catalanes nos sentimos españoles según demuestran los estudios demoscópicos. Somos legión los que llevamos años tragándonos anécdotas como las expuestas. Que no nos venga La Vanguardia con tonterías, que, aunque no lo parezca, todos tenemos memoria.

Ibarreche ha aprobado un gasto de más de 2 millones de euros en cinco «embajadas»
La sede de la delegación vasca en Argentina ha costado cincuenta millones de pesetas
El primer proyecto de presupuestos para el 2004 que maneja el Ejecutivo de Juan José Ibarreche incluye un gasto total de 2.276.636 euros para las «embajadas» que el Gobierno de Vitoria abrió hace ahora un año en Argentina, Venezuela, Chile, México y Madrid. Lo más llamativo del gasto previsto para estas cinco delegaciones vascas, al que hay que sumar el de la que ya tiene abierta desde hace tiempo en Bruselas, es la compra de las sedes de Argentina, que ha costado cincuenta millones de pesetas, y la de Venezuela, que asciende a otros dieciséis millones de pesetas.
Diego Mazón - Madrid.- La Razón 8 Noviembre 2003

Juan José Ibarreche, en su viaje por Iberoamérica, habrá podido observar estos días si su inversión en las delegaciones vascas al otro lado del «charco» produce el efecto deseado por el «lendakari» cuando las abrió, hace ahora un año. Esa inversión se va a ver reforzada en 2004 con un gasto de 2.276.636 euros a repartir (no equitativamente) entre las «embajadas» en Argentina, Venezuela, Chile, México y Madrid, que curiosamente también está integrada dentro de los gastos previstos por el Gobierno de Ibarreche en la Dirección de Relaciones Exteriores (algo así como un Ministerio de Asuntos Exteriores).

De las cinco delegaciones vascas, la que más dinero tiene asignado para sus gastos es la de Argentina, que tiene presupuestado un total de 677.538 euros (casi 113 millones de pesetas). La mayoría del presupuesto planteado para esta «embajada» corresponde a dos partidas: 247.538 euros para gastos de personal, y 300.000 euros (cincuenta millones de pesetas), que se han empleado en la adquisición de un local que albergue la sede de la delegación.

Después de ella, la «embajada» de México gastará un total de 455.940 euros, de los cuáles más de la mitad están destinados a gastos de personal. Apenas unos pocos miles de euros menos empleará la delegación de Venezuela en pagar a sus empleados. También es cierto que esta delegación tiene presupuestados casi cuarenta mil euros menos que la anterior, aunque gaste cien mil en la adquisición de la sede.

De las cuatro «embajadas» situadas en Iberoamérica, la que menos gastos tiene previstos es la de Chile, que «sólo» empleará 375.440 euros, de los cuáles más de doscientos treinta mil están planteados para los gastos del personal.

Por último, la «embajada» en Madrid, incluida en el mismo apartado que las de Iberoamérica, tiene un gasto presupuestado de 355.080 euros. A todas ellas hay que sumar la inversión a realizar en la delegación de Bruselas, abierta anteriormente, y que el año pasado tenía presupuestados más de 713.000 euros. Estas delegaciones están destinadas a «mejorar la imagen exterior de Euskadi en el mundo».
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