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Recortes de Prensa     Domingo 23 Noviembre  2003
Los pilares del plan
IGNACIO MARCO-GARDOQUI El Correo  23 Noviembre 2003

EL VICIO MORAL DE LA IZQUIERDA
José Antonio ZARZALEJOS ABC 23 Noviembre 2003

Partidismo contra España
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital  23 Noviembre 2003

Un estatuto para Álava
Editorial La Razón 23 Noviembre 2003

Política y Tribunales
Editorial El Correo  23 Noviembre 2003

España: «indisoluble unidad»
Cartas al Director ABC 23 Noviembre 2003

Siempre nos quedará Madrid
PEDRO ARIAS VEIRA La Voz 23 Noviembre 2003

Rajoy recuerda al PNV que el Estado «tiene la obligación» de defender la Constitución
R. CALVAR COLPISA. MADRID El Correo 23 Noviembre 2003

El proyecto de Estatuto para Álava plantea una autonomía foral similar a Navarra «plenamente integrada en España»
Diego Mazón - Madrid.- La Razón 23 Noviembre 2003
 

Los pilares del plan
IGNACIO MARCO-GARDOQUI El Correo  23 Noviembre 2003

Contrariamente a lo que piensan muchos ciudadanos españoles, el plan Ibarretxe es cualquier cosa menos una improvisación. No responde a un capricho súbito del nacionalismo, ni a una revelación divina recibida en sueños por el lehendakari, a pesar de que tenga una gran carga de teología. Es la culminación de un proceso milimétricamente calculado desde hace años, un guión fielmente seguido, cuya única modificación ha sido la aceleración de su paso, con respecto a sus planes iniciales, sin duda alguna motivada por el debilitamiento sufrido por ETA y la posibilidad, por primera vez cierta, de que sea derrotada sin mediar diálogo con la banda y con la utilización exclusiva de los medios judiciales y policiales.

El plan responde a las inquietudes nacionalistas, o mejor sería decir a las inquietudes del núcleo duro del nacionalismo, pero se necesitan más fuerzas para sacarlo adelante de manera 'formalmente' democrática. Parte de la seguridad que le proporciona la férrea disciplina y la ciega fidelidad de sus militantes, pero requiere también el voto de sus muchos simpatizantes, y para ello es necesario amortiguar los miedos que puedan provocar en estos últimos las eventuales consecuencias de sus propuestas rupturistas, con el adorno de adjetivos tranquilizadores.

Para ello, el plan se asienta sobre dos pilares básicos, cuya solidez intelectual es muy discutible, pero que cuentan con una gran aceptación popular a fuerza de repetirlos como eslóganes de márketing o mantras budistas.

El fracaso del Estatuto
La autonomía ha fracasado porque el Estatuto se ha incumplido. Esta afirmación, que constituye el primer pilar, es del todo incorrecta y a la vez es gravemente injusta. En primer lugar porque el nacionalismo ha disfrutado de un poder cuasi omnímodo durante 25 años, gracias a sus buenos resultados electorales claro está, pero también y en primer lugar en virtud del entramado legal que se deriva del Estatuto y por supuesto de la Constitución.

En segundo término, porque se podrá discutir sobre su grado real de cumplimiento y debatir las razones por las que el Estatuto no ha culminado en su totalidad sus previsiones iniciales, pero lo que no se puede olvidar es que de los casi 1,2 billones de las antiguas pesetas que se recaudan en la CAPV, pagamos de cupo al Estado 180.000 millones, es decir, administramos algo más del 87% de los dineros que recaudamos. A eso habría que añadir lo poco que ingresa el Estado directamente, como son los aranceles de los escasos productos que proceden de fuera de la Unión Europea y están sujetos a ellos, y también el importante saldo de nuestras cuentas financieras con el Estado. En un reciente estudio efectuado por la Universidad de Valencia y patrocinado por la Fundación BBVA se calculaba que los vascos tenemos un superávit de más de 750 euros per cápita en nuestra balanza financiera con el Estado. Somos, junto con Navarra -curiosamente ambas comunidades 'disfrutamos' de un Concierto Económico- las dos únicas, entre las de alta renta, que tenemos superávit. Todas las demás, es decir, Baleares, Madrid o Cataluña, tienen déficit.

En tercer lugar, el propio lehendakari cae en una frecuente contradicción. A la hora de describir la situación económica y social del País Vasco, hace un relato en tecnicolor propio del Walt Disney más acaramelado, sin caer en la cuenta, ni reconocer, que el Concierto y el Estatuto son los principales responsables -junto con el esfuerzo de todos los vascos obviamente- del bienestar actual, de la elevada renta familiar disponible y del grado alcanzado por la asistencia social, sanitaria, educativa, etcétera. Se enorgullece del resultado, pero denigra el instrumento que lo ha hecho posible.

Y en cuarto término, nadie siente de verdad en el País Vasco que el Concierto haya fracasado. Si se pregunta a cualquier ciudadano, y con independencia de su ideología, si desea más autonomía, la 'inercia' política y el miedo ambiental le harán decir que sí, lo que supone el triunfo del eslogan. Pero si a continuación se le pregunta qué es exactamente lo que quiere, qué competencias echa en falta y cuáles nuevas desearía asumir, se quedará mudo y no sabrá qué contestar. En Euskadi, y fuera del estrecho ámbito de los dirigentes políticos, no hay un clamor a favor de competencias concretas no transferidas y ni siquiera existe el sentimiento de necesitarlas.

La capacidad de decidir
Los vascos tenemos derecho a decidir nuestro futuro. Ésta es la síntesis del seguno pilar. Planteada así, tal afirmación es una soberana perogrullez, a pesar del cariño y la solemnidad que pone el lehendakari al formularla. Obviamente, nuestra capacidad de decisión depende de la naturaleza del tema a decidir. Ya hemos dicho que podemos decidir el destino de nueve de cada diez euros que se recaudan, lo cual es mucho decidir. Pero hay cosas que no podemos hacer, porque lo impiden el entramado jurídico del que nos hemos dotado -y que es el que nos permite vivir dentro de la civilización-, nuestros compromisos internacionales o bien porque son cuestiones que afectan directamente a terceros.

El plan del lehendakari habla nada menos que de soberanía y se basa en una supuesta capacidad de decisión absoluta, que se complementa con la absoluta obligación del resto de españoles de aceptar nuestras decisiones, aunque les afecten, ¿y de qué manera les afecta este plan! Se puede mirar con total benevolencia, pero esto de la absoluta capacidad de decisión de las que disponemos los vascos tiene algunas dificultades de soporte.

En primer lugar, la Constitución no prevé un supuesto tan estrambótico como el que se pretende. Una parte del Estado no puede colocarse en pie de igualdad con el Estado, por la sencilla razón de que eso equivaldría a equiparar la parte con el todo, es decir, a convertirse en Estado.

Tampoco se puede apelar, sin caer en la desmesura, a la legislación internacional que regula el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Es evidente que no se puede aplicar a nuestro caso la fórmula de respeto a la libre determinación de los pueblos que reflejan los artículos primeros del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establecidos por la Asamblea de la ONU. Aparte de las disquisiciones jurídicas al respecto, ¿cuántas denuncias ha recibido el Estado español a causa de su secular presencia en Euskadi? Nunca, ninguna, en toda la historia de la vigencia de dicha legislación internacional.

Así que sólo podemos apoyarnos en que somos un pueblo con 7.000 años de antigüedad, con una identidad propia que al parecer se ha mantenido inalterable a lo largo de toda esta inmensidad de tiempo. Pero también esto tiene sus problemas. Si es así, ¿cuál es la razón que explica el sorprendente hecho de que nunca hasta ahora, a lo largo de estos 7.000 años, hayamos ejercido, y ni siquiera solicitado el ejercicio, de este derecho que se nos presenta como absolutamente fundamental? La cerrazón del PP, la apatía del PSOE y la represión del franquismo explican unos 65 años, pero ¿qué pasó en los 6.935 años restantes?

Estos son los dos pilares básicos sobre los que se apoya el plan Ibarretxe: el supuesto fracaso del Estatuto y la absoluta capacidad de decidir. No parecen unos pilares tan sólidos como para sustentar sobre ellos nuestro futuro con seguridad y confianza, pero no hay que olvidar que los vascos somos un pueblo muy difícil de convencer... pero muy fácil de engañar.

EL VICIO MORAL DE LA IZQUIERDA
Por José Antonio ZARZALEJOS ABC 23 Noviembre 2003

LA estupidez es la torpeza -«notable», dice el diccionario de la RAE- en comprender las cosas. Y este atributo tan ramplón es el que distingue en estos tiempos la política española. Porque lo que está en juego no es lo que los partidos deciden que lo está sino aquello otro que se sitúa en el fondo del debate auténtico -el que los ciudadanos perciben- y que no es otra cosa que el de la cohesión nacional. La ausencia de comprensión de la dimensión de las cuestiones que se ventilan lleva a un sideral distanciamiento entre el mundo de la política y el de los ciudadanos. Se produce un divorcio, una fractura, en el que la sintonía y la comunicación se quiebran y, como consecuencia, surge el desconcierto. Cuando la opinión pública no recibe los mensajes y planteamientos previsibles en función de la identidad ideológica de los que los emiten, la sociedad entra en un desorden de prioridades que, antes o después, se refleja en el voto o en la indiferencia.

Recordaba ayer en la Tercera de ABC Antonio Garrigues Walker que «en España somos muchos los que en estos momentos deberíamos hacernos la pregunta» que esgrimió como santo y seña el presidente Kennedy: qué podemos hacer por nuestro país, antes que interrogarnos qué puede hacer el país por nosotros. Hubo un tiempo en el que los españoles teníamos pleno derecho a cuestionarnos si España como un proyecto de conjunto nos podía ofrecer ya la superación de los viejos demonios que transieron de tragedia, pobreza y enfrentamiento nuestra convivencia. La Constitución de 1978 fue una respuesta histórica y concluyente que resultó ser afirmativa e ilusionante. El empeño en regresar a la depresiva situación anterior a esa fecha mágica para cuestionarnos si vamos juntos o separados, si la izquierda y la derecha deben ser adversarias u hostiles, si se acepta la democracia en función de apriorismos y no de dictámenes populares en las urnas, es un auténtico despropósito.

Podrá haber cometido la derecha democrática en España muchos errores, pero es incuestionable que es la izquierda que representa el PSOE la que ha incurrido en un vicio moral gravísimo que algunos de sus publicistas explicitan de forma tan descarnada -y tan radicalmente injusta y belicista- como ésta: «Si no hubiera más remedio que pertenecer a una nación, yo no sé a cuál me apuntaría, pero sí de la que saldría huyendo como de la peste: de la España rencorosa de Aznar, de la España taimada de Rajoy, de la España mentirosa de Arenas, de la España matona de Cascos, de la España agresiva de Ana Palacio, de la España meapilas de Michavila o Acebes, de la España machista de Zaplana, de la España tétrica de Fraga Iribarne, de la engominada de Piqué...». Hasta ahí la cita cuya autoría, a los efectos de la tesis que expongo, no es especialmente relevante. Lo es que esa fobia cainita sería suscrita sin dudar por dirigentes de la izquierda que, desmintiéndose a sí mismos desde el punto de vista ideológico, prefieren mimetizar su discurso con aquéllos que se formulan al borde, o rebasan, el sistema, si con ello logran desalojar del poder a ésta o cualquier otra derecha que en España se instalase democráticamente.

Ésa es la fuente de los males que aquejan a la izquierda, la de enajenarse a sí misma, la de diluirse en tesis ajenas y comportarse como el perro del hortelano que ni come ni deja comer, aunque lo dé por bien empleado porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo. No indague mucho más la izquierda española en la falla que le agrieta. Está en la dermis y no en la epidermis, tiene un problema moral que le ha llevado a alimentar lo más radical del nacionalismo catalán, a diversificarse en apoyos y oposiciones al vasco, según quién y cómo, a ofrecer solvencia al gallego, credibilidad al incipiente aragonés y a cogobernar con el balear y, en último término, a compartir mesa y mantel con su ala más anacrónica que impulsa la secesión en el País Vasco con igual albricia que la de los nacionalistas.

Ocurre que los ciudadanos, también los de izquierda, votan pero no tanto a la opción de izquierdas natural en la sociedad española. Porque los españoles y las opciones moderadas en este país han superado en dinamismo a esa izquierda de víscera que no se entera -¿o sí?- de que sus frustraciones nos llevan a una situación que puede devenir límite. Y llegará a ese punto si la izquierda -el PSOE- no supera sus handicaps morales y concurre a la vertebración nacional, condición indispensable para que en un cuarto de siglo no se derrumbe el esfuerzo de 1978 que incluyó la fortuna de la forma monárquica del Estado, que, de nuevo, vuelve a ser la instancia común e integradora, la referencia democrática y de libertad, el alfiler del abanico de un España que, creímos, se encontró a sí misma en el invierno de hace veinticinco años.

Partidismo contra España
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital  23 Noviembre 2003

La reyerta protagonizada por el PP y el PSOE o, para ser precisos, entre el que muy probablemente es el mejor candidato del PSOE para un cargo nacional, el célebre alcalde de La Coruña, Francisco Vázquez, y la popularísima alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, prueba lo mal que está España, precisamente por lo bien que marcha el partidismo, el sectarismo y el electoralismo más desaforado. Si Rita Barberá no podía ganar, lo razonable era retirarse para que Vázquez saliera elegido con el apoyo, directo o por abstención, del PP. Si Vázquez iba a ganar con el apoyo de los separatistas de ERC, lo más razonable era haber pedido el apoyo del PP antes de depender de votos tan poco acordes con su trayectoria y tan indeseables en el momento actual.

Por desgracia para el PSOE, su situación es tan delicada y su dependencia de alianzas contra natura está siendo tan acusada después de las elecciones catalanas que incluso una persona como Francisco Vázquez, de cuya sensibilidad acerca de la cuestión nacional no se puede dudar, se ha negado a respaldar una moción del alcalde de Vitoria contra el Plan Ibarreche. Y todo, por conseguir la presidencia de la FEMP, una especie de sindicato de ayuntamientos cuyo poder real, si es que existe, carece por completo de sentido político para el ciudadano común.

Dada la deriva del PSOE y las sorprendentes palabras de Vázquez contra el PP para agradecer el apoyo de Zapatero a su candidatura, parece que la responsabilidad mayor de este espectáculo cae en las filas de la Izquierda. Pero sin querer dar por sentadas tesis para las que nos faltan datos, sí conviene constatar que el espectáculo es malo para la nación y no favorece en nada a los dos grandes partidos. El partidismo parece más importante que España para muchos políticos. Y eso es algo que acabaremos pagando todos. Quizás hemos empezado a hacerlo ya.

Un estatuto para Álava

Editorial La Razón 23 Noviembre 2003

Los grupos forales alaveses están dispuestos a defender sus derechos históricos, una particular identidad que ni siquiera Ibarreche con su plan, puede eliminar. Hay un camino, para ellos tan claro como viable, que servirá a los alaveses para evitar que su tierra sea canibalizada por la gran Euskadi que sueñan los nacionalistas vascos, que pasa por apartarse del País Vaco y convertirse en una Comunidad foral autónoma, al igual que lo es Navarra. Si el Plan Ibarreche no respeta los derechos forales, y obliga a los alaveses a romper con integración en el resto de España, se pondrá en marcha el proceso para la redacción de un Estatuto de Autonomía propio, elaborado en el marco de la Constitución. La medida puede convertirse en obstáculo infranqueable para los nacionalistas, porque los estrategas del PNV no podrían oponerse, con un mínimo de coherencia, a una segregación alavesa.

Lo cierto es que el PNV y sus socios han actuado, en el territorio que la Constitución determinó como Comunidad autónoma, con un centralismo feroz y una absoluta falta de respeto a las señas propias de identidad. Mientras construían la gran «Euskal Herria», y culpaban al Gobierno central de «atacar su identidad propia», un territorio como Álava, con derechos forales asentados durante siglos, sufría un lento proceso de «homogeneización» de forma que, en un futuro, no pudiera distinguirse de Guipúzcoa o de Vizcaya. La misma elección de Vitoria como sede del Gobierno regional vasco fue, desde el principio, un instrumento para la «adaptación» de los alavases.

El proyecto de Estatuto que prepara el partido de Unidad Alavesa es respetuoso además con la historia y la Constitución. Vuelve a la fuente de la legitimidad de sus fueros, de su compromiso con España y su Corona, y reclama sus señas de identidad, como los «miñones» en funciones de policía foral o autonómica en lugar de la Ertzaintza, y su derecho al concierto económico con el Estado.

Tienen razones los alaveses para reclamar su separación en caso de que Ibarreche continue con su disparatado proyecto. Su territorio se incorporó al País Vasco, con dejación de fueros, para formar parte de una nueva autonomía dentro de España y de su Constitución. Si ahora se rompe ese compromiso, si el Plan Ibarreche quiere hacer tabla rasa del acuerdo, Álava tiene el derecho de revisar aquél contrato y exigir el cumplimiento de todas las cláusulas o, en su defecto, denunciar su incumplimiento y firmar otro nuevo. Resultaría de todo punto inadmisible que el PNV y sus socios en el nacionalismo excluyente, pretendan imponer una secesión basada en reclamar su «ámbito de decisión», y al mismo tiempo quieran impedir que otros, con más derechos incluso, como Álava y muchos Ayuntamientos que firmaron en su día pactos con la Corona, puedan reivindicar su autodeterminación y capacidad para seguir siendo españoles.

Política y Tribunales
Editorial El Correo  23 Noviembre 2003

La judicialización de la vida política, el hecho de que los conflictos políticos se diriman ante los tribunales, constituye un signo de deterioro de la salud democrática de un país. Pero cuando las diferencias entre partidos no encuentran un cauce de síntesis en las instituciones, y cuando las propias instituciones se vuelven protagonistas de un enconado conflicto, la vía judicial se convierte en el último recurso del sistema democrático para zanjar aquellas disputas que no hayan podido solucionarse en las instancias políticas. No es deseable que las diferencias ideológicas acaben en los tribunales. Pero a estos corresponde restablecer las reglas del juego que puedan resultar vulneradas u orilladas en la confrontación política. Al fin y al cabo, la judicialización de la vida política no es la enfermedad sino el síntoma de un mal y el último remedio que éste puede hallar en el Estado de derecho.

Desde que la Mesa del Parlamento vasco presidida por Juan María Atutxa decidiera no trasladar al interior de la Cámara las sucesivas resoluciones judiciales que daban por disuelto el grupo Sozialista Abertzaleak, los reiterados incumplimientos de las mismas han generado una crisis sin precedentes en la democracia española. El hecho de que el presidente Atutxa y dos miembros del órgano de gobierno del Parlamento hayan sido citados a declarar ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el próximo 3 de diciembre representa la estampa más elocuente del punto crítico al que se ha llegado. La negativa de Atutxa, Knörr y Bilbao al cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional ha sido argumentada porque, a su entender, dichas sentencias representan una intromisión que violenta la autonomía del poder legislativo de Euskadi. Pero aun en el caso de que esa justificación contuviese alguna dosis de razón, en realidad es la negativa al cumplimiento de los fallos de los dos máximos tribunales del Estado constitucional lo que ha colocado al Parlamento vasco y a sus órganos de gobierno en una posición disparatada.

La suerte que pudieran seguir la impugnación del plan Ibarretxe ante el Tribunal Constitucional y el recurso presentado por la Diputación de Álava frente a la misma iniciativa hacen temer también una escalada de la tensión entre las decisiones políticas de las instituciones gobernadas por el nacionalismo vasco y las instancias judiciales concernidas. Desde el momento en que el nacionalismo ha decidido reprobar toda resolución judicial que afecte negativamente a sus planes, la judicialización de los conflictos políticos ha sido presentada como el mal causado por la instrumentalización de los órganos jurisdiccionales por parte del constitucionalismo en el poder. La jurisprudencia no ofrece ejemplos análogos a los del procedimiento abierto con la impugnación de un acto de gobierno adoptado a modo de iniciativa legislativa o de una calificación por parte de la Mesa parlamentaria para su tramitación. Y no es bueno que el Tribunal Constitucional se vea obligado a adoptar decisiones sobre una iniciativa sujeta a la deliberación política de un órgano representativo. Pero tampoco resulta fácil responder a la pregunta de cómo debían actuar los demás poderes constitucionales ante la apertura de un proceso de debate y decisión parlamentaria que incurre en fraude de ley al presentar como iniciativa de reforma estatutaria un auténtico proceso constituyente mediante el articulado de un nuevo Estatuto que entraña en sí mismo la promulgación de otra Constitución.

Cuando Arzalluz proclama el final de la democracia para el caso de que el Tribunal Constitucional admita a trámite la impugnación del plan Ibarretxe, o cuando los miembros citados de la Mesa del Parlamento denuncian sentirse «perseguidos por el Estado de Derecho», la quiebra que se anuncia no es la que un eventual error o exceso judicial pudiera inducir en el normal funcionamiento del sistema democrático. La quiebra que se anuncia es la de la premeditada disposición del nacionalismo a no cumplir aquellas sentencias judiciales que pueda soslayar guareciéndose en el poder autonómico, o a buscar vías de acceso a sus objetivos que escapen a los cauces establecidos por las reglas del juego constitucional.

Desde que el nacionalismo gobernante decidiera hacer patente el horizonte que albergaba para el futuro de los vascos, comenzó a trazar un camino absolutamente irreconciliable tanto con el punto de equilibrio logrado en Euskadi a través del Estatuto como con la distribución del poder político emanada de la Constitución. Pero su insistente deslegitimación de los tribunales como instancia última para la resolución de aquellos conflictos que no encuentren en el plano político vías de resolución añade un factor de extraordinaria gravedad porque hurta al Estado de Derecho la garantía de su propia existencia. Si, además de ser discutibles, las resoluciones adoptadas por las más altas instancias judiciales fuesen susceptibles de ser incumplidas la política pasaría de constituir un ámbito regulado y limitado a conformar un espacio caótico en el que todo y nada sería posible.

España: «indisoluble unidad»
Cartas al Director ABC 23 Noviembre 2003

España es una nación que comprende un territorio, en el que vivimos un variopinto colectivo de más de cuarenta millones de personas. Hace ya 25 años nos pusimos de acuerdo, por encima de nuestros aldeanismos, en darnos una Ley de leyes, una Constitución que regulara nuestra convivencia. En ella se lee: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles». Eso lo escribieron los constituyentes que nosotros elegimos, y lo ratificamos el día 6 de diciembre de 1978 en un referéndum que arrojó un abrumador resultado del 87,7 por ciento de votos a favor, frente al 7,8 en contra.

¿Puede, pues, venir ahora un personaje como Ibarretxe, saltándose al pueblo soberano y a su Rey, con «planes» que intentan el desmembramiento de esa «indisoluble unidad»? ¿Puede un tal Carod-Rovira gritar hasta la afonía lo de «independencia, independencia», mientras levitaba de placer porque lo felicitaba su conmilitón Ibarretxe? ¿Puede un desnortado Maragall (el del federalismo asimétrico) amagar con hacer ahora un pacto de gobierno con el anterior sujeto?

La cosa es grave, amigos. Nada menos que está en juego la unidad de España.  Eleuterio Alegría. Sevilla

Siempre nos quedará Madrid
PEDRO ARIAS VEIRA La Voz 23 Noviembre 2003

EL NACIONALISMO y el localismo son actividades muy rentable. Casi todo es ingreso y apenas hay coste. El sistema fiscal se diseñó irreflexivamente para que medraran por doquier. Todos a gastar y nadie a recaudar de forma transparente y perceptible. Un chollo. Además se ajusta al primitivismo de que lo mío es lo más importante. El interclasismo perfecto para los inmediatistas de todas las condiciones y edades. Por su parte, los aspirantes a nuevas élites de poder propias, descubrieron que el terruñismo era una barrera privilegiada contra la competencia exterior. Gracias a subvenciones, racalificaciones y apaños surgieron ciertos empresarios impensables; también algunos intelectuales, profesionales y artistas que solo por expresarse en la lengua oprimida o por glosar los eventos del lugar, alcanzaban renombre que nunca adquirirían en la competencia leal de un mercado español abierto.

Hubo un tiempo que teníamos a España, una nación cainita, quejumbrosa y siempre en decadencia. Pero habitada por gente con la que uno se entendía, para bien o para mal, al primer encuentro. Se podía lamentar con León Felipe que uno no tuviera realmente una patria, sentir como Machado que una de las dos Españas nos helaría el corazón, o compartir con Valle su ridiculez esperpéntica. Pero pocos dudaban de la existencia de España, nosotros mismos encarnábamos su evidencia. Y aunque Tejero y Carrés blasfemaran con su nombre, había héroes anónimos masivos que la fecundaban sin descanso.

En ninguna parte se sentía España como en Madrid. Sus señas de identidad las definía precisamente el relativismo localista, la soportable levedad del origen territorial. Madrid era la identidad de identidades, la disolución de primitivismos en aras de un proyecto común de nuevo futuro. Para la ciencia, la cultura, la política y la economía, Madrid ha sido la gran ciudad abierta para todos los españoles. Pero desde la llegada de la democracia se personificó como el emblema del centralismo, el epicentro explotador de las periferias, el Leviatán a batir. Tuvo sus enemigos interiores, sus caballos de Troya que, en nombre de los grandes principios, instalaron la especulación y los mercadeos más mezquinos. Pero su fuerza vital podrá contra todo. Entre el oportunismo separatista de estos momentos Madrid destaca por haber elegido a una mujer presidente que se propone bajar los impuestos y combatir la especulación. La primera es ya meta importante, pero la segunda encierra el desafío de toda una nueva Transición, desde la corrupción hacia la regeneración de todo el país.. Si fracasa será el triunfo definitivo del cinismo político democrático, el final del idealismo español, de la intrahistoria común. Pero Esperanza Aguirre inspira confianza. Si bien de alta cuna, pertenece a la ilustración liberal española y posee el carácter fuerte de una mujer del pueblo. Ella es ahora el mascarón de proa de España. En los momentos más difíciles siempre nos quedará Madrid.

Rajoy recuerda al PNV que el Estado «tiene la obligación» de defender la Constitución
El líder del PP dice, durante el homenaje a la Carta Magna, que «nadie está excluido, salvo el que utiliza la fuerza para imponerse»
R. CALVAR/COLPISA. MADRID El Correo 23 Noviembre 2003

El secretario general del PP, Mariano Rajoy, advirtió ayer al PNV que el Estado de Derecho dispone de «suficientes instrumentos» para defender la Constitución y la democracia y tiene la «obligación» de utilizarlos cuando «algunos» -enfatizó en alusión al lehendakari Ibarretxe y su plan soberanista- pretenden «romper esa Constitución de manera unilateral».

El próximo candidato del PP a la presidencia del Gobierno revalidó así los mensajes lanzados por el Gabinete de Aznar en las últimas semanas, aprovechando en esta ocasión un homenaje a la Carta Magna organizado por su partido en el Congreso con motivo de su vigésimo quinto aniversario. Al acto acudieron varios ministros, como Ángel Acebes, Elvira Rodríguez y Cristóbal Montoro, además de la totalidad de diputados populares, que se sucedieron en la lectura, uno a uno, de los artículos que conforman la Constitución.

Rajoy reiteró el «compromiso esencial» del PP con la defensa «firme» de la Carta Magna y de «la convivencia pacífica y en libertad que encarna» frente a «aquellos que predican y apoyan la división». Rajoy insistió en que la Constitución «no es patrimonio de nadie sino del conjunto de los españoles» porque nació «de la voluntad de todos de garantizar la concordia en un futuro de paz».

El valor de los tribunales
Rajoy lanzó otro 'dardo' al Gobierno vasco al destacar el trabajo que realizan los tribunales de Justicia frente a «algunos que no vacilan en atacar a las instituciones y se empeñan en no acatar sus decisiones». «Son precisamente nuestros tribunales, y en particular el Constitucional, los garantes últimos de nuestra Constitución», subrayó.

El líder del PP no quiso pasar por alto que desde el Estado de Derecho consagrado por el texto constitucional también ha sido posible combatir «con gran eficacia la lacra terrorista». De la Carta Magna y del sistema que valores que encarna, concluyó Rajoy, «nadie está excluido, salvo el que pretende utilizar la fuerza para imponer su proyecto».

También el titular de Justicia, José María Michavila, destacó ayer la mejora «sin precedentes» experimentada por la sociedad española en el último cuarto de siglo, a modo de tributo a la Constitución durante la clausura del XV Congreso Nacional de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) que se ha celebrado en Sitges. El ministro consideró beneficiosas las discrepancias si «se resuelven respetando las reglas del Estado de Derecho», porque «no hay libertad sin ley» y quien quiere infringir la ley, «quiere abolir las libertades».

El presidente de la APM, José Ramón Ferrándiz -reelegido durante dos años más- ahondó en esta tesis al anunciar que una de las conclusiones del congreso insiste en la necesidad de que se cumplan las resoluciones de los tribunales por parte de todas las personas e instituciones. La aplicación del Derecho corresponde al Poder Judicial y éste «no puede ser sustituido por la arbitraria actuación de quienes están obligados a su cumplimiento».

El proyecto de Estatuto para Álava plantea una autonomía foral similar a Navarra «plenamente integrada en España»
El borrador de texto articulado de UA, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, contempla el concierto económico y una Policía autónoma propia Pierden su vigencia las normas promulgadas por el Gobierno vasco en esta provincia
Álava se ha convertido en el baluarte de la lucha contra el Plan Ibarreche. Desde la convicción de que esta provincia es el único freno posible para las pretensiones secesionistas del PNV, la idea de segregar Álava del País Vasco ha tomado forma en dos borradores de estatuto que proponen convertirla en Comunidad Foral «integrada en la nación española». Manteniendo el actual territorio, la bandera y el escudo, Unidad Alavesa y el «Grupo A. C. Arriaga» pretenden crea una nueva comunidad autónoma similar a Navarra, con sus propias instituciones y asumiendo las competencias que el País Vasco tenía. Eso sí, la propuesta incluye anular las decisiones tomadas por éste y por el Parlamento que afecten a Álava.
Diego Mazón - Madrid.- La Razón 23 Noviembre 2003

Enriqueta Benito, secretaria general de Unidad Alavesa, aseguraba recientemente que Álava debe ser el freno del plan Ibarreche. Un proyecto el del lendakari basado, según ella, «en la territorialidad» de lo llamado por los nacionalistas «Euskal Herria», que ya de entrada sabe que no puede contar con Navarra ni con el País Vasco francés. Desde este planteamiento, muchos alaveses ya han formulado su convicción de que sólo desde Álava se pueden frenar las pretensiones secesionistas del PNV. ¿Cómo? Separando Álava de la Comunidad vasca y convirtiéndola en Comunidad Foral.

Si bien algunos han planteado ya medidas previas que incluyen el ahogamiento económico del Gobierno vasco, dejando por ejemplo de pagar la aportación que Álava hace al Ejecutivo de Ibarreche, la idea que ha comenzado a circular por la provincia menos nacionalista de las tres es la de crear un estatuto propio para Álava que convierta a ésta en una autonomía similar a Navarra. Dos borradores del posible estatuto alavés han dado forma real a esta idea, ambos centrados en la adhesión a la Constitución y la solidaridad con el resto de España frente a las pretensiones nacionalistas. Uno de ellos parte de Unidad Alavesa, que se ha convertido en la bandera de la lucha contra el Plan Ibarreche desde Álava, y el segundo, de un conjunto de alaveses que firman como «Grupo A. C. Arriaga», y que bajo la supervisión de un especialista de UA, han creado un estatuto similar al de Navarra.

Las diferencias entre ambos son mínimas, pero ambos plantean su estatuto desde la Constitución y desde la clara intención de seguir perteneciendo a España basándose en la foralidad histórica y la identidad de Álava, perdidas cuando en 1979 se integra dentro de la Comunidad Autónoma vasca. La idea de estatuto de UA es recuperar el régiman foral de Álava disgregándose de la unidad que conforma actualmente con Vizcaya y Guipúzcoa, reconvirtiendo las Juntas Generales de Álava y la Diputación Foral en los órganos de Gobierno, como Parlamento y Presidencia respectivamente. Al amparo de la Constitución, la propuesta recoge la creación de la Comunidad Foral de Álava, «con autonomía e instituciones propias desde el respeto y la solidaridad con todos los pueblos de España», manteniendo el territorio actual, conformado por las siete cuadrillas históricas.

El texto de UA recoge asimismo que ostentarán la ciudadanía alavesa aquellos que «de acuerdo con las leyes generales del Estado, tengan la vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Álava».
La bandera y el escudo de la nueva comunidad serían los que actualmente representan a Álava, cuya capital seguiría siendo Vitoria. En el caso del idioma, el estatuto de la asociación de alaveses sólo menciona como idioma oficial el castellano, mientras que el propuesto por UA afirma que «el vascuence tendrá también carácter de lengua oficial en las zonas vasco parlantes de Álava», que quedarán determinadas por una ley foral que también regulará su uso oficial.

El funcionamiento de las instituciones oficiales de la nueva Comunidad Foral sería similar al de otras comunidades autónomas, especialmente al de Navarra, en cuyo fuero están basados ambos estatutos. Al Gobierno de la Diputación Foral le correspondería la función ejecutiva, la revisora en materia administrativa y «las competencias que le atribuye esta Ley Orgánica y las que puedan corresponderle con arreglo a otras leyes».

Las competencias
Las competencias de la Comunidad Foral serían las de cualquier comunidad autónoma, sin plantear desde ninguno de los dos estatutos la asunción de más competencias que aquellas que el Estado tenga ya transferidas o tenga intención de transferir. En cuanto a la actividad tributaria de Álava se especifica que «se regulará por el sistema tradicional de Convenio Económico con el Estado», aunque en el de Unidad Alavesa concreta que la Comunidad Foral tendrá su «propia Hacienda autónoma».

En cuanto a la Justicia, la Comunidad Foral estará dotada de los mismos organismos judiciales que el resto de autonomías. La Policía Autonómica dejaría de ser la Ertzaintza, y en ambos casos se propone la recuperación de los históricos Miñones como cuerpo foral de Policía, bajo mando de la Diputación Foral y en coordinación con la Policía Nacional y la Guardia Civil. Las menciones al País Vasco no son muy frecuentes en ninguna de las dos propuestas. Ambas reservan el derecho de la Comunidad Foral a establecer relaciones con el resto de comunidades autónomas de España.

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