AGLI

Recortes de Prensa     Viernes 28 Noviembre  2003
Política de confrontación
Pío Moa Libertad Digital 28 Noviembre 2003

Antes de hacer las maletas
Cristina Losada Libertad Digital  28 Noviembre 2003

Inseguridades
SANTIAGO GONZÁLEZ  El Correo  28 Noviembre 2003

A Umbral también le duele España
Julián Lago La Razón 28 Noviembre 2003

El Plan Ibarretxe y la Constitución europea
IÑIGO MÉNDEZ DE VIGO ABC 28 Noviembre 2003

Guiñol en la Diputación
ALFONSO DE LA VEGA La Voz 28 Noviembre 2003

Mikel Buesa calcula que la tasa de paro en un País Vasco independiente alcanzaría el 33 por ciento
EFE Libertad Digital  28 Noviembre 2003

UGT recurrirá la orden de llamar inmigrante a los alumnos no vascos
M. ALONSO ABC 28 Noviembre 2003

«Euskadi sigue atrapada en una dictadura del miedo», dice Arnedo
MADRID EL CORREO  28 Noviembre 2003

Los secretos del consenso
CONSUELO ÁLVAREZ DE TOLEDO ABC 28 Noviembre 2003

El plan Ibarretxe y sus destinatarios
ESTEBAN ARLUCEA El Correo 28 Noviembre 2003

Nueva regulación laboral para los 600.000 trabajadores de la Sanidad pública
MADRID. G. ZANZA ABC 28 Noviembre 2003

La cordura, poco a poco
Nota del Editor 28 Noviembre 2003


 

Efervescencia nacionalista
Política de confrontación
Pío Moa Libertad Digital 28 Noviembre 2003

Durante muchos años, los gobiernos de la UCD y socialistas han permitido a los nacionalistas dominar la política, la cultura y la ideología en Vascongadas. Como consecuencia de eso, y también de los retrocesos del terrorismo y la creciente resistencia de la sociedad vasca a sus planes, el PNV, en alianza con los proetarras, ha lanzado una escalada en su programa secesionista. Ahora, por fin, el gobierno del PP ha reaccionado con bastante firmeza. Conclusión del PSOE de Zapatero: el gobierno está llevando a cabo una política de confrontación. Parece añorar la mezcla de claudicación y GAL que marcó los años del felipismo.

Pero en Cataluña no ha ocurrido nada parecido, y la política del PP es prácticamente la del PSOE con respecto a los nacionalistas: la claudicación. Ello no impide en absoluto que los nacionalistas catalanes se crezcan e imiten a los vascos. ¡Los imita incluso el partido socialista de Maragall, ante el cual Zapatero sólo puede plegarse, porque es en realidad otro partido! Las tímidas protestas del PP las explica de la misma manera el PSOE: el gobierno practica una política de confrontación.

Otro ejemplo, el PP ha hecho lo posible por traer a Cataluña el laboratorio europeo para la energía de fusión. Ha fracasado, entre otras cosas porque Francia sigue siendo, pese a sus retrocesos, una potencia científica incomparablemente superior a España, donde los estragos de la política educativa del PSOE van a sentirse aún por largo tiempo. Si lo hubiera conseguido, los nacionalistas catalanes (como el propio PSOE) habrían quitado todo valor a la intervención gubernamental, y lo habrían presentado como un triunfo propio, nada que ver con “Madrid”. Naturalmente, al no haber sido así, la culpa es de “Madrid”… y de su política de confrontación con Francia.

En Europa, franceses y alemanes pretenden construir un Eje París-Berlín que domine al conjunto del continente y que pueda saltarse los acuerdos, incluso los establecidos por ellos mismos, y de paso privar a España, mediante tratos de dudosa legalidad, de la influencia acordada antes legalmente. Madrid, naturalmente, protesta. El PSOE, no menos naturalmente, alza la voz: el gobierno practica una política de confrontación con Francia. Cuando Marruecos nos agredió, también la culpa recaía en la “confrontación” de España con Rabat. Es una actitud permanente.

La influencia histórica del PSOE en España ha sido simplemente nefasta. Fue uno de los elementos que acabó destruyendo el régimen liberal de la Restauración, propiciando así la dictadura de Primo de Rivera, con la que pasó a colaborar. Durante la república se convirtió, sobre todo desde 1933, en el principal factor de desestabilización y llevó al régimen a la ruina, primero en octubre de 1934 y luego en el Frente Popular. Durante la guerra fue él, y no el PCE, el que ató la España izquierdista al régimen de Stalin. Bajo el franquismo no hizo oposición que valga la pena citar.

El único activo socialista ha sido la buena intención de muchos de sus militantes y líderes por mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y hacer progresar el país, buena intención siempre frustrada por las ideas marxistas en que se envolvía, y porque una especie de predestinación hizo triunfar siempre al sector extremista sobre los moderados. Parecía que en la transición habían cambiado las cosas, al renunciar el partido al marxismo, aunque no auguraba nada bueno la falta de autocrítica y aquella palabrería de los “cien años de honradez”. Luego las cosas fueron de mal en peor, hasta perder el poder. Era la oportunidad para revisar la línea seguida, y por un momento pareció que Zapatero iba a hacerlo. Pura ilusión.

Otra vez el PSOE vuelve a aliarse con los enemigos abiertos de la unidad y la libertad de España, y a intentar frenar los más elementales reflejos de autodefensa de la sociedad. La penúltima ha sido la pretensión de identificar a las víctimas del franquismo con la democracia y homenajearles en nombre de la Constitución, y en compañía de constitucionalistas y demócratas tan probados como el PNV o los comunistas. Si esa democracia, tan parecida a la que llevó a la guerra, es la que quiere el PSOE, debería aclararlo de una vez.

Parece una maldición o un hechizo. Hasta el mismo Vázquez, que tantas cosas sensatas ha dicho, parece haberse contagiado de la peligrosa chifladura. El PSOE no sabe distinguir entre las cuestiones fundamentales, que no deben tocarse si no se quiere poner en peligro todo el sistema democrático, y las accesorias. Sería una buena noticia que el partido se disgregase antes de convertirse en un instrumento para disgregar España.

Efervescencia nacionalista
Antes de hacer las maletas
Cristina Losada Libertad Digital  28 Noviembre 2003

Una mañana, hace once años, me quedé estupefacta al ver, en el Herald Tribune, cierto anuncio que ocupaba dos de sus sábanas. En la primera, junto a un mapa de Europa sin fronteras preguntaban: ¿Sabe dónde está Barcelona? Y en la segunda respondían: En Cataluña, por supuesto. El mapa de la región era el único que resaltaban del continente y el resto de España parecía tan ajeno a ella como Francia. Era un anuncio de la Generalitat ante las Olimpiadas. A España, sede del evento y pagadora de las magnas obras, la habían borrado del mapa. Me dije: están locos, y lo tomé como un chiste avieso. Me equivoqué. No era una broma y han ido a más los chiflados. Están locos, sí, pero, como decía Rosa Díez en un artículo sobre el Plan Ibarretexe, saben lo que hacen. Lo han sabido siempre. Y ha habido locos que llegaron muy lejos. Un cabo del ejército alemán, entre otros. Y a Companys, que proclamó el Estado catalán en el 34 y tiró por la alcantarilla la autonomía y finalmente la propia II República, no se le tomaba por imbécil ni por orate.

Todo el que no quiera cerrar los ojos sabe hoy lo que hacen los nacionalistas. Se acaba de ver el fruto de su labor en Cataluña. La base de todo dominio y poder es ideológica, escribió Ludwig von Mises. Veintitrés años de control nacionalista de la enseñanza, la cultura y los medios han abonado la planta y ésta ha echado su brote más auténtico: ERC. Un brote pequeño, pero matón, como corresponde a la esencia excluyente e insolidaria de su ideología. La planta ya tiene fuerza para cumplir su destino: eliminar a las demás, erradicar del oasis toda especie vegetal distinta, crear un hábitat en el que únicamente pueda vivir una sola especie animal. Como esas algas que colonizan las lagunas y asfixian toda otra forma de vida, así actúa el nacionalismo.

Presintiendo que se va a reducir el ya escaso oxígeno, los ciudadanos no nacionalistas de Cataluña han hecho saber, donde todavía se les deja hablar, que temen lo peor: que van a tener que hacer la maleta. Eso, si no quieren someterse, pues si abandonan el grupo de los apestados y acosados para unirse a los acosadores, todo serán premios y parabienes. Así, con la zanahoria y el palo, logró el cabo loco que los alemanes, el pueblo más culto del mundo, se adhirieran a sus delirios. ¿Exagero? Lean Historia de un alemán, de Sebastián Haffner y vean si lo que ocurría en 1933 en Alemania no guarda similitud con lo que sucede en el País Vasco. Y, sin sangre, el palo forrado de buen paño, en Cataluña.

También yo, en Galicia, temo que no está lejos el día en que algunos desearemos levantar el campamento. ¿En esta Galicia dónde gobierna el PP? En ésta. El PP de Fraga abona la planta nacionalista. La Xunta promueve el culto a lo autóctono, a la ficción de unas exclusivas “señas de identidad”, a todo lo que pueda separarnos del resto. La dieta de gaita y grelos es el pan de cada día. La enseñanza, la cultura, todo aquello que difunde y siembra ideas se ha dirigido a insuflarle vida al cuerpo exangüe del “galleguismo”, un entretenimiento de intelectuales que hoy es la ideología oficial. Y los lobbies enquistados en la Administración o cercanos a ella y a sus arcas, que viven del cuento y a cuenta del “ismo”, la defenderán con uñas y dientes. Si alguna vez llegan al poder el BNG y un PSOE seguidista, como el que hay, encontrarán el terreno preparado.

Pero ¿vamos a irnos sin más? El nacionalismo ha ganado espacio ideológico gracias a la pasividad de la mayoría. Se le dio un plus de legitimidad en la Transición y ha sabido aprovecharlo. Se le ha aceptado su falsificación de la historia, se le ha dado razón en su victimismo. Se ha considerado “progresista” lo que ha sido siempre reaccionario. Se le ha consentido que se cargue la igualdad ante la ley, vulnere los derechos, coarte las libertades de los que piensan de otro modo y aliente la agresividad contra ellos. Las cúpulas de los partidos políticos nacionales no han estado a la altura: han demostrado que no son de fiar en esta batalla. Aquí nos defienden, allá nos dejan en la estacada. Los ciudadanos tendremos que hacer algo en defensa propia. Disponemos del ejemplo de la resistencia vasca, con sus diversas asociaciones y entidades que combaten en el terreno de las ideas, el que se ha perdido y es preciso recuperar. Si muchos han dado la vida y otros se la juegan, antes de hacer las maletas habrá, al menos, que dar la cara por las libertades. Una vez más.

Inseguridades
SANTIAGO GONZÁLEZ  El Correo  28 Noviembre 2003

Al ritmo vertiginoso al que se suceden aquí los acontecimientos no es probable que la mayoría de ustedes recuerde el intento de Oliveri, durante su etapa como consejero de Educación, para establecer el perfil lingüístico HBLEM para el personal auxiliar de Educación Especial. Aquello no cuajó, pero no por ello cejaron en su empeño los responsables de Educación del Gobierno vasco, dignos representantes de un pueblo entre cuyas virtudes cabe destacar la tenacidad. Mi ponderada Anjeles (sik) Iztueta convocó una oferta pública de empleo en la que estableció por el acreditado artículo 33 los requisitos lingüísticos para los auxiliares de Educación Especial, a los que equiparó al personal docente, por lo que les fueron exigidos los perfiles llamados PL-1 y PL-2, nivel este último que acredita la capacitación del personal docente para impartir clase de euskera o en euskera.

Comisiones Obreras recurrió la convocatoria y el Tribunal Superior de Justicia ha fallado en contra de la decisión de la consejera, que califica de «arbitraria», con el muy razonable argumento de que no se puede exigir al personal no docente el mismo perfil lingüístico que al docente.

El Tribunal establece que la exigencia «es una incongruencia y una clara desproporción, quiebra el principio de igualdad y excluye sin razón suficiente a quien no acredite el citado perfil». El asunto es que aquellas plazas se han dotado mediante una OPE en la que Iztueta impuso su criterio, ahora vapuleado por los jueces. Otro asunto es que la sentencia abre la vía del recurso a todos aquellos que concurrieron a las oposiciones y fueron rechazadas por no cumplir el PL-2. Un tercer asunto es la inseguridad que el 'kapritxoso' proceder del Departamento ha creado a personas que compitieron por la plaza y la ganaron. Parece claro que la arbitrariedad en la que incurren los responsables institucionales es una fuente de inseguridad jurídica, incluso para aquellos a los que pretende beneficiar. En fin.

A Umbral también le duele España
Julián Lago La Razón 28 Noviembre 2003

Bueno, pues ha reaparecido Umbral en plena gloria, el gran Paco Umbral, con Carlos Dávila en La 2, más lúcido que nunca, menos snob que nunca, y menudo repaso ha dado a los modernos en general y a los nacionalistas en particular para que vayan enterándose. Que sí, que Umbral será lo que sea, además de escritor de cojón de mico, pero nadie se atreverá a tildarle de quintacolumnista de la derechona esa a la que tanta cera ha dado.

Así que para evitar pronunciar la palabra España, dice Umbral, y dice con razón, algunos ígnaros recurren al abstruso concepto de «Estado español», que es acuñación franquista, aunque a nosotros siempre nos haya parecido la denominación de origen de un vino de la Ribera o de por ahí, más bien. Cierto es que, antes de Franco, algo de eso se le había ocurrido a Mussolini con su «Estado fascista», y también a Oliveira Salazar con el «Nuevo Estado» portugués. De forma que, además de franquista, la cosa tiene reminiscencias fascistoides cuando no imperiales, que igualmente el cardenal Cisneros, siendo regente, utilizó lo de Estado para registrar los ingresos y los gastos de los reinos de España.

Pero en lo que estamos, en el origen franquista de «Estado español», que dicen Ibarretxe, Carod Rovira, Llamazares también, Maragall alguna veces y toda esa peña por no decir España, aunque en el caso de Franco fuera un hallazgo de rebote, además. Verbigracia, el dictador, como no quiso incorporar el nombre de «República española» o de «Reino de España» a los primeros sellos encargados por la Junta Técnica de Burgos a la Casa Moneda de Londres, aceptó la sugerencia de don Pedro Sainz de que a «aquello suyo» lo llamara «Estado español». A los ingleses tal definición, que no era ni carne ni pescado, les pareció de perlas porque así se evitaban conflictos, pero el que quedó encantado con la idea fue el propio Franco, por cuanto lo de «Estado español» tenía de mussoliniano e imperial.

O sea que independentistas, izquierdistas y progres utilizan, sin saberlo, claro, un invento franquista con la sola intención de no referirse a España porque no queda moderno, por lo visto. Justo, fíjense, lo contrario de lo que hicieron los poetas del 27, a los que les dolía España, y la generación del 36, vencedores y vencidos, a quienes desde la derrota, el exilio o la cárcel España tampoco dejó nunca de dolerles. Como ahora le duele a Umbral, que es un intelectual de izquierdas fuera de toda sospecha, y a él le duele por partida doble, que para eso su propia se llama España, María España en concreto. Desde luego, no nos imaginamos a Umbral por las mañanas diciendo a su mujer «buenos días, Estado Español», pero a Ibarretxe, ya ven ustedes, sí, lo que son las cosas.

El Plan Ibarretxe y la Constitución europea
Por IÑIGO MÉNDEZ DE VIGO ABC 28 Noviembre 2003

Allá por los años ochenta, el Colegio de Abogados de Madrid reunió a sus afiliados para debatir sobre la colegiación obligatoria. Tras varias horas de acalorada discusión, tomó la palabra el Decano Pedrol, quien con una sonrisa maliciosa sentenció: «las propuestas que han esgrimido los compañeros han sido muy interesantes... pero dentro de unos meses España ingresará en la Comunidad Europea y el tema que han debatido ustedes con tanta pasión y enjundia está ya resuelto por el derecho comunitario».

La anécdota me vino a la memoria mientras leía el admirable artículo publicado en este periódico por el profesor García de Enterría donde ponía de manifiesto las incongruencias entre el Plan Ibarretxe y la Constitución española. Las modestas reflexiones que siguen se sitúan en esa misma línea: analizar hasta qué punto las propuestas de Ibarretxe tienen encaje en la Constitución Europea que espero sea una realidad a partir de su aprobación por el Consejo Europeo de Roma el próximo 13 de diciembre.

El artículo 1 de la Carta Magna Europea afirma la doble legitimidad de la Unión asentada en los ciudadanos y en los Estados. El reconocimiento de los ciudadanos como protagonistas de la construcción europea es una innovación de gran calado. Los Tratados de Roma mencionaban en 1957 el objetivo de una «unión más estrecha entre los pueblos de Europa». La referencia a los «pueblos» no era sólo un trasunto del concepto alemán de Volk sino también hija de la época. A partir de la década de los noventa, con la inclusión del concepto de ciudadanía en Maastricht y más tarde con la aprobación de la Carta de los Derechos Fundamentales en Niza se abre paso el término de ciudadanos. La diferencia no es baladí. Frente al concepto anticuado y gaseoso de unos presuntos sujetos de unos evanescentes derechos colectivos, se impone la apuesta por las personas de carne y hueso, con capacidad para decidir y optar, con derechos y libertades reconocidos por el ordenamiento jurídico y amparados por un sistema de protección de esos mismos derechos a través de las jurisdicciones nacionales, del Tribunal de Luxemburgo y, cuando se cumpla lo dispuesto en el artículo 7.2 de la Constitución, con la última garantía del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta apelación a los ciudadanos contrasta con el Preámbulo del Plan Ibarretxe donde continuamente se invoca al Pueblo Vasco (sic) como sujeto constituyente.

El otro protagonista de la construcción europea son los Estados y ello porque a diferencia del poder omnímodo de un Estado en su territorio donde «lo puede todo salvo convertir a un hombre en mujer» según un clásico inglés, la Unión Europea sólo puede ejercer aquellas competencias que le han sido previamente transferidas con el objetivo de «alcanzar sus objetivos comunes» como resalta el artículo 1 de la Constitución. De ahí que «toda competencia no atribuida a la Unión en la Constitución corresponde a los Estados miembros» (artículo 9.2); de ahí la primacía de la Constitución y del derecho comunitario sobre el derecho de los Estados miembros (artículo 10 de la Constitución); de ahí también que las competencias así transferidas sean ejercidas a nivel comunitario por la Comisión que propone y el Consejo de Ministros (institución donde están representados los Estados miembros) y el Parlamento Europeo (institución representativa de los ciudadanos de la Unión) quienes colegislan.

Para el derecho comunitario, las entidades territoriales, ya se llamen Länder, regiones o comunidades autónomas constituyen elementos de «la identidad nacional de sus Estados miembros» cuya autonomía se compromete a respetar (artículo 5 de la Constitución). Su eventual participación en los procedimientos decisorios de la Unión Europea se produce porque son parte de un Estado miembro y no en virtud de ninguna otra circunstancia. Así, cuando el artículo 146 del Tratado de Maastricht facultaba la representación de los Estados miembros por representantes de las regiones en el Consejo de Ministros, estos representan al Estado miembro en cuestión y comprometen al Gobierno de dicho Estado. O lo que es lo mismo, hablan por el Estado y actúan en su representación. El artículo 65 del Plan Ibarretxe se aparta de esta línea cuando afirma: «de conformidad con la normativa europea, la comunidad de Euskadi dispondrá de representación directa en los órganos de la Unión». Tanto esta pretensión como la expresada en el apartado segundo de ese mismo artículo donde se exige la habilitación por parte del Gobierno español de «los cauces precisos para posibilitar la participación activa del Gobierno vasco en los diferentes procedimientos de tomas de decisiones de las instituciones comunitarias en aquellos asuntos que afecten a sus competencias», no constituye sólo la expresión de un lenguaje tortuoso sino, lo que es más grave, resulta una pretensión de imposible cumplimiento.

Esta unilateralidad del Plan Ibarretxe está presente en otras propuestas: cuando en el artículo 65.1 exige: «el Estado incorporará los compromisos derivados del presente Estatuto a los Tratados de la Unión Europea en los términos que corresponda en orden a garantizar su reconocimiento y respeto en el ámbito europeo» parece desconocer que un Estado miembro no puede alterar por sí solo las condiciones de su adhesión a la Unión Europea. Sería por tanto necesario modificar el Acta de Adhesión de España de 1985 lo que requiere no sólo la voluntad expresa del Gobierno de España sino la aprobación por parte de los restantes 24 Estados miembros de la Unión. Esa unilateralidad se pone igualmente de relieve cuando exige (artículo 65.6) que Euskadi sea una circunscripción electoral en las elecciones al Parlamento Europeo. Ello implica la modificación de la ley orgánica reguladora del régimen electoral que afecta a todo el territorio nacional y donde imagino que el resto de las comunidades autónomas también tendrán algo que decir. Esa unilateralidad se puso igualmente de manifiesto en la presentación que el presidente vasco hizo el pasado 26 de septiembre cuando anunció que sometería igualmente su Plan a referéndum aunque no se alcanzara un pacto con el Estado. Se trata de una hipótesis poco plausible porque el artículo 2 de la ley orgánica reguladora de las distintas modalidades de referéndum atribuye la competencia exclusiva para convocar un referéndum al Gobierno de la Nación. Por agotar dialécticamente el tema cabe preguntarse lo que sucedería si Ibarretxe lo convoca al margen de la ley o bien si pretende convertir unas elecciones anticipadas al Parlamento Vasco en un plebiscito a su propuesta. Pues bien, en uno u otro caso, la Constitución Europea ofrece una respuesta terminante en su artículo 5 cuando afirma su respeto a «las funciones esenciales del Estado (miembro), en particular las que tienen por objeto garantizar la territorialidad del Estado, mantener el orden público y salvaguardar la paz interior». En suma la Constitución Europea atribuye a los Estados competencia exclusiva sobre su integridad territorial y no reconoce ningún derecho de secesión.

Guiñol en la Diputación
ALFONSO DE LA VEGA La Voz 28 Noviembre 2003

MI ABUELA Ildefonsa, una mujer de singular mérito profesional que en una época muy difícil fue directora general de Instrucción Pública, solía decir que «si quieres saber cómo es fulanito, dale un carguito». Ahora, en estos tiempos modernos, el patriotismo constitucional viene a durar lo que tarda en llegar el vértigo por el logro o el mantenimiento en el cargo, carguete o carguito. Y es que está la vida muy achuchada y «más cornás da el hambre». Ya que el PSOE actual parece haber renunciado a toda ideología, y reducir su ambición política a buscar un asiento cómodo donde sentar a sus mandos, cualquier cosa puede ocurrir. Pues, ¿qué es peor para los intereses sociales, políticos y económicos de los españoles: pactar con el Bloque, con la llamada Izquierda Republicana de Cataluña o con los racistas sabinianos? Me decían que los socialistas coruñeses no iban a pactar con los bloqueros, pero no por patriotismo constitucional, que el domingo ya se vio lo que da de sí, sino por otra razón: el deseo de Touriño de pegar una patada en el trasero de Vázquez mediante la persona interpuesta de Moreda. Pero los cargos son los cargos y los presupuestos son los presupuestos, de modo que va a empezar la cohabitación contranatura constitucional en lo que supone todo un experimento genético. ¿Cómo serán los híbridos de primera generación de semejante concubinato? Mitad sí y mitad no. Pero un problema mayor estaría en la segunda, cuando los caracteres se disocien, los genes dominantes y recesivos se recombinen y no sea capaz de reconocerlos ni la madre que los parió. Pero pagado el justiprecio, tan importante para los intereses coruñeses, de entregar en bandeja la cabeza de su señoría en Vigo, y con los antecedentes de su reciente política municipal, el espectáculo va a empezar ahora en la Diputación coruñesa, ¡pasen y vean!

EN POCOS AÑOS, DEJARÍAN DE PAGAR PENSIONES
Mikel Buesa calcula que la tasa de paro en un País Vasco independiente alcanzaría el 33 por ciento
El catedrático de Economía Aplicada Mikel Buesa ha detallado, en una conferencia celebrada en la Universidad San Pablo-CEU, lo que el "Plan Ibarretxe" ofrece a los vascos desde el punto de vista económico. De momento, la independencia supondría un paro de hasta el 33 por ciento y "una administración que sólo podría financiarse aumentando drásticamente los impuestos y cotizaciones sociales".
EFE Libertad Digital  28 Noviembre 2003

En su estudio "Economía de la secesión: los costes de la No España en el País Vasco", publicado en 2002, Mikel Buesa ya analizaba con detalle el colapso económico que provocaría la realización del Plan Ibarretxe.

Este jueves, en declaraciones a la agencia EFE, antes de pronunciar una conferencia sobre el coste hipotético de la independencia del País Vasco en la Universidad San Pablo-CEU, Buesa resumió lo que el Plan Ibarretxe ofrece a los vascos desde el punto de vista económico: "menos actividad económica, más desempleo y una administración que sólo podría financiarse aumentando drásticamente los impuestos y cotizaciones sociales", es decir "menos bienestar".

Mikel Buesa, miembro del Foro de Ermua y hermano del ex diputado general de Álava, Fernando Buesa, asesinado por ETA en el año 2000, explicó en primer lugar que la salida del País Vasco de la UE supondría la reaparición de las fronteras. Eso llevaría aparejado un incremento de costes en las relaciones comerciales con el resto de España y Europa, y consecuentemente menos ventas y menos actividad económica. Además, muchas empresas –una cuarta parte de las de más de 50 empleados se lo plantean ya según un estudio del propio Buesa– podrían abandonar ese territorio.

El efecto conjunto de las fronteras y la deslocalización de empresas oscilan entre el 14 y el 23 por ciento del PIB vasco y la destrucción de entre 128.000 y 214.000 empleos, lo que elevaría la tasa de paro hasta cotas de entre el 20 y el 33 por ciento, según las estimaciones de Buesa. Una segunda gran consecuencia de la independencia sería la necesidad de construir un Estado que mantuviera las prestaciones sociales actuales.

Un déficit del 10 por ciento de su PIB
Buesa citó un estudio del profesor Alfonso Utrilla, de la Universidad Complutense de Madrid, según el cual en el 2002 el conjunto de funciones del Estado en esa comunidad podía evaluarse en 10.659 millones, en tanto que la aportación del País Vasco en forma de cotizaciones, impuestos y cupo fue de 6.474 millones. "Eso quiere decir que para mantener el mismo nivel de servicios tendrían que asumir un déficit público de 4.185 millones, casi el 10 por ciento de su PIB", explicó.

Añadió que parte de ese déficit correspondería a la Seguridad Social y apuntó que éste puede suponer para el País Vasco en el año 2010 un déficit de otros 500 millones de euros. En esa situación, añadió el catedrático de Economía Aplicada, un País Vasco independiente "sería incapaz de pagar las pensiones" de los 440.000 pensionistas que en la actualidad viven en esa comunidad autónoma.

Respecto a la actitud de los agentes sociales vascos ante la situación que crearía una hipotética independencia, Buesa señaló que los sindicatos UGT y CCOO ya se han posicionado claramente en contra del Plan Ibarretxe, mientras que en el caso de los empresarios "quizá haya aún una reacción tímida excepto en los de Álava". Señaló, no obstante, que "los empresarios votan con los pies, es decir, se van", y eso está ocurriendo ya en un colectivo que "aunque no haga manifestaciones públicas y notorias" vive la situación con "mucho desconcierto y descontento".

UGT recurrirá la orden de llamar inmigrante a los alumnos no vascos
M. ALONSO ABC 28 Noviembre 2003

BILBAO. El responsable de UGT-Enseñanza en el País Vasco, Luis Santiso, manifestó ayer a ABC que el sindicato «ha agotado» la vía del diálogo en su intento de que el Ejecutivo de Ibarretxe cambie la circular enviada a los centros escolares en la que se considera inmigrantes tanto a los alumnos extranjeros como a los que lleguen del resto de España. A la vista de ello, UGT prepara un recurso por la vía contencioso-administrativa.

Santiso afirma que las instituciones vascas no dialogan y que, por tanto, obligan a judicializar los temas, después de que ni siquiera les hayan dado opción a abrir una negociación. UGT ha pedido la convocatoria de la comisión técnica de planificación para tratar este asunto con la Consejería vasca de Educación y también una entrevista personal con la consejera, Anjeles Iztueta, peticiones que, según Santiso, han sido ignoradas. Además, el Departamento de Educación se reafirma en las instrucciones que consideran inmigrantes a estos alumnos procedentes de fuera del País Vasco.

Hoy en el Parlamento vasco PP y PSE presentarán sendas mociones de censura contra Anjeles Iztueta y será el lendakari quien se encargue de la defensa de su consejera. Mientras, el Departamento de Educación intenta contrastar las críticas recibidas y, así, ha organizado para el próximo lunes una fiesta en Bilbao con grupos musicales extranjeros.

«Euskadi sigue atrapada en una dictadura del miedo», dice Arnedo
MADRID EL CORREO  28 Noviembre 2003

«Cuando estamos a unos días de la celebración del 25 aniversario de la Constitución, hay todavía un rincón de España, el País Vasco, donde no se vive en libertad, manifestó Ángel Arnedo en una conferencia pronunciada ayer en la Universidad San Pablo Ceu. El director de EL CORREO subrayó que Euskadi «sigue atrapada en una dictadura del miedo, en una oligarquía de la fuerza, donde el pánico paraliza sus instituciones y su avance de futuro».

En su intervención en el congreso 'Pasado, presente y futuro de la libertad de expresión , organizado con motivo del aniversario de la Carta Magna , Arnedo denunció la situación de «un gran número de periodistas en el País Vasco. «No gozamos de la misma libertad que gozan el resto de profesionales de España -manifestó--, pero trabajamos y muchas veces nos jugamos el tipo cada día para que la libertad que a nosotros nos falta no les falte a nuestros lectores».

En este sentido, afirmó que EL CORREO mantiene una «línea editorial de moderación, de independencia, de la que suelen sentirse excluidos quienes prefieren escribir la actualidad con cartuchos de nueve milímetros parabellum».

Ángel Arnedo se mostró contrario a cualquier tipo de censura y al cierre de medios de comunicación. El director de El CORREO defendió la conveniencia de informar de los atentados, aunque insistió en que «nunca se puede ser neutral ante el terrorismo.

Los secretos del consenso
Por CONSUELO ÁLVAREZ DE TOLEDO ABC 28 Noviembre 2003

El año 1978 comenzaba cargado de tensiones. El Rey seguía muy de cerca los avatares de la ponencia constituyente que presenta su primer texto el 5 de enero. Preocupaba a Don Juan Carlos la reacción adversa de algunos mandos militares, de tal manera que al día siguiente aprovechó la Pascua militar para dejar las cosas claras: «Igual que el arte de la guerra tiene que sufrir innovaciones profundas, también en otros muchos aspectos y, desde luego en el político, hay que seguir la marcha de la Historia para demostrar al mundo y demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces de vivir en paz, en la democracia y en la libertad».

«Hay que evitar que, desde fuera de las Fuerzas Armadas, se trate de politizarlas, implicándolas en la política que a cada cual conviene o utilizándolas para apoyar en uno u otro sentido sus intereses», dijo Don Juan Carlos. El fantasma de un golpe de Estado acompañó permanentemente el proceso constituyente. Desde la operación Galaxia hasta el 23-F, el golpismo estaría siempre presente con la continua referencia a gobiernos de concentración o de salvación nacional.

El conocimiento del borrador de Constitución y la presentación de las 1.133 enmiendas al proyecto elaborado por los siete ponentes volvió a tensar el proceso constituyente. Los ponentes decidieron recluirse durante tres días en el Parador de Gredos para expurgar todo aquel mare mágnum enmendante. La circunstancia fue aprovechada por PSOE y PCE para mantener sus últimas posiciones republicanas, mientras que UCD, de nuevo con problemas internos muy serios, intentaría reconducir la concesión del término «nacionalidades», adoptada tras muchas idas y venidas centristas, mediante la aclaración de que «España es una nación». El recelo de Suárez, advertido del revuelo en sectores involucionistas, era que aquel invento de Miguel Roca -«nacionalidades y regiones»- podía interpretarse como una puerta abierta a futuras intenciones separatistas. Había que hilar muy fino y se intentó una marcha atrás.

Negociación de los nacionalismos
La definición de la estructura del Estado y cómo resolver los problemas de Cataluña, pero sobre todo del País Vasco y Navarra, fueron el motivo principal de un sinfín de reuniones, enunciados, propuestas y contrapropuestas dentro de la propia UCD. Desde entonces quedaron claras dos actitudes: una, defendida por Herrero, partidaria de atender las aspiraciones de los nacionalistas, y otra, protagonizada por Abril, partidario de una defensa explicita de la «indisoluble unidad de la nación española» y de su soberanía. En Moncloa decidieron pasar a la ofensiva. Desde el presidente del Gobierno al último de los barones de UCD, todos salieron en tromba a defender el anteproyecto constitucional: «prometemos defender la libre iniciativa y la empresa privada en el marco de una economía social de mercado», dijo Suárez en Ávila. «No somos ni de izquierdas ni de derechas», afirmaba Joaquín Garrigues; «la izquierda no tiene el monopolio de la decencia», proclamó Fernández Ordóñez.

El cardenal Tarancón, presidente de la Conferencia Episcopal, tan relevante en la Transición, advertía: «Ninguno contará con nosotros para el servicio a sus particulares intereses de grupo o ideología.» Apelación a la neutralidad católica que no sería atendida por los democristianos dispuestos a exigir un giro a la derecha de UCD, sobre todo en cuestiones de educación. Y entonces fue cuando algunos descubrieron la «mayoría natural». Manuel Fraga lo dijo muy claro: «... ha habido una propuesta seria para hacer una nueva mayoría en el Congreso y formar, entre las fuerzas de centro-derecha, un Gobierno de coalición, con el fin de definir de una vez los dos grandes bloques naturales del país».

Muy al contrario, a finales de febrero Suárez cambió el Gobierno, tras la inoportuna dimisión de Fuentes Quintana, y Fernando Abril se convirtió en vicepresidente y ministro de Economía. Se trataba de controlar el heterogéneo conglomerado centrista ante unos momentos difíciles. En la ponencia constitucional, UCD votaba con AP y Convergencia, para mosqueo de Peces Barba y Solé Tura. Sabedor de la presión de los conservadores sobre Suárez, Felipe González dio otra vuelta de tuerca para forzar la convocatoria de elecciones municipales donde, ya lo sabía Guerra, la izquierda podría por fin tocar poder. El PSOE mostró su fuerza abandonando la ponencia constitucional. La crisis era seria. En marzo, Adolfo Suárez decidió dar un giro para recuperar otra vez el acuerdo con los socialistas.

En busca del apoyo socialista
En abril se publica por fin el texto final de la ponencia y el Palacio del Congreso era el escenario de encuentros y conversaciones, negociaciones, pactos, transacciones. Y en el bar, los viejos retratos de Cánovas, Sagasta, Pi i Margall, Salmerón, Castelar, Alcalá Zamora, Lerroux, Canalejas y Álvaro Martínez eran mudos testigos de increíbles conversaciones sobre los más variados aspectos de la futura Constitución. Las confidencias entre políticos y periodistas se llevaban a cabo con diáfana promiscuidad y así se supo enseguida que, en el Salón de Ministros, Suárez y González pactaban un nuevo calendario.

Días después, Adolfo Suárez interviene ante el Pleno del Congreso para explicar los cambios de Gobierno. Se dirige a la oposición: no se puede exigir consenso constitucional mientras se ponen zancadillas. Es el «discurso de las cañerías» en el que el presidente se duele de que le exijan «dar agua todos los días» mientras se construye el «edificio del Estado nuevo, bueno, sólido y confortable para todos» y reprocha al PSOE anteponer intereses de partido a la consolidación de la democracia. La advertencia dio resultado y el PSOE firmó el anteproyecto de Constitución.

Volvía la «pax constitucional»: en el Senado se despenalizaba los anticonceptivos, el adulterio y el amancebamiento y Televisión Española hacía estragos con el concurso «Un, dos, tres» de Chicho Ibáñez Serrador. Ya es primavera en Madrid cuando el 5 de mayo la Comisión Constitucional comenzó a debatir el proyecto tan laboriosamente redactado. Las sesiones son abiertas a la prensa y en la sala confraternizan ocho grupos parlamentarios. Ese mismo día en Barcelona, Felipe González rompió aguas ideológicas lanzando su gran órdago: «el PSOE no tiene por qué ser un partido marxista». Las piezas del puzzle constitucional iban encajando. La reacción crítica de los socialistas ortodoxos no se hizo esperar. Pero González estaba determinado a llevar a buen puerto la conversión del PSOE a la socialdemocracia como paso imprescindible para ganar unas elecciones. Su apuesta la ganaría un año mas tarde, previa su dimisión como Secretario General. El gesto del sevillano fue seguido con todo interés desde Moncloa donde se dieron cuenta de que el PSOE daría la batalla por el centro.

Pero en la Comisión, para sorpresa del PSOE, Landelino Lavilla que dirige los debates se alinea constantemente con Alianza Popular y pronto se percibe el aire de una «mayoría natural», la «mayoría mecánica» que suma los votos. Y los socialistas denuncian la exclusión de la izquierda mientras que mantienen su republicanismo, ven como UCD y AP se resisten a abolir la pena de muerte y así todo. Alertado del deslizamiento de UCD hacia la derecha en los debates de la Comisión y aquejado de terribles dolores provocados por una equivocada operación de mandíbula, Adolfo Suárez estaba irritado con tan crítica situación. Fue así cómo decidió que Fernando Abril interviniera ya y directamente para desbloquear los debates de la Constitución. Había que retomar otra vez el diálogo con el PSOE.

El vicepresidente escogió un lugar discreto y próximo a su casa para poner en marcha una nueva estrategia. El pequeño reservado de la entreplanta del restaurante «José Luis», frente al estadio Bernabéu, sirvió de escenario para una curiosa manera extraparlamentaria de elaborar una Constitución. Sin retóricas se ganaba eficacia; y sin publicidad, tiempo. Una vez logrados los acuerdos, serían tramitados en la Comisión por uno de los dos partidos para recibir todas las bendiciones institucionales.

Soluciones para las discrepancias
Fernando Abril y Alfonso Guerra entendieron que tenían la responsabilidad de buscar el común denominador de una gran mayoría social. Pragmáticos, poco proclives a perder el tiempo en disquisiciones, hora a hora, noche a noche y folio a folio, buscaron soluciones para las discrepancias. «Creo que en nuestro país la pasión ha estado en contradicción con la razón y que es preciso hacer una Constitución mirando hacia delante. Que se mire con espíritu de comprensión y acercamiento y de compromiso, no es ceder. Es simplemente una postura realista que parte del afán de crear un marco de convivencia estable y duradero», explicaría Fernando Abril en «El País». Por aquellas reuniones nocturnas fueron pasando también Peces Barba y Múgica; Arias Salgado, Cisneros y Pérez Llorca. Y en su despacho de Castellana 3, Abril hablaba con Roca y Solé Tura.

En sucesivos encuentros secretos, con escenas casi de comedia de enredo, las grandes cuestiones pendientes iban siendo resueltas entre idas y venidas, gritos y susurros, agobios y esparcimientos. Fue el gran momento de «el consenso» cuyo secreto no era otra cosa que «la búsqueda de un acuerdo en lo fundamental, un pacto para la paz y la convivencia, con profundas raíces éticas y culturales, con una realista memoria crítica y con una intención de superar aquella tradición de enfrentamientos», según Peces Barba.

Habían pasado quince días y la prensa no se había enterado de tales encuentros. Alianza Popular y PNV se tomaron a mal su exclusión de la mesa de los acuerdos mientras que Lavilla y Herrero de Miñón protestaron desairados. Los temas negociados así fueron la abolición de la pena de muerte, la Corona, la enseñanza, el reparto de circunscripciones, el estado de excepción, la confesionalidad del Estado o incluso el divorcio. En un sólo mes, el anteproyecto quedó listo para pasar al siguiente trámite como proyecto. El debate de la futura Constitución en el Pleno del Congreso quedó fijado para el 3 de julio.

El plan Ibarretxe y sus destinatarios
ESTEBAN ARLUCEA/PROFESOR DE DERECHO CONSTITUCIONAL DE LA UPV-EHU El Correo 28 Noviembre 2003

El llamado plan Ibarretxe, o con su denominación más pomposa de Propuesta de Estatuto político para Euskadi, ha sido, es y será objeto de comentarios de todo tipo, como se ha apreciado desde su mismo anuncio en ese ya lejano discurso del lehendakari en el debate de política general del Parlamento vasco, allá por octubre de 2002.

Y si a los plazos nos atenemos, tenemos debate de plan hasta largo y ello en el mejor de los escenarios, es decir, que no resulte aprobado, pues, a la luz de su calificación como propuesta de reforma estatutaria por la Mesa de la Cámara el pasado 4 de noviembre, han de seguirse los cauces 'ad hoc' del artículo 46 del Estatuto de Autonomía (EAPV) -mayoría absoluta ante el Parlamento vasco y aprobación por las Cortes Generales incluidas-. Si se diera esta aprobación, obviamente su presentación en todos los órdenes de la vida alargaría el tiempo de estancia en los medios. Situación que, por otra parte, ocurre con todas las novedades. Por ejemplo, traigamos a la mente lo que ocurrió en 1979 con la aprobación de los estatutos vasco y catalán, así como con la oleada de los demás que los siguieron hasta 1983. Lo que está claro es que, perdida la inicial curiosidad por algo, ese algo pronto deja de ser noticia.

Pero ahora nos encontramos en la cresta de la ola, por suerte o por desgracia; o quizá sólo por suerte, porque ya se sabe ese dicho de 'que hablen de uno aunque sea mal', y si algo necesita este plan es difusión, pero difusión del texto del mismo, siempre mucho mejor que interpretaciones interesadas (a estas alturas, pocos ciudadanos desconocen dónde se encuentra cada cual) o lo que es más grave, erróneas.

El plan es obviamente un plan político, esto es, una plasmación de una manera de entender la ordenación de un territorio determinado. Ante esto, pocos peros hay que valgan. Ahora bien, donde sí los hay, y muchos, o por mejor decir, insalvables, es en la traducción jurídica de las propuestas concretas en que descansa. Es decir, si políticamente es muestra de la pluralidad que en democracia ha de presidir las reglas del juego, donde lícito y a la vez necesario es disentir, jurídicamente y al amparo del reino de derecho que preside nuestra sociedad, los procedimientos y la sujeción a reglas de actuación son norma imperativa. Y estas reglas se fijan en las constituciones y en normas tan cercanas a ellas como son los estatutos, que por ello mismo forman parte del llamado bloque de la constitucionalidad.

Jurídicamente todo cabe en estas normas si las nuevas pretensiones se sujetan a los procedimientos establecidos para su modificación y respetando un mínimo de límites infranqueables, cuyo objeto es no subvertir el sistema de gobierno que se ha demostrado como menos malo: el democrático. Así, pues, salvo este mínimo de garantía (reconocimiento y defensa de derechos para todos, igualdad, preocupación social, justicia, pluralismo político, etcétera), todo es enmendable en aras del bienestar de todo orden que la sociedad vaya demandando. Y aquí se nos presenta el primer interrogante de cuya respuesta depende la vía a seguir: ¿Qué sociedad, la española dentro de la que la vasca está inmersa, la vasca sola integrada por las tres provincias (o cuatro o siete) o la de cada una individualmente considerada?

Hoy en día, para dar respuesta a esto, vemos restringidos nuestros argumentos. Por ejemplo, del argumento racial, etnicista o tribal parece que no podemos auxiliarnos. Sirviéndome de un término al uso, la globalización de la especie humana ha hecho que no podamos encontrar razas puras salvo en lugares muy focalizados. ¿Qué es lo que define a la presunta raza vasca a principios del siglo XXI, su RH, su tez, su fisonomía nasal... sus ocho primeros apellidos? Como se ve, este argumento no presenta ni rigor ni autoridad.

Por ello, hemos de servirnos de otros instrumentos. Si probamos con el afectivo-sentimental... quizá mejor no entrar en algo tan veleidoso como estas preferencias anímicas. Finalmente encontramos la Historia, remedio de todos los males al amparo de la expresión constitucional de derechos históricos (disposición adicional 1ª). Esta mística y casi dogmática expresión, como en una entrevista radiofónica reciente señalaba el profesor Corcuera, parece dar cobijo, y cobijo constitucional para un sector político determinado, a todo (la disposición adicional del Estatuto habla de la no renuncia a los derechos que como pueblo vasco le hubieran podido corresponder en virtud de su historia): el Concierto es un derecho histórico, sí, es cierto, pero su historia se remonta a su creación en 1878 por Cánovas del Castillo tras la segunda guerra carlista; si mal no salen las cuentas, como 126 años de historia, de los que habría que descontar el período 1937-1981 para las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa.

Pero también tenemos derecho (histórico) a un autogobierno porque tradicionalmente... Tradicionalmente, y la Historia (con mayúsculas, no esa historia que trata muchas veces de reconstruirse a medida de unos ideales) es testigo documental, nos habla de otros actores, los territorios históricos, más conocidos en ella como provincias (señorío en Vizcaya y reino en Navarra). Pero desde hace años ha irrumpido otro sujeto que los integra y que asume las prescripciones que la historia asignaba a aquellos, el pueblo vasco en forma de comunidad autónoma.

Y yo me pregunto: ¿No fueron los vizcaínos, alaveses y guipuzcoanos quienes hace siglos se unieron cada uno por su lado a la Corona de Castilla, no fueron los moradores de estas provincias quienes se gobernaban según sus fueros particulares, que muchas veces ni abarcaban a lo que hoy territorialmente es cada provincia? La historia nos responde que sí a ambas. Por ello, cuando se afirma que el pueblo vasco ha sido sujeto de su historia, esta historia debe de ser de las otras, de las de 'h' minúscula, porque los sujetos de la misma, con 'H' mayúscula, lo han sido los vizcaínos, alaveses y guipuzcoanos, y cuando las coronas de Castilla, Aragón, Galicia... confluyen en lo que desde hace siglos conocemos como España, son los españoles sus sujetos y sólo demográficamente hablando vizcaínos, alaveses y guipuzcoanos, haciéndose verdad ese principio de que las decisiones de las partes afectan al todo, por lo que en esa medida el todo ha de participar. Éste es uno de los fundamentos por los que nuestro Estatuto prevé también la remisión de su propuesta de reforma a las Cortes Generales en cuanto depositarias de la soberanía del conjunto de la nación y no sólo para su conocimiento, sino igualmente para su aprobación (artículo 46.1c del Estatuto).

Nueva regulación laboral para los 600.000 trabajadores de la Sanidad pública
MADRID. G. ZANZA ABC 28 Noviembre 2003

La norma marca también sus obligaciones ante los pacientes como la obligatoriedad de mantener sus conocimientos actualizados y el derecho a la información

Ley de Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud. Éste es el nombre de la norma que marca los derechos y obligaciones del personal de la Sanidad pública, desde médicos a operarios de mantenimiento, y que regirá las relaciones laborales de las 600.000 personas que integran este colectivo. La aprobación del Estatuto se produjo ayer en el Congreso con el único voto en contra del BNG y la abstención del PSOE. Al tratarse de una Ley de Bases, que anula las preconstitucionales, se desarrollará en cada Comunidad, partiendo de los principios y criterios que se establecen en cuanto a igualdad, méritos, capacidad y publicidad.

El Estatuto planificará los recursos humanos y establece la creación de registros de personal en cada Comunidad ya que no existe un cálculo exacto del número de trabajadores en cada una de las 39 categorías. Además, establece la reserva del 5 por ciento de los puestos de trabajo a personal laboral con discapacidad. Sus principales características son:

Jornada laboral
Máximo de 48 horas semanales
La duración máxima de la jornada laboral semanal es de 48 horas, incluidas las guardias, salvo decisión del trabajador, e incluye la suma de las jornadas ordinaria, a determinar por cada Comunidad, y complementaria. Ésta se desempeñará siempre que el centro sanitario lo determine, con el fin de atender su funcionamiento permanente y la continuidad asistencial, aunque excluye al personal administrativo. Existe también una jornada, con carácter excepcional de hasta un máximo de 24 horas. La duración de un turno ininterrumpido será, como tope, de 12 horas.

Retribuciones
Modelo común para todo el Sistema
Básicas y complementarias, son los dos conceptos que integrarán las retribuciones, asegurándose un modelo común, respecto a las básicas, para todo el Sistema Nacional de Salud. Las retribuciones complementarias tienen como objetivo motivar al personal, incentivar la calidad del servicio y la dedicación, así como la consecución de los objetivos planificados. Dentro de las retribuciones complementarias se incluye el complemento de carrera profesional, destinado a retribuir el grado alcanzado cuando la carrera profesional se haya implantado en la correspondiente categoría. Se podrá ampliar la edad de jubilación de forma voluntaria hasta alcanzar los 35 años de cotización a la Seguridad Social.

Movilidad geográfica
Concursos de traslado cada dos años
Garantiza el derecho a la movilidad geográfica de los profesionales por todo el Sistema Nacional de Salud, sentando las bases de la carrera profesional. Cada dos años, preferentemente, se convocarán concursos de traslado. Para facilitar la movilidad entre Comunidades, la Ley prevé homologar las categorías profesionales y coordinar las convocatorias de plazas entre las diferentes Comunidades. Los méritos se valorarán por igual, independientemente del servicio de salud autonómico de origen. Una comisión establecerá los criterios y principios que deben regir las convocatorias.

Carrera profesional
Homologable en todo el territorio
El derecho a la promoción es pauta común del Estatuto y tendrán que ser los servicios de salud los que establezcan los mecanismos de carrera profesional, aunque podrán adaptar a sus necesidades los criterios marcados en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. La carrera profesional será homologable en todo el Sistema Nacional de Salud, de forma que los méritos de cada trabajador sean reconocidos en todos los servicios de salud, para poder hacer efectiva su movilidad geográfica voluntaria. Para ello, la Comisión de recursos humanos del Sistema Nacional de Salud establecerá los criterios de homologación de la carrera profesional.

Obligaciones con los pacientes
Información y colaboración activa
La confidencialidad de la información y de la documentación relativa a los centros de sanitarios y a los usuarios está marcada por el Estatuto de forma clara. El personal sanitario está obligado a respetar la dignidad e intimidad de los usuarios, así como a informarles debidamente sobre su proceso asistencial y sobre los servicios disponibles. Se considera también un deber del personal sanitario el mantenimiento y la actualización de aptitudes y conocimientos. Otro de los deberes será la colaboración activa con el trabajo del equipo.

Foro marco para el diálogo social
Armonización de las condiciones de trabajo
Los sindicatos y los agentes sociales estarán presentes en este foro que tendrá dos funciones básicas: una en el ámbito de la armonización sobre las condiciones de trabajo, convocatorias, carrera profesional, para evitar en todo momento desigualdades en el Sistema Nacional, y otra en la negociación sobre la normativa básica en materia de recursos humanos del Sistema Nacional de Salud.

La cordura, poco a poco
Nota del Editor 28 Noviembre 2003

Esto de que la sanidad se rija por un modelo común para toda España, lo mismo que los concursos de traslados y la carrera profesional, parece tan lógico, sin duda debería poder aplicarse a todos los ciudadanos, ya sean funcionarios, profesores, fontaneros o albañiles por citar algunos, presenta una complejidad insalvable en el presente estado de la cuestión o cuestión de estado: la normalización del español.

Este permanente big-bang que los políticos provocan para parecer indispensables es el más claro indicador de su incompetencia. Cualquier norma que ponga trabas a la libre circulación de las ideas y de las personas, es un disparate que fomentan con objeto de favorecer a su cautiva clientela y de paso afirmar su status por encima de la ley, privándo a la mayoría de los ciudadanos de sus derechos humanos y constitucionales.

Cada país tiene los políticos que se merece, una parte de la ciudadanía española se deja voluntariamente engañar por la televisión-basura,  prensa-basura, y políticos-basura, y así nos va, por el camino de la locura que imponen los panzo-nazionalistas, a la espera de que la sociedad se harte y diga ! basta ya, políticos a extinguir !.

Sentido común para gestionar los asuntos, con la vista puesta en lo alto, el vuelo de la mariposa afecta a toda la tierra.

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