AGLI

Recortes de Prensa     Sábado 29 Noviembre  2003
Reafirmando la democracia
Enriqueta Benito La Razón 29 Noviembre 2003

La hora del constitucional
Editorial La Razón 29 Noviembre 2003

El plan Ibarretxe, máxima tensión
Editorial Heraldo de Aragón  29 Noviembre 2003

Que Carod cierre la puerta, por favor
Julián Lago La Razón 29 Noviembre 2003

El delito de separatismo
Editorial El Ideal Gallego 29 Noviembre 2003

Mercadeo electoral
Editorial ABC 29 Noviembre 2003

Chaves no enseña la factura de su demagogia
EDITORIAL Libertad Digital  29 Noviembre 2003

Defender la Constitución
JESÚS MARÍA SANTOS VIJANDE ABC 29 Noviembre 2003

El ser de España
CONSUELO ÁLVAREZ DE TOLEDO ABC 29 Noviembre 2003

Mientras se pegan con Aznar, el que va ganando es Rajoy
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital  29 Noviembre 2003

Una encuesta constata la fractura de la sociedad vasca ante el plan separatista de Ibarretxe
EFE Libertad Digital  29 Noviembre 2003

El plan Ibarretxe lleva a PSOE y CHA a votar por separado por primera vez
M. LÓPEZ.Zaragoza Libertad Digital  29 Noviembre 2003

Basta Ya asegura que la iniciativa es «un chantaje» ante la situación de violencia
BILBAO EL CORREO 29 Noviembre 2003
 

Reafirmando la democracia
Enriqueta Benito es secretaria general de Unidad Alavesa La Razón 29 Noviembre 2003

El pasado domingo, día 23 de noviembre, se celebró un acto con quinientas personas que completaron el aforo del Palacio de Congresos «Europa» de Vitoria. En esa cita se conmemoró la Constitución en su XXV aniversario.

Pocos medios de comunicación se hicieron eco del evento ¬salvo éste que publica este artículo¬ pues el enfoque conmemorativo no era el habitual, el políticamente correcto. Sin embargo nada empañó la celebración pues muchos ciudadanos secundaron la convocatoria, ya que la misma contenía un reclamo a las instancias de poder para que hagan algo más allá de recursos jurídicos para frenar el mayor y más importante ataque al pacto constitucional que se ha conocido después de los intentos revolucionarios sovietizantes de la II República y el golpe militar del general Franco que hicieron trizas la Constitución republicana.

El proceso de constitución de un Estado Libre Asociado de Euskadi bajo metamórfico manto que camufla el proceso de independencia fáctico al que nos aboca el Plan Ibarretxe, supone la mayor perturbación del orden constitucional conocido, y la volatilización de los puentes de entendimiento y de pacto que configuró la Constitución española del 78. Esta Constitución es heredera del constitucionalismo de Cádiz que configuró un marco donde las personas adquirían carta de naturaleza como sujetos de derecho tanto en lo que se refiere a la soberanía política como en lo que respecta a su protección individual. Eso es ni más ni menos lo que consagraba la primera Carta Universal de Derechos Humanos tras la Revolución Francesa. Los estamentos medievales o los territorios cedían su protagonismo en la política a los ciudadanos que son la fuente del derecho en su acepción democrática, gracias a la filosofía política introducida por Montesquieu, Rousseau y Voltaire, con las luces de la Ilustración.

Pues bien, los nacionalistas nos devuelven al Antiguo Régimen, proclamando el derecho de los territorios o el de los pueblos en abstracto, con los condimentos de raza, lengua y patria muy característicos de los totalitarismos que tiñeron de sangre Europa en el siglo XX.

En el citado acto de exaltación constitucionalista convocado por Unidad Alavesa se aportaron diferentes puntos de vista para superar la crisis de desmembración a la que se somete hoy a la Constitución por los nacionalistas exacerbados:

La Constitución nace del mayor grado de entendimiento y consenso que se conoce en la historia de España. Aunque sólo sea por eso es merecedora de nuestro mayor respeto y aprecio. Al contrario, los nacionalistas vascos nos llevan a un proceso secesionista orientado por nacionalistas para disfrute de ellos mismos, arrinconando a los que no son nacionalistas y cumpliendo el Plan a plazos aprobado el año 1999 con ETA en Estella que supone la erradicación del pluralismo y de las posiciones no independentistas.

No obstante, la Constitución es mejorable. Ejemplos que nosotros consideramos importantes para su mejora son: la reforma del Senado para que sea una cámara autonómica de verdad y para que las comunidades autónomas coparticipen en la vertebración del Estado. Pero otro aspecto importante para su reforma es que la actual configuración autonómica basada en supuestos derechos históricos, que prioriza en el reparto de recursos del Estado a unas sobre otras, produciendo sangrantes discriminaciones, es una aberración, pues rompe uno de los principios esenciales de la Constitución que es el de la esencial igualdad de todos los españoles ante la ley y su protección por el Estado. El principio de igualdad fue la raíz básica de la construcción constitucional desde Cádiz en 1812. Todas las comunidades tienen historia. Por tanto no hay derechos históricos que supediten a unas comunidades a otras. Considerar lo contrario resulta un insulto a la modernidad y volver a la situación medieval donde unos superaban en derechos a otros en función de la fuerza, no de la razón. Por tanto es necesario reformar la Constitución para preservar el principio de igualdad entre todas las comunidades de España, lo que no está reñido con mecanismos como el Concierto Económico en las provincias de derecho foral, que se basa en pacto y solidaridad con el resto de España.

Que la única manera de parar los pies al nacionalismo es utilizar sus mismas armas. Es decir, planteando alternativas políticas. Contra el «ser para decidir» de Euskadi (concepto sabiniano separatista) el «ser para decidir» de Álava basado en la tradición foral que genera ley consuetudinaria basada en la tradición y el fuero en su concepción más evolutiva. Contra la ruptura nacionalista planteamos el pacto foralista basado en el entendimiento con el resto de la Nación española, que eso es ni más ni menos nuestra propuesta de Estatuto Alavés como Navarra. Contra la autodeterminación sin soporte alguno en el derecho internacional o en los dictados de la ONU planteamos una consulta a los alaveses para que decidan marcharse del modelo independentista, que nos lleva a la ruina también a los alaveses. Porque entendemos que sólo haciendo frente al nacionalismo en su terreno se le podrá destruir políticamente. Los recursos de tipo jurídico son como intentar cazar un elefante con tirachinas. No es la forma más inteligente de derrotar al nacionalismo, aunque por sí mismos sean inobjetables si tienen base jurídica.

Para contrarrestar el proceso rupturista, alienante de los derechos individuales y desestabilizador para la política y la economía, hay que dar pasos más allá de los meros pronunciamientos retóricos. Por ejemplo, hay que evitar que los nacionalistas construyan nación desde la cultura, desde el sistema educativo, adoctrinando. Los efectos de 25 años de adoctrinamiento nacionalista desde la escuela, los medios de comunicación, el euskera y la cultura adulterada, son letales para una cosmovisión constitucionalista. Planificar a largo plazo significa poner coto a la vulneración de derechos y libertades que se ha entretejido en los años de hegemonía nacionalista tanto en Cataluña como en la Euskadi de Sabino Arana. Y eso exige inversión, determinación, coraje y articular los mecanismos del Estado de Derecho. De nada sirve quejarse de los abusos nacionalistas si luego los grandes partidos practican en su gestión cotidiana los mismos desvaríos o instrumentos de aculturación que los nacionalistas. Es como si para apagar un fuego utilizamos teas encendidas.

Por último no queremos que el dinero de los alaveses sirva para alimentar la construcción nacional. Por eso pedimos la paralización de las aportaciones al Gobierno Vasco. Por puro sentido común.

Es una forma heterodoxa de entender la actualización constitucional, lo admitimos, pero igualmente constitucional. La Constitución no tiene una única lectura. Quienes tratan de monopolizarla hacen poco favor al prestigio de la Constitución y a su aceptación desde un plano de pluralismo y de apertura de luces. Si algo tiene de valor la Constitución es que en ella podemos habitar múltiples cosmovisiones, lo que enriquece la pluralidad y la democracia. Lo contrario es restrictivo y dañino para la propia aceptación del pacto constitucional por el conjunto de la sociedad española, sobre todo por los jóvenes que no tuvieron la ocasión de votarla.

La hora del constitucional
Editorial La Razón 29 Noviembre 2003

El pasado día trece, la abogacía del Estado impugnó ante el Tribunal Constitucional el denominado Plan Ibarreche. No hace falta insistir en la naturaleza separatista del proyecto auspiciado por el PNV, en el que los letrados han identificado hasta un centenar de vulneraciones a nuestra Carta Magna, para recalcar la importancia de que nuestro más Alto Tribunal se pronuncie cuanto antes sobre la admisión a trámite del recurso. Como recordaba ayer mismo el dirigente socialista Ramón Jáuregui, la sociedad vasca se encuentra sometida a un claro chantaje por la violencia, circunstancia que convierte el plan soberanista en un grave elemento de desestabilización de la convivencia y en ariete de una fractura social de imprevisibles consecuencias.
En esta circunstancias, y mientras el Gobierno de la nación se arma con nuevos instrumentos legales de defensa de nuestra Carta Magna, como la reforma del Código Penal que tipifica como delito la convocatoria de un referéndum de intenciones bastardas, es lógico que la opinión pública española se vuelva hacia los hombres y mujeres que conforman el Tribunal Constitucional a la espera de una respuesta legalmente clarificadora sobre el problema.

Haríamos mal, sin embargo, en urgir en demasía al Tribunal ante una resolución de tan trascendental importancia. Las formas, los plazos tasados son, en la aplicación de las leyes, tan importantes como el fondo. Y más aún cuando se trata de hacer frente a una estrategia legal cuidadosamente meditada por los nacionalistas vascos, que han tratado de presentar como un simple proyecto político, sin carácter normativo, y por tanto no recurrible ante los tribunales, lo que no deja de ser una reforma de la Constitución en toda regla, pero, eso sí, que se quiere hacer colar por la puerta de atrás, dando por bueno el inexistente «ámbito vasco de decisión».
Pero, con todas las cautelas legales necesarias, el Tribunal Constitucional, que tiene previsto celebrar un pleno el próximo martes dos de diciembre, sí puede adoptar la resolución de admitir a trámite el recurso de impugnación del Gobierno, lo que supondría, automáticamente, la suspensión de la tramitación del plan secesionista por un plazo de seis meses, tal y como establece la Constitución, tiempo más que suficiente para que los doce magistrados que integran el pleno del Tribunal se encuentren en disposición de dictar sentencia.
Se trata, pues, de adelantar los plazos de la mejor manera posible, ya que la táctica escogida por el Partido Nacionalista Vasco y sus aliados cuenta con ese tiempo procesal para mantener la estrategia de la tensión y presentar como hechos consumados un proyecto que, bajo el ropaje de un debate político, no es más que un atentado directo al orden constitucional establecido.

El plan Ibarretxe, máxima tensión
Editorial Heraldo de Aragón  29 Noviembre 2003

A POCAS fechas del solemne aniversario de la Constitución, que estableció un pacífico y democrático marco de convivencia, la tensión generada por el plan soberanista de Ibarretxe ensombrece las celebraciones. Además de recurrirlo ante el Tribunal Constitucional, el Gobierno del PP dio ayer un paso más con el anuncio de que promoverá una reforma del Código Penal que castigue con cárcel la convocatoria de referéndum o consulta popular por alguien distinto al Rey. La reforma persigue también penalizar a quienes ayuden a partidos ilegalizados, en referencia a la escandalosa cobertura que el Parlamento vasco, encabezado por su presidente, un Atutxa inquisitorial con los parlamentarios no nacionalistas, da a Socialistas Abertzales (SA).

Comportamientos como el de Atutxa merecen, como dijo ayer el secretario del Partido Socialista vasco, una respuesta legal. Pero la pregunta es si es la cárcel. En una situación tan tremendamente compleja, con los dos grandes partidos, PP y PSOE, coincidentes en lo fundamental, el Gobierno "popular" debería dejar más espacio -el que le corresponde- al principal partido de la oposición, y también extremar al máximo el cuidado para manejar la situación con decisión pero con inteligencia. Desde el PSOE se lamentó ayer que no se le hubiera consultado la medida y alertó del peligro de incrementar los votos del PNV. La respuesta a la escalada nacionalista no debe impedir, sino al contrario, un debate sereno y sosegado sobre el futuro del Estado autonómico. PP y PSOE están buscando "retratar" a los partidos nacionalistas en mociones en todos los ayuntamientos, como las presentadas ayer en Zaragoza. En una insólita tesitura, CHA, partido coligado con el PSOE no votó la moción de su socio contra el plan Ibarretxe. Se abstuvo, pero presentó su propio texto llamando al Gobierno vasco a usar los canales constitucionales para sus propósitos. Parece que Ibarretxe no está por esa labor, lo que significará más tensión. Todos los partidos, sin embargo, coincidieron al votar una propuesta del PP de adhesión a la Carta Magna. Un buen gesto, que marca el espíritu que debería imperar a nivel nacional. Esta encrucijada requiere, además de la fuerza numérica de la mayoría absoluta, la grandeza política de buscar el máximo consenso entre los demócratas que respetan las reglas del juego.

Que Carod cierre la puerta, por favor
Julián Lago La Razón 29 Noviembre 2003

Por si alguna duda teníamos, ya sabemos que Carod-Rovira se quiere ir de España, aunque no nos haya aclarado dónde exactamente quiere irse, si a tomar un café en Perpignan o a comprar tabaco en Andorra. Vamos, que en Australia podrá sonar «El himno de Riego», lo cual le ha puesto muy contento a Carod, como no podía ser de otra forma, pero en la UE no van a modificar las fronteras, ni de coña, y menos con la Constitución de Giscard, que es un europeísta tirando a jacobino, o mejor, a la viceversa.

Es decir, que el separatismo catalán a quien está tocándole los cataplines de verdad, y a dos manos, es a Zapatero, cuyo peaje a pagar a Esquerra Republicana por lo de Maragall va a salirle por un ojo de la cara, como poco. Por lo pronto, habrá de tragarse el sapo de admitir un grupo parlamentario propio para el PSC, que por cierto ya existía al principio de las Constituyentes hasta que González, claro, puso encima de la mesa su autoridad, lo que no tiene Zapatero, precisamente.

Así que lo que resulta de todo este tremendo lío no es sino la suma de dos debilidades. De un lado, la de Zapatero, al que sólo el calendario electoral le mantiene en la Secretaría General bajo vigilancia, y de otro, la de Maragall, que es un cadáver político, llegue o no a la Presidencia de la Generalitat. Anda que no tiene que estar debilitado el liderazgo de Zapatero y tener hambre de poder Maragall para aguantar ambos dos lo que están aguantando a Carod, quien no se corta un pelo ni siquiera para reivindicar una Consejería de Exteriores para el futuro Gobierno catalán, y se queda tan ancho.
También es cierto que, si el PSOE se desmarca aho
ra del pacto constituyente, con todos los matices que se quiera, el Partido Popular tampoco podrá defender en solitario y sine die la Constitución de 1978, tal cual. O lo que es lo mismo, que antes o después habría que revisarla, guste o no a los constitucionalistas. Cosa ésta de la que Fraga se ha dado cuenta, no sabe el tío, y no digamos ya Bono, que, como está viéndolas venir en su partido, empieza a recular, no vayan a pillarle con el pie cambiado para cuando quiera atravesar el Tajo.

O sea que, efectivamente, a Rajoy ha venido a verle la Virgen con Maragall, que a ver quién vota al socialismo que ha pactado con Carod en Badajoz, o en Murcia, pongamos por caso, incluso en Sevilla, lo que por cierto a Chaves le tiene de los nervios, pero ahí no acaba la historia, no nos engañemos. Sin duda, porque la Carta Magna del 78 para unos, para los constitucionalistas, constituyó una operación de compra-venta de autonomía a tope y conciertos económicos a cambio de estabilidad institucional y para otros, para los nacionalistas, aquello no fue sino un pago a cuenta de la liquidación, y en eso siguen, en eso está Carod que, cuando se vaya de España, por favor, cierre la puerta.
 
El delito de separatismo
Editorial El Ideal Gallego 29 Noviembre 2003

El revuelo que ha generado la decisión del Consejo e Ministros de reformar el Código Penal para frenar el plan Ibarretxe no tiene más fundamento que la obligación del Ejecutivo -uno de los tres poderes básicos del Estado- de cumplir con su papel. Dicho de otra forma, el Gobierno se limita a articular uno de los principios recogidos en la Constitución, el texto adoptado por la mayoría como fundamento de convivencia y del que el nacionalismo recela cada vez con menos disimulo. Convocar un referéndum -como ha propuesto el lehendakari con su proyecto soberanista- será un delito castigado con entre tres y cinco años de prisión y entre seis y diez años de inhabilitación absoluta. Menos discutible si cabe es penar la entrega de dinero público a un partido político ilegalizado. El fondo de la cuestión admite pocas discusiones más allá de las pretensiones de moldear la Carta Magna al capricho de los intereses secesionistas. Es, por tanto, una cuestión de matices; una vuelta de tuerca más en el pulso con que el PNV y sus aliados terroristas han decidido desafiar a la democracia. En ese contexto, cualquier paso dado en Madrid se entiende como un desplante y no como un intento de mantener firme e intacta la cohesión nacional que los españoles quisieron en su día para sí. La Ley está escrita y a la Justicia le corresponde la ineludible obligación de hacerla cumplir. Si tratar de romper unilateralmente el principio de división territorial es delito, nadie puede llevarse las manos a la cabeza por el hecho de que los culpables de la ruptura den con sus huesos en una mazmorra.

Mercadeo electoral
Editorial ABC 29 Noviembre 2003

LA proximidad de las elecciones generales (y andaluzas) de marzo parece haber desatado una pugna de iniciativas legislativas autonómicas que, so pretexto de desarrollar competencias, vienen a poner en tensión el modelo territorial del Estado para procurar ventajas de índole electoral a sus promotores. Así ha ocurrido con los decretos promulgados ayer por la Junta de Andalucía para subir las pensiones asistenciales -al día siguiente de que el Congreso aprobase una ley que las iguala- y con el anuncio del Gobierno aragonés de utilizar su marco competencial para poner trabas al trasvase del Ebro. Conflictos que coinciden en el tiempo con la presentación, en sentido inverso, de un recurso constitucional contra la ley andaluza que permite investigar con embriones de células madre, frente al criterio legislativo del Estado.

A nadie se le oculta la intención, legítima pero claramente electoralista, con que la Junta de Andalucía, bajo control del PSOE, promueve una subida de las pensiones más bajas, disfrazada de ayuda complementaria para obtener el respaldo del Tribunal Constitucional. Dicha subida, que se añade a la anunciada por el Gobierno central, se hará efectiva en parte en el mes de febrero, inmediatamente antes de la convocatoria electoral, lo que muestra el palmario sentido político de la medida. A diferencia de las pensiones, este «aguinaldo», como lo ha definido CC.OO., no consolida ningún derecho.

Una medida que, con toda seguridad, acabará de nuevo en pleito ante el Alto Tribunal, pero que viene a poner en solfa el concepto de «caja única» de pensiones y puede abrir una irresponsable carrera que concluya en el indeseable panorama de que los ciudadanos cobren pensiones de diferente cuantía según la Comunidad Autónoma en que vivan.

En el mismo sentido, la legislación medioambiental que plantea el Gobierno regional de Aragón -de mayoría social-regionalista- tiene como objetivo trabar en lo posible las obras del Plan Hidrológico Nacional. Hasta tal punto es intencional esta estrategia que el vicepresidente aragonés ha llegado a definirla como «la segunda batalla del Ebro», calificación claramente desproporcionada y que evidencia la voluntad de plantear un enfrentamiento institucional.

Esta crisis del modelo territorial resulta especialmente grave en medio de las tensiones soberanistas planteadas en el País Vasco y Cataluña. Crispar ahora el resto de las Autonomías con conflictos competenciales supone una estrategia suicida que acaso podrá tener réditos electorales inmediatos, pero que parece impropia de un partido que, como el Socialista, pretende erigirse en alternativa de poder en el conjunto de la nación.

Chaves no enseña la factura de su demagogia
EDITORIAL Libertad Digital  29 Noviembre 2003

El líder de CCOO, José María Fidalgo, no ha podido —dentro de los males inherentes al sistema publico de reparto de pensiones— estar más acertado al salir en defensa del carácter unitario de su cuantía y calificar los complementos que otorgan algunas autonomías como "aguinaldos o cestas de Navidad". Ciertamente, el dirigente sindicalista ha dado muestra de un sentido de la responsabilidad que contrasta favorablemente con el electoralismo demagógico de la Junta andaluza, la cual no ha tardado ni un día en aprobar nuevos incrementos para los pensionistas, después de que el Congreso aprobase este jueves una ley —con el apoyo del PP y CC— en la que se establece que las pensiones deben de ser iguales en todas las comunidades.

Esta polémica arranca en el año 99, cuando el Gobierno de Chaves decidió, en vísperas de las elecciones de 2000, incrementar por su cuenta las pensiones no contributivas de los andaluces. Posteriormente, la Generalitat catalana y otros gobiernos autónomicos —incluidos algunos del PP— se han sumado a esta demagógica e irresponsable política que viene a romper los principios de igualdad, universalidad y unidad en los que debe basarse el actual sistema de la Seguridad Social.

El Gobierno central había recurrido la subida ante el Tribunal Constitucional y este, en una desacertada sentencia —si bien con el honroso voto particular discrepante de cuatro de sus once magistrados, incluido el de su presidente— desestimó en 2002 el recurso, argumentando que las comunidades tienen competencias en materia de “asistencia social”.

Como oportunamente señalaba uno de los magistrados discrepantes en su voto particular: “la Comunidad Autónoma andaluza ha interferido en la materia de seguridad social, sin título para ello, poniendo como pantalla de su actuación, que no admisible título de la misma, el de asistencia social”.

El área de “asistencia social” —en la que efectivamente sí tienen competencias las comunidades— hace referencia a ayudas publicas que no deben estar relacionadas ni afectar a las pensiones como consecuencia del carácter extraordinario y exclusivamente puntual o esporádico de aquellas, que contrasta con el carácter estable y acumulativo inherente a un sistema de Seguridad Social. Aunque de cara al Tribunal Constitucional, el Gobierno de Chaves presentó jurídicamente de forma artera estos incrementos como pertenecientes a esa área de “asistencia social”, es evidente que de cara a la opinión pública esos incrementos se insertan en la retribución de pensiones por lo que crean agravios comparativos innegables que, a efectos prácticos, son vistos como una desigualdad en la retribución en función de en qué comunidad vivan los pensionistas, algo notoria y radicalmente anticonstitucional.

Desgraciadamente, la mayoría del Tribunal Constitucional también aceptó entonces el argumento —que ahora reiteran socialistas y nacionalistas— como es el de que los incrementos se hacen con cargo a los recursos que manejan las autonomías. Pero este es un argumento falaz, puesto que las comunidades que incrementan por su cuenta las prestaciones no contributivas, tienen una importante deuda acumulada que, al final, tendrá que ser asumida por el Estado. Y eso por no hablar del efecto inflacionario sobre la moneda que manejan no sólo los pensionistas beneficiados por la demagógica medida sino por el conjunto de los españoles.

Ciertamente, las comunidades autónomas crean una ilusión absolutamente dañina como es presentar estos “aguinaldos” como un incremento de las pensiones —cuyo fondo siempre nace de la Caja Única de la Seguridad Social— cuando en teoría son sufragadas por ellas sin que por ello dejen de ejercer una dañina distorsión a los ojos de los pensionistas

A esta distorsión se añade el hecho, ya apuntado, de que las comunidades que anuncian estos incrementos en el gasto social —disfrazados de subidas en la cuantía de las pensiones no contributivas — no anuncian en paralelo un incremento de los impuestos que la hagan posible —o bien una reducción de otras partidas sociales de los que extraer a cambio esos fondos—, sino que lo repercuten directamente a un déficit que engrosa la deuda de todos. Es evidente que cuando se establece un sistema en el que los beneficios visibles se los lleva el Gobierno autonómico de turno pero los costes financieros los paga el conjunto de los contribuyentes españoles se abre la veda para las subastas autonómicas al alza, como así, en parte, ha ocurrido.

Libertad Digital siempre se ha manifestado partidario de un sistema de capitalización individual, en lugar del actual sistema público de pensiones. Esta es una ocasión más para señalar los problemas que acarrea el actual sistema que jamás se darían en un sistema despolitizado y ajeno al sector estatal como el que nosotros propugnamos. Sin embargo, no queremos por ello dejar de señalar las diferencias de gestión dentro de lo que es un sistema público de pensiones. Aunque ambas políticas se muevan en un sistema estructuralmente deficiente, las demagogias subidas de las pensiones de los socialistas —que dejaron en quiebra la Seguridad Social y en Andalucía aún le deben dinero— no pueden ser equiparables a la correcta gestión efectuada por el Gobierno del PP —que ha logrado poner las cuentas en orden en la Seguridad Social, paralelamente a una subida paulatina y responsable de las retribuciones.

Creemos que se puede y —en todo caso— se debe intentar reducir el margen de distorsión electoralista que generan las autonomías en las pensiones con sus competencias en materia de "asistencia social". Para ello, el Gobierno puede y debe aferrase a la propia sentencia del Tribunal Constitucional antes comentada que, si bien aseguraba que “el sistema de Seguridad Social no resultaba perjudicado por los incrementos comentados” también admitía —en parte, contradiciéndose— que “el Estado siempre podrá adoptar las medidas que resulten convenientes para evitar los posibles efectos disfuncionales que pudieran producirse en dicho sistema como consecuencia de la acción normativa de las Comunidades Autónomas”.

Aunque el Gobierno tenga difícil evitarlo con su nueva ley, sólo por lograr con ella que un dirigente de Comisiones Obreras como Fidalgo denigre el electoralismo de las autonomías respecto a las pensiones como "aguinaldos o cestas de Navidad" es muestra de que ya ha valido la pena...

Defender la Constitución
Por JESÚS MARÍA SANTOS VIJANDE ABC 29 Noviembre 2003

En el día de ayer el Consejo de Ministros ha analizado una iniciativa de reforma del Código Penal que, por lo que se conoce de su contenido, es muy necesaria en los tiempos que corren. A modo de ejemplo, esa iniciativa tipifica como delito de usurpación de atribuciones la convocatoria de un referéndum sin tener competencia para ello; también prevé una nueva modalidad de delito de terrorismo: allegar fondos públicos, subvenciones o ayudas públicas a partidos o grupos ilegalizados por su conexión con el terrorismo o a quienes, de hecho, les hayan sucedido...; en ambos casos la sanción mínima prevista es de tres a cinco años de prisión, más la inhabilitación para el desempeño de cargo público.

Si se quiere actuar con eficacia en defensa de la democracia, respetando las exigencias más elementales del Estado de Derecho, hace falta adoptar medidas inequívocas, categóricas, para evitar que autoridades o funcionarios del Estado -como son las autoridades de las Comunidades Autónomas- puedan desafiar a la ligera las decisiones, legislativas o judiciales, adoptadas por otras autoridades en el ejercicio de las atribuciones que la Constitución les ha encomendado. También es imprescindible evitar, con igual claridad y rotundidad, comportamientos de colaboración con las actividades y con los fines terroristas como los que se están llevando a cabo con aparente impunidad.

Soy de los que pienso -y así lo he señalado en este mismo diario el 25 de julio pasado- que el Código Penal actual permite ya sancionar conductas como las arriba descritas. Sin embargo, no puedo menos de aplaudir su tipificación expresa: la tipificación clara, que nadie pueda llamarse a engaño a la hora de saber si comete un delito es una exigencia del artículo 25 de la Constitución; en contrapartida, la propia Constitución obliga a los Tribunales del Estado y al Ministerio Fiscal a perseguir y reprimir, sin excusa, la comisión de delitos (arts. 117.1 y 124.2). Este último deber es especialmente intenso cuando, como aquí sucede, está en juego la subsistencia misma del Estado democrático; de ahí la importancia de la iniciativa que comento. Y es que, en estos momentos, ya no se trata de preservar nuestra democracia de quienes subrepticiamente se prevalen de las libertades que la Constitución otorga para destruirla: se trata de que hay quienes, abierta y desafiantemente, desprecian el Derecho,las decisiones de los Tribunales y la libertad de los demás.

El ser de España
Por CONSUELO ÁLVAREZ DE TOLEDO ABC 29 Noviembre 2003

En esencia, todo estaba ya acordado. Los grandes asuntos de Estado se habían resuelto con el tamiz del consenso laboriosamente tejido a lo largo de todo un año. El PSOE aceptaba la Monarquía, UCD asumía una amplia institucionalización de derechos y libertades, se negoció la forma de representación política, todos estaban de acuerdo en el sistema económico y social... algunos, muy pocos, diputados en la derecha y la izquierda más radicales, se mantenían al margen del gran acuerdo constitucional.

Sólo quedaba pendiente de resolver el problema vasco, que se engarzaba en el Título VIII sobre la estructura territorial del Estado, y algunas disposiciones transitorias. La secuencia de los hechos ocurridos hasta que se aprueba la Constitución es reveladora de cómo se escribe la historia. El Rey se había manifestado desde el primer momento favorable a buscar alguna fórmula de atender los nacionalismos sin quebrar la unidad de España. Adolfo Suárez tenía muy claro que había que afrontar el problema a pesar de la presión de quienes apelaban, un día sí y otro también, a la intervención del Ejército. El terrorismo de ETA contribuía a crispar los ánimos antinacionalistas.

Pero un cúmulo de circunstancias políticas, institucionales, temporales y también personales impidieron que el problema planteado por los nacionalistas vascos quedara resuelto en el proyecto constitucional antes de su debate en el pleno de la Cámara. El PNV no se había quejado mucho por no tener un representante en la ponencia constitucional. El buen hacer de Miguel Roca, en quien Arzalluz, portavoz del PNV en el Congreso, se sentía representado, y las ya desde entonces muy buenas relaciones con Miguel Herrero paliaron el vacío.

Navarra, a debate
En enero de 1978, cuando los ponentes terminaron de redactar el primer borrador de la Constitución, el debate se centraba en la incorporación o no de Navarra a la preautonomía vasca, a lo cual UCD se negaba rotundamente. Y respecto al contenido del borrador constitucional, el PNV insistía en que el problema, más que de competencias, era de identidad y soberanía. El derecho de autodeterminación y el independentismo eran términos empleados por Bandrés, de Euskadiko Ezquerra. Lo que el PNV planteaba, con Herrero de intermediario, era el «Pacto con la Corona» y el reconocimiento de los derechos históricos, a lo que Suárez y UCD respondían que todo pasaba por el reconocimiento explícito de la vigencia de la Constitución.

Las relaciones de Arzalluz con Suárez eran buenas; de hecho, el portavoz del PNV se sumó a las reuniones secretas del «consenso», pero el escollo de la soberanía no se acababa de resolver. Llegado ya el último día del debate en la Comisión se hizo la luz: en medio de aplausos y parabienes, se aprobaba por unanimidad una disposición adicional por la que, se dijo, «por primera vez en 140 años, la Constitución española reconocerá y amparará los derechos históricos de los territorios forales en el marco de la Constitución». El Partido Nacionalista Vasco por fin votó favorablemente.

Creciente incertidumbre
Las alegrías no duraron mucho. Nueve días más tarde, ETA asesinaba a José María Portell y de inmediato el Gobierno aprueba un decreto-ley antiterrorista. El Pleno del Congreso se reúne el 3 de julio para debatir la Constitución. La tensión interna en UCD va subiendo. Herrero y Rodríguez de Miñón recaban apoyos para defender la fórmula del Pacto y del tracto. En su despacho Fernando Abril medita, le da una y mil vueltas y se reafirma en exigir que el PNV debe asumir que «la soberanía reside en el pueblo español en su conjunto».

Subía la temperatura en las calles de Madrid y también dentro del Palacio de la Carrera de San Jerónimo, donde Manuel Fraga es el único que habla en contra del Título VIII, mientras prosiguen febriles las negociaciones terminológicas con el PNV. Hasta que el presidente del Gobierno decide entregar por escrito a Xabier Arzalluz las bases para un acuerdo que deberían ser asumidas públicamente: «Aceptación inequívoca de la unidad de España, lo que implica que el PNV varíe su actitud de abstención respecto al artículo 2 del proyecto de Constitución, voto negativo a la petición del derecho de autodeterminación, y reconocimiento de que la actualización de los derechos históricos será conforme a lo que establece la Constitución». A cambio UCD aceptaría «la enmienda al artículo 144 sobre competencias transferibles, el reconocimiento de los derechos históricos y que la elaboración del Estatuto se inicie previo acuerdo entre el Gobierno y las Diputaciones Forales». A última hora de aquella noche, el PNV dijo no.

La tensión sube un grado más. El 21 de julio, cuando el Congreso de los diputados se dispone a aprobar el proyecto de Constitución, ETA deja una vez más su rúbrica de sangre: un comando formado por un hombre y una mujer asesina al general de brigada de Artillería Sánchez Ramos-Izquierdo y a su ayudante, teniente coronel Pérez Rodríguez, en el Parque de las Avenidas de Madrid. Suárez llega serio al hemiciclo acompañado del vicepresidente y teniente general, Gutiérrez Mellado, que viste de uniforme. UCD, PSOE, PCE y Convergencia votan a favor; AP, se abstiene.

El PNV se marcha para no votar ni si ni no. Una ambigua actitud que permite a algunos albergar la esperanza de que se logre un acuerdo en el Senado. Arzalluz declarará: «No podemos votar que no a la Constitución». Lo que sucedió en el Senado es más de lo mismo, aderezado con las intervenciones de algunos senadores incontrolados, precisamente aquellos que por ser de designación real no habían pasado por las urnas.

Días difíciles
Aquellos momentos, los duros días de agosto, fueron los más difíciles del proceso. Los protagonistas de la historia constituyente acusaban el desgaste de la tensión mantenida a lo largo de un año. El vicepresidente del Gobierno, Fernando Abril, apenas había tomado algún día de descanso en su casa de Segovia para seguir muy de cerca lo que ocurría en el casón de la Plaza de la Marina. Su protagonismo y su toma de posición tajante en los debates constitucionales tuvieron una pronta respuesta desde dentro de UCD. Rumores de descontento empresarial -hay elecciones en la CEOE y Ferrer Salat habla con Suárez- que se completan con quienes auguran una nueva crisis de gobierno.

En Roma moría Pablo VI y le sucedía, por poco tiempo, el cardenal Luciani/Juan Pablo I, mientras en el Senado algunos padres de la Patria pedían que se suprimiera de la Constitución la mención a la Iglesia católica. El pintoresco mosén Lluis María Xirinacs argumentó: «Como sacerdote, me avergüenzo de la situación de privilegio de que ha sido objeto mi Iglesia».

Metidos en harina, el senador Villar Arregui ya pidió entonces que se suprimiera la discriminación por razón de sexo en la sucesión de la Corona, «que viene a violar preceptos ya aprobados del proyecto de Constitución». El problema de que una mujer se hiciera cargo del mando de las Fuerzas Armadas no lo consideró el señor Villar obstáculo consistente: «Isabel I de Castilla y la reina Isabel en el Reino Unido ejercieron tal jefatura». En nombre de UCD, Ricardo de la Cierva, aún reconociendo las razones sociológicas y humanas aportadas por el portavoz del PSI, estimó que no había argumentos histórico-políticos que la avalaran. Declaró que «la tradición secular de la Monarquía española es demasiado fuerte para romperla tan pronto».

Perenne desencuentro
Pero el desacuerdo con el PNV seguía sin solución a pesar de una nueva ronda de negociaciones, esta vez protagonizada por el PSOE. Desde Pamplona el entonces presidente del PNV, Carlos Garaicoechea, deja las cosas claras: «si este Estado persiste en su idea de que al pueblo vasco no se le debe reconocer que tuvo unas instituciones originarias propias, decimos que rechazamos este modelo porque queremos seguir siendo vascos y desarrollar nuestra propia identidad. Pero que conste que esta afirmación tiene un sentido positivo, y es que queremos ensayar esa convivencia, formando parte de ese Estado». Una afirmación que dio lugar, una vez más, a un encuentro secreto de Abril y Garaicoechea, gracias a los buenos oficios del nacionalista Marcos Vizcaya y que, una vez más, sólo sirvió para repetir posiciones.
 
Tanta reiteración conducía ya a la melancolía. Diputados y senadores terminaron de «peinar» la Constitución en las últimas reuniones de la Comisión Mixta presidida por Hernández Gil. Había pues que ocuparse y pensar ya en el día siguiente a la Constitución. El PSOE decidió no perder más el tiempo y planteó que Adolfo Suárez necesariamente tendría que dimitir. El argumento era «el vacío legal», un período transitorio de legitimidad, decían, que sólo se cubriría con unas nuevas elecciones generales. UCD celebra aquellos días su congreso y su presidente adelantaba que la democracia está consolidada. El último día de octubre, el Congreso y el Senado aprueban la Constitución por una inmensa mayoría. Manuel Fraga explica el «sí, pero» de AP.

Abstención final
Arzalluz da cuenta de la abstención del PNV: «nunca quisimos que el fuero quedara por encima de la Constitución... pese a que estaba absolutamente claro que el texto de nuestra enmienda no ponía en duda la unidad del Estado ni era un trampolín que ocultaba deseos secesionistas. Los diputados y senadores del PNV no hemos puesto en duda esa unidad...». «Nuestra respuesta lógica -continuaba- hubiera sido el no, pero más allá de nuestra convicción consideramos que la Constitución abre el desarrollo de un proceso autonómico... no queremos adoptar una postura que pueda parecer agresiva contra la Constitución en este momento. Trabajaremos con voluntad reformadora de esta Constitución, a partir de los mecanismos que ella misma establece. No potenciaremos una vuelta a la dictadura ni colaboraremos en ningún proceso de disturbación democrática», terminó.

El 6 de diciembre, los españoles ratifican en referéndum la Constitución. El día 27 es sancionada por Don Juan Carlos. Como un año y medio antes, los Reyes entran por las puertas de bronce al Congreso de los Diputados. A las once y media el hemiciclo está lleno. En la tribuna pública, frente a él, su padre, Don Juan de Borbón, ya cedidos los derechos dinásticos. De los 350 diputados y 248 senadores, apenas falta Dolores Ibárruri, ausente de viaje en Moscú, y esta vez sí, Marcelino Camacho se vistió de terno oscuro y corbata. Parlamentarios y público, que reciben con aplausos la llegada de los Reyes y el Príncipe de Asturias, vuelven a ovacionar larga e intensamente el instante de la firma y al final del discurso real. Sólo los parlamentarios del PNV, puestos respetuosamente en pie, permanecen pasivos.

En el discurso, el Rey afirma «ante el pueblo español, titular de la soberanía nacional», su decidida voluntad de acatar y servir la Constitución, «porque si los españoles sin excepción sabemos sacrificar lo que sea preciso de nuestras opiniones para armonizarlas con las de los otros; si acertamos a combinar el ejercicio de nuestros derechos con los derechos que a los demás corresponde ejercer; si postergamos nuestros egoísmos y personalismos a la consecución del bien común, conseguiremos desterrar para siempre las divergencias irreconciliables, el rencor, el odio y la violencia, y lograremos una España unida en sus deseos de paz y de armonía».

Barómetro del CIS
Mientras se pegan con Aznar, el que va ganando es Rajoy
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital  29 Noviembre 2003

La estrategia electoral del PSOE parece diseñada a medias entre González y Aznar. La autoría intelectual del sevillano no es nueva ni buena, pero sí clara: no admite que nadie triunfe en su partido después de que él perdiera y hará y hace cuanto pueda por impedirlo. Tigrekán, con Cebrián como publicista-chantajista en el mejor estilo prisaico, consiguió que Zapatero cancelase su proyecto nacional, echase de la dirección del PSE-PSOE a Redondo Terreros y que todo el PSOE se implicase en una estrategia salvaje, antigubernamental y anti-institucional, en la que todo vale para vengarse de Aznar. Y todo ha sido... todo: desde el coqueteo con el PNV hasta la sumisión a ERC, desde el enfeudamiento al BNG en el chapapoteo del "Prestige" al auténtico golpe de Estado callejero con la excusa de la Guerra de Irak, que sólo la toma de Bagdad por Tommy Franks en tres semanas y la balsámica visita del Papa que permitió a la derecha sociológica recuperar la calle frustraron cuando el PP estaba en las últimas. Pero las cañas se tornaran lanzas, Aznar resistió, la derecha se unió, o mejor, se abrazó a su líder y desde entonces no ha hecho sino encadenar victorias o ver cómo el PSOE cosechaba derrotas. Resultado: después de un año de radicalización socialista en el discurso y en la política, en el Parlamento y en la calle, el PP está otra vez al borde de la mayoría absoluta.

Y aquí entra la parte que parece diseñada por Aznar en la estrategia de Zapatero. Es evidente que uno de los efectos que el acoso al PP de la izquierda consiguió sin querer fue que la sucesión de Aznar se convirtiera en un jubileo de unanimidades. Después de lo que la derecha vio y vivió, se acabaron las bromas, las discrepancias y los personalismos: unidad política, todos a seguir lo que diga el jefe y a ganar a los malos, que nos querían echar de la política y desahuciar de España. Y como Aznar está bordando su retirada, como es un verdadero ejemplo de generosidad para con su sucesor y como además no rechaza ninguno de los guantes que le lanzan, el resultado es el que cabía prever pero mejor: mientras izquierdistas y nacionalistas ponen verde a Aznar y le acusan nada menos que de poner en peligro la unidad de España, el candidato a la Moncloa del PP, de Aznar y de la derecha nacional, que no nacionalista, se destaca. Mariano Rajoy, sin apenas desgaste, va dejando a Zapatero atrás, atrás, atrás, atrás...

Y Zapatero sin enterarse.

SE IMPONEN LOS QUE DIRÍAN NO A LA INDEPENDENCIA
Una encuesta constata la fractura de la sociedad vasca ante el plan separatista de Ibarretxe
La sociedad vasca está divida a partes iguales entre los partidarios y detractores de la propuesta independentista de Ibarretxe. Los no nacionalistas son contundentes: nueve de cada diez votantes de PP, PSE y UA consideran que el plan contribuye al enfrentamiento. Para el Instituto de Estudios Fiscales, supondría para el País Vasco el abandono del euro.
EFE Libertad Digital  29 Noviembre 2003

El 50 por ciento de los votantes vascos apoyaría la propuesta de Ibarretxe en una eventual consulta popular y el 49,7 por ciento se declararía en contra, según una encuesta sobre el proyecto del lehendakari que publican periódicos del Grupo Vocento. Los simpatizantes de PNV, EA y Batasuna votarían afirmativamente, mientras que los del PP, PSE-EE y UA se pronunciarían en contra, y los de EB-IU se dividirían con un ligero peso mayor de los que dirían que sí.

El estudio destaca también que ninguno de los encuestados eludió esta pregunta bajo el epígrafe "no sabe, no contesta" y que la mayoría (60,4 por ciento) contestó que participaría en una consulta aunque su convocatoria fuera declarada ilegal por el Estado.

Para algo más de nueve de cada diez votantes del PSE-EE, PP y UA, los efectos del plan son negativos y contribuye al enfrentamiento, mientras que los simpatizantes del PNV, EA y Batasuna creen que sirve a la convivencia. Por territorios, en Álava, los votos en contra del "Plan Ibarretxe" superarían en quince puntos a los favorables; en Vizcaya, el "no" gana por apenas un punto, y en Guipúzcoa, el "si" se impone por ocho puntos.

El 56,1 por ciento considera que el pleno desarrollo del actual Estatuto de Autonomía sería una solución política mejor que el "Plan Ibarretxe", con una clara división de opiniones entre nacionalistas y no nacionalistas, y en el caso de una consulta sobre la independencia, el 54 por ciento votaría no y el 45,6 por ciento sí.

La encuesta también arroja como resultados que la propuesta del lehendakari ocupa un lugar secundario en la escala de preocupaciones de los ciudadanos vascos y que el 55,1 por ciento cree que ahuyenta inversiones, y el 48 por ciento considera que genera incertidumbre a los empresarios vascos.

PAÍS VASCO
El "plan Ibarretxe" lleva a PSOE y CHA a votar por separado por primera vez
Los nacionalistas se negaron a respaldar una propuesta de los socialistas en contra del proyecto soberanista del lendakari. El consenso llegó con el apoyo a la Constitución.
M. LÓPEZ.Zaragoza Libertad Digital  29 Noviembre 2003

PSOE y CHA se enredaron ayer en el pleno municipal con el plan soberanista que promueve el Gobierno vasco y evidenciaron sus diferencias sobre el modelo de Estado. En un debate en el que se habló poco de los problemas de la ciudad, los socios del equipo de gobierno municipal volvieron a poner de manifiesto sus discrepancias políticas y, por primera vez desde que se rubricó la alianza de los dos partidos en el Ayuntamiento de Zaragoza, votaron cada uno por su lado. Tanto unos como otros salieron del pleno alardeando de flexibilidad y disimulando sus diferencias, aunque eran sabedores de que, en algunas cosas, sus posturas son irreconciliables. La moción del PP en defensa de la Constitución acercó posturas entre los socios y fue aprobada por unanimidad.

Los nacionalistas se negaron a apoyar una moción del PSOE en contra del plan Ibarretxe y optaron por la abstención. Los socialistas devolvieron el gesto al abstenerse en una moción presentada de urgencia por CHA en la que pedía al Ejecutivo vasco que "siguieran los cauces y procedimientos constitucionalmente previstos para llevar adelante sus pretensiones".

Pese a que el pleno fue de guante blanco, la disparidad de criterios entre los socios se recrudeció. En la negociación previa al pleno, CHA apostó por votar en contra de la moción del PSOE, que fue presentada a raíz de la controversia despertada en la Asamblea de la Federación Española de Municipios (FEMP). Finalmente, los nacionalistas se abstuvieron y trataron de salvar los muebles con una moción propia en la que se apoyaba la Constitución, pero sin atacar el plan Ibarretxe. La ambigüedad de la propuesta llevó a PP y a PSOE a abstenerse. CHA y PAR la apoyaron.

La moción del PSOE rechazaba expresante la propuesta del Gobierno vasco. "Nos oponemos con firmeza al plan Ibarretxe porque es una imposición a los ciudadanos que no son nacionalistas y va contra la Constitución y el Estatuto de Guernika", dijo el portavoz socialista, Carlos Pérez. La iniciativa recibió el apoyo del PP y el PAR y la abstención de CHA. El portavoz de los nacionalistas, Antonio Gaspar, calificó de "lamentable" el hecho de que el conflicto vasco "polarice la vida política". "Al final –añadió– la Constitución y el plan Ibarretxe se utilizan como una cortina de humo. Hay mucho interés electoralista".

La unanimidad se consiguió con una moción del PP en la que se defendía la Constitución. Al final, la oposición se quedó con la impresión que las heridas entre PSOE y CHA siguen sin cerrarse. "Nos sorprende que sobre un asunto tan vertebral del edificio político no estén de acuerdo. En el equipo de gobierno hay una unión de intereses electorales, pero no se comparte el modelo político", dijo el concejal del PP Domingo Buesa.

Basta Ya asegura que la iniciativa es «un chantaje» ante la situación de violencia
BILBAO EL CORREO 29 Noviembre 2003

La iniciativa ciudadana Basta Ya ha denunciado en el manifiesto redactado de cara a la manifestación que celebrará en San Sebastián el próximo día 13 que en la actual situación de violencia terrorista «el plan Ibarretxe no es una propuesta democrática sino la enunciación obligatoria de un chantaje político». La marcha en defensa de la Constitución y el Estatuto de Autonomía tendrá precisamente como lema: «Con violencia no es Plan sino chantaje. Estatuto y Constitución».

El manifiesto denuncia que el lehendakari presenta lo que él denomina un «proyecto de convivencia que puede ser discutido», pero al mismo tiempo hace llegar el mensaje de que dicho plan saldrá adelante pese a quien pese, si el pueblo lo respalda en un referéndum celebrado en «ausencia de violencia».

Para Basta Ya, «cualquier consideración objetiva del plan revela que parte de un presupuesto radicalmente nacionalista: la existencia de un 'pueblo vasco' como entidad política distinta y anterior a la nación española y a su estado de derecho actual». Además «implica la voladura, desde dentro, del vigente estatuto de autonomía, junto a una auténtica revocación» de la Constitución. Por ello, agregan, «no es fácil imaginar cómo una propuesta tan inequívocamente partidista puede ayudar a la convivencia en una sociedad plural en la que el nacionalismo sabiniano no es sino un proyecto político entre otros». En esas condiciones, añaden, lo que el lehendakari llama «convivencia» es en realidad «la aceptación sumisa por los no nacionalistas del núcleo esencial del nacionalismo».
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