AGLI

Recortes de Prensa     Lunes 1 Diciembre  2003
Es contra el terrorismo y es una guerra
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 1 Diciembre 2003

El comienzo de la tormenta
GERMÁN YANKE ABC 1 Diciembre 2003

Sangre y lágrimas
IGNACIO SÁNCHEZ CÁMARA ABC 1 Diciembre 2003

Caídos por la causa más noble
EDITORIAL Libertad Digital  1 Diciembre 2003

España, ante su responsabilidad
Editorial ABC 1 Diciembre 2003

La fractura social vasca
Editorial El Ideal Gallego 1 Diciembre 2003

Iñaki Aranasagasti
Iñaki Ezkerra La Razón 1 Diciembre 2003

Que todos estén en su sitio
Carlos Dávila La Razón 1 Diciembre 2003

El plan Ibarretxe divide en dos a la sociedad vasca
MCOLPIS. Madrid Heraldo de Aragón 1 Diciembre 2003

No invocarás la democracia en vano
AURELIO ARTETA
El Correo 1 Diciembre 2003

El Ejecutivo vasco actuó con «ánimo de violentar el bloque constitucional»
MADRID. ABC 1 Diciembre 2003


 

Es contra el terrorismo y es una guerra
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 1 Diciembre 2003

Cuando a las pocas horas de la masacre de Manhattan el Presidente de los Estados Unidos anunció que su país estaba dispuesto a dar y a ganar la guerra contra el terrorismo, sin importar el tiempo y esfuerzo que costase, algunos, no muchos, dijimos que se había abierto una nueva época en la Historia y que el Siglo XXI recién nacido iba a estar marcado por la lucha entre la civilización occidental y quienes están dispuestos a morir destruyéndola. Pero también dijimos entonces que si el comunismo se había hundido solo, no por el esfuerzo continuado de las democracias, y si áreas estratégicas decisivas de las sociedades modernas, como la educación y la comunicación, seguían en manos de los enemigos de la libertad, la guerra contra el terrorismo no sería fácil de ganar. Y no tanto por sus enemigos exteriores, sino por los de dentro, que son peores.

Si la guerra de Afganistán pareció alumbrar un comportamiento internacional distinto con respeto a los USA, la de Irak ha demostrado cómo los viejos y los nuevos enemigos de la libertad o, lo que es lo mismo, los que quieren disfrutar de las comodidades de Occidente pero también de las de sus enemigos y librarse de los peligros de ser norteamericano o judío, estaban dispuestos no sólo a no respaldar el esfuerzo norteamericano, sino a apuñalarlo por la espalda. Francia es el modelo.

Aznar hizo una apuesta arriesgada pero justa en los prolegómenos de la Guerra de Irak. La respuesta de la izquierda política y de la mayor parte del periodismo español fue tratar de echar del poder al PP a patadas con la excusa de la Guerra. En aquellas semanas de dramática soledad del presidente y de acoso desatado a la libertad de los españoles, Libertad Digital fue uno de los pocos medios de comunicación, con ABC y parte de la COPE, que respaldó la actuación del Gobierno. Seguimos haciéndolo ahora. Pero desde ese respaldo que no está sujeto a escrutinio, porque se basa en los principios, queremos pedir al Presidente que medite sobre sus justas palabras de indignación acerca de los terroristas bailando sobre los cadáveres de los españoles asesinados en Irak. Son las mismas imágenes que hemos visto de los súbditos de Arafat celebrando los atentados del 11-S o las masacres de judíos. Es cierto que el terrorismo es el mismo en todas partes. Es hora, pues, de dejar de subvencionarlo en la Autoridad Palestina, o en Libia, o en Siria. Hay que ser coherentes, como ha dicho Aznar, pero del todo. Hay que seguir en Bagdad, faltaría más, pero no hay que dar un euro más a Arafat. Es contra el terrorismo y es una guerra. Actuemos en consecuencia.

El comienzo de la tormenta
Por GERMÁN YANKE ABC 1 Diciembre 2003

A nadie se le oculta la urgencia y el procedimiento particular (una enmienda en el Senado a la Ley de Arbitraje) con los que el Consejo de Ministros decidió el viernes impulsar la reforma parcial del Código Penal. Este tipo de respuesta jurídica a la amenaza totalitaria del Plan Ibarretxe revela, desde el punto de vista estratégico, que las instituciones del Estado han reaccionado cuando la tormenta ha comenzado a descargar sobre nosotros y no, como habría sido deseable, cuando se veía en el horizonte la gravedad de lo que se avecinaba. Si hubiera sido así, se habría podido actuar con más tranquilidad procedimental y con la conveniente consulta previa al PSOE, tal y como se acordó en el Pacto Antiterrorista y por las Libertades.

Hemos pasado demasiado tiempo confiando en que la tempestad no iba a llegar, balbuciendo vanas explicaciones acerca de los planes nacionalistas (una provocación, fuegos artificiales, malabarismos para conseguir otras cosas, imposibles jurídicos, baladronadas, etc.), y ni se han tomado las medidas precisas ni se han pensado como se merece el embate contra la Constitución que tenemos delante. Y cuando escribo «contra la Constitución» no me refiero sólo a un texto sino a las libertades y derechos que reconoce. Ahora todo tiene la apariencia de urgencia e improvisación.

Sin embargo, las prisas y la descoordinación con el PSOE no son, a mi juicio, los síntomas más graves de lo que nos ocurre. Que los nacionalistas catalanes y gallegos e IU se opongan a esta o a cualquier otra respuesta jurídica al Plan Ibarretxe no supone valoración alguna de ellas, sino la confirmación de que no quieren oponerse de ninguna manera a los proyectos antidemocráticos del nacionalismo vasco. Unos son sus socios ideológicos, otros sus socios gubernamentales y bien pagados. El PSOE, por su parte, no sólo no ha querido estudiar con el necesario sosiego la apresurada propuesta del PP, sino que toma la actitud de quien sigue sin ver las consecuencias de la tormenta. Si José Luis Rodríguez Zapatero, tras mostrar su debilidad política en Cataluña, sólo es capaz de decir que estamos ante un «esperpento», demuestra que, por mucho que reproche al Gobierno la utilización de la política antiterrorista, prefiere la oposición al PP a la oferta de garantías de seguridad y respeto a la Ley a los ciudadanos. La cárcel, por cierto, fue la respuesta institucional sugerida por Francisco Vázquez, ahora elevado a la presidencia de la Federación de Municipios para oponerse e insultar al PP.

Aquí no estamos ante una florentina discusión jurídica entre el Gobierno y una comunidad autónoma, sino a un atentado al Estado de Derecho y las libertades ciudadanas. Hasta ahora, los ciudadanos hemos contemplado pasmados cómo los nacionalistas vascos seguían financiando al conglomerado de ETA a través del Parlamento Vasco. Ibarretxe anunciaba un referéndum ilegal y esos mismos ciudadanos se abochornaban ante el único soniquete audible: que no tendría consecuencia real alguna. Los efectos, sin embargo, son otros: ETA recibe dinero y el País Vasco amenaza desangrarse más humana y políticamente ante el insidioso acuerdo del PNV con los empleados de la banda terrorista. Ahora, con prisas y sin consultas, se responde a ello. Si existía ya el delito de usurpación de funciones se concreta el de quien usurpa las constitucionales y la responsabilidad de quien facilita los medios materiales y humanos para hacerlo. Si «no se puede evitar», como se repite, que se cometa la indignidad de proporcionar dinero de los contribuyentes a ETA, se procura que no sea así. O la ley es completa o no lo es realmente, como explica Norberto Bobbio: o al mandato primario «no matarás» se añade «aquel que ha matado debe ser sometido a una determinada pena» o no hay deberes para proteger a los ciudadanos.

La oposición se queja del Gobierno pero ¿qué propone? ¿Cómo se evita, desde la doctrina socialista, esta amenaza totalitaria? El drama es doble: el PP no cuenta sino con Coalición Canaria en esta batalla y el PSOE no ofrece otra solución a los ciudadanos. Claro que si ofreciera apoyo o alternativa, tendría que cambiar de actitud en Cataluña, en el País Vasco, ante Izquierda Unida, en Galicia... A veces no se quiere ver la tormenta, incluso cuando comienza a descargar, por lo que exige.

Sangre y lágrimas
Por IGNACIO SÁNCHEZ CÁMARA. Catedrático de Filosofía del Derecho. Universidad de La Coruña ABC 1 Diciembre 2003

LA victoria de la civilización sobre el terrorismo sólo es posible pagando un alto precio en sangre y lágrimas. Ahora le ha tocado el turno a España, nación que no ignora lo difícil de la lucha ni la dureza del coste del triunfo. Nada importante se consigue sin esfuerzo. Y la libertad es importante, algo por lo que, como afirmó el sabio y cuerdo hidalgo cervantino, los hombres deben arriesgar sus vidas. Y así lo hicieron los ocho funcionarios del Centro Nacional de Inteligencia español que sufrieron el ataque terrorista y traidor -son términos equivalentes y sinónimos- al sur de Bagdad. Sólo uno salvó la vida; todos la arriesgaron. Han sido víctimas del terrorismo, es decir, testigos de la libertad y la civilización. No era un sacrificio anunciado e inevitable, pero sí probable y presentido. Todos los españoles y todos los defensores de la civilización deben saber que han muerto por la libertad y el bienestar de todos. Sobra decir que no es un sacrificio inútil.

Es un episodio de la guerra de Irak, pero es algo, mucho, más. La guerra de Irak es sólo una batalla en la guerra declarada a Occidente por el terrorismo fundamentalista islámico. Es la cuarta guerra mundial. La tercera enfrentó a la democracia liberal con el totalitarismo comunista. Sólo los ignorantes, los cómplices o los resentidos siguen hablando de una guerra imperialista de intereses petroleros. La naturaleza del conflicto es muy otra. Basta con atender a las declaraciones de quienes lo desencadenaron. Nadie mejor que el agresor para explicitar la naturaleza de sus intenciones. Y es que tendemos a pensar que el terror, como la muerte que anuncia y provoca, es siempre cosa ajena. Sólo cuando tritura las propias carnes desvanece todas las dudas. El terror no es sólo el medio que utilizan los canallas para lograr sus fines. Es también su verdadero, su único fin. Es el camino y la meta. Los medios no justifican el fin; simplemente lo proclaman. Son la misma cosa.

Las ocho víctimas españolas del terrorismo, sólo una escapó a la muerte, no eran miembros de unas fuerzas militares de ocupación ilegítima, puros invasores, sino representantes y ejecutores de la legalidad internacional. Pertenecen a la misma estirpe de las víctimas anteriores: soldados de Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Polonia y otras naciones, José Antonio Bernal, funcionarios de Naciones Unidas, miembros de Cruz Roja, voluntarios, cooperantes, diplomáticos, ciudadanos iraquíes y de tantos otros lugares. Y conviene, lo exigen la verdad y la justicia, no sucumbir a las trampas del lenguaje. No han sido víctimas de la resistencia iraquí sino del terrorismo de los partidarios de Sadam Husein y del fundamentalismo islámico. Los terroristas no son resistentes sino puros criminales. Nada más urgente que proclamar la legalidad, la importancia y la legitimidad de quienes se oponen a él. Nada más imprescindible que oponerse a todos los intentos falaces de desvirtuar la realidad y devaluar el alto valor de su misión. El sacrificio no es nunca inútil. La claudicación y la imposible neutralidad son algo peor que inútil. Para lo último que debería servir la tragedia sería para argumentar en favor de la ilegitimidad e inutilidad de la presencia internacional en Irak. Los crímenes no alteran el diagnóstico y la valoración de la guerra; los corroboran. Han podido existir, han existido, errores en la política de información a las opiniones públicas occidentales. Han podido existir, han existido, errores en la gestión de la situación que siguió a la ocupación del territorio iraquí. Pero los errores no son argumentos en favor del desestimiento y la retirada, sino razones e incentivos para evitarlos y corregirlos. La solución para lo que se hace mal no consiste en dejar de hacerlo, sino en hacerlo bien.

La actitud de la oposición española ante la tragedia ha sido dual, buena y mala. Buena por la parte del Partido Socialista. En esta ocasión, Zapatero ha estado a la altura de las circunstancias. No cabe decir lo mismo de la que han exhibido Izquierda Unida y el PNV, pidiendo la dimisión del ministro de Defensa y el regreso de las tropas españolas. Los riesgos que corrían eran conocidos por todos. A nadie le otorga la tragedia una razón que no tuviera de antemano. Es triste, mas no extraño, que la izquierda radical, que siempre buscó una posición intermedia entre la libertad y el terror, cuando no abrazó directamente a este último, la misma izquierda que llegó a condescender y a pactar con Hitler y a bendecir a Stalin, reitere sus errores tradicionales. Para ella, el mal absoluto reside siempre en Estados Unidos y Occidente. Lo demás pueden ser, si acaso, errores o excesos. Pero sólo faltando a la verdad es posible sostener que la presencia de las tropas españolas en Irak no cuenta con el aval de la legalidad internacional. El Gobierno no ha hecho sino lo que debía hacer: anunciar que la colaboración española en favor de la libertad y la civilización y en contra de la tiranía y la barbarie continuará hasta permitir la transición de Irak hacia un régimen de libertades, respetuoso con la legalidad internacional. Se trata de la misma historia de siempre. Quienes terminarán por beneficiarse de las consecuencias de la acción que deploran, pregonan el valor del aislamiento mundial y de la neutralidad entre la razón y la sinrazón. Además no tienen que pagar un alto precio, ni siquiera bajo, por defender sus posiciones. Como afirmaba ayer Michael Ignatieff, en una entrevista publicada en estas páginas, el coste de decir «no» a Estados Unidos no está creciendo sino que se está abaratando. Ante un terrorismo dispuesto al asesinato masivo, como se comprobó al menos desde el 11 de septiembre, no es posible sentarse tranquilamente a esperar el próximo zarpazo. Dicen las encuestas que los españoles somos los menos favorables a la intervención aliada en Irak. Las opiniones públicas de los países con un mayor nivel de bienestar son poco receptivas a las demandas de sangre y lágrimas. Siempre ha sido así. También lo fue en el caso del nazismo. Pero, tarde o temprano, la perspectiva histórica pone las cosas en su sitio y las opiniones públicas modifican sus dictámenes y terminan por ensalzar a quienes un día supieron oponerse a ellas y convencer.

Los servicios de información e inteligencia prestan en Irak un servicio imprescindible en la lucha por la libertad y la dignidad. Ésta es la misión que tenían encomendada los españoles que fueron atacados a traición al sur de Bagdad. Trabajaban, por lo tanto, para el bienestar y la seguridad de todos. Y para ello tenían que arriesgar los suyos propios. No dudaron en hacerlo y por eso merecen la admiración de todos los ciudadanos. La consigna y la terapia son las mismas que hubo que aplicar contra Hitler y contra los herederos de Stalin. Ahora, contra los promotores del terrorismo islamista: sangre y lágrimas. Es el precio de la libertad. Si no se está dispuesto a pagarlo, no se merece la libertad, aquello por lo que los hombres deben arriesgar sus vidas.

Caídos por la causa más noble
EDITORIAL Libertad Digital  1 Diciembre 2003

En el siglo V antes de Cristo, la amenaza contra Occidente era el Imperio Persa. En los siglos XVI y XVII fue el Imperio Otomano. En el siglo XX fueron el nazismo y el comunismo. Y en el XXI, después del 11-S, nadie puede dudar de que es el terrorismo, especialmente el inspirado por el fanatismo islamista, el principal reto al que se enfrenta Occidente. La primera civilización que, con todos sus defectos y sus sombras, ha convertido el derecho a decir ‘no’ en un derecho fundamental. Y es este sagrado derecho, de donde arrancan los conceptos de libertad y dignidad humana sobre los que se asienta la cultura occidental, el que los terroristas –ya sean islámicos, palestinos o nacionalistas– quieren destruir para que la humanidad vuelva a ser lo que ha sido a lo largo de casi toda su historia: una sucesión de despotismos donde la vida de las personas no es un fin en sí misma, sino un mero instrumento al albur de los caprichos y la megalomanía del jerifalte de turno.

Es en Israel y, sobre todo, en Irak donde la guerra que los terroristas han declarado a Occidente está viviendo su primera batalla decisiva. Una batalla cuyo primer combate, en contra de lo que la mayoría de los medios de comunicación quieren dar a entender, ya ha ganado el mundo occidental. Por dos razones: la primera es que los talibanes y Sadam Husein, feroces tiranías patrocinadoras del terrorismo internacional, han sido expulsadas del poder, y sus antiguos súbditos tienen hoy, por primera vez en muchísimos años, la oportunidad de convertirse en ciudadanos. Y la segunda es que la intervención de los aliados en Irak ha conseguido que los terroristas, en lugar de multiplicar sus masacres contra civiles indefensos a lo largo y ancho del mundo, concentren gran parte de sus energías en atentar en Irak contra las fuerzas de pacificación. Si bien es cierto que los asesinos enemigos de la libertad no han renunciado a extender el terror por el mundo civilizado –Bali, Casablanca, Estambul...–, no es menos cierto que, de haber continuado los talibanes en Afganistán y Sadam Husein en el poder, muy probablemente tendríamos hoy que lamentar muchas más masacres.

Pero son muchos, por desgracia, los que afirman que no ha merecido la pena arriesgar las vidas de los militares occidentales y de los civiles iraquíes para eliminar un régimen atroz que sembró Irak de cárceles y de fosas comunes. Y el asesinato de siete funcionarios del CNI, que colaboraban en la noble misión de dar a los iraquíes la oportunidad de convertirse en dueños de su propio destino, les sirve de pretexto para invocar la temeraria política del avestruz: dejar a los iraquíes a merced de Sadam y Al Qaeda, ceder ante la barbarie y esconder la cabeza bajo espesas capas de insensatez y cobardía. Con la vana, hipócrita e insolidaria esperanza de que los terroristas sólo se ceben con los de siempre: judíos y americanos.

Con todo, hay que señalar no obstante que la planificación de la seguridad en la posguerra iraquí adolece de graves defectos. Quizá la prueba más elocuente sea precisamente el asesinato de nuestros siete compatriotas a las afueras de Bagdad cuando viajaban juntos en un mismo vehículo. Es difícil entender cómo, en una zona de alto riesgo, los miembros de nuestro servicio de inteligencia viajaran, sin camuflaje ni protección, por una carretera donde los atentados son moneda corriente. Este misterio se une al del asesinato del sargento Bernal, otro miembro del CNI, quien probablemente también fue víctima de una incomprensible fe en cierto personal iraquí que muy bien podría haber “fijado objetivos” a los terroristas.

Por tanto, a la laudable declaración institucional del presidente del Gobierno, que reafirmó –como no podía ser menos– el compromiso de España en la guerra contra el terrorismo, también tendría que unirse una explicación convincente de cuáles fueron las causas de lo que, a primera vista, cabría calificar como una grave negligencia en materia de seguridad. Es cierto que el ineludible compromiso de España en tan nobles causas como la libertad de los iraquíes y la guerra contra el terrorismo conlleva grandes riesgos, especialmente para nuestros militares. La vida de esos siete compatriotas es un dolorosísimo tributo que han arrebatado los fanáticos enemigos de la libertad. Como dijo José María Aznar, “la memoria de los siete agentes fallecidos es la que dignifica a todos los que han dado su vida para que la nuestra sea mejor y más segura. Quizá por ello, precisamente, es ineludible asegurarse de que su sacrificio no haya sido provocado por una imperdonable negligencia.

España, ante su responsabilidad
Editorial ABC 1 Diciembre 2003

PARA el terrorismo, sea nacional o internacional, separatista, religioso o revolucionario, el desistimiento del Estado equivale a su victoria. Por su propia naturaleza clandestina, ninguna organización terrorista aspira a derrotar por las armas a Estados fuertes y decididos a defenderse. Les basta asentar el mensaje de que su violencia es perpetua y de que contra ella sólo cabe llegar a un empate indefinido y doloroso, que finalmente consiga que las sociedades claudiquen por desgaste. La primera derrota del terrorismo se produce cuando es inequívoca la voluntad de no aceptar empates ni de ceder terreno. Por tanto, era evidente que el Gobierno no iba a abandonar Irak tras el asesinato de siete funcionarios del CNI. La experiencia propia con ETA ilustra de manera suficiente sobre la eficacia de no hacer concesiones al terrorismo y de asumir su erradicación como un objetivo asequible con los recursos legales. Lo mismo cabría decir del modelo irlandés, basado en un acuerdo, el de Viernes Santo, que habría sido imposible si el IRA no hubiera aceptado su derrota operativa frente al Gobierno británico. La ecuación no cambia por el hecho de que el terrorismo sea internacional y su objetivo la comunidad de democracias.

En este sentido discurrió la declaración institucional del presidente Aznar, con la que reiteró la posición oficial de España tanto en la situación actual de Irak como en la cooperación antiterrorista con los países aliados. Lo hizo con la firmeza y la claridad que corresponden a un trance trágico, inédito para una sociedad acostumbrada a ser espectadora de las grandes transformaciones recientes del mundo. Sin compromiso no hay sacrificios, pero tampoco diplomacia, influencia, liderazgo ni solidaridad; y a nada de esto renunció Aznar en su declaración. No podía ser de otra manera tras un atentado que vuelve a demostrar que la liberación de Irak es, entre otras cosas, un mero pretexto para enfrentar a las opiniones públicas occidentales con sus gobiernos, pues aunque se insista en que España ha apoyado desde el comienzo a la coalición de democracias contra Sadam, el argumento no sirve para dar cobertura a los atentados contra la ONU o la Cruz Roja, o al asesinato, también este fin de semana, de dos diplomáticos japoneses y de dos ciudadanos surcoreanos y un colombiano. Se trata de terrorismo, simple y brutal, que se enfrenta a un escenario novedoso, el de verse perseguido en su suelo, como sucedió en Afganistán, y como seguirá sucediendo, porque este es el nuevo formato del terrorismo internacional, militarizado, amparado por Estados peligrosos y, como se vio en el 11-S, genocida. La victoria frente al nazismo -no hay nada nuevo- no llegó de la mano débil de Chamberlain sino de la voluntad firme de Churchill.

La reafirmación del compromiso de España con la comunidad internacional es un mensaje que la opinión pública no debería interpretar como un gesto de orgullo patriótico frente al asesinato de los siete agentes del CNI. Al Gobierno le incumbe explicarlo. Aznar comparecerá a petición propia en el Parlamento y es ahí donde las razones del sacrificio de nuestros compatriotas -la incorporación definitiva de España a las grandes responsabilidades internacionales- deben hacerse visibles a los ojos de los ciudadanos. También será la ocasión de dar cumplida información de lo sucedido y de las medidas que se van a adoptar para prevenir nuevos atentados. La solidaridad internacional con el Gobierno español y con las víctimas de los asesinados es un estímulo para no poner entre interrogantes el protagonismo de España en la lucha antiterrorista ni otras vertientes de nuestra política exterior, más propicias para la demagogia, como la alianza con EE.UU. A España le ha llegado la onda expansiva de un terrorismo ajeno a coyunturas de lugar y tiempo. No es el momento de replegarse.

La fractura social vasca
Editorial El Ideal Gallego 1 Diciembre 2003

Vivir en Euskadi supone estar permanentemente sometido a una presión propagandística que convierte en un ejercicio malabar la objetividad. La prueba la ofrece la última encuesta publicada y que refleja que la mitad de los votantes vascos apoyaría el plan Ibarretxe y la otra mitad lo rechaza. El panorama es de clara confrontación y augura una fractura social cuyas consecuencias son difíciles de calcular. Muy diferente es el punto de vista que tiene el resto de España sobre una propuesta secesionista que apenas encuentra respaldo en un país que no acaba de comprender - ya que es incomprensible- por qué camino discurre un pueblo capaz de dar la razón a unos principios sobre los que se ha edificado durante décadas la barbarie terrorista. La libertad es, en el País Vasco, una especie en peligro de extinción. La capacidad de discernir al margen del miedo no tiene porvenir en una comunidad en la que cualquier comentario pronunciado en voz alta puede ser entendido como una ofensa.

Iñaki Aranasagasti
Iñaki Ezkerra La Razón 1 Diciembre 2003

Hasta ahora el sucesor de Sabino Arana en el PNV era Arzalluz de manera indiscutible. Las viejas de los batzokis lo miraban y exclamaban con una autoridad lacrimógena: «Es el mismo Sabin redivivo». No se sabe muy bien de dónde les venía esa autoridad porque Sabin murió hace cien años y este hecho hace difícil que lo conocieran en persona para luego andar permitiéndose sacar parecidos. Pero es que las viejas del PNV son como el propio nacionalismo vasco. Hacen como que tienen trescientos años. En ese partido todo tiene trescientos años como poco. Hasta los microondas de los batzokis donde se recalientan las morcillas son centenarios y hasta las mismas morcillas si te descuidas.

Pues bien, tras el anuncio de Arzalluz de jubilarse (cosa que no se cree ni él), en ese partido se han convocado oposiciones a imitador de Sabino y los más defenestrados ¬o sea Anasagasti y Egibar¬ son los que ponen más voluntad en ello a ver si cuela y no los mandan al paro o al asilo. Y así, en el mismo día que Ibarretxe presentó su plan, hubo una perla en el discurso de Egibar que los medios de comunicación no recogieron y que yo oí con mis propios oídos en el Parlamento de Vitoria: «¿Ahora va a resultar que cualquiera puede nacer en cualquier parte!». Para Egibar nacer en el País Vasco no es un accidente sino un destino. Para la contradictoria y confusa mente de Egibar «sólo nacen en el País Vasco los que de verdad han nacido para ello».

Por su parte, Anasagasti hace lo que puede el hombre para ganar méritos y se erige en abogado defensor de Sabino Arana sin dotes para ello. Su gran argumento a favor del fundador del PNV son los piropos que le dedicaron a éste Unamuno, Areilza y el abuelo de Aznar en un momento de debilidad u ofuscación. Hay que ser un pelín torpe y cortito para no saber defender a Arana por sí mismo y necesitar recoger del suelo las flores que le echó el enemigo. Si a mí Otegi o cualquier otro cenizo de la parroquia nacionalista ¬Anasagasti sin ir más lejos¬ me echara flores, no las pondría en un jarrón. Las ocultaría con vergüenza y pensaría preocupado que había algo que estaba haciendo mal para merecer semejante agasajo. «Manolete, si no sabes torear para qué te metes». «Anasagasti, no rices el rizo, que no eres la Errazti».

Pero lo más divertido de este personaje inolvidable, de este gran cómico de la política española, es que con su oratoria le ha reventado el juego a su jefe. Mientras para colarnos su plan el lehendakari dice que con él busca la convivencia y pone una vocecita suave de tía de anuncio porno, va Anasagasti y suelta el viernes en la ETB, como primicia, que «el Plan Ibarretxe es el Plan Sabino Arana». Anasagasti o ¬habrá que decir¬ Aranasagasti ha amagado un gesto de Goering ante el miniNuremberg de los mass media. Pero, tranquilos, que éste no se toma el cianuro.

Que todos estén en su sitio
Carlos Dávila La Razón 1 Diciembre 2003

Cuando hace muy pocos días volaron hasta Roma los cadáveres de diecisiete soldados italianos asesinados por el terrorismo iraquí, el terrorismo mezcla de Al Qaida y de las excrecencias del tirano Sadam, el jefe del Gobierno, Silvio Berlusconi, pronunció una frase que apetece recordarla aquí: «Esperemos que todo el mundo esté en su sitio». Pues eso: esperemos que aquí, en España, cuando el Centro Nacional de Inteligencia ha sufrido su octava baja, «todo el mundo esté en su sitio». Se temía un momento como éste; es más: todos lo creíamos inevitable: pues bien, el momento ya está aquí. Siete españoles han sido sacrificados vilmente en Iraq por quienes ni quieren la libertad, porque Sadam no la quería, la atropellaba, ni respetan una civilización en la que la democracia de todos sea posible, porque Ben Laden y sus horripilantes sicarios tampoco la desean. Probablemente, es imprescindible insistir en estas constancias porque, pasado el primer dolor que causan los siete ataúdes rojigualdas, la tentación de algunos será tirarse a la carótida de los que son responsables de la estancia de nuestros hombres en Bagdad. Ya sabemos a esta hora que por lo menos uno de nuestros más infumables políticos, el coordinador de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, «no ha estado en su sitio». Se ha aprovechado de la sangre reciente para intentar lo que, a la postre, ya lo verán, resultará imposible: resucitar aquel espíritu de la primavera que movilizó a muchas gentes contra la guerra, sin movilizarse nunca contra Sadam.

Pero Llamazares, como aquel actorazo divertido de una serie de Arturo Fernández, es un «marginal». Es más: él ha hecho todo lo posible para merecerse el calificativo. Lo que importa ahora es conocer cómo va a reaccionar el Partido Socialista. Como siempre, su secretario todavía, Zapatero, ha diseñado una táctica ambigua: un «digo sin decir en mí» del que, sin embargo, parece extraerse una profecía inicial: que Zapatero ensayará otra vez la jugada de sacar provecho a la guerra, a la sangre en definitiva. La coda que ha puesto a su primigenia declaración no es precisamente tranquilizadora. Ha dicho Zapatero que confía ¬siempre haciendo de artificial padre Bonete¬ en que vuelvan cuanto antes nuestras unidades de Iraq. Minutos después de escuchar estas manifestaciones, este cronista tuvo oportunidad de charlar ampliamente con los jefes de esas unidades, los hombres que van a sustituir en apenas una quincena a las tropas del general Cardona. Decían: «Esa no es forma de animarnos, nosotros haremos los que se nos mande, pero no podemos ir hasta allí como si media España estuviera en contra de nuestra presencia». A Zapatero este tipo de opiniones no le importa un higo, pero debiera tenerlas en cuenta. Y eso, por dos razones: la primera, la antedicha, porque nuestras abnegadas tropas que están o llegarán a Iraq para obedecer, como no podría ser de otra forma, al poder constitucional legalmente instituido, se sienten muy mal con tan escasa cobertura política; la segunda, aún más profunda, porque en este instante procesal sería de una irresponsabilidad histórica aplastante que los aliados dejarán en manos del terrorismo «sadobenladí» el destino de todo un pueblo que, quiérase o no, fue liberado en el pasado mayo de un régimen absolutamente sanguinario: ¿o es que Zapatero ya no se acuerda (quizá porque no lo ha sabido nunca) de los miles de kurdos gaseados por Sadam?

Esta semana de pasión que nos espera tendría que ser de solidaridad nacional, la palabra que los socialistas utilizan con tanta frecuencia. El espectáculo de unos partidos machacándose electoralmente ante los féretros de unos patriotas asesinados fuera de España no ayuda ni a quienes están en Iraq ni, aún menos, a quienes marcharán hasta allí dentro de muy pocas fechas. La vigilia electoral es muy sustanciosa, muy apetitosa para los partidos que, a día de hoy, y según avanzan todas las encuestas, no tienen la mínima posibilidad de conseguir el poder en las urnas el próximo 7 de mayo. Naturalmente que con Izquierda Unida nada hay que hacer, entre otras cosas porque, afortunadamente, no tiene la menor posibilidad de instaurar en España su añorado régimen soviético. Otra cosa es el Partido Socialista y la cohorte de artistas aprovechados que ya están soplándole en el tafanario al desorientado Rodríguez Zapatero. Que no se escude, ni se fíe de ellos, que escuche la voz y el ejemplo de quienes dan su vida por la libertad en páramos extraños. Ellos sólo piden ahora que cada uno esté en su sitio en estas horas delicadas.

PAÍS VASCO
El "plan Ibarretxe" divide en dos a la sociedad vasca
La mayoría de los vascos desaprueba la estrategia del Ejecutivo frente al proyecto del lendakari: un 50% de los vascos votaría a favor de la propuesta de nuevo Estatuto elaborada por el PNV, mientras que un 49,7% lo haría en contra.
MCOLPIS. Madrid Heraldo de Aragón 1 Diciembre 2003

La sociedad vasca se encuentra radicalmente dividida en dos, entre los que apoyan el proyecto de estado libre asociado del lendakari Juan José Ibarretxe y los que se oponen a él, según cabe deducir de un sondeo elaborado por Isabel Bergareche para el diario "El Correo". De acuerdo con este trabajo, un 50% de los vascos votaría a favor de la propuesta de nuevo Estatuto elaborada por el PNV, mientras que un 49,7% lo haría en contra. La división de criterios no sólo se manifiesta en el respaldo al plan en sí, sino que abarca a todo lo que tiene que ver con sus implicaciones presentes y futuras. Las posiciones de los nacionalistas y no nacionalistas -unánimes dentro de sus grupos- estarían pues enfrentadas en cuestiones como la idoneidad de abrir ahora este debate o las repercusiones económicas para el País Vasco.

El efecto del plan es negativo, dentro de esa misma línea, para algo más de nueve de cada diez votantes de PSE, PP y UA. La mayoría de estos electores consideran que contribuye al enfrentamiento, mientras que los simpatizantes de PNV, EA y Batasuna creen, de forma mayoritaria aunque menos pronunciada, que sirve a la convivencia. Este tipo de divergencias se extienden a casi todos los temas relacionados con la propuesta de Ibarretxe, pero hay excepciones: todos están de acuerdo, por ejemplo, en que la solución del problema político vasco debe basarse en un acuerdo entre nacionalistas y no nacionalistas. Y esta opinión sólo tiene una excepción: Batasuna. Uno de cada cinco de sus simpatizantes sostiene que bastaría con un pacto que abarcara sólo a nacionalistas.

También coincide una gran parte, el 69%, en que el plan es un paso hacia la independencia del País Vasco, una independencia que apoyaría el 45,6% de los ciudadanos y a la que se opondría el 54%. Por territorios, el rechazo a la independencia ganaría en Álava por 24 puntos y por algo más de 12 en Vizcaya, mientras que en Guipúzcoa los independentistas superan en tres puntos a los partidarios de dejar las cosas como están. Esta división de opiniones según provincias no es ninguna sorpresa. En todo caso, está en consonancia con el peso político que cada partido posee en las distintas regiones vascas; algo que también se refleja en el apoyo al plan. Así, en Álava los eventuales votos en contra del proyecto de Ibarretxe superan en 15 puntos a los favorables; en Vizcaya lo hace por apenas un punto, y en Guipúzcoa gana el "sí" por 8 puntos.
Críticas al Ejecutivo

En cuanto a la satisfacción por la respuesta que desde el Gobierno de José María Aznar se está dando al plan soberanista de Ibarretxe, llama la atención que sólo los simpatizantes del Partido Popular la consideran adecuada. Tres de cada cinco vascos, el 59,2%, dicen estar en total desacuerdo con la estrategia del Ejecutivo y el 23,4% se manifiesta poco de acuerdo. Los más críticos en este punto son, como resulta obvio, los electores nacionalistas entre los que el rechazo ronda el 90%. Más llamativo resulta, en cambio, el hecho de que la mitad de los que se declaran votantes socialistas estén "poco de acuerdo" con la actitud del Gobierno y otra cuarta parte se muestre rotundamente en contra.

Esta pregunta, se planteó a los encuestados cuando ya se había producido la impugnación de la propuesta de Ibarretxe ante el Tribunal Constitucional, el pasado 6 de noviembre, pero cuando aún no se había anunciado la decisión de reformar el Código Penal para poder encarcelar al lendakari en caso de que decida someterla a referéndum. En este sentido, es también reseñable el que la mayoría de los encuestados anticipe que participaría en la consulta aunque no fuese legal.

El posicionamiento de los ciudadanos vascos respecto al plan Ibarretxe es tajante. Con independencia del nivel en que lo sitúan dentro del listado de preocupaciones, nadie se escuda en el "no sabe-no contesta" para eludir pronunciarse. El debate supone un empujón definitivo hacia una definición política y de alineamiento, que tiene su exponente último en el apoyo o rechazo del proyecto del lendakari. Los simpatizantes de PNV, EA y Batasuna engrosan las filas de los que votarían afirmativamente, mientras que los de PP, PSE y UA llenan las de quienes se pronuncian en contra. IU-EB se divide con un ligero mayor peso de los que darían un "sí". El resultado final es un empate, revelador de la fractura social en torno a la propuesta de nuevo marco político. Al margen del apoyo de cada sector a la propuesta del lendakari, hay una mayoría clara que piensa que no acabará con el terrorismo de ETA. Los encuestados que se identificaron con PNV y EA creen que sí lo hará, pero en un porcentaje insuficiente para compensar las opiniones en contra del resto, incluidos, en este caso, los simpatizantes de Batasuna. El plan tampoco despierta confianza al enjuiciar si solucionará los problemas de relación de Euskadi con el Estado. No lo creen los constitucionalistas y apenas apuestan por ello los seguidores de PNV y EA.

No invocarás la democracia en vano
AURELIO ARTETA/CATEDRATICO DE FILOSOFÍA MORAL Y POLÍTICA DE LA UPV/EHU
El Correo 1 Diciembre 2003

Asistimos a una hiperinflación de la palabra 'democracia' y a ver quién no se jacta hoy día de conocerla y practicarla o se priva -si es político profesional- de desafiar con ella al oponente. Más nos valdría, me parece, atenernos al mandato de no pronunciar su nombre en vano.

El santo advenimiento
De unos años a esta parte, nuestro lenguaje ordinario y el periodístico rebosan de giros tales como 'desde que entramos en democracia' o 'ahora que vivimos en democracia'... Con ello se apunta, por lo pronto, al momento histórico en que la dictadura franquista dejó paso al régimen constitucional. En ese sentido el tópico no está mal traído y conserva un sentido cabal. Lo preocupante del uso es que transporta no menos la seductora idea de que la democracia es algo que se adquiere con sólo decir que se ha adquirido, una forma política en que nos instalamos mediante un mero cambio de leyes o la proclamación de una Constitución; en definitiva, un régimen que se conquista del todo y de una vez por todas.

Frente a eso hay que repetir que la democracia, más que un régimen determinado, es ante todo un 'ideal' político, y bien sabemos que los ideales no se alcanzan sino que nos orientan desde lejos. Ninguna democracia establecida coincide con 'la' democracia, es decir, con lo que demanda la dignidad de los humanos en cuanto a igualdad, libertad, participación cívica, tolerancia, etcétera, en una comunidad civil.

Claro que puede y debe hablarse de leyes o gobiernos más democráticos que otros, ya sea porque salvaguardan mejor los derechos individuales o porque regulan con mayor equidad las elecciones. Pero ni la más perfecta de las constituciones ni el más justo de los gobiernos están libres de gruesas deficiencias democráticas. Para no aludir al dislocado orden internacional, veamos el panorama de los estados occidentales: creciente influjo político de instancias no políticas, apatía ciudadana, prepotencia del poder ejecutivo, negociación en lugar de debate parlamentario, sectarismo de los partidos, etcétera. Sin duda, pero que no se malentienda: toda democracia será 'deficitaria' respecto del ideal democrático; lo perverso de otros regímenes, llámense teocráticos o (como revela nuestro nacionalismo) etnicistas, es que son frontalmente 'incompatibles' con ese ideal.

Demócratas de toda la vida
Y lo que se dice de una sociedad o de un Estado, ha de decirse también de cada cual. Nada más ridículo que el tópico arrogante de que 'uno es demócrata de toda la vida', como si naciéramos ya con los deberes hechos, con las ideas civiles aprendidas y las actitudes democráticas bien arraigadas. Por contraste con el ácrata o con el súbdito, llegar a ser ciudadano nos pide contrariar nuestra tendencia natural: esforzarse en adquirir criterios políticos, atender a nuestra comunidad, y no sólo a mi familia o a mi tribu, comprender que cuanto sea de interés común ha de pasar por el debate y la decisión de todos...

De tan exigente como le parecía, Rousseau pensaba que la democracia era un régimen más propio de ángeles que de seres humanos. Entre nosotros, sin embargo, la cosa no es para tanto, y así nos va. En la escuela 'transversal' de nuestros pecados apenas hay enseñanza ético-política de los alumnos (ni tampoco la han cursado sus profesores en la Universidad), pero ahí están la Historia de las Religiones, el folklore de la comunidad respectiva y, pronto lo veremos, la Educación Vial y hasta la gastronomía del lugar. Por nuestros psicopedagogos, tan sabios, no ha de quedar.

Principio más que procedimiento
Entretanto, proliferan los lugares comunes que deforman gravemente esta idea política capital. Uno de ellos es la automática calificación de 'democrática' a cualquier demanda o decisión, tan sólo porque esa demanda o decisión son 'mayoritarias'. Asimismo, cuando se desea subrayar simplemente que una propuesta o manifestación callejera resultan 'pacíficas' y han transcurrido sin sobresaltos. Pero el caso es que lo mayoritario no resulta sinónimo de democrático, ¿saben?, porque la regla de la mayoría no encarna el núcleo esencial de la democracia, sino una de sus expresiones. Tampoco ha de confundirse sin más con un régimen pacífico, porque ni todos los regímenes reposados son sólo por ello democráticos ni los democráticos están vacunados contra las turbulencias públicas o tienen prohibido recurrir a la violencia en su defensa.

En otras palabras, la democracia no es sólo ni principalmente un simple procedimiento de toma de decisiones públicas o de sustitución periódica y ordenada de los gobernantes. Ni siquiera representa con seguridad el método más eficaz para regir la convivencia ciudadana, pues cabría imaginar ciertas clases de despotismo ilustrado o de dictaduras benévolas que pudieran deparar técnicamente mejores resultados. Si la democracia es un ideal civil, lo es como un 'principio' de organizar la comunidad desde la igualdad y libertad políticas de todos los sujetos; y de tal principio emanará ese método de elegir y decidir. Claro que entre la representación y la decisión está la deliberación, que es lo que más se olvida. Pues la democracia es ante todo el sistema en el que la ciudadanía acuerda y controla en permanente discusión pública la marcha de la comunidad.

Reducir la democracia al gobierno de la mayoría equivale a sostener que ese régimen cuenta sólo con un apoyo aritmético, por el que la voluntad del mayor número debe prevalecer sobre la del menor. Como no se diga otra cosa, un gobierno mayoritario estaría entonces legitimado para suprimir 'democráticamente' (¿!) los derechos de cualquier minoría o, en último término, renunciar a la democracia misma. Eso podría ocurrir entre nosotros como prosperara el plan del lehendakari... Pero el fundamento de la democracia es a la vez 'moral', porque asegura el respeto igual de la libertad de todos, y 'epistémico' (o sea, relativo al saber), porque el debate público hace posible que las decisiones adoptadas sean fruto de los mejores argumentos y se acerquen en cada momento a lo más justo.

Así pues, el ejercicio democrático no equivale a la mera agregación de las preferencias de los ciudadanos. Mucho menos todavía si estos deseos venimos a suponerlos autónomos, como si la coacción violenta no existiera, por ejemplo; o si tomamos esos gustos por prefigurados del todo y sin deber alguno de contrastar su validez con los ajenos. Tal resulta nuestro comportamiento en el mercado, por cierto, y da lugar a la vigente democracia entendida al modo mercantil: ésa en la que unos pocos empresarios políticos (grupos económicos, partidos) entran en competencia por la producción y distribución de mercancías políticas (programas de gobierno) con vistas al mayor número de clientes (votantes) a fin de obtener como beneficio el poder del Estado. Pero esto tiene muy poco de democracia. La democracia, además del marco para la libre expresión y suma de preferencias políticas, es sobre todo el estímulo para la formación y revisión pública de esas preferencias.

El Ejecutivo vasco actuó con «ánimo de violentar el bloque constitucional»
MADRID. ABC 1 Diciembre 2003

La vía de impugnación utilizada por los servicios jurídicos del Estado es uno de los mecanismos ordinarios de control constitucional de la actuación de las Autonomías
Si en un primer análisis pueden aparecer dudas respecto de la impugnabilidad de los acuerdos del Gobierno y el Parlamento vascos relativos al plan Ibarretxe, éstas quedan rápidamente disipadas ante la evidente «destrucción» que del sistema constitucional vigente supone la propuesta soberanista y, junto con ella, las decisiones de las dos instituciones autonómicas citadas. Esta es la conclusión general a la que llega el catedrático de Derecho Constitucional Pedro González-Trevijano, quien desmenuza las características de la impugnación prevista por la Constitución en su artículo 161.2 así como la idoneidad de este mecanismo -el elegido por la Abogacía del Estado- para recurrir la tramitación del plan Ibarretxe.

La impugnación del 161.2, explica, completa el sistema de control de constitucionalidad de los actos de las Comunidades Autónomas. De hecho, «se interpondrá recurso de inconstitucionalidad contra las leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley; conflicto de competencias cuando lo que se halla en juego es la cualificación de actos y disposiciones normativas sin fuerza de ley que susciten dudas de distribución competencial; y, por fin, la instancia del artículo 161.2 de la Constitución, cuando las reseñadas resoluciones y disposiciones vayan más allá de tal contorno». La mayor parte de la doctrina, insiste González-Trevijano, la considera una «vía procesal autónoma, diferenciada, dotada de especificidad material y procesal, y de naturaleza ordinaria» que completa las demás para aquellos supuestos que además, y como ocurre en el presente caso, «urgen una solución por el Estado de Derecho» dada su «gravedad».

De hecho, de seguir adelante la tramitación del plan Ibarretxe -objeto que persiguen los dos actos impugnados- se pueden producir «inmediatos daños graves» de «naturaleza irreparable». Y ello porque la propuesta soberanista supone un «ataque frontal a los principios vertebradores de la propia Constitución de 1978».
Al abordar el análisis del acuerdo adoptado por el Gobierno vasco el 25 de octubre, el informe indica que las dudas que puedan surgir sobre su naturaleza e impugnabilidad desaparecen en el momento en el que entendemos que el acto recurrido enmascara «con nitidez material evidente» bajo una supuesta reforma estatutaria «una reforma en profundidad de la propia Constitución».

En este caso hay, al menos, dos violaciones muy graves: «De una parte, el Gobierno vasco se atribuye competencias de reforma constitucional (...), algo de lo que carece. Y, de otra, la reforma de la Constitución se realiza al margen del imperativo procedimiento agravado desarrollado en el artículo 168» de la Norma Fundamental.

Tal comportamiento se produce, además, en claro «fraude de ley», lo que debe llevar a su inmediata declaración de nulidad: «Hay una tosca voluntad de burlar la ley -indica el catedrático-. La pena del ordenamiento jurídico es por ello la más grave: la nulidad absoluta». Pero además puede hablarse de «dolo», puesto que en el Gobierno vasco hay «conciencia de presumible engaño, ánimo de violentar el bloque constitucional y la posible intención de perjudicar a quienes no comparten su criterio (...) Existe una evidente simulación, pues se declara una voluntad que no es la real fingiendo algo muy lejano a lo efectivamente buscado: el ocultamiento de un proyecto legislativo de reforma constitucional y no sólo estatutario».

Respecto al acuerdo de calificación de la Mesa, no se plantea duda ninguna: «Hay una clara declaración de conocimiento y de voluntad» pues, tras calificar el plan Ibarretxe, «decide de manera incorrecta su tramitación como simple reforma del Estatuto de Autonomía». La Mesa no debió admitir a trámite la propuesta por su patente inconstitucionalidad; o, en todo caso, debió instar previamente la reforma del Reglamento, pues no prevé el procedimiento para modificar el Estatuto.
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