AGLI

Recortes de Prensa     Domingo 7  Diciembre  2003
El independentista
JORGE DEL CORRAL La Voz 7 Diciembre 2003

Leticia al Euskalduna
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital  7 Diciembre 2003

Esquerra se impone
Editorial ABC 7 Diciembre 2003

Las tres cuestiones básicas
JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS ABC 7 Diciembre 2003

Éste es un gran día
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 7 Diciembre 2003

Aniversario sin cava
José María Carrascal La Razón 7 Diciembre 2003

Vascos y catalanes
JAIME CAMPMANY ABC ABC 7 Diciembre 2003

Sociedad madrileña
ÁLVARO DELGADO GAL 7 Diciembre 2003

Erosión de la Justicia
Editorial El Correo  7 Diciembre 2003

¿Volver a las andadas
ROBERTO L. BLANCO VALDÉS La Voz 7 Diciembre 2003

Nacionalismo y Constitución
JOSÉ LUIS DE LA GRANJA SAINZ  El Correo 7 Diciembre 2003

Color para el Guernica
CARLOS TOTORICA El Correo  7 Diciembre 2003

Ermua da color al Guernica
ADOLFO LORENTE ERMUA El Correo 7 Diciembre 2003



 

El independentista
JORGE DEL CORRAL La Voz 7 Diciembre 2003

VEINTINUEVE años, de padres andaluces, casado, dos hijos, ciudadano de Barcelona, votante de Ezquerra Republicana de Catalunya (ERC) e independentista. Es la tarjeta de visita de uno de los nuevos seguidores del partido de Josep Lluis Carod-Rovira, que justifica su posición en que cuando viaja a Perpiñán y se encuentra con sus amigos de esa ciudad francesa habla con ellos en catalán, «demostración palpable de que pertenecemos a una misma nación», y además «porque en Madrid hay 6.000 obreros trabajando día y noche para construir un nuevo aeropuerto y el nuestro de Barcelona es tercermundista, porque para salir de Barcelona tenemos siete autopistas de peaje y una gratuita, y Madrid tiene siete gratuitas y una de pago, y porque Madrid tiene AVE y del nuestro más vale no hablar». Estas razones para justificar su independentismo las enumeró un comunicante en llamada al programa de Maria Teresa Campos en Tele 5, Día a Día .

No hay razones históricas, ni de «bucle melancólico». Son motivos prácticos y económicos, de envidia o agravio comparativo, de ausencia del más mínimo sentimiento de compartir y distribuir con otros lo que se tiene. De insolidaridad, en suma. Culpar a «Madrid», ese ente concreto, sinónimo de todas las maldades y centro de todas las diatribas, es lo que justifica a veces el independentismo de muchos.

Ignacio Sotelo, catedrático excedente de Sociología, escribía en un reciente artículo que «el apoyo a la lengua y a la cultura propias -el control de la enseñanza ha sido y es fundamental- ha extendido el nacionalismo por amplias capas sociales, a la vez que el dominio nacionalista del aparato del Estado ha creado una clientela que necesita la independencia para establecerse con carácter definitivo». Es lo que veinte años antes vaticinaron Norberto Bobbio y Leonardo Sciascia, cuando declararon que la enseñanza no debería haber sido materia exclusiva de las Comunidades Autónomas porque uno de los elementos clave para vertebrar un país es enseñar a todos los estudiantes la misma Historia común. O lo que ahora ha declarado el profesor Antonio Elorza, de la Universidad Complutense, durante su intervención en Toulouse sobre los logros y las limitaciones de la Constitución española: «La España de las autonomías ha favorecido las identidades duales, pero no hemos conseguido, desde un punto de vista simbólico, crear una identidad española en la que todos podamos identificarnos».

Leticia al Euskalduna
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital  7 Diciembre 2003

El acto de la Fundación para la Libertad celebrado en el Pabellón Euskalduna de Bilbao ha sido, sin duda, el más emotivo, brillante, importante y trascendente de todos los celebrados en España con motivo del XXV aniversario de la Constitución. Al lado de los discursos de Redondo Terreros y sus amigos en la primera trinchera, si no la última, donde se defiende la nación, palidecen todos los demás. Todos, sí, incluido el del Rey, que no ha debido de ser muy bueno cuando cada cual puede interpretarlo como le da la gana, hasta ese enemigo de la libertad y de España llamado Gaspar Llamazares.

Hubo una época, la del inminente peligro golpista o la de la espiral golpismo-terrorismo, en la que al Rey se le entendía todo en sus discursos, hasta en Navidad. Cuando no se le entiende nada o no se le entiende con la suficiente claridad es que algo no funciona. Probablemente, lo que falla es que los Reyes, el Príncipe y su prometida, las infantas y sus maridos, Froilán y los otros tres nietos, más los primos, tíos y sobrinos de todas las ramas del frondoso árbol borbónico acuden a los más diversos actos culturales, deportivos, sociales, recreativos y benéficos. También a los funerales, especialmente si los muertos son militares caídos por España en el extranjero. Sin embargo, nadie espera que algún miembro de la Familia Real asista a un acto como el del Euskalduna en Bilbao. ¿Y por qué? ¿Tiene menos importancia la defensa de la Constitución que de la España Salvaje, la de los concejales vascos del PP y del PSOE que la del lince ibérico? Evidentemente, no. Es un error pensar que la Monarquía está por encima de la Nación y es de suponer o de esperar que nadie en la Zarzuela lo piensa. Pero entonces, el guión al que viene ajustándose el discurso Real desde la Transición debe cambiar, como han cambiado los peligros nacionales. Y los gestos políticos también deberían evolucionar en consecuencia. ¡Ah, si hubiera estado Leticia por videoconferencia en el Euskalduna! ¡Ah, si el Príncipe hubiera mandado una postal!

Las cosas se han puesto tan graves en el País Vasco y Cataluña que uno entiende que en Madrid, es decir, en la España Oficial que suele identificarse con el poder político, se produzca algo parecido al miedo, por no decir al pánico institucional. Y ese miedo estaría bien si se basara en la percepción del peligro y en la decidida voluntad de afrontarlo. Sería lamentable que, en cambio, se manifestara en esa forma de escapismo y de negación de la evidencia que consiste en elevar grandes cánticos al consenso del 78 y en decir o sugerir que aquellas cataplasmas valen para estas metástasis. Aquel consenso se basó en un temor a la fuerza coercitiva del Estado, fuera democrático o dictatorial, y ese temor ha desaparecido entre los nacionalistas. Maragall lo explicó con absoluta y desvergonzada claridad hace pocos días, cuando achacó su respeto a la Constitución a un efecto del 23-F. Da la impresión de que algunos quieren jugar a poner a la Corona por encima de las opciones nacionales, como si todas lo fueran. Y todas no lo son.

Los Borbones se ganaron por segunda vez la Corona de España tras la miserable traición de Carlos IV y Fernando VII a la Nación en Bayona y la posterior del infame Tigrekán a la Constitución, cuando Isabel II se convirtió en la reina de las libertades nacionales, cuando en Bilbao los liberales entregaban su vida por España y por Isabel. Es una pena que cierto Madrid oficialista y oficioso cultive tanto el trato con los enemigos de España y tan poco con sus defensores, si es que no llevan uniforme o están muertos. Las cosas van, sin embargo, tan deprisa y tan mal para la Nación que muchas de las precauciones oratorias de hoy parecerán absurdas o suicidas mañana. Dentro de poco, nadie dudará de que, si a Anasagasti le ha gustado un discurso del Rey, está claro que al Rey le han equivocado el discurso. A lo mejor entonces vemos a Leticia, aunque sea por videoconferencia, con nuestros compatriotas más admirables, esos que se juegan todos los días la vida por España, en un acto como el del Euskalduna de Bilbao.

Esquerra se impone
Editorial ABC 7 Diciembre 2003

LA superioridad política de Esquerra Republicana sobre el Partido Socialista de Cataluña y CiU ya se ha trasladado de las mesas de negociaciones a las instituciones, a través de la elección del republicano Ernest Benach como presidente del Parlamento catalán. Socialistas y convergentes parecen estar de acuerdo en consagrar el 16 por ciento de Esquerra Republicana como la mayoría ideológica central, y nada más expresivo que reconocérselo con la principal magistratura parlamentaria de Cataluña, la que habrá de dirigir en el futuro, como pretenden todos los partidos menos el Popular, los debates del nuevo modelo de relación con el Estado sobre bases anunciadas -sean federales, confederales o directamente secesionistas- que desbordan claramente la Constitución. Por eso no resultaría prudente archivar las primeras palabras de Benach como un mero ejercicio de voluntarismo nacionalista. Apelar desde la Presidencia del Parlamento a «una nación plena», comprometer el acercamiento a los parlamentos de «la Corona de Aragón y de naciones sin estado como la nuestra» y finalizar su discurso gritando «Visca Catalunya lliure» serían soflamas prescindibles, más aún en el XXV aniversario de la Constitución, si no fuera porque, en el estado actual de las negociaciones para formar gobierno, revelan sustancialmente una disposición política compartida por PSC y CiU. También Maragall ha hablado, y con profusión, de Cataluña como nación y de la Corona de Aragón como título histórico de la identidad catalana.

La elección de Benach no es, en cambio, determinante de la identidad del futuro socio de Esquerra en la Generalitat. Es tan abrumador el dominio de los republicanos en la agenda política de Cataluña que el apoyo de PSC y CiU a Benach es más sintomático de la abdicación de ambos partidos a su propio protagonismo que de la posibilidad de un pacto ya cerrado con cualquiera de ellos. Otra cosa es que realmente exista ese pacto y sólo el ocultismo de las negociaciones haga indescifrable el acceso de Benach como un resultado del acuerdo. La postergación de CiU en la vicepresidencia primera, gracias al entendimiento de PSC y Partido Popular, teóricamente dice poco de las opciones de los convergentes para entrar en la Generalitat con los republicanos y apunta a una cierta indiferencia de Esquerra por la suerte de la coalición nacionalista aún en el Gobierno. Pero también es alto el riesgo de que nada sea realmente como parece, dada la complacencia con que Esquerra administra indistintamente las pretensiones de Mas y Maragall y la discrecionalidad que éstos le han otorgado como seleccionador del Gobierno catalán. Sólo está claro que nadie está dispuesto a contrariar a Esquerra.

Las tres cuestiones básicas
Por JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS ABC 7 Diciembre 2003

PARECE haberse adueñado de la clase política y de parte de la opinión pública -no de la ciudadanía- una especie de síndrome ansioso que urge la reforma de la Constitución, en coincidencia con la «machinada» medieval de los dirigentes del nacionalismo vasco. Los aspectos a los que se podría referir tal reforma, siendo importantes, no son sustanciales, así que convendría desdramatizar este afán revisionista. Que el Senado tenga las actuales o distintas características es tan opinable como la conveniencia o no de alterar el artículo 57 en relación con la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la jefatura del Estado. Tampoco es sustancial -y por ello, también relativo- que, como ha propuesto el PSOE, se constitucionalice de forma nominativa la presente demarcación autonómica española. Con tal de que todo este debate sea real y no responda -como personalmente creo- a las urgencias preelectorales, hasta sería adecuado repensar algunos extremos de la Carta Magna.

Pero hay que establecer determinados límites, pocos, pero muy claros. La Constitución incorpora preceptos fuera de la disponibilidad habitual y alterarlos supondría no una reforma sino la apertura de un período constituyente. Y lo que pretenden los nacionalistas vascos con su traído y llevado plan es, justamente, afectar de lleno al núcleo duro de la Constitución, desvencijar el Estado e inaugurar un nuevo ciclo histórico que ponga en solfa de principio a fin la naturaleza nacional de España y de su macroestructura jurídica y política que es el Estado. ¿Por qué? Es sencillo: la Constitución refleja -pero no crea ex novo-, en su Título Preliminar, tres pronunciamientos esenciales. El primero es el de la soberanía que «reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado» (artículo 1.1.), lo que conlleva que el poder constituyente está en el conjunto de los españoles y no en una parte de ellos. Uno de esos poderes es el judicial, que es único y no puede trocearse. El Plan de Ibarretxe, por su contenido literal, además de por el procedimiento factual, contradice palmariamente el principio de la soberanía nacional. El segundo límite es que la Constitución -ésta y cualquiera- se «fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles» compatible con la autonomía de «las nacionalidades y regiones» (artículo 2), de lo que se deduce que cualquier autopronunciamiento nacional del País Vasco o de Cataluña colisiona frontalmente con este precepto. El Plan del PNV y, eventualmente, el que desde Cataluña pretenda otro similar, no son admisibles. El tercer límite está establecido en la invulnerabilidad de la forma de Estado que es el de la Monarquía parlamentaria (artículo 1.3).

Estos tres principios -que traen causa de realidades objetivas anteriores a la Constitución- son básicos y tratar de modificarlos, alterarlos o reformularlos no implicaría en ningún caso una reforma de la Constitución, sino -digámoslo con todas las palabras- una auténtica revolución. El consenso de los partidos nacionales se debe trabar sobre el carácter inalterable de esas tres cuestiones que son los pilares de la Nación y del Estado. Es decir, sobre la «almendra» de la Constitución. Todo lo demás dispone de una importancia menor, aunque tenga un enorme calibre y no se vea -al menos desde criterios mayoritarios- la necesidad de reescribir un nuevo consenso constitucional cuando bastaría voluntad política y activación del desarrollo de la Constitución tal y como está para ajustar el sistema general que, después de veinticinco años de vigencia, es plenamente satisfactorio. Lo que ya no lo es tanto es la calidad política y partidaria. Pudiera ser que esta Constitución, con enormes potencialidades, le venga grande a una clase política que, en particular la periférica, no ha llegado ni a asumirla ni a entenderla. La justicia, tanto la ordinaria como la constitucional, deben hacer su trabajo, pero hay otro que es el del principio de la responsabilidad colectiva que nos corresponde a todos.

Éste es un gran día
Por CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 7 Diciembre 2003

«¡VISCA Catalunya lliure!» había gritado Benach el viernes, al hacerse cargo de la Presidencia del Parlamento catalán. Lo que siempre temió Tarradellas. Lo que debería haber impedido Pujol. Lo que aplaude Pasqual Maragall que, irresponsable, se dedica a tranquilizar a los periodistas: «Que no pasa nada, que los de Esquerra son así...».

El grito de Benach en Barcelona y la asonada de Arzalluz, unos días antes, a las puertas del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, venían a deslucir la conmemoración de la Constitución. Pocas veces ha habido tanta distancia entre la realidad y el deseo: se celebra «en plena normalidad» el refrendo de aquélla hace 25 años mientras los nacionalistas vascos se alzan contra el orden constituido y la mayoría del Parlamento catalán aspira a un Estatuto distinto, muestra del pluralismo, dicen, prueba de insolidaridad y diferenciación, decimos otros.

No obstante es un gran día. El Parlamento es un fervorín constitucional aunque no necesariamente patriótico. Una sesión para la historia. A unos metros de los Reyes, se aprietan padres constituyentes, diputados jóvenes, líderes de las nuevas hornadas, los corresponsales-parlamentarios-de-toda-la-vida... Un cuarto de siglo. No sé por qué me llama la atención un ángulo del salón de «los pasos perdidos» en el que cuchichean Miquel Roca, José Bono, Rodríguez-Ibarra y Alfredo Rubalcaba. Desde su pretencioso metro noventa les escanea José Luis Gutiérrez... ¿Dramatizo si interpreto que el ambiente general está marcado no sólo por la solemnidad del acto sino por una cierta circunspección, incluso por una real preocupación a la que no pueden ser extraños los acontecimientos catalanes y vascos? Porque aunque hayan pasado unas horas y por mucho que se rebaje la importancia del partido de Heribert Barrera y de Carod-Rovira, el grito de Benach tiene la trascendencia que quieran darle CiU y PSC. Y los dos quieren gobernar con él y con sus piedras de molino nacionalistas.

MIRO hacia el ángulo en el que se aprietan Roca, Rodríguez Ibarra, Bono y Rubalcaba y no parecen dar la impresión de estar viviendo un gran día. Al catalán se le ha puesto la frente como un acento circunflejo mientras a los otros la tribulación parece resbalarles por el rostro. ¿Qué les estará transmitiendo para que le escuchen con tanta atención, Bono mirando hacia el techo, Ibarra hacia su propio pecho mientras Rubalcaba mantiene una mirada horizontal y gélica? Supongamos que Roca les ha dicho algo así como «¿os habéis vuelto locos en el PSOE? Porque yo os digo que estáis rematadamente locos. Queréis hacer gobierno con Carod-Rovira, que quiere meter en la cárcel a Pujol. Dice que quiere meter a Pujol en la cárcel y a eso le llamáis gobierno de izquierdas y de progreso. Os digo que estáis completamente locos...». Supongamos que Roca les dijera a los socialistas algo parecido a esto.

DICEN que la conmemoración de la Constitución se está celebrando en plena normalidad. Los expertos -y los ciudadanos- especulan sobre su capacidad para impedir el asalto del nacionalismo vasco; se estudia el desarrollo del inquietante artículo 155 y la pertinencia del 116 y se lleva a cabo una reforma del Código Penal, pero ¿quién podría parar la aprobación de un nuevo Estatuto catalán que supondría una intolerable ventaja respecto al resto de las Comunidades Autónomas?

Pero hoy es un gran día. Al menos eso es lo que debe decirse para levantar un poco el ánimo de todos estos que se aprietan en el «salón de los pasos perdidos».

Aniversario sin cava
José María Carrascal La Razón 7 Diciembre 2003

Durante 25 años he sido un defensor entusiasta de nuestra actual Constitución. Leerla y pensar que era la que España necesitaba todo fue uno. La primera no impuesta, sino pactada entre los distintos grupos políticos. La primera en aceptar valiente y honestamente las diferencias entre las comunidades españolas, sin olvidar su sustrato común. La primera realmente democrática al garantizar los derechos no sólo de la mayoría, sino también de las minorías. La primera más práctica que utópica, más realista que soñadora, más objetiva que ideológica, sin faltarle esa parte de osadía e incluso imaginación que deben tener las cosas buenas. Mantiene todas esas cualidades, pero mi entusiasmo ha bajado bastantes grados. Ni los más optimistas pueden decir hoy que sea la solución de nuestros problemas nacionales. Es más, se ha convertido en tema de fiero debate entre quienes desean reformarla y quienes se oponen a ello. No es la mejor forma de celebrar un aniversario tan señalado, aunque sea sólo por la longevidad. Muy pocas, ¿la de 1876 tal vez?, constituciones españolas han durado tanto ni han tenido un respaldo tan extendido entre la población. Merecido por tanto el solemne homenaje oficial.

Pero entre el pueblo, que tiene la oreja más pegada al suelo, la celebración ha tenido sordina. Con buenas razones.

La Constitución de 1978 estableció, en efecto, el marco legal para la convivencia pacífica de los españoles, dando al Estado lo que es del Estado, a las distintas comunidades que lo integran, sus autonomías, y a los ciudadanos, lo que les corresponde. Pero para ello tuvo que apoyarse en una serie de conceptos que, según se interpreten en su sentido lato o restringido, significan cosas muy distintas. Sin ir más lejos, «autonomía» y «nacionalidades», recogidas en la Constitución, han sido tomadas por algunos como «soberanías» y «naciones», que desbordan el marco constitucional. Es lo que nos ha llevado a la encrucijada actual, con una comunidad autónoma, la vasca, desafiando abiertamente al Estado y otra, la catalana, exigiendo una reforma de su estatuto que no sabemos si cabrá en dicho marco.

Más alguna otra, como la andaluza, pidiendo también cambios, no sabemos si por mimetismo o por ese afán tan español de no ser menos que los demás. En cualquier caso, si el Estado de las Autonomías es la estación final de nuestro recorrido constitucional, podemos considerar un éxito la experiencia iniciada hace 25 años. Si, por el contrario, es sólo como una estación de tránsito hacia unas autonomías cada vez mayores, sin otro fin que la independencia o cuasi independencia, como pretenden algunos, la experiencia habrá sido un fracaso, y la constitución del 78 habrá servido, no para hacer España, sino para deshacerla. Así que mejor dejar el cava, los brindis y la celebración para dentro de otros 25 años. Los que lo vean.

Vascos y catalanes
Por JAIME CAMPMANY ABC ABC 7 Diciembre 2003

MIENTRAS contemplaba ayer por televisión los actos conmemorativos de los XXV años de la Constitución, hacía yo memoria de aquellos debates parlamentarios, muchas veces trabajosos y difíciles, a los que asistí como cronista parlamentario de este periódico por encargo de Guillermo Luca de Tena. No fue fácil ni sencillo el alumbramiento de un texto que debía estar destinado a traer la libertad, la igualdad y la solidaridad entre todos los españoles, y al que se pedía acabar para siempre con las heridas de la Guerra Civil, las discriminaciones y los privilegios.

Recuerdo la tribuna de prensa de aquellos debates constitucionales donde coincidí muchos días con Pilar Narvión, Manolo Vicent, Carlos Luis Álvarez, Víctor Márquez Reviriego o Luis Carandell, que llamaba a los diputados de la Comisión, presidida por don Emilio Attard, «los locos de Attard». En efecto, en algunas ocasiones, la Comisión aquella parecía una casa de locos, cada loco con su tema, y el bueno de don Emilio, paciente, prudente, justo y fuerte, hacía un ejercicio de moderación adornado de virtudes y lograba apaciguar y concordar a «sus locos».

Gómez Llorente, en nombre de los socialistas, renunciaba a la república en un discurso admirable. Hasta Solé Tura rendía el comunismo ante el trono de la monarquía. Heribert Barrera leía su intervención definitiva en catalán académico. Los siete padres de la Constitución se esforzaban noblemente por sacar adelante un hijo que todos aceptaran. Se renunciaba generosamente a lo que se llamó «mayoría mecánica». Y las correndillas más frecuentes para buscar acuerdos y conceder singularidades eran motivadas sobre todo por el empecinamiento de los vascos nacionalistas, siempre exigentes de tratos especiales para prestar una aceptación que después de ofrecida fue negada, y algún encampanamiento, también nacionalista, de los catalanes.

En estas dos regiones españolas, hoy Comunidades autónomas, hay algunas gentes que entienden la política como una manera de distinguirse de los demás y alzarse por encima de ellos, organizarse bajo normas diferentes, desentenderse hasta cierto punto del Estado, concebirlo como una institución de la que hay que defenderse, por un lado, y ordeñarla, por otro, y a la que hay que hablar y con la que hay que negociar de tú a tú.

Siempre que en España recuperamos o estrenamos libertades, siempre son los nacionalistas vascos y catalanes los que plantean proyectos para la diferenciación. Si a todas las regiones españolas se les da el mismo café, el café de vascos y catalanes ha de ser más fuerte y más concentrado. Y además ha de ir acompañado de copa. Si a los demás también se les da copa, ellos necesitan el puro. Y si hay puro para todos, ellos tienen que dormir una siesta exclusiva. Murcia no quiere ser más que Extremadura, ni Valencia más que Galicia, ni Aragón más que Andalucía. Pero hay nacionalistas vascos y catalanes que tienen que ser españoles de primera, y si no, empiezan a decir que no son españoles. Y a los veinticinco años de la Constitución para todos, en esas estamos.

Sociedad madrileña
Por ÁLVARO DELGADO GAL 7 Diciembre 2003

Anteayer el señor Benach, nuevo presidente del Parlamento de Cataluña, concluyó su discurso inaugural al grito de «¡Visca Catalunya Lliure!». Antes había dicho que «podemos iniciar un camino sin retorno hacia la consecución de... una nación plena». Y algunas cosas más por el estilo. Dentro de un momento vuelvo al señor Benach. Pero antes quiero hablarles de la sociedad madrileña.

Madrid es una ciudad que no está mal. Pero estaría mejor si en ella no hubiera una sociedad madrileña. La sociedad madrileña constituye un vestigio y, a su manera, una garantía de supervivencia del Antiguo Régimen. Se compone de periodistas, políticos, hombres de negocios. O sea, de cortesanos, de criaturas que en proporción notable crecen y prosperan a la sombra del poder. Esta fauna varia, voluble, por lo común egoísta, por lo común alicorta, en general poco instruida -la persecución de los propios intereses no deja tiempo para la lectura y, menos aún, para el pensamiento- ha llegado a la conclusión de que hay que pactar. Quiero decir, pactar con las cristalizaciones periféricas de poder que llamamos «nacionalismos». Aprovecho la ocasión para hacer dos profesiones de fe. Uno: no soy un nacionalista, en este caso, un nacionalista español. El nacionalista sostiene que los valores nacionales -verbigracia, la integridad de la nación- han de preponderar sobre cualquier otro valor -la prosperidad, los derechos individuales, etcétera-. Yo... no me apunto a esa tesis. Segunda profesión de fe: no estoy contra el pacto. No lo estoy si es la mejor de las soluciones posibles. Ahora bien, soy incapaz de escuchar con un mínimo de paciencia especulaciones pactistas si no se cumplen antes dos requisitos previos. Ante todo, que se sepa de qué se habla, cuando se habla de pacto. En segundo término, que se comparen las consecuencias del pacto con las del no pacto.

La sociedad madrileña, en éste su espasmo pactista, no satisface el primer requisito -ni, por definición, el segundo-. No sabe lo que dice cuando habla de pacto. Y no sabe, no puede saber, cuáles son los costes relativos de un pacto. En mi opinión, la sociedad madrileña es intrínsecamente irrelevante y, por lo mismo, da igual lo que piense o deje de pensar. El pacto va a ser muy, muy difícil, por la sencilla razón de que los distintos agentes políticos están perdiendo el control de la situación.

Lo han perdido, evidentemente, los grandes partidos catalanes. El espectáculo político ha sido desmoralizador. Que una formación pequeña, radical, improvisada de hecho a pesar de su larga historia, haya toreado y traído al retortero y mantenido en una incertidumbre humillante al PSC y a CiU, señala uno de los momentos políticamente más bajos de nuestra democracia, con permiso, naturalmente, de lo que ocurre en el País Vasco. La subasta abierta por el señor Carod ha provocado ya dos efectos terribles. El primero es dejar sin libertad de maniobra al partido que acabe completando gobierno con Esquerra. Ese partido tendrá que pedir como mínimo un concierto económico a la vasca. Y más cosas que no se le podrán conceder. Y como no se le podrán conceder, no tendrá más remedio que radicalizarse o, si quieren, que esquerrizarse.

El segundo efecto es que se quedará sin nada que decir el partido que vaya a la oposición. En el fondo, PSC y CiU ya lo han dicho casi todo en su puja por complacer a Carod. Se han vaciado, más aún CiU que el PSC. Y mientras se vaciaban, se han retratado, extremando el gesto hasta convertirlo en una mueca. Aparte de esto, no es probable que PSC o CiU sobrevivan sin más estando en la oposición. La federación, tras tantos años de ejercicio del poder, se ha hecho cliente de sus clientes. O lo que monta a lo mismo, se ha convertido en algo que carece de sentido sin estar en el poder. Y en el PSC la muerte política de Maragall daría lugar a una probable rebelión de quienes son más socialistas que nacionalistas.

¿Y el Gobierno? El Gobierno tampoco tiene alternativas. Va a acudir a las elecciones y, salvo sorpresas, las va a ganar holgadamente con un mensaje de firmeza constitucional. Los elementos medios de la sociedad madrileña afirman que los mensajes de firmeza constitucional son compatibles con la debilidad constitucional de hecho, y que habrá apaño con Carod, Ibarretxe y el que se ponga de por medio. No lo creo, o lo estimo difícil. Primero, porque la democracia de masas no es tan manipulable como la gente de mentalidad oligárquica supone. Las cosas que se dicen, atan y, por lo mismo, obligan. Los enjuagues de la Transición fueron, por definición, predemocráticos y no sirven como precedente. Segundo, lo que Carod, Ibarretxe piden, no es posible sin que salte el Estado. Y en el Estado también hay instinto de supervivencia. Habrá movimiento. Más del que desea la sociedad madrileña.

Erosión de la Justicia
Editorial El Correo  7 Diciembre 2003

El hecho de que los conflictos políticos acaben dirimiéndose en los tribunales es siempre un mal indicio respecto al clima de concordia que requiere la vida pública en democracia. Pero la descalificación de las actuaciones judiciales cuando resultan contrarias a los intereses de una parte acusándolas de responder a determinada intencionalidad política horada aún más los principios en que ha de basarse el sistema democrático. Especialmente cuando esa descalificación la realizan los máximos responsables institucionales. La escena protagonizada por un numeroso grupo de personas solidarias con Atutxa, Knörr y Bilbao ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco entonando el 'Euzko Gudariak' no fue más grave que las palabras pronunciadas en ese mismo lugar por el actual presidente del EBB, Xabier Arzalluz, anunciando la 'gloria' que para los reunidos supondría el procesamiento de los citados miembros de la Mesa del Parlamento vasco, y advirtiendo sobre la reacción popular consiguiente. En ese contexto, las manifestaciones de Atutxa tras prestar declaración ante la juez Bolado, vaticinando el sobreseimiento de la causa, sonaban a algo más que a un comprensible deseo.

La nota hecha pública por la Sala de Gobierno del TSJPV denunciando el «efecto de deslegitimación» que a su entender había generado dicha concentración hubiese requerido una lectura más responsable y autocrítica por parte de sus convocantes. Pero la réplica de los socios del tripartito señalando que no son ellos sino el PP quien ejerce presiones sobre la judicatura y el pronunciamiento de Arzalluz, ayer, insinuando la prostitución de determinados gestores de la Justicia, representan una escalada insostenible de despropósitos y demuestran la existencia de una clara estrategia de erosión del poder judicial por parte del nacionalismo gobernante. Xabier Arzalluz, acompañado de Emilio Olabarria, reiteró ayer su denuncia de que «la democracia en España se está deteriorando a marchas forzadas». Pero es difícil creer en la sinceridad de su preocupación. Porque su denuncia va dirigida precisamente contra actuaciones políticas y judiciales suscitadas como reacción al incumplimiento de sentencias firmes del Tribunal Supremo o al intento de desbordar el vigente marco de convivencia mediante vías ajenas a las previsiones de reforma contempladas en la Constitución y en el Estatuto. El consejero de Justicia del Gobierno Vasco, Joseba Azkarraga, ha tildado de concesión al Gobierno Aznar la decisión del Tribunal Constitucional de brindar a las partes la posibilidad de presentar alegaciones antes de resolver sobre la admisión a trámite de la impugnación que pesa sobre la tramitación institucional del plan Ibarretxe. Un ejemplo más de cómo el juicio previo al que el nacionalismo somete la actuación de los tribunales inflige un grave daño a la legitimación del Estado de Derecho en Euskadi.

¿Volver a las andadas?
ROBERTO L. BLANCO VALDÉS La Voz 7 Diciembre 2003

«LOS ESPAÑOLES hemos decidido no volver a las andadas». Fue ésta, en su día, una forma común para expresar la voluntad del pueblo de romper con los demonios del pasado. La nueva etapa postfranquista habría, así, clausurado para siempre una historia caracterizada por la falta de consenso sobre los principios fundamentales que debían regir nuestra convivencia democrática.

Encarar aquel reto no fue fácil, pero hubo un momento, hace más o menos una década, en que la inmensa mayoría llegamos a pensar que, al fin, lo habíamos logrado. Sólo ETA seguía planeando sobre todos como una trágica sombra del pasado. El reconocimiento del sufrimiento de sus víctimas era, de hecho, el único gran ajuste de cuentas con la historia que España tenía entonces pendiente todavía.

¿Por qué nos atenaza hoy la sensación de que las cosas han salido al final mucho peor de lo que llegamos a pensar, con optimismo, hace no tanto? ¿Por qué esta creciente sensación de asfixia y pesimismo? Pues, en mi opinión, porque los que están legítimamente descontentos con nuestro actual marco de juego democrático (pequeñas minorías) han conseguido convertir su insatisfacción en parte esencial de la agenda política española.

Y así, aunque tanto el plan Ibarretxe como los proyectos, muy diferentes, del independentismo catalán están condenados al fracaso político y social, la verdad es que mientras éste se produce han obtenido ya un éxito innegable: extender la sensación de que hay un clamor popular contra nuestra ley fundamental, que sería una especie de cáscara vacía, inservible para ordenar el futuro de la vida democrática.

Las cosas son de un modo muy distinto, y hoy más que nunca la Constitución es la norma básica para hacer frente a los que creen que es posible convivir sin otra regla que la de que cada uno haga lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Es decir, para hacer frente a un desafio que supone todo lo contrario del gran acuerdo constitucional que nos ha garantizado estos veinticinco años de paz en libertad.

Decir que el Gobierno y el PP han encarado ese desafío con una manifiesta falta de habilidad y finura democrática es proclamar una verdad como una casa. Afirmar que lo han hecho además guiados por el interés partidista de convertirlo en la gran palanca para conservar su mayoría responde también a la dura realidad. Pero hacer responsable al gobierno (y, en los casos más delirantes, al PSOE) del clima que el independentismo ha acabado provocando resulta una falsedad intolerable. Aceptarla equivaldría a dar por bueno que quienes hoy defienden el imperio de la ley son los responsables de que aquélla esté para algunos en pública almoneda.

Nacionalismo y Constitución
JOSÉ LUIS DE LA GRANJA SAINZ /CATEDRÁTICO DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE LA UPV/EHU El Correo 7 Diciembre 2003

Al cumplirse el 25 aniversario de la Constitución española de 1978, el nacionalismo vasco en su conjunto se encuentra más alejado de ella que nunca, hasta el punto de pretender no ya su reforma, sino su abolición en una parte sustancial de llevarse a cabo el plan de Ibarretxe.

Con la sola excepción de Euskadiko Ezkerra, que la aprobó en 1988 a los diez años de vigencia, ningún partido nacionalista vasco ha aprobado una Constitución española a lo largo del último siglo. Se trata de una diferencia significativa con el catalanismo, cuyos principales partidos aprobaron los sucesivos textos constitucionales. Así, la Lliga de Cambó aceptó y gobernó con la Constitución monárquica de 1876, la Esquerra de Macià y Companys hizo lo mismo con la Constitución republicana de 1931, y Convergència de Pujol votó a favor de la actual Constitución, aunque luego no haya tenido ministros en el Gobierno español.

Por tanto, el anticonstitucionalismo es un rasgo característico de la historia del nacionalismo vasco, cuyo origen se halla en su padre fundador. Es bien conocido que Sabino Arana procedía del mundo carlista (enemigo acérrimo de toda constitución) y, aun abandonándolo en su juventud, conservó una mentalidad tradicionalista en lo político e integrista en lo religioso, que se situaba en las antípodas de la cultura política del liberalismo constitucional predominante en su época. Al definirse en su prensa 'anti-liberal y anti-español', su rechazo de la Constitución de 1876 era doble: por ser liberal y por ser española. Además, su interpretación historicista de los Fueros, como esencia de la supuesta independencia milenaria del pueblo vasco, los consideraba incompatibles con la unidad constitucional de la Monarquía española, a diferencia de los fueristas decimonónicos, cuya divisa era 'Fueros y Constitución'.

Por eso, tras su muerte en 1903, el PNV, profundamente aranista, nunca se planteó aprobar la Constitución de Cánovas del Castillo (su enemigo político por la abolición foral de 1876 y la clausura del primer batzoki en 1895), si bien su sector moderado apoyó con interés la vía hacia la autonomía de Euskadi, yendo a remolque de la Lliga catalana en el bienio 1917-1919, pero su demanda de un Estatuto vasco fracasó por completo en la Restauración.

En 1931, tras la caída de la monarquía y la instauración de la República, a la que el PNV no contribuyó por su ausencia del Pacto de San Sebastián, el nacionalismo vasco apostó decididamente por la autonomía, pero cometió el error de aliarse con una fuerza tan antidemocrática como el carlismo y aprobar con él el Estatuto de Estella, clerical y antirrepublicano, el cual naufragó nada más arribar a las Cortes de 1931 por su flagrante anticonstitucionalidad. En ellas el PNV contaba con seis diputados, integrantes con los carlistas y católicos independientes de la minoría vasco-navarra, cuyo representante en la comisión parlamentaria que elaboró el proyecto de Constitución fue el dirigente jelkide Jesús María Leizaola.

En el debate constitucional resultaron fallidos todos los intentos de dichos diputados por salvaguardar el Estatuto de Estella, taponado al aprobarse que la República era un 'Estado integral', que no federal, y la organización nacional, que establecía la autonomía regional no como regla general sino como excepción, sobre todo para resolver el problema catalán, entonces mucho más importante que el vasco. Pese a ello, los diputados nacionalistas y carlistas continuaron en las Cortes, de las que se retiraron al regularse las medidas laicas y anticlericales, demostrando así que les importaba más la cuestión religiosa que la autonómica.

Al encontrarse fuera del Parlamento, los diputados del PNV no votaron la Constitución de 1931, pero en seguida aceptaron el cauce autonómico abierto por ella y colaboraron en la redacción de un nuevo Estatuto, ya republicano, que fue plebiscitado por el pueblo vasco en 1933 y aprobado por las Cortes en 1936. De esta forma el PNV acabó marchando por la senda propuesta desde 1931 por ANV, pequeño partido extraparlamentario: el Estatuto vendría de la mano de las izquierdas republicano-socialistas, con las cuales el nacionalismo vasco se alió en la Guerra Civil para lograr la anhelada autonomía, su objetivo prioritario.

Tal evolución política contribuyó a la democratización del PNV, que fue obra fundamental de la generación de 1936, encabezada por el lehendakari Aguirre y el ministro Irujo. Estos destacados líderes se desvincularon de la Constitución de 1931 y de la República española en el exilio durante la II Guerra Mundial, pero retornaron a ellas al término de la contienda en 1945, volviendo a integrarse plenamente en la política española, al percatarse de que sin ésta era imposible resolver la cuestión vasca.

Tras el final de la Dictadura de Franco, el PNV tuvo muy en cuenta sus errores de 1930-1931 para no repetirlos y participó en los organismos de la oposición democrática que negociaron la reforma política con el presidente Suárez. Rechazando el frente abertzale con el nacionalismo radical y adoptando el frente autonómico con el socialismo vasco en las elecciones generales de 1977, el PNV optó de nuevo por su habitual pragmatismo reformista, muy distante de las posiciones rupturistas.

En la ponencia parlamentaria que redactó el anteproyecto de Constitución, no contó con ningún diputado, si bien el catalanista Miquel Roca defendió inicialmente en ella los planteamientos del PNV. En las Cortes de 1977-1978, su minoría, cuyo portavoz era Xabier Arzalluz, votó en contra del derecho de autodeterminación y propugnó su tradicional doble vía autonómica y foral (Pacto con la Corona). Éste era inviable, pero la Constitución, por vez primera en la historia contemporánea, amparó «los derechos históricos de los territorios forales» y derogó las leyes abolitorias de los Fueros, meta tradicional del PNV desde su manifiesto de 1906. A pesar de ello, y tras arduas negociaciones sobre la disposición adicional foral, el PNV, alegando que no reconocía la soberanía originaria del pueblo vasco, decidió abstenerse en las Cortes y en el referéndum del 6 de diciembre de 1978, en el cual la izquierda abertzale votó en contra. Según reconoció años después el propio Arzalluz, el PNV no tuvo voluntad política de aprobarla porque nunca ha aceptado ni aceptará una Constitución española. Sin embargo, la opinión de algunos dirigentes históricos, como Irujo y Leizaola, era favorable a votarla.

Al igual que en la República, la no aprobación de la Constitución por el PNV no fue obstáculo para que apoyase con entusiasmo el Estatuto de Gernika, aun siendo hijo de la Carta Magna. Se dio la paradoja de que la citada disposición adicional fue utilizada por el PNV para incorporar al Estatuto de 1979 una «novísima foralidad», que permitió dotarle de un ámbito competencial superior al Estatuto catalán. A ello coadyuvó también el llamado 'argumento carlista': el PNV consiguió una amplia autonomía para Euskadi argumentando que así contribuiría a la desaparición del terrorismo de ETA, entonces más cruento que nunca. Esto no ha sucedido después de casi un cuarto de siglo y, sin embargo, el PNV vuelve a esgrimir el mismo argumento: con su salto cualitativo del autonomismo al soberanismo, ETA podría desaparecer.

La radicalización del PNV ha supuesto el retorno a su doctrina fundacional, el aranismo, ratificado por sus máximos dirigentes al declararse 'sabinianos' con motivo del reciente centenario de Sabino Arana. Manifestación de ello es su rechazo no sólo de la Constitución española, sino también del Estatuto vasco. Cuando el lehendakari Ibarretxe afirma que «los Fueros siguen siendo nuestra verdadera constitución», está asumiendo la visión mítica de Arana sobre la historia vasca. Pero hay que recordar que el aranismo implica tanto el antiespañolismo como una concepción política tradicionalista opuesta al constitucionalismo liberal.

Color para el 'Guernica'
CARLOS TOTORICA/ALCALDE DE ERMUA El Correo  7 Diciembre 2003

Defender que la Constitución es la columna vertebral de cualquier sociedad democrática, o que articula la convivencia y garantiza la pluralidad y la igualdad en derechos y obligaciones de todos los ciudadanos, es una obviedad. Esta defensa resultaría superflua en cualquier sociedad moderna, donde los ciudadanos tienen una conciencia clara al respecto. Pero defender esta evidencia aquí y ahora, cuando se cumplen 25 años de la Constitución española de 1978, va más allá de reiterar la obviedad y se convierte en una tarea pedagógica para quienes -por una simple cuestión de edad- tenemos la perspectiva histórica que dan el recuerdo y la memoria. Creo que nos corresponde explicar a las nuevas generaciones no tanto lo que supuso la Constitución en 1978, sino su dimensión actual y su proyección de futuro.

La Constitución de 1978 trasciende, con mucho, la coyuntura en la que se forjó como salida del pozo de una larga dictadura en un país sin libertad, estrecho y oscuro. La trascendencia de la Constitución de 1978 reside en el carácter rupturista que ha adquirido en el transcurso de estos 25 años de convivencia. En el carácter que los ciudadanos hemos impreso en la Constitución con nuestra firme voluntad de no regresar, nunca más, al pozo estrecho y oscuro de las dictaduras. Ahí está la verdadera dimensión de esta ley fundamental, por encima de los avatares coyunturales.

Sin embargo, el blindaje ciudadano a la Constitución necesita de atención diaria. La mera constatación de que las generaciones presentes hemos protagonizado el periodo de libertad más extenso en la historia de España es una circunstancia reveladora del débil peso que ha tenido la democracia en nuestro país. A nadie se le escapa que en el País Vasco, aquí y ahora, la tarea democrática de alimentar diariamente la convivencia se desarrolla en condiciones excepcionales. Que por defender lo que representa la Constitución -la libertad individual y colectiva- han sido asesinadas decenas de personas. Que los totalitarios han teñido con un reguero de sangre estos lustros de democracia. Y que, precisamente por ello, el compromiso de las víctimas en defensa de la Constitución ha fortalecido nuestra democracia. Aunque en Euskadi, aquí y ahora, se mantiene bochornosamente postergado el reconocimiento institucional de este hecho.

En la medida en que nos corresponde como ayuntamiento, Ermua ha querido cumplir con este compromiso en una ocasión tan señalada como el 25 aniversario de la Constitución. Y lo hemos hecho en colaboración con la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Para ello, hemos recurrido a un símbolo reconocido: el 'Guernica' de Picasso. Un cuadro que, en origen, fue encargado por el Gobierno republicano para denunciar internacionalmente la sublevación franquista en la Exposición Universal de París de 1937. Sin embargo, los sucesos del 26 de abril de ese año, lunes de mercado en Gernika, horrorizaron al mundo entero e interrumpieron los bocetos iniciales de Picasso. Estremecido, pintó el 'Guernica', que se ha convertido en símbolo universal del sufrimiento que provoca la barbarie totalitaria.

También la villa de Ermua, muy a su pesar, se convirtió el 12 de julio de 1997 en un símbolo, como consecuencia de la agresión totalitaria. Pero, a diferencia de la arrasada Gernika, Ermua se erigió en el símbolo de la respuesta ciudadana frente a los liberticidas. Ermua representa el alzamiento cívico en defensa de los valores de la Constitución y de cuantos han sido asesinados por defenderla. Ermua y 'Guernica' son los dos símbolos que quisimos unir ayer nuestro municipio en el 25º aniversario de la Constitución, como reconocimiento a cuantos han pagado con sus vidas oponerse al totalitarismo y defender nuestro sistema de libertades. Con la voluntad de transmitir este testimonio a las generaciones jóvenes e inculcar en ellas los valores de la convivencia, invitamos -y así lo hicieron- a los escolares del municipio a dar color a una réplica gigante del 'Guernica' y superar la intolerancia de una época en la que la amenaza totalitaria quiso borrar, inútilmente, el color de la vida.

Ermua da color al 'Guernica'
Decenas de niños convierten el cuadro de Picasso en una exigencia «de libertad»
ADOLFO LORENTE ERMUA El Correo 7 Diciembre 2003

El 13 de julio de 1997 Ermua se convirtió por un día en la trágica capital de millones de personas. El secuestro y posterior asesinato del edil del PP Miguel Ángel Blanco a manos de ETA transformó a este pequeño pueblo fronterizo en un inmenso drama, pero también en un símbolo de paz y democracia. Ayer, Ermua volvio a demostrar que es una tierra libre, «un lugar en el que ya no existe la guerra civil que todavía sigue vigente en muchos pueblos del País Vasco».

Desde aquella fatídica jornada, los vecinos perdieron el miedo. Y lo demostraron ayer, una vez más. El espíritu incansable de este pueblo quiso conmemorar el XXV aniversario de la Constitución coloreando el 'Guernica' de Picasso, una obra creada con el tono gris de la «oposición triste y feroz de la guerra». Fue un acto marcado por el simbolismo. En el interior del pabellón municipal que lleva el nombre del edil asesinado, decenas de niños transformaron las duras formas del pintor malagueño en una colorida «reivindicación de libertad».

Allí, rodilla en tierra y pincel en mano, el filósofo Fernando Savater, la europarlamentaria socialista Rosa Díez y el alcalde de Ermua, Carlos Totorika, se unieron a los jóvenes artistas para plasmar su huella en lo que definieron como «un símbolo de esperanza».

Evitar el sectarismo
Posteriormente, ante la atenta mirada de varios centenares de personas, Savater y Totorika defendieron el papel de la Carta Magna como el instrumento que impedirá que «algúnos intenten imponer sus ideas a la fuerza». Bajo la escultura que Agustín Ibarrola -también presente en el acto junto a la profesora Gotzone Mora- donó a la ciudad en memoria de las víctimas de ETA, el filósofo recordó a los nacionalistas que «no es legítimo proponer la independencia mientras exista el chantaje, la violencia y la extorsión».

El integrante del colectivo Basta Ya afirmó estar convencido de que el 80% de la gente que aboga por cambiar la Constitución, «todavía no se la ha leído». «¿Por qué no empezar por acatarla antes de modificarla?». «No quiero cambiar la Constitución para que se parezca a la realidad -matizó-; preferiría que la realidad cambiara para parecerse a la Constitución».

En su discurso, Savater instó a los nacionalistas «a reconocer el concepto de unidad», ahora que los constitucionalistas «hemos asumido el de pluralidad». El filósofo también quiso recordar a los centenares de personas que han muerto «defendiendo un proyecto común de libertad, un esfuerzo de convivencia que algúnos intentan destruir».

Savater no desperdició la oportunidad para invitar a todas las personas a que participen en la manifestación que se celebrará el próximo día 13 en San Sebastián. «No queremos una sociedad basada en el sectarismo. Es más -recalcó-, si algún día quisiera venir Otegi y colocarse junto a nosotros detrás de la pancarta, sería estupendo, nos los pasaríamos mucho mejor».

Por su parte, el alcalde de Ermua, Carlos Totorika, criticó con dureza al nacionalismo al afirmar que lo que impide disponer de libertad en Euskadi es un «fascismo vasco que intenta asesinar a todos aquellos que no piensan como ellos». «El PNV sólo quiere sacar tajada de los votos de Batasuna. Y por ello han abandonado la democracia para seguir el discurso del terrorrismo».

Recortes de Prensa   Página Inicial