AGLI

Recortes de Prensa     Miércoles 17  Diciembre  2003
España no es Suiza
Aleix Vidal-Quadras La Razón 17 Diciembre 2003

La investidura de Carod-Rovira
Editorial La Razón 17 Diciembre 2003

De la pluralidad al desmadre
Ignacio Villa Libertad Digital  17 Diciembre 2003

El desbarajuste del PSOE, un problema de Estado
Editorial ABC 17 Diciembre 2003

ETA y PNV se acercan
Editorial ABC 17 Diciembre 2003

El “drama” deberá estar servido... para el delincuente
EDITORIAL Libertad Digital  17 Diciembre 2003

No es posible
Juan Carlos Girauta Libertad Digital  17 Diciembre 2003

El algarrobo totémico
IGNACIO RUIZ QUINTANO ABC 17 Diciembre 2003

Se anuncia un drama
JAIME CAMPMANY ABC 17 Diciembre 2003

Todo por el poder
Editorial El Ideal Gallego 17 Diciembre 2003

Discrepancia radical
Miguel Ángel Rodríguez La Razón 17 Diciembre 2003

Cambio en Cataluña
Editorial El Correo 17 Diciembre 2003

El conflicto de Cataluña con España
Lorenzo Contreras Estrella Digital 17 Diciembre 2003

Nacionalismo e izquierda en Cataluña
Cartas al Director Libertad Digital  17 Diciembre 2003

Estar de los nervios
Manuel Martín Ferrand Estrella Digital  17 Diciembre 2003

Una impugnación correcta
Por MANUEL ARAGÓN ABC 17 Diciembre 2003

El PSOE se deshace
Revista de Prensa Libertad Digital  17 Diciembre 2003

 

España no es Suiza
Aleix Vidal-Quadras La Razón 17 Diciembre 2003

El discurso de Pasqual Maragall en el debate de investidura estuvo marcado por una clara voluntad de sentar diferencias respecto a la larga era pujolista. Algunas de estas declaraciones de cambio contienen elementos indudablemente positivos, como el deseo de terminar con el enfoque puramente mercantilista de la relación con el Gobierno central, la liquidación de la triple identificación líder-partido-país o el abandono de la definición de ciudadanía sobre bases identitarias de carácter lingüístico-cultural.

Sin embargo, junto a estas perspectivas prometedoras la intervención del candidato a la Presidencia de la Generalitat contuvo también errores conceptuales de bulto que auguran problemas de cara al futuro. Entre estas apreciaciones inquietantes hubo una que indica que el nuevo primer mandatario, al igual que su predecesor, vive instalado en ensoñaciones totalmente ajenas al mundo que le rodea, cayendo así en uno de los vicios más característicos de los nacionalistas, el de construir comunidades imaginarias pretendiendo a continuación que las colectividades de carne y hueso se adapten forzadamente a sus fantasías.

Cuando el ex alcalde olímpico afirma que España debe respetar por igual a sus cuatro lenguas, castellano, catalán, vascuence y gallego, y que este respeto ha de manifestarse en la equiparación de las mismas a nivel simbólico en papel moneda, sellos de correos, documentos de identidad, pasaportes, permisos de conducir y demás, olvida que, por utilizar una expresión que le es muy cara, la situación de cada una de las parlas oficiales en el Estado autonómico no es simétrica.

En efecto, en España existe una lengua oficial común para el conjunto del territorio nacional, que todo español tiene el derecho de usar y la obligación de conocer, y otros idiomas que son co-oficiales en determinadas Comunidades. Ahora bien, esta oficialidad del catalán, gallego y vasco en sus respectivas demarcaciones no hace de ellos idiomas oficiales del Estado en su totalidad, dado que el único con tal atributo es el castellano o, como se le llama en el resto del planeta, español.

Por consiguiente, el paralelismo con Suiza carece de sentido e introduce confusión, además de abrir un campo artificial de posible conflictividad. En la República Helvética las áreas lingüísticas alemana, francesa e italiana son internamente homogéneas y están claramente delimitadas espacialmente. En España no se da esta división en zonas lingüísticas perfectamente definidas, sino que en Cataluña, Galicia y País Vasco se utilizan el castellano y la lengua particular de la Comunidad con igual intensidad por parte de la población, de tal manera que ambas se superponen y conviven en el seno de cada ciudad, cada pueblo, cada vecindario, cada empresa y a menudo cada familia.

España no es Suiza y si Maragall no quiere ser otro Pujol, sería bueno que evitase este tipo de analogías sin sentido.

La investidura de Carod-Rovira
Editorial La Razón 17 Diciembre 2003

La sesión de investidura celebrada ayer en el parlamento catalán anticipa por dónde pueden ir las cosas en el nuevo Gobierno de la Generalitat. Porque no fue Pascual Maragall, el candidato del tripartido a la Presidencia, sino Carod-Rovira, el hombre destinado presuntamente a ocupar la segunda fila del Ejecutivo autonómico, quien se dirigió a la Cámara para explicar parte del proyecto de gobierno, ante la protesta de los grupos de CiU y PP, que reclamaron el debido respeto a las normas y usos parlamentarios. Y anuncia problemas porque lo que trasciende inevitablemente de la escena protagonizada al alimón por Carod y Maragall es que el primero, con su escaso pero decisivo equipaje de votos, piensa mandar y mucho en el ejecutivo catalán. Y no le basta con mandar, sino que se empeña en demostrarlo públicamente.

Resulta, por otra parte, inevitable obtener otras conclusiones del debate de investidura catalán, en el sentido de que si el nuevo poder estrenado por un independentista radical como Josep Lluis Carod-Rovira, que «se siente incómodo en el Estado español», es del calibre del evidenciado ayer, con capacidad de fracturar hasta la normalidad de la sesión parlamentaria, es más que probable que el «tripartito» depare nuevas sorpresas durante los próximos meses. Un futuro en el que apunta la figura emergente del popular Josep Piqué, que ayer demostró que está dispuesto a ser un verdadero líder de la oposición, centrado en los problemas de los catalanes y sin dejarse dirigir por el debate impuesto desde el pacto entre socialistas e independentistas.

El nuevo panorama político catalán, en el que el partido con mayor número de escaños pasa al frío de la oposición mientras la suma de votos de PSC-ERC-ICV se hace con todos los resortes del poder autonómico, debería preocupar extraordinariamente a un hombre como José Luis Rodríguez Zapatero, que parece estar encantado, o al menos no dice lo contrario, con la retahíla de propuestas soberanistas e insolidarias que surgen de cada grupo «federalmente asimétrico» en el que está dividido el viejo PSOE. Si era éste el espíritu autonomista de Santillana del Mar, cosa que no parece, debieron haberlo explicado con claridad y quizás entonces los electores hubieran votado otra cosa y, por ejemplo, Cristina Alberdi no hubiera abandonado públicamente su militancia en un histórico partido que hoy da alas al sectarismo nacionalista y abandona su tradicional visión de Estado por el mercadeo del poder.

Hay también otra imagen posible, otra interpretación de la sesión que se correspondería con la de un Carod-Rovira haciendo suyo desde la tribuna de oradores, un programa mucho más moderado que el propio de ERC. Ojalá fuera cierto, porque lo único que ha quedado contrastado es el triste envite nacionalista de Pascual Maragall, ya seguro de su sillón presidencial, con su reto públicó al Estado mediante el «o accedéis a cambiar las normas según mi criterio, o esto será un drama».

De la pluralidad al desmadre
Ignacio Villa Libertad Digital  17 Diciembre 2003

Las críticas que se escuchan desde hace meses sobre la situación interna del PSOE se han quedado cortas, muy cortas. Ni el más duro analista con los desmanes de la calle Ferraz podría haberse figurado que la confusión interna de los socialistas iba a llegar a los límites que observamos ultimamente. Cada día tenemos nuevas sorpresas y nos encontramos con nuevas iniciativas surgidas desde las filas socialistas, por supuesto, con el beneplácito consciente de Rodríguez Zapatero.

De puertas adentro, todo lo que estamos viendo se ha convertido en una carrera de despropósitos. El PSOE celebra un concurso en el que sólo cuenta la última barbaridad y la última fanfarronada. Y tal como están sucediéndose los hechos, parece que la gran mayoría de los dirigentes del PSOE se sienten en la obligación de llamar la atención acuñando nuevas ocurrencias. Desde luego, el horizonte político que está diseñando Rodríguez Zapatero para su partido carece de explicación. Está poniendo todo de su parte para demoler cualquier vestigio de sentido común y de inteligencia.

La veda se ha abierto: no hay autoridad política, ni disciplina interna en una alocada carrera hacia ninguna parte, con el refrendo de Zapatero y de muchos de los líderes territoriales del PSOE, que están tirando de la cuerda, tensándola al máximo, en una serie de sucesivos gestos inadmisibles de puro egoísmo personal. A Rodíguez Zapatero ya no se le acumulan los problemas sobre de la mesa: el PSOE es en sí mismo todo un problema desolador y demoledor para cualquier estructura política.

En estos momentos tiene a Pasqual Maragall en Cataluña entregado a los radicalismos de ERC, dejando a Zapatero a los pies de los caballos y permitiendo que Carod Rovira humille públicamente a barones socialistas como Bono e Ibarra. Además, Manuel Chaves –el presidente del PSOE– se lanza a una ridícula e inexplicable reforma del Estatuto de Andalucía para ser, supuestamente, más fuerte que nadie. Por su parte, Patxi Lopez desde el País Vasco dice que la estrategia de Maragall en Cataluña hay que aplicarla en el Gobierno de Vitoria y, por sí faltaba alguien, Cristina Alberdi, un referente en la etapa de González, coge el portante y abandona una larga militancia socialista.

¿Alguien se puede creer que en el Partido Socialista no pasa nada? ¿Alguien puede pretender hacer creer a los ciudadanos que los socialistas apuestan por la pluralidad? El PSOE de Zapatero apuesta por el desmadre político. Un gesto, por cierto, que, además de asegurarle la derrota electoral, esconde una manifiesta cobardía política. Porque no parece que ninguna de las cuestiones expuestas más arriba sean simples anécdotas, o que sean fruto de la "maldad y de la prepotencia del PP". Tampoco parece que el secretario general del PSOE esté siendo capaz de poner mucho orden en su propio partido, ni que estemos ante un Partido Socialista pletórico en entusiasmo y acertado en estrategia.

En definitiva, visto lo visto no parece que la gestión que están ejecutando Zapatero y su equipo se pueda calificar de fructífera. Y es que no estamos ya ante unos cuantos errores. Nos encontramos ante una deriva peligrosa y preocupante. El PSOE vive una situación políticamente lamentable y, lo que es peor, no lo quieren reconocer. No quieren aceptar que en política, de vez en cuando, viene bien alguna rectificación. Aunque, ciertamente, lo que el PSOE necesita es una auténtica "cura de humildad". Por eso han pasado de la ficción de la pluralidad a la realidad del desmadre. El siguiente paso, se lo pueden imaginar...

El desbarajuste del PSOE, un problema de Estado
Editorial ABC 17 Diciembre 2003

LA propuesta del presidente de la Junta de Andalucía, el socialista Manuel Chaves, de crear una Agencia Tributaria andaluza en el marco de una reforma del Estatuto de Autonomía viene a ser la primera consecuencia lógica de la cascada de errores abierta por el pacto tripartito de gobierno en Cataluña, cuyo cuestionamiento del marco constitucional puede originar un serio desbarajuste en el modelo de Estado vigente desde 1978. Desbarajuste que es ya patente en el seno del PSOE, ante la pasividad de su líder, José Luis Rodríguez Zapatero, claramente desbordado por la dinámica de unos acontecimientos a los que no parece capaz de hacer frente. Resultaba evidente desde un principio que las propuestas de trato fiscal preferente contenidas en el pacto catalán que ayer elevó a Pasqual Maragall a la Presidencia de la Generalitat, con el apoyo de los independentistas de ERC y los ecocomunistas de ICV, suponían una quiebra del equilibrio de solidaridad territorial cuya primera consecuencia se iba a reflejar en una escalada de reivindicaciones en el resto de las Autonomías, lógicamente reacias al modelo asimétrico sugerido desde Cataluña. Lo que resulta chocante es que haya sido Manuel Chaves, presidente en ejercicio de la dirección federal del PSOE, el primero en abrir este menú de reclamaciones, tras haber aplaudido con entusiasmo el acuerdo de gobierno catalán que ahora trata de compensar con un irreflexivo paso adelante.

Todo ello ante el silencio de un Zapatero superado por la política de hechos consumados que imponen los barones territoriales de su partido. La única respuesta del líder socialista, y candidato a la Presidencia del Gobierno, ante el órdago catalán que Maragall le ha impuesto sin mayores consideraciones, ha sido la de autorizar a sus responsables autonómicos a servirse a la carta en un irresponsable menú reivindicativo, que viene a suponer en la práctica el abandono de cualquier atisbo de modelo estructural del Estado, condición indispensable para un aspirante a dirigir los destinos colectivos del país.

EN un momento especialmente delicado para la estabilidad de España como nación, sometida al chantaje coactivo del Plan Ibarretxe, las distintas sensibilidades que coexisten en el seno de la organización socialista han estallado en una metralla de reclamaciones que sólo pueden complicar la necesaria respuesta unitaria al desafío soberanista planteado por el nacionalismo vasco contra los fundamentos de la Constitución. Difícilmente puede Zapatero ejercer un papel de firmeza que respalde el dique democrático contra los embates del soberanismo cuando el propio Maragall, consolidado desde su nueva plataforma de la Presidencia de la Generalitat, amenaza al PP con un hipotético «drama» si no se aviene a sus planes de reforma estatutaria, expresión que recuerda peligrosamente, aunque sólo sea en su aspecto formal, a la del «estallido social» pronosticado por Arzalluz. Un magma en ebullición, como puede verse, en el que corre riesgo de fundirse no sólo la imprescindible solidez del partido que representa la única alternativa plausible de Gobierno en España, sino la misma estabilidad del sistema, lo que confiere al caos interno del PSOE -ayer mismo la diputada Cristina Alberdi anunció su decisión de abandonar el partido- el carácter genérico de un problema de Estado.

RESULTA innecesario subrayar que, aunque eventualmente y a corto plazo las dificultades emanadas de este verdadero pandemónium político pueden resultar electoralmente beneficiosas para el PP y ayudar indirectamente, por ello, a consolidar al único proyecto cohesionado que ahora mismo se alza en la escena nacional, las consecuencias estratégicas de este panorama apuntan a un debilitamiento de la fortaleza del Estado. La existencia de una alternativa de poder en condiciones de garantizar respuestas de conjunto a los desafíos colectivos de España es una condición imprescindible de la estabilidad democrática, que esta crisis del PSOE compromete con un alcance indescifrable.

Cuando hasta el propio secretario general de la UGT, el socialista Cándido Méndez, se ha visto obligado a advertir a Rodríguez Zapatero que no pueden implantarse tantos marcos laborales como Autonomías existen; cuando el presidente del partido es el primero que emprende una deriva de nuevas reivindicaciones; cuando el flamante presidente de Cataluña se ufana de haber iniciado un «camino sin retorno» de la mano de un partido secesionista, la existencia de un liderazgo que reconduzca este tumulto se antoja casi una necesidad nacional. Sin embargo, Zapatero permanece en un pasivo segundo plano, ofreciendo a la ciudadanía la sensación de un inexplicable apocamiento, confundido en un laberinto de presiones contradictorias que atenazan su capacidad de presentar propuestas homogéneas e inteligibles. Una situación alarmante y confusa que ofrece graves interrogantes en un momento crítico para la definición de la España del siglo XXI.

ETA y PNV se acercan
Editorial ABC 17 Diciembre 2003

LA oferta de listas conjuntas que ayer dirigió Arnaldo Otegi al PNV y a Eusko Alkartasuna es una calculada puesta en escena de nuevos elementos de convergencia entre los nacionalistas vascos, con el refrendo de ETA. Obviamente, ni el PNV ni el Gobierno vasco iban a aceptar de plano, por pura táctica, la oferta de Otegi, pues se están cuidando de dosificar oportunamente la coincidencia estratégica que para unos y otros representa el Plan Ibarretxe. Sin embargo, cada vez se hace más patente la reagrupación del frente nacionalista, desvelada desde sus inicios por ABC, con las bases del Pacto de Estella, pero con el guión de la propuesta soberanista del lendakari Ibarretxe.

El mantenimiento de la hegemonía nacionalista y el rescate político de ETA y sus grupos de apoyo son las claves de una dinámica que acabará culminando, necesariamente, con un acuerdo con la izquierda abertzale, imprescindible para una mayoría absoluta nacionalista. Por algo Arzalluz puso en valor a Joseba Egibar como candidato a la presidencia del PNV por sus buenas relaciones con el mundo etarra, lo que dice mucho del descaro con que asumen su interlocución con ETA. El anuncio de Otegi ha descubierto luchas intestinas en el PNV que nada tienen que ver con las buenas perspectivas que tanto Batasuna y PNV se están ofreciendo recíprocamente (marco vasco de relaciones laborales, presupuestos para 2004, más subvenciones a Socialistas Abertzales). Otra cosa es que para la imagen amable que prodiga Ibarretxe, la compañía de Otegi todavía resulta tóxica y por eso Egibar ha denunciado a sectores de su partido como responsables de la filtración de haber pactado listas conjuntas con Batasuna. Pero Egibar ha dicho algo más y más grave que desmentir ese acuerdo: ha dicho que el lendakari conocía sus reuniones con Otegi y que la oferta del batasuno ha sido «precipitada». Con estas precisiones envenenadas, Egibar pone en un compromiso al lendakari y endulza su negativa a la izquierda abertzale.

Se entrecruzan nuevamente los problemas del partido con las estrategias de fondo en torno al Plan Ibarretxe y apremia la necesidad de despejar incógnitas alrededor de los propósitos nacionalistas, porque el telón de fondo de estos juegos tácticos del PNV y la izquierda abertzale es el desafío al Estado. El varamiento de la impugnación del Gobierno ante el Tribunal Constitucional en trámites atípicos de alegaciones y requerimientos de documentación mantiene en el aire la efectividad de un conflicto cuya regulación en la Ley Orgánica del TC no prevé una decisión de admisión a trámite, sino una mera notificación de la formulación del conflicto. Mientras el Estado espera, el nacionalismo vasco no pierde el tiempo.

El “drama” deberá estar servido... para el delincuente
EDITORIAL Libertad Digital  17 Diciembre 2003

Ya es un eufemismo decir que el programa del gobierno secesionista que tiene de presidente a Pasqual Maragall exige una simple “reforma” del Estatuto y de la Constitución cuando, en realidad, supone acabar con los pilares básicos que sostienen ambos ordenamientos jurídicos. Pero es que Maragall ni siquiera se dispone a reformar el Estatuto de autonomía según el procedimiento legal que pudiera, de la ley a la ley, transitar del actual marco institucional a otro completamente distinto. Maragall, por el contrario y secundando a sus socios independentistas, ha amenazado con que, si las Cortes Generales no respaldan su proyecto soberanista en materia judicial, lingüística, fiscal, y política, se saltará el procedimiento de reforma que dicta el propio Estatuto y convocará a los catalanes a un referéndum. Maragall no sólo pretende cambiar la legislación, amenaza con violarla.

Aunque Maragall haya tenido la desfachatez de asegurar que todo se hará “respetando la ley”, hay que recordar —ya que los políticos y los medios de comunicación no lo hacen— que ya no la Constitución, sino que es el propio Estatuto de Autonomía catalán, en su artículo 56, el que declara taxativamente que la “reforma del Estatuto se ajustará al siguiente procedimiento” en el que se advierte que “la propuesta de reforma requerirá, en todo caso, la aprobación del Parlamento de Cataluña por mayoría de dos tercios, la aprobación de las Cortes Generales mediante Ley Orgánica y, finalmente, el referéndum positivo de los electores. Si la propuesta no es aprobada por el Parlamento de Cataluña o por las Cortes generales, o no es confirmada mediante referéndum por el cuerpo electoral, no podrá ser sometida nuevamente a debate y votación del Parlamento hasta que haya transcurrido un año”.

Maragall, pues, no sólo se dispone a saltarse a la torera la legalidad que establece como condición sine qua non la aprobación de la reforma en las Cortes Generales, sino que también nos anuncia que está dispuesto a violar el artículo 149 punto 32 de la Constitución que establece, dentro de las “materias de competencia exclusiva del Estado”, “la autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum”. Este visto bueno del Estado para convocar el referéndum también es condición sine qua non en el Estatuto de Autonomía, tal y como refleja el artículo 57 que dice que “se convocará debidamente autorizado un referéndum sobre el texto propuesto”.

Maragall jamás hubiera amenazado al PP con “drama” alguno si este partido no tuviera probabilidades de mantener un peso determinante en las Cortes Generales. Prueba de ello es que a su gobierno con los independentistas, no sólo no le ha importado, sino que deliberadamente ha excluido al PP catalán de esta iniciativa. La falsa “mano tendida” con la que Maragall ha acompañado hipócritamente sus amenazas no busca consenso alguno en Cataluña sino tan sólo que su programa de gobierno no tenga ya que ser en el futuro constitutivo de delito. Las presiones de Maragall, en este sentido, se dirigen sólo hacia el PP en cuanto que representante mayoritario de la soberanía nacional que es, en realidad, a la que se dirige la amenaza.

Mariano Rajoy ha sido rápido en contestar a Maragall al decirle que el “drama lo padecerá su partido en las próximas elecciones generales". Bien está que el candidato del PP apele a los ciudadanos para que hagan frente en las urnas, tanto al secesionismo de los nacionalistas, como a la complicidad de los socialistas catalanes. Sin embargo, esto no basta. En primer lugar, porque tanto Maragall como Prisa han dado muestras de que les importa poco el futuro de Zapatero con tal de tocar poder en Cataluña. En segundo lugar, porque lo que Maragall anuncia, suve pero claramente, no es solo una mala política sino también la comisión futura de un delito en el caso de que la soberanía nacional reflejada en el parlamento español no se avenga a sus dictados.

Lo que tiene que divisar quien pretende cometer un delito, no es sólo un mal resultado en las urnas, sino un horizonte penal, tal y como —sin necesidad de reformas— ya establece nuestro Estado de Derecho. El “drama” que deberá estar servido es el que debe padecer el que viole la ley. Y eso no es “drama” alguno para el resto de los españoles. A no ser —claro está— que lo que finalmente impere sea la impunidad...

Pasqual Maragall
No es posible
Juan Carlos Girauta Libertad Digital  17 Diciembre 2003

¿De que drama hablaba Maragall? No debí entenderle bien. Seguro que no quiso decir lo que dijo: que si las instituciones del estado rechazaban sus pretensiones –que pasan por la representación exterior de Cataluña y por la ruptura de la unidad del poder judicial– el drama estaría servido. Dicho así, suena a amenaza, pero, ¿lo primero que hace este líder socialista al verse de presidente es amenazarnos? Imposible. Porque si fuera así, Pasqual Maragall no sería Muy Honorable sino muy despreciable, y eso no me cabe en la cabeza. Cuando él dice “drama” no hay que entender “drama”.

Veamos el contexto. El pacto desde el que se va a gobernar Cataluña en los próximos años, ¿contiene acaso algún indicio de exclusión de algún sector social, de marginación de algún grupo, o tiene algún otro rasgo antidemocrático? Bueno, parece que los firmantes se conjuran contra un partido que tiene casi un millón de votantes en Cataluña, y que su obediencia en este asunto se extiende hasta el Congreso de los Diputados. Y también parece que la inmersión lingüística se impondrá en la educación secundaria, y que habrá represalias comerciales contra las empresas que no adopten el catalán como única lengua. Que no, que tampoco puede ser verdad, porque si lo fuera estaríamos, por un lado, ante un evidente intento de contrarrestar la lucha contra el Plan Ibarreche, un producto del terror; por otro lado, se marginaría flagrantemente a la mitad de los catalanes que tienen el castellano como primera lengua, además de coaccionar ilegalmente al sector privado. Si alguien intentara hacer esas canalladas, Pasqual Maragall no le dejaría. Por algo es Muy Honorable.

Se confunden quienes interpretan que “camino sin retorno” en labios de Maragall significa “camino sin retorno” y quienes creen que secunda a los artistas que, como Serrat, llamaron anticatalanes a cientos de miles de catalanes que optaban libremente por una opción política diferente a la suya. Yerran quienes creen que Maragall está abusando del ascendiente que tiene sobre Zapatero sin importarle destruir al PSOE, al que la mayoría de sus votantes creía estar votando. Es imposible que a un hombre Muy Honorable sólo le importe su situación personal y esté dispuesto, con tal de promocionarse, a traer la inestabilidad política a su país y a enfrentar a la sociedad. Porque si fuera verdad lo que parece que dice, lo cual es imposible, yo, como catalán, estaría muy ofendido con mi presidente y me consideraría amenazado por él. Pero, afortunadamente, un hombre Muy Honorable rige nuestros destinos, y podemos estar tranquilos. Ni es nuestro enemigo declarado ni quiere obligarnos a vivir en contra de nuestras convicciones ni, si nos negamos, forzarnos a abandonar Cataluña por la vía de la exclusión social. Porque no estamos hablando de un villano, caramba, sino del Muy Honorable Pasqual Maragall.

El algarrobo totémico
Por IGNACIO RUIZ QUINTANO ABC 17 Diciembre 2003

EN Occidente, la caída del señor Husein ha llevado el luto a los restaurantes de progreso, a cuya causa, la causa del progreso, le ha salido otro mito, u otro tema de conversación, el Tripartito Catalán, esa alucinante emulsión de izquierdismo y nacionalismo al vino de cartón, que es con lo que parecen refrescarse las cabezas.

¡Izquierdismo y nacionalismo! Pero ¿no habíamos quedado en que la fábrica es la única patria del obrero, y el catalanismo, la política de cuatro fabricantes reaccionarios? Lo que pasa es que es tan payesa la vieja y noble Barcelona, decía De la Serna, que, sin quererlo, deja que le entren los algarrobos -el árbol totémico de Cataluña- hasta el mismo Paralelo, ácrata y feriante. Hablaba De la Serna de esa punta de viento agrario que le entra a Barcelona hasta el mismo corazón payés, en su idea de que los vientos agrarios de España, cada uno con su acento, tienen una misión muy importante: la de traernos a la humilde consideración de nuestro origen.

A ver, izquierdistas de rótulo, ¿dónde está en Cataluña el tránsito desde el patrón multicolor de la complejidad agraria a una única y homogénea cultural mundial, que era lo prometido por el dogma de la izquierda? La estructura de la argumentación de aquel dogma podía presentarse, como hizo Ernest Gellner, en forma de silogismo: 1. La hostilidad étnica y el separatismo exigen la presencia de diferencias culturales, ya que, sin ellas, ¿cómo podrían los grupos étnicos, las «naciones», identificarse y distinguirse de sus enemigos? 2. La organización social del mundo industrial erosiona los matices culturales. 3. Por lo tanto, el avance de la industrialización erosiona la base misma del nacionalismo. 4. En consecuencia, el progreso de la industrialización significa la extinción del nacionalismo.

EN ese silogismo, que implicaba la defunción del nacionalismo en la época industrial, no había nada equivocado. La argumentación era impecable. Sus premisas eran válidas. Entonces, ¿cómo puede una inferencia válida, sacada de premisas verdaderas, conducir a una conclusión refutada por el Tripartito Catalán? Desde luego, el vino de cartón no lo explica todo. No explica que los tres caballeros que tienen a Tirant lo Blanch por espejo griten sus alalaes con alusiones al «ferro» de la lanza entre los olivos de Castelldefels y los melocotoneros de Cornellá.

-¡El drama será inevitable!
CUAL campanero tocando a somatén, ésa ha sido la amenaza del ditirámbico Maragall, portavoz del no menos ditirámbico Rovira -Saura sólo está para llevar el porrón-, para el caso, por supuesto, de que, ahora que mandan ellos, no los dejen hacer lo que se les ponga en los huevos, que así de farruco fue siempre el nacionalismo español, del cual el vasquismo y el catalanismo constituyen, simplemente, sus versiones más tremendistas y, por tanto, más conocidas. No sé si se habrán fijado ustedes, pero del señor Husein, y con motivo de su captura, lo que más se ha repetido en los periódicos de progreso es que vivía en un zulo, que es una cosa muy vasca, y que se hacía pasar por comerciante, que es una cosa muy catalana. Moraleja de progreso: sin vasquismo ni catalanismo, no habríamos podido saber dónde vivía ni qué aspecto tenía el señor Husein, lo cual viene a probar la necesidad, siquiera cultural, de estos «ismos».

En este nuevo idiotismo de la vida rural, veo a Maragall sentado a la sombra de un totémico algarrobo y llevando, a modo de distintivo, como el rey de la isla de Utopía, como más tarde Robespierre, un puñado de espigas recién cortadas por sus «segadors» -toma, toma, un golpe de hoz-, mientras sus socios van poniéndole en los labios, amorosamente, el níspero maduro y dorado. O como se llame el fruto del algarrobo.

Se anuncia un drama
Por JAIME CAMPMANY ABC 17 Diciembre 2003

ÉRAMOS pocos y parió la abuela. Por si pocos dramas esmaltaran ya la agitada Historia de España, Pasqual Maragall anuncia otro nuevo. Si no dejan que Cataluña sea un Estado, «el drama está servido». A Maragall no conviene hacerle demasiado caso porque se traslada con mucha facilidad del federalismo asimétrico a la Corona de Aragón y ahora aparece como autor de dramas históricos. El nuevo president nos amenaza con un drama, pero no lo explica. Anuncia, eso sí, que se trata de que Cataluña comienza un camino de no retorno y la renovación de su pacto con España. Maragall se dispone a revisar el supuesto pacto de Cataluña con España, pero tampoco aclara si lo hará desde las posiciones federalistas de la Primera República o desde la Corona de Aragón, y en este caso si partirá de Jaime I el Conquistador o de Pedro III el Grande.

A lo que se ve, Maragall está dispuesto a sacar las hoces y las segures y a empezar a cortar cabezas castellanas. Ese es un ejercicio poco recomendable, por mucho que el otro president, Laporta el del Barça, mande tocar Els segadors como obertura al partido Barcelona-Real Madrid. Al final del partido, els segadors tuvieron que volver a casa sin haber cortado las cabezas madrileñas y sin haber estrenado las hoces. Todo eso pasa por mezclar la política con el fútbol, que son cantidades heterogéneas. Lo mejor es dejar las hoces colgadas en la pared del granero, como adorno histórico y como lección para no volver a las andadas, porque si anda uno entre hoces, lo más probable es que alguna vez se corte los dedos.

El drama está servido. Tiene razón don Maragall, tiene muchísima razón. Pero quien tiene servido el drama antes que nadie es el partido socialista. Entre unos y otros, al pobre Zapatero no lo dejan vivir. Le están dando una vida de perros, en el caso de que los perros lleven mala vida, que ahora casi todos los perros viven mejor que sus amos. Incluso Felipe González toma las de Villadiego y pone pies en polvorosa cuando le hablan de subirse a las candidaturas de Zapatero y de sentarse otra vez en el Congreso. Bueno, eso de «sentarse en el Congreso» es un decir, porque hace años (años y un día) que no aparece por el templo de las leyes, la Casa Mayor de la Democracia. No debe de tener Felipe mucha confianza en las candidaturas de Zapatero, y le parecerá más práctico bajarse al moro y hacer las Américas.

En Cataluña, se han juntado tres dramaturgos de vocación para fabricar el drama y dárnoslo servido: Maragall, Rovira y Saura, rojos, morados y verdes. Es curioso. El morado que quieren poner en la bandera los republicanos catalanes es el morado de Castilla. Aquí, en este pueblo, está todo mezclado, confundido y amasado con los afines lo mismo que con los contrarios, y a ver quién es el guapo que separa colores, historias, hazañas, sangres, linajes, aborígenes e invasores. Y quien dice eso, dice también dramas y sainetes, santos y soldados, mártires y herejes, rojos y azules, poetas y mercaderes, gitanos y guardias civiles y así. Ni siquiera es posible distinguir a catalanes de españoles. Maragall con su drama, un españolazo.

Todo por el poder
Editorial El Ideal Gallego 17 Diciembre 2003

Hay determinados personajes que son capaces de cualquier cosa por alcanzar el poder. Son ellos los responsables directos del desprestigio que rodea a la política y, por desgracia, abundan entre quienes hacen del cargo su modo de vida. Hasta dentro de esta casta los hay todavía peores, que son los que están dispuestos incluso a traicionar a los suyos. Algo así está sucediendo en el PNV, dónde la lucha por la sucesión de Arzalluz está haciendo que las puñaladas traperas y traicioneras dominen las relaciones entre los dos bandos que aspiran a la sucesión. De un lado, Josu Jon Imaz, que cuenta con el apoyo del lehendakari y que representa el ala discreta -moderada se podría decir si el calificativo no fuera incompatible con los últimos planteamientos surgidos del sede de los peneuvistas-. Del otro, Joseba Egibar, el delfín del sucedido y que, en principio, se alinéa con los más beligerantes. Por ello, a pocos ha sorprendido que el propio Egibar se reuniera con Otegi para plantear una gran colación de secesionistas de cara a las próximas elecciones generales. Un pacto en el que, ya sin tapujos, Batasunos y proetarras caminarían del brazo del PNV. Lo triste es que el gesto no significa una vuelta al redil democrático del brazo político de ETA. Todo lo contario, en su locura, hay quien parece dispuesto a arrastrar a las huestes de Arzalluz e Ibarretxe al monte de la exclusión. Ahora Egibar niega la mayor y acusa a sus compañeros de haberlo traicionado. Es decir que, gracias al PNV los únicos que ganan algo son Otegi y todo el entorno de la banda terrorista.

Discrepancia radical
Miguel Ángel Rodríguez La Razón 17 Diciembre 2003

Cada paso de Maragall y cada ocurrencia de Carod Rovira empieza a ser una pesada losa en la cabeza de Rodríguez Zapatero, y sería conveniente que algún estratega del PSOE empezara a medir las consecuencias del apoyo que están prestando a las tesis antiespañolistas. Ayer ha sido Alberdi la que se ha despedido por una «discrepancia radical»; recientemente, fue el mismo González el que se negó a aparecer, siquiera testimonialmente, en la listas del partido; mañana, los presidentes de Castilla-La Mancha y Extremadura tendrán que defenderse de los ataques de los independentistas catalanes; pasado, las encuestas darán fe de los estragos que está causando entre el electorado esta maniobra que consiste en provocar un «drama» en España con la secesión de Cataluña pero echarle la culpa a Aznar.

Cada minuto que la ejecutiva socialista emplea en entender por dónde les están llegando las tortas, es un minuto que pierden en su tarea de oposición. Cada folio empleado en comunicados para defenderse de la crítica global, es un e-mail malgastado de sus obligaciones de control al Gobierno.

Porque ya no se trata de saber cómo llegará el PSOE a las elecciones generales, sino de constatar que entre la crisis de Simancas y la de Maragall, el principal partido de la oposición no existe a los efectos de examinar las acciones del Gobierno. Y es eso lo que demanda la gente. Y es ése el único camino para trasladar mensajes que prendan entre los ciudadanos.

Maragall ha terminado paralizándoles y les obliga a elucubrar fórmulas mágicas que consigan compatibilizar el respeto a la Constitución con las bravuconadas de los separatistas. Así es difícil centrarse en la tarea de Oposición. Si el trabajo diario de Zapatero y su equipo consiste en cerrar grietas internas, no queda tiempo para abrir brechas enfrente. Y la Oposición es imprescindible: si no hay Oposición, no hay Democracia.

Cambio en Cataluña
Editorial El Correo 17 Diciembre 2003

La investidura de Pasqual Maragall como presidente de la Generalitat de Cataluña en virtud del pacto alcanzado entre el PSC, ERC e ICV no sólo abre una etapa nueva en la política catalana sino que introduce en el escenario español un factor de tensión autonómica de imprevisibles consecuencias. El anuncio de Maragall de que la nueva mayoría pretende dar inicio a un «camino sin retorno» que aspira a una «libre declaración de interdependencia» desde la «libertad de decisión» de los catalanes o la advertencia de que «Cataluña no se dejará engañar más» se parecen demasiado a la retórica empleada por el nacionalismo gobernante en Euskadi como para que el vínculo orgánico existente entre el PSC y el PSOE constituya garantía suficiente de moderación en el futuro inmediato. Máxime cuando el partido que durante veintitrés años ha ostentado el poder autonómico en dicha comunidad, y que a pesar de salir victorioso en las elecciones del 16 de noviembre ocupa los escaños de la oposición, proclama que él será quien marque el «nivel de ambición» del nuevo Estatuto.

La disposición de Maragall o la que pueda albergar ICV para articular una «propuesta catalana para España», por discutible que sea ésta, se enfrenta a una prueba ineludible: evitar que el independentismo de ERC azuzado por el soberanismo de los herederos de Pujol acabe situando a Cataluña en la misma órbita que el plan Ibarretxe ha colocado a Euskadi. Que Maragall considere inaplazable la reforma constitucional suscita de inmediato un interrogante ante el que su coalición de gobierno está ofreciendo respuestas ambiguas, cuando no interpretaciones encontradas: si la Generalitat «catalanista y de izquierdas» se ceñirá a los procedimientos de modificación previstos en el Estatuto y en la Constitución o si -como ya ha hecho el nacionalismo vasco- comenzará por cuestionar el papel de las Cortes como 'última ratio' de cualquier proceso de reforma del marco legal vigente.

Las demandas en materia autonómica, a las que ayer mismo se sumó la propuesta del Gobierno andaluz para la actualización de su Estatuto, no pueden encontrar como única respuesta el prejuicio o la cerrazón por parte de quienes consideren culminado el proceso autonómico. La mera existencia de esas demandas, especialmente si constituyen el programa de gobiernos autonómicos, invita al establecimiento de un debate institucionalizado y sereno. Pero dicho debate se hará imposible si los interlocutores no se atienen a las reglas de juego establecidas, mientras éstas no sean modificadas de común acuerdo. El «drama» que anuncia Maragall es el que la eclosión de las reivindicaciones de autogobierno podrían causar si los partidos y dirigentes de las distintas autonomías acaban desentendiéndose del efecto que sus actos pueden inducir en el complejo y delicado equilibrio en que se asienta la España constitucional.

El conflicto de Cataluña con España
Lorenzo Contreras Estrella Digital 17 Diciembre 2003

La investidura de Maragall, con su discurso preceptivo, ha planteado el verdadero mensaje y la auténtica intención de la nueva Administración autonómica catalana. Se había partido, antes de conocer sus explícitos detalles, de una creencia optimista según la cual el pragmatismo catalán inculcaría a la colectividad ciudadana de España y a sus dirigentes una tranquilizadora dosis de propósitos, alejados siempre de los maximalismos vascos expresados, hasta ahora, en los contenidos del Plan Ibarretxe. Sin embargo, a partir del mencionado discurso del nuevo molt honorable ya nadie puede estar seguro de lo que el futuro pueda deparar respecto a las relaciones de Cataluña con el resto del Estado español. El mensaje de Maragall contiene muchas características de lo que tradicionalmente se ha considerado un ultimátum. O ustedes, dirigentes españoles, aceptan lo que nosotros, nacionalistas catalanes, llamamos una “libre declaración de independencia”, o lo que venga a ser un “drama” que estaría “servido”.

Es muy comodo llamar a todo ello una reclamación de diversidad, sin más, o sea, un “nuevo horizonte nacional” que represente la “consideración de la Generalitat como Estado”, sin que quepa preguntarse sobre lo que esta aspiración significa. La tendencia de un sector de la opinión española a estimar que esta actitud no debe inspirar ninguna epecial alarma puede ser verdaderamente alarmante. La consideración de la Generalitat como “administración única”, en la línea aparente de la formulación de Fraga, forma parte de la estrategia de la confusión calculada. Primero se apela a lo razonable y luego se desemboca en una línea emparentada con el Plan Ibarretxe, aunque esto útlimo no se confiese de manera diáfana.

La primera gran impresión que se extrae de la situación que Maragall delimita es que su Administración es cautiva de ERC, la organización que dirige Carod-Rovira. Va a haber una ley del conseller en cap, que equivale a consagrar la figura del líder de Esquerra Republicana como “hombre fuerte” del tiempo político que ahora se abre. No debe, por tanto, extrañar que el ideal federalista, con su componente de Estado común, se haya diluido en pocas horas, en un par de días, en los fluidos de un nacionalismo catalán inequívoco. Cuando el nuevo presidente de la Generalitat habla de un camino de “no retorno”, la tentación inmediata es pensar que el antes aludido ultimátum se lanza como un proyectil sobre el escenario político catalán y español, por más que la “consulta general” que Maragall anuncia se produzca “siempre dentro de la legalidad”. ¿Siempre? ¿Y dentro de qué legalidad? ¿La establecida en los términos de la Constitución o la que vaya a forzar la nueva Administración “única” catalana?

Ahora se comprende el placer que el resultado de las elecciones catalanas y la combinación de poderes resultantes ha producido en las filas del nacionalismo vasco. Bajo el disfraz de una “España plural” se oculta una España en camino de dejar de ser lo que durante quinientos años ha sido, es decir, una Nación, con mayúscula, unitaria o, si se prefiere, unidad dentro de su diversidad; es decir, con más o menos particularidades en la organiazción política y en la riqueza cultural.

No hace falta insistir demasiado en lo que representan las pretensiones fiscales y de proyección exterior. En realidad, no va a haber Administración única catalana, sino un reparto tripartito de tres maneras de organizar Cataluña, con todo el potencial conflictivo que esa realidad encierra.

Nacionalismo e izquierda en Cataluña
Cartas al Director Libertad Digital  17 Diciembre 2003

Antes de que el iluminado nuevo gobierno de la Generalidad nos "secesione" querría señalar que no es casualidad que la izquierda haya sido siempre el ariete del nacionalismo mas feroz en Cataluña, pues ambos saben mejor que yo mismo cómo debo conducir mi vida, ambos tiene terror pánico a la libertad individual. Está en su genética, por así decirlo.

Habiendo nacido en Cataluña hace 34 años, tiene uno la manía de hablar en español, porque así lo aprendió de sus padres. Así habla en la calle la gente cuando no hay coacciones de por medio, por que es un acto libre y soberano, propio de la convivencia cívica catalana desde hace siglos. Pues bien, habiendo vivido toda la vida en un barrio obrero del cinturón industrial barcelonés, industria española aquí asentada, donde la abrumadora mayoría de nosotros hablaba y habla en castellano, resulta que desde que tengo uso de razón he tenido que aguantar la cantinela izquierdista de la integración.

Pobre de mí que pensaba que estaba en mi país. Si la mayoría de la población tiene por lengua materna el castellano, si además en las clases trabajadoras esta mayoría es abrumadora, ¿no es un deber político de la izquierda, que dice defender siempre a los más débiles, el defender los derechos de las personas? Pues no, resulta que soy un enemigo de no se que fantasmagórica entidad colectiva y un invasor, PSC, PSUC dixit. Ahora resulta que los invasores nada mas sojuzgar un territorio se ponen a apretar tornillos en las cadenas de montaje industrial y a vivir en las bellísimas ciudades del extrarradio. Pero claro está, lo que pasa es que estoy equivocado y no entro en razón. Cuando me normalice seré feliz y viviré en la arcadia cultural. Si al menos pudiera llegar a vivir en un chalé en Vallvidrera, exclusiva zona residencial barcelonesa, como algún afamado escritor recientemente fallecido.

Abandonando el precedente tono jocoso de mi carta, cada vez con mayor frecuencia adonde pienso en irme a Madrid, donde ya se han ido varias personas de toda índole e ideologías que conozco. Lo están haciendo buscando su libertad, tanto en lo social como en lo económico. Es un éxodo silencioso que lleva un tiempo produciéndose y que seguramente se intensificará en el futuro.   Jaime Valverde Alarcón -Barcelona

Estar de los nervios
Manuel Martín Ferrand Estrella Digital  17 Diciembre 2003

Maragall propone un nuevo pacto con España”, titulaba ayer un diario tan tradicional y circunspecto como La Vanguardia de Barcelona. ¿Con España? ¿De dónde es Maragall? Si fuese sueco, griego o, incluso, paraguayo podría entenderse un pacto de Maragall, o de su Gobierno, con España; pero siendo catalán, de Cataluña, ¿puede una parte hablar con el todo y negociar con él?

Tengo la sensación, incómoda, de que de un tiempo a esta parte el desequilibrio se ha instalado entre nosotros. Pequeñas causas vienen determinando grandes efectos, y esa desproporción es un factor de amenaza para el futuro. Los nacionalismos, parte de esa desestabilización, sacuden el cuerpo nacional y, desde los planes de Ibarretxe a un Carod-Rovira que se siente “incómodo” en el Estado español, pasando por un Chaves que ya reclama su propia Agencia Tributaria, hasta los gatos quieren zapatos.

Entiéndase lo que pretendo decir. Dejando aparte lo del País Vasco, que nada es legítimo cuando cursa con violencia y desde el miedo, todo lo demás —el desorden institucional que se perfila— es absolutamente legal. Cada cual es muy dueño de tener sus propias ideas, sobre la organización del Estado o cualquier otro asunto, y defenderlas dentro de los cauces legales establecidos; pero, ¿cuál es la motivación que, como a toque de clarín, ha puesto a todo el mundo a trabajar en contra de los intereses colectivos más diáfanos?

Aparte de sus muchas torpezas políticas, las dos legislaturas aznaritas han propiciado un desarrollo económico que ha puesto a España, tanto en valores absolutos como relativos, en una posición imprevista, e imprevisible, hace una década. Lo lógico sería que, alcanzado ese tono, perseverásemos en la misma dirección y, por el contrario, el país entero se ha lanzado a extrañas piruetas que, en principio, no conducen a ninguna parte. Así, vemos a un PP, endiosado, incapaz de centrarse en su propia tarea; a un PSOE, dividido, en la inconsistencia de las contradicciones, y a un rosario de partidos nacionalistas, virulentos, en el ansia de ser más de lo que la lógica y su propia dimensión parecen indicar.

Cierto es que hay muchos factores, como la participación en el conflicto iraquí, que han servido de espoleta para la explosión de las desavenencias y, además, que la proximidad de unas elecciones legislativas incrementa el tamaño aparente de los problemas reales; pero sería muy deseable la instalación de una epidemia de sosiego que serene los ánimos. Podemos echar por la borda el fruto de un trabajo inmenso y feliz que nos ha puesto en la pista de despegue, pero en la dirección contraria al rumbo que verdaderamente nos conviene.

Una impugnación correcta
Por MANUEL ARAGÓN. Catedrático de Derecho Constitucional Universidad Autónoma de Madrid ABC 17 Diciembre 2003

AL contrario de lo que han opinado algunos estimados y respetados colegas, creo que la impugnación de los acuerdos del gobierno vasco y de la mesa del parlamento vasco sobre el Plan Ibarretxe, efectuada por el gobierno estatal ante el Tribunal Constitucional, es jurídicamente correcta. Intentaré explicar las razones que me conducen a ello.

En primer lugar, está clara la legitimación del gobierno estatal, atribuida por el artículo 161.2 de la Constitución y el artículo 76 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. En segundo lugar, el objeto de la impugnación es uno de los previstos en ambos preceptos: el artículo 161.2 de la Constitución se refiere a «resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas» y el artículo 76 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, para mayor claridad, especifica que se trata de «resoluciones emanadas de cualquier órgano de las Comunidades Autónomas». Tanto el gobierno vasco como la mesa del parlamento vasco son, sin duda, órganos autonómicos y sus actos impugnados resoluciones, esto es, en sentido amplio, acuerdos con efectos jurídicos. El primero, el acuerdo del gobierno vasco aprobando la llamada «Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi», despliega el importante efecto jurídico de adoptar una iniciativa legislativa y obligar al parlamento vasco a deliberar sobre ella. El segundo, el acuerdo de la mesa ordenando que dicha iniciativa se tramite, con infracción del reglamento parlamentario, dicho sea de paso, por el procedimiento legislativo ordinario, es un acto de calificación parlamentaria que determina que se abra la fase de deliberación y por ello de presentación de enmiendas. Ambos actos son imprescindibles para que la «Propuesta» siga su curso parlamentario, que, sin ellos, no podría realizarse. Es muy difícil, en consecuencia, negarles el carácter de resoluciones.

Sería, incluso, discutible calificar a tales resoluciones como de trámite, sobre todo la primera, del gobierno vasco, pero aunque así se admitiera no creo que ello las excluyera de la posibilidad de ser impugnadas. Tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional no distinguen entre tipos de resoluciones, por lo que no hay que excluir a las de mero trámite. En realidad, el artículo 76 de la Ley Orgánica del Tribunal habría que considerarlo como una vía de cierre del sistema de control de constitucionalidad, abierto a cualquier tipo de resoluciones de cualquier tipo de órganos autonómicos para el caso de que infrinjan la Constitución. Nuestro ordenamiento ha querido así facultar al gobierno estatal para impulsar el control, por el Tribunal Constitucional, de cualquier medida autonómica inconstitucional.

Que el Plan Ibarretxe, esto es, la Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi vulnera frontalmente la Constitución está fuera de dudas. No supone la reforma del Estatuto de Autonomía, reforma que tendría que realizarse dentro del respeto a la Constitución. Lo que supone, realmente, es el ejercicio de un poder constituyente propio, una abierta oposición a los artículos 1 y 2 de la Constitución, que atribuyen el poder constituyente sólo al pueblo español en su conjunto y que proclaman la indisoluble unidad de la nación española, además de que el contenido de la «Propuesta» vulnera otros muchos preceptos constitucionales, clara y abiertamente. Ante ello ¿debía el gobierno estatal inhibirse y no hacer uso de la facultad impugnatoria que el propio derecho le confiere? A mi juicio, no sólo podía impugnar, sino que debía hacerlo, en defensa del ordenamiento constitucional, obligación que el gobierno estatal estaba compelido a cumplir. Tenía que actuar desde el primer momento de la puesta en marcha del proceso y no esperar hasta que ese proceso llegase a término, sencillamente porque la misma puesta en marcha del proceso es un inmenso fraude jurídico, un quebrantamiento claro de las reglas de juego constitucionales. Permítaseme un símil futbolístico: el árbitro está obligado a pitar el fuera de juego y no puede esperar a que se meta un gol para después anularlo. Con la puesta en marcha de la Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi tanto el gobierno vasco como el parlamento vasco se ponen fuera de las reglas de juego establecidas en la Constitución.

Y no se diga que con la impugnación se sustrae a la representación popular, esto es, al parlamento vasco, la discusión de un asunto, que se invade el campo de lo político, que es, por esencia, el campo del debate parlamentario. Esta perspectiva no la comparto. Claro que no puede sustraerse nada al debate parlamentario, pero siempre que se cumplan las reglas exigidas por el ordenamiento. El parlamento vasco puede discutirlo todo, pero en las formas constitucionales previstas, y ese cumplimiento de las formas es la esencia del Estado de Derecho. Nuestro ordenamiento no impide que el parlamento vasco pueda discutir una reforma de la Constitución, por muy radical que sea; al contrario, se le atribuye en los artículos 166 y 87.2 de la Constitución iniciativa para ello. Pero, en primer lugar, esa iniciativa sólo la posee la cámara y no el gobierno autonómico y, en segundo lugar, esa iniciativa habría de serlo de manera formal, como iniciativa de reforma constitucional, cosa que no ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es que a través de una simulada reforma del Estatuto de Autonomía, que realmente no es una reforma estatutaria sino el ejercicio de un poder constituyente propio del que se carece, se pretende reformar la Constitución fuera de los cauces previstos para ello. El fraude no puede ser mayor.

Nuestro ordenamiento no admite ese fraude, esa inversión y vulneración de los procedimientos. Es decir, sin una reforma previa de la Constitución que le hubiese abierto el camino, no puede tramitarse la Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi. La nuestra no es una democracia militante y ello es así porque la Constitución permite su reforma sin límite material alguno, pero esa reforma ha de llevarse a cabo según los procedimientos previstos en la Constitución misma. El Plan Ibarretxe no supone, pues, al no seguirse el procedimiento de revisión constitucional, una reforma de la Constitución, sino su ruptura. Ante ello, el gobierno estatal estaba facultado, y obligado, a impugnar ese fraude desde el mismo momento de su puesta en marcha.

Al parlamento vasco no se le hurta el debate del Plan Ibarretxe, sólo se le intenta impedir, con la impugnación ante el Tribunal Constitucional, que lo debata de esta manera fraudulenta. Nada impide que el parlamento vasco inicie una reforma constitucional tendente a acomodar la Constitución al proyecto político del Plan Ibarretxe. Sólo si esa reforma iniciada tuviera éxito y terminase la Constitución reformándose, sólo después de haberse producido, pues, esa reforma constitucional, podría el gobierno vasco aprobar su Propuesta y el parlamento vasco debatirla. Esas son las reglas del juego que han sido rotas, de manera clara, y que legitiman al gobierno estatal para impugnar y al Tribunal Constitucional, a mi juicio, para admitir, y al final, estimar dicha impugnación.

El PSOE se deshace
Revista de Prensa Libertad Digital  17 Diciembre 2003

La investidura de Maragall, la propuesta de reforma del Estatuto de Andalucía, los contactos entre Egibar y Otegi y la reacción popular en Irak por la detención de Sadam son algunas de las noticias que destacan hoy en su portada los periódicos nacionales. Destaca la carta de Bono a Albert Boadella, mientras Alberdi deja el PSOE. Sin embargo, Bono no hace esas críticas dentro del PSOE, como en un acto de ayer por la tarde. Mientras, Chaves pide una Agencia Tributaria propia para Andalucía. Atención, Gabilondo pedía esta mañana en la SER que el PSOE recogiera todas estas propuestas (por Cataluña, Andalucía...) interesantes dentro de su política. Que es un "momento especial" y que se ve como una "oportunidad". En fin.

Mientras, reaparece el debate sobre la ONU y Sadam. Los detractores de Occidente comienzan su campaña contra Estados Unidos resaltando las "masivas manifestaciones" a favor de Sadam. Este martes, mismamente, CNN+. Bajo la guía de represión en Irak: "La mayoría de los habitantes se manifiestan a favor de Sadam". No pasaban de cincuenta. En "Hoy por Hoy" de la SER, resentidos por la victoria, han explicado esta mañana que con tanto Ejército "no han sido capaces de coger a Sadam con sus medios sino por un chivatazo de un familiar". La "resistencia" sigue, parece ser que para su alegría. También en la radio de Polanco y el EGM, contentos con la oportunidad del País Vasco. Lamentable.

ABC dice que "Chaves pretende también 'una Agencia Tributaria' para Andalucía", "Tumultos a favor y en contra de Sadam" y "Egibar atribuye a la crisis interna del PNV la filtración de la oferta de Batasuna". En el editorial El desbarajuste del PSOE, un problema de Estado, ABC opina que "en un momento especialmente delicado para la estabilidad de España como nación, sometida al chantaje coactivo del plan Ibarretxe, las distintas sensibilidades que coexisten en el seno de la organización socialista han estallado en una metralla de reclamaciones que sólo pueden complicar la necesaria respuesta unitaria al desafío soberanista planteado por el nacionalismo vasco contra los fundamentos de la Constitución".

EL MUNDO abre edición con la carta de Bono a Albert Boadella. "Bono arremete contra 'quien se define de izquierdas y daña la solidaridad'", "Egibar admite contactos con Otegi aunque niega que vayan a ir juntos a las elecciones" y "La Caja de Ahorros del Mediterráneo, favorita en la pugna por el Atlántico". En el editorial Convergencia de intereses entre el PNV y Batasuna", EL MUNDO afirma que "todo confluye hacia una alianza estratégica y electoral entre PNV y Batasuna, que hará muy difícil llegar a una solución nacional del conflicto vasco".

EL PAÍS abre portada con "Maragall tiende la mano al PP en su investidura como presidente de Cataluña", "Miles de suníes se echan a la calle en Irak para protestar por la captura de Sadam", "Chaves incluye una Agencia Tributaria en su propuesta de reforma del Estatuto andaluz" y "El Gobierno vasco acusa de parcialidad al Constitucional ante el 'plan Ibarretxe'". En el editorial President Maragall, EL PAÍS entiende que los primeros cien días del nuevo Gobierno catalán "en este caso sin periodo de gracia" son "muy importantes para demostrar en la práctica sus prioridades políticas y, especialmente, su carácter de Ejecutivo de izquierdas en contraste con el Gobierno de derechas que le ha precedido".

LA RAZÓN explica en su portada "Maragall, rehén del independentista Carod, nuevo presidente de Cataluña", "Sadam declara que él no lidera a la guerrilla iraquí", "La coalición con Batasuna enfrenta y divide al PNV", "Alberdi abandona el PSOE harta de su radicalización" y "El Estado logra en sus cuentas un superávit del 0,7 % del PIB". El editorial "La investidura de Cardo Rovira", LA RAZON señala que "el nuevo panorama político catalán (...) debería preocupar extraordinariamente a un hombre como José Luis Rodríguez Zapatero, que parece estar encantado, o al menos no dice lo contrario, con la retahíla de propuestas soberanistas e insolidarias que surgen de cada grupo 'federalmente asimétrico' en el que está dividido el viejo PSOE".
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