AGLI

Recortes de Prensa     Domingo 28 Diciembre  2003
La ley de la vergüenza
GOTZONE MORA  El Correo 28 Diciembre 2003

2003, balance de un año perdido
Enriqueta Benito Bengoa La Razón 28 Diciembre 2003

El PNV tiene lista una Ley de Universidades vascas para devolver a los etarras a la UPV
Diego Mazón - Madrid.- La Razón 28 Diciembre 2003

El «no» del PP
Iñaki Ezkerra La Razón 28 Diciembre 2003

¿Quién da más
JAIME CAMPMANY ABC 28 Diciembre 2003

Balance
ÁLVARO DELGADO GAL ABC 28 Diciembre 2003

La Corona en el oleaje
IGNACIO CAMACHO ABC 28 Diciembre 2003

“El surgimiento del nacionalismo gallego fue muy minoritario”
Agn / Santiago El Ideal Gallego 28 Diciembre 2003

¿Qué idioma hablo
Cartas al Director ABC 28 Diciembre 2003

El espíritu de las palabras
Amando de Miguel Libertad Digital  28 Diciembre 2003

Salustiano del Campo: «Hay que cambiar esa visión rosada que tenemos de la Transición»
ANDRÉS C. RAGEL ABC 28 Diciembre 2003
 


 

La ley de la vergüenza
GOTZONE MORA/PORTAVOZ DE LA PLATAFORMA PROFESORES POR LA LIBERTAD DE LA UPV/EHU El Correo 28 Diciembre 2003

Hace unos días, con ocasión de la tramitación parlamentaria de la Ley de Universidades Vasca, el Gobierno tripartito de Vitoria que componen PNV, IU y EA, escenificó un acto más del esperpento en el que los nacionalistas han convertido la política vasca en virtud de iniciativas como el plan Ibarretxe.

Desde hace tiempo venimos sosteniendo que uno de los grandes objetivos del mundo etarra era la Universidad, como consecuencia de la capacidad de influencia que la misma ostenta en distintas instancias sociales y en la propia ciudadanía. Este hecho resulta especialmente significativo en el caso de la Universidad del País Vasco, donde desde hace aproximadamente dos años un grupo de docentes decidió dar un paso adelante configurando la Plataforma Profesores por la Libertad, marco de denuncia de prácticas a través de las cuales el nacionalismo ha pretendido someter a sus designios a la institución universitaria. Evidentemente, una corriente de opinión de las referidas características ha resultado igualmente incómoda para el Gobierno autonómico, cuyo objetivo actual consiste en construir una universidad a la medida del nacionalismo por mandato legal.

Con este fin, el tripartito de Vitoria lleva preparando desde hace meses la llamada Ley de Universidades Vasca, a través de la cual, fundamentalmente, persigue crear un sistema universitario vasco 'ad hoc' exceptuando las grandes líneas que marca la Ley de Universidades elaborada por el Gobierno de la nación y aprobada por el Congreso de Diputados.

No obstante, donde realmente se ha evidenciado la unidad de objetivos de todo el espectro nacionalista es en la propia tramitación parlamentaria de la referida ley autonómica. El tripartito vasco llegó a pactar con Sozialista Abertzaleak (antigua Batasuna), alrededor de 56 enmiendas, todas ellas de gran calado político. Con las mismas han tratado de modificar con respecto al marco nacional aspectos relativos a la financiación y al personal, favoreciendo intereses partidistas y vulnerando el principio de igualdad. También ha incluido la vuelta de los estudiantes presos de ETA a las universidades vascas y la percepción de ayudas económicas que venían recibiendo hasta el curso 2002-2003. Por el contrario, las enmiendas aceptadas a los partidos constitucionalistas únicamente incluían criterios formales o de trámite intentando, de esta forma, esconder la desvergüenza política de quien pacta con la representación de ETA en el Parlamento vasco.

La decisión de PP y PSE-EE de retirar las enmiendas por ellos presentadas con el fin de sacar a la luz la maniobra del Ejecutivo de Ibarretxe, obligó el viernes 19 de diciembre a los representantes políticos del tripartito de Vitoria a bloquear durante cuatro días la tramitación del proyecto de ley y a escenificar en la Comisión de Educación una ruptura de acuerdos entre los tres socios del Gobierno vasco; esta situación fue a consecuencia del miedo, por parte del PNV, al coste político de una operación tan evidente como la pactada anteriormente por PNV-EA e Izquierda Unida con el mundo de Sozialista Abertzaleak-ETA.

A sabiendas de que finalmente el tripartito vasco aceptará las exigencias fundamentales exigidas por Sozialista Abertzaleak, cabe afirmar que este episodio no es más que otra muestra de la coincidencia entre el Gobierno vasco y ETA en la mayor parte de los aspectos de fondo que afectan a la vida política vasca. Resulta vergonzoso que a través de una ley de estas características se pretenda seguir permitiendo la percepción de ayudas económicas a presos universitarios (ya sabemos en qué tipo de presos acaban estas subvenciones) o que estos prosigan cursando estudios en las universidades vascas y no en la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

El que situaciones como las anteriores continúen produciéndose bajo habilitación legal, una vez que las sucesivas denuncias de la Plataforma Profesores por la Libertad y, sobre todo, la propia Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco han puesto de manifiesto la existencia de indicios de delito en relación con la manipulación de expedientes académicos y recepción irregular de ayudas de personas pertenecientes a la banda terrorista ETA, es totalmente censurable. Que este sea el uso que el Gobierno vasco tiene destinado a nuestros impuestos me parece execrable, y nos obliga a una reflexión sobre la desobediencia civil tan del gusto de la mayor parte de los dirigentes nacionalistas, algunos de los cuales ya se han pronunciado en ciertas ocasiones a favor del incumplimiento de determinadas obligaciones para con el Gobierno de la nación. Si el Gobierno vasco aprueba las medidas anteriores nos imaginamos que los legitimados para invocar la desobediencia civil seríamos los ciudadanos de bien, quienes podríamos argüir nuestro rechazo a pagar impuestos a un Ejecutivo (en este caso el nacionalista vasco) que hace tal uso de sus recursos económicos, fondos que provienen de nuestras aportaciones a la Hacienda vasca.

Además de todo lo anterior y como comentábamos en los párrafos iniciales, la ley introduce criterios destinados a convertir a la Universidad vasca en un feudo más del nacionalismo. Para ello se absolutizan los criterios lingüísticos (en este caso el dominio del euskera que 'curiosamente' poseen la mayor parte de los docentes nacionalistas, pero que en muchos casos no se habla con el nivel requerido para impartir docencia universitaria por parte de un número significativo de aquellos profesores que se sitúan en el entorno constitucionalista) con el consiguiente perjuicio de lo puramente académico. Con ello, lo que pretende conseguir a medio plazo el Gobierno vasco es marginar de 'facto' al mundo constitucionalista existente en la Universidad, políticamente molesto para sus intereses, favoreciendo a una nueva generación de docentes cuya cualificación universitaria, más allá de la mera posesión del título oficial, a nadie importa, pero destinados a configurar una Universidad a la medida del pensamiento único que impera en muchos lugares del País Vasco.

A nuestro juicio, todo lo anterior vulnera principios constitucionales fundamentales como el de la igualdad y por ello, si este proyecto se convirtiera en ley deberían articularse los mecanismos jurídicos necesarios para proceder a su impugnación.

Pero más allá de lo puramente jurídico, lo que demuestra la tramitación y el contenido de la Ley de Universidades Vasca es que la Universidad se ha convertido en un paso más en el camino hacia la plena realización de ese instrumento de ruptura y de división conocido como plan Ibarretxe. Ante esto, no podemos quedar impasibles. Es nuestra responsabilidad evitar que el mal que se pretende irrogar a la Universidad y por su medio a las futuras generaciones, llegue a materializarse.

2003, balance de un año perdido
Enriqueta Benito Bengoa es secretaria general de Unidad Alavesa La Razón 28 Diciembre 2003

Cualquier acto introspectivo exige una reflexión básica: ¿lo que hago sirve a los demás? 2003 ha sido un año perdido para los vascos en cuanto al bienestar colectivo.

Ha sido un año desperdiciado para la cohesión social. Hoy la sociedad vasca está fracturada en dos mitades enfrentadas. Eso es muy peligroso para la convivencia entre los vascos.

Ha sido un año que no ha permitido avanzar en el pacto entre los partidos constitucionalistas para frenar las ansias rupturistas y secesionistas de los nacionalistas. Partido Popular y Partido Socialista están a la greña con la vista puesta en las elecciones generales y no en resolver el problema vasco. Cualquier excusa es buena para que se tiren los trastos a la cabeza. El Partido Popular pretende monopolizar el constitucionalismo poniendo en riesgo el prestigio de los valores constitucionales pues no hay nada peor que un único color político haga acopio de los mismos, cuando la Constitución si por algo se caracteriza es por la preservación del pluralismo político. El PSOE no plantea un modelo de Estado y oscila en función de las tendencias que prevalezcan en el juego de relaciones de poder interno de su partido. A Unidad Alavesa le llueven las acciones hostiles pues todos desean su desaparición, cuando lo lógico sería dejar a un lado los legítimos intereses electorales y ponerse a analizar las propuestas para ver la virtualidad de las mismas en la resolución de los problemas que tenemos los vascos por causa de los nacionalistas exasperados. En definitiva, en lugar de ponerse a trabajar en lo que nos une para sumar fuerzas y para hacer frente al separatismo se buscan elementos de diferenciación y de crispación, pues vienen unas elecciones y lo que menos les interesa es la suerte que vamos a correr los vascos de la mano de los seguidores de Ibarretxe.

Ha sido un mal año en lo que se refiere a contrarrestar al nacionalismo desde el lado de las propuestas e ideas. Salvo la judicialización de la política no hay ni una sola propuesta en clave política. Solamente Unidad Alavesa ha puesto sobre la mesa su contrapropuesta a la del nacionalismo. Contra el «ser para decidir» del etéreo «pueblo vasco o Euskalherria» de Ibarretxe el «ser para decidir» de Álava, donde reside la legitimidad histórica y la tradición de lealtad y pacto con España. Nadie nos ha respondido a nuestra propuesta a congelar las aportaciones al Gobierno vasco mientras subsista el Plan Ibarretxe o la centralización política vasca que ahoga las instituciones forales, las despoja de sus competencias y las vacía de poder financiero para gestionar el ámbito que les corresponde. En consecuencia tenemos un año perdido para la economía vasca y por ende alavesa. Las exportaciones del País Vasco han descendido un 4,8 % en 2003. La inversión extranjera sigue su senda hacia el precipicio, reduciéndose en un 200 % en los dos últimos años. Y la economía vasca crece por debajo de la española ¬mientras ésta crece en un 2,3 la vasca está dos décimas por debajo¬. Y es que es normal. No se podrá nunca generar riqueza en un clima de inestabilidad política.

El lehendakari pasará a la historia como el hombre «iluminado» que puso a la ciudadanía vasca en confrontación por su pertenencia a España, contra la voluntad de una parte sustancial del pueblo, que se siente extraña en su propia tierra y abocando a los ciudadanos a una situación de enfrentamiento y de pérdida de las condiciones de convivencia que se fraguaron con la Constitución y el Estatuto.

En definitiva, ha sido un año perdido en todos los sentidos, incluso en las decisiones estratégicas que podrían adoptarse si hubiera un clima político adecuado, como es el de la alta velocidad ferroviaria, el de las comunicaciones que encaucen el tráfico de mercancías consolidando polos geoestratégicos de desarrollo, el de la consolidación de los derechos civiles, profundizando en la protección a las personas que son las únicas que detentan la fuente de los derechos, etcétera. Sólo desde la reflexión sincera y desde la voluntad de corregir los desafueros podemos abordar un año 2004 con perspectivas positivas y de la superación de los problemas. Si no se corrige el rumbo, no sabremos hacia qué destino de desazón y de conturbación iremos, ni si hay salidas en positivo a los conflictos provocados.

Sólo hay un dato importante en lo positivo: Batasuna ya no está en las instituciones forales y municipales. Resiste en el Parlamento vasco con la colaboración necesaria de los nacionalistas, aunque en la próxima legislatura vasca desaparecerá de escena. Y eso es muy bueno y necesario para que la convivencia vaya ganando espacios.

El PNV tiene lista una Ley de Universidades vascas para devolver a los etarras a la UPV
Si se aceptan las enmiendas de Batasuna, los profesores que hablen vascuence serán premiados
La Ley de Universidades vascas que el Gobierno vasco tiene previsto aprobar ha abierto la caja de los truenos. Los constitucionalistas ya han puesto el grito en el cielo por una norma que pretende devolver a los presos de ETA a la UPV para que estudien, con el temor de que se repitan casos de privilegio como el de Belén González Peñalva o Elena Beloqui. Además, esta ley pretende dar mayor sueldo a los profesores que hablen vascuence y quiere primar las relaciones con el País Vasco francés antes que con el resto del sistema universitario español. Aportaciones éstas de la antigua Batasuna, que incluyó más de 50 enmiendas.
Diego Mazón - Madrid.- La Razón 28 Diciembre 2003

El lento caminar de la Ley de Universidades vascas toca a su fin rodeada de una inmensa polémica y con las críticas más encendidas por parte de PP y PSE y de un buen número de profesores universitarios. El convencimiento de la oposición de que el PNV había pactado con Batasuna la ley, a la que incluyó más de cincuenta enmiendas, retrasó la comisión que debía aprobar el dictamen provocando el enfrentamiento con Eusko Alkartasuna, que apoyaba sin ambages el acuerdo con los proetarras. Finalmente, las enmiendas de Batasuna se votarán también en el pleno del 29 de diciembre. Curiosamente, este mismo día se debatirá la ley de presupuestos, por lo que la de Universidades podría pasar a un segundo plano.

Las principales críticas de la oposición se dirigen precisamente a las enmiendas de la formación abertzale. Éstas pretenden que los presos de ETA vuelvan a estudiar en la UPV, algo que para los críticos de la Ley volvería a traer privilegios, como los que tuvieron Beloqui o Peñalva, a los reclusos de la banda terrorista. Asimismo intentan que se pague mejor a los profesores que dominen el vascuence y pretenden que primen las relaciones con el País Vasco francés a las que se tengan con el resto de universidades de España, de manera que será más fácil estudiar en la Universidad de Bayona para un estudiante de Bilbao que hacerlo en la de Salamanca.
La aprobación de la Ley pretende asimismo que los estatutos de la Universidad del País Vasco, aprobados hace ya tiempo por la institución pero no por el Gobierno vasco, se adecúen a esta nueva norma en vez de a la LOU, como en un principio debería ser para equipararse al resto de universidades de España. La consejera de Educación vasca, Ángeles Iztueta, tiene sobre su mesa estos estatutos pero aún no los ha aprobado, a la espera de que se formalice la nueva ley, paso que deben realizar antes de que finalice el año para poder influir sobre los estatutos universitarios.

Fuentes parlamentarias consultadas por LA RAZÓN aseguraron que no tienen ninguna duda del pacto con Batasuna y de que el PNV sacará adelante esta nueva ley contando de alguna manera con las enmiendas presentadas por la formación abertzale, de manera que ésta les ayude a sacar adelante los presupuestos en el debate que tendrá lugar el mismo día.

La portavoz de la Plataforma Profesores por la Libertad, Gotzone Mora, ha sido una de las primeras en criticar este nuevo paso del Gobierno vasco, que ella entiende como «un nuevo esfuerzo por impulsar el Plan Ibarreche». Asimismo, Mora consideró que esta Ley «sigue los dictados de ETA», por la pretensión de que los presos estudien de nuevo en la UPV.

Esta es una de las principales preocupaciones del profesorado no nacionalista, dado que ya se han dado casos anteriormente de privilegios a los presos etarras. Dos de los casos más flagrantes de estos privilegios concedidos por la Universidad a ciertos presos matriculados son los de Elena Beloqui y Belén González Peñalva. La primera de ellas, cuyo caso ha sido investigado por la Fiscalía, obtuvo dos matrículas de honor mientras estaba huída de la Justicia. En junio de 1988 obtuvo la más alta calificación en Teoría General de la Información y en septiembre en Historia de España Contemporánea. Asimismo, durante ese período obtuvo seis notables y siete aprobados en sendas asignaturas. Una vez detenida obtuvo matrículas de honor en Radio Informativa, Semiótica de la Comunicación de Masas e Historia General de la Comunicación.

Becas en la huida
El caso de González Peñalva, que tampoco podría quejarse de sus calificaciones, tiene un componente económico que no tenía el caso de Beloqui. La que fue compañera de Soares Gamboa y «Makario» en el «comando Madrid», huyó en octubre de 1989 y fue detenida en octubre de 1999. El propio Gobierno vasco reconoció en una respuesta parlamentaria que Peñalva recibió becas durante el curso 1998- 99, a pesar de que estaba huida. Además, recibió las mismas ayudas económicas para el estudio mientras estaba confinada en la República Dominicana.

El «no» del PP
Iñaki Ezkerra La Razón 28 Diciembre 2003

En el informe que Piqué ha presentado a la dirección de su partido le pide que modere sus críticas al nuevo Gobierno de la Generalitat para «esperar a juzgarlo por sus hechos». A Piqué «no» le parece buena la imagen de Zaplana diciendo «no» al referéndum de autodeterminación que han firmado Maragall y Rovira en su contrato matrimonial. A mí tampoco me parece buena la imagen de Zaplana y del PP en general teniendo que decir «no» todo el día a la gran infinidad de proyectos descabellados que se presentan a este concurso de «a ver quién la tiene más grande» en el que se ha convertido la política española. Lo que pasa es que la solución tampoco consiste en decir «sí» ni en callarse ¬como Piqué¬ a la espera de que esos hechos estén consumados para así poder juzgarlos y andar poniendo malas notas. Cuando se puede producir un grave daño colectivo hay que advertir de él e intentar evitarlo. Las malas notas de Maragall o Rovira son lo que menos importa.

Zaplana y el Gobierno están obligados a decir «no» las veces que haga falta al plan de Ibarretxe y a los planes que Maragall se saca cada mañana de la manga y que van del federalismo asimétrico ¬esto es «insolidario»¬ a la resurrección del Reino de Aragón, de la eurorregión a la autodeterminación. Pero están también obligados a proponer nuevas metas que llenen ese espacio que toda sociedad resguarda para la utopía. Están obligados a ello por razones tanto prácticas como ideológicas. Y es que ya no sólo se trata de romper esa imagen de señorita Rotenmeyer que hace las delicias de la oposición, sino de dar a conocer su mismo proyecto ideológico, de saber vender su idea del futuro, su alternativa a esos disparates, sus propias reformas constitucionales, que las tiene en mente. No se le pide que traicione sus principios sino que mejore su márketing. Si, gracias a una perversa y sibilina publicidad, una tienda logra poner de moda el patinete y uno está convencido de que tal artilugio es nefasto para su comunidad, sirve de poco que se ponga ante esa tienda con una pancarta que diga «no a los patinetes». Ese «no» a secas puede resultar incluso contraproducente e incentivar más la compra del fatal vehículo al no ir acompañado de una propuesta de signo contrario pero tanto o más sugerente. Lo que sería útil, en ese caso, no es la pancarta sino abrir un negocio de bicicletas en la acera de enfrente y convencer a las multitudes que donde haya una buena bicicleta, los patinetes no tienen nada que hacer.

A Piqué no le gusta el laconismo del «no» que usa Zaplana y le propone el mutismo del «sí», el silencio del que otorga, que es aún peor. Ve buenas expectativas para las generales y no ve que las hay mejores para las autonómicas si sabe vender sensatez no nacionalista e ideología constitucionalista a la peña de CiU en descomposición ideológica y económica. Lo que Piqué propone es hacerse políticamente el muerto en Cataluña cuando lo que necesita es estar más vivo que nunca.

¿Quién da más?
Por JAIME CAMPMANY ABC 28 Diciembre 2003

PASQUAL Maragall le ha explicado al Rey sus intenciones de reformar la Constitución. También podía haberle explicado a Don Juan Carlos sus propósitos o designios de refundar la Corona de Aragón, y así nos habríamos enterado de, si además del Rosellón y las tierras transpirenaicas, incorporaremos nuevamente Cerdeña, Sicilia y Nápoles. Y a ver si encontramos la manera de que todo eso se compadezca con el federalismo asimétrico.

Al final, y porque eso de la Tercera República no es para esta legislatura, ya verán ustedes cómo todo termina en que Josep Lluís Carod-Rovira, que es quien de verdad manda en la Comunidad, en el Estado Libre Asociado o en los diversos reinos de la Corona aragonesa, solicita el título de Príncipe de Gerona. A los monárquicos del principio del siglo XX les falló la picardía. Debieron darle a Alfonso XIII el buen consejo de hacer a Niceto Alcalá-Zamora duque de Priego. Lo mejor que se puede hacer con un republicano es nombrarlo duque; a los monárquicos no hace falta.

A la salida de la audiencia real, Esperanza Aguirre y Pasqual Maragall se tiraron a la cabeza la vajilla de la solidaridad. A Esperanza Aguirre, que es una españolista con apellido de lehendakari (España es un pañuelo), no le fallan las matemáticas como dice Maragall. Dijo que los madrileños contribuimos a la solidaridad nacional, es decir, damos al Estado más de lo que recibimos, en una proporción de cuatro a uno en relación con Cataluña. Y el único error que se puede encontrar ahí es un error por un poquito de exageración. A Esperanza no le fallaron las matemáticas, sino que se le fue un poco la mano en los números. Nada grave ni significativo.

El catedrático Ezequiel Uriel ha estudiado desde la Fundación del Banco de Bilbao las balanzas fiscales de las Comunidades, según informaba ayer este periódico, y resulta que Madrid contribuye a la solidaridad más de tres veces de lo que contribuye Cataluña. Tal vez no llega al cuatro por uno, pero pasa del tres. Por encima de Cataluña no está sólo Madrid, sino también Baleares. Claro está que eso nos pasa por ser más ricos que las demás Comunidades, y no creo yo que Pasqual Maragall, que se dice socialista, se soliviante porque los más ricos sean los que más paguen, que es aplicación de un proverbial dogma socialista.

Aquí, en esta España plural, variopinta, difícil, hermosa, bendita y puñetera, Madrid es la Comunidad que paga al Estado mucho más de lo que de él recibe, la primera con mucho en eso de la solidaridad, y nadie se queja. Al menos, nadie se queja más de lo razonable. Y por el contrario, el País Vasco recibe más de lo que contribuye, y siempre está quejoso y pidiendo más, y creyendo que estando aparte y en soledad, viviría mejor. Y encima, tenemos que gastarnos el dinero en evitar, dentro de lo posible, que nos maten los etarras y que vuelen los supermercados o las estaciones de ferrocarril. A lo mejor, lo que hay que hacer es reformar todos los Estatutos y la Constitución, crear agencias tributarias independientes y poner aranceles en las fronteras de las Comunidades. Y fundar la Unión Española, naturalmente de Explosivos.

Balance
Por ÁLVARO DELGADO GAL ABC 28 Diciembre 2003

Hay años que son como agua destilada. Y años alcohólicos. Años que hay que apurar a sorbos, porque un trago largo nos dejaría, informativamente hablando, al borde del delirium tremens. El 2003 pertenece a esta categoría. Han ocurrido tantas cosas que mira uno hacia atrás y ve al 2002 chiquitito, como separado por una gran distancia. Hagamos recuento y fórmula.

El 2002 se cerró con el Gobierno en cuarto menguante. Coleaba aún la huelga general; coleaba la boda exagerada; y seguía haciendo estragos en la opinión el episodio del «Prestige». Lo mismo que el PP en el 93, el PSOE se había hecho súbitamente presente. Había pasado, de estar en el extrarradio, a entrar seriamente en liza con los populares en la disputa por el poder. La guerra de Irak pareció acelerar el proceso. Mejor: pareció que señalaba un punto de inflexión. Las encuestas invirtieron las distancias, ahora a favor de los socialistas, y durante tres, cuatro semanas, el Gobierno anduvo al borde del K.O., mientras el partido balbucía cosas incoherentes entre asalto a sede y asalto a sede.

El fin rápido de la guerra detuvo en seco el viaje del péndulo hacia la izquierda. Las elecciones autonómicas y locales dieron al PSOE una victoria modesta, que analizada con rigor cabría calificar de melancólica. Malos resultados en Barcelona -precursores de los pésimos que registraría Maragall en otoño-, malos en Madrid capital, malos, por lo común, en las ciudades grandes. Se ganaba, en compensación, la autonomía de Madrid. Pero, como es bien sabido, la autonomía de Madrid no se ganó sino que se perdió al cabo, tras la defección de Tamayo/Sáez. El PSOE no se ha apuntado un éxito desde meses, con excepción del ascenso de Maragall a la Presidencia de la autonomía catalana. Y ese presunto éxito no es por fuerza un éxito. Primero, porque un PSC muy debilitado ha negociado un tripartito inestable, lastrado por gabelas severas. Segundo, porque el protagonismo de Maragall es desquiciante para el conjunto del partido. A la hora presente, los socialistas están sujetos a un ritmo furioso de «fox-trot». Maragall reclama grandes asimetrías para Cataluña. La concepción federal del Estado que cultivan los socialistas convierte estas asimetrías, en un movimiento ascendente, en holguras simétricas para todos los territorios autonómicos. El resultado, es un pandemónium poco prometedor.

Todo esto son buenas noticias para los muñidores electorales del PP. No lo son para los intereses generales. El PP desarrollará su campaña utilizando como pista de despegue las contradicciones del PSOE. Esto es, apoyará el índice en la integridad del Estado y en las formas de reparto social que aquélla lleva anejas. Pongamos que consigue su propósito, y que obtiene una gran victoria de aquí a tres meses. ¿Qué hacer a continuación?
Existen dos esperanzas populares, una más elemental e inmediata que otra. La esperanza elemental es que una reafirmación del PP, sobremanera en Cataluña, ponga sordina a la ofensiva de Maragall. La otra esperanza, es que el PSOE celebre un congreso y se reorganice sobre bases más nacionales. Con ese PSOE reconstituido podrían entablarse tratos para instilar un mínimo orden a la cuestión territorial.

La primera esperanza se reduce, en el fondo, a ganar tiempo. Ganar tiempo es importantísimo en política. Con el tiempo se adquieren nuevos instrumentos para resolver los problemas, y hasta los propios problemas varían de índole o naturaleza. Pero ganar tiempo no equivale a inventar soluciones. Ganar tiempo es una operación preambular, por definición, incompleta. Y la segunda esperanza es eso, una esperanza. No se sabe qué le sucederá al PSOE si las cosas le van muy mal. Ni se sabe cuánto tiempo tardaría en rehacerse. O, tan siquiera, en qué términos se reharía. Paso así a lo más serio que ha pasado a lo largo de este año de gracia.

Lo más serio es que ha empezado a agrietarse el modelo constitucional. En el País Vasco, se ha abierto el frente Ibarreche, contra el que, de momento, no ha podido Madrid actuar eficazmente. La contraofensiva, compuesta de iniciativas poco sólidas en el plano técnico, ha provocado una inequívoca impresión de impotencia. En Cataluña, se ha abierto un segundo frente. Cierto, Cataluña no es el País Vasco. En el País Vasco hay violencia, en Cataluña, no. La diferencia es fundamental, pero ello no impide que existan afinidades también fundamentales. El paquete de exigencias negociado entre el PSC y ERC rompería el Estado. Las sinergias entre los dos frentes, son indudables. Y por desgracia, complican la estrategia de Madrid. Imaginemos -con cierto optimismo- que el paquete catalán pudiera dividirse en paquetes más pequeños. Imaginemos, por ejemplo, que Barcelona se aquietara provisionalmente con la conversión del Tribunal Superior de Cataluña en tribunal de última instancia. Resultaría imposible no extender la misma concesión al País Vasco. Pero lo último se entendería allí, y con razón, como una derrota del Estado. El 2003 ha sido un año emocionante. No lo será menos el 2004.

La Corona en el oleaje
Por IGNACIO CAMACHO ABC 28 Diciembre 2003

Cada vez que comienza una nueva legislatura en el Parlamento británico, la Reina Isabel lee con gran pompa y boato un discurso redactado por el Gobierno que contiene los compromisos de investidura del primer ministro. Así es la tradición inveterada de la vieja democracia inglesa, en la que la Corona asume por la boca de su titular la legítima representación de la mayoría encarnada en un Gobierno elegido por sufragio universal libre y secreto. Nadie cuestiona esa asunción, y menos que nadie la Reina misma, que se sabe heredera de un procedimiento que en absoluto pone en solfa su neutralidad ni su papel simbólico y unitario elevado por encima de la contingencia política.

En España, algún medio de comunicación y el diputado nacionalista vasco Iñaki Anasagasti acaban de acusar públicamente al Rey Don Juan Carlos de haber ejercido de ventrílocuo del Gobierno Aznar en su tradicional discurso de Nochebuena. No es la primera vez, ni el primer parlamentario que se refiere en términos similares a la Corona como supuesta portavoz de los intereses del Ejecutivo, a raíz del escrutinio pormenorizado de las palabras del Monarca, que años atrás fueron ninguneadas en la televisión pública vasca. En sentido inverso, el flamante presidente del Parlamento de Cataluña, el independentista Ernest Benach, se jactaba hace pocos días de que el Rey había cuestionado la posición monolítica del Gobierno sobre las pretensiones catalanistas de reformar la Constitución. El motivo, unas palabras de Don Juan Carlos, tan ambiguas como descomprometidas, en la audiencia protocolaria con el titular de la Cámara autonómica: «Hablando se entiende la gente».

Obligada por la Constitución a un papel de arbitraje simbólico y a una función representativa, la Corona de España sufre periódicamente el oleaje de un debate nacional en el que tiene expresamente vetada su participación. El actual momento político, marcado por fuertes tensiones centrífugas, por la polémica por la participación en el conflicto de Irak y por una reciente demanda de reforma constitucional, parece haber incrementado la presión sobre la Jefatura del Estado, cuya posición de referencia se somete a interesado manoseo partidista. Nadie parece escapar de la tentación; el pasado viernes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, blasonaba en la escaleras de la Zarzuela, tras ser recibida por el Monarca, de la contribución de su Autonomía a la cohesión territorial del Estado.

La hegemonía monolítica del gabinete de José María Aznar, parapetado en su sólida mayoría absoluta, ha provocado la recurrente apelación a la Monarquía de quienes se sienten desoídos en sus aspiraciones políticas. Dirigentes del PNV rescatan el concepto histórico del «pacto con la Corona» para respaldar sus tesis soberanistas de libre asociación con el Estado. En el Congreso se han escuchado voces que reclamaban la autorización preceptiva del Rey para intervenir en Irak, y el tira y afloja sobre la reforma de la Constitución ha acabado varias veces, en los últimos meses, a los pies de Don Juan Carlos, obligado a moverse con pies de plomo. Atado a un escrupuloso manejo del lenguaje, verbal y no verbal, el Rey emite un discurso de delicada formalidad: en su alocución de Nochebuena, que respaldó escénicamente con una foto del acto de homenaje a la Carta Magna en el que estaban presentes todos los representantes autonómicos e institucionales, el Jefe del Estado defendió la vigencia del texto constitucional como marco de conviencia y desarrollo, pero tuvo buen cuidado de referirse al «espíritu» de la ley en vez de a su articulado literal.

Un articulado cuyo debate afecta ahora, por primera vez, al propio Título II, el dedicado a la estructura y funciones de la Corona. El salto cualitativo emprendido por el Príncipe de Asturias al anunciar su compromiso con Doña Letizia Ortiz, una ciudadana común sin sangre nobiliaria ni vínculos aristocráticos, ha abierto la espita para una supuesta «normalización democrática» de la Monarquía que requeriría, a juicio de algunos, la modificación del artículo 57 de la Constitución, el relativo a la sucesión hereditaria, para anular la preminencia de los varones sobre las mujeres en la línea dinástica. La propia Familia Real ha entrado involuntariamente en el debate al admitir en círculos privados su disposición a esa reforma, una cuestión de suma delicadeza en un momento en que podría suponer abrir la espita para abordar una reelaboración más amplia del articulado de la Carta Magna, en el que algunas voces han sugerido que debería retocarse asimismo el apartado 3 del artículo 56, referido a la inviolabilidad de la persona del Rey y su no responsabilidad penal. Una auténtica mina explosiva camuflada bajo la apariencia inocua de la «democratización» de la Corona.

De algún modo, el panorama de acontecimientos e indicios más recientes apunta la percepción de que la sacudida política desatada en torno a la Constitución a raíz de su vigesimoquinto aniversario, y vinculada esencialmente a la polémica sobre la estructura territorial del Estado, ha empezado a afectar a los cimientos del propio régimen monárquico, producto de un generoso acuerdo social y político labrado durante la transición y mantenido no sin dificultades a través de los avatares de la España contemporánea.

El mismo pacto de silencio sobre la intimidad de la Familia Real, respetado escrupulosamente durante dos décadas y media, ha comenzado a sufrir algunas grietas a partir del anuncio del compromiso de Don Felipe, en un momento en que la mayoría de las monarquías europeas se ven sometidas a la presión mediática del llamado «mundo rosa». La aparición editorial de memoriales de familiares indirectos del Rey o de «instants books» sobre la vida de Doña Letizia, unida a una intensa búsqueda reporteril de imágenes y documentos de la pareja principesca, ha acumulado nuevos perfiles conflictivos en la hasta ahora equilibrada relación entre el universo privado de la Corona y su esfera simbólica de representación institucional.

La evidencia de esta progresiva «desacralización» de la Corona contrasta con el obligado silencio de su titular, circunscrito a su papel referencial y de arbitraje. El Rey está imperativamente obligado a callar su opinión sobre los acontecimientos políticos, a asumir como propias las decisiones del Gobierno y a medir el alcance de sus declaraciones oficiales. El debate constitucional le sitúa, sin embargo, en el eje de la eterna cuestión nacional, centrada ahora en la relación de las Comunidades autónomas con el Estado. Las palabras de Don Juan Carlos en Nochebuena sobre el respeto que merece el viejo «hogar común» de los españoles pueden constituir una pista de sus verdaderos criterios. Pero ni puede ir más allá ni puede ser requerido para que se pronuncie de un modo que excluya a nadie de su amparo.

“El surgimiento del nacionalismo gallego fue muy minoritario”
Agn / Santiago El Ideal Gallego 28 Diciembre 2003

García de Cortazar admite que en el trabajo de todo historiador hay un componente subjetivo
El catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Deusto, Fernando García de Cortázar, acaba de presentar “Los mitos de la Historia de España”, una obra en la que intenta ofrecer una visión clara de nuestra historia y desmitificando a personajes y hechos como el Cid, el Quijote o la imagen de una Castilla arcaica y una Cataluña moderna. Las obras de este historiador, comprometido en la defensa de los valores constitucionales y contra lo que define como “totalitarismos nacionalista”, se han convertido en auténticos “best sellers”.

­ ¿Qué porcentaje hay de realidad y de subjetividad en su trabajo?
­ La Historia no es una ciencia exacta. Más allá de la exhumación de fuentes de una forma profesional y científica, más allá de la aplicación de un método historiográfico contrastado por la universidad, hay un momento en que entra en funcionamiento la subjetividad, sobre todo cuando uno se pone a escribir.

­ ¿Cuándo se puede datar científicamente el nacimiento de la nación española?
­ La nación española nace como todas las naciones con la Revolución Francesa. Es el momento en que Napoleón afirma la nación francesa y, a partir de entonces, se afirman distintas naciones. La nación, como fenómeno de cierta cohesión, es un fenómeno moderno y nace con un deseo de afirmar libertades y derechos de los ciudadanos frente a un sociedad anterior de privilegiados. La nación española nace en el siglo XIX con una vocación de mirar hacia adelante, de gran proyecto de los españoles, y surge de lo que llamaríamos la izquierda, de los sectores liberales, llamados entonces nacionales. La nación en ese momento es un mecanismo igualitario frente a la situación anterior de privilegios.

­ En el siglo XIX en Galicia también surge el fenómeno del regionalismo, primero, y el nacionalismo después, como un movimiento modernizador y de lucha contra el caciquismo y la pobreza de las clases populares.
­ Entiendo el surgimiento en la mente de unos cuantos de la nación gallega, doblada la segunda mitad del siglo XIX, pero es un movimiento totalmente minoritario. Tiene unos antecedentes intelectuales mucho más presentables que el nacionalismo vasco e incluso que el catalán. Pero no hay que olvidar que se trata de un movimiento muy minoritario y muy centrado en determinadas personalidades intelectuales y que en ese momento no responde a ningún tipo de aspiración social amplia. El problema es pensar que determinadas posturas de ciertos individuos responden a toda la colectividad.

­ ¿Existe una base histórica para la existencia de una nación gallega?
­ Para los que no somos nacionalistas pensamos que la nación es una construcción histórica, no son entidades naturales que existan desde los más antiguos tiempos. La nación española se construye desde finales del XVIII y en el XIX y el XX. Probablemente los nacionalistas gallegos, con poco respaldo social, lo hay que reconocer, intentan hacerlo también.

¿Qué idioma hablo?
Cartas al Director ABC 28 Diciembre 2003

Soy de un pueblo del sur de la provincia de Lérida, dentro de la Comunidad de Cataluña. Como vivo dentro de Cataluña se supone que hablo «catalán», pero mi forma de hablar tiene muchas más similitudes (por léxico, fonética y algunas expresiones) con la de los pueblos de la provincia de Castellón, en la Comunidad Valenciana, que con la forma de hablar de Barcelona o Gerona. Entonces, si el Ministerio de Cultura decreta la división entre valenciano y catalán como dos idiomas distintos ¿qué idioma estaré hablando? ¿Catalán porque pago impuestos a la Generalitat o valenciano porque hablo como los valencianos? Pero no soy valenciano; por lo tanto siento que el Ministerio me margina al dividir en dos la lengua que tenemos en común valencianos, catalanes, baleares, fragatinos y andorranos. No hay un idioma exclusivo de la Comunidad de Cataluña, como tampoco lo hay de la Valenciana, porque este idioma es anterior y al margen de las Autonomías modernas. A los oídos de un barcelonés o un mallorquín no es fácil distinguir el hablar de Valencia, de Lérida o de Andorra. Si a alguien le produce problemas la denominación de idioma «catalán», invéntense otro nombre, pero no lo dividan artificialmente según Comunidades, tal como quiere hacer el Ministerio de Educación separando valenciano y catalán en las escuelas oficiales de idiomas. Si no hacen lo mismo separando andaluz y argentino de castellano, entiendo que pretenden aplicar el «divide y vencerás» a mi lengua, que es la séptima más hablada en la UE con 7´5 millones de hablantes.  Carles Palau i Puig.   El Vilosell (Lérida).

Errores y erratas
El espíritu de las palabras
Amando de Miguel Libertad Digital  28 Diciembre 2003

, si es "buena" sin más, casi es mala. Para subrayar su bondad hay que insistir en que es "cojonudamente buena", sin que el adverbio tenga nada que ver con los testículos.

Son varios los emilios preocupados por la expresión "dar de sí". Por ejemplo, "Pinturas Fesan" (supongo que algún empleado o directivo de esa empresa). ¿Habría que decir "no puedo dar más de mí" o "no damos más de nosotros"? A mí me suenan mal esas formas y Seco (Diccionario de dudas) no es muy partidario. Dejemos "dar de sí" para conjugarlo en tercera persona. Si hay que pasar a la primera, es mejor buscar alternativas. Seco sugiere alguna poco convincente.

Ángel Simón me hace saber lo ambigua que es la expresión "amigo personal". En efecto, bastaría con "amigo", pues no puede ser otra cosa que personal. Pero, a veces, los pleonasmos tienen algún sentido. En este caso el matiz es que la amistad es un concepto muy sutil que admite gradaciones. Así, hay amigos personales, íntimos, del alma, de conveniencia, etc. Dejemos que cada uno le ponga el matiz que desee. Son innúmeras las consultas sobre si se debe decir el idioma "español" o el "castellano". Por ejemplo, la última es de Juan Ramón Romero Macías. Hay razones para una u otra versión. Así que lo mejor es recurrir a ambas, sin que ninguna excluya a la otra. Si hablamos en el contexto de todo el mundo, es evidente que nos referimos al "español". Por ejemplo, uno de los idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Pero, dentro de España, si se compara el español con otros idiomas que se hablan en España recurriremos a decir "castellano". "Español" es porque es el único idioma en el que nos podemos entender los españoles. "Castellano" es porque también son españolas las otras lenguas habladas en España. Lo mejor es lo de Octavio Paz: "Yo hablo español, y no castellano, porque el castellano no lo sé pronunciar bien". Dejemos ya la falsa polémica. En el fondo, muchos españoles dicen "castellano" porque les molesta la palabra "España" y sus derivados. Razón última para preferir "español" a "castellano". Yo, que soy de Castilla, hablo español. Me remito a mi libro El idioma español.

Salustiano del Campo: «Hay que cambiar esa visión rosada que tenemos de la Transición»
ANDRÉS C. RAGEL ABC 28 Diciembre 2003

Sustituye en el cargo a Margarita Salas y asegura que esta institución, a la que se puede considerar como la «casa de los académicos» formada por 400 personas, seguirá llevando a cabo importantes trabajos interdisciplinares

MADRID. El nuevo presidente del Instituto de España está acostumbrado a diagnosticar los grandes males y los grandes remedios de ese palpitante cuerpo social que es la vida española desde esa brillante atalaya del pensamiento que ha constituído su cátedra de Sociología. Forma parte de esta institución desde el año 84 y sustituyó a ese gran personaje, Carlos Ruiz del Castillo, catedrático de Derecho Constitucional. En el 97 fue nombrado Vicepresidente y ha trabajado codo con codo con Fernando Chueca, Miguel Artola y ahora con Margarita Salas.

-¿Qué papel desempeña en la vida académica el Instituto de España?
-Se trata de la casa de los académicos. Sólo está compuesto por los académicos, no por las Academias. Son alrededor de 400, que a su vez pertenecen a las ocho Reales Academias. Eso permite que se puedan llevar a cabo importantes trabajos interdisciplinares. Está concebido según el modelo francés y se fundó en 1938. El primer presidente fue Manuel de Falla, que no llegó a ejercer, pero el verdadero promotor y el alma del Instituto de España fue Eugenio d´Ors.

-Usted, optimista por naturaleza, ¿cómo ve la sociedad española?
-Existen zonas turbias, pero eso no es lo relevante. Lo relevante es que nuestra sociedad ha avanzado mucho y a partir de los años 60 se ha desarrollado de un modo increíble. Otra cosa es el ámbito político. Me preocupa la irresponsabilidad con que se tratan asuntos fundamentales. Se están perdiendo criterios importantes de calidad.

-Como gran estudioso de la estructura familiar, ¿de qué modo definiría nuestra situación frente a los grandes cambios sociales?
-La familia tradicional se mantiene mayoritariamente. Esto sucede en los países europeos, pero sobre todo en España. La familia ha cambiado menos de lo que se dice y desde luego menos de lo que algunos grupos minoritarios desearían. Son grupos que chillan mucho y que se presentan como avanzados. Tienen derecho a ser respetados, pero sobre todo son ellos los que tienen que respetar a la mayoría. La mayor parte de la gente no está dispuesta a defender sus propias convicciones frente al poder establecido o frente a estos grupos que vociferan más que los que tienen razón. Lo más positivo del siglo XX es que ha cambiado el estatus de la mujer.

-¿Le preocupan los independentismos en nuestro país?
-Mucho y lamentaría que esa gran creación histórica que ha sido España se fuera a diluir por causa de los nacionalismos que son los elementos más tribales que surgen en la sociedad actual y contrarios a la modernidad. Esto que estamos viviendo es una consecuencia de la Transición. Hay que cambiar esa visión rosada que tenemos de esta época y desmitificar la Transición. Creo que habría que revisar los errores que se cometieron y colocarlos en su lugar. Hay cosas que se hicieron magníficamente y otras que se podían haber hecho bastante mejor.

-¿Por ejemplo?
-Me ha parecido peligroso el comportamiento frente a las Autonomías. En los años 76 y 78 hubo muchas manifestaciones en las que se pedía la concesión de los Estatutos de la República en este campo. Creo que se tenían que haber concedido entonces porque eran mucho más razonables y no tenían que haberse puesto a plantear estos Estaturos que hay que ver como han salido. Bien es cierto que algunos gobernantes ni siquiera sabían que existían estos Estatutos en la República.
Recortes de Prensa   Página Inicial