AGLI

Recortes de Prensa     Miércoles 31 Diciembre  2003
ETA necesita una tregua; nosotros, su derrota
EDITORIAL Libertad Digital 31 Diciembre 2003

Órdago batasuno
Luis María ANSON La Razón 31 Diciembre 2003

Un reformismo infantil
Ignacio Villa Libertad Digital 31 Diciembre 2003

Un año entre Sadam e Ibarreche
Editorial La Razón 31 Diciembre 2003

ETA, no, gracias
Opinión El País  31 Diciembre 2003

Actitudes ante ETA
Andrés MONTERO GÓMEZ La Razón 31 Diciembre 2003

La pisada del buey
Aleix Vidal-Quadras La Razón 31 Diciembre 2003

Feliz salida y entrada
IGNACIO RUIZ QUINTANO ABC 31 Diciembre 2003

Sin presupuestos
Román Cendoya La Razón 31 Diciembre 2003

Vivir fuera de la Ley
Miguel Ángel Rodríguez La Razón 31 Diciembre 2003

El desmoronamiento
Lucrecio Libertad Digital 31 Diciembre 2003

El saldo fiscal
Rubén Osuna Libertad Digital 31 Diciembre 2003

Solidaridad versus nacionalismo
JOSÉ MARÍA CALLEJA La Voz 31 Diciembre 2003

Propuesta inadmisible
Editorial El Correo  31 Diciembre 2003

Las nacionalidades históricas
José Luis Manzanares Estrella Digital  31 Diciembre 2003

 

ETA necesita una tregua; nosotros, su derrota
EDITORIAL Libertad Digital 31 Diciembre 2003

La noticia verdaderamente sorprendente no es que la dirección de ETA haya respaldado en un comunicado la candidatura conjunta de todas las formaciones nacionalistas vascas para las próximas elecciones; lo asombroso sería que la hubiera rechazado cuando ha sido una iniciativa de sus propios representantes políticos en el parlamento vasco. ¿Alguien se creía que Otegi hubiera hecho su oferta y llevado ya a cabo una primera ronda de contactos –no todos fructíferos, por ahora– con los representantes del PNV, EA, y los sindicatos nacionalistas sin tener el visto bueno de la dirección terrorista?

Tampoco cabe dudar de la predisposición de ETA a suspender temporalmente sus atentados si cree que eso beneficia a la consecución de los fines secesionistas por los que vienen matando desde hace cuatro décadas. Esos objetivos son los que el nacionalismo vasco le inculcó, los que ahora el PNV trata de alcanzar a través de una política de hechos consumados. La tregua de los terroristas siempre espera en la recámara de sus pistolas. A veces la sacan como tentación, como un adelanto de lo que los ciudadanos podrían gozar indefinidamente si sus representantes mayoritarios cedieran a su chantaje. Otras veces, la tregua se ofrece desde la debilidad, pero con la esperanza de que sea correspondida por parte del Estado de tal forma que sirva para una reorganización de los comandos; también puede ser exigida por los partidos nacionalistas para maquillar su comunión de objetivos cuando esta resulta evidente.

Parece que en estos momentos concurren muchas de estas circunstancias, tanto para ETA como para la deriva ilegal en la que se ha metido el Gobierno vasco. No hay, pues, que descartar que ese anuncio de tregua en el futuro se produzca, si bien nos sorprendería que los terroristas la anunciasen sin previamente cometer un atentado de suficiente envergadura como para pretender hacernos creer que su oferta de tregua no se debe a su debilidad.

Es en este contexto donde hay que analizar las reacciones de los representantes políticos a este comunicado de ETA. El portavoz del PNV, Iñaki Anasagasti, ha dicho que no hay que hacer caso a estos “cantos de sirena”; curiosa expresión que no deja de reflejar algo deseable –la candidatura única– si fuera creíble la tregua. El PNV cree que ya ha hecho bastante por ETA –se sigue negando a disolver a sus representantes en el Parlamento vasco y acaba de concederles una subvención de medio millón de euros– como para que, según Egibar, “una organización como ETA pretenda imponernos su tutela”.

Rafael Larreina, representante de Eusko Alkartasuna –formación que, según decía hace unos días Otegi, había sido más receptiva que el PNV a su propuesta de candidatura conjunta– ha querido desmarcar a ETA de la operación, pero ha vuelto a defender “la necesidad de impulsar un bloque vasco”. “Esto supone –puntualiza Larreina– que quien tiene que tomar la iniciativa son las fuerzas políticas que tienen acreditada su representación en las urnas”. Es innegable, por tanto, su respaldo a la candidatura conjunta, pues todos sabemos que EA incluye como una más entre las “fuerzas políticas que tienen acreditada su representación en las urnas” al brazo político de ETA.

Desde el Gobierno, sin embargo, sí nos han sorprendido las declaraciones del ministro Acebes sacando a relucir el atentado fallido de Chamartín de esta Nochebuena, como si esa intentona criminal restara credibilidad al respaldo de ETA al pacto entre todos los nacionalistas o su posible disposición a una futura tregua. Si lo que el ministro ha pretendido es remarcar ante la opinión pública la naturaleza criminal de ETA por mucho que ahora diga estar dispuesta a una tregua, habrá que advertirle que no fueron los ciudadanos sino la clase política –incluido su Gobierno– los que parecieron olvidar esa naturaleza delictiva con ocasión de la tregua que siguió al pacto de Estella. Fue a Aznar al que la tregua le llevó a hablar de “procesos de paz” y a referirse a ETA como “el Movimiento Nacional de Liberación Vasco”. Fue a la clase política y mediática a la que la tregua de ETA les confundió hasta el punto de ver bien que los representantes de un gobierno legítimo se sentaran a negociar con una banda de criminales.

Finalmente, la manifestación de Rajoy de que “lo único que tiene que hacer ETA es dejar de matar y entregar las armas” por obvio resulta hasta pueril. ¿Qué quiere transmitir en realidad el sucesor de Aznar con este lenguaje, que parece más propio de una solución a un conflicto bélico que al de un problema terrorista? ¿A quien tiene ETA que entregar las armas? ¿A cambio de qué? ¿Pueden los terroristas esperar algo distinto que los asesinos comunes a los que no se les pide que “entreguen las armas” con las que han perpetrado sus asesinatos? Aznar ya cometió un error tras la última tregua que luego ha subsanado con creces. Lo de la “tregua-trampa” ya no servirá de excusa a quien caiga por segunda vez en ella.

Órdago batasuno
Luis María ANSON La Razón 31 Diciembre 2003
de la Real Academia Española

El PNV pretende arrastrar para las próximas generales y autonómicas el voto de los deslegalizados batasunos, es decir, según el TS, de los etarras. Ibarreche rozaría así la mayoría absoluta. Los batasunos quieren construir una coalición con los tres partidos nacionalistas, los dos democráticos y el de los terroristas. Creen que diluirse electoralmente en el PNV segaría la hierba bajo los pies terroristas mientras que presentarse en coalición robustecería su musculatura política.

El órdago, pues, está servido, incluso con la velada promesa de una tregua etarra. Si el PNV acepta, el desgaste de imagen sería atroz. Si no acepta, los batasunos le demostrarán, como han hecho con los presupuestos, que, sin ellos, los peneuvistas no pueden gobernar. Algunos dirigentes sagaces del PNV, que los hay, saben que el propósito de Batasuna-Eta no es permanecer indefinidamente al servicio del PNV sino dominar el partido de Sabino Arana y tomar el poder. No se deben hacer comparaciones con Esquerra de Cataluña porque este es un partido democrático. Pero el objetivo es el mismo: aprovecharse de la ley electoral, convertirse en árbitros de la política vasca, arañar partidas suculentas de poder, dominar las espaldas serviciales y caminar francamente hacia la independencia para jorobar al antipático Estado español.

Un reformismo infantil
Ignacio Villa Libertad Digital 31 Diciembre 2003

A punto de echar el cerrojo a este año, políticamente largo e intenso, la posible reforma de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía se encuentra sobre la mesa como la gran cuestión pendiente, al menos a juicio del PSOE. Pero la polémica no hace sino confirmar algo evidente: se trata de una ficción de los políticos completamente ajena a los ciudadanos. Nos encontramos ante una excusa de aquellos que, por miedo a su hundimiento personal, se agarran a la primera polémica que pasa cerca, más preocupados por su propia supervivencia que por el interés general de los ciudadanos.

Está claro que la deriva que el PSOE ha emprendido con una cuestión tan delicada como la Constitución esconde un profundo descontrol interno. Sin dirección, los socialistas ven cómo se acercan unas elecciones generales que podrían suponer una derrota histórica para ellos; una verdadera hecatombe que está provocando que muchos ya empiecen a tomar posiciones pensando en el "día después" de José Luis Rodríguez Zapatero.

En estos momentos, los muros socialistas aguantan a duras penas a dirigentes muy dispares. Los hay que, como Bono e Ibarra, mantienen –con reservas– la idea de la cohesión nacional; otros, como Maragall o Elorza, han dejado toda componenda para alinearse con los enemigos de la Constitución; y también hay ejemplares, como Chaves, que juegan a un "reformismo" más cerca de la banalidad que de la madurez política. Y estos muros tienen como principal valedor a Rodríguez Zapatero, siendo el actual secretario general del PSOE y su equipo los que han permitido este desbarajuste interno que puede costar muy caro en la calle Ferraz.

De todas formas no deja de ser paradójico que el último en subirse a este tren reivindicativo haya sido Manuel Chaves. El presidente andaluz, sin duda en la recta final de su carrera política, se ha convertido en un triste valedor de los "rebeldes" de su partido. Él, como presidente del PSOE es quien debería, desde la experiencia, marcar las pautas del partido, pero ha claudicado de forma miserable. Se ha apuntado a un reformismo de medio pelo para dar cobertura a aquellos a quienes ni siquiera ellos mismos son incapaces de reconducir, parapetándose en una posición que le asegura un triste final para su carrera política.

El deplorable espectáculo que ofrecen los socialistas ha obtenido siempre una respuesta correcta desde el Gobierno y desde la dirección del PP. El último ejemplo lo tenemos en el propio Mariano Rajoy. Pero se echa de menos que los presidentes autonómicos populares –que son un buen ramillete– se muestren más activos haciendo frente a los desmanes del PSOE. Exceptuando a Esperanza Aguirre y a Jaume Matas, que hace tiempo irrumpieron con claridad en escena para hacer frente al PSOE, el resto permanecía callado. Ahora parece que otros, como el riojano o el murciano, comienzan a desperezarse y hacen frente a los Maragall, Chaves y compañía.

No obstante, sería bueno que el "poder autonómico" del PP, sin frentismos y amparándose en el argumento de peso y en la razón de Estado, fuera más contundentes con los desvaríos socialistas. Hay demasiado en juego para ocultarse ahora en silencios prudentes.

Un año entre Sadam e Ibarreche
Editorial La Razón 31 Diciembre 2003

El año que ahora se despide ha sido sin duda prolífico en buenas noticias, y no sólo en las áreas económica o social, donde los resultados son excelentes, aunque en el ánimo del español medio parecen haber pesado mucho más las malas, las últimas catástrofes o las noticias derivadas de la guerra de Iraq o el cerco impuesto a nuestra Constitución desde frentes tan variopintos como el Plan Ibarreche y las propuestas de reforma, electoralistas, del PSOE.

La misma guerra que ha puesto fin a una sangrienta tiranía como la de Sadam, que sembró su país de fosas comunes, rompió el consenso internacional generado tras los atentados del 11-S y mantiene en un país lejano a millares de españoles empeñados en la tarea de la reconstrucción de Iraq, entre los que se ha cobrado ya un generoso tributo de sangre. La guerra nunca es buena noticia y tampoco la de Iraq lo ha sido; es más, a ella pueden atribuirse otros males como la radicalización del conflicto de Palestina, la crisis del Consejo de Seguridad de la ONU, y quizás, incluso, el fin de la luna de miel de la construcción de la nueva UE de 25 países.

Ha sido 2003 el año de la despedida de Aznar, del cumplimiento de su promesa de no superar los ocho años en el poder, y del nombramiento de Mariano Rajoy como su sucesor. Como ha sido también, y ya desde los primeros días de enero, a cuenta del «Prestige», el anticipo de la carrera electoral que desembocará en las Generales del mes de marzo. No caben muchas dudas de que las elecciones han marcado un año político en el que el primer partido de la Oposición, el PSOE de Rodríguez-Zapatero, ha seguido la línea dura, la del «todos a una» contra el PP incluso con pactos con independentistas y grupos minoritarios a costa del reparto del poder y del pago de facturas aún desconocidas.

Es legítimo que los socialistas se empeñen en el acoso contra el PP, si tienen la mínima esperanza de que el partido en el poder no revalide su mayoría absoluta tras ocho años de Gobierno. Pero eso ni puede hacerse a cualquier precio ni, ante todo, a costa de la unidad de España. Porque el plan de reformas constitucionales, de reparto insolidario del dinero de los impuestos que se apunta desde la calle Ferraz, más que para crear una España sólida en el futuro tiene todo el aspecto de servir para la cohesión del propio PSOE, de marco donde situar ese federalismo «asimétrico» visible en el creciente poder alcanzado por sus barones ¬del que Maragall es sólo el último y más claro ejemplo¬, y en el correspondiente declive de la influencia de su secretario general. No es, además, cuando el nacionalismo vasco amenaza con un plan secesionista que cuenta con el amparo de ETA, el mejor momento para abrir el melón constitucional en una operación que debería contar con el mismo respaldo que tuvo la Carta Magna.

Pasó, al fin, 2003 y saludamos a 2004, un año en el que se celebrará la boda del Príncipe de Asturias y en el que, por encima de los partidos, serán los españoles quienes tendrán, con su voto, mucho que decir; mucho que decidir.

ETA, no, gracias
Opinión El País  31 Diciembre 2003

La película sabe a repetida. La ilegalizada Batasuna, sumida en una profunda depresión política, propone al resto de las fuerzas nacionalistas concurrir a las elecciones generales de marzo en una candidatura única que constituya "una interlocución nacional" vasca frente al Gobierno español. Y una debilitada ETA remata la jugada con la golosina de que está dispuesta a dar "los pasos necesarios" para que esa iniciativa grata a sus ojos pueda prosperar. La operación es una copia, en grado de tentativa, de la que se plasmó en septiembre de 1998 con el Pacto de Lizarra. La diferencia está en todo lo ocurrido desde entonces, que la organización terrorista y su entorno se resisten a aceptar.

Encabezando a los partidos destinatarios de la oferta, el PNV ha respondido que no está dispuesto a aceptar la tutela de ETA. Dicho por boca de Joseba Egibar, suena a reconocimiento tardío del error de Lizarra. Si uno de los motivos de la ruptura de la tregua fue el rechazo peneuvista a la "propuesta estrambótica" de celebrar unas elecciones constituyentes en toda Euskal Herria, malamente podría el PNV admitir una nueva embarcada, dejándole a ETA el timón. Sin embargo, la rectificación de aquella deriva seguirá siendo parcial mientras quede sobreentendido que el rechazo al uso de la violencia es lo único que separa al nacionalismo democrático del que no lo es a la hora de aceptar la realidad plural del País Vasco.

Mientras se mantenga este equívoco interesado persistirá la influencia de ETA y del nacionalismo rupturista. Resulta un sarcasmo que la vicelehendakari Idoia Zenarruzabeitia acuse de aliarse con el brazo político de ETA a quienes ven amenazada su vida. Es la apuesta de Ibarretxe y su partido por construir la hegemonía nacionalista, en vez de gobernar pensando en el conjunto de los vascos, lo que ha convertido al Parlamento vasco en una ruleta. Empeñado en sacar adelante su plan sin contar con la mitad de la sociedad vasca, el lehendakari se ha olvidado de la gobernación. Una cuestión tan esencial como aprobar los Presupuestos depende así del capricho de Batasuna, del despiste de un parlamentario o de los juegos malabares del presidente Atutxa con el Reglamento de la Cámara. Ibarretxe se aferra a su plan, pero su Gobierno carece de presupuestos. Debería hacerle pensar.

Actitudes ante ETA
Andrés MONTERO GÓMEZ La Razón 31 Diciembre 2003

Aparte de la adhesión activa y la membresía de un desnutrido reducto minoritario de la población vasca en ETA, la comprensión de otra parte de la ciudadanía hacia la violencia como instrumento de defensa de no se sabe qué ideas ha favorecido el terrorismo durante muchos años en España. El complejo postfranquista de culpas y heridas tuvo que ver en moldear esa pretérita conducta de interiorización de ETA como un colectivo que surgía de la lucha contra la dictadura. Buena parte de ese complejo ha barruntado la izquierda española de idolatría marxista. A decir verdad, todavía reside en algunos de la denominada despectivamente «retroprogresía», progresistas que añoran modelos sociales ya demostrados retrógrados.
 
Digámoslo así, no para entonar el mea culpa ante el terrorismo, sino para ser conscientes que determinadas conductas sociales han retardado la desaparición de ETA y han facilitado su metástasis para extender el cáncer criminal por toda la carne bajo la piel de toro. De los asesinatos de ETA únicamente etarras, batasunos y adláteres participan en responsabilidad criminal, quede claro. Y digámoslo así porque a plataformas cívicas como «¿Basta Ya!» se las intenta enfangar con acusaciones de frentismo porque se plantan, desde la sociedad civil, ante la amenaza criminal, de un lado, y ante el chantaje político y la excrescencia moral de planes ibarretxes, de otro.

Causa de liberación
En ese ser conscientes de que ETA es un parásito oportunista que se nutre de cualquier debilidad social, cabe apuntar que al lado de los comprensivos con la criminalidad etarra, han abrevado quienes antaño se han mostrado indiferentes ante los asesinatos de ETA. Cuando la muerte accionada por la banda etarra masacraba a la familia militar o a la policial, los indiferentes contemplaban el relato como si no fuera con ellos. Alguna parte de esa indiferencia, como en todas las indolencias, tiene su semilla en una deficitaria identificación del ciudadano con sus ejércitos y con sus fuerzas de seguridad, que en muchos casos de entonces, e incluso hoy en día, pueblan el imaginario colectivo como vecinos de segundo orden.

Tras terroristas, de los que asesinan con pistola o sin ella, e indiferentes, el tercer colectivo que más ha favorecido un invernadero social para la pervivencia del terrorismo han sido los tibios. La tibieza de muchos ha reforzado el mensaje justificador que cada terrorista, embotado en sus causas de liberación desvariadas, se autoadministra como una dosis de alucinógeno para apretar el gatillo. Ante la duda de otro, el asesino terrorista siempre interpreta una validación de conducta, un resquicio por el que traducir que puesto que el otro duda sobre si merezco una condena quizás sea porque lo que hago (cavila el terrorista) no será tan reprobable o quizás cualquiera lo haría en mi lugar si tuviera redaños y fuera un gudari. La duda ante la violencia es oxígeno para el agresor. Por eso es tan valiosa una condena expresa, por todos, de cada asesinato. Por eso la no condena de ETA por Batasuna fue una prueba de cargo en su proceso de ilegalización, ya que la no condena activa de ETA debería ser equivalente a la imprudencia dolosa con resultado de muerte.

Un cuarto agrupamiento más sangrante que los tibios, porque además se pretenden intelectuales muchos e incluso progresistas bastantes, son los equidistantes. La progresía de analizar a ETA como un agente político de supuesto ripio revolucionario es, aparte de una obscenidad de indecencia escatológica hacia las víctimas, inasimilable racional y visceralmente para mí, lo confieso.

Violencia asesina
Euskadi y todas las víctimas han venido padeciendo dos equidistancias lacerantes. La equidistancia de quienes consideran a ETA una expresión extremista del problema político de Euskadi, y que por tanto una vez se solucione la disfuncionalidad política, de talante fundamentalmente soberanista, ETA desaparecerá por sus fueros, nunca mejor traído lo de fueros. Y la equidistancia de quienes consideran al pueblo vasco oprimido desde dos latitudes, la violencia asesina de ETA y el avasallamiento institucional y centralista del gobierno de Madrid. Ambas equidistancias están habitando la falacia impenitente de que ETA, aunque violenta, es un actor de naturaleza política. No han entendido que, en democracia, una banda de asesinos es un grupo criminal, piensen o dejen de pensar en política, en religión o en cualquiera otra ideología de la que no son más que, repito, parásitos oportunistas.

Pues bueno, los equidistantes nacionalistas, la primera categoría de equidistantes, opinan que la violencia, desde luego, es inaceptable. Causalmente, la atribuyen a las raíces profundas del contencioso histórico de una Euskal Herria a la que se han negado sus derechos milenarios. ETA es un rebaño de ovejas negras a las que se profesa un reproche paternalista. Por tanto, una vez se alcance el marco político y social adecuado que repare las afrentas que ancestralmente han dilapidado Euskadi, ETA desaparecerá como lo hace la fiebre al cesar la infección. Entre estos equidistantes están multitud de batasunos que aceptan a ETA como mal necesario, algunos de la corriente independentista del PNV y, diría yo, colectivos como Elkarri. A ellos parecen estarse trasvasando una porción del peneuvismo nacionalista no necesariamente independentista del todo. La máxima exponente de tanta desorientación equidistante sería el plan Ibarretxe, que dibuja un escenario esencialista para el final, por agotamiento conceptual, de ETA. En definitiva, todas gentes negadas a aceptar que es inadmisible un reducto asesino y que antes que cualquier plan está la extirpación del sarcoma terrorista.

A renglón seguido tenemos a los equidistantes más cerriles, aquellos que confunden la velocidad con el tocino. Dicen que abjuran de la violencia venga de donde venga, generalizan el GAL a todo el aparato del Estado y a todos los tiempos y formas, e incorporan sin rubor en comparaciones dicotómicas al gobierno del Partido Popular y a los asesinos. Incluso llamaron asesinos a los populares con ocasión de la participación en la guerra de Iraq, ahora que recuerdo. En estos equidistantes retroprogresistas de última generación estaría algún personaje del tripartito que, terciando sobre Canadá, ha puesto por escrito la aludida comparación pidiendo que no se tomara como comparación, y diversos intelectuales cinegéticos que opinan que en Euskadi cada vez hay menos democracia debido a la acción autoritaria del PP. Es cierto que en el País Vasco existe penuria de libertades democráticas, pero es porque muchos de sus ciudadanos llevan escolta para que ETA no los fallezca.

Quizás al PP le fallen las formas políticas, colando de rondón modificaciones al código penal por la trasera del Senado pero los procedimientos democráticos abarcan que las mayorías absolutas se apliquen absolutistamente, aunque carezcan de estilo, y desde luego prevén el recurso, como ha activado el PSOE, ante instancias de control al ejecutivo. Comparar el totalitarismo asesino de ETA con la falta de estilo del Partido Popular no por ser de un repugnante oportunismo político revela menos desbarro racional de quien emplea el engendro semántico. Los etarras tienen que prometérselas felices con semejantes muestras de acuerdo cuando alguien, fuera de la esfera del MLNV, afirma que en Euskadi flaquea la democracia por causa de Madrid. Es justo lo que ETA viene desvariando cuarenta años.

Partidos políticos
Por último, el grupo más absurdo de quienes no prestan consciencia suficiente para poner coto a cualquier elemento facilitador del terrorismo etarra son los partidos políticos. Los dos favores más grandes concedidos al grupo criminal del MLNV han sido la descomposición del Pacto de Ajuria Enea, primero, y la desgraciada firma del infame Pacto de Estella, después. Ambos execran a las víctimas del terrorismo. Algún día alguien tendrá que explicar por qué es tan difícil llegar a un acuerdo político contra ETA. Ningún votante de a pie lo entiende. Que lo expliquen. La desunión política sobre ETA retrasa el fin del terrorismo, aun a pesar de la eficacia policial y judicial.

Por eso es triste que cuando un grupo ciudadano se pone de acuerdo por encima del miedo y superando ideologías para decir «¿Basta Ya!» a la criminalidad etarra y a sus facilitadores, todavía haya intentos externos de politizar sus acciones, precisamente, para dinamitarlos desde la división. Para despolitizar al terrorismo, la política democrática tiene que desprenderse de partidismo y servir al Estado. Como si tomaran ejemplo del Rey, vaya.

La pisada del buey
Aleix Vidal-Quadras La Razón 31 Diciembre 2003

El lehendakari insiste en estos días navideños de paz y serenidad que ETA, por cierto, pretendía adornar con una masacre en la estación de Chamartín, en su teoría de que su famoso plan representa la solución al problema de la violencia en el País Vasco. Nada haría más daño a los terroristas, ha afirmado, que un debate tranquilo sobre la propuesta del PNV de reforma constitucional y estatutaria. Es decir, que en la medida en que nos pongamos a analizar en un clima relajado los pros y los contras de la fragmentación de la caja única de la Seguridad Social, de la liquidación de la unidad jurisdiccional y de la atribución de la representación exterior de España a entidades subestatales, la organización criminal ultranacionalista dejará de matar y extorsionar. Cuando uno escucha a Ibarretxe emitir semejantes opiniones con esa cara de buen chico y ese tono de voz tranquilizador a medio camino entre el monitor de campamento juvenil y el psicólogo familiar, mientras a su alrededor todos los diputados y concejales de la oposición, jueces, fiscales y funcionarios en general de la Administración periférica del Estado en la Comunidad que él gobierna circulan debidamente escoltados para que, si hay suerte, no les asesinen, cabe preguntarse si el inquilino de Ajuria Enea cree de verdad en las cosas que proclama o ha alcanzado un nivel de cinismo inédito incluso en su insólito país.

Su argumento sobre las supuestas virtudes balsámicas del plan que lleva su nombre se cae a poco que se le someta a un análisis histórico mínimamente racional. El mayor cambio cualitativo y cuantitativo jamás registrado en la distribución territorial del poder en España tuvo lugar durante la transición y se concretó en la elaboración y aprobación de la Constitución de 1978. Los vascos pasaron de estar sometidos, al igual que el resto de sus compatriotas españoles, a una dictadura centralista, a una situación en la que disponían de Parlamento y Gobierno propios, cooficialidad del euskera, un grado de autogobierno amplísimo en términos de derecho comparado, concierto económico, bandera, himno, respetuoso reconocimiento de sus símbolos y de su personalidad colectiva diferenciada y, por supuesto, democracia, establecimiento de libertades civiles y políticas y plena garantía de derechos fundamentales. Siguiendo el planteamiento que ahora Ibarretxe nos intenta colocar, una mutación de este alcance debiera haber calmado las ansias reivindicativas de ETA hasta el punto de llevarla a cesar en sus atrocidades. Pues bien, nunca la actividad sangrienta de la banda fue más alta que en aquellos años de profunda transformación democratizadora y descentralizadora.

El lehendakari gusta de recordar el dicho de su tierra que recomienda andar por donde pisa el buey. Por desgracia para todos, él y los suyos no han optado por tan prudente camino, sino por cabalgar un tigre enloquecido.

Feliz salida y entrada
Por IGNACIO RUIZ QUINTANO ABC 31 Diciembre 2003

FELIZ salida de 2003, el año en que apostató Garzón, y feliz entrada a 2004, el año en que será juzgado el señor Husein, quien, al parecer, no sabemos si por temor al zotal, ya habría empezado a cantar el «pin» de sus muchas tarjetas de crédito.

Porque el señor Husein, además de por su liderazgo moral sobre el antiamericanismo occidental, es famoso por haber aparecido en la revista «Forbes» como uno de los mayores ricachos del mundo, por encima, incluso, de Castro y de Arafat, dos personajes de su misma cuerda intelectual, que llevan décadas alternando la suscripción personal a «Forbes» con el socorro universal a los pobres.

Alimentar la esperanza de que el mundo sea irreal es la gracia de las paradojas, y el propio señor Husein se alimenta ahora de una de esas paradojas, la paradoja del condenado, según la cual una mañana del próximo año será ejecutado, aunque no lo sabrá hasta esa misma mañana, de modo que cada noche se acostará con la duda de si ésa será su última noche con vida. Puesto que el año, al ser bisiesto, tendrá trescientos sesenta y seis días, nunca podrá ser ejecutado el día 366, si seguimos el hilo de la paradoja, ya que el día 365 por la noche el condenado tendría la certeza de que la mañana siguiente habría de morir, en contradicción de los términos de la sentencia. Por idéntico motivo, tampoco podrá ser ejecutado el día 365, ni el día 364, y así sucesivamente.

EL señor Husein salvará, pues, su cabeza, mas no su reputación, que para el antiamericanismo europeo, tras la foto del americano rastreándole los pipis, se ha venido abajo como «icono emblemático» del progreso, siendo sustituido por el apóstol del velo mahometano Tarik Ramadán. En Madrid, a Gallardón, uno de esos políticos con infancia difícil que necesitan llamar la atención para que los presuman de adelantados, le ha faltado tiempo para quitarles a los reyes magos su corona de oros y platas y colocarles un turbante de cornalinas y laspislázulis, a lo Daja Tarto, aunque dicen que peor que el turbante hubiera sido una barretina, como quería Alicia Moreno, la Esquilache municipal, que abreva en Barcelona, reserva espiritual del progreso.

Si en Europa tienen a Ramadán, en España tenemos a los hermanos Maragall, que se nos presentan como los Kennedy del Paralelo, y hablan y hablan y hablan, porque son catalanes y hablar no cuesta dinero. O como lo dicen los americanos: «Talk is cheap». Hablar es barato. Éste es el secreto de la nueva verborrea separatista, y si hemos tardado en darnos cuenta es porque nos falta la primaria bilingüe prometida por Zapatero. Hablar, hablar y hablar, que hablando se entiende la gente. Mas, para entendernos, primero hemos de aprender a distinguir entre «talk is cheap», hablar es barato, y «money talks», el dinero ha hablado. Con la primaria bilingüe, Zapatero ha dado en el clavo.

¿CÓMO hacen en esos países donde los chicos que cursan idiomas terminan por poder expresarse en ellos?, se preguntaba Fernández Flórez cuando lo bilingüe era el francés. Si el bilingüismo zapateril prosperase, miles de infelices profesores, acosados por la necesidad, se verían obligados a hacer el terrible esfuerzo que representa inventar un idioma a partir del inglés y los alumnos deformarían a su vez las deformaciones lingüísticas de los profesores. Así terminaría por nacer una jerga extraña. Y un día, por culpa de la enseñanza irregular del inglés, surgiría en tal o cual parte un dialecto incognoscible, que establecería un «hecho diferencial». En seguida la bandera, el himno, el «nosotros solos» y el derecho a gastar alegremente los cuartos de la comunidad.

Ahí tienen, por el mismo precio, el secreto de la España plural.

Sin presupuestos
Román Cendoya La Razón 31 Diciembre 2003

Otra vez la dura realidad. El lehendakari de los vascos y las vascas es tan débil que vuelve a ser incapaz de aprobar la ley más importante de su Gobierno. Atutxa está perplejo, se juega la inhabilitación y quizás la cárcel por financiar a los Oteguis & Co, para que le hagan esto. El lehendakari de los vascos y vascas ha demostrado una vez más que no es el hombre del diálogo plural sino del monólogo singular. Sólo es capaz de hablar con ETA. Tienen el mismo proyecto y se necesitan mutuamente, pero el pulso por liderar el momento es muy fuerte. Los nazionalistas saben que tienen que acudir todos juntos a las urnas para poder continuar con el proyecto soberanista. Todos buscan su papel, pero quien con terroristas se acuesta sin presupuestos se levanta. El fracaso, la frustración, la enajenación y el mal gusto peneuvista esta vez tuvieron voz de mujer. Zenarrruzabeitia acusó al PP y al PSOE de ser «aliados objetivos» de la marca política de ETA, Socialista Abertzaleak. Hay que ser mala gente y estar todo lo avinagrada que está para destacar que a los tres les unen los objetivos. Lo malo es que es cierto, unos matan y los del PP y el PSOE son los objetivos.

Vivir fuera de la Ley
Miguel Ángel Rodríguez La Razón 31 Diciembre 2003

Uno de los asuntos destacables del año que termina es que hemos comprobado que si las comunidades autónomas deciden vivir fuera de la Ley, el Gobierno no tiene recursos para que se retracten. Así se ha visto con la negativa del Parlamento vasco de suspender a sus diputados ilegales por complicidad con Eta, aunque esa sea una sentencia del Tribunal Supremo. Y el último episodio lo firma esa señora que es vicelehendakari y que viste según coge las ropas del baúl de su abuela. Ayer ha decidido no pagar al Estado 32 millones del cupo vasco porque a ella no le salen las cuentas.

Si un ciudadano decide no pagar a Hacienda 300 euros porque no le salen las cuentas, tiene un problema. Y si no paga 3 millones, va a la cárcel con toda seguridad. ¿Qué teme Zenarruzabeitia? Nada. Ella puede vivir fuera de la Ley.

Si las autonomías deciden que su camino hacia el autogobierno o la independencia se allana mejor fuera de las leyes, este país será ingobernable. Ni los padres de la Constitución ni los legisladores previeron medidas para evitar el desmadre. Se creyó siempre en la buena voluntad de los gestores de las comunidades autónomas, de tal forma que un enfrentamiento de este tipo sólo tiene como salida la supresión de la autonomía, lo que convierte al culpable en víctima y al Estado en sujeto intransigente ante la opinión pública. El Gobierno vasco del PNV vive fuera de la Ley y le está cogiendo gustillo a la cosa porque le sale gratis. Es más, cuando el Gobierno ha legislado para evitar referendos ilegales, ha habido quien ha salido en defensa de la subversión, argumentando que en España se reinstaura el «delito político» por clarificar las prohibiciones de lo que ya estaba prohibido. Con esa Oposición, ¿cómo los independentistas no van a querer vivir fuera de la Ley?

PSOE
El desmoronamiento
Lucrecio Libertad Digital 31 Diciembre 2003

Ha sido un año extraño. Todo, al iniciarse, auguraba óptimos tiempos para el PSOE. Los horizontes negros de una guerra facilísima de manipular demagógicamente en nombre de ese antimericanismo siempre rentable en España, hicieron concebir a los hombres del Zapatero la certeza de que la, no tan larga al fin, travesía del desierto tocaba ya a su ocaso. El fervor con el que tantos habrían de lanzarse a atribuir a la perversidad del gobierno de Aznar el naufragio del petrolero ruso Prestige frente a las costas gallegas, puso las cosas en algo fronterizo del fervor. Los desde siempre subvencionados actores se lanzaron a la calle. Era un signo inequívoco. Los actores, en España, han estado siempre dotados de un finísimo sentido para percibir quién va a echarles de comer el año que viene.

La estrategia del PSOE se articuló en consecuencia. Se trataba de ir cercando Madrid desde la periferia; de consolidar los feudos extremeño, andaluz y manchego; de golpear duro y al unísono, al abrigo de los nacionalistas del Bloque, contra el senil presidente del PP gallego, de horadar base social en el País Vasco, mediante la duplicidad dosificada que siguió a la defenestración de Nicolás Redondo y los suyos; guiñar, así, discretamente al PNV, a la espera del día decisivo de trastrocar, de un golpe, las alianzas e iniciar la ofensiva.

Ese día -estaba claro en las agendas de todos los estrategas- habría de ser el de las elecciones catalanas: primer triunfo por mayoría aplastante, que iniciaría la avalancha de alianzas contra el poder central, al cual, una vez desgastado desde fuera, bastaría dar un seco golpe final en las elecciones generales.

De pronto, todo comenzó a fallar. Inexplicablemente.

Lo de Prestige, lo primero. Por mucho que se vocifere, es difícil que, al final, la ciudadanía no por completo descerebrada trague eso de que el hundimiento de una chatarra de la mafia rusa repleta de petróleo haya que cargárselo al gobierno español de turno. Pasado el cabreo, la sensatez se impuso. Entre otras cosas, porque el único ministro que no se escondió debajo de la mesa, un tal Rajoy, hasta entonces invisible, les dio a pseudecologistas, bloquistas y del PSOE un baño de esos de los que difícilmente puede uno levantar cabeza.

Luego, la guerra en Irak. No he conocido una demagogia más obscena que la de socialistas y subvencionados comediantes al rescate del más sangriento de los dictadores en ejercicio. Iba a ser el Apocalipsis, el fin del mundo, la repera... Al final, fue lo que cualquier analista que no estuviera del todo loco debiera haber previsto. Una huida despavorida del ejército sadamista ante el avance de las tropas aliadas. La caída del régimen. La muerte de los hijos del dictador y la final rendición innoble del sujeto que había dado orden de exterminar a cientos de miles de ciudadanos sin más crimen que el de no pertenecer a su clan sunnita.

Y, de pronto, todas las apuestas se volcaron. Hacer el ridículo en lo del chapapote no hubiera tenido por qué ser mortal para Zapatero. Apoyar a un dictador como Sadam, y, además, perder, es algo de lo que no hay político que salga vivo. De cabeza de la operación "cerco de Madrid desde la periferia", Zapatero pasó a convertirse en el chico de los recados de un Maragall que aún pensaba poder salvarse del naufragio. El golpe final, el que sitúa al líder del PSC en posición cautiva de un Carod Rovira exultante y todopoderoso, ha sido demasiado para que el partido mismo sobreviva.

Bono, Ybarra, Chávez si puede (que no está nada claro), intentarán salvar sus virreinatos. Con el inmenso cupo de sueldos fijos que eso incluye, y que es lo único importante, llegados a este punto de catástrofe. ¿Zapatero? Sobra a todos. Como sobra el PSOE, en tanto que partido con pretensión nacional. Todos han tomado asiento en una buena fila para ver cómo se la pega en marzo. Él solo. Después, que cada cual se agarre a lo que pueda.

Absurdos autonómicos
El saldo fiscal
Rubén Osuna Libertad Digital 31 Diciembre 2003

Pujol siempre utilizaba la burda mentira del expolio a Cataluña. Antes de la cesión de impuestos a las Comunidades Autónomas, primero con el PSOE, después con el PP, un ciudadano español compraba el mismo formulario para la declaración del IRPF en Vigo y en Murcia, en Huelva o en Gerona, y a igual nivel y composición de la renta se pagaban los mismos impuestos.

Cuando se introduce el territorio como argumento se está mintiendo por partida doble. Primero se habla de saldos fiscales de las comunidades autónomas, lo cual es un disparate. Durante las negociaciones en el seno de la Unión Europea ha surgido en más de una ocasión el problema del cálculo de los saldos. Holanda, por ejemplo, ha intentado atribuirse –y quiso en su día presentar como aportación propia– unas cantidades recaudadas por la Unión en sus puertos, principal vía marítima de entrada de mercancías en Europa, aunque esos pagos los realizara una empresa radicada, por poner un caso, en Alemania –al final se aceptó una compensación a Holanda por los costes de recaudación, nada más. De igual forma, una empresa que fabrique y venda tornillos en Galicia, pero cuya sede social esté en Barcelona, afectará al pretendido "saldo fiscal" de las comunidades autónomas. Por eso los saldos fiscales, incluso entre Estados, son un mal punto de referencia para cualquier negociación. Es más, ese tipo de negociaciones entre territorios, incluso en el caso de Estados, no consiguen librarse de la mirada acusadora del ciudadano que, producto de ellas, se ve injustificadamente beneficiado o perjudicado frente a otros ciudadanos. Es muy difícil introducir el concepto de ciudadanía en la Unión Europea por ese motivo, entre otros, como es muy difícil quebrar el sistema fiscal en un Estado que consagre la igualdad entre sus ciudadanos.

Pero hay otro engaño en esta "territorialización": llevemos el principio hasta sus últimas consecuencias, de manera que si los territorios que más pagan pueden reclamar autonomía fiscal, o compensaciones, ¿cómo decir a las provincias que no piensen en esos mismos términos? ¿Y a las ciudades o a los barrios? ¿Y a las calles, los edificios, las plantas de los edificios, los pisos y, en última instancia, los individuos? ¿No tienen "saldo fiscal" los individuos? ¿Qué habrían dicho los partidos de izquierda si un partido de derechas se hubiera atrevido a plantear la autonomía fiscal del barrio de Salamanca en Madrid argumentando que pagan más de lo que reciben?

Lo alarmante no es el sinsentido, ni el descaro, ni siquiera la impunidad con que se proclaman estas barbaridades. Lo realmente increíble es que eso ha funcionado, funciona y muchos creen que funcionará en el futuro para hacerse con el poder, conservarlo o servir diligentemente a su clientela. Bono es el primer dirigente socialista que se atreve a presentar un conato de explicación de esta locura inserto en un eslogan claro pero insuficiente ("pagar más impuestos no da más derechos"). Los políticos que quieran luchar contra el atraco a mano armada de los nacionalistas tendrán que hacer un esfuerzo explicativo de lo evidente -¡qué país!– mucho mayor que el que hasta ahora se ha hecho, por tierra, mar y aire.

Solidaridad versus nacionalismo
JOSÉ MARÍA CALLEJA La Voz 31 Diciembre 2003

EL DEBATE del año que estrenamos se centrará en la capacidad que tengamos los españoles para seguir viviendo de forma armónica y civilizada, como hasta ahora, o si los fantasmas de la insolidaridad, el agravio comparativo y la eterna queja como forma de hacer política nos abocarán a un futuro incierto y, desde luego, peor que el presente que ahora disfrutamos.

La Constitución ha sido durante cinco lustros -y debe seguir siéndolo- un terreno de juego en el que dirimir nuestras diferencias de forma civilizada, sin llegar a la gresca y, sobre todo, con el criterio claro de la solidaridad: solidaridad política y económica. En este sentido no hay nada más progresista que la Constitución.

La solidaridad ha sido tradicionalmente un valor de izquierda. Precisamente el PP, en sus años de oposición, se rebelaba contra este lugar común y decía que la derecha podía ser también solidaria, lo que otorgaba implícitamente esa cualidad a la izquierda como patrimonio inherente.

Fue el Gobierno socialista de Felipe González el que tomó la decisión política de construir el AVE -el medio de transporte más moderno e integrador que se ha creado en los últimos años en España- mirando al Sur de los «pobres» y no al Norte de los «ricos» que parecía predeterminado, dada su conexión con el resto de Europa por Cataluña o por Irún. Aquella decisión, duramente criticada en su día, ha supuesto una modernización de Andalucía, se ha traducido en su mejor integración en el resto de España y ha creado un símbolo que es motivo de orgullo para todos los españoles. La apuesta política del AVE a Sevilla rompió con la tradición franquista de fomentar inversiones en el Norte -en la actual Comunidad Autónoma vasca y en Cataluña- supuso una apuesta por la solidaridad con una región históricamente menos desarrollada, y constituyó, desde luego, un guiño de complicidad con una comunidad atestada de votantes socialistas y lugar de nacimiento de sus más destacados dirigentes.

Bien. Ahora el asunto parece ser que consiste en echar cuentas todo el rato con la calculadora del agravio, y en lanzarse los datos como trastos a la cabeza. De la solidaridad como valor de izquierda, al que aspiraba emular la derecha, hemos pasado a la puesta en escena del egoísmo insolidario, patrimonio de ciertos nacionalismos. Lo malo es que estas dos ideas se nos quieren vender como una alarde de la izquierda, como el no va más del progresismo e, incluso, como dice Ernest Benach, el presidente del Parlamento de Cataluña, como expresión de una querencia por la utopía. No se entiende el aturdimiento de cierta izquierda ante tamaño despliegue de insolidaridad.

Hay abierto un debate en España sobre quién es el culpable de esta excitación nacionalista e insolidaria, que a veces adquiere un ritmo de torbellino. Quizá convenga ahora aportar un hecho: ciertas posturas socialistas de hoy no se plantearon cuando Felipe González fue presidente del Gobierno, durante casi catorce años. Lo cual demuestra dos cosas, o que no eran tan urgentes como se nos quieren presentar, o, también, que sus promotores no se veían capaces de formularlas ante un liderazgo tan nítido y contundente como el del presidente socialista.

La solidaridad se puede analizar en términos de convivencia dentro de un colectivo y también desde un punto de vista individual. Requiere, en cualquier caso, de una evidente buena disposición. Por ejemplo, los que pagamos altos impuestos y contribuciones a la Seguridad Social y tenemos la suerte de no haber visitado nunca un hospital en los últimos treinta años, no podemos pedir que nos devuelvan la parte alícuota de nuestros dinero destinada a sanidad y que seguro que consumen otros, que pagan menos impuestos, pero que se ven trágicamente forzados a ser ingresados a menudo en centros sanitarios públicos. En eso consiste precisamente la solidaridad, que a veces lo es también con uno mismo, pues nunca se sabe cuándo y en qué medida se precisarán esos servicios. Si no hay ese territorio común de colaboración, la cosa no funciona. Si cada uno empieza con el nada solidario planteamiento de lo mío, sólo mío; y lo tuyo, a medias, es cuando se rompe el tablero y donde antes había convivencia e inteligencia, surge la bestia que todos llevamos dentro, se desatan los agravios y el asunto se convierte en un enfrentamiento entre hinchadas: llenas de tópicos, atestadas de agravios, reales o inventados.

La democracia consiste en eso, en organizar la solidaridad económica en función de las necesidades de cada uno y en dirimir las diferencias políticas en el tapete de esa guerra civil -virtual, civilizada e incruenta, sin víctimas- que es el parlamento. Las otras guerras ya sabemos cómo se atizan -aquí y en lo que fue un día Yugoslavia-, sabemos cómo se crean y qué ingredientes hay que echar en la salsa para que ésta se convierta en un potaje explosivo e incomestible, por ricos y por pobres.

Propuesta inadmisible
Editorial El Correo  31 Diciembre 2003

El breve comunicado con el que ETA dio por buena la propuesta de candidatura unitaria hecha pública por dirigentes de la ilegalizada Batasuna el pasado 16 de diciembre constituye un intento más por recuperar el protagonismo perdido por la izquierda abertzale en el momento de máxima debilidad de la banda terrorista. Dicho intento trata de extender el consabido chantaje al conjunto de la sociedad vasca mediante el previo embaucamiento de la comunidad nacionalista. El hecho de que ETA haga pública su disposición a «adoptar cuantas medidas» y a «dar cuantos pasos sean necesarios» para hacer efectiva la propuesta radical no representa más que una insinuación que pretende azuzar la especulación política e inducir a 'los demás agentes' a formular aquellas palabras que tan significativamente omite el comunicado de la banda.

La respuesta dada por el nacionalismo gobernante demuestra una vez más que éste trata de evitar cualquier compromiso expreso con la izquierda abertzale, al tiempo que se esfuerza en mantener abiertos los conductos de voto que eventualmente pudieran suponerle un beneficio electoral en próximos comicios. La propuesta de quienes tratan de constituir una opción electoral 'por la autodeterminación de Euskal Herria' como voz exclusiva y excluyente de la ciudadanía vasca, a tenor del comunicado de ETA, entra en clara complicidad con el terrorismo. Pero no sólo es ese hecho el que le da un carácter totalitario. De ahí que resulte insuficiente la réplica del nacionalismo gobernante. No es sólo la existencia del terror lo que hace inadmisible la hipótesis de una confluencia nacionalista que persiga los fines pretendidos o expuestos por Batasuna, sino que esa propuesta de apropiarse de la voluntad plural de los vascos es en sí misma inadmisible, incluso en el caso de que ETA convirtiera su insinuación de anteayer en un cese expreso y constatable de su actividad terrorista.

Las nacionalidades históricas
José Luis Manzanares Estrella Digital  31 Diciembre 2003

La Constitución no menciona las comunidades históricas a lo largo de su articulado, y ni siquiera lo hace en su Disposición Adicional Primera, que se refiere al amparo y respeto de “los derechos históricos de los territorios forales”. El carácter histórico de un territorio no se identifica por su régimen foral. Conviene, pues, salir al paso del malentendido que pretende reservar la calificación de comunidad o nacionalidad histórica a Navarra, el País Vasco, Cataluña y Galicia, entendiendo además el foralismo como consecuencia de unos Estatutos aprobados o proyectados conforme a la Constitución de nuestra Segunda República. La identidad histórica de alguna de las actuales Comunidades Autónoma no forales es indiscutible, e incluso opera como presupuesto para la existencia de dichas particularidades.

Absurdo sería negar que Castilla y Aragón, por ejemplo, son territorios históricos, y a partir de ahí, regiones, nacionalidades, comunidades o lo que se tercie, siempre que al sustantivo se les añada aquel calificativo del que algunos políticos quisieran apropiarse en exclusiva con su interesada exégesis de nuestra Ley Fundamental. Y lo dicho no sólo vale para los dos reinos más importantes en la génesis de España. Los vigentes Estatutos de Asturias y Cantabria, promulgados por obra y gracia de la Constitución de 1978, las definen literalmente como “comunidades históricas”, y la “identidad histórica” se proclama en los Estatutos de Murcia, Aragón, La Rioja y Castilla y León. También el pueblo valenciano, “históricamente organizado como Reino de Valencia, se constituye en comunidad autónoma dentro de la indisoluble unidad de la nación española, como expresión de su identidad histórica”.

Esto significa que en España no conviven Comunidades de primera y segunda clase, si bien la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. De ese reconocimiento a la afirmación de la soberanía preexistente de tales territorios hay, sin embargo, un gran trecho, o mejor, una brecha insalvable. Es, sobre todo, que “la soberanía nacional reside en el pueblo español” y que “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”, pero es también que la propia Disposición Adicional Primera contiene un segundo párrafo según el cual “la actualización de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y en los Estatutos de Autonomía”. Una aclaración que los separatistas por vía estatutaria silencian escrupulosamente.

El problema no consiste en que el texto de nuestra Carta Magna atraiga a los pescadores de aguas turbias, sino en que hay profesionales del anzuelo y la caña que quieren oscurecer lo que está claro. La introducción del vocablo “nacionalidades” junto al de “regiones” en el artículo 2 no fue muy afortunada y la redacción del Título VIII, de la Organización Territorial del Estado, deja bastante que desear (quizá por ser fruto, en buena parte, del acuerdo entre un perito, Alfonso Guerra, y un ingeniero agrónomo, Fernando Abel Matute), pero eso no afecta a lo fundamental. Sin reforma de la Constitución no hay separatismo posible. Ni el de la independencia sin tapujos ni el de las asociaciones supuestamente libres. Las elucubraciones sobran.

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