AGLI

Recortes de Prensa     Domingo 4 Enero  2004
Lo de los vascos
Amando de Miguel La Razón 4 Enero 2004

Fascistas y terroristas
Editorial El Ideal Gallego 4 Enero 2004

Feliz año centrífugo
Pedro Crespo El Ideal Gallego 4 Enero 2004

«Un país increíble». ¡Y tanto!
ROBERTO L. BLANCO VALDÉS La Voz 4 Enero 2004

¿Y quién paga las pensiones catalanas
Miguel Ángel Rodríguez La Razón 4 Enero 2004

Suum cuique tribuere (Dar a cada uno lo suyo)
JOSÉ MARÍA MUGURUZA El Correo  4 Enero 2004

Los jueces vinculan el acoso de ETA a las «campañas sociales de deslegitimación»
ADOLFO LORENTE/BILBAO El Correo 4 Enero 2004

«La convocatoria unilateral de un referéndum en una parte de España es una amenaza de secesión y debe ser castigada»
MADRID. PABLO MUÑOZ ABC 4 Enero 2004

«Las elecciones vascas las marcará un pacto PNV-ETA para repartirse el poder»
ABC 4 Enero 2004
 
Lo de los vascos
Amando de Miguel La Razón 4 Enero 2004

Podría seguir con la broma de «los vascos y las vascas», que siempre dice Ibarreche, pero la realidad es que en el nacionalismo vasco hay pocas mujeres visibles. Así pues, será mejor que nos quedemos con el masculino genérico de toda la vida. También es verdad que «los vascos» no equivalen a los nacionalistas y sus hoplitas más que en un 50 por ciento. Es decir, el país aparece partido por gala en dos entre independentistas y españolistas. Lo curioso es que ninguno de los dos bandos se llaman así.

No estoy de acuerdo con la táctica de los españolistas vascos de rechazar el plan independentista porque se hace con violencia terrorista. Si el independentismo dejara de emplear ese triste recurso, sería igualmente abominable a mi modo de ver. Es más, sospecho que lo del terrorismo esté a punto de diluirse como una pesadilla histórica. En cuyo caso el intento secesionista aparecerá con toda su fuerza.

Con menos impuestos que el resto de los españoles (aparte de los navarros), los vascos gozan de una economía protegida y subvencionada. De momento, el País Vasco constituye una región europea desarrollada pero estanca, al menos frente al ímpetu de Navarra, La Rioja o Madrid, por poner algunos contrastes. En el mundo en el que estamos no se puede seguir creciendo económicamente si no se recibe una poderosa corriente de inmigrantes, si no crece la población. El hecho es que la población vasca decrece; mala señal. Quizá para ocultarla, el Gobierno vasco tiene que huir hacia delante con una propuesta de independencia.

De todas las medidas que se adivinan en la propuesta de Ibarreche la más alocada es la tendencia a sustituir el castellano por el vascuence. Costaría cientos de años conseguir una literatura en vascuence y que esa lengua fuera de mínima comunicación internacional. Siempre se puede argüir que más difícil lo tenía el hebreo. Sí, pero el hebreo cuenta nada menos que con la Biblia, el libro por antonomasia. El pueblo israelita fue una unidad política antes de los romanos, pero el pueblo vasco no logró nunca esa unidad. Luego habría que inventarla. Muy difícil, incluso para el notable espíritu de emulación que caracteriza a los vascos. Mejor sería que los niños vascos volvieran a tener como modelos a Pío Baroja o Miguel de Unamuno. Más vasco que esos dos gigantes no se puede ser, pero ambos ridiculizaron el nacionalismo. Son la mejor demostración de que se puede ser vasco y español. Comprendo el deseo de asimilar a Navarra y al País vascofrancés, puestos a dibujar el mapa de un Estado vasco independiente. Pero ya no estamos en la Edad Media. Los navarros gozan de una autonomía sin problemas, reconocida por todos, y con una economía próspera. ¿Por qué razón se iban a integrar en el sueño de una fantasmal Euscalerría diseñada por un lunático?

Fascistas y terroristas
Editorial El Ideal Gallego 4 Enero 2004

No hay duda de que no existe diferencia alguna entre los rapados que se dedican a apalear inmigrantes y los terroristas de ETA. Les mueve el odio a lo “de fuera”, a lo desconocido, a la evolución, al fin y al cabo. Un pánico atávico e irracional, racista y cobarde. El mismo que llevó a Hitler a intentar exterminar a los judíos o los gitanos. Injustificable y que lo único que demuestra es su estrechez de miras, su falta de escrúpulos y de humanidad. En su último boletín, los asesinos disfrazados de nacionalistas vascos arremeten contra lo que definen como “inmigrantes españoles”. Y lo hacen porque en su esquizofrenia consideran que no han mostrado voluntad por integrarse y respetar los derechos, la identidad y el idioma de Euskal Herria. Por supuesto se olvidan de que fue y es con su sudor con el que el País Vasco ha alcanzado un estatus económico que sólo los atentados y el miedo han conseguido debilitar. En el fondo no lo olvidan, lo saben, pero prefieren ignorarlo para que no se les revuelvan las tripas con su propia ideología xenófoba y criminal. Y lo peor es que ni tan siquiera sorprende. No es extraño que un asesino capaz de cargar de explosivos un tren demuestre su racismo. Si no tiene complejos a la hora de matar es absurdo concederle un ápice de humanidad como para darse cuenta del error de sus planteamientos. Y el problema es que el PNV, que también ha mostrado a lo largo de su historia determinados ramalazos xenófobos parece dispuesto a formar una lista electoral con los ideólogos políticos de los criminales.

Feliz año centrífugo
Pedro Crespo El Ideal Gallego 4 Enero 2004

A lo mejor alguno de ustedes se pregunta por el título. Lo de centrífugo es un hecho que no vale la pena discutir. No hay más que recordar las aficiones a tirar de la cuerda que manifestaba hace bien poco Maragall, se supone que bien asistido por Carod-Rovira, y si alguien tiene dudas que reclame a la hemeroteca más próxima la reseña de cómo no fueron aprobados los presupuestos vascos, porque a los batasunos no les dio la gana de abstenerse, que pida de paso las manifestaciones de Chávez, pidiendo una agencia tributaria para Andalucía. Se mire por donde se mire, varias partes de España quieren pasaportes y tratados de cooperación, y a eso, en Física se le llama huída del centro o centrifuguismo.

Ahora que, por otras partes, esto del centrifuguismo español no es algo para tomar a chacota. Precisamente porque habrán oído a más de uno, al iniciar el año, imaginando que veía tanquetas al final del túnel de las tensiones nacionalistas. Y menos aún allende las fronteras. Porque el mal ejemplo puede cundir. Por ello, no piensen que a los franceses les da lo mismo. Bien al contrario, porque a nuestros vecinosles supura la infección de Córcega y, a lo peor, también se les indigestaban las provincias vascas del sur. Tampoco se quedarán impasibles los belgas, históricamente divididos en flamencos y walones, con ganas mutuas de tirarse a la yugular del vecino. Y en Gran Bretaña, tanto la Reina cuanto su premier comenzarían a sangrar por el costado escocés, aunque ya tengan allí Parlamento. Todo ello sin olvidar que en Italia, donde ya hace muchos años que el norte dice menospreciar al sur.

Catalanes y vascos, históricamente diferentes al resto, son ahora un mal caldo de cultivo para intolerancias y otros pecados derivados del nacionalismo. Hace 25 años, entre las dobles parejas Suárez y González, más Abril Martorell y Guerra, acordaron la fórmula del café para todos y, en lugar de dos, surgieron 17 autonomías. Ahora habría que inventar otra cosa que no fuera otra vuelta de tuerca, para ver de prorrogar la situación e inventar en ese tiempo algo mejor que lo que se les ocurrió a los Reyes Católicos. Mientras tanto, lo dicho, Feliz Año Centrífugo, aunque sea bisiesto. Y que Dios nos coja confesados.

«Un país increíble». ¡Y tanto!
ROBERTO L. BLANCO VALDÉS La Voz 4 Enero 2004

EL PRESIDENTE del Gobierno vasco ha acabado el año igual que lo empezó: ofendiendo de manera grave a la mitad de los ciudadanos del país que debería gobernar pensando en todos y no sólo en sus votantes. En su discurso del 31 de diciembre no le tembló la voz al equiparar políticamente una vez más a los verdugos y a sus víctimas: «Todos somos vascos -afirmó-, votemos al PP, a Batasuna, al PSOE, a IU, a EA o al PNV».

Se le olvidó añadir al lendakari que una parte de esos vascos, que él juzga con su generosidad ya proverbial iguales a todos los demás, han considerado (y consideran) que es legítimo asesinar, secuestrar o extorsionar a los que no piensan como ellos, lo que les ha llevado a votar durante más de veinte años en favor del partido que ha venido legitimando la matanza y actuando como el brazo político de los propios matarifes.

En ese contexto aterrador, nada tiene de extraño que Ibarretxe considere sólo como una pequeña piedra en su camino el rechazo de los presupuestos que acaba de presentar en el Parlamento de Vitoria. En cualquier país democrático normal el jefe del gobierno que viera sus presupuestos rechazados se plantearía de inmediato la posibilidad de dimitir, pero un lendakari que sueña ya con la tierra prometida no está, obviamente, para presupuestos y mandangas.

¡Menuda fruslería la de que a uno le rechacen la única ley que ha de aprobar anualmente en todo caso (la ley presupuestaria), cuando se es capaz de mantener en jaque varios meses al Tribunal Supremo de justicia, pasándose sus resoluciones una y otra vez por el arco del triunfo!

Todo ello sería alucinante si partiésemos de que el País Vasco es lo que no es a todas luces: un país democrático normal. De hecho, no podría serlo ninguno en el que la mayoría de los miembros de la oposición se vieran obligados a llevar escolta para disminuir el riesgo cierto de ser asesinados. Ni tampoco ninguno en que todos ellos tuvieran que soportar la permanente compañía de otros que bien podrían estar informando de sus movimientos a una banda terrorista dispuesta a pegarles un tiro por la espalda.

¿Podría considerarse normal un país en el que un pistolero autor de varios crímenes horrendos hubiese presidido una comisión parlamentaria de derechos humanos, antes de huir para colocarse de nuevo al frente de un grupo terrorista responsable de cerca de mil asesinatos?

No, desde luego el País Vasco es muchas cosas, pero no es en ningún caso un país normal. Ello explica el gran acierto del lema de la última campaña publicitaria organizada por el gobierno de Ibarretxe: «Descubre Euskadi. Un país increíble». Increíble, sí: sin duda alguna.

¿Y quién paga las pensiones catalanas?
Miguel Ángel Rodríguez La Razón 4 Enero 2004

El Gobierno socialindependentistaecologista catalán ha propuesto el aumento unilateral de las pensiones en su región porque, según el consejero cabecilla Carod Rovira, el nivel de vida en Cataluña es más alto que en el resto de las regiones y los pensionistas que viven allí deben cobrar más. Se supone que no está hablando de los jubilados que viven en Lleida, ni en Girona, ni en el valle de Arán comparados con los de Mallorca, Valencia, Madrid o Valladolid, sino los de Barcelona capital en comparación con los pueblos de Extremadura. Y como eso es mucho suponer, valga calificar el argumento del cabecilla de los consejeros como una falta de información real de la España real.

Pero, además, es que el Gobierno catalán comparece ante la opinión prescindiendo de las reglas del juego: las pensiones se pagan conforme a las cotizaciones de empresas y trabajadores a la Seguridad Social en toda España. Si se permitiera que Cataluña aumentara las pensiones a algunos de sus ciudadanos, ¿quién tendría que pagar más impuestos? ¿algunos catalanes, todos los catalanes o todos los españoles? Lo que no puede ser es que la cotización a la Seguridad Social sea la misma en Barcelona capital que en los pueblos de Extremadura, pero en un sitio se reciba más compensación que en otro.

Que una cosa es bramar consignas por la calle y otra muy distinta gobernar. No sólo se administra el dinero público conforme a las leyes, sino coherentemente con prácticas básicas de solidaridad y equidad. El argumento de Carod sería políticamente similar si hubiera aducido que los pensionistas catalanes deben cobrar más porque son más guapos. Qué bueno sería que, ahora que gobierna, el cabecilla empezara a utilizar la cabeza.

Suum cuique tribuere (Dar a cada uno lo suyo)
JOSÉ MARÍA MUGURUZA /ABOGADO El Correo  4 Enero 2004

Vivimos una época en que la reflexión está siendo devorada de un lado por la profusión de información, incrementada notablemente por los avances informáticos, y de otro por la necesidad de rapidez en la acción que exige la velocidad a que se suceden los acontecimientos de todo orden en la vida social. Sin embargo, no podemos olvidar que la reflexión es el eje central imprescindible del proceso, tanto para asimilar la información como para preparar la acción y, afortunadamente, existen al menos algunos tiempos libres, como son las épocas festivas, en los que pueden dedicarse a ella algunos ratos. Es lo que me ha ocurrido a mí en los últimos días, en que han ocupado mi pensamiento algunas reacciones que en la sociedad vasca está produciendo la situación política que padecemos, y más concretamente las últimas declaraciones efectuadas por Román Knörr, presidente de Confebask.

Vaya por delante mi respeto por el señor Knörr, que ocupa dicho cargo por pura vocación y sentido de responsabilidad, al servicio de un sector social determinante en la creación de riqueza de una sociedad. También a mí me ha tocado durante bastantes años desempeñar ese papel en mi profesión, por lo que soy perfectamente consciente del esfuerzo personal que requiere y no puedo menos de reconocerlo así a Román Knörr.

Sin embargo, creo que el respeto es perfectamente compatible con el intercambio de opiniones diferentes en relación a algo que a todos nos afecta como es la situación política y es únicamente en ese sentido en el que me tomo la libertad de manifestar mi punto de vista sobre las referidas declaraciones, pues no he han gustado y creo que es bueno que entre ciudadanos abordemos las cuestiones políticas sin miedos ni complejos, siempre con el tono y la mesura que como tales nos debemos.

Ha manifestado el señor Knörr su «hartazgo» por la crisis política que padecemos y ha reclamado de partidos políticos e instituciones una rebaja en la crispación de sus debates, así como más diálogo y entendimiento. Todo eso suena muy bien, pero, a mi juicio, estas manifestaciones contienen una injusticia intrínseca.

Supongo yo que al señor Knörr le habrá molestado siempre que se dijera, afortunadamente en tiempos pasados, que «los empresarios» son unos explotadores, como a mí me molesta oír hablar mal de «los abogados». Es evidente que los empresarios y los abogados, en su inmensa mayoría, desarrollan su actividad de una forma perfectamente digna, incluso me atrevo a decir que los hay ejemplares, aunque no podamos negar que entre unos y otros existen excepciones poco honrosas.

Sin embargo, estas excepciones no permiten en modo alguno generalizar un juicio negativo y quien conozca alguna y quiera expresarla, sobre todo si quiere hacerlo públicamente, está obligado a personalizar sus imputaciones sin refugiarse en la comodidad de un juicio colectivo. Por esta razón, me tomo la libertad de manifestar mi discrepancia con las declaraciones del señor Knörr.

Es evidente que tales declaraciones llevan implícito un doble contenido de acusación y de exigencia, que se dirige indistintamente a todos los partidos políticos e instituciones, incurriendo así en el defecto de generalización antes mencionado. Debe comprender el señor Knörr que si manifiesta su hartazgo ante la situación política que padecemos, la está imputando al conjunto de la clase política, de la misma forma que la crispación del debate y el deterioro de las relaciones interinstitucionales. Y esto, a mi juicio, no es justo.

Suele decirse a menudo que en las situaciones de conflicto nunca puede imputarse el cien por cien de la responsabilidad a una de las partes. Yo no estoy muy seguro de que esto sea cierto, pero de lo que sí estoy convencido es de que nunca puede hacerse el reparto al cincuenta por ciento, y en la cuestión que nos ocupa ni siquiera por aproximación, por lo que las acusaciones indiferenciadas son injustas.

Pero no es la finalidad de este artículo reiterar mi opinión, ya conocida por quienes tienen la paciencia de leerme, que imputa la responsabilidad de la situación al nacionalismo al haber roto unilateralmente una situación de consenso con una ofensiva política sin precedentes en su historia, sino únicamente llamar la atención de los ciudadanos sobre la obligación de precisar acusaciones y requerimientos, buscando la mayor aproximación al viejo aforismo jurídico que utilizo como titular, con el fin de evitar lesiones injustificadas a quienes no las merezcan y confusión en la opinión pública.

Por ello, para terminar, me limitaré a hacer una referencia a las apelaciones al diálogo tan utilizadas, por cierto, por los nacionalistas para encubrir, sin duda, que son ellos precisamente quienes lo hacen imposible.

No nos engañemos ni nos refugiemos en falsas expectativas, busquemos más bien la verdad que no es otra que la que he anticipado: no hay posibilidad de diálogo y no la habrá mientras los nacionalistas pretendan mantener viva una facultad de secesión de España por decisión unilateral, como se hace en el proyecto presentado por el señor Ibarretxe, puesto que tal pretensión constituye un desencuentro innegociable no solamente en términos de legalidad, sino de justicia y solidaridad.

En consecuencia, todos hemos de ser conscientes de que vivimos una situación de confrontación, provocada y bloqueada por el nacionalismo, que como tal hay que asumirla desoyendo cantos de sirena pero confiando en que pueda desarrollarse en libertad para todos, y que cada uno debe decidir a qué juega y cómo lo hace.

Feliz año.

Los jueces vinculan el acoso de ETA a las «campañas sociales de deslegitimación»
Aseguran que el frustrado atentado contra los Juzgados de Vitoria pretende que la Judicatura «se amedrente» El Poder Judicial alaba la «magnífica» actuación policial
ADOLFO LORENTE/BILBAO El Correo 4 Enero 2004

Un arsenal de casi mil kilos de explosivos
El plan de ETA para volar el Palacio de Justicia de Vitoria durante esta Navidad, adelantado por EL CORREO, recibió ayer la «más rotunda condena» por parte de unas «indignadas» instituciones judiciales. Diferentes representantes de la Judicatura coincidieron en que se sentían «profundamente agradecidos» con las Fuerzas de Seguridad del Estado ya que, de no ser por su «impecable labor», ETA habría provocado una «auténtica masacre».

Los detallados planes terroristas, consistentes en introducir un coche fúnebre bomba en el garaje de los Juzgados aprovechando que este tipo de vehículos acceden de forma habitual al aparcamiento subterráneo con cadáveres para la práctica de autopsias o con documentación oficial, figuraba en la documentación incautada por la Policía francesa al dirigente etarra Ibon Fernández Iradi, 'Susper', tras su detención en Las Landas a principios de diciembre.

Juan Pablo González, uno de los dos vocales del Consejo General del Poder Judicial en el País Vasco, felicitó a la Policía, ya que «su magnífica labor» ha evidenciado que la lucha antiterrorista continúa «por el buen camino». González lamentó que «se haya vuelto a demostrar que la Judicatura continúa siendo objetivo prioritario de la banda criminal ETA».

Por su parte, el presidente de la Sala de los Contencioso del Tribunal Superior del País Vasco, Juan Luis Ibarra, vinculó este nuevo intento de ataque -ETA ha atentado en dos ocasiones contra el Palacio de Justicia- a las «campañas sociales realizadas para deslegitimar la Judicatura». Recalcó que iniciativas de este tipo producen un «efecto de señalamiento» que hace que estos acontecimientos «no sean casuales». Tras alabar la actuación de los agentes, mostró «su confianza» en que la Policía habría sido capaz de evitar el atentado aun en el caso de no haberse detenido a 'Susper'.

«Mayor seguridad»
La noticia también cayó «como un jarro de agua fría» en las asociaciones judiciales. Jaime Tapia, portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), advirtió a la banda de que «no vamos a amedrentarnos ante sus postulados». «Lo que ellos quieren es tener a unos jueces subyugados a su tiranía, pero la administración de justicia vasca seguirá trabajando con imparcialidad y neutralidad».

Desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), su máxima responsable, Concha Marco, recordó que los planes etarras han demostrado que «continuamos siendo objetivo de los terroristas». Por ello, reiteró su petición para que «se refuerce la seguridad de los edificios con la pretensión de salvaguardar a todos los funcionarios de la administración judicial» que en ellos trabajan. La responsable de la APM recalcó, asimismo, que «la deslegitimación que de la Justicia continúan haciendo diversos sectores políticos no beneficia en nada a los integrantes de la Judicatura vasca».

Enrique Múgica, Defensor del Pueblo:
«La convocatoria unilateral de un referéndum en una parte de España es una amenaza de secesión y debe ser castigada»
MADRID. PABLO MUÑOZ ABC 4 Enero 2004

El Defensor del Pueblo repasa en esta entrevista algunos de los aspectos de la vida nacional que más le preocupan: la unidad de España, la cohesión territorial, la inmigración, la ley del Menor, la violencia doméstica y el desastre del «Prestige»

Enrique Múgica Herzog (San Sebastián, 1932), Defensor del Pueblo desde 2000, habla desde la legitimidad y la autoridad moral que le concede ser un veterano luchador por la libertad en España, causa por la que sufrió prisión. Desde los años 50 militante de la izquierda, ahora se muestra «perplejo» por el pacto de Gobierno suscrito en Cataluña por su compañero Pasqual Maragall con una formación independentista como ERC. Defiende la última reforma del Código Penal, que prevé pena de cárcel para quien convoque un referéndum de forma ilegal, aunque no la forma en que se ha hecho. Para él la Constitución «es un punto de llegada» y hace suyas las palabras que Indalecio Prieto pronunció el 1 de mayo de 1942, ya en su exilio de México: «Mi musa siempre ha sido lo nacional, lo español sigue siéndolo. Jamás abdicaré del título preclaro de español, más bruñido por el sol de estas horas de desgracia que deben conducir a la exaltación y no a la claudicación».

-En los últimos meses se ha intensificado el debate sobre el modelo de Estado. ¿Qué reflexión hace sobre este asunto?
-Hay que ser claro: frente a los que dicen que la Constitución es un punto de partida, yo afirmo que es un punto de llegada. Quienes luchamos por las libertades y sufrimos las consecuencias de esa lucha creemos que los valores que defendíamos entonces y defendemos ahora son los que están expresados en nuestra Carta Magna, tanto en relación con las libertades fundamentales como con la estructura territorial de autogobierno de las nacionalidades y regiones que componen la nación. El Título VIII es un buen título y recoge esas aspiraciones de autogobierno, y los estatutos que emanan de él son los más generosos que cabe. Incluso, los nacionalistas vascos aspiraban en su día al restablecimiento del Estatuto de 1936, que tiene bastantes menos competencias y facultades que el actual. ¿Por qué se ha sido tan generoso? No sólo porque así se trataba de resolver la cuestión territorial, sino porque además se confiaba en que en todas las nacionalidades hubiera un poderoso aliento de lealtad constitucional. ¿Qué vemos actualmente? Que ese desarrollo estatutario se ha producido, con solvencia y con vigor, y que, a cambio, los nacionalistas han respondido con deslealtad constitucional. Por tanto hay que decirles hasta aquí hemos llegado, de aquí no pasamos.

-Desde una perspectiva histórica, ¿cómo ve el papel que están jugando los nacionalismos en España?
-Los nacionalismos surgen a comienzos del siglo XX frente a una España en decadencia, decrépita, en la que todas las cuestiones estaban pendientes: la militar, la religiosa, la agraria, la de clases, la autonómica... Y ahora vemos cómo surgen esas tendencias centrífugas en una España en que la mayoría de los españoles se siente a gusto, donde se ha hecho una transición ejemplar y se ha producido un desarrollo económico-social que era antes impensable. Eso produce perplejidad, y no legitimaremos que esta situación derive en decantaciones negativas. Queremos defender España, en su unidad y en su pluralidad.

-¿Está en crisis la idea de España?
-Sobre España, quiero recordar unas palabras de un socialista ejemplar como fue Indalecio Prieto, pronunciadas en Cuenca el 1 de mayo de 1936. Prieto, que en ese momento crítico de la historia de nuestro país solicitaba de la izquierda moderación y prudencia, decía: «A medida que la vida pasa por mí, yo, aunque internacionalista, me siento cada vez más profundamente español. Siento España dentro de mi corazón y la llevo hasta en el tuétano mismo de mis huesos. Todas mis luchas, todos mis entusiasmos, todas mis energías, derrochadas con prodigalidad que quebrantó mi salud, las he consagrado a España». Y exactamente seis años después, ya en el exilio, clamó: «Mi musa siempre ha sido lo nacional, lo español sigue siéndolo. Jamás abdicaré del título preclaro de español, más bruñido por el sol de estas horas de desgracia que deben conducir a la exaltación y no a la claudicación».

-Y sin embargo, una persona de su trayectoria política ve ahora cómo otro socialista, Pasqual Maragall, pacta con ERC, una fuerza independentista...
-Eso produce cierta perplejidad. Siendo optimista, confío en que Pasqual Maragall consiga moderar a los independentistas. Pero de todas formas han de ser todos conscientes de que hay un límite que no se puede pasar y que es el marcado por la estabilidad. Los españoles en general no estamos dispuestos a que se rompan los valores constitucionales, a que se rompa la unidad constitucional de España. Por eso, palabras como «si no se acepta lo que nosotros decimos, el drama está servido» no me parecen cargadas de la necesaria serenidad.

-También Maragall ha afirmado que llegaría a convocar un referéndum si las Cortes no aceptan el Estatuto que el Gobierno catalán proponga...
-Bueno, él ha dicho que convocaría una consulta según la ley. Bien, seamos optimistas, la ley es la que es, la ley marca los criterios para convocar un referéndum... Si se hiciera, confío en que la convocatoria de la consulta se haga con los criterios de la Carta Magna.

-Esas palabras de Maragall coinciden con la reforma del Código Penal que impone prisión a quienes convoquen un referéndum de forma ilegal. ¿Qué le parece esa reforma?
-Con el fondo de la misma estoy de acuerdo. Lo que creo es que quizá esa reforma debería haberse hecho de otra forma, el procedimiento debería haber sido otro. Pero insisto, estoy de acuerdo con el contenido de los artículos. La convocatoria unilateral de un referéndum en una parte de España es una amenaza de secesión y debe ser castigada. No creo que Maragall lo llegue a hacer.

-Y en el ámbito vasco, ¿qué se puede hacer con un presidente de la Cámara autonómica que no respeta las decisiones del Tribunal Supremo?
-Espartero, que fue libertador de los liberales vascos sometidos a la presión de los carlistas vascos, de los integristas vascos, dijo en reiteradas ocasiones: «Cúmplase la voluntad nacional». La voluntad nacional se expresa en la ley, por tanto, cúmplase la ley. La actitud de Ibarretxe vulnera de forma descarada los principios identitarios de todo el sistema constitucional, que debe ejercitarse en toda su plenitud.

-El PNV ha elegido sucesor de Arzalluz. ¿Cree que Imaz adoptará una nueva línea?
-Los analistas políticos pueden reflexionar sobre las intenciones, pero a mí como ciudadano lo que me interesan son los hechos. Y creo firmemente en la frase de Jesús que dice «por los hechos los conoceréis». Hasta ahora lo único que tenemos es su intención manifestada de llevar adelante el plan Ibarretxe. Eso se puede decir desde el gesto desabrido de uno o de la sonrisa amable de otro, pero ni una cosa ni la otra sirve en una situación política tan importante como ésta. Sólo sirven los comportamientos, las conductas y las palabras, y hasta ahora los tres son unívocos.

-José Luis Rodríguez Zapatero, secretario general del PSOE, ha abierto también el melón sobre el modelo de financiación de las Comunidades. ¿Cree que está en peligro la solidaridad entre los distintos territorios?
-Se habla de agencias tributarias regionales y algunos piensan que es el primer paso que puede llevar a la insolidaridad, lo que pagarían sobre todo las Comunidades menos desarrolladas y los ciudadanos de las mismas. Hasta ahora se ha lanzado un órdago sobre este asunto, lo que no se nos dice de momento es cuales serían las condiciones, las características, las competencias, hasta dónde se llegaría. Yo espero que alguna vez se nos diga por qué se quiere eso, y entonces podré contestar de forma más precisa.

-Su trabajo como Defensor del Pueblo ha tenido, entre sus prioridades, la inmigración. Acaba de entrar en vigor la reforma de la Ley de Extranjería, y ya tiene peticiones de que la recurra ante el Tribunal Constitucional. ¿Ha tomado ya una decisión al respecto?
-Siendo como soy Alto Comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos fundamentales tengo que reflexionar sobre las medidas aprobadas por el Parlamento. Cuando una ley como ésta se ha aprobado con el consenso del partido del Gobierno y del PSOE lo tengo que tener en cuenta, además por supuesto de los argumentos que me presentan los recurrentes. El consenso es un hecho importante, pero eso no es óbice para el estudio y la reflexión que nos provoquen los argumentos de los recurrentes. De todas formas ya se ha iniciado su tramitación.

-Hay un punto de esta reforma que ha sido polémico, que es la posibilidad de que la Policía utilice los datos del padrón para detectar bolsas de inmigrantes irregulares. ¿Es partidario de esta medida?
-Efectivamente, ésta es una de las cuestiones que más polémica está generando en la nueva Ley de Extranjería. Sobre ella hay que hacer una primera afirmación: el padrón es un instrumento al que los ciudadanos pueden acceder y por tanto también puede ser consultado por la Policía. Este aspecto ya se ha cuestionado ante la Institución. En los próximos meses habrá una resolución teniendo en cuenta lo que establece la Ley de Protección de Datos y coordinando todos los intereses y derechos que entran en colisión.

-Otro de los aspectos más delicados es el de los menores inmigrantes. España acaba de firmar con Marruecos un acuerdo de repatriación que afecta ya a más de 2.800. ¿Qué valoración hace del acuerdo?
-Es positivo, siempre que se cumplan unos requisitos mínimos, siempre que se localice a las familias de estos menores en su país y siempre que mientras se identifica a los menores y a sus familias estén en centros de acogida bien dotados.

-Hace unos días el presidente Chirac, tras estudiar un informe de un comité de sabios, ha prohibido los símbolos religiosos en las escuelas francesas, como el velo u otros. ¿Ha llegado ya el momento de que en España tengamos que plantearnos estas cuestiones?
-El problema no es que una niña se ponga el velo, el problema es que está determinada por la actitud fundamentalista de sus padres, que tienen unas creencias según las cuales la mujer está subordinada al varón. La niña puede ser inocente, pero no lo es la actuación de quien le ordena que muestre este velo. En Francia, la escuela laica tuvo una importancia extraordinaria en la consolidación de los valores republicanos, y no cabe que pueda convertirse en campo de batalla en el que se mancillen o pongan en entredicho esos valores. Una cosa es que los niños y las niñas lleven símbolos de lo que creen, como puede ser una cruz, o una estrella de David, o uno musulmán, y otra es que se utilicen como signos de división. El predominio de elementos comunitaristas que a veces se perciben como elementos hostiles a los valores democráticos no son convenientes. En España todavía el hecho es incipiente pero hay que tener en cuenta el fenómeno francés para estar prevenido. No podemos asumir valores de identidad cultural convertidos en elementos hostiles contra los valores democráticos.

-En España ya hubo un problema con una niña en un colegio cuyos padres sólo aceptaban escolarizarla si podía llevar el velo...
-Insisto, el problema no es la niña, sino los padres. En Francia el Consejo Constitucional tomó una decisión ambigua, que permitía que en algunos supuestos podía llevarse el velo. Esos supuestos se han multiplicado enormemente. Lo que antes era una tolerancia hacia los que enarbolaban el velo hoy ha sido aprovechado por los elementos fundamentalistas para convertirlo en un ataque a los valores democráticos. Y eso no se puede consentir.

-¿Dónde están los límites de respeto que debe tener la sociedad española hacia las costumbres de los inmigrantes?
-Tenemos un ejemplo que es la sociedad norteamericana. Si hay un país que es la consecuencia de las emigraciones a lo largo de los siglos es EE.UU. Y allí cada comunidad conserva sus costumbres, sus fiestas, pero hay algo que está sobre todo eso, que son los valores de la Constitución, los valores democráticos, que son asumidos por todos. Ahí funciona adecuadamente esto. ¿Por qué no vamos a seguir ese comportamiento en España?

-Los últimos meses también han estado marcados por la Ley del Menor. Está en marcha una reforma para castigar de forma más dura a quienes cometan actos especialmente graves. ¿Es necesaria la reforma?
-El problema de esa ley es que aparecieron sanciones que resultaban irrelevantes para la gravedad de los comportamientos. Aquí han venido a verme padres de menores, de una niña que fue asesinada por sus compañeras porque querían saber cómo reaccionaba una chica cuando la mataban. Era la realización del acto gratuito. Las sanciones que existen para esos comportamientos no son suficientes. Pero hay otro aspecto. La Ley del Menor debe contar con medios adecuados. No tiene una financiación adecuada, los presupuestos son menores de lo que la concreción de la ley exige. El Gobierno manifiesta buenas intenciones, pero me gustaría ver hechos concretos.

-¿Es partidario de rebajar la edad penal de los 18 hasta los 16 años, como piden algunas voces?
-Yo creo que no hay rebajar la edad penal. Existen casos en los que parecería que estuviera justificado, pero jamás para una norma que debe ser general han de ser supuestos concretos los que estimulen el cambio. La Ley del Menor exige una enorme pedagogía y que tenga los suficientes medios para que se lleve a la práctica con buenos resultados.

-Otro de los temas que más le han ocupado es el de la violencia doméstica...
-Hay que decir que la violencia doméstica es mucha, pero menos que antes. Hemos pasado mucho tiempo en un régimen autoritario, que entre otras cosas significaba la desigualdad de sexos y la falta de libertad, con lo cual el hombre era el amo y señor de la mujer. Había un clima que favorecía ese fenómeno. Ahora, afortunadamente, pasa lo contrario. La igualdad de sexos hace que los hombres se contengan, que la violencia doméstica sea menor. Si crecen las denuncias es porque las mujeres han perdido el miedo a denunciar.

-¿Cómo están funcionado los juicios rápidos y la orden de protección en este asunto?
-En general los juicios rápidos están dando un buen resultado. Lo que pasa es que todavía carecemos de los medios materiales y personales para que se consoliden. En este momento, con una población penal saturada, habría que construir nuevos centros penitenciarios, debiera haber elementos de seguimiento suficientes para aquellos condenados que por la escasa cuantía de la pena no ingresan en prisión...

-Ha propuesto la creación de una Jurisdicción de Conflictos de Familia...
-Cuando hay un problema de separación, divorcio, a veces concurren competencias de índole penal y civil. En ocasiones hay contradicciones entre los procedimientos y el «tempo» en estos asuntos. Creo que debería haber un juez de familia que tuviera las dos competencias. El Gobierno, según comentarios que me llegan, lo está estudiando.

-Usted ha sido muy crítico con algunos aspectos de la gestión de la Administración en la catástrofe del «Prestige».
-Todavía ese asunto sigue siendo materia de discusión. Nosotros hemos dicho que ha habido elementos de descoordinación por parte de la Administración, pero de ahí a que sea la responsable de todas las consecuencias del desastre hay unos pasos que por prudencia no puedo dar. Sí es destacable que se ha actuado con bastante rapidez en la cuestión de las indemnizaciones a los perjudicados, más que otras veces anteriores.

-En uno de los escritos hablaba de que había faltado información sistemática, completa y objetiva...
-Cuando hay descoordinación se trata de aliviarla mediante falta de transparencia. Hay que explicar mejor lo que se ha hecho, pero todo eso no puede ni debe ser aprovechado políticamente. De cualquier forma, aún hay algunos aspectos de esta catástrofe que requieren mayor aclaración.

Mayor:
«Las elecciones vascas las marcará un pacto PNV-ETA para repartirse el poder»
«Gran desacuerdo» sobre la actividad terrorista
ABC 4 Enero 2004

Afirmó que «hay una mayoría de españoles que quiere que el PP se atreva a decir que no» a las reformas estatutarias planteadas por siete Comunidades

MADRID. El presidente del PP en el Parlamento vasco, Jaime Mayor Oreja, manifestó ayer que las próximas elecciones autonómicas vascas «no están marcadas por la decisión del Tribunal Constitucional» en relación al plan Ibarretxe, «sino por el acuerdo entre ETA y PNV a la hora de establecer plataformas unitarias y para repartirse el poder político en el seno del Gobierno vasco». A su entender, lo que busca PNV es «el sí de ETA y el sí del reparto del poder político del Gobierno vasco y esa fecha será la clave y la que determinará la fecha de las elecciones autonómicas». Además, aseguró que «ETA es la garantía del plan Ibarretxe». Según dijo, «a ETA le han dado la razón en Estella y en el plan Ibarretxe, y lo que quiere, de vez en cuando, es hacerse presente para demostrar que no ha desaparecido».

Consideró que lo primero que tiene que hacer el PP vasco es «concentrarse para que España tenga una mayoría clara y rotunda del PP». En ese sentido, advirtió de que «en un momento en el que el PSOE es un reino de Taifas, es muy difícil que haya esperanza constitucional en España si el PP no tiene el resultado que debe para representar a una mayoría de españoles, vascos, catalanes, castellanos y andaluces que simplemente queremos decir no a lo que significa hoy el desafío que nos viene tanto con el plan Ibarretxe como con el arbitraje de ERC en Cataluña».

En cuanto a la reforma de las estatutos que defienden varias comunidades autónomas, señaló que la postura del PP debe ser «atreverse a decir que no» porque, según destacó, «la estabilidad constitucional es una de las grandes fortalezas democráticas y no hay ninguna razón para que haya cambios sustanciales en los estatutos ni en la Constitución». No obstante, reconoció que «se podrá establecer, en un momento determinado, la necesidad de una reforma, pero nunca como presión del nacionalismo».

Por otro lado, Mayor Oreja denunció la «estrategia del conjunto del nacionalismo vasco que hoy está impidiendo el diálogo y la democracia en el País Vasco», a la vez que afirmó que «lo importante sería que de la agenda de trabajo» de Jon Josu Imaz, «desapareciese el plan Ibarretxe», aunque dijo que no tenía «ninguna esperanza en que ello suceda».

El Foro de Debate Nacional, promovido por la izquierda abertzale, asegura que en el «Diagnóstico sobre la situación de Euskal Herria», presentado ayer en San Sebastián, se constata que existe un «gran desacuerdo» entre sus miembros sobre el «modelo de país» y a la «lucha armada» de ETA, informa Vasco Press. El texto asegura que «no existe una estrategia popular conjunta» entre las organizaciones que «reconocen la existencia de Euskal Herria». «No existe un acuerdo de mínimos sobre la definición efectiva del sujeto del derecho de autodeterminación y los ritmos o plazos que definirían tal reivindicación». «La discrepancia entre los agentes sociales y políticos sobre la valoración que merecen algunos instrumentos políticos, como el de la lucha armada, es profunda. Esas discrepancias son un obstáculo para la acumulación de fuerzas en pos de la autodeterminación».

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