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Recortes de Prensa     Domingo 11 Enero 2004
Los chulos del barrio
JAIME CAMPMANY ABC 11 Enero 2004

La farsa
Tomás Cuesta La Razón 11 Enero 2004

Demora en el TC
Editorial ABC 11 Enero 2004

El hombre ubicuo
ÁLVARO DELGADO-GAL ABC 11 Enero 2004

La necesidad del PSOE
Editorial El Ideal Gallego 11 Enero 2004

Eduardo García de Enterría: «La Unión Europea no aceptaría la fragmentación de España»
NIEVES COLLI ABC 11 Enero 2004

Los partidos constatan una menor presión radical en antiguos feudos locales de HB
J. J.  CORCUERA BILBAO El Correo 11 Enero 2004

 

Los chulos del barrio
Por JAIME CAMPMANY ABC 11 Enero 2004

DE aquí a las elecciones y también después de ellas, nos esperan a los españoles tiempos muy apropiados para ejercitarnos en la virtud de Job. Tendremos que hacer acopio de paciencia y sufrir sin ira las provocaciones de los nacionalistas rabiosos y chulánganos. Cuando los nacionalistas comprueban la dificultad o la imposibilidad de conseguir sus disparatados propósitos y de realizar sus enloquecidas propuestas, se dedican a provocar con las actitudes que más puedan doler a las personas de bien y a los bien nacidos. O sea, que se comportan como los chulos del barrio, expertos en provocaciones, peritos en sacar de sus casillas a los pacíficos y sensatos.

Un ejemplo elocuente de esto que digo nos llega de ese sujeto de Esquerra Republicana llamado Benach, que ahora preside, válgame la Moreneta, el Parlament catalá. A este maromo se le ha ocurrido recibir como primera providencia de su cargo a los familiares de los asesinos etarras. En las cárceles no hay presos catalanes condenados por delitos de terrorismo, así que Benach ni siquiera tiene esa disculpa para su diligencia en demostrar que él tiene más prisa en consolar a los familiares de los etarras que a las familias de sus víctimas. Se trata, indudablemente, de una provocación. Ahí sale el chulo del barrio.

La alianza del nacionalismo rabioso con parte de la izquierda española, incluso con ese socialismo que hasta ahora se llamaba «socialdemocracia», es una mala noticia porque se juntan, para el mal de España, el hambre con las ganas de comer. Desde siempre, la izquierda española ha seguido una perversa tradición. En los escasos paréntesis democráticos que hemos disfrutado en nuestra Historia, cuando la izquierda ha perdido su lucha política en las urnas, se ha resistido a aceptar la derrota, y ha intentado ganar esa batalla en la calle, a fuerza de movilizaciones violentas de la población civil y de acciones revolucionarias. En esa tentación sigue. Y la alianza de los revolucionarios de calle y de los chulos de barrio ofrece un resultado lamentable. A veces, contra la revolución callejera y la imposición violenta de la izquierda, opone la derecha más expeditiva el cuartelazo y el pronunciamiento y ya tenemos organizada la fiesta política de todos los domingos.

Ya hemos asistido a algunos ensayos de esa vieja costumbre de la izquierda, al llevar a la calle, con desórdenes y disturbios, sus protestas contra algunas políticas del Gobierno que no le eran gratas y escenificando demostraciones ridículas en el mismísimo Parlamento. A las provocaciones de los nacionalistas, que pegan con bomba, tiros, acciones y palabras, donde más puede doler a los españoles, se une ahora esta manía de nuestros rojelios de conseguir por las malas en la calle lo que no han conseguido por las buenas en las urnas. Mal asunto. Mucho más porque el nacionalismo moderado y que hasta se ha llamado democrático no ayuda a contener las provocaciones chulescas, y porque tampoco en el Partido Socialista se vislumbra quién o quiénes puedan poner sensatez, sosiego, sentido democrático y respeto a la paz civil.

La farsa
Tomás Cuesta La Razón 11 Enero 2004

En el célebre arranque de «18 Brumario», Carlos Marx afirma que todo acontecimiento histórico está condenado a producirse dos veces: como drama primero y después como farsa. ETA, que es el lado oscuro de nuestra historia última (nuestra historiETA, sería más exacto), ha abandonado el dique de la tragedia insomne para ir a naufragar en la comedia bufa y en la infamia hilarante de un torpe vodevil, ramplón, por lo demás, y amorcillado. Cierto es que las morcillas, en esta tierra nuestra, se rellenan con sangre y que sobre la derramada por las víctimas no cabe recrearse en la ingeniosidad o la chanza. Pero no es menos cierto, sin embargo, que uno prefiere, ya puestos a elegir, morirse de una vez del descojone en lugar de vivir acojonado.

En su deposición ante la Policía (y entiéndase deposición en su sentido laxo), los etarras de la pasada Nochebuena han confesado que la mafia terrorista no les adelantó ni un euro de vellón para subvencionar sus planes. Sus planes, como recordarán sin duda, eran hacer explotar un tren en Chamartín y darnos el turrón sobre hacernos la pascua. Así que debieron escotar de sus bolsillos para comprar pelucas y bolsas deportivas, billetes ferroviarios y aditamentos varios. ¿Y ésos son los «gudaris» que hemos de temer si no nos doblegamos al chantaje de Arzallus? Después de tanto horror (y del que nos espera, hermanos) bien está que un país se ría de su sombra, por más que sea amarga. Estamos, otra vez, ante el chiste de Gila, con teléfono móvil y temporizador a plazos: «¿Está el enemigo? Pues dígale que se ponga al aparato».

La farsa, decía Marx, ha de servirse a los postres del drama. Riamos, pues, con ganas, ahora que aún podemos, y que las carcajadas retumben en su jeta como una bofetada. Sin olvidar que, hoy mismo, mientras nos da la risa, España se consume en el fiebrón de las rebajas. ¿Qué mejor ocasión para que la intendencia terrorista aúne el ahorro y la eficacia? Habría que crear una brigada «Todo a Cien» para infiltrarse, sin levantar sospechas, en los templos del «kitsch» contemporáneo. Porque seguro que entra algún imbécil preguntando el precio de los pasamontañas.

Demora en el TC
Editorial ABC 11 Enero 2004

EL aplazamiento hasta el próximo día 26 de las deliberaciones del Tribunal Constitucional sobre la impugnación del Plan Ibarretxe por el Gobierno central empieza a ser una dilación excesiva -obviando para mejor ocasión el calificativo de indebida- y sugiere algo aún más inquietante: la aparente indiferencia del TC con la preocupación general, notoria para quien observe objetivamente la realidad, sobre el inicio de este debate constitucional. Esta advertencia no es gratuita, pues lo que debe decidir el TC no es la cuestión de fondo, es decir, la inconstitucionalidad material de los acuerdos del Ejecutivo vasco y de la Mesa del Parlamento de Vitoria, sino la pura y simple iniciación del conflicto promovido por el Gobierno. La incipiente perplejidad que empieza a ocasionar la demora del TC no se disipa, por tanto, apelando a la complejidad de la fase procesal en que se halla el conflicto, pues la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) no prevé siquiera la admisión a trámite de la demanda del Gobierno; basta comunicar «la formulación de la impugnación» para suspender los actos denunciados.

Además, este continuo aplazamiento del inicio del proceso es contrario a la prerrogativa que la Constitución otorgó al Gobierno central en los conflictos con las Comunidades Autónomas, consistente en anudar el efecto suspensivo de la disposición o acuerdo autonómico a la impugnación planteada por el Ejecutivo. Por otro lado, la acumulación de informes de las Administraciones implicadas va a producir el efecto inevitable, y claramente rechazable, de transformar una decisión de trámite -no prevista expresamente en la LOTC- en un juicio de fondo, sea cual sea su orientación, que debería quedar reservado para la sentencia final.

El Plan Ibarretxe ha generado incertidumbres y preocupación no sólo en las instancias políticas, sino también en la sociedad española, especialmente la vasca. No es para menos, tratándose de un plan desestabilizador y conflictivo, sin más horizonte que la crispación entre ciudadanos e instituciones vascos. Quienes tenían que decantarse ya lo han hecho: Gobierno y oposición socialista, la Abogacía del Estado, la Diputación de Álava y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Bien está que el TC resuelva también y antes el recurso de amparo contra la ilegalización de Batasuna, pero no es incompatible con asumir el conflicto sobre el Plan Ibarretxe con la diligencia procesal que requiere el interés general y en consonancia con el carácter de trámite que tiene la primera decisión, aún pendiente. La agenda del Estado es común para todas sus instituciones y sentirse implicado en ella no supone abdicar de la independencia que exige el ejercicio de la función jurisdiccional atribuida al Tribunal Constitucional.

El hombre ubicuo
Por ÁLVARO DELGADO-GAL ABC 11 Enero 2004

El PSOE está descubriendo su programa electoral como las «strip-teaseuses» la piel aún incógnita. O sea, por partes, vislumbrables a través de filtraciones periodísticas. Y como la evidencia no está autorizada oficialmente por el partido, y además es fragmentaria, cada cual saca las conclusiones que más le gustan. Tal, por ejemplo, en lo que se refiere a la organización de los Tribunales Superiores de Justicia. Hasta el ciudadano han llegado dos interpretaciones distintas, ambas compatibles con las noticias textuales aparecidas aquí y allá. Según los sectores más próximos a Ferraz, se trataría sólo de potenciar a los tribunales autonómicos con el fin de que el Supremo no fallezca agobiado por el atasco de recursos que en este momento pesan sobre él. En esencia, nada radicalmente nuevo, o alarmante. La ley reconoce a los tribunales superiores, en extremos varios, la condición de tribunales de última instancia. Se trataría de sistematizar algo que ya existe, en beneficio de una gestión más rápida y descentralizada.

¿Todo en orden? Todavía, no. Tanto las disposiciones vigentes, como las propuestas descentralizadoras formuladas por distintos órganos judiciales -verbigracia, el Consejo General del Poder Judicial, vocales del PP incluidos- constriñen la competencia final de los tribunales superiores a las normas de ámbito autonómico. Y no está claro que el programa del PSOE respete esta restricción esencial. La tesis del Gobierno, es que no lo hace. Según el Gobierno, los socialistas quieren relegar al Supremo al papel de mero unificador de doctrina. Lo último, expresado en román paladino, significa que el Supremo intervendría sólo en el caso de que dos o más tribunales autonómicos emitieran sobre una ley cualquiera, ya autonómica, ya estatal, sentencias contradictorias. El resultado sería una pérdida por el Supremo de la iniciativa jurídica. Pensemos, para aclarar la posición del Gobierno, en un país verdaderamente federal, como los USA. En los USA, la organización jurídica de cada estado culmina en el respectivo tribunal superior. Ahora bien, el Supremo puede enmendar la plana al tribunal subordinado cada vez que lo estime oportuno. En este sentido, es propietario del Derecho, un Derecho común a toda la nación. Un Supremo sin iniciativa jurídica no podría hacer nada contra tribunales autonómicos sincronizados entre sí. En la práctica, añaden los populares, se vería disminuido a una función testimonial. Ello rompería la unidad jurisdiccional, y va contra la propia Constitución.

El retazo de programa socialista que ha trascendido a la prensa deja, por así decirlo, la pelota en el tejado. El párrafo crucial reza así: «Los Tribunales Superiores de Justicia serán el órgano jurisdiccional en que culmine la organización judicial en el ámbito territorial. En los Tribunales Superiores de Justicia se agotarán las sucesivas instancias procesales, sin perjuicio de las funciones de tribunales de ámbito estatal y de la unificación de doctrina del Tribunal Supremo». Se hace mención, de modo expreso, a las funciones, no precisadas, del Supremo. Y se habla luego de su papel como unificador de doctrina. Los proclives a decretar que la botella a medio llenar está llena, insistirán en el primer punto. Y los pesimistas nos recordarán que los socialistas han sido mucho más elocuentes, y concretos, cuando llegaba el momento de extenderse sobre el Supremo como mero unificador de doctrina.

En mi opinión, es más clarificador, y preocupante, el análisis del caso en clave política. Se hace muy difícil no atribuir las iniciativas «descentralizadoras» de Ferraz a la presión que sobre él ejerce el tripartito catalán. Y se hace igualmente difícil no sospechar que Maragall está tendiendo, por distintos caminos, o con distintos pretextos, a imponer fórmulas rupturistas. Esto es, confederales. En el documento consensuado por el PSC y Esquerra, se hablaba, en efecto, de un tribunal catalán de última instancia. La idea es «atribuir al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña las funciones de Tribunal de Casación para resolver en última instancia los recursos judiciales iniciados en el territorio de su jurisdicción». Esto es, en Cataluña. Punto clave: un recurso judicial iniciado en Cataluña no es lo mismo que un recurso judicial que interese sólo a la ley catalana. Puede interesar, igualmente, a la ley del Estado. Esta lectura no induce a la tranquilidad. Pero es la que mejor se aviene con el texto que anticipaba la posición del tripartito de Barcelona.

Está en manos de Rodríguez Zapatero el despejar todas las dudas y reticencias aclarando, en el programa definitivo, cuál es el alcance real de su iniciativa descentralizadora. ¿Lo hará? No lo sé. La precisión de conciliar movimientos contrapuestos, y su debilidad dentro del partido, han terminado por conferir a Zapatero virtudes de naturaleza cuántica. Quiero decir, semejantes a las que Bohr atribuyó al electrón del átomo de hidrógeno. En la teoría de Bohr, no es posible decir en qué orbital se encontrará, en un instante dado, el electrón. Todo lo que se puede decir, es la probabilidad de que ocupe tal o cual orbital. Cuando se quiere hacer una representación gráfica del electrón, no se dibuja un punto sino una nube. Así el secretario general de los socialistas. Es fluido y aéreo. No estoy seguro de que esto tenga mucho que ver con la descentralización.

La necesidad del PSOE
Editorial El Ideal Gallego 11 Enero 2004

Rodríguez Zapatero vaticinó que las elecciones de Madrid le abrirían la puerta de La Moncloa, pero ni en la primera ni en la segunda convocatoria consiguió descerrojarla; el secretario general del PSOE calificó los comicios municipales como el principio del cambio, pero las urnas depararon una situación similar a la previa al 25 de mayo. Cataluña se quedó a partir de entonces como la única esperanza y de nuevo los ciudadanos prefirieron otra opción, aunque gracias a la aritmética parlamentaria los socialistas alcanzaron la presidencia de la Generalitat, si bien para ello se plegaron a las exigencias de Esquerra Republicana. Era tal necesidad de poder que tenían que cualquier imposición -todas las planteadas por ERC son el reflejo de su independentismo- les parecía aceptable y por lo que se ha visto desde que Maragall fue investido jefe del Gobierno catalán no es únicamente él quien asume los postulados ajenos, sino que también lo hace Zapatero, lo cual es mucho más grave, ya que no se puede olvidar que es el líder de un partido en cuyas siglas figura la “E” de España. El programa económico que ayer hizo público es la prueba fehaciente de que su partido ha prescindido de esa idea, puesto que su modelo de financiación autonómica recoge la creación de un espacio fiscal propio de cada región y de una agencia tributaria en cada territorio. La consecuencia inmediata de esas medidas sería la destrucción de la economía nacional, que desde hace unos años es la más próspera de la UE y una de las primeras de todo el mundo, claro que la deriva del PSOE hace pensar que España le tiene sin cuidado.

Eduardo García de Enterría: «La Unión Europea no aceptaría la fragmentación de España»
«El nacionalismo es una ideología del siglo XIX que está en crisis en todo el mundo», asegura en la entrevista el catedrático
Por NIEVES COLLI ABC 11 Enero 2004

-En su libro conmemorativo del 25 aniversario de la Constitución asegura que la Carta Magna cerró el ciclo de las guerras civiles. Tras un cuarto de siglo de indiscutida vigencia, ¿cree que ha llegado el momento de hacer reformas sustanciales?
-En el libro explico la transición y el milagroso acuerdo al que se llegó cuando tantos augurios había sobre que aquello iba a ser la reapertura de la guerra. Un profesor amigo me decía: «Eduardo, cuando se muera Franco la guerra civil nos va a parecer una huelga de pintores». Esta era una idea bastante común. La sorpresa fue que entre todos (recuérdese que en las Cortes Constituyentes de 1977 estaban la Pasionaria, generales del régimen, Santiago Carrillo, los falangistas, los ministros de Franco, los exiliados que habían vuelto...), en esas Cortes se llegó a un pacto que nos pareció un milagro. Y la guerra civil no había sido sólo la del 36, sino que llegaba desde que Napoleón nos dejó España destrozada. Desde entonces y hasta 1978, habíamos estado prácticamente, con muy cortos intermedios, en una guerra civil, real o virtual. Y en la transición todo el mundo fue consciente de una manera inesperada de que aquello no podía volver a repetirse. Ahondando en este pensamiento, observo que eso ha pasado siempre en la historia política de las naciones: las guerras civiles han sido el comienzo de la sabiduría política. Todos están de acuerdo en que la guerra es la solución más inadmisible y en que tienen que ceder parte de sus convicciones básicas, aceptar al contrario y buscar un pacto social que permita una convivencia en el futuro. Desde el punto de vista de la teoría política, el pacto social al que se llegó en España es el de Locke: un pacto en el que cada uno cede con el objetivo esencial de garantizar la libertad de todos. Fuimos conscientes de que se debía encontrar un sistema político en el que cupiéramos todos y nuestra Constitución, en la que el Partido Comunista votó a la Monarquía y los antiguos franquistas votaron un régimen de libertades y de elecciones democráticas, es el resultado de ese gran pacto social. Por vez primera en nuestra historia tenemos una Constitución que fue la obra conjunta de todas las fuerzas políticas, de todos los territorios; una Constitución que no es la imposición del grupo que manda, sino que refleja la voluntad de todos los grupos políticos de aceptar un campo de juego nuevo en el que todas las tendencias caben.

-Pero, ¿ha llegado el momento de hacer una reforma sustancial?
-La modificación de la Constitución es técnicamente posible y jurídicamente inobjetable, pero las reformas deben meditarse extraordinariamente para no romper lo sustancial del pacto social. En este momento se habla de reformas que afectan a la configuración del Estado de las Autonomías. Allí también hubo pacto social y veo peligroso romperlo. Los nacionalismos, que son los que han lanzado esta campaña y que en su día se integraron en el sistema, deben aceptar que el momento actual no es probablemente el más adecuado (aludo a la UE) para intentar, una vez que están desapareciendo los Estados nacionales, la proliferación de una multiplicidad de miniestados. En este momento, los nacionalismos no tienen más remedio que acomodarse a un sistema de integración global que trasciende de los propios Estados nacionales. Con los nacionalismos hubo un pacto, ellos están gobernando sus respectivas Comunidades Autónomas desde la Constitución, y ahora eso les parece poco... El sistema político español es de los más descentralizados del mundo y, por consiguiente, tampoco se puede llegar mucho más allá para no quebrar la unidad del sistema. Hablan de un sistema federal... El nuestro no se llama así pero no reconoce menos poderes que un sistema federal. El nuestro se puede perfeccionar, pero con un enorme cuidado y teniendo en cuenta que realmente no se puede llegar mucho más allá de lo que se ha conseguido con la Constitución y los Estatutos. El mantenimiento de aquel consenso básico sería sumamente útil para todo el país.

-¿A qué atribuye que ahora se reclame con tanta fuerza, incluso con amenazas, un nivel de autonomía que roza la independencia?
-Esa es la lógica propia del nacionalismo. El nacionalismo es una ideología del XIX que está en crisis en todo el mundo. Los microestados han fracasado, como ha fracasado el famoso principio de Wilson según el cual todos los pueblos tenían derecho a tener su propio Estado. Es el fracaso de entreguerras y del sistema de Versailles. Los microestados fueron hundidos todos por Hitler con enorme facilidad. Lo que pasa en España es que el nacionalismo fue impulsado por la enorme torpeza de la política de Franco. Franco ha sido uno de los mayores responsables de que, después de su muerte, estos nacionalismos no sólo no habían sido erradicados, que era lo que él pretendió por medios violentos, sino que estaban más vivos que antes. Esto son situaciones concretas, pero lo cierto es que los partidos nacionalistas aceptaron y fueron artífices del pacto constitucional, en el cual se dice que la Nación española es una e indivisible y lo demás son Comunidades Autónomas. Quieren llegar más allá... que se acuerden también de la situación anterior a la Constitución, que no era precisamente ideal para ellos con la persecución de sus culturas y sus lenguas, y que no es el caso de ahora precisamente. Entonces, actitudes como la del plan Ibarretxe, es evidente que comportan la ruptura del marco constitucional. Yo no soy nadie para llamar a los nacionalismos a una reflexión un poco seria y objetiva; ellos harán lo que tengan que hacer, naturalmente, pero conviene repetir que no hay motivos para romper ahora el pacto social al que se llegó en 1978. Además, la Unión Europea no va a aceptar esas fragmentaciones. Si se han integrado las grandes naciones, durante siglos protagonistas del devenir histórico, no es el momento de que las pequeñas naciones puedan jugar en Europa un papel decisivo. Que esas pretensiones puedan llevar a una ruptura sería también un error para sus propios intereses. Además, difícilmente lo van a conseguir porque supondría la ruptura de todo el pacto constitucional, según el cual el poder constituyente está en el pueblo español.

-¿Por qué da tanto miedo reformar la Carta Magna?
-Sigo insistiendo en que lo que está en el fondo de nuestra Constitución es un pacto social básico en el que todos convinimos unas reglas del juego, unos contenidos mínimos, un sistema de libertad... y eso sigue siendo una ganancia del pueblo español y no se puede cambiar frívolamente. Hay que llamar a la responsabilidad de la gente. Hemos vivido 25 años que no habíamos vivido en toda nuestra historia moderna. Veinticinco años de paz, libertad, de alternancia pacífica de partidos en el Gobierno, de progreso económico, de integración en Europa. Se ha dicho alguna vez, y lo ha dicho también el PSOE, que una reforma de la Constitución debe hacerse con un consenso igual o mayor que el de 1978. Esta idea me parece esencial y frente a ella no tendría ninguna reserva. Lo que no me parecería correcto es la imposición de una reforma por el partido en el poder. Ese trasfondo político de pacto social básico está muy por encima de simpatías o de que a alguien le guste más o menos.

-Las pretensiones nacionalistas se han materializado en el País Vasco en el plan Ibarretxe, cuya tramitación ha sido recurrida por el Gobierno ante el Constitucional. ¿Cree que la impugnación debería haber esperado a la aprobación de la propuesta por la Cámara de Vitoria?
-Es verdad que el recurso típico ante el TC es el de la inconstitucionalidad de las leyes, pero hay otra vía que permite recurrir decisiones. No sé si esta es una de ellas pues no he estudiado el problema a fondo y no quiero hacer pronósticos, pero no creo que sea una arbitrariedad desde el momento en el que es una posibilidad que está en la Constitución. En todo caso, si el TC dijera que no es el momento, será un problema de procedimiento no de fondo.

-Los críticos al recurso del Gobierno sostienen que pretende cercenar un posible debate sobre el plan Ibarretxe en el Parlamento vasco...
-Es un problema muy técnico y muy debatido. Pero no es lo sustancial pues, se diga una u otra cosa, de ahí no se va a derivar que el plan Ibarretxe cabe dentro de la Constitución, porque no cabe. Ese proyecto parte del derecho de autodeterminación que, dice, se recoge en los Tratados Internacionales, cosa que no es cierta. La Asamblea de la ONU ha dicho que no existe el derecho a segregarse de los Estados que reconocen un régimen democrático de libertades y del sistema español no creo que se pueda dudar que es democrático y de libertades. Justamente ahí es donde está el problema. Ellos se quieren erigir en un poder constituyente... No lo han sido nunca, el Estatuto no lo reconoce, la Constitución es contraria y los pactos internacionales que citan no existen. Al margen, pues, del problema procesal, no creo que pueda haber mayor duda de que el proyecto no cabe en la Constitución.

-¿Está justificada ante este panorama la modificación del Código Penal para castigar con penas de prisión la convocatoria ilegal de un referéndum?
-Creo que no ha sido demasiado adecuado que esa reforma sustantiva se introduzca como se ha hecho, aprovechando el paso de una ley orgánica por el Senado y sin un debate general en el Congreso. El Estado se tiene que defender de los intentos de romperlo, esto parece lógico y que en esas leyes de defensa en algún momento tenga que intervenir el Derecho Penal tampoco es extraordinario. Eso es así en la mayoría de los Códigos Penales occidentales. Ahora, lo que no me parece acertado es que la reforma se haya introducido de esa manera poco pensada y excluyendo el debate.

-¿Denota un excesivo afán de control por parte del Gobierno?
-Ese es un juicio político... Lo que pasa es que eso está forzado porque las Cortes se van a disolver. Se les ocurre tarde en el Gobierno y saben que si llevan el proyecto al Congreso, no tiene ninguna posibilidad de salir adelante. Entonces tienen prisa, que es lo que está poco justificado en una norma de esta naturaleza.

-El plan Ibarretxe no es el único órdago de las instituciones vascas al Estado. ¿Qué debe hacerse, por ejemplo, frente a la negativa de la Cámara de Vitoria a cumplir la sentencia que ilegalizó Batasuna?
-Parece que ya hay abiertas unas diligencias penales, pero no voy a entrar en si estamos o no ante un delito de desobediencia. Lo que sí digo es que la tesis que defiende el Parlamento vasco de que su autonomía excluye la ejecución de sentencias del Tribunal Supremo, eso ningún jurista puede admitirlo. No es cierto que ningún órgano esté exento hoy de ejecutar las sentencias de la Justicia porque, además, eso está en la propia Constitución (art. 118).

-¿Era la penal la única vía posible?
-Ahí hay un delito tipificado en todos los Códigos Penales, que es la desobediencia. Yo no soy penalista, pero la querella de la Fiscalía parece una reacción de cierta lógica.

-Si el TC admitiera a trámite el recurso contra el plan Ibarretxe, su tramitación parlamentaria se suspendería automáticamente y podríamos encontrarnos ante una situación similar si la Cámara vasca se negara a obedecer...
-Creo que si no fuera por la suspensión automática, el recurso ya se habría admitido. Pero no hay que olvidar que cuando el TC aplica la suspensión automática, también puede levantarla antes de los cinco meses que establece la Constitución. Es una suspensión automática, pero no de mantenimiento forzoso.

-¿Se dan en casos como los citados las condiciones para aplicar el artículo 155 de la Constitución y suspender la autonomía?
-Ese artículo está en todas las constituciones federales, menos en Austria. Está en la alemana, en la suiza, en la norteamericana, que son las grandes e indiscutibles federaciones. Y además, lo utilizan. El presidente Eisenhower mandó al ejército para cumplir las sentencias de igualdad del Tribunal Supremo que condenaban las prácticas racistas por parte de los estados del sur. Entre el Tribunal Supremo, que presidía Warren, y la decisión del presidente Eisenhower de poner al servicio de su ejecución nada menos que al ejército, se acabó el vergonzoso sistema de segregación racial que sostenían con sus leyes y sus policías los estados del sur. Eso fue un éxito completo.

-Pero... ¿y en España?
-Algo así sería un fracaso de la política. Pero el artículo 155 está ahí, tiene que estar como defensa de toda federación. La nuestra, en definitiva, es una federación aunque no se llame así pues los poderes de nuestras CC.AA. no son menores que los de los estados miembros de una federación.

-¿Mejoraría la situación si se acometiera la reforma del Senado para convertirlo en una Cámara de representación de las Comunidades Autónomas?
-Dicen que es lo que falta para completar el esquema federal. Eso no es exactamente así. En el primer Estado federal del mundo, que es el americano, no existe el senado alemán, que es el modelo que tienen aquí como propio de una federación. Y hay que decir que en Alemania, ese modelo está siendo ahora mismo objeto de una fuerte crítica y tiene todas las posibilidades de ser revisado por sus dificultades de funcionamiento. Por tanto, que se diga que para ser una federación necesitamos que el Senado sea un órgano de representación exclusiva de las CC.AA, desde el punto de vista del Derecho Constitucional y del sistema de federaciones, no es correcto. Se podrá mejorar nuestro modelo y convendrá hacerlo, no digo que no, pero el sistema alemán puro no esta funcionando bien. En todo caso, reitero que la reforma constitucional tiene que ser obra sólo del consenso.

-En breve se abrirá el periodo electoral y los partidos ya están calentando motores y lanzando sus programas. ¿Qué opina de la propuesta del PSOE de limitar las competencias del Tribunal Supremo en beneficio de los Tribunales Superiores de Justicia?
-No estoy de acuerdo con eso. Se basa, nada menos, que en reducir al Supremo a la formulación de doctrina legal y darle carácter vinculante de fuente del derecho a su jurisprudencia, un sistema que no es aplicable en España ni en ningún país de Europa. Sólo es así, y habría que poner muchos matices, en Inglaterra y Estados Unidos. Que nosotros nos convirtamos ahora en un país en el que las fuentes del derecho no son las que dice el Código Civil (la ley, la costumbre y los principios generales del derecho), me parece sumamente grave. No sería un progreso jurídico, sino un retroceso absoluto. Además, la opinión jurídica mayoritaria en España es contraria a eso, aunque a ciertos jueces del Supremo les haga muy felices eso de que ellos dictan la ley... No, no, la ley la dicta el pueblo.

-¿Debe descentralizarse el Poder Judicial como reclaman los nacionalistas?
-Como reclaman los nacionalistas, no, desde luego. El Supremo está admitido en la Constitución con poderes en toda España. Si el precio de eso es convertir la jurisprudencia en fuente del derecho, radicalmente no. Otra cosa es reforzar los Tribunales Superiores, aunque es complicado y habría que ver cómo. Se pueden retocar las competencias, pero sin cambiar la esencia de nuestro sistema jurídico.

-¿Y cambiar el sistema de financiación autonómica?
-Creo que se ha llegado a un cierto límite en el traspaso de competencias. En este momento, las CC.AA. tienen el doble de funcionarios que el Estado. Si encima quieren el doble de recursos que el Estado, éste desaparece. Ese es un problema técnico, acaba de ser reformado hace dos años y lo aceptaron todas las Comunidades entonces. Lo que alegan en este momento, es que tras esa reforma se les traspasaron unos servicios que son especialmente onerosos, como es la Seguridad Social.

MOVIMIENTOS EN LA IZQUIERDA ABERTZALE
Los partidos constatan una menor presión radical en antiguos feudos locales de HB
«Sin dinero, la revolución es mucho más dura», dicen concejales guipuzcoanos de PP y PSE
Cinco ayuntamientos de Guipúzcoa siguen sin constituirse y 71 ediles de veinte corporaciones no han tomado posesión de sus cargos, medio año después de las elecciones municipales
J. J. CORCUERA/BILBAO El Correo 11 Enero 2004

Todos los partidos con representación municipal en Euskadi coinciden en constatar una sensible disminución de la presión y presencia política de la izquierda abertzale en los feudos locales controlados históricamente por HB-EH, fundamentalmente, en Guipúzcoa. Desde las elecciones municipales del pasado 25 de mayo, a las que no concurrieron Batasuna ni las plataformas populares de AuB, al estar ilegalizadas por el Tribunal Supremo, se ha producido un paulatino debilitamiento de las hasta entonces potentes estructuras locales del mundo radical, que hoy funcionan bajo mínimos, con excepción de algunas muy pequeñas localidades guipuzcoanas.

«Están como desaparecidos», sostiene María San Gil, presidenta del PP de Guipúzcoa y concejala en San Sebastián. «En los últimos seis meses -añade-, ha disminuido la presión y existe otra sensación. Nos sentimos más libres, menos vigilados, y el aire es más fresco. Ahora las discusiones las tenemos con el PNV, pero eso no tiene nada que ver con lo de antes».

Joxean Rekondo, alcalde de Hernani por la coalición PNV-EA y militante de este último partido, confirma que la ilegalizada Batasuna sigue siendo «fuerte» en pequeños reductos, aunque se mueve en un «contexto general que se está agotando». A su juicio, la izquierda abertzale sufre en sus antiguos feudos municipales una «pérdida de iniciativa política», y sus escasos posicionamientos son «más o menos testimoniales». Rekondo explica que las medidas de presión han desaparecido y que, en ocasiones, integrantes de AuB solicitan participar en los plenos como si fueran concejales. «Les respondemos que a efectos municipales no lo son y que sólo están en posesión de los derechos que asisten a todos los ciudadanos».

Maite Pagazaurtundua, edil socialista en Urnieta, asegura que el mundo radical «ha pinchado» en los municipios guipuzcoanos y presenta una débil organización. «No hay follones ni broncas, salvo en aquellos pequeños pueblos donde siguen siendo totalitarios. Los ayuntamientos funcionan sin ellos. No hay pintadas y no tienen ni para carteles, lo que es esperanzador, porque, sin dinero y estructura, no hay revolución».

'¿Y ahora qué?'
La propia Batasuna admitió poco después de las elecciones, en un documento interno titulado 'Bases para responder a la cuestión. ¿Y ahora qué?', los problemas financieros que le está generando la ilegalización. «A partir de ahora -se puede leer en el informe-, Batasuna va a tener tremendas dificultades para hacer frente a sus necesidades económicas, ya que toda la financiación procedente de las instituciones ha desaparecido».

El fin de su presencia en ayuntamientos y diputaciones ha supuesto que 49 alcaldes y 891 concejales del País Vasco y Navarra hayan dejado de percibir su sueldo. Tampoco reciben ya las subvenciones del Gobierno vasco y de los propios ejecutivos forales. A estos problemas se suman las congelaciones de cuentas y los embargos dictados por los jueces en los casos abiertos contra el entramado de ETA. En la actualidad, el partido de Arnaldo Otegi tiene embargados 220 inmuebles -entre sedes, lonjas, viviendas, garajes e incluso una nave industrial-, 109 cuentas bancarias y cuatro vehículos.

Según ha podido saber este periódico, la suspendida Batasuna está encontrando serias dificultades económicas para establecer una red de liberados -uno en cada localidad vasca-, encargada de dar cohesión al electorado abertzale e impulsar iniciativas. Fuentes próximas a la Policía local de algunas localidades guipuzcoanas sostienen que jóvenes que se han significado en la 'kale borroka' en los últimos años han comenzado a trabajar en calidad de pintores o albañiles.

Dinero y personas
Jesús Eguiguren, presidente del PSE-EE, confirma que la izquierda radical no ha conseguido cerrar su estructura municipal a través de los liberados, y apunta que, «tanto como un problema de dinero, lo tiene de personas». «Esta es otra de las consecuencias positivas de la Ley de Partidos -asegura el político guipuzcoano-. No se ha producido la debacle que vaticinaban los obispos vascos y el PNV».

El presidente del PNV de Guipúzcoa, Juan Mari Juaristi, dice carecer de «suficientes elementos de juicio» que atestigüen la pérdida de influencia de la izquierda abertzale en sus antiguos feudos. Sostiene, no obstante, que, desde el «desmoronamiento» que sufrió Batasuna en las autonómicas del 13 de mayo de 2001, se ha producido una «disminución en cascada de su presencia y su euforia. Han perdido plazas muy importantes, y eso les tiene que preocupar», afirma.

Los graves incidentes que se produjeron en la constitución sin Batasuna de los ayuntamientos vascos a mediados de junio de 2003 y la advertencia de los líderes de AuB de que «cogeremos lo que es nuestro», tras denunciar el «reparto fraudulento» de ediles, no han tenido una continuidad en el tiempo. Sin embargo, la situación no se ha normalizado por completo. Medio año después de los comicios municipales, sigue sin cerrarse lo que la concejala del PP de Irún Juana Bengoechea considera «algo absolutamente inédito en Europa»: cinco ayuntamientos guipuzcoanos continúan sin constituirse, y en otras dieciséis corporaciones de este territorio se contabilizan 36 ediles, fundamentalmente de PNV-EA y Aralar, que no han ocupado sus escaños. «Es increíble que en muchos ayuntamientos la vida municipal esté condicionada o no exista», dice Bengoechea.

En algunas corporaciones, como la de Lezo -en doce ayuntamientos, los votos nulos de las plataformas de AuB superaron a los sufragios de PNV-EA-, miembros de la izquierda radical siguen asistiendo a 'sus' escaños. En plenos recientes celebrados en Sestao o en Erandio, sus respectivos alcaldes dieron la palabra a los portavoces de plataformas ilegalizadas. Un caso ya emblemático que ilustra la tensión que se vive en algunos pueblos es el de Lizartza, municipio de 700 habitantes de Tolosaldea, en el que Joseba Egibar fue elegido alcalde, pese a cosechar la mitad de votos que los anulados a la plataforma local. Tras su toma de posesión, plagada de insultos, un grupo de vecinos decidió organizar en septiembre las fiestas de la localidad al margen del gobierno municipal, porque sus miembros son «de fuera» y «ladrones» de votos.

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