AGLI

Recortes de Prensa     Martes 13 Enero 2004
El Gobierno aragonés supo en 2001 que era inconstitucional hacer cooficial el catalán
ROBERTO PÉREZ ABC 13 Enero 2004

Trilingües
ALFONSO USSÍA ABC 13 Enero 2004

Cuando al talento le dicen calitre
M. MARTÍN FERRAND ABC 13 Enero 2004

Antieuropeísmo constitucional
Dalmacio Negro La Razón 13 Enero 2004

Presos de ETA
Andrés Montero Gómez La Razón 13 Enero 2004

La definitiva modernización de España
Santiago Araúz de Robles La Razón 13 Enero 2004

¡Mayoría absoluta!
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 13 Enero 2004

Numantismo o sensatez
Iñaki Ezkerra La Razón 13 Enero 2004

Generosidad fraternal
Editorial La Razón 13 Enero 2004

Ibarra baja de la nube a Zapatero
Ignacio Villa Libertad Digital  13 Enero 2004

Una idea sencilla de España
BENIGNO PENDÁS ABC 13 Enero 2004

Llegan las rebajas
SANTIAGO GONZÁLEZ/ El Correo  13 Enero 2004

No es sólo rock and roll
Cristina Losada Libertad Digital  13 Enero 2004

Coalición Canaria, el otro nacionalismo
GORKA ANGULO/PERIODISTA El Correo  13 Enero 2004

Un futuro incierto
Cartas al Director ABC 13 Enero 2004

Del «sí» al nacionalismo moderado al firme «no» a cualquier intento de romper la Constitución
MANUEL MARÍN ABC 13 Enero 2004

El nuevo delegado del Gobierno en Euskadi promete defender la Constitución ante a la ofensiva nacionalista
Bilbao  EP  Estrella Digital 13 Enero 2004


 

El Gobierno aragonés supo en 2001 que era inconstitucional hacer cooficial el catalán
ROBERTO PÉREZ ABC 13 Enero 2004

El Ejecutivo del dirigente socialista, sin embargo, ratificó ayer su intención de sacar adelante la ley de lenguas, cuyo último borrador habla de cooficialidad del catalán

ZARAGOZA. Una ley ordinaria autonómica que declare al catalán lengua cooficial en Aragón sería inconstitucional. Así lo afirmó, hace tres años, la propia Comisión Jurídica Asesora del Gobierno autónomo, por entonces ya presidido por el socialista Marcelino Iglesias en coalición con el PAR.

La comisión de expertos se pronunció a petición del consejero de Cultura, el aragonesista Javier Callizo, que se encargó de elaborar un anteproyecto de ley de lenguas. En él, el último texto conocido al respecto, se hablaba claramente de cooficialidad del catalán y del aragonés, entendido este último como determinadas variedades lingüísticas que se dan en partes de la región. Por su parte, el catalán pasaba a considerarse la lengua con la que se hacía tabla rasa en las cinco comarcas del Aragón Oriental, las que limitan con Cataluña. Frente a quienes consideran que allí se habla catalán con singularidades propias, varios colectivos, y con ellos coincide el PP, llevan años insistiendo en que son en realidad variedades lingüísticas propias. También indican que identificarlas con el catalán normalizado pone en riesgo la pervivencia del habla propia de esos territorios y que podría tener otras consecuencias político-territoriales con el nacionalismo catalán.

La Comisión Jurídica Asesora es clara y habla de imposibilidad constitucional. El dictamen, al que ha tenido acceso ABC, fue emitido el 30 de enero de 2001 y en él se concluye que «no es posible, desde el punto de vista de la adecuación a la constitucionalidad, regular mediante una Ley de Cortes de Aragón la oficialidad de unas lenguas distintas al castellano, ni tampoco otorgar mediante esa hipotética ley los efectos propios de la cooficialidad a la utilización de esas lenguas».

No está en el Estatuto
Ayer, desde el PAR se afirmó que el anteproyecto de ley que elaboró la Consejería de Cultura, entonces dirigida por Javier Callizo, no se llegó a tramitar en las Cortes regionales porque no contaba con el apoyo del PP y se entendía que una norma de este calado requería, en aquel momento, de consenso político. Sin embargo, al margen de voluntades políticas, este informe era demoledor en la parte jurídica.

En las consideraciones que acompaña su dictamen, estos juristas indicaron que «si solamente el Estatuto de Autonomía puede declarar cooficial una lengua, y hemos afirmado que el Estatuto de Autonomía de Aragón, aún después de la reforma operada por Ley Orgánica 5/1996, no lo hace, es evidente que tampoco podrá hacerlo una ley ordinaria». Más aún, indican que aunque no realice expresamente la declaración de cooficialidad, una ley ordinaria tampoco podrá regular «contenidos propios de una situación jurídica de cooficialidad». En otro párrafo de este dictamen se afirma: «es constitucionalmente imposible, sin ningún género de dudas».

PSOE-PAR ratifican su intención
Entre tanto, tras la información revelada ayer por ABC, desde la coalición de gobierno que encabeza Iglesias se confirmó la intención de sacar adelante la ley de lenguas e incluir la cooficialidad del catalán. El diputado del PAR Javier Allué indicó que esta ley es un compromiso no sólo electoral sino también del programa de gobierno de la coalición. Según Allué, el objetivo sería que el proyecto de ley llegue este mismo año e incluir la cooficialidad del catalán y del aragonés, para cumplir con lo que apunta la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés, que aprobaron las Cortes regionales en 1999. Afirmó que en ese contexto entra el anuncio hecho por Iglesias en una revista aragonesa editada en catalán. Pero, respecto a esa parte de la citada ley de 1999 -disposición final segunda- el mismo informe de la Comisión Jurídica advierte que si se desarrolla podría «dar lugar a un pronunciamiento de inconstitucionalidad».

Según Allué, en el deseo de Iglesias de sacar adelante la Ley de Lenguas «estamos seguros que no hay seguidismo con Maragall, que por otra parte no permitiríamos». En similar sentido se expresó CHA que, como el PAR, entiende que cooficializar el catalán regularía la situación lingüística del Aragón oriental, sin permitir aspiración territorial alguna desde Cataluña.

Trilingües
Por ALFONSO USSÍA ABC 13 Enero 2004

TENGO en mis manos el «Dizionario Aragonés-Castellán, Castellano-Aragonés» de «Chusé» (José) Aragüés, «achustau a las normas gráficas de o I Congreso ta ra normalización de l´Aragonés», editado en Zaragoza en 1993. Un diccionario imprescindible para hacerse entender en Aragón. Por ejemplo, demasiado se dice «masiau» y mantecado, «mantecau». De este modo, un viajante que transcurra por Aragón puede tomar de postre en cualquier restaurante un «chelau» (helado) de «chicolate» (chocolate) si el médico de cabecera le ha advertido de lo nocivo que resulta ingerir «masiau mantecau». En mis numerosas visitas a Aragón me he entendido con los estupendos aragoneses en español o castellano, pero no parece que este pobre idioma, hablado tan sólo por quinientos millones de personas en el mundo, sea el adecuado para comunicarse en la españolísima Aragón. En aragonés, «Virgen del Pilar» se dice «Birchen de o Pilar», lo que demuestra la diferencia que se establece entre las raíces de los dos idiomas. Y ahora, Marcelino Iglesias quiere enredar más el asunto y declarar lengua cooficial de Aragón a la catalana. Según parece, Maragall y Carod-Rovira son los inspiradores del proyecto trilingüe.

Cinco son las comarcas aragonesas con dialectos locales influidos por el catalán, dada su vecindad con Cataluña. Ribagorza, La Litera, el Bajo Cinca, el Bajo Aragón-Caspe y Matarraña. También en la andaluza Almería hay localidades influidas por el murciano, y a Chaves no se le ha ocurrido todavía declarar al panocho idioma cooficial de Andalucía, aunque todo se andará. En mi poniente montañés, se usan giros asturianos por aquello de la vecindad, pero el idioma bable no es oficial en Cantabria. Ni el vascuence en la zona oriental, a pesar de las decenas de miles de vascos que viven en La Montaña para dormir más tranquilos, entre ellos, centenares de miembros de la «Ertzaintza». Lo que pretende Marcelino Iglesias es una cursilería local. Lo escribí días atrás y me reafirmo en la impresión. Algunos socialistas, últimamente, parece que van a sus despachos gubernativos o sedes parlamentarias con varias copas de más. Sería conveniente que les practicaran antes de hablar un control de alcoholemia. Entre las cinco comarcas aragonesas con influencia catalana no suman ochenta mil habitantes. Es decir, que todo Aragón se debe someter al capricho gilipollas de unos cursis clamorosos.

Además, que esos dialectos, como escribe Ángel González Abad, pueden parecerse algo al catalán, sin pasar del parecido. El «chapurriau» lo llaman por allí. Si el proyecto de la Corona de Aragón es lo que priva, Aragón es Reino y Cataluña, Principado, cuyo condado es Barcelona. De esta guisa, en lugar de obedecer Iglesias a Maragall y Carod-Rovira, tendría que hacerse al revés. Que Maragall declare idioma cooficial de Cataluña al «chapurriau» aragonés. Y si es por afinidades, también al escocés, por aquello del whisky, cercanía y afición que comparto plenamente.

Detrás de todo esto, que puede tratarse desde la broma en un principio, están los «Països Catalans», ambición en la que coinciden los independentistas catalanes con una buena parte de los socialistas valencianos y baleares, y algún aragonés desajustado de mente. Imponer, financiar y extender con el apoyo del dinero público la confusión y la duda. Desespañolizar el ambiente y los sentimientos. El odio a España que se aprende como asignatura en las «ikastolas» es consecuencia de la política educativa que practicaron los socialistas en el Gobierno vasco. O locos, o bebidos o simplemente cursis. Lo de Marcelino Iglesias sólo puede ser comparable a una de las últimas declaraciones de la actriz Ana Obregón: «Mi hijo vino un día llorando porque pensaba que podía ser Rey».

Cuando al talento le dicen calitre
Por M. MARTÍN FERRAND ABC 13 Enero 2004

QUIZÁS no consigamos nunca que España llegue a ser un país próspero, bien avenido, cabal en sus planteamientos y moderado en sus formas; pero lo que sí tenemos entre manos, algo es algo, es un solar incapaz para el aburrimiento. No sé si cada día traerá su afán, como enseñaban los clásicos, pero está claro que los días viajan por el tiempo hispano con alboroto. Esto es una juerga permanente y quien no se divierte es por pura incapacidad para hacerlo, no porque los acontecimientos le envuelvan en monotonía.

Marcelino Iglesias, el presidente del Gobierno de Aragón, para que no decaigan ni lo chusco ni lo burlón, prepara una ley que convierta la lengua catalana en cooficial para los aragoneses. Eso es de mucha risión, como dicen en Somontano, en Huesca, o, mejor, motivo para la reidera, según la fabla de Estadilla, cerca de Barbastro. ¡Qué cosas se les ocurren a algunos políticos cuando les sube el celo electoral! En este caso la membrillada es socialista.

Contando con que verdaderamente sea catalán lo que hablen en Ribagorza o en Matarraña, por irse a los polos norte y sur de la franja aragonesa limítrofe con Cataluña, que muchos lingüistas lo consideran fabla, estaríamos hablando de unas 75.000 personas. En Madrid pasamos de 250.000 los gallegos establecidos -¡la segunda ciudad gallega del mundo!- y Esperanza Aguirre no plantea la cooficialidad del idioma gallego con el castellano. ¿Se pasa Iglesias o no llega Aguirre?

El talento -calitre le dicen en Alquézar, también en Huesca-, al menos en dosis mínimas, resulta exigible a quien toma la responsabilidad de gobernar a los demás. Convertir en proyecto legislativo lo que, en serio, sólo sirve de chascarrillo -cantela, según el localismo más común en Híjar, en Teruel- es claramente irresponsable. Divertido, pero impropio de la dignidad de un depositario de la confianza ciudadana expresada en unos comicios.

Hace ya muchos años, tras hablar en televisión del Cantar del Mío Cid como una de las más viejas canciones de gesta de toda Europa y uno de los albores del castellano, recibí un montón de cartas, las más repletas de improperios, haciéndome saber que el poema había sido escrito en Teruel y que, lejos de ser castellano, era una pieza fundacional de la fabla aragonesa. Eso es mucho más serio y solvente, aun cogido por los pelos, que cooficializar el catalán como idioma de Aragón. El cheso, el chistavin, el benasqués... y todos los muchos modismo de la fabla -los aragonesismos- tienen mayor entidad y más larga tradición.

Doña Ana Abarca de Bolea, que fue abadesa de Casbas, en Huesca, en el XVII, es de los pocos nombres viejos de la poesía dialectal aragonesa y, como ella dejó escrito: «Contaron que vnos moçardos / con vna anchélica voz, / groria y paz iban cantando, / dándole al mundo alegrón». Quiero decir que lo de divertirse viene de lejos.

Antieuropeísmo constitucional
Dalmacio Negro La Razón 13 Enero 2004

El caso español, único en Europa, se elogia en España por haber conseguido el Estado más descentralizado, sin que falte en Europa quienes lo miren, según los casos, como ejemplo a seguir o como una especie de caballo de Troya dentro de la Unión Europea, aunque de momento todos aguardan a ver el resultado. El falso concepto de las nacionalidades impuesto constitucionalmente y tratado, mimado y fomentado con toda clase de cuidados por la clase política, no sólo falsifica la realidad histórica (con la ayuda interesada de multitud de pseudointelectuales) y con ello todo el tinglado establecido, tal como está resultando cada vez más fácil de percibir, sino que, paradójicamente en contra de la ideología europeísta ¬la «modernización» de España¬ inseparable del mismo, distancia cada vez más a España de Europa al hacerla más diferente. Posiblemente sea esto una de las causas ¬aunque hay las otras¬ de la distancia que quieren tomar respecto a España franceses y alemanes.

El muy interesante libro de Santiago González-Tablas «España no es diferente» lo explica tan bien, con tanta claridad y tan brevemente, que cabe pensar que por eso no parece tener el eco que se merece. Por una parte, va contra la corriente intelectualmente (aunque lo de intelectual sea un valor muy degradado) dominante que puede considerarse de ideología oficialista y, por otra, pone en solfa las virtudes atribuidas a la Constitución de 1978 de una manera que exige una explicación de sus intenciones por parte de los ideólogos del consenso.

«La mención de la Constitución española de 1978 a las nacionalidades es fruto de una generosidad sin límites en el contexto europeo», ironiza el autor. «Si bien desde un punto de vista español es aquella legítima y hasta indiscutible para muchos, prosigue, desde un punto de vista europeo dicha legitimidad es difícil de ser admitida». A la vista de los resultados, cabe preguntarse: ¿a qué se debió tanta generosidad?; ¿a simple torpeza?; ¿a ignorancia?; ¿a resentimiento?; ¿a falta de sentido político?; ¿a una típica operación oligárquica para asegurar determinados intereses?; ¿a un plan preconcebido? En este caso ¿por quién, para qué, a favor de qué o contra qué? En definitiva, sea cual fuere la explicación, tal como están las cosas, aparte de la evidencia de que las oligarquías «nacionalistas» se han beneficiado claramente, empieza a ser imprescindible preguntarse de una vez; objetivamente, ¿«quid prodest»?

La tesis de González-Varas se centra en el hecho de que la diferencia regional española se relativiza inexorablemente conociendo la realidad de otros Estados y la opinión de los pensadores europeos sobre sus propias realidades nacionales. A lo de que se relativiza se podría añadir que se banaliza, como así lo hace el autor examinando sucintamente la variedad regional europea. En bastantes casos mucho más enraizada e intensa histórica y políticamente, incluso lingüísticamente, que en España; sin que por ello se le ocurra a nadie hablar de «hechos diferenciales». Hasta el punto de que si se compara la situación española desde el punto de vista lingüístico utilizado en la Constitución como justificación de lo autonómico por la «riqueza cultural» que supone la variedad lingüística ¬lo que es cierto, aunque hay más variedades que esa (Europa misma se ha caracterizado siempre por su variedad)¬ con la de los demás Estados europeos, resulta que la política lingüística de cualquiera de éstos habría que calificarla «científicamente» de ultraderechista, reaccionaria o fascista.

El artificio (carísimo cultural y económicamente) de las Autonomías ¬cuya realidad no es más que propaganda¬, pero empieza a tomar definitivamente mal cariz, sobre todo al apuntarse absurdamente a ello el antiguo partido socialista obrero español, constituye, cualquiera que sea el resultado final si alguna vez hay un final, un ejemplo muy claro, salvo que hayan mediado segundas intenciones desconocidas, de que la política es, como decían los griegos, cosa de adultos y a la vez, como decía Jouvenel, el arte de prever las consecuencias de las decisiones políticas.

Presos de ETA
Andrés Montero Gómez es presidente de la Sociedad Española de Psicología de la Violencia La Razón 13 Enero 2004

Después de que el juez Baltasar Garzón desmantelara el denominado «frente de makos» de ETA, la banda terrorista ha intentado por todos sus exhaustos medios reorganizar la burbuja que aísla a sus encarcelados aún más del mundo exterior. Ahora se van de visita al Parlamento catalán.

El colectivo de presos terroristas siempre ha configurado un factor estratégico en la realidad de ETA, muy ligado a la vertiente técnica de una eventual negociación entre la banda y el Estado. La negociación con ETA, que desde la perspectiva de la organización terrorista ha partido de una plataforma desvariante que ha llevado sistemáticamente a sus dirigentes e ideólogos a pensar que podían tener alguna capacidad de influencia política con su violencia, ha venido avanzado desde la potencialidad que albergaba en la transición política española (recordemos el proceso de ETA-pm) hasta la drástica reducción de márgenes, siquiera de contacto o interlocución, que le resta a la banda hoy en día. Así, con la adecuada conceptualización del terrorismo como amenaza criminal, el avance en la estructuración civil para su rechazo social, el aislamiento internacional, la efectividad policial y la sofisticación jurídico-legal, al terrorismo de ETA sólo le queda que la clase política resuelva un frente unido contra la banda para que lo único que quepa escuchar de su comité ejecutivo sea la manera en que la organización terrorista va a autodisolverse. Sin condiciones.

Por lo general, ETA siempre ha intentado introducir mecanismos de compensación para desactivar los efectos perjudiciales que sobre sus estructuras ha tenido la política penitenciaria, aunque sus logros hayan estado condicionados por los efectos de su propio aislamiento. Respecto a los terroristas en prisión, la tradicional acción de compensación de ETA para amortiguar la dispersión se concentró en fortalecer el trabajo de las Gestoras Pro-Amnistía, ya extinguidas por las causas judiciales que la Audiencia Nacional desarrolla sobre ese satélite etarra.

Sin embargo, dentro de esa enquistada y distorsionada realidad que ETA ha construido para sí, en tanto organización, no le importa demasiado el aumento de penas o su cumplimiento íntegro, porque está convencida de que el final para el pretendido conflicto que trata de gestionar con su terrorismo será la negociación, que aunque no sea de contenido político, como a ETA le gustaría, como mínimo versará sobre la situación de los presos, elemento que los sucesivos gobiernos que han contactado con ETA han puesto como único virtualmente negociable con la banda, aparte del abandono de la violencia, claro. Esta parte de la confabulación etarra es un mecanismo de compensación en sí mismo: ETA transmite a sus militantes que no existe preocupación por la reforma, porque al final tendrán poder para conseguir que el Gobierno ceda en el capítulo de los presos.

La reinserción de un asesino etarra no es sencilla. En tanto integrado en un comando fuera de la cárcel, el terrorista está literalmente viviendo en otro mundo. ETA tiene organizado un entramado de corpúsculos que cumple, a su vez, la doble vertiente de anclarse en la sociedad vasca a través de la acción en una serie de frentes todos ellos relacionados con el mantenimiento de la violencia y su amplificación, y de encapsular a la propia banda criminal aislándola del exterior. El aislamiento de ETA y la subcultura que el denominado MLNV promueve para sus militantes constituyen el mecanismo más potente para garantizar la pervivencia del ideario irracional que justifica el terrorismo. En prisión, ETA trata de extender la burbuja a través de familiares y amigos para que el terrorista encarcelado sienta el cordón umbilical con la banda. Por otra parte, una penitenciaría constituye otro estado alterado de realidad, puesto que los reclusos están separados de la sociedad. Además, al asesino se le limitan unos derechos pero continúa detentando otros inalienables en prisión, entre los que se incluyen no ser obligado a participar en programas de reeducación.

Por otra parte, no es ni mucho menos evidente que los reclusos de ETA requieran programas especialmente diseñados para su rehabilitación a la sociedad. A mi juicio, si el Estado considerara que la reinserción especial de terroristas, con adjuración expresa (que no delación) de ETA, tuviera un impacto favorable en la lucha contra el terrorismo de mayor calidad que la esperable de una reinserción derivada del hecho de cumplir una condena, en la que el preso no se ha sometido a intervención reeducativa diferenciada para terroristas, sólo entonces debería estructurar equipos especiales para ello. No obstante, ha habido criminales de ETA que, sin someterse a programas especializados de intervención para su reinserción y por tanto haciendo idéntica vida que el resto de reclusos no terroristas, han abandonado la banda y se han reinsertado tras cumplir no más de quince años (Código Penal antiguo). Ahora, bien pudiera ser que la perspectiva de cuarenta años a la sombra fuera suficiente revulsivo para sumarse a programas de intervención con el resto de presos y acceder a alguna vía de reinserción.

Finalmente, no olvidemos que existe un núcleo duro de presos de ETA para quienes el concepto de reinserción no tiene el mismo significado social que se ha debatido a raíz de la propuesta de endurecimiento de penas, y que parte de una perspectiva que tiene en la Constitución de 1978 y en su generación normativa el referente esencial. Ese colectivo de terroristas y presuntos terroristas, con presos que celebran asesinatos con champán o se integran en instituciones docentes del País Vasco mientras permanecen en prisión, no sólo reside en la convicción de que está perfectamente integrado en el tejido social de su pueblo, sino de que el virtualmente desintegrado es ese pueblo al que otro (supuestamente el español) está sometiendo. Semejante planteamiento disminuye drásticamente las posibilidades de reinserción, un proceso que requiere la interiorización de la idea de que la transgresión ¬en forma de asesinato en muchos de estos casos etarras¬ es una desviación social que tiene que ser corregida. Por el contrario, una porción importante de presos terroristas se alimenta diariamente de la trágica fabulación de que ETA está sirviendo a la sociedad vasca con sus asesinatos. La realidad distorsionada del terrorismo y sus mecanismos de proyección de la responsabilidad hacia el otro, hacia la víctima, operan así.

La definitiva modernización de España
Santiago Araúz de Robles es abogado La Razón 13 Enero 2004

España estuvo en la brecha de la modernidad hasta el siglo XIX. Había implantado la democracia directa bajo la forma de concejo abierto ¬léase a Pérez de Urbel¬; logró la unidad no coactiva de los territorios peninsulares mediante una política matrimonial y de pactos que inspiraría a Maquiavelo para «El príncipe»; rompió los límites del entonces «orbis terrarum», es decir, de la cuenca mediterránea, inventando nada menos que el Nuevo Mundo, o sea, el futuro posible de que vivimos hasta hoy; pretendió una visión universal del planeta (anticipo político de la globalización social) con la fracasada «idea imperial de Carlos V» ¬ver el ensayo de Menéndez Pidal sobre este asunto¬; creó el derecho de gentes, etcétera. No es fruto del azar que cuatrocientos millones de personas hablen español; que Cervantes sea el verdadero precursor de la novela (¿dónde, si no, encontrar por ejemplo las raíces del naturalismo, o del realismo mágico?), y Velázquez la puerta hacia todas las tendencias modernas de la pintura. Y es muy oportuno el recordatorio de García de Cortázar sobre el error de quienes enfrentan modernidad y conservadurismo, y sitúan la modernidad precisamente en la periferia peninsular: el cogollo de España, esa región que nunca tuvo conciencia regionalista, fue durante siglos el alma y el motor de la modernidad global de que todos nos beneficiamos, y quien le encontró ¬también globalmente¬ un lugar propio en el concierto de los pueblos.

España se desengancha de la modernidad en el siglo XIX. No se incorpora a la revolución industrial porque está absorta en la liquidación de su quehacer atlántico; y, tal vez como consecuencia y puesto que la democracia sajona exige la generalización del confort, no asume con rapidez y con convicción el sufragio universal.

Constitución del 78
El siglo XX contempla la subsanación de ambas carencias. En su segundo tercio, se crean las masas medidas necesarias para dar garantías de funcionamiento a una democracia parlamentaria; y ya en su último cuarto, y mediante un gran pacto nacional que no sería explicable si se prescinde de la unidad de España y de su historia común en lo sustancial, nos damos la Constitución del 78.

Como cualquier Constitución que pretenda ser tal, la del 78 no crea sino que explicita, reconoce y traduce una previa realidad social. Y en la misma medida en que ninguna Constitución es intocable, la realidad social que la sustenta constituye un prius para su contenido.

La Constitución del 78 comienza reconociendo la unidad de la nación española, en su artículo 2 y, como corolario obligado, o mejor dicho natural, establece que, para cuanto se refiera o afecte a aquella unidad esencial, la soberanía reside en el pueblo en su conjunto (art. 1.2).

Con ello no innova. Basta recordar que en la Constitución de 1812, la «Pepa», promulgada en un momento de repudio del imperialismo y el centralismo franceses, estos dos conceptos están ya presentes y explícitos: la unidad de la nación española y la soberanía popular.

Ocurre, sin embargo, que la actual Constitución, y sobre todo quienes tienen que aplicarla diariamente y sus detractores, han permitido una cierta ambigüedad. Por ejemplo, se habla de nacionalidades: y con un cierto apoyo gramatical e incluso fonético, se las equipara a naciones, y concretamente a «la nación española».
Una nación es el sustrato social de un Estado. Pero está claro, meridianamente claro, que cuando la Constitución del 78 habla de nacionalidades no es ni para equipararlas, como alternativa, a la nación única española (que está por encima y en distinto plano, por ejemplo, que las «nacionalidades» castellana o aragonesa), ni para considerarla soporte y exigencia de un Estado propio.

Y está claro por dos motivos, al menos: porque la nación española única es el soporte de toda la Constitución, y porque la unidad europea excluye la fragmentación de los Estados en naciones para que éstas reclamen, más tarde o en paralelo, la consideración de Estados.

Nacionalidad como nación
Ni el pasado ni el presente ni el futuro admiten la interpretación de «nacionalidad» como nación. Y si bien la Constitución del 78 lo dice así en sentido positivo, tal vez olvidó decirlo en sentido negativo: es decir, excluyendo que cualquier nacionalidad se equipare a la nación y pueda optar a su configuración como Estado. De manera que o se aclara en la propia Constitución, o se aclara por quienes deben aplicarla e interpretarla, o se aclara por un pacto entre las Comunidades; o se hace por las tres vías a la vez, mejor que mejor, puesto que el nacionalismo independentista es la mayor china en el zapato de la definitiva modernización de España. Oímos a Pujol declarar que CiU nunca ha pretendido que Cataluña se desgaje de España. Ése es el concepto recto de nacionalidad. ¿Pero es también la idea común de los nacionalistas? Cualquier clarificación, toda clarificación nos interesa a todos, incluso a los nacionalistas, para que quede acotado su campo de trabajo, y sus energías no se desperdicien; y nos interesa de manera apremiante y prioritaria para acabar con el riesgo de una involución de consecuencias imprevisibles en esta España que se ha inscrito decididamente en la modernidad, recuperando su tradición histórica.

Y sería, debe ser, el momento de estudiar también cómo la España de las Autonomías, que ha reportado enormes ventajas para la gestión diaria de los ciudadanos, no se convierta ni en obstáculo formal para el logro de los derechos sustantivos de esos mismos ciudadanos, ni en compartimentos estancos para una efectiva solidaridad a nivel nacional. Pongo algún ejemplo:

¬La Constitución establece el derecho de todo español a una vivienda digna. El suelo incide seriamente en el precio final de la vivienda: es decir, influye mucho en la viabilidad del derecho constitucional a una vivienda digna. Hay coincidencia casi unánime en que la liberalización del suelo contribuiría a su abaratamiento. ¿Se puede dejar, pues, esa medida sólo al arbitrio de cada comunidad?

¿Y es justo, es admisible, que el impuesto de sucesiones exista en las más de las Comunidades, y se haya suprimido en unas pocas?

¿Y qué decir de los distintos niveles de atención sanitaria según los lugares de residencia?

¿O del estudio de Historias distintas según Autonomías?

No estamos hablando, ya, de la aclaración del significado y alcance del concepto «nacionalidad». Ni siquiera de la generalización de ese término, aplicándolo a territorios que lo merecen tanto, al menos, como las nacionalidades históricas. Estamos hablando, además, de mecanismos correctores de la gestión diaria de las Autonomías, para posibilitar que se cumpla con la letra y el espíritu de la Constitución en cuanto a los derechos de los ciudadanos, puesto que lo esencial de nuestra Carta Magna no es la mera igualdad formal, o de sufragio, sino la igualdad sustancial o de fondo de todos los españoles. Y sus mecanismos pueden ser tres: o la actuación subsidiaria del Estado ¬que no es «Madrid», que es el Estado español¬, o las competencias de supervisión, control y corrección de la actividad de las Comunidades por parte del propio Estado ¬que, vuelvo a recordar, no es Madrid¬, o la necesidad, regulada, de los pactos de solidaridad interterritoriales.

Hemos avanzado enormemente desde mediados del siglo XX, y en concreto desde el año 1979. Pero aún existen sombras y riesgos para nuestra definitiva modernidad. Y a fin de disipar esas sombras hace falta un esfuerzo de concienciación colectiva, y un gran impulso constituyente, o semiconstituyente, de todas las fuerzas políticas. Esfuerzo que realmente les es exigible ¬lo dirán las urnas¬ y que no pueden ignorar sin comprometer el futuro común.

¡Mayoría absoluta!
Por CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 13 Enero 2004

NUNCA ha sido tan necesaria una mayoría absoluta en este cuarto de siglo como lo es la del PP en estos momentos. Una mayoría simple permitiría que Rodríguez Zapatero forme un gobierno tripartito o cuatripartito, como lo hizo en Baleares y lo ha hecho ahora en Cataluña, con nacionalistas catalanes, vascos, gallegos. El asalto al Estado. A la racionalidad. El post-autonomismo. La Confederación. Como para salir corriendo. Me preocupa menos que un Partido Socialista baje los impuestos a los ricos y cree cátedras de lenguas vernáculas en las sedes del Cervantes. Me aterra la destrucción del Estado, del Derecho mismo (como señalaba García de Enterría el domingo en este periódico), de la Hacienda pública, o lo que Caldera llama el acercamiento del aparato estatal a las gentes. ¿Desde cuándo no oíamos tanto disparate, tanto arbitrismo e incluso tanta cancha para la arbitrariedad?

Yo sé que las mayorías absolutas resultan sospechosas, que no tienen buena prensa, que no son políticamente correctas y, quizá, con razón. Pero en esta ocasión será una bendición.

ES posible que no ya mis enemigos políticos sino incluso algún buen compañero me critique por hablar tan a las claras sobre las elecciones. «¿Cómo apuestas por el triunfo de un partido de forma tan rotunda? ¿Dónde queda tu objetividad periodística?» Porque en España se confunde el análisis con la ambigüedad, el disimulo, las relaciones públicas. «Te vas a quemar». Y tanto. ¿Acaso no hay que quemarse -si es que ese es el peligro- cuando uno considera que la situación del país es peligrosa, no ya para los intereses de un partido sino para la estabilidad democrática? A mi entender estamos en uno de esos momentos en los que un demócrata, periodista o albañil, tiene la obligación moral de comprometerse por la defensa de la Constitución, del Estado y de la Nación, y ese compromiso consiste en explicar el riesgo que supone un gobierno del Partido Socialista con los nacionalistas.

No deja de ser curiosos o llamativo o escandaloso que se tome como normal que un comentarista político pueda apostar por un partido cuando éste es de izquierdas mientras resulta intolerable que lo haga cuando se trata de un partido de derechas. Eso, en todo caso, dice mucho del prestigio o desprestigio que en ciertos sectores puedan tener una opción u otra, pero no de la legitimidad y la profesionalidad del compromiso. Personalmente me he jugado mucho por la izquierda y en tiempos difíciles y durante muchos años como para caer en esa trampa de la bondad de la izquierda y la perversión de la derecha. He creído siempre que un periodista, como cualquier otro profesional, debe tener creencias y actuar en función de ellas y ser juzgado a partir de esa consecuencia.

Dicen que las encuestas dan la mayoría absoluta. No me extraña. Entiendo que la avalancha de propuestas socialistas esté asustando al personal, incluso a los viejos electores de la izquierda. El GAL, Roldán, Urralburu, Filesa... fueron perdonados pero ¿cómo aceptar este seísmo jurídico-administrativo-cultural con el que se nos amenaza?

ALGUNOS amigos echan de menos la presencia de Rajoy y piden que el PP se mueva, que acepte los debates, que pare «esto»... Yo, por el contrario, pienso que ya habrá tiempo. Que es bueno asistir a esta estampida, a esta locura, a esta desesperación. Para llenarse de razón.

Numantismo o sensatez
Iñaki Ezkerra La Razón 13 Enero 2004

Con un paisaje político tan inquietante como el que tenemos en el que los nacionalismos catalán y vasco van a por lo que han ido siempre ¬a por sus «naciones»¬ y en el que PSOE e IU van a la improvisación de cafetería, la gran tentación del PP es el numantismo, atrincherarse en sus virtudes, sus principios y su coherencia del modo más radical y teatral, esto es acentuando los tintes de resistencia numantina que ya por sí misma tiene su posición política sin necesidad de que nadie la dramatice más aún por un electoralismo mal entendido. Quiero decir que no es prudente ¬ni siquiera lo más rentable¬ el afán de presentar como excepcional y heróico lo que es de sentido común aunque éste sea, en efecto, el menos común de los sentidos y defenderlo requiera ciertamente de buenas dosis de heroísmo tal y como está el patio. Quiero decir, sí, que frente al numantismo es más inteligente ¬y hasta más rentable electoralmente¬ la bandera de la pura sensatez.

Un ejemplo de la incapacidad del PP para salir del «no» y de cómo la rentabilizan sus adversarios nos lo brindaba hace poco Zapatero cuando al hablar de reformar la Constitución vendía como nuevas y propias la abolición de la Ley Sálica ¬en la que ya están de acuerdo hasta los carlistas¬ y la reforma del Senado, que fue paradójicamente una demanda del PP mientras gobernó el PSOE. Zapatero hacía trampas de echadora de cartas profetizando que el PP «acabará reconociendo la necesidad de esas reformas» y la profecía pasará por buena gracias al enrocamiento numantino del Gobierno en ese laconismo que le impide exponer un plan de reforma del Senado propio aunque la irresponsable y actual ofensiva contra la Constitución aconseje su aplazamiento.

Si, en un momento tan difícil como el que vivió España en la Transición, Suárez llega a presentar las libertades democráticas como una meta extraordinaria y épica en vez de cómo la opción más realista, la Transición habría fracasado. Para acabar bien aquel trabajo que «no sabíamos cómo se hacía» porque nunca lo habíamos hecho, Suárez y su gran equipo de aliados no vendieron numantismo sino sensatez y la sociedad entendió el mensaje. El reto que plantean la locura de Ibarretxe y el oportunismo de Maragall exige al PP que sepa encarnar hoy un referente como aquél. Más que jugar sistemáticamente a ese rígido «no» al que obligan propuestas tan delirantes como la de hacer diecisiete tribunales supremos, el Gobierno debe hacer una campaña de la misma envergadura, mostrar a la sociedad la cara de la sensatez, en la que la ciudadanía se reconozca. Si en el país de los ciegos el tuerto se empeña en presentarse como visionario y no como mero vidente, los ciegos no lo hacen rey sino que eligen las tinieblas.

Generosidad fraternal
Editorial La Razón 13 Enero 2004

En política es tan importante el fondo como las formas. No se puede decir una cosa y luego hacer lo contrario o criticar al adversario por un nombramiento para posteriormente multiplicarlo por tres cuando se alcanza el poder. Cuando Pujol nombró a su hijo Oriol como director general de Asuntos Interdepartamentales, la oposición de izquierdas puso el grito en el cielo. Hacía 17 años que era presidente de la Generalitat y por primera vez nombraba a un hijo para un cargo. No le faltaban méritos, tanto por su formación académica como por su peso en Convergencia, donde había escalado desde la militancia de base hasta puestos de relevancia interna. Entonces se comentó, incluso, que el apellido era más un lastre que una ventaja. Con los socios del Gobierno tripartito catalán ha sucedido exactamente lo contrario.

No han tenido ningún inconveniente a la hora de colocar a tres hermanos. Es una situación tan insólita que no tiene parangón y que demuestra una ausencia de ética política que produce estupefacción incluso por lo exagerado del resultado. Todas las soflamas que escuchamos tras las elecciones sobre la regeneración y el nuevo estilo han saltado por los aires. Primero fue el incumplimiento a la hora de nombrar mujeres, la famosa paridad, que no la cumplieron ni en el número de consejerías ni posteriormente en los altos cargos; en este ámbito se produjo el segundo incumplimiento, ya que no sólo no se redujeron sino que se han ampliado. Y, finalmente, el asalto de los tres «hermanísimos» al poder, con sueldos de más de 110.000 euros, que en las antiguas pesetas suponen cuatro millones más que el presidente del Gobierno; despachos, coches oficiales lujosos y gastos de representación elevados, es un auténtico escándalo político así como censurable tanto en el fondo como en las formas.

El caso más llamativo es el de Apeles Carod-Rovira, que será secretario general de Asuntos Interdepartamentales y ganará 40.000 euros más de lo que cobraba Oriol Pujol, ya que su hermano le ha subido de rango. El «conseller en cap» no ha querido ser menos que Pasqual Maragall, cuyo hermano Ernest será el secretario general del Gobierno, y Joaquim Nadal, que ha colocado a Manel y lo será de Movilidad en su consejería. No sólo entran los tres en el Gobierno catalán sino que estarán a las órdenes directas de sus hermanos. Mientras que Ernest Maragall y Manel Nadal han tenido una trayectoria política propia, lo cuál no hace menos criticable el error de sus nombramientos por una cuestión de ética como de estética políticas, en el caso de Apeles Carod-Rovira se trata de un neófito cuyo único mérito conocido es su condición de hermano. Los integrantes del tripartito querían cien días de gracia, pero es difícil encontrar críticas más fundadas por los incumplimientos en los nombramientos y por colocar a sus hermanos como secretarios generales a sus órdenes. Han dado una lección de desfachatez.

Ibarra baja de la nube a Zapatero
Ignacio Villa Libertad Digital  13 Enero 2004

El Partido Socialista es una bomba de relojería que puede estallar en cualquier momento. Después de un fin de semana de propuestas –lunáticas unas y poco creíbles otras–, los socialistas bajan de nuevo a la realidad y lo hacen de la mano de uno de los "notables" de Zapatero. Rodríguez Ibarra dice que los partidos nacionalistas deberían sumar como mínimo un cinco por ciento de apoyo electoral en todo el Estado para estar representados en el Congreso. Dicho de otra forma: Ibarra da un portazo fuerte y sonoro a los nacionalistas, a todos, incluidos los "amigos" de Zapatero y, por supuesto, de Maragall.

Estas afirmaciones del presidente extremeño vuelven a desnudar la vida interna del Partido Socialista. Hay una gran división que ya no se puede esconder bajo el falso manto de la pluralidad. Existe una confrontación evidente entre los dirigentes socialistas que ya no se puede disimular con imposibles propuestas electorales. También hay un ambiente electrizante que saltara por los aires el "día después" a las elecciones generales.

Zapatero navega entre los nacionalistas republicanos, la historia de los pueblos de España de Maragall, las reformas fiscales de Sebastián y las guarderías de Chacón como si estuviera en otra galaxia. Y efectivamente se encuentra en otro mundo, tan lejos de la realidad que ha dejado de dirigir hace mucho tiempo al PSOE. Aunque Ibarra ya se ha encargado de que vuelva al suelo, de que vuelva a la fuerte crisis interna que se vive en la calle Ferraz.

Rodríguez Zapatero camina sin dirección y con una amenaza real: los republicanos catalanes, que pueden fundirle, literalmente, en caso de que alcancen a tener Grupo parlamentario propio en el Congreso tras las elecciones de marzo. En caso de que ERC consiga voz propia en el Parlamento, Zapatero –mejor dicho, su sucesor– tendrá que vivir mirando a los bancos de los independentistas catalanes si es que quiere mantener el Gobierno de Maragall. Ciertamente es una auténtica humillación política para el PSOE, que ha sido partido de Gobierno y que tiene –con todos sus errores– una larga trayectoria de partido nacional.

Pero ante este panorama el Partido Popular también se enfrenta a un panorama cada día más peligroso. No nos cansamos de decirlo: los populares observan con tranquilidad el próximo enfrentamiento electoral. Es cierto que las cosas están claramente a su favor, pero cuidado, parece todo tan fácil que la confianza en sus propias fuerzas se esta convirtiendo en su gran fantasma electoral. Ven la victoria tan fácil que no pueden disimular el entusiasmo, y ese es el mayor peligro que tienen para obtener la mayoría absoluta.

Es verdad que el Partido Socialista, con sus desavenencias y desvaríos, le está haciendo la campaña al PP, pero eso no es suficiente. El Partido Popular es la formación que sustenta al Gobierno y de él se espera una ofensiva en toda la regla, aunque no le queda mucho tiempo.

Una idea sencilla de España
Por BENIGNO PENDÁS ABC 13 Enero 2004

Ganó por la mínima en 1996. De forma contundente en 2000. Deja a los suyos al borde del tercer triunfo. En democracia, eso se llama éxito. Cierta algarabía parece anunciar lo contrario, tal vez porque la opinión pública y el universo mediático se alejan de día en día. No es pecado original: lo sufren todas las democracias contemporáneas. Con aciertos y con errores, Aznar convence a la mayoría social. La razón es muy simple: enlaza con un patriotismo natural que se identifica con la España constitucional y deplora la deslealtad nacionalista.

Obtiene el premio por esa convicción firme, por un proyecto sin complejos, por la búsqueda permanente de una idea nacional de España. Es una verdad elemental, aunque duela a los ignorantes y a los malvados. La gente quiere a su patria y muchos votan por sentimiento, no sólo por cálculo interesado. La Constitución dice España. Que dejen de darle vueltas los analistas sesudos. El misterio está muy claro: cuanto más gritan en contra, más votos pierden.

Perdido el miedo al terror totalitario, se acaban el chantaje de Batasuna, el vandalismo en la calle y la facilidad de ETA para matar. Sin falso pudor en el lenguaje, se han dicho muchas verdades sobre el consenso entre localismo reaccionario y progresismo escaso de raíces. La gente lo nota. Incluso quiere más. Constitución, por supuesto, y pluralismo y modernidad y Europa... pero también España. Ahí mismo, en ese núcleo crucial, se ganan las elecciones con una holgura muy próxima -acaso superior- a la mayoría absoluta.

El ciudadano honrado perdona defectos, se lamenta de promesas incumplidas, olvida a veces agravios y frustraciones. La clase media española (siempre sólida en valores y ahora próspera por fin) tiene su anclaje moral en una idea de Nación que nunca se ha extinguido. Son tres milenios, decía el maestro Domínguez Ortiz. Así, cualquiera. No se confundan los dogmáticos, ni lo mezclen con fascismos ni nostalgias. Sucede también en Francia, en Inglaterra, en muchos sitios... Se marcha el presidente. A veces áspero y frío, pero siempre convencido y para muchos convincente en la tarea de restaurar una idea sencilla de España. La que comparte la mayoría. Quienes no lo entiendan, ya saben cuáles van a ser las consecuencias en buena ley democrática.

Llegan las rebajas
SANTIAGO GONZÁLEZ/ El Correo  13 Enero 2004

En estos días, mi señor Zapatero, han tenido ustedes un éxito innegable de comunicación. Su programa electoral se ha convertido en el rompeolas de todas las Españas, como hubiera dicho el difunto Pedro Rodríguez, un columnista muy famoso en el bajofranquismo. Las medidas que su gobierno pondría en marcha en el caso de que ustedes ganaran las elecciones y que los medios nos acercan en dosis homeopáticas, están en el centro del debate, aunque no sé si es para bien.

Es verdad que sus adversarios han exagerado al calificar de inconstitucional su propuesta de agotar las instancias procesales en los Tribunales Superiores de Justicia, como si la cuestión sólo se contemplara en el artículo 123 de la Constitución y no existiera el 152. Lamentablemente falta por aclarar si reservan ustedes al Tribunal Supremo los recursos de casación para el cuidado de las normas estatales o solamente la unificación de doctrina, que es lo único que se atribuye al Alto Tribunal en el plan Ibarretxe. Lo primero sería constitucional. Lo segundo, no.

También hay algo de confusión en su financiación autonómica. Según parece, van ustedes a tratar de aproximar paulatinamente a todas las autonomías al modelo foral, que según explican los expertos y admiten ustedes «mantiene una ventaja financiera per cápita sobre el resto de las CC AA del régimen común que algunos estudios cifran en casi un 40%». Pero por muy paulatinamente que se produzca la aproximación, la suma de las partes de un todo nunca llegará al 140%. Lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible, que dijo Rafael, 'el Gallo'. Proponen ustedes, además, la creación de una agencia tributaria en cada autonomía, como si el hecho de recaudar los impuestos fuera por sí mismo un factor generador de riqueza. Y resulta que no. Dotar a cada comunidad de su 'force de frappe' recaudatriz aumenta el gasto público y reparte la tentación de usar la inspección fiscal de manera inadecuada, dicho sea sin ánimo de señalar a ninguna hacienda foral cercana.

Supongamos que todo es rigurosamente constitucional. ¿Qué hay de malo en que Pandorita abra su cajita?, se preguntarán ustedes. Y sí lo hay. Plantearse una reforma constitucional mientras Ibarretxe ha formulado un plan que atenta contra la Carta Magna, es una actitud que en el mejor de los casos, es extraordinariamente irresponsable. Introduce más confusión de la que ya había esparcido Maragall y legitima el intento de Ibarre-txe.

La campaña aún no ha empezado, pero estamos en rebajas. Ayer estaban de promoción en la cosa educativa. Un ordenador para dos, inglés garantizado y libros gratis. En febrero, ya se sabe, más ventajas. ¿Quizá el transporte público, como Simancas? Da la impresión de que no están preparándose ustedes para unas elecciones generales, sino para que Maragall les apoye en el inevitable congreso extraordinario.

Concierto pro-etarra
No es sólo rock and roll
Cristina Losada Libertad Digital  13 Enero 2004

Hace unos años, el ayuntamiento de Vigo, controlado entonces por la autodenominada izquierda, suspendió un concierto de un grupo heavy porque utilizaba la svástica en su puesta en escena. No recuerdo el nombre del grupo, pues su especialidad no es de mi gusto, pero sí que sólo protestaron unos pocos fans. Según ellos, la parafernalia hitleriana era pura decoración y el grupo aquel no incitaba a exterminar judíos ni justificaba las atrocidades nazis. No tuve paciencia para comprobarlo. La diligencia con la que actuaron los concejales me hizo sospechar que ellos tampoco. Alguien dio el aviso de que iban a ensuciar con la svástica el buen nombre municipal y eso bastó. Ningún roquero abrió la boca para preguntar si la sentencia había sido justa. Nadie habló de libre expresión. Si va de nazis, está claro.

Cuando se trata de los nazis de ETA está oscurísimo. Los roqueros se nos han vuelto muy temerosos de discrepar de aquello que se presente como radical. Se dejan mandar por las apariencias. Quedan dos o tres con cabeza y con agallas, el resto cría lana. Y el rebaño está en que defender la libertad de expresión de los que justifican a la ETA, mola y que oponerse a ello es de fachas redomados. No les vamos a pedir a los roqueros y a sus cohortes que se embeban de teoría política. Ni siquiera que lean. Bastaría con que pensaran. Que fueran capaces de percibir bajo la propaganda pro-etarra el latido del fascismo: la exterminación del adversario, la supresión de la libertad. Es pedir demasiado.

La sala Caracol, de la que tenía yo buen concepto por el lado musical, se ha descolgado con un comunicado alucinante para explicar la suspensión de un concierto de Berri Txarrak, grupo navarro que apoya a los presos de ETA y difunde la endeble mitología de los “gudaris” torturados, entre otras gracias. Algunas de sus letras son cómicas por indocumentadas. Sobre la conquista de América y aplicable a Euskal Herria, dicen: “estaba todo preparado a través de los siglos y estrictamente pensado que cuando se encontrara un mundo nuevo había que destruirlo y anular su cultura adueñándose de sus riquezas e imponiendo su lengua”. La conspiración secular de los Sabios de Sión ataca de nuevo. Y con peor literatura.

Hasta sus temas de apoyo a los presos etarras harían reír si no hubiera bajo tierra casi mil personas asesinadas por esos y otros sicarios de la banda, y miles más amenazadas. Los muertos no pueden ejercer su libertad de expresión y muchos vascos tampoco. Pero los asesinados y los amenazados, que son los verdaderos rebeldes y héroes de la historia, no merecen consideración, por lo visto. Y aquellos que los defienden son tratados de “provocadores, violentos o colectivos con información tergiversada” por la Sala Caracol en su nota. ¡Y dicen que defienden “la libertad de expresión de todas las personas”!

Menudos defensores. La suspensión se decidió no porque el concierto fuera una propaganda nazi-etarra y una ofensa a las víctimas del holocausto terrorista, sino porque se temían incidentes por la posible aparición de manifestantes contrarios al grupo navarro. Es el tipo de manifestantes que no merecen libertad de expresión, por lo visto. Tanto la sala como el propio grupo han aprovechado la ocasión para realimentar su paranoia de que hay grupos ultraderechistas que los amenazan. No se sabe de víctimas suyas todavía, mientras que de las de ETA se sabe bastante. Como si oyeran llover. Del grupo navarro no puede esperarse gran reflexión, pero de los responsables de la Caracol, sí. Reflexión y valor. No es sólo rock and roll lo que hacen “artistas” como los de esa banda. Que son como los nazis y no os enteráis.

Coalición Canaria, el otro nacionalismo
GORKA ANGULO/PERIODISTA El Correo  13 Enero 2004

Durante el año que acaba de concluir, Coalición Canaria (CC) cumplió el décimo aniversario de su fundación, lo que supone la consolidación del nacionalismo canario organizado en una única fuerza de referencia que lidera el mapa político del Archipiélago. Por su implantación, representación y organización, el canario es el tercer gran nacionalismo periférico de España (después del vasco y el catalán), superando al gallego representado en exclusiva por el Bloque Nacionalista Galego.

A grandes rasgos, el nacionalismo canario es un fenómeno político desconocido en España, porque surge en fechas relativamente tardías y, por su singularidad, es difícil homologarlo con otros movimientos periféricos similares. Históricamente, antes de la Transición, el nacionalismo canario tiene dos grandes etapas de crecimiento que fijan otras tantas referencias en las que se inspirarán posteriormente algunas organizaciones nacionalistas. Una primera, entre 1898 y los años treinta del siglo XX, en la que se fundan en Cuba, Venezuela y Canarias periódicos y partidos de vida efímera y escasa incidencia, inspirados en la pérdida de las colonias y en los movimientos de insurrectos contra el poder de la metrópoli. En esa época, el nacionalismo canario no consigue implantarse con éxito en unas islas con un alto componente migratorio a Venezuela y Cuba, ambas políticamente vinculadas a España y económicamente al Reino Unido.

La referencia descolonizadora se mantendrá en una segunda etapa iniciada en plena dictadura franquista y comprendida entre los años 60 y la transición a la democracia. Entonces nacen en Canarias y Venezuela (la octava isla canaria) diversas organizaciones inspiradas en los movimientos de emancipación tercermundistas y la descolonización africana. La organización de referencia es el mítico MPAIAC o Movimiento para la Autodeterminación y la Independencia del Archipiélago Canario, que se convirtió en un grupo terrorista de baja intensidad con el que simpatizó toda una generación que posteriormente, en la democracia, se olvidó en las urnas de su fervor juvenil independentista.

En ese momento comienza una nueva etapa para el nacionalismo canario que puede analizarse desde fases diferentes. Hay una primera de indefinición, entre 1977 y 1983, en la que no existe una gran fuerza nacionalista que lidere el mapa político. En las primeras elecciones generales ninguna opción nacionalista con implantación en todas las islas logró representación, algo que sorprendió a todos, especialmente a los líderes de aquella sopa de letras en la que se convirtió el nacionalismo canario. Sin líderes ni partidos históricos, fraccionados y radicalizados, a los nacionalistas no les quedó otra alternativa que reinventar su ideología inspirándose en sus referencias del pasado y en otros nacionalismos periféricos como el vasco o el catalán.

Para la ciudadanía canaria, en 1977, las grandes referencias políticas eran UCD, liderada por cargos heredados de la dictadura, y el PSOE, entre las que, provisionalmente, se hizo un hueco una Unión del Pueblo Canario que conseguiría un escaño en el Congreso y, durante un año, la Alcaldía de Las Palmas. Las crisis de UCD y la puesta en marcha de la autonomía alterarían el arco político y la ideología de algunos líderes ucedistas, dando lugar a un nuevo fenómeno, el nacional-insularismo, implantado sólidamente en Fuerteventura y El Hierro, y organizado, desde 1985, en las Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC). Hasta 1993, las AIC marcaron una fase de organización y redefinición del nacionalismo que conectó con el sentir de los canarios, para los que, por encima de su pertenencia a una comunidad, está su pertenencia a su isla de nacimiento o adopción. En las Islas, uno es canario en la medida en que es palmero, herreño, gomero, tinerfeño, grancanario, majorero o conejero. Este insularismo se acentúa en Tenerife y Gran Canaria por la rivalidad derivada del llamado 'pleito insular', iniciado en 1812 con la Constitución de Cádiz. Ni la separación en dos provincias de 1927 ni el Estatuto de Autonomía de 1982, que contempla la co-capitalidad de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, han sido capaces de terminar con un pulso permanente entre las grandes ciudades y las grandes islas que ha tenido un efecto indirecto en las llamadas islas menores.

El nacional-insularismo se ha convertido en una referencia necesaria y positiva para los ciudadanos de cada isla pero, en general, ha tenido un efecto negativo en el nacionalismo canario, ya que ha impedido la creación de fuerzas políticas unitarias para todo el Archipiélago. Asimismo, el nacional-insularismo ha sido, desde el victimismo y la demagogia, la coartada perfecta para mantener en el poder a una serie de personajes que, en cada isla, se han encargado de conservar dos viejas 'instituciones' de la España franquista: el caciquismo y la corrupción, con el transfuguismo como gran 'aportación' desde la democracia. Las AIC proyectaban una gran fuerza nacionalista para Canarias de abajo a arriba y desde cada isla, pero el modelo sólo tuvo éxito en la provincia tinerfeña. Del modelo de las AIC se pasó en 1993 a un nuevo proyecto nacionalista para Canarias, esta vez desde diferentes partidos.

Así nació Coalición Canaria y así comenzó una nueva fase de refundación y consolidación del nacionalismo en la que se pasaba del nacional-insularismo a una especie de nacionalismo constitucionalista. El rápido crecimiento electoral de CC, su presencia permanente en el Gobierno autonómico, el peso de su grupo parlamentario en las Cortes y su relativa implantación homogénea en todas las islas han convertido a esta federación de partidos en la primera fuerza política de la comunidad. Diez años después de su fundación, CC se enfrenta a viejos problemas, aparentemente insolubles, que pueden hacer morir de éxito en el poder a la gran coalición y dan la razón a quienes la denominan 'Coalición Canalla'. Internamente, se enfrenta a una falta de ideología concreta, al reto de la convergencia en un partido único y a una ausencia de liderazgo. Externamente, el pleito insular, la corrupción y el insularismo obligan a los líderes de CC a demasiados equilibrios y repartos de poder que no siempre satisfacen a todos y convierten a los 'damnificados' en presuntos tránsfugas. Además, el gran reto de CC es el liderazgo en España de una nueva corriente de nacionalistas periféricos compuesta por andalucistas, aragonesistas y valencianistas. Sería una excelente oportunidad para demostrar a Ibarretxe y sus imitadores que entre la singularidad y la unidad no hay incompatibilidad y que se puede ser nacionalista y constitucionalista. Sería una gran aportación a la Constitución y a una España que nació para unir y no para separar.

Un futuro incierto
Cartas al Director ABC 13 Enero 2004

La deriva secesionista que quieren imponer el PNV y los demás nacionalistas a nuestra sociedad ensombrece profundamente el futuro de todos los vascos. Desde hace bastantes años, nuestra Comunidad Autónoma es la que disfruta de menos libertades, de menos seguridad y de menos tranquilidad en España. Más de medio millar de personas han sido asesinadas en estas provincias, muchos cientos más mutiladas o dañadas físicamente, y decenas de miles obligadas a vivir en la angustia por la posibilidad de correr la misma suerte. Decenas de miles de ciudadanos han debido dejar esta tierra en busca de un ambiente más respirable. La libertad imperante en el conjunto de España no existe aquí, y ello es un balance muy amargo del uso de la autonomía por los nacionalistas durante más de dos décadas.

No contentos con ello, quieren ir más allá, pudiendo llegar incluso a destruir la democracia, dividiendo irreconciliablemente a la población.     Pedro Albizu Zuriagain.   Bilbao.

Del «sí» al nacionalismo moderado al firme «no» a cualquier intento de romper la Constitución
MANUEL MARÍN ABC 13 Enero 2004

El jefe del Ejecutivo ha mantenido en sus ocho años de poder la vigencia de la Carta Magna como texto idóneo sobre el que asentar las bases de la convivencia en paz

MADRID. Cuando José María Aznar alcanzó la presidencia del Gobierno en marzo de 1996, tras casi catorce años de hegemonía socialista, lo hizo precisamente con la dimensión algebraica que había reclamado durante su campaña electoral. Ni más ni menos que una «mayoría suficiente» que le abocaba a pactar con los nacionalistas de CiU y del PNV. El PP superó al PSOE, pero no con la holgura deseada...

Aznar supo entonces que tendría que alcanzar acuerdos con los nacionalistas para superar el acoso de un PSOE que ya exteriorizaba síntomas de enfermedad. Por ello, Aznar puso en marcha una política de entendimiento con el nacionalismo «moderado y democrático» que, además, convenía a todas las partes toda vez que se trataba de abordar «la política autonómica y de cohesión más ambiciosa que se ha planteado en la España de hoy».

«Si uno tiene el concepto que yo tengo de la España plural, hay campo más que suficiente para el acuerdo con los nacionalistas, tanto en términos económicos como de concepción de Estado». Esta afirmación teórica de Aznar, hecha en una entrevista a este diario el 10 de marzo -ya con los socialistas desbancados-, tomó cuerpo durante la primera legislatura. «Hay circunstancias históricas -decía Aznar- que se refieren a la personalidad de Cataluña y de otras Comunidades, así como a procesos de encuentro entre fuerzas políticas que es necesario integrar y que la Constitución hizo mucho por integrar. Ahora se abre una oportunidad extraordinaria de producir un encuentro inteligente entre el PP y CiU en Cataluña, y entre el PP y el PNV en el País Vasco, o entre el PP y CC».

1997, un pacto «positivo»
En julio de 1997, Aznar hacía un balance «claramente positivo» de su acuerdo con los nacionalistas, «que se resume en una palabra: estabilidad». Incluso, aludía a la «muy correcta» relación personal que mantenía con Xabier Arzalluz. Pero en esta nueva entrevista, el presidente del Gobierno recordaba una de las promesas de su programa electoral: haría «todo lo posible» por que en España los terroristas cumplan íntegramente las condenas.

Otra entrevista a ABC el 3 de mayo de 1998, cuando Aznar hizo balance de sus dos primeros años de legislatura, volvía a poner de manifiesto una evaluación «muy positiva» del pacto con los nacionalistas. «Hemos superado unos aspectos importantes, negativos, de la historia de nuestro país y hemos abierto cauces nuevos para el futuro. Eso es importante», afirmaba.

No obstante, el pacto empezó a sufrir desgaste. Había desencuentros y el partido de Arzalluz no eludía guiños públicos cada vez más frecuentes a Herri Batasuna, convertida ahora, pese a estar ilegalizada, en auténtica novia del otrora nacionalismo vasco «moderado». «Me parece -sostenía Aznar al respecto sin ocultar distanciamiento- que a veces se producen elementos de confusión que no conducen a nada. El Pacto de Ajuria Enea, el diálogo entre los partidos democráticos, es absolutamente necesario».

El de 1998 fue el año en que el entorno de ETA empezó a ver intensificado el peso de la presión judicial. La Audiencia Nacional cerraba «Egin» y los más representativos miembros del «aparato político y financiero» de ETA desfilaban entre comisarías y juzgados sin perder de vista que la mesa nacional de HB había sido procesada y condenada meses antes.

Esto nunca gustó en el PNV, que empezó a trabajar en la gestación del Pacto de Estella, un frente común de los nacionalistas ante la solidez con que Aznar aplicaba su programa en materia de cohesión nacional. «El frente de Estella -aseveraba Aznar el 9 de mayo de 1999 en otra entrevista a este diario- es una grave equivocación». El distanciamiento respecto al PNV era más que evidente. Se consumó la fractura. «Las fuerzas moderadas como el PNV deben reflexionar bien sobre eso -añadía Aznar- porque en un frente ganan siempre los radicales y ya se sabe muy bien quiénes son. El precio que se acaba pagando por aliarse con los radicales sin condicionamientos es muy alto».

La encrucijada del nacionalismo
Las elecciones de 2000 se acercaban y el presidente del Gobierno hablaba muy claro de los nacionalismos: «El nacionalismo, en general, está en una gran encrucijada y debate si coge el camino de la reivindicación, que no lleva a ninguna parte, o coge el camino de la colaboración y de la cooperación (...) La Europa del siglo XXI no se puede construir sobre políticas nacionalistas porque eso será la no construcción. Es profundamente equivocado».

El 5 de diciembre de 1999, cuando la Constitución cumplió 21 años, Aznar describió en una Tercera de ABC todo el proceso constitucional como «la historia de un éxito». La Constitución no es sino «el pacto de reconciliación nacional, al fin». El «único enemigo ha venido siempre en firma de amenaza, extorsión, devastación y muerte».

El mensaje que Aznar enviaba a los nacionalistas en esa Tercera era meridiano: «No hay alternativa viable a lo que se ha venido en llamar el bloque de constitucionalidad, a la Constitución ni a los Estatutos de Autonomía (...) España es -concluía- una nación plural, no una pluralidad de naciones. El Estado de las Autonomías ha significado una apuesta audaz por un orden jurídico-político, con mayor intensidad de descentralización que la mayor parte de los regímenes federales».

«Auténtica ofensiva de ruptura»
El 9 de enero de 2000, en una nueva entrevista, el presidente del Gobierno admitía que «es un hecho evidente que con el PNV existen divergencias de fondo sobre la política vasca (...) Ahora no es el Gobierno el que ha cambiado su posición; el Gobierno no se ha inventado el Pacto de Estella. (...) Es difícil que, cuando se han dado esos pasos, los mismos dirigentes puedan volver». No obstante, el Gobierno se comprometió a renovar el Concierto Económico vasco -como así se hizo-.

El 10 de febrero de ese año, Aznar pronunció un discurso en la sociedad El Sitio de Bilbao en la que lamentaba la ya inevitable y progresiva «radicalización» del nacionalismo vasco, protagonista de «una verdadera ofensiva de ruptura y descrédito de la obra política y de convivencia más fructífera que esta sociedad ha conseguido».

Con el plan Ibarretxe, de fondo
Las elecciones del 12 de marzo de 2000 trajeron a Aznar una mayoría absoluta que recibió como el signo de «la madurez democrática de un país que tiene conciencia de ser una nación plural», dijo en ABC el 2 de abril. Sin necesidad del apoyo parlamentario nacionalista, pero «guiado por el espíritu de diálogo», veía al PNV como un caso perdido: «Con los partidos nacionalistas hay diferencias: por ejemplo, el PNV está en un camino radicalmente equivocado y, en cambio CiU, está en un criterio cooperador». Estella era «incompatible» con el Gobierno y el PNV no se apeaba. Incluso, fracasado Estella, Aznar denunció en otra entrevista el 20 de enero de 2002 cómo el PNV «trata de editar un Estella II y de neutralizar al Partido Socialista». El PNV empezaba a moldear las bases de lo que ahora es el «plan Ibarretxe».

¿Quién se echa al monte?
El entendimiento Gobierno-PNV se tornaba ya irrecuperable, más cuando en otra entrevista, el 16 de junio de 2002, Aznar defendía los mecanismos puestos en marcha para ilegalizar Batasuna, con una Ley de Partidos apoyada mayoritariamente por el Parlamento tendente a eliminar las armas «políticas» de los terroristas. El impulso reciente al plan Ibarretxe por parte del PNV y las medidas activadas por el Gobierno y por la Justicia contra él han sido el fin definitivo de una historia que, si en 1996 se basó en el entendimiento mutuo, ahora ha llegado al límite. «Ellos son los que se han echado al monte», ha dicho Aznar.

El nuevo delegado del Gobierno en Euskadi promete defender la Constitución ''ante a la ofensiva nacionalista''
Bilbao  EP  Estrella Digital 13 Enero 2004

El nuevo delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, que ayer tomó posesión de su cargo, aseguró que su primer objetivo en su cargo se centrará en el fortalecimiento de la Constitución y el Estado de Derecho en Euskadi ante "la ofensiva por parte del nacionalismo y el desafío en toda regla al Estado de Derecho" planteado por los nacionalistas. El hasta ahora parlamentario vasco, sustituye en la Delegación de Gobierno en el País Vasco a Enrique Villar, que ocupaba este cargo desde 1996. Urquijo estuvo arropado por el presidente del Gobierno, José María Aznar, los ministros de Presidencia, Interior y Administraciones Públicas, Javier Arenas, Ángel Acebes y Julia García-Valdecasas, respectivamente, y por los máximos representantes del PP en Euskadi.

Urquijo se mostró convencido de que la pretensión del Gobierno vasco con la propuesta del lehendakari es, desde la "radicalización", lograr la "hegemonía para plantear como se ha planteado el desbordamiento y la superación de la Constitución y también del Estado de Derecho".

"Por ello, creo que mi primer objetivo y obligación es fortalecer todo lo que tenga que ver con la Constitución en el País Vasco, y fortalecer el Estado de Derecho y el respeto al principio de legalidad", manifestó.

Tras asegurar que afronta su nuevo puesto con ilusión y esperanza, Urquijo consideró que es "un momento muy trascendente porque la situación es la que es" y agregó que hubiera preferido encontrarse "con un Gobierno vasco que respetara la ley y que, si no le gusta, planteara su reforma a través de los mecanismos que están previstos en la propia legislación y no encontrarme con un Gobierno vasco y un PNV que ponen patas arriba el pacto jurídico-político que ha dado más estabilidad, prosperidad y bienestar al conjunto de España y también con ello al País Vasco".

Asimismo, Carlos Urquijo dijo tener ilusión y esperanza en que esta situación cambie porque "no hay mal que cien años dure" y mostró su esperanza en que, en algún momento, se produzca una reflexión dentro del PNV para que "se dieran cuenta de lo profundamente equivocados que están con este órdago que han planteado".

Según dijo, otra de sus pretensiones al frente de la Delegación del Gobierno será explicar al conjunto de la ciudadanía vasca que el "bienestar y la riqueza de que disfrutamos en el País Vasco también se debe a la contribución que desde el resto de España se hace en relación al País Vasco, es decir, a la solidaridad del resto de los españoles".

Urquijo, que todavía tiene pendiente de perfilar los encuentros que mantendrá en el futuro, dijo haber tenido ocasión, durante la mañana de ayer, de charlar durante unos minutos con el presidente del Gobierno central, José María Aznar, aunque prefirió no hacer público el contenido de este encuentro.

En este sentido, explicó que Aznar le ha trasladado "toda su confianza y todo el ánimo del mundo" y destacó como un "honor y un lujo haber contado en la toma de posesión con el presidente del Gobierno, el mejor presidente de la democracia española, el vicepresidente segundo y dos ministros".

"No sé si eso es lo habitual pero yo me he sentido tremendamente arropado no sólo por la presencia de los miembros del Gobierno y también me ha reconfortado mucho el hecho de estar acompañado por toda la plana mayor del PP vasco", agregó.

Entre los dirigentes del PP, asistieron a la toma de posesión el presidente 'popular' en el País Vasco, Carlos Iturgaiz, el presidente del Grupo Parlamentario, Jaime Mayor Oreja, la portavoz del partido en el Ayuntamiento de San Sebastián, María San Gil, el alcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, y el portavoz en la Cámara autonómica, Leopoldo Barreda.

Junto a ellos, además del presidente del Gobierno y los ministros, arroparon al nuevo Delegado del Gobierno en el País Vasco, otros miembros del Ejecutivo como el Secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Astarloa y secretario general de Política Fiscal y Territorial, Rafael Cámara. Durante el acto, Urquijo juró cumplir con sus obligaciones como Delegado del Gobierno con "lealtad al Rey" y hacer guardar la Constitución como "norma fundamental del Estado".

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes su nombramiento como Delegado del Gobierno mediante Real Decreto, un testigo que recoge de Enrique villar, quien ya anunció el abandono de su cargo a mediados de diciembre para dedicarse, previsiblemente, a trabajar como agregado comercial en una embajada europea.
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