AGLI

Recortes de Prensa     Miércoles 14 Enero 2004
El pulso de ETA
Román Cendoya La Razón 14 Enero 2004

Un gesto inquietante
Aleix Vidal-Quadras La Razón 14 Enero 2004

Los vascos no defraudan
Pedro Fernández Barbadillo Libertad Digital  14 Enero 2004

Las razones de Ibarra
Editorial La Razón 14 Enero 2004

Convicciones de 24 horas
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital  14 Enero 2004

Ibarra lanza una carga de profundidad
Lorenzo Contreras Estrella Digital 14 Enero 2004

Alguien tenía que decirlo
Consuelo Sánchez Vicente La Razón 14 Enero 2004

Todos a la greña
Ignacio Villa Libertad Digital  14 Enero 2004

¿Hay PSOE
Lucrecio Libertad Digital  14 Enero 2004

Derridadaísmo catalán
IGNACIO RUIZ QUINTANO ABC 14 Enero 2004

Republicanos catalanes a la conquista de España
ARTURO MANEIRO La Voz 14 Enero 2004

¿Y si cambiamos de estilo
TONIA ETXARRI/ El Correo  14 Enero 2004

El alto precio de la demagogia
Luis A. Balcarce Libertad Digital  14 Enero 2004

Las víctimas reprochan a Benach que se reuniera con quien «mancha» el Parlamento
Tate Santaeulària - Barcelona.- La Razón 14 Enero 2004

El Gobierno aragonés admite ahora que hacer cooficial el catalán es «delicado»
ROBERTO PÉREZ ABC 14 Enero 2004

País Vasco y Navarra, únicas regiones donde disminuyó la creación de empresas
L. R. R. - Madrid.- La Razón 14 Enero 2004



 

El pulso de ETA
Román Cendoya La Razón 14 Enero 2004

Las elecciones generales pueden establecer quién tiene la hegemonía del nazionalismo vasco. Era previsible que el PNV rechazara la oferta de ETA de acudir a estas elecciones todos juntos en una sola lista. Pero es más que probable que, en las próximas autonómicas, sea imprescindible la candidatura unitaria para poder desarrollar el Plan Ibarretxe. El PNV acude ahora solo, para consolidar los votos que recibió de Batasuna y así tener una mejor posición en la negociación de la lista única.

El PNV cree que la ausencia de Batasuna se traducirá en votos para él. Si eso ocurre, el PNV se quedará con todos los votos de ETA a cambio de unos pocos puestos en la futura lista conjunta. La única posibilidad que tiene ETA de hacerse imprescindible es repetir la operación de 2000. La movilización activa en contra de la participación provocó que el nazionalismo obtuviera unos resultados que son insuficientes para plantear las elecciones autonómicas como un plebiscito sobre el Plan Ibarretxe. La abstención activa es el único instrumento que le queda a ETA para demostrar al PNV y a EA que es imprescindible si quieren continuar con su plan después de las próximas elecciones autonómicas. ¿Será ETA capaz de echar este pulso?

Un gesto inquietante
Aleix Vidal-Quadras La Razón 14 Enero 2004

La entrevista celebrada el pasado día nueve de enero en su despacho de trabajo entre el flamante presidente del Parlamento de Cataluña, el independentista Ernest Benach, y una delegación del colectivo Etxerat!, que agrupa a familiares de etarras que se encuentran cumpliendo pena de prisión, ha suscitado la lógica repulsa de las asociaciones de víctimas del terrorismo y del Partido Popular. En circunstancias normales, una iniciativa de este tipo hubiera producido también una reacción indignada del Partido Socialista, que cuenta ya con una trágica lista de militantes asesinados, mutilados o amenazados por la organización criminal ultranacionalista. Sin embargo, no sólo no hemos visto ninguna manifestación de rechazo por parte de los órganos de dirección del PSOE, sino que representantes del PSC en la Mesa del Parlamento catalán asistieron al encuentro mencionado. Este peaje, se supone que doloroso y humillante, al que los socialistas se ven obligados a someterse en virtud de su pacto de gobierno en Cataluña, es una primera muestra nada tranquilizadora de lo que puede ser el próximo cuatrienio de Generalitat tripartita.

Esta provocación de Esquerra parece calculada, además, para perjudicar las expectativas electorales de Zapatero de cara al próximo mes de marzo. Si algo daña gravemente la imagen de moderación, sensatez y compromiso con la cohesión nacional que desea ofrecer el PSOE a los ciudadanos es el acuerdo alcanzado en Cataluña con una fuerza secesionista y republicana que pone en cuestión la unidad constitucional y la Corona como vértice y símbolo de la misma. Las enormes dificultades que está experimentando el equipo de campaña de Ferraz para explicar que sus propuestas sobre el papel del Tribunal Supremo y sobre la división de la Administración Tributaria no representan un serio riesgo para la igualdad y la solidaridad, y la vía de agua que los torpedos dialécticos del Partido Popular le ensanchan todos los días al respecto, demuestran que la visita de los deudos de los terroristas al presidente del Parlamento de Cataluña no era un tema inocuo y que los dirigentes de Esquerra sabían perfectamente que el hecho de recibirles no iba a gustar en absoluto a sus socios de gobierno. Nada les hubiera costado, por otra parte, el posponer la conversación hasta después de las elecciones generales. Por tanto, la muestra de maligna deslealtad hacia Maragall y sus correligionarios de Madrid es patente y da una idea del via crucis que le espera al sucesor de Pujol durante los próximos cuatro años. La política hace extraños compañeros de cama, pero ciertos apareos degradan más que otros. Estremece imaginar lo que pasaría por la mente del miembro del PSC obligado a mantener la faz ante gentes que consideran que el alevoso asesinato de Ernest Lluch fue una acción heroica de valerosos gudaris. Hay ocasiones en que el poder tiene un precio demasiado alto.

Haciendas
Los vascos no defraudan
Pedro Fernández Barbadillo Libertad Digital  14 Enero 2004

Para explicar el modelo de sistema fiscal que propone el PSOE de Rodríguez Zapatero, impulsado por los socialistas catalanes, se ha recurrido a la frase de 17 agencias tributarias, una por cada autonomía. Aunque se defina de esta manera rotunda la fragmentación del mercado y de la escasa Administración nacional que pervive tras el desmantelamiento del Estado para crear las autonomías, el número se queda corto. En España existen ya cinco agencias: la que depende del Ministerio de Hacienda y los servicios de inspección de las Haciendas de Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra y Álava.

Merced al Concierto para el País Vasco y al Convenio para Navarra, ambas comunidades disponen de enormes competencias fiscales. Pueden suprimir algunos impuestos (el de Sucesiones entre familiares directos no se paga en Vizcaya desde hace más de una década) y pueden fijar sus propias tarifas de los Impuestos de la Renta y de Sociedades, con la condición, marcada por las leyes del Concierto y del Convenio, de que la presión fiscal en las respectivas provincias sea idéntica a la que hay en territorio común.

Para los ingresos obtenidos en 2003, el tipo mínimo de la escala del IRPF en las tres provincias del País Vasco son del 17% y el máximo del 50%, cuando en territorio común son del 15% y del 45%. Aunque los ciudadanos contribuyen más a Hacienda (la Hacienda vasca; a la nacional lo hacen a través del Cupo) que sus compatriotas, en cambio las empresas son grandes beneficiadas, pues el tipo básico del Impuesto de Sociedades es del 32,5%, frente al 35% que rige en territorio común. Por tanto, el PNV trata mejor a las personas jurídicas que a las personas físicas.

Las diferencias impositivas entre territorios ha llevado a los Gobiernos de Cantabria, La Rioja y Castilla y León a protestar por la captación de empresas que hacen los vascos a través de ayudas y bonificaciones y al Estado a pleitear contra las Diputaciones. La propia Comisión Europea denunció las vacaciones fiscales y, en octubre de 2002, el Tribunal de Justicia de Primera Instancia de la UE falló en su contra. Pero no es ésta la única vulneración del principio de igualdad entre los españoles.

Desde la constitución del Concierto para la comunidad vasca (Álava lo ha tenido ininterrumpidamente desde 1878 hasta 1981) en 1981, los inspectores de las Haciendas provinciales nunca han descubierto un gran fraude fiscal. Como si Sabino Arana y Javier Arzallus tuvieran razón, los vascos no defraudan: ni facturas falsas, ni doble contabilidad, ni tramas de corrupción interna como la que había en la Agencia Tributaria de Barcelona... Lo mismo ha ocurrido en Navarra.

El 14 de diciembre pasado, el diario El Correo Español publicó un reportaje sobre varias denuncias presentadas a la Fiscalía Anticorrupción en que se desvelaba que cierto número de contribuyentes, en torno al centenar, gozaban de protección especial ante las inspecciones.

Entre 1926 y 1927, José Calvo Sotelo, como ministro de Hacienda, negoció con las Diputaciones vascongadas y navarra la renovación de sus sistemas financieros y concluyó que la extensión de éstos, que calificó de injustos, a las demás provincias, supondría la desaparición del Estado, pues se le privaría de ingresos.

Aparte de los separatistas que odian a España, hay otros interesados en este modelo: los que pueden comprar impunidad para sus negocios a los políticos y funcionarios locales. Aparte del caso investigado por la Fiscalía (y sobre el que ha caído el silencio) tenemos los coletazos de las vacaciones fiscales. La Comisión ha vuelto a denunciar a las Diputaciones vascas por no haber recuperado de las empresas el importe de las ayudas que les concedieron y a lo que se habían comprometido.

Las razones de Ibarra
Editorial La Razón 14 Enero 2004

Poco ha durado el vigor de la propuesta del presidente socialista extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, para reducir la influencia de los partidos nacionalistas en el Congreso de los Diputados y relegarles a un Senado que vería reforzada su calidad de Cámara territorial. En menos de horas veinticuatro, Rodríguez Ibarra ha retirado su polémica propuesta ante el aluvión de críticas llovidas desde todo el arco parlamentario, incluido su propio partido, pero ya era tarde para tapar un agujero que ha dañado la imagen del PSOE, precisamente en la antesala de la campaña para las elecciones generales de marzo.

Las razones de Rodríguez Ibarra, que sin duda las tiene y puede decirse que resultan de difícil encuadre en el ordenamiento constitucional y tributarias de una personalísima forma de hacer política, no bastan sin embargo para desviar la atención del roto abierto en Ferraz por su propuesta. Pero Ibarra tiene razón. Este país será ingobernable si no se toman medidas para reformar la Ley Electoral y permitir mayorías estables de Gobierno.

Aunque al margen de sus razones, lo que ha hecho Ibarra es apuntar un foco sobre la crisis interna que se vive en el PSOE, sobre sus divisiones, sobre las nefastas consecuencias del pacto con los independentistas catalanes y, ante todo, sobre la extrema fragilidad que afecta a la estructura de un partido que se presenta ante los electores como opción válida para sustituir al PP en el Gobierno de España. Y lo ha hecho uno de sus principales «barones» socialistas, recién designado como uno de los «notables» del equipo electoral de asesores de José Luis Rodríguez Zapatero.

Dice el «barón» socialista de Extremadura que, aunque ahora no se puede hablar de recortar las alas del nacionalismo, es algo que habrá que hacer «dentro de diez años». Y no le falta razón, porque el actual sistema electoral viene dando muestras de agotamiento. Lo que ocurre es que, meses antes de unas elecciones, y con las Cortes ya en camino de su disolución, no parece el momento de plantear un medida que no resuelve el problema.

Aunque también es posible que lo que quiso en realidad advertir Rodríguez Ibarra es que debe existir un límite en el pacto con los nacionalistas. Porque lo cierto es que su gran influencia no se corresponde con los pocos escaños que estos grupos ocupan, sino más bien con las prebendas que los grandes partidos les ofrecen a cambio de asegurar su apoyo para mantener al Gobierno de turno. Es, sin ir más lejos, el caso del tripartito catalán, donde los independentistas de Carod-Rovira han obtenido la mitad del poder con menos de una quinta parte de los votos emitidos. Y es a la vez un buen ejemplo del mal que aqueja a la política española, especialmente a un PSOE que no sabe ya qué es más importante, si llegar al poder a cualquier precio, o expulsar del mismo al PP, cueste lo que cueste.

Convicciones de 24 horas
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital  14 Enero 2004

Veinticuatro horas ha tardado Rodríguez Ibarra en retirar su anunciada propuesta para limitar la presencia y capacidad de chantaje de los nacionalistas a los dos partidos presuntamente nacionales (presunción totalmente infundada en el caso del PSOE) que la actual ley electoral facilita de forma no obligada pero sí acostumbrada.

Aunque la forma de presentarla haya sido burda, como corresponde al talante intelectual del personaje, el respaldo abrumador que recibió en nuestra encuesta de ayer demuestra que Ibarra conecta con un sentimiento cada vez más extendido en la opinión pública española, que está hasta las narices del chantaje de las minorías separatistas y de la corrupción de los dos grandes partidos, que venden su alma al diablo con tal de tocar Poder y están a punto de regalar España.

Es la segunda vez en poco tiempo que Ibarra anuncia una propuesta para la Ejecutiva Federal y la retira ante las críticas de sus compañeros de partido o lo que sea este PSOE de Zapatero, que desde que echó a Redondo Terreros se ha convertido, siempre al dictado de Polanco, en la principal herramienta del separatismo para acabar con Nación y con la Constitución. Y es que los principios en el PSOE duran aproximadamente un par de días y las convicciones nunca más allá de 24 horas. La izquierda ex-pañola está medio infantil, medio gagá. Lo mismo rompe con tranquila y feliz irresponsabilidad el juguete que tanto costó pagar a la familia que agarra una llantina porque le llevan la contraria y se niega a probar la cena, para que se fastidie el mundo. Ahora bien, como los niños y los borrachos, esa forma alcornocal del Abuelo Cebolleta que es Rodríguez Ibarra ha dicho la verdad, y se la ha recordado, entre otros, a esa nada promovida al todo que se llama Patxi López.

Espectáculo patético el de este PSOE. Mejor dicho: Zapatético.

Ibarra lanza una carga de profundidad
Lorenzo Contreras Estrella Digital 14 Enero 2004

No cabe decir que a Rodríguez Zapatero le crecen los enanos de su circo político. En su caso, el tópico estaría mal aplicado, porque no son enanos los que le crecen, sino los personajes más talludos de su propio entorno. Son, como suele decirse, algunos de los “barones” que integran su equipo de apoyo electoral. Y entre esos personajes especialmente cualificados hay que contar a partir de este momento de un modo ruidoso o notorio a Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente de la Comunidad de Extremadura. Este notable acaba de proponer
—aunque inmediatamente ha rectificado— para la inmediata Conferencia Política del PSOE una modificación del sistema de representación en el Congreso de los Diputados, de tal manera que, en virtud de una nueva exigencia de votos a escala nacional, sólo pudiesen tener presencia en la Cámara las formaciones que obtuvieran un mínimo del 5 por ciento del censo electoral. En resumidas cuentas, esto significaría, sin necesidad de mayores precisiones aritméticas, la imposibilidad de que los partidos nacionalistas lograsen representación parlamentaria en el Congreso. Ni que decir tiene que el presidente extremeño sólo ha intentado organizar una protesta, en forma de propuesta políticamente irrealizable, contra lo que él mismo llama “debate permanente sobre la definición de España”, que hace del Congreso, no un foro de discusión normal de política nacional, sino una plataforma de negociación de votos “para llevarse cuatro duros”.

Lo probable es que esta escaramuza quede en el olvido prontamente dentro del PSOE, pero lo que Rodríguez Ibarra ha planteado tendrá una duración polémica mayor en el ámbito de la oposición política, más concretamente en el marco del PP, donde en tiempo de campaña o precampaña se agradecen estos regalos de las discrepancias ajenas. Ya es paradójico que dentro de un equipo de apoyo al candidato cabeza de serie se organice una diatriba más o menos importante que precisamente cuestiona ese valor tan cotizado en un partido cual es su unidad interna y su armonía de conjunto en el mensaje al elector.

Los populares ya pueden decir que dirigentes como Rodríguez Ibarra y José Bono, tal como el PP anunciara, están en desacuerdo de fondo con la línea de la dirección federal, sobre todo en lo que afecta a la unidad de España y a la presencia de nacionalismos incrustados en su esfera de alianzas. También, por supuesto, en lo que atañe a la actitud de los nacionalismos en su sentido más amplio, desde el Plan Ibarretxe al programa de ERC, donde Carod-Rovira ha logrado hacer pasar el incipiente federalismo de Maragall a una concepción confederal casi perfectamente emparentable con las aaspiraciones soberanistas del PNV y compañía.

Para el líder del PSOE, la irrupción de Rodríguez Ibarra en la precampaña con toda su capacidad explosiva, por muy provisionales que sean sus fuegos, representa una traca perjudicial. Ya no se trataría de un José María Aznar acotándole el terreno a los nacionalistas, sino de un aznarismo patriótico y españolista asumido vergonzantemente por una parte significada del Partido Socialista Obrero Español. Imposible creer que Rodríguez Ibarra no esté previamente cerciorado de que en el PSOE hay un amplio sector que piensa como él, que reivindica, como él, la “E” de las siglas. Cabe imaginar lo difícil que a Zapatero le va a resultar la futura relación con un Maragall condicionado por ERC y al mismo tiempo artificialmente vinculado al partido matriz de Ferraz.

Alguien tenía que decirlo
Consuelo Sánchez Vicente La Razón 14 Enero 2004

La propuesta de Rodríguez Ibarra de reformar el sistema electoral para eliminar la prima que el actual concede a los partidos nacionalistas en las elecciones generales se puede mirar en positivo o en negativo. Como un cambio encaminado a acercarse al ideal democrático de «un hombre o un voto». O como un castigo para poner fin a lo que no solo él considera un abuso peligroso. El planteamiento original, el del propio Ibarra, puede encuadrarse en el segundo de estos modelos, ya que, como él mismo ha explicado, lo que persigue es conseguir que los partidos nacionalistas «pierdan su capacidad de influencia en el Gobierno de la Nación, y desaparezcan en unos pocos años». No es el modelo que, personalmente, suscribo, mi impresión es que introducir algo más de equidad en nuestro sistema electoral sería positivo para la calidad de nuestra democracia en cualquier caso. Es decir, aunque las razones que han llevado al vehemente presidente extremeño a formular su propuesta con la irritación que lo ha hecho ¬la insaciable escalada nacionalista en marcha¬ no se hubiera producido.

Pero, hablemos de lo que tenemos. La escalada nacionalista es real. Busca romper unilateralmente el consenso que se alcanzó hace veinticinco años sobre los límites del nacionalismo, que como bien ha explicado el profesor Peces Barba en un reciente artículo implicaban la renuncia de los nacionalistas a lo que en sentido amplio podemos denominar para no andarnos por las ramas «la independencia». Y, así las cosas, cuestionadas las reglas del juego por una de las partes, tal vez va siendo hora de preguntarse si las razones que hace veinticinco años aconsejaron adoptar el sistema electoral que tenemos, siguen vigentes.

La principal de esas razones era que los nacionalistas se sintieran cómodos en España y se integrasen en la tarea de construir entre todos la democracia. No se ha reparado en gastos para complacerles. En Euskadi se llegó incluso a darle al PNV un gobierno que había ganado el PSOE. Y lo que ha conseguido CiU a cambio de su apoyo a la gobernabilidad con el PSOE y con el PP está en la mente de todos. El actual sistema electoral, fruto del consenso, es lo que le ha dado tanto a ellos como Coalición Canaria, al BNG o la ERC de Carod Rovira la enorme cuota de poder que hoy disfrutan, no sólo en sus «países» sino en el Parlamento de la Nación. Pero, aunque España ya es el país más descentralizado del mundo, en vez de cumplir su parte del trato, quieren romperlo. Como dice mi buen amigo Ignacio Sánchez Cámara, igual ha llegado el momento de que todos, también los no nacionalistas, pongamos el «contador a cero». OTR Press

Todos a la greña
Ignacio Villa Libertad Digital  14 Enero 2004

A este paso nos vamos a quedar sin calificativos para valorar la situación interna del PSOE, y eso que todavía estamos a dos meses de las elecciones generales. El Partido Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero vive en una inquietud permanente, con tormentas internas y con una disparidad de planteamientos que ha convertido al principal partido de la oposición en una estruendosa caja de los truenos.

No es ninguna exageración decir que cada día que pasa tenemos alguna sorpresa. Por lo que estamos viendo, esta semana le toca el turno a Juan Carlos Rodríguez Ibarra. El presidente de Extremadura, que proponía el lunes limitar la presencia de los nacionalistas en el Congreso, ha sido contestado airadamente desde su partido. El propio Zapatero ha dicho que no esta de acuerdo y el líder de los socialistas vascos, Patxi López, ha ido mas allá añadiendo que el presidente extremeño "no respeta el derecho de las minorías". Ante estas críticas, Ibarra no se ha callado, calificando de hipócritas a aquellos que, a la hora de la verdad, se esconden cuando hay que afrontar el problema de los nacionalismos.

Los socialistas viven una autentica batalla campal que puede tener un tremendo desenlace electoral. La ausencia absoluta de liderazgo hace que cualquier socialista campe por sus fueros sin encomendarse a la dirección del partido. Todas las ocurrencias se hacen públicas, sean cuales sean, se responden en los medios de comunicación, se critican sin ningún pudor y con una carencia absoluta de estrategia. Con este panorama, Zapatero –que ha cedido tanto y a tantos– ahora ya no puede recoger velas. Tiene las manos atadas. A él, que tanto predicó el "cambio tranquilo", lo están trasquilando sus propios compañeros de partido: un día unos, al siguiente los contrarios, unos pactan con quienes quieren, otros critican los pactos. Es un espectáculo bochornoso, lamentable y que va a provocar unos resultados demoledores para la calle Ferraz.

Pero lo más grave para el PSOE es que, con este panorama, ni siquiera les da tiempo a debatir sus propias propuestas electorales, como son las fiscales o las educativas. Es verdad que son propuestas que no tienen mucho sentido y que no se mantienen en pie por su imposible financiación, pero lo cierto es que se vive un grado de torpeza tal en el PSOE que al día siguiente de anunciar lo que deberían ser sus "propuestas estrella", ya nadie habla de ellas porque todos han vuelto a la gresca de la forma más cruel. Los socialistas, "notables", "suficientes" y hasta "insuficientes", se van superando con el paso de los días. Sin darse tregua ni a sí mismos, parecen dispuestos a cosechar los peores resultados de su historia reciente.

Están actuando como niños, inconscientes de la gravedad de su situación y con la felicidad del ingenuo. El PSOE de Zapatero camina hacia la nada política sin vergüenza alguna. Con este partido hay que preguntarse cada noche: ¿que harán mañana? Lo dicho, a este paso nos quedaremos sin palabras para calificar lo que ocurre en la calle Ferraz. No hay duda de que se van superando.

¿Hay PSOE?
Lucrecio Libertad Digital  14 Enero 2004

¿Hay Partido Socialista? No. Y a eso se reduce todo.

La aventuradísima estrategia por la que optó Zapatero —tras el pescozón de Cebrián y González—, después del insuficiente resultado de las elecciones autonómicas vascas de hace un par de años, ha dado sobre el vacío tras las catalanas. El guión que se había soñado era muy distinto a lo que la realidad impuso. La hipótesis de un Maragall, heredero del poder omnímodo de Pujol, debía abrir una perspectiva prometedora: la articulación del conjunto de los poderes autonómicas socialistas (incluido el que generaría un nuevo acuerdo PSE-PNV) en una ofensiva ordenada contra el poder central del PP. El nuevo Presidente de la Generalitat sería el verdadero cerebro de ese PSOE renacido, y Zapatero poco más que una reina madre, a cuyo través vehicular la unidad socialista. El día mismo en el cual Maragall quedó reducido a segundo de Carod Rovira, toda la telaraña de sueños, tejida en torno a su hipotético triunfo, se deshizo. Quedan sólo jirones. Sin capacidad de anudarlos en algo que se parezca a una estrategia.

A partir de ese día, la tentación, ya muy fuerte entre los caudillos locales, de salvar los feudos autonómicos al precio que fuera —incluida la más que verosímil voladura del partido— cristalizó en una certeza irreversible. Todos dieron por sentado que las elecciones generales estaban perdidas. Y todos iban a utilizar tan sólo el altavoz mediático que unas generales ofrecen, para potenciar imagen de cara a su local electorado, único del cual va depender, en el futuro, su poder y su sueldo.

Ni Chávez duda un instante de que ninguna posibilidad existe de multiplicar por 17 las agencias tributarias, ni Rodríguez Ybarra guarda la menor esperanza de eliminar del parlamento español a las fuerzas nacionalistas. Uno y otro saben, sin embargo, que esas cosas gustan a lo más provinciano de sus electorados cautivos. Y que los partidos pasan, pero los caciques quedan.

¿Zapatero, en todo esto? Si le quedase un dedo de inteligencia —de decencia ni hablo— saldría corriendo: como corriendo han salido todas cuantas "celebridades" recibieron la invitación de ir segundas en su lista. Cualquier cosa es moral y políticamente preferible a pasar por el bochorno al cual lo están condenando sus jeques locales. No tiene, nunca ha tenido, posibilidad alguna de ganar, es cierto. Lo de ahora es mucho peor, sin embargo. A costa del destrozo electoral de Zapatero, Ybarra, Chávez, Maragall o López están blindando sus clientelas. A eso se reduce todo este circo. Sin que importe gran cosa a los perpetuos caciques que el electorado nacional vacile, estupefacto, entre la hilaridad y la ira. No tienen nada que perder, esos tipos, con todo ese esperpéntico delirio. Los vidrios rotos los va a pagar el pobre Zapatero. Para eso lo pusieron. Cuando se acaba el PSOE.

Derridadaísmo catalán
Por IGNACIO RUIZ QUINTANO ABC 14 Enero 2004

ESTABA escrito: «La evolución del sentimiento nacionalista en Cataluña ha llegado a tal punto que los castellanos deben renunciar a discutir teóricamente nuestras reivindicaciones y nuestra convicción»:

-No nos van a convencer.

Así lo dejó dicho el inefable -en el nacionalismo, un asunto de fe, todo es inefable- Rovira y Virgili, quien para concluir su convincente exposición del catalanismo todavía dijo más. Dijo que constituye un crimen de lesa libertad, de lesa cultura y de lesa humanidad contrariar al grande Movimiento Nacional: «Si nuestro ideal se hundiera, si nuestra fe se desvaneciera, una inmensa postración se apoderaría del pueblo catalán, y sobre todo de la intelectualidad catalana.»

Ahí es nada. ¡La intelectualidad catalana! Ahora, gracias al tesón de tejoneros de pelo duro como Girauta y García Domínguez en la vigilancia de esa intelectualidad, nos hemos enterado de que lo que el honorable Maragall persigue en Cataluña con sus socios -y los hermanos de los socios- es nada menos que la «deconstrucción» derridiana de España. Con dos cojones.

Primero fue Ferrán Adriá, que acometió la «deconstrucción» de la tortilla española. Luego, Laporta, que prosigue, el hombre, con la «deconstrucción» culé de la Liga española. Y ahora, Maragall, que se ha impuesto nada menos que la «deconstrucción» de la Constitución española. Vamos, que, con dos tardes de Derrida y un cartón de vino, Maragall le ha hecho el programa socialista a Zapatero. «El nombre de mi programa es Educación, y su apellido, Cultura», dicen que va diciendo por ahí ese pobre hombre. ¿Es o no es esto «derridadaísmo»?

EL «derridadaísmo», que es una forma de destrozar la argumentación derridiana de que el lenguaje es la madre del cordero, se lo han vendido a Zapatero en Barcelona. Y no debe de ser fácil pasar en dos tardes de Borges -para Zapatero, hasta ayer, el único filósofo- a Derrida. ¡Pues menudo es Derrida! Y todo gracias a una palabra: «deconstrucción». ¿Qué sería de Derrida sin la «deconstrucción»? Rorty ha denunciado el vocerío continuo en torno a Derrida, provocado por gente que no le ha leído. ¿Ha leído Maragall a Derrida, el Wittgenstein francés? ¿En francés, en español o en catalán? Porque eso de la «deconstrucción», que es un demonio heideggeriano, tiene mala traducción y peor entendimiento. ¿Quién entiende lo que dice Maragall? Los «deconstruccionistas» suponen que la Modernidad -que España, en el caso de Maragall- es una estación-término; que, una vez en ella, hay que volver hacia atrás, para disolver las capas encubridoras de una tradición endurecida; que ese camino constituye el camino de regreso destructor de la historia de la ontología, etcétera. Dice Derrida: «Sólo sobre la base de la «différence» y su «historia» podemos conocer supuestamente quiénes somos y dónde estamos «nosotros».» Y dice Maragall: «¡Ah, recón! No es el mundo lo que debemos tratar de comprender, sino sólo frases.»

¿QUÉ mejor frase que la de Derrida para un «progre» viejo que para mandar tiene que echárselas de nacionalista? Tú dices que hay que «deconstruir» España porque lo ha dicho Rovira, «el polític més trempat de Catalunya», y hasta Zapatero te manda a hacer puñetas. Dices, en cambio, que lo ha dicho Derrida, y la gente de progreso se pone babero para escucharte. Eso ha hecho Maragall, el «aví» del socialismo catalán -el movimiento que llevó a Sabino Arana al callejero barcelonés-, un fanático del poder, un ejemplo de lo que Derrida, precisamente, denomina -de la contracción logocentrismo/falocentrismo- «falogocentrismo». No se les discuta a los «falogocentristas», que nadie los va a convencer. El palabrerío ha sustituido a la razón. Tienen la Moral y los Buenos Sentimientos. «Tenemos la Educación y la Cultura.» Ahora que el marxismo ya no parece plausible ni siquiera en París (Rorty), va el «derridadaísmo» y fija su sede en Barcelona.

Republicanos catalanes a la conquista de España
ARTURO MANEIRO La Voz 14 Enero 2004

ESQUERRA REPUBLICANA de Cataluña es un conglomerado de partidos políticos que ha conseguido el respaldo del 20 por ciento de los votantes de aquella comunidad autónoma. En sentido estricto, y según las cálculos matemáticos más rigurosos, el 80 por ciento de los catalanes no querían que gobernara este partido. Sin embargo, con tal porcentaje, el PSOE catalán le ha dado unas cotas de poder nunca soñadas, y ahora manda en la Generalitat catalana junto con Pasqual Maragall y sus respectivos hermanos.

Nadie había conseguido antes tanto poder con tan pocos votos. Lo había intentado con anterioridad Izquierda Unida en Madrid, pero acabó mal. Por lo tanto, en estos momentos sólo Esquerra Republicana ha logrado tales cotas de poder. Se produce una vez más esa curiosa circunstancia en la que aquellos partidos que no consiguen respaldo mayoritario de los votantes gobiernan apelando, paradójicamente, a la decisión soberana de la urnas. Sin ánimo de polemizar, algo así como lo que está pasando en Sada y en algunos otros ayuntamientos de Galicia.

Tal situación ha dado tantas alas a ERC que ahora ya les queda pequeña Cataluña y han anunciado que van a la conquista de España. De la mano de Maragall y del PSOE están haciendo las cuentas: si sacan 3 o 4 diputados para el Congreso en marzo, junto con el PSOE podrían echar al Partido Popular del Gobierno de España; podrían tener algún ministro en Madrid, aunque no a cualquier precio: siempre y cuando se acepte la reforma del Estatuto de Autonomía catalán. Con estas condiciones estarían dispuestos a hacer un sacrificio y participar en la gobernabilidad de España, por mucho que les costase a su mentalidad nacionalista y republicana.

Esta situación es posible porque el líder republicano catalán José Luis Carod Rovira ha encontrado tanto eco a sus palabras, ha visto su cara tan fotografiada, sus ideas tan difundidas y sus propuestas tan debatidas que debe estar convencido de que ya ganó las elecciones generales del 14 de marzo antes de que se convoquen. Su único y principal programa es «echar al PP»; su objetivo: «modificar el Estatuto de Cataluña»; su finalidad: imponer las ideas del 20 por ciento de los votantes al otro 80 por ciento restante. Se debe creer algo así como el ideólogo imprescindible para solucionar los problemas sociales y políticos de toda España.

Los dirigentes republicanos de Cataluña tienen todo el derecho del mundo a pensar lo que quieran, a proponer lo que consideren oportuno, a defender cualquier tipo de idea política, pero no cabe duda de que algunas de ellas son realmente pintorescas.

A veces da la impresión de que la mentalidad superficial, frívola, espectacular que promueven nuestros programas de televisión han logrado contagiar las mentes de los políticos. Buscan el más difícil todavía como en el circo. No importa si una propuesta es lógica y razonable, lo importante es que se le dé aire, que salga en los medios, que se discuta, que se le haga caso, que se le pidan valoraciones a todos los políticos de izquierda y derecha. Espectáculo.

¿Y si cambiamos de estilo?
TONIA ETXARRI/ El Correo  14 Enero 2004

En estos quince meses sin que haya adelanto de elecciones, tal como dijo ayer el lehendakari, habrá que encajar debates de gran calado. Ibarretxe se pone trascendental, porque le va su plan en ello, y dice que se va a decidir nuestro futuro para los próximos 15 años. Y como el pulso entre nacionalistas condicionará, sin duda, a la otra mitad de ciudadanos vascos, se podría seguir la moda de quienes preguntan «¿es que no se puede cambiar nada? ¿el consenso tiene que ser para toda la vida? ¿es que el Estatuto es inamovible?» y lindezas de este estilo, para hacer lo propio en relación al Gobierno. A saber: ¿va a haber un cambio de estilo en Ajuria Enea, por ejemplo? ¿se recuperará el diálogo, no solo la convocatoria, con los partidos democráticos? ¿Qué habría de malo en ello?

Ahora que nuestros políticos han estado durante los últimos cinco años inmersos en una política de confrontación, se podría recuperar el consenso ¿no? pero no sólo entre nacionalistas y domesticados, como rezaba el Pacto de Lizarra, sino entre las fuerzas democráticas. Seamos modernos. ¿Y cambiemos! Pero también de estilo en el Gobierno de Ibarretxe. Porque entre pactos excluyentes, de legislatura, y las transacciones parlamentarias con la ilegalizada Batasuna, el PP y PSE, con sus 580.128 votantes, parece que tengan que pedir perdón por ocupar escaños en el Parlamento. A ver si con los nuevos nombramientos se producen cambios, al menos, de forma.

A Carlos Urquijo, por ejemplo, le encanta el contraste de ideas. Quizá porque es de la misma cuadrilla (no de amigos sino de territorio) que el lehendakari, o porque quiere comprobar si es cierto que el Gobierno ha hecho una autocrítica sobre su actitud con las víctimas tal como ha contado su primo, y sin embargo amigo, el director de Derechos Humanos Txema Urquijo, el caso es que el nuevo delegado del Gobierno quiere reunirse con Ibarretxe. Que es una buena manera de empezar su incómodo mandato. Cuando su nombramiento era aún un rumor le hicieron algunas bromas por los pasillos de la Cámara, pero desde su toma de posesión, sólo un nacionalista del Gobierno, Legarda, le llamó para felicitarle. Siempre se ha llevado bien con los representantes del departamento de Balza, a pesar de sus pulsos parlamentarios. Es un detalle del viceconsejero de Seguridad, tal como está el ambiente en el Parlamento.

Urquijo, de entrada, solicita a Ibarretxe un encuentro; pero por escrito, que luego, dice, las palabras se las lleva el viento. Los mensajes de algunos de nuestros gobernantes se están quedando más pasados que el tango hablando todavía de «estrategia armada» donde hay acoso y persecución. O del MLNV. Los que saben que no están siendo 'liberados' precisamente, se fijan en la nueva portavoz del Gobierno, Miren Azkarate, que en su día hizo una mención a la pluralidad. Y esa referencia fue acogida como un regalo. Si es que los que más sufren se conforman con poca cosa.


Galicia
El alto precio de la demagogia
Luis A. Balcarce Libertad Digital  14 Enero 2004

Luego de la propuesta escuchada desde el PSOE respecto a la gratuidad de los libros de texto los políticos deberían reflexionar seriamente acerca de los costos de la demagogia. No se puede pretender querer ser presidente insultando la inteligencia de la gente.

Uno de los puntos débiles de nuestras actuales democracias es que incentiva a los políticos a querer obtener beneficios inmediatos en el corto plazo pactando y prometiendo lo que sea y con quien sea con el único fin de acaparar poder. Algunos sectores muerden el anzuelo y se entusiasman con esas medidas bizarras mientras que otros, sin fuerza de lobby, las aceptan con resignación y desencanto. Las consecuencias negativas de esa mirada cortoplacista las suelen pagar las generaciones futuras, a base de inflación, paro, deuda pública y alza de impuestos.

En Galicia, una propuesta similar a la de Rodríguez Zapatero y su equipo fue implementada a mediados del año pasado y fue recibida con alegría por todos... o casi todos. Resultó ser que la Consellería de Educación decidió implantar el programa de gratuidad de los libros de texto a partir del sistema de préstamo a los colegios, desoyendo las propuestas de los libreros y editores que exigían un cheque libro, una medida que costaría el doble. Por ahora, únicamente los alumnos de sexto han sido beneficiados, lo que afecta a unos veinte mil estudiantes, con un coste de 3,6 millones de euros. La intención de la Consellería es ampliarlo a primer curso de ESO en el 2004-2005.

Los padres aplaudieron la propuesta del gobierno y resaltaron la defensa del programa aludiendo a la importancia de "inculcar en los alumnos los valores de solidaridad y de tolerancia". ¿Quién podría negarse? Pues, claro, los editores, libreros, distribuidores y escritores en lengua gallega, quienes auguraron la quiebra de numerosos negocios al perder una de sus mayores fuentes de ingreso. Normal, porque la medida lesionaba seriamente sus intereses. Y es que los manuales suponen a las librerías entre el 40 y el 80% de la facturación anual, con lo que las pérdidas, si no se renuevan en un período de cuatro años, serían irreparables. Además, este sector considera que la medida limitará la pluralidad en los textos e impedirá que los alumnos conserven un material pedagógico como es el libro.

También argumentan que el préstamo acabará con el proceso de normalización lingüística en los centros. Los editores lo explican, asegurando que son las empresas gallegas las únicas que editan manuales en esta lengua. Con la disminución de las ventas, no serán capaces de renovar contenidos ni sacar a la calle los textos en gallego. Pero hay algo que el sector del libro no aclara y es de dónde saldría el dinero para implementar el cheque-libro que tanto los redituaría y que les aseguraría un mercado cautivo cada año y cómo afectaría esta medida al bolsillo del contribuyente.

Por el momento, y en parte para calmar los ánimos de la Federación de Libreiros de Galicia, el gobierno sacó la chequera y les abrió un sitio en Internet gastando 3 millones de euros más a cuenta del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Los libros de texto finalmente costaron carísimos, y es que nada sale gratis, ni siquiera la demagogia.

Estas medidas explican por qué hay cada vez más gente que se resiste a abrir nuevas empresas y por qué el gobierno autonómico proyecta gastar este año 30 millones de euros más que el 2003 sin cumplir con la promesa del déficit cero. Y es que si algo caracteriza a los políticos es su afán por querer vencer a la escasez vendiéndole a la gente espejitos de colores. Por este motivo, para las elecciones de marzo, depositemos nuestro voto en lo posible sin romanticismos. Al menos no saldrá tan caro.

Las víctimas reprochan a Benach que se reuniera con quien «mancha» el Parlamento
No recibió a las víctimas en su despacho, como hizo con familiares de presos etarras
Tate Santaeulària - Barcelona.- La Razón 14 Enero 2004

El presidente del Parlamento catalán el independentista, Ernest Benach, recibió ayer en el despacho de Audiencias a una delegación de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), después de que el pasado viernes se reuniera con la plataforma de familiares de presos de ETA. La organización de víctimas del terrorismo encabezada por su presidente, Roberto Manrique, trasladó al presidente el malestar de la entidad por haber recibido en la cámara catalana la plataforma Etxerat!.

Manrique entregó al independentista un comunicado muy duro donde expresaba la indignación de las visitas del terrorismo por este encuentro y explicaba dado este gesto la entidad estuvo a punto de anular el encuentro programado para ayer y devolver la condecoración que el Parlamento les entregó en su día por la labor. Asimismo, momentos antes de reunirse, la ACVOT expusó centenares de fotografías de las víctimas de ETA frente la facha de la Cámara.

La comisión de miembros de la ACVOT estaba integrada por su presidente, Roberto Manrique; el secretario y abogado, Josep Maria Fuster Fabra; el vicepresidente, Santos Santamaria, seis víctimas del terrorismo y Sara Bosch psicóloga especializada en este tipo de agresiones. Mientras que por parte del Parlament se encontraban el vicepresidente y socialista Higini Clotas y el porpular Rafael Luna.

Manrique explicó a este diario que el presidente del Parlament se ha comprometido a apoyar de forma económica y moral a la organización. Las víctimas del terrorismo no cuenta actualmente con ningún tipo de subvención ni ayuda desde que se disolvió AVT en febrero de 2003. El presidente de ACVOT explicó que Benach ha pedido un informe de sus problemáticas a nivel social y económico para trasladarlas a todos los grupos parlamentarios. Asimismo, Higini Clotas recomendó a la deleagación de la entidad que soliciten una reunión con el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall. Manrique, al respecto aseguró que la solicitará el próximo lunes. Finalmente, el secretario y abogado, Josep Maria Fuster Fabra sentenció a este diario que «lo que hace falta es que se pase de las buenas palabras a los hechos».

El Gobierno aragonés admite ahora que hacer cooficial el catalán es «delicado»
ROBERTO PÉREZ ABC 14 Enero 2004

El PP afirma que, «si quieren consenso, se olviden de hacer cooficial el catalán» y de iniciativas «que crean problemas de constitucionalidad»

ZARAGOZA. El Gobierno aragonés no descarta promover una ley que declare cooficial el catalán en esta Comunidad autónoma, pero ayer el PAR, con el que gobierna en coalición el socialista Marcelino Iglesias, insistió en que es una cuestión «muy delicada, que nos tiene que hacer especialmente cuidadosos» y que «hay que discutir». Así lo afirmó el vicepresidente del Ejecutivo autónomo, José Ángel Biel (PAR), durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno autonómico. El vicepresidente declaró que, hasta el momento, no se ha redactado un nuevo anteproyecto de ley de lenguas -el último lo preparó el Ejecutivo PSOE-PAR la pasada legislatura y lo polémico del asunto hizo que no se tramitará-.

Respecto al dictamen de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno aragonés, emitido en enero de 2001, en el que se dice que declarar la cooficialidad del catalán en Aragón por una ley autonómica ordinaria no sería constitucional, Biel afirmó que no conocía el texto del citado informe. Explicó que lo iba a solicitar ayer mismo para leerlo, tras haberlo recogido ABC. En cualquier caso, indicó que sería «opinable», al tratarse de un pronunciamiento de juristas y que «sólo el Tribunal Constitucional determina lo que es o no constitucional».

El vicepresidente aragonés recordó que el Estatuto de Autonomía dice que ha de promoverse la protección de las lenguas y modalidades lingüísticas de Aragón y que, por ello, se deberá legislar al respecto. El Estatuto, en cualquier caso, no cita expresamente ninguna lengua, por tanto tampoco el catalán, ni hace mención alguna a la cooficialidad. De ahí que el informe de la Comisión Jurídica indicara que, para acometer esa cooficialidad, sería necesaria una modificación del Estatuto, con la aprobación de las Cortes Generales.

Iglesias guarda silencio
Biel, ayer, subrayó en todo momento la necesidad de ser prudentes. Debe ser «una ley muy cuidadosa», con la «fórmula que permita llegar al mayor consenso», afirmó. Según el vicepresidente, «no se puede regular coyunturalmente» este asunto, que «incide sobre sentimientos propios», ni «aprobar una ley de lenguas de una mitad de la Cámara sobre la otra mitad».

El líder aragonesista hizo un llamamiento a «esperar» y dijo que «hasta que no conozcamos el texto del proyecto de ley no podemos prejuzgar nada». La afirmación no es casual, porque la pasada legislatura el PAR ocupaba la Consejería de Cultura y, como tal, se encargó de redactar el anteproyecto de Ley de Lenguas que se paralizó; pero en el actual mandato esa responsabilidad de gobierno la ocupa el PSOE. El socialista Marcelino Iglesias, entre tanto, guarda silencio. Ayer, desde su gabinete se afirmó que no tienen nada que decir a ABC sobre este asunto.

Ley, pero sin cooficialidad
Respecto al consenso en el que insistió el Biel, el PP no tardó en contestar. El presidente del partido en Aragón, Gustavo Alcalde, explicó que su formación lograr ese consenso es «tan sencillo como que no se emprendan iniciativas que crean problemas de constitucionalidad, que se olviden de hacer cooficial el catalán en Aragón y que, en cumplimiento del Estatuto, se elabore una ley que proteja efectivamente las lenguas y modalidades lingüísticas propias, entre las que desde luego no está el catalán normalizado, el catalán de Barcelona».

Gustavo Alcalde insistió en que «la diferencia es tremenda entre proteger un patrimonio propio y la cooficialidad, y mucho más entre proteger modalidades lingüísticas aragonesas y hacer cooficial el catalán en esta Comunidad, con las implicaciones que eso tendría en múltiples frentes». Entre esas consecuencias, Alcalde citó también las territoriales y afirmó que tras esta cuestión hay «una batalla política» en la que están presentes determinadas tesis «expansionistas» del nacionalismo catalán.

El presidente aragonés del PP insistió en que «no estamos por la cooficalidad, que no aporta nada, y menos aún por aspectos tales como la inmersión lingüística en educación, como se llegó a apuntar también en la pasada legislatura».

País Vasco y Navarra, únicas regiones donde disminuyó la creación de empresas
Los expertos destacan que el Plan Ibarreche y ETA perjudican a la economía vasca
Sólo Navarra y el País Vasco no han incrementado en 2003 el número de sociedades constituidas el año anterior. Así lo señala el informe hecho público ayer por el Grupo Informa, que revela que son Murcia, Asturias y Aragón las comunidades autónomas con mayor progresión en cuanto a creación de nuevas empresas. Murcia también encabeza la lista de regiones en las que ha descendido el número de sociedades disueltas, un 85,7 por ciento menos que en 2002. Las fusiones han descendido de forma generalizada.
L. R. R. - Madrid.- La Razón 14 Enero 2004

Todas las comunidades autónomas incrementaron en 2003 el número de sociedades constituidas el año anterior, con las excepciones de Navarra y País Vasco, donde éstas descendieron. Por contra, las comunidades que experimentaron los mayores incrementos fueron Murcia, Asturias y Aragón.

Según el informe hecho público ayer por el Grupo Informa, en España se constituyeron el pasado año 123.484 nuevas empresas, un 4,2 por ciento más que en 2002, mientras que se disolvieron 11.441 (un 9,8 por ciento menos que en el periodo de enero a diciembre de 2002) y 1.968 empresas se fusionaron, un 17,3 lo que supone por ciento menos que en el ejercicio anterior.

Por comunidades y en el pasado año, se recoge que todas las autonomías superaron el número de empresas creadas en 2002 con la excepción de Navarra y País Vasco, donde descendieron un 1 y un 2,2 por ciento, respectivamente.

Murcia, a la cabeza
Los mayores incrementos en la constitución de sociedades se registraron en Murcia (11,5 por ciento), Asturias (10 por ciento), Aragón (9,4 por ciento), Baleares (7,8 por ciento) y La Rioja (7,3 por ciento). En cuanto al número de disoluciones, ocho comunidades registraron un descenso respecto al ejercicio anterior, y el más significativo correspondió a Murcia, con un 85,7 por ciento menos.

También descendieron el número de sociedades disueltas en Castilla-La Mancha (-13,8 por ciento), Cantabria (-9 por ciento), País Vasco (-7,6 por ciento), Navarra (-7,4 por ciento), Cataluña (-7,1 por ciento), Extremadura (-6,3 por ciento) y Canarias (-1 por ciento), además de Ceuta y Melilla, con un descenso conjunto del 14,2 por ciento.

En relación al capítulo de fusiones, el informe destaca que en 2003 se apreció un descenso porcentual en La Rioja (-60 por ciento), Baleares (-55,7 por ciento), Murcia (-52,1 por ciento), Canarias (-43,2 por ciento), Andalucía (-38,4 por ciento), Madrid (-26,6 por ciento), País Vasco (-22,7 por ciento), Castilla-La Mancha (-20 por ciento), Castilla y León (-16,2 por ciento), Cataluña (-9,3 por ciento) y Aragón (-4,3 por ciento), además de Ceuta y Melilla, con un descenso conjunto de -50 por ciento.

Por el contrario, las fusiones aumentaron, especialmente en Cantabria (200 por ciento) y Extremadura, 116,6 por ciento.

El «resta y sigue» de la economía vasca
Las razones que han llevado al País Vasco y Navarra a ser las únicas comunidades autónomas en las que no ha crecido el número de nuevas empresas no pueden buscarse en aspectos económicos o falta de dinamismo, capacidad y tecnología, sino en el terrorismo y en el clima sociopolítico que viven ambas regiones, especialmente desde el anuncio del Plan Ibarreche.

En octubre del año pasado, el Instituto de Análisis Industrial y Financiero de la Universidad Complutense de Madrid ponía de manifiesto en su estudio «Las empresas del País Vasco ante la secesión», dirigido por Mikel Buesa, que casi un 25 por ciento de las empresas de la región contemplaban la posibilidad de abandonar la comunidad para afrontar los efectos del Plan Ibarreche.

Esas estrategias de traslado podrían «perjudicar seriamente a la economía vasca», según el estudio, ya que las sociedades que se plantean esta medida son las que integran grandes grupos industriales de capital nacional, orientadas al mercado español. Es decir, precisamente las empresas «de mayor relieve competitivo para la economía vasca».

También se revelaba que el 30 por ciento de las empresas consideraba que el terrorismo había influido en esta decisión. El porcentaje aumentaba al 33,3 por ciento cuando se juzgaba la incidencia del clima político.
El año pasado, el Instituto de Estudios Económicos también reveló que la situación política en el País Vasco había llevado a la comunidad a pasar de ser la primera a la sexta en cuanto a renta per cápita.
Y esta situación también se ve más allá de nuestras fronteras. Ya en 2002, la inversión extranjera en Álava se redujo en un 90 por ciento.

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