AGLI

Recortes de Prensa     Miércoles 21 Enero 2004
El tripartito aprueba un Plan para imponer el catalán y prevé sanciones por su falta de uso
Tate Santaeulària - Barcelona.- LR 21 Enero 2004

Reformas federales
Rubén Osuna LD 21 Enero 2004

Terrorismo y perversión de la acción política
MIKEL BUESA  ABC 21 Enero 2004

La identidad abertzale
ANDRÉS MONTERO GÓMEZ El Correo  21 Enero 2004

Ilegalización ratificada
Editorial El Correo  21 Enero 2004

Un poco de sentido común, por favor
Emilio J. González LD 21 Enero 2004

Una reparación a las víctimas del terrorismo
Editorial ABC 21 Enero 2004

Víctima de la cosmética
CARLOS MARTÍNEZ GORRIARÁN ABC 21 Enero 2004

Maragall resucita a Filesa
Editorial LR 21 Enero 2004

Nación cívica y autodeterminación
Aleix Vidal-Quadras LR 21 Enero 2004

Si os vais de España, soy más moro
IGNACIO RUIZ QUINTANO ABC 21 Enero 2004

Los pactos contra natura no dependen del ranking
EDITORIAL LD  21 Enero 2004

Propuesta electoral
Cartas al Director ABC 21 Enero 2004

El fin de ETA
CARTAS AL DIRECTOR El Correo  21 Enero 2004

Atentan por quinta vez consecutiva contra la casa en San Sebastián de Gonzalo Quiroga
Libertad Digital 21 Enero 2004

 

El tripartito aprueba un Plan para imponer el catalán y prevé sanciones por su falta de uso
Los defensores del castellano advierten a Carod-Rovira que irán al Constitucional si se aplican las multas
El triunvirato da máxima prioridad a la implantación de la lengua en el territorio catalán. Por ello, el triunvirato ha decidido traspasar las competencias en política lingüística ¬antes dependiente del departamento de Cultura¬ a la «consellería en cap» que ostenta Josep Luís Carod-Rovira. Además, se ha elevado el rango de su dirección a secretaría general y se ha aprobado un Programa de Planificación Lingüística, donde no se descarta aplicar las sanciones reguladas en la Ley del catalán por no usar la lengua autonómica. De ser así, los defensores del castellano ya han anunciado que irán al Constitucional.
Tate Santaeulària - Barcelona.- LR 21 Enero 2004

El triunvirato que está al frente del gobierno catalán se reunió ayer para finiquitar la estructura base del nuevo gabinete y delimitar las competencias del «conseller en cap» y el presidente de la Generalitat. Así, mediante la aprobación de un decreto el «conseller en cap» pasará a ser como un ministro. Carod tendrá competencias en inmigración, asuntos exteriores, deporte, religión y política lingüística, con un importante peso en el gabinete.

Respecto a política lingüística contará, por primera vez, con una secretaria general que ocupará Antoni Mir, además de un director que será Miquel Pueyo, para impulsar el uso del catalán

En este sentido, el Consejo Ejecutivo dio un luz verde a un programa de Planificación Lingüística para corregir la pérdida de vitalidad de la lengua que se ha registrado en los últimos años. El programa será dirigido por el director que estará bajo las ordenes del secretario general. Asimismo, Pueyo será el director del Consorcio de Normalización Lingüística, ente encargado de impulsar las actuaciones realizadas por entidades locales de Cataluña.

Una de las primeras actuaciones del Plan será reforzar la estructura del Consorcio y aportar nuevas herramientas a los cerca de 600 profesionales que integran dicho ente. Aunque, el «conseller en cap» explicó que todavía no estaban diseñadas dichas herramientas. No obstante, no descartó la posibilidad de lanzar campañas publicitarias y endurecer la conocida y polémica ley del catalán que prevé sanciones. En cuanto a la normativa legal, Carod indicó que se procederá a evaluar el índice de aceptación y aplicación de la Ley con el fin de comprobar el nivel de cumplimiento de la misma. En el supuesto de ser bajo, el gobierno de la Generalitat no descarta aplicar las sanciones que regula la normativa, o legislar de nuevo si se da el caso de ser insuficiente. Pese a ello, el «conseller en cap» destacó que la intención del Ejecutivo no es hacer una política de coacción al respecto, puesto que prefieren el uso social del catalán. Respecto a los recursos económicos para financiar el programa, los responsables del gobierno aseguraron que se redistribuirán algunos recursos para poder llevarlo a cabo, ya que los presupuestos para 2004 restarán prorrogados hasta junio o julio, meses que según el calendario se prevé que se aprueben las cuentas catalanas. Finalmente, Carod explicó que el nuevo programa de implantación de la lengua afectará a la Administración pública, y a los ámbitos de docencia, consumo, cultura y audiovisual de Cataluña.

Por su parte, la asociación Convivencia Cívica Catalana advirtió ayer a Carod-Rovira que llevarán al Constitucional las medidas que anunció para aumentar el «uso social» del catalán si suponen una discriminación del español. En declaraciones a Servimedia, el presidente de este colectivo, Francisco Caja, dijo que están esperando que el gobierno aplique las sanciones que por usar el castellano y no el catalán se contemplan en la Ley de Normalización Lingüística, y que no venían siendo utilizadas por CiU.

Alemania
Reformas federales
Rubén Osuna LD 21 Enero 2004

Alemania está inmersa en un proceso de revisión de su estructura federal, fijada en la Ley Fundamental de 1949. Las reformas se explican por los problemas que la actual organización provoca, y que son fundamentalmente los derivados de la capacidad de bloqueo de la Cámara Alta o Bundesrat. La Cámara Alta alemana es una cámara de representación territorial, con cierta capacidad de bloqueo de las iniciativas legisladoras de la Cámara Baja (Bundestag), sobre todo cuando éstas afectan de algún modo a los Länder (Estado Federado). Pero el Tribunal Constitucional tiende a dar la razón a los Länder que dicen sentirse afectados por una Ley, por lo que el Bundesrat ha ido ampliando más y más su capacidad de control, paralizando o ralentizando la actividad legislativa.

En este marco, Alemania ha planteado la necesidad de una reforma en profundidad de ese modelo, con lo que el federalismo alemán se verá matizado, por unas gotas de racionalidad. Pero no todos los problemas están relacionados con el bloqueo de iniciativas nacionales. Además de eso, la autonomía descoordinada de los Länder ha generado sus propios problemas, por ejemplo en la educación. Cada Länder tiene su propio programa educativo, y la divergencia acumulada con el tiempo se ha tornado excesiva, hasta el punto de dificultar la movilidad espacial de los alemanes. Lo más llamativo del caso es que los alemanes perciben claramente estos problemas como un freno a sus posibilidades de desarrollo como nación, y han decidido tomar medidas. El nuevo modelo es muy similar al español actual, con mayor autonomía para los Länder en algunas cosas (fiscalidad, por ejemplo), pero algo menos para otras, y eliminando la capacidad de bloqueo en la Cámara Alta.

La comparación con el caso español es sumamente instructiva. En nuestro país, la movilidad espacial está rota, asimétricamente. Desplazarse a algunas Comunidades Autónomas con hijos en edad escolar es casi imposible, porque las diferencias afectan a algo incluso más importante que los contenidos: la lengua. Por otra parte, los nacionalistas y la izquierda vienen insistiendo en la reforma del Senado, nuestra Cámara Alta, para convertirla en una cámara de representación territorial a la manera alemana, siguiendo el modelo que ellos abandonan ahora.

Cuando se insiste en federalismo, se está hablando de algo parecido al Estado Federal alemán, ahora en profunda crisis. El caso es que los alemanes han llegado a la conclusión de que esa forma de organización es sumamente contraproducente, y han elegido un modelo más parecido al vigente en España que al de la Confederación de Estados Libres con que algunos sueñan. Claro que allí nadie niega la existencia de una nación alemana, cosa que aquí algunos se afanan en destruir, con perspectivas de éxito.

Terrorismo y perversión de la acción política
Por MIKEL BUESA. Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid ABC 21 Enero 2004

LA reciente atención que Ernest Benach, presidente del Parlamento de Cataluña, ha prestado, recibiéndolos en audiencia oficial, a los familiares de los terroristas de ETA encarcelados para cumplir la condena a la que fueron sentenciados por sus crímenes, ha puesto otra vez de relieve el problema de la degradación moral a la que pueden verse sometidas las instituciones políticas -y quienes en ellas ostentan su dirección o su representación- cuando el terrorismo acaba enquistándose en la sociedad. Porque el terrorismo no es un simple fenómeno delictivo que extiende su acción letal sobre sus víctimas inmediatas -una tras otra, individualmente consideradas- o que causa destrucciones materiales que, no por horrendas, dejan de estar acotadas dentro un pequeño espacio geográfico. No; el terrorismo, por la finalidad política que persigue, busca destruir también los fundamentos de la organización de la sociedad y, en particular, trata de pervertir los valores establecidos en ella que la generalidad de los ciudadanos admitimos como inspiradores de nuestras relaciones mutuas.

En esta corruptora tarea los ideólogos de las organizaciones terroristas -y también quienes se apoyan en ellas para coadyuvar a sus propios fines- se ven favorecidos por el anonadamiento que la mayoría de los seres humanos experimentamos cuando tienen lugar los atentados en los que pierden la vida nuestros congéneres. Inspirados por la conciencia de que nuestra propia supervivencia como especie exige de todos y cada uno de nosotros la cooperación con los demás, y apoyados en la experiencia de habernos sentido confortados, ante cualquier contrariedad, por el auxilio de otros, nos resulta extremadamente difícil contemplar la brutalidad de la agresión de un ser humano sobre otro sin tratar de encontrar alguna explicación para ella, haciéndola justificable. Por esta razón, no sorprende que, en más de una ocasión, se haya argumentado que el terrorismo encuentra su razón de ser en las condiciones objetivas de las naciones en las que surge, particularmente en la pobreza y en la opresión, lo que de ser cierto no se compadece con el hecho de que se haya asistido a episodios terroristas en países de alto y de bajo nivel de desarrollo, o de que la mayor parte de los militantes de organizaciones terroristas sean personas que se adscriben a los estratos medios y superiores de renta y nivel educativo de sus respectivas sociedades. Y tampoco llama a escándalo que a esos militantes se les considere como unos meros idealistas descarriados. Véase, si no, esta significativa definición que, en 1994, avanzó el que ahora se despide como máximo dirigente del nacionalismo vasco: «Los presos de ETA -dice Xabier Arzalluz- no son delincuentes porque no matan para enriquecerse, ni para beneficiarse personalmente, sino por un ideal político».

Y es que detrás de este tipo de argumentos se esconde, en unos casos, la incapacidad bienintencionada para observar que el terrorismo no es sino una de las más llamativas expresiones del mal en nuestro tiempo; y, en otros, su deliberada ocultación en el ejercicio del más rastrero de los oportunismos políticos. Concebir el mal no resulta nada fácil; hasta el punto de que incluso muchas personas de sincera y profunda religiosidad lo desechan de su raciocinio como una tentación imposible. Y, sin embargo, sólo como una manifestación del mal se puede observar que un etarra como De Juana Chaos, convicto por haber participado en múltiples asesinatos, cuya condena suma varios miles de años, solicitara langostinos y champán a la dirección de la cárcel en la que está recluido, para festejar la ejecución de Tomás Caballero a manos de sus correligionarios; o declarara, con motivo del atentado mortal contra el matrimonio Jiménez Becerril, que «me encanta ver las caras desencajadas de los familiares en los funerales; ... sus lloros son nuestras sonrisas y acabaremos a carcajada limpia» (ABC,9 de enero de 2004). Porque es, en efecto, el mal lo que se exhibe tras las decisiones sobre la vida o la muerte de los otros y lo que, cuando así se reconoce, conduce al arrepentimiento. El estremecedor testimonio del voluntario Bobby, antiguo miembro del IRA, acerca del asesinato en 1973 de Gary Barlow, recogido por Rogelio Alonso en su reciente libro «Matar por Irlanda», así lo expresa: «Allí estaba de pie. Lo recuerdo de pie llorando, llorando. Llorando vivamente enfrente de mí ... Lo tengo muy presente, probablemente hasta el día en que me muera. Recuerdo a ese joven soldado llorando, le caían las lágrimas por el rostro y yo y otro voluntario le matamos, le disparamos a bocajarro ...Y lo siento de veras por el soldado Barlow, lo siento de veras ... Siento una profunda compasión ..., por supuesto que la tengo, si no la tuviera sería un psicópata».

El mal, cuya esencia es una negatividad que impide que asome la verdadera faz del alma humana, constituye un desafío para la inteligencia, pues, como apuntó Hannah Arendt en una de sus cartas a Gershom Sholem, «el pensamiento intenta alcanzar el fondo, llegar a las raíces, y en el momento en que se ocupa del mal queda frustrado porque no encuentra nada». Es a ese desafío al que, después de tanto sufrimiento, deberían haberse enfrentado los Benach que pueblan las instituciones, hoy las catalanas y desde ayer las vascas, para reconocer que nada hay en el mal con lo que pueda construirse un proyecto de vida individual ni nada en el terrorismo con lo que puedan cimentarse las complejas estructuras de la vida colectiva en una sociedad democrática. Entonces habrían sabido que esos ejercicios de equidistancia entre ETA y sus víctimas -que un día consisten en ofrecer el foro parlamentario para que se reivindique un tratamiento privilegiado a los presos etarras, otro en otorgar una subvención a sus familiares para que les resulte menos oneroso visitarlos, y un tercero en colocar a sus dirigentes al frente de los trabajos del legislativo sobre los derechos humanos- encierran una profunda injusticia para con éstas, pues al colocarlas en el mismo nivel que a sus verdugos, se las hace culpables de su propia desgracia y se da una justificación moral a quienes la causaron.

Los terroristas cierran así su círculo de influencia institucional y pervierten la acción política de quienes a sí mismos se contemplan como genuinos demócratas que ostentan la representación de la ciudadanía. Entonces, aquellos sólo tendrán que esperar a que, por un golpe de suerte o de audacia, en una coyuntura favorable propiciada por la desorientación a la que éstos someten a la sociedad, puedan asaltar el poder y hacer viable su proyecto totalitario. Por eso, si verdaderamente se quiere contribuir a desarraigar el ejercicio de la violencia política en España, no puede bajarse la guardia ni dejarse ningún resquicio para que ésta alcance la menor traza de legitimidad. En un momento electoral como el que, en lo inmediato, se afronta, ello debería ser meridiano para todas las fuerzas políticas que, a derecha e izquierda, no importa, se reclaman con capacidad para asumir la dirección, en una senda de progreso y bienestar, del conjunto de la sociedad.

La identidad abertzale
ANDRÉS MONTERO GÓMEZ /PTE. DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA DE LA VIOLENCIA
El Correo  21 Enero 2004

El Tribunal Constitucional dictamina que el procedimiento de ilegalización de Batasuna es tan ajustado a la norma fundamental como que no condenar a ETA es reforzar, implícitamente, su violencia. La incierta mueca del tiempo ha querido que, más o menos en concurrencia, Josu Jon Imaz sea elegido presidente del PNV engatillado a una 'hoja de ruta' programática de identidad soberanista e 'ibarretxista' que viste al partido nacionalista con los apellidos del rupturismo.

Batasuna es una célula más del entramado de ETA, especializada en disfrazar de política asesinatos terroristas. Así sentenció el Tribunal Supremo al ilegalizarla como asociación política, a ella y a sus clones y replicantes. Pasa por no ser la primera vez que alguien de la izquierda abertzale se rebulle cuando le recuerdan que las sábanas de su cama están manchadas de sangre de cuarenta años, porque el asesino con quien la comparte se acuesta y se levanta cada día con el mismo ropaje cainita. Hay personajes de la izquierda abertzale marcados con el hierro del MLNV, la ganadería etarra, pero también otros escaldados que, aunque igualmente abertzales e independentistas, no pueden ya digerir el totalitarismo de ETA. En realidad la identidad abertzale es compleja y heterogénea e incluso dentro del mismo MLNV conviven varias personalidades más o menos desquiciadas.

Abertzale es un vocablo compuesto (aberri-zale), cocinado 'ad hoc' por Sabino Arana a finalísimos del siglo XIX para designar al patriota vasco, ése de txapela, Dios y ley vieja acronimizado en el 'jel' del jeltzale peneuvista. Abertzales, por tanto, pueden encontrarse en un amplio espectro ideológico que bascula desde el menguante segmento más pragmático, autonomista y democristiano del PNV, pasando por su reducto autodeterminista, hasta llegar a la caverna de los irreductibles independentistas, para salir por la izquierda encontrándonos con Aralar y los atragantados de ETA, más allá con los independentistas de Batasuna no violentos pero cómplices de ETA como mal menor, los históricos de Batasuna incondicionales de ETA como brazo asesino de la causa, hasta llegar al abismo de la doble militancia ETA-Batasuna y, por último, a la clandestinidad más criminal de ETA. Entre la izquierda abertzale, legal e ilegal, y los abertzales conservadores del PNV creo que no me dejo ninguno. En fin, la mancomunidad electoral abertzale de Otegi y Egibar, que ETA bendice y el reciente oficialismo peneuvista descarta. De momento.

A mí se me hace en Batasuna un grupo de históricos que a veces tienen dudas sobre si ETA es un mal menor o un lastre anacrónico, pero que en todo caso han interiorizado una serie de argumentaciones justificativas para mirar a otro lado cuando el cadáver de una persona yace asesinado por una bala de ETA al lado de un paraguas, bajo la lluvia. No sé si entre los viejos batasuneros algunos alcanzan el punto de ebullición cuando se les introduce en la misma bolsa que a los malhechores de ETA porque abjuran del terrorismo y les sabe mal, o porque entienden que un tribunal español como el Supremo no es quien para ilegalizar a Batasuna, o porque en su fuero interno están persuadidos de que ETA no es un adminículo terrorista. Después de reflexionar, más bien presiento que algunos tradicionales de Batasuna, al ser tratados de etarras, se enfadan porque los llaman terroristas, al igual que se avinagran ante idéntico denominador muchos otros de esa izquierda abertzale mamporrera de ETA, ya sea quienes de entre ellos consideran a la banda un grano en el rulé o un mito revolucionario. Y, o bien es que piensan que Batasuna no es ETA, o bien que ETA no es una banda terrorista. Tanto una demencia como la otra revelan un abultado grado de retorcimiento de la realidad y de idiocia de la identidad.

Ser abertzale es equivalente a ser nacionalista vasco. No habría mayor problema si no fuera porque, a medida que se va exacerbando el abertzalismo en una persona, más centralidad adquiere en su conducta y, por ende, más determina el modo de interpretar a los demás. Dicho así, suena como si fuera una enfermedad, aunque no es mi intención siquiera sugerirlo. Queda claro, no obstante, que, para un extremista, el vasco verdadero tiene que ser abertzale y los demás son vascos, pero menos. De manera que recuperar la identidad perdida, que diría Iñaki Perurena, se convierte en un objeto tautológico para alimentar el sentido de la propia identidad. La melancolía de la identidad como naturalización de la identidad, o sea, la nada. Un abertzale moderado del PNV tendrá una identidad menos cerrada a la asimilación del otro, no nacionalista, que un abertzale etnicista de ETA, que contemplará como una contaminación la presencia no ya de no vascos sino de no abetzales en su Euskal Herria, siempre que no sea en calidad de turistas. Por supuesto, un vasco constitucionalista es un tarado sociológico para un abertzale de pura cepa. El nacionalismo como «hinchazón enfermiza y devastadora de la nación», que diría Savater

De la exaltación de lo abertzale viene la anulación del vasco en tanto poseedor de otros rasgos distintivos. Lo abertzale es lo supremo y el pueblo abertzale, el sujeto soberano de la acción colectiva. Un riesgo añadido de desajuste para cualquier ingrediente identitario es que ya sea excluyente en su propia definición, y ése es precisamente el caso con el abertzalismo aranista. Cuando la etiqueta identitaria se define por exclusión y no por inclusión, el riesgo es promocionar la uniformización a costa de la extinción de la diferencia. Y la doctrina abertzale de Arana se erigió en postulados defensivos, edificando una identidad milenaria mediante el refrito de todos los artificios historiográficos posibles y haciéndola descansar en una forzada diferenciación con respecto a otra identidad de contraste, la española, a la que se demoniza. El antiespañolismo o la demonización del otro como fuente de la bondad de uno mismo. También existe esa variante en un ultranacionalismo español que sataniza lo vasco. De esta suerte, la porción del nacionalismo vasco que ha interiorizado una versión más radical de la identidad abertzale ha quedado fijada, como si dijéramos, en una adolescencia identitaria. Al lado de unos pocos nacionalistas que tanto en Euskadi como en Cataluña intentan armonizar su derecho a la diferencia con la identidad en red propia de la globalización, campan individuos con una inflacionista identidad política inmadura que, como el adolescente desorientado, buscan la supremacía del grupo y la imposición infantil del criterio propio. Lo peor de esa obcecación impúber es que algunos están matando por ella y otros los consideran unos chiquillos.

Ilegalización ratificada
Editorial El Correo  21 Enero 2004

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional ha dictado sentencia desestimando los recursos de amparo interpuestos por Batasuna y Herri Batasuna al considerar que su ilegalización por parte del Tribunal Supremo, en aplicación de lo previsto en la Ley de Partidos, no vulnera derechos fundamentales ni afecta al principio de irretroactividad de las condenas impuestas respecto a la entrada en vigor de la norma de referencia. Respecto a Herri Batasuna, los demandantes de amparo habían alegado que a su entender no podía ser objeto de una sentencia de ilegalización a causa de las imputaciones que recayeron sobre Batasuna con posterioridad a la promulgación de la Ley de Partidos y, por tanto, un año después de que HB hubiese cesado en su actividad pública. El Tribunal Constitucional ha estimado que la ininterrumpida sucesión entre Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna no responde tanto a la previsión que la Ley de Partidos hace sobre la posible sustitución de una formación sujeta a un procedimiento de ilegalización por otra organización como a la existencia de una «única realidad subyacente», de «un único sujeto fáctico», bajo las distintas siglas que ha ido adoptando la izquierda abertzale y a ninguna de las cuales ha renunciado en ningún momento, a tenor de lo reflejado en el registro de partidos. El propio hecho de que se hubiese presentado el recurso de amparo en nombre de Herri Batasuna atestiguaba la flagrante contradicción en la que incurrían los recurrentes que, entre otros argumentos, basaban su iniciativa en la formal inactividad de HB.

Respecto a Batasuna, las alegaciones presentadas por los recurrentes han sido rechazadas por el Alto Tribunal, que ha vuelto a recordar que la Ley Orgánica de Partidos Políticos no recoge medidas punitivas o sancionadoras, sino que contempla un procedimiento de verificación por el que el órgano jurisdiccional competente puede juzgar si una determinada organización inscrita al amparo de la libertad de asociación cumple realmente con los requisitos democráticos exigibles al ejercicio de tan fundamental derecho. Las connivencias existentes entre la organización antes legal y la trama terrorista, cuyas pruebas no han sido discutidas por los recurrentes más que en su significación, no sólo han sido suficientes para que el Tribunal Supremo resolviera su disolución, sino que forman parte de la convicción más honda de cuantos ciudadanos abominan de la abusiva utilización que la izquierda abertzale ha hecho de la libertad para secundar en su actuación política a quienes precisamente coartan la libertad y atentan contra la vida. La evidencia ha querido que, conocido de antemano su fallo, el Tribunal Constitucional comunicara sus razones el mismo día en que Arnaldo Otegi y Pernando Barrena volvían a pronunciarse públicamente como si fueran intérpretes voluntariosos e incluso portavoces de las intenciones que alberga ETA.

Un poco de sentido común, por favor
Emilio J. González LD 21 Enero 2004

Uno puede entender que un bisoño en las tareas de Gobierno como el líder de Esquerra Republicana de Catalunya y conseller en cap de la Generalitat, Josep Lluis Carod Rovira, cometa el error de criticar y amenazar a las empresas que decidan irse de la región, por el motivo que sea. Pero resulta más difícil de comprender que el propio presidente catalán, Pascual Maragall, que de esto de gobernar ya sabe, por su experiencia como alcalde de Barcelona y por los trece años que los socialistas detentaron el poder en España, incurra en el mismo error.

El Ejecutivo catalán, según el consejero de Economía, Toni Castells, está estudiando la posibilidad de exigir la devolución de las ayudas recibidas a las empresas que decidan abandonar la región. No cabe duda que detrás de semejante actitud se encuentra la frustración de ver lo poco que le gustan a las compañías las ideas del Gobierno catalán tipo subidas de impuestos, inmersión lingüística, confrontación con el Gobierno central, etc. Pero cuando uno realiza una apuesta política del calado que sea tiene que ser consciente de que el mundo es mucho más amplio que sus miras, y que el hecho de que un político decida embarcarse desde el poder en el nacionalismo y la ruptura con España no implica necesariamente que los demás, empresas incluidas, tengan que compartir su visión de las cosas y, mucho menos, seguirle ciegamente.

La lógica de las empresas es la de ser eficientes para sobrevivir en un mercado más abierto y global que nunca, no la de secundar propuestas políticas y mucho menos si van a tener importantes costes para ellas. Es la gran ventaja de la globalización, que impone a los gobiernos, ya sean nacionales, regionales o locales, políticas sensatas porque, de lo contrario, las compañías hacen las maletas y se marchan con viento fresco a otra parte. Esta es la primera lección que debe aprender el nuevo Gobierno catalán. La segunda es que, por muy atractiva y grata que pueda resultar la vida en Cataluña, hay países que pronto formarán parte de la Unión Europea que tienen unos trabajadores muy cualificados y cobran mucho menos que los españoles, lo que constituye un poderoso atractivo para que las multinacionales se instalen allí que sólo se puede compensar con sensatez y sentido común, algo que, por lo visto, se necesita en grandes dosis en el Gobierno catalán. Y eso que estamos hablando de una región y una sociedad caracterizadas históricamente por su seny.

Uno de los dictados del sentido común es que el marco institucional en el que se desenvuelve la actividad económica de cualquier lugar del mundo, ya sea una provincia, una región o un país, debe ser estable, previsible y respetuoso con los derechos. Con esas coordenadas, las empresas invierten y las sociedades prosperan. Anunciar, como ha hecho el Gobierno de Maragall, la posibilidad de retirar las subvenciones a las empresas que opten por abandonar Cataluña es un atentado contra esos principios básicos porque supone una ruptura radical, imprevista y arbitraria de las reglas del juego que introduce muchas inseguridades y porque aceptar ese nuevo marco supone maniatar a las empresas para tomar decisiones con libertad justo en unos momentos en los que necesitan un elevado grado de flexibilidad. Esta actitud es una invitación abierta a que las inversiones se marchen de Cataluña.

Le pese lo que le pese al tándem Maragall-Carod Rovira, las empresas son libres y exigen libertad. Sus decisiones no son caprichosas, espontáneas ni fruto del azar. Por el contrario, cuando optan por invertir, lo hacen con todas las consecuencias y riesgos y para permanecer de forma estable en el lugar de su elección; cuando deciden marcharse de un sitio, no lo hacen a la ligera sino que antes han meditado en profundidad sobre la decisión y las consecuencias que pudiera acarrear. Lo que debe preguntarse el dúo dinámico, por tanto, es por las causas por las que las compañías abandonan Cataluña y, a partir del diagnóstico, la manera sensata de remediar la situación, con las coordenadas anteriores como telón de fondo. Las amenazas, las políticas insensatas y demás lo único que consiguen es que en otras comunidades autónomas y en otros países europeos las autoridades se froten las manos ante el festín de inversiones que pueden darse a costa y a causa de los políticos catalanes, mientras la región inicia un peligroso declive.

Una reparación a las víctimas del terrorismo
Editorial ABC 21 Enero 2004

PARA el lendakari Ibarretxe no debería ser una sorpresa la frialdad, también la indiferencia, con que ha sido recibida la campaña de su Gobierno en apoyo de los 42.000 amenazados en el País Vasco. La primera impresión es que la súbita solidaridad del Ejecutivo con las víctimas de ETA -aunque el anuncio de la campaña no lo dice, es ETA la que amenaza a esos miles de vascos- es el resultado de una valoración táctica, con códigos partidistas, del declive imparable de la banda terrorista y de la necesidad de mejorar la imagen del nacionalismo, en estos tiempos tan inestables para el PNV y sus socios. Sin embargo, nunca es demasiado tarde para incorporarse al compromiso ético y político que el Estado y los principales partidos nacionales asumieron hace años, con costes inadmisibles, en vidas y libertades, y sin ninguna aportación, cuando no con su oposición, del nacionalismo gobernante. Nunca es tarde para que el lendakari se solidarice con unas víctimas agraviadas por su Gobierno y su partido. Incluso acabaría siendo disculpable la demora de años en que ha incurrido el nacionalismo para descubrir lo obvio.

Por desgracia, la efímera estela que dejó su paso por Madrid demuestra que Ibarretxe desaprovechó la ocasión para dar a su iniciativa un calado político novedoso y esperanzador. Por el contrario, diluyó la presentación de la campaña en una serie de reflexiones para la que era precisa una autoridad moral de la que carece y que al final desvirtuaron el mensaje. Afirmar que su Gobierno siempre ha estado con las víctimas y que «todos deberían aprender del pasado» llega a ser hiriente para quienes, a pesar de todo, estarían dispuestos a recibir sin rencor el apoyo del nacionalismo, sin más condición que un acto de humildad. Pero esto -humildad- es lo que le ha faltado siempre al lendakari al hablar de las víctimas, porque él, su Gobierno y su partido tienen que aprender de un pasado en el que las víctimas, ahora movilizadas, organizadas y activas, han tenido que sobreponerse no sólo al terror de ETA, sino también a la indiferencia del nacionalismo hacia su sufrimiento.

Vehículo para la reparación que aún precisan las víctimas de esta barbarie será el Congreso que a partir del próximo lunes reunirá en Madrid a cuatrocientas personas, de las que más de cien (procedentes de España, Estados Unidos, Irlanda, Francia, Colombia y Argelia) han sufrido en sus carnes o en las de sus familiares el azote de esta violencia. Diversos expertos (con la visible ausencia de representantes de confesiones religiosas que han excusado su presencia) debatirán sobre las reivindicaciones expuestas por las víctimas, necesitadas de un verdadero reconocimiento social que haga justicia a los sacrificios que han rendido en la causa por la libertad de todos.

Loable iniciativa que contrasta con otras que no cierran heridas y reavivan la memoria histórica que aún retiene la imagen de un etarra en la Comisión de Derechos Humanos, el veto en los medios de comunicación públicos del País Vasco a la campaña de la Fundación de Víctimas del Terrorismo o la oposición de su Gobierno y de su partido a todas las medidas legales contra ETA y su entorno. Si Ibarretxe quiere ser creíble en su apoyo a las víctimas, tiene a su disposición las instituciones vascas, los medios de comunicación, la enseñanza, los presupuestos y la Ertzaintza. No es posible apoyar eficazmente a las víctimas y, al tiempo, atacar el orden constitucional, defender a Batasuna, propugnar el soberanismo, difamar a la Justicia y llevar la crispación a la sociedad vasca.

Víctima de la cosmética
Por CARLOS MARTÍNEZ GORRIARÁN ABC 21 Enero 2004

Juan José Ibarretxe ha presentado en sociedad una campaña institucional a favor de las víctimas. Apoyar a las víctimas de cualquier injusticia es muy loable, y así lo han entendido todos los grupos parlamentarios vascos -salvo, naturalmente, AS-, incluso cuando, como pasa en esta campaña, no queda claro de qué víctimas se trata y menos todavía quienes son sus victimarios. Naturalmente, todo el mundo sabe que el objeto de la campaña no es otro que las personas atacadas y amenazadas de muerte por ETA, un colectivo de unas 42.000 personas sólo en el País Vasco -y muchas decenas de miles más en toda España- según el cálculo de Gesto por la Paz, convertido en referencia general. La campaña no es por tanto gratuita, aunque evidentemente sea tardía -llega en plena decadencia del terrorismo- y también instrumental, porque obvia deliberadamente el origen de la violencia que denuncia y diluye así, tanto la violencia como la denuncia, en la cháchara benévola de la corrección política y moralizante.

En efecto, ¿por qué la campaña elude citar a ETA como responsable criminal de la injusticia denunciada? La respuesta está cifrada en la propia campaña. Recordemos su anuncio estrella: aparece una mujer que intenta maquillarse tras la conmoción de saberse objetivo de ETA y las miserias que eso conlleva: miedo e inseguridad, escolta y vida sin libertad, amenazas y riesgos colaterales para la familia y allegados. Una tortura agravada por el desapego y la indiferencia, cuando no hostilidad, de muchos vecinos e instituciones. Cada acto cotidiano renovará esa amenaza, y quizás por eso el lápiz de labios se convierte en una bala. Ese viene a ser el mensaje: ningún maquillaje puede ocultar la realidad atroz de 42.000 conciudadanos amenazados de muerte. Muy bien, pero entonces ¿por qué se olvida que esa bala tiene dueño y procedencia conocida?

Ocultando la autoría de ETA se invierte el significado de la historia: es la bala, venida de no se sabe dónde ni porqué, la que parece un lápiz de labios. Asistimos al juego surrealista de una mujer desesperada o violenta que se pinta los labios con una bala por algún gusto macabro. Me temo que ese elegante anuncio encargado por el Gobierno de Juan José Ibarretxe sintetiza sin pretenderlo el lado más oscuro de la actitud nacionalista hacia el terrorismo y las víctimas -cuando no contra éstas-, así como las limitaciones del pacifismo apolítico. Este último apoya sinceramente a las víctimas, pero no tanto las circunstancias y decisiones libres origen de las amenazas que muchas sufren: tener una idea y manifestarla, representar al Estado o meterse en política vasca sin ser abertzale. Al final, ese pacifismo mira a la víctima con la conmiseración dedicada a quien sufre un accidente o enfermedad inexplicable.

Respecto al nacionalismo vasco, su solidaridad más sentida sigue reservada a los verdugos cuya mera existencia se pretende que basta para justificar «planes de paz» como el de Ibarretxe, totalmente injustificable de no haber en la familia terroristas a los que apaciguar. El problema radica en esa explotación instrumental del sufrimiento de las víctimas de ETA y sus ramificaciones, de la «kale borroka» a los «comandos» asesinos pasando por Batasuna. Las víctimas no pueden utilizarse para tranquilizar conciencias ni para maquillar la realidad ocultando a los responsables activos y pasivos de esta vergüenza de los 42.000 conciudadanos amenazados de muerte.

Mientras esto no se entienda y se obre en consecuencia, las víctimas también lo serán de la cosmética del Gobierno vasco, cuya pasividad y complacencia con los verdugos y sus representantes nunca redimirá campaña alguna.

Maragall resucita a Filesa
Editorial LR 21 Enero 2004

La política de nombramientos del nuevo Gobierno tripartito en la Generalidad va mucho más allá de la designación de los conocidos «hermanísimos» y otros parientes, y de crear incluso las primeras tensiones internas a cuenta de la imposición por el PSC-PSOE de un ex ministro socialista en la dirección de la radiotelevisión catalana. Hay, pues, una reiteración de viejas prácticas, de nepotismo y claro desprecio, cuando menos, de la estética en el ordeno y mando del nuevo Ejecutivo catalán. Una triste tendencia a sumergirse en oscuras prácticas en la que se insiste ahora con la elección por parte de Pascual Maragall de una persona a la que se vinculó a las tramas de Filesa y el caso AVE como número dos de la Consejería de Justicia.

El perfil del nuevo jefe de gabinete del «conseller», abogado y profesor de Derecho Civil en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Barcelona, aunque no sea especialmente brillante, no desentonaría con el cargo que debe desempeñar si no fuera porque se trata de una persona cuyo nombre ha estado especialmente ligado a las oscuras tramas de la financiación del PSOE. Y es que la persona destinada a ocupar plaza de alto cargo de la Generalitat, Isidoro García Sánchez, se cita en los documentos de los casos de Filesa como apoderado único de una sociedad instrumental con domicilio en el paraíso fiscal de Liechtenstein. Nunca fue procesado, aunque sí estuvo imputado, pero de acuerdo con el informe que hoy publica LA RAZÓN obran en los archivos jurídicos documentos que han permitido averiguar que fue a través de esta (y de otras) sociedad por la que se canalizaron los pagos de comisiones a cuenta del proyecto del AVE. Hay más, este mismo abogado, hasta 1998, trabajó, ocupando los puestos de letrado y secretario general de los consejos de administración de Filesa, Malesa y Time Export, y su nombre apareció vinculado a cuentas corrientes y otros aspectos igualmente relacionados con la trama económica que denunció en 1991 el ex contable de la misma.

La vieja trama de financiación del PSOE, una de sus cuentas pendientes con la sociedad española, está demasiado reciente como para haber quedado olvidada. No se entiende por ello la elección de Pascual Maragall. Al menos, claro está, que o bien ignore los antecedentes o que su partido quiera aprovechar la ocasión para pagar «servicios prestados» o recompensar silencios, o que, simplemente, el descaro de aquellos años retorna en cuanto el viejo socialismo, el de siempre, accede a un poder en el que cuenta con presupuesto y capacidad de gasto y de libre designación de colaboradores. Flaco favor el que Maragall hace a Zapatero en plena carrera electoral, resucitando las tramas de una corrupción que fue determinante para acabar con los 14 años de mandato de Felipe González en el Palacio de La Moncloa.

Nación cívica y autodeterminación
Aleix Vidal-Quadras LR 21 Enero 2004

La política no se caracteriza precisamente por ser el reino de la claridad y de la consistencia lógica. Las contradicciones, las ambigüedades, los equívocos o las verdades a medias, aparecen con frecuencia en el discurso de los gobernantes o de los aspirantes a serlo, hasta el punto de que la habilidad en el manejo de la falacia se considera por algunos una virtud encomiable en el cazador de votos. Es célebre al respecto la anécdota protagonizada por el llorado Pío Cabanillas que, tras preguntar después de una exposición argumentada si se le había entendido y obtener una respuesta afirmativa, sentenció: «Estoy en baja forma».

Sin embargo, referencias humorísticas aparte, hay ocasiones en que la confusión de conceptos alcanza niveles alarmantes, sobre todo cuando está en juego la paz civil. En los mensajes de la nueva generación de nacionalistas que están llegando al poder en el País Vasco y Cataluña y, concretamente, en las intervenciones y declaraciones públicas de dirigentes como Josep Lluis Carod-Rovira o Josu Jon Imaz han aparecido recientemente un elemento nuevo y hasta hoy extraño a lo que ha venido siendo la doctrina clásica de los particularismos identitarios.

Me refiero a la invocación a la «nación cívica» en la que todos los ciudadanos, con independencia de su etnia, ideología, procedencia o rasgos culturales, gozan de los mismos derechos sin ningún tipo de discriminación.

Esta aceptación de la supremacía de valores universales como la libertad, la igualdad o la solidaridad sobre contingencias espacio-temporales como la raza o la lengua, es uno de los ejes vertebradores del pensamiento liberal de raíz ilustrada y escucharlo en determinadas bocas produce, como mínimo, desconcierto. Porque, en efecto, si la identidad étnica, lingüística, religiosa o cultural representa un factor secundario frente a otros vínculos de cohesión social y política de mayor envergadura ética, ¿cuál es el objeto de los proyectos secesionistas que partidos como el PNV o Esquerra Republicana preconizan sin descanso?

La democracia, el respeto a la dignidad intrínseca de las personas, el pluralismo, el imperio de la ley y todos aquellos componentes esenciales de la sociedad abierta que, según proclaman ahora fervientemente las cúpulas de los nacionalismos vasco y catalán, han de ser el referente principal de sus propuestas, ya forman el nervio central de nuestro sistema político organizado de acuerdo con la Constitución de 1978. Si, en palabras de Imaz, «nacionalistas, no nacionalistas, autonomistas, independentistas y centralistas» han de participar sin trabas ni coacciones en la vida pública vasca, ¿qué sentido tiene un plan que hará imposible tan loable propósito? En los estados plenamente democráticos, las reclamaciones de autodeterminación con fines fragmentadores son incompatibles con esa «nación cívica» que supuestamente persiguen.

Si os vais de España, soy más moro
Por IGNACIO RUIZ QUINTANO ABC 21 Enero 2004

SI Alejandro -Alejandro Bicorne, en el redicho lenguaje borgiano que gusta a Zapatero-, que fue un grande conquistador, tuvo a Bucéfalo y a Aristóteles, Maragall, que anda como loco por conquistar a sus vecinos, tiene a Rovira y a Ventós. Rubert de Ventós, filósofo de cabecera de Maragall, el señor de los «progres», cuyas únicas salidas políticas serían las sentadas y los piquetes, si no hubiera aparecido Rovira con el negocio de la Fraternidad: aquí el hermano Apeles, allí el hermano Ernest, más allá el hermano Manel... La familia, en una palabra. O en un cenobio: el cenobio catalán.

Se dice que en la China los negocios familiares suelen triunfar debido a la lealtad confuciana a la familia, en tanto que las sociedades anónimas tienden a resultar inviables porque nadie tiene un motivo convincente para ser honrado con los demás accionistas. Es lo que ocurre en Cataluña, donde la gente quema incienso y lee tanto a Confucio como a Rubert de Ventós: las multinacionales globalizantes huyen en tanto que las familias políticas prosperan, de modo que, con la misma voz aguardentosa que Yavé preguntó a Caín, Maragall puede preguntar a Rovira: «¿Dónde está tu hermano?» Que Rovira puede contestar: «En el mismo sitio que el tuyo.» Y no hay impertinencia en Rovira. Total, ¿qué diferencia va a haber entre una Secretaría General de Movilidad y una Dirección General de Asuntos Interdepartamentales, por citar las colocaciones más rumbosas en esa Fraternidad que es hoy la Generalidad?

-Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre.
ÉSTA fue la bendición de Isaac a Jacob, quien, como Maragall, también soñó, el hombre, con una escalera -en la escalera, ángeles que suben y bajan- sobre la cual estaba, naturalmente, Jehová: «Yo soy Jehová. La tierra en que estás acostado te la doy para ti y tu descendencia. Te extenderás al poniente y al oriente, al norte y al mediodía.» Etcétera. En el claustro de la catedral de Gerona están pintados ese sueño y esa escalera, «referentes emblemáticos» -se nos iba el artículo sin decir «referentes emblemáticos»- de la «Fraternitat» de Cataluña, que se mueve con arreglo al nuevo principio de progreso -cruelmente destapado por García de Cortázar- de rectificar, no lo tradicional por lo racional, sino lo racional por lo tradicional. ¿Que qué se piensa de todo esto en Madrid? Pues en Madrid se piensa que, si eres catalán, eres muy serio. Lo dice Nuria Espert, que vive en Madrid, donde, por cierto, «no ha querido dirigir el Español»:

-¡La verdad es que nos respetan muchísimo!
A tanto llega ese respeto que en Madrid tiene el filósofo Rubert de Ventós un amigo que no es filósofo, pero que, en presencia de catalanes, se desmaya como si lo fuera mientras suplica, con un gesto que no escapa a ningún coleccionista de emociones, que no se vayan: «Si os vais de España, soy más moro.»

¡MOROS en la meseta! ¿Por qué España no acudió antes al socorro de los Apeles con una nómina? Yace allá en las tinieblas, dice Gibbon, el origen de los moros. Salustio los representa como los restos del ejército de Hércules, y Procopio, como la posteridad de los cananeos que escaparon a Josué. Moros o bereberes, de la Berbería o costa septentrional de África, ajenos al habla y las costumbres de los griegos y luego de los romanos. Góngora hizo prodigios -fantásticas onomatopeyas- con el habla de los moros. Pero ahora te asomas a la Puerta del Sol y sólo ves el quieto estanque de una raza inmóvil. Te entran ganas de dar golpes de hoz -«bon cop de falç, defensors de la terra!»- y de beber vasos de agua clara. ¡Anexionadnos!

Los pactos contra natura no dependen del ranking
EDITORIAL LD  21 Enero 2004

Mariano Rajoy ha decidido entrar formalmente en precampaña electoral haciendo referencia a la promesa de José Luis Rodríguez Zapatero de no pactar con otros partidos para formar gobierno a menos que el PSOE sea la lista más votada. El candidato del PP ha señalado con acierto la nula credibilidad de este anuncio cuando los socialistas no lo están cumpliendo en estos mismos momentos en la Comunidad Autónoma de Cantabria y en nueve grandes ciudades donde gobiernan sin que el PSOE haya sido el partido más votado. Eso, por no hablar de la multitud de pequeños municipios en toda España en los que el PSOE impide al PP gobernar, a pesar de ser la de este último la lista más votada.

Desde el PSOE, Jesús Caldera se ha limitado a responder con un simple rechazo a comparar "situaciones que no pueden ser equiparables", pobre argumentación ad hoc que haría presentable cualquier tipo de incoherencia. Conviene recordar, por otra parte, que fue el propio Zapatero el que "equiparaba las situaciones" cuando hace meses señaló que el gobierno de la Comunidad de Madrid, que el PSOE pretendía arrebatar al PP con un pacto con IU, constituiría la "antesala" y el "escaparate" del futuro gobierno nacional que él presidiría.

Aunque resulta tentador señalar la nula credibilidad de este patético anuncio de Zapatero –necesario, incluso, viendo la no menos increíble aceptación que ha tenido en medios ajenos a Prisa–, hay que señalar que la réplica fundamental no debe consistir en si Zapatero cumpliría o no su palabra, sino en advertir que, aun haciéndolo, el candidato socialista sigue sin cubrir con ella su flanco más débil, como es su disponibilidad a llegar a pactos con formaciones independentistas. La deriva del PSOE y el peligro que ello supone para la cohesión y unidad de España no la han provocado los socialistas por el hecho de formar mayorías sin ser el partido más votado, sino por la naturaleza de sus socios de gobierno.

Si el anuncio de Zapatero ha sido patético, lo que ha resultado completamente surrealista es ver a los medios de comunicación y a los partidos políticos enfrascados exclusivamente en una cuestión de credibilidad que no afronta la cuestión de fondo de con quién se pacta. Para un partido nacional, un pacto de gobierno con los independentistas –ya sean vascos, catalanes o gallegos– es una peligro para España, con independencia de si ese partido nacional es el primero o el segundo más votado.

No recordamos –ni es relevante para enjuiciarlo– si en los municipios navarros en donde el PSOE pactó con una formación próxima a la ilegalizada Batasuna, los socialistas fueron o no la lista más votada. Fue la naturaleza del pacto, no la posición en el ranking del que lo firmaba, el que encendió las luces de alarma.

Prueba de todo ello es que la más reciente y señalada deriva de los socialistas lo constituye el pacto de gobierno con los independentistas catalanes. ¿Acaso la crítica del PP a este pacto se basa en recordar que CiU obtuvo más escaños que el PSC? ¿Debemos ser acaso más indulgentes con él si recordamos, por el contrario, que fue la candidatura de Maragall la que obtuvo mayor número de votos?

Propuesta electoral
Cartas al Director ABC 21 Enero 2004

No entiendo el revuelo que se ha formado en torno a la propuesta de Zapatero de no formar gobierno si no tiene más votos que Rajoy; de esta forma parece que se conjuran las malas influencias de IU y los nacionalistas en un posible gobierno de coalición. Sería cierta la conclusión si hubiera hablado de «mayoría absoluta», pero mayoría simple de votos, que no de escaños, tiene Maragall y ahí le tenemos con los independentistas catalanes en amor y compañía. En mi opinión, el problema no está en más o menos votos, ya que Zapatero siempre necesitará de apoyos para gobernar. El problema principal está en el propio PSOE, que no necesita a nadie para proponer 17 agencias tributarias, 17 tribunales supremos, modificación de Estatutos de Autonomía, referendos anticonstitucionales en Cataluña, insolidaridad regional, como es el caso del trasvase del Ebro, y todo ello sin haber llegado a gobernar y, por lo tanto, sin poder culpar a otros partidos políticos de semejantes propuestas. Da la impresión de que Antich, Marcelino Iglesias, Patxi López, Odón Elorza o Maragall no fueran del PSOE. Dijo Zapatero que apoyaría todas las propuestas de Maragall si llegaba al Gobierno y, en cuanto pudo, eliminó a Redondo Terreros en el País Vasco. A los nacionalistas ya les conocemos, pero el PSOE es una gran incógnita; lo de ahora son estrategias electorales que, en función del viento que sopla en las encuestas, se sitúan en una posición u otra. Las personas y las organizaciones no cambian de un día a otro. Los electores somos más listos de lo que los políticos creen y, además, nos enfadamos cuando nos tratan como a niños. ¿Recuerdan la influencia electoral que tuvo el gratis total de Simancas en Madrid? ¡Los experimentos, con gaseosa!    Begoña García. Burgos.

El fin de ETA
Juan Luis de León Azcárate/Bilbao CARTAS AL DIRECTOR El Correo  21 Enero 2004

En su reciente discurso como nuevo presidente del PNV, Josu Jon Imaz habló de las víctimas de ETA para las que pidió la solidaridad de los militantes de su partido y declaró que «vamos a defender con uñas y dientes el derecho de todas las personas de este país a pensar y defender sus legítimos proyectos políticos». Loables palabras si no fuera porque no dice nada sobre cómo pretende llevar a cabo el PNV, partido gobernante, esa defensa «con uñas y dientes». Que defiende de esta manera al ilegalizado brazo político de ETA parece claro; no así tanto que ponga todos los medios a su alcance para defender a las víctimas de ETA y su entorno. Máxime cuando, poco antes, señala que «el fin de ETA no puede estar sujeto a chantajes, a tutelas armadas, ni a renuncia para nadie de su propio camino político». Nótese que Imaz no dice que es la sociedad vasca la que no puede estar sujeta al chantaje de ETA, sino el fin de ésta. ¿Qué chantajes y tutelas armadas están detrás del fin de ETA? No dice cuáles, pero el nacionalismo ya nos ha dejado claro que no comparte ninguna de las vías policiales (con excepciones) y jurídicas emprendidas por el Estado. Luego, el chantajista sería el Estado español particularizado en el Gobierno de Madrid. Entonces, rechazados implícitamente estos medios, ¿con qué otros se enfrentará el PNV a ETA, de la que Imaz dice que es «despiadada, totalitaria y fascista»? Por cierto, ¿no lo era en 1998 cuando su partido pactó con ella? Hará falta algo más que buenas palabras para que el PNV nos muestre cómo pretende acabar con ETA. Pero démosle otra oportunidad.

SENADOR DEL PP
Atentan por quinta vez consecutiva contra la casa en San Sebastián de Gonzalo Quiroga
Un cóctel molotov ha hecho explosión esta madrugada sin causar daños personales ni materiales en el balcón de la vivienda del senador del PP Gonzalo Quiroga en San Sebastián, que ha sufrido ya ataques similares en otras cuatro ocasiones.
Libertad Digital 21 Enero 2004

Según informó a la agencia EFE el propio senador guipuzcoano, el ataque se produjo hacia las 3,10 horas de esta madrugada, cuando Quiroga escuchó dos impactos en el edificio de su vivienda.

Tras avisar a agentes del Cuerpo Nacional de Policía, éstos comprobaron que se trataba del lanzamiento de un cóctel molotov que impactó contra el balcón del dormitorio del dirigente del PP y únicamente dejó una mancha en el suelo. Esta es la quinta vez que los terroristas callejeros atacan la vivienda de Gonzalo Quiroga, la última el pasado 8 de septiembre cuando arrojaron dos o tres artefactos que afectaron a la fachada y al balcón de la vivienda, en el que se originó un pequeño incendio que fue sofocado por el propio senador con un extintor que tiene en casa.

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, confió en que el ataque perpetrado contra el domicilio del senador del PP sirva para recordar al lehendakari "que la primera obligación de un gobierno responsable es garantizar la libertad y la seguridad de las personas".

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