AGLI

Recortes de Prensa     Lunes 26 Enero 2004
Imaz de lo mismo
Iñaki Ezkerra La Razón 26 Enero 2004
 

Materializar la solidaridad
FLORENCIO DOMÍNGUEZ  El Correo 26 Enero 2004

Recordando a Ordóñez
PABLO MOSQUERA La Voz 26 Enero 2004

Detrás de las cifras, las pasiones
ÁLVARO DELGADO-GAL ABC 26 Enero 2004

Bono, en la línea de Ibarra
Editorial La Razón 26 Enero 2004

Carod-Rovira ultima un pacto con ETA para que no atente en Cataluña
BILBAO/MADRID. JESÚS MOLINA ABC 26 Enero 2004

Pat Cox: «Luchar contra el terrorismo es nuestra obligación política»
BRUSELAS ABC 26 Enero 2004

«La calma que estamos viviendo es ficticia»
JAVIER GUILLENEA  SAN SEBASTIÁN El Correo  26 Enero 2004

Desafío del Gobierno de Maragall: descarta incrementar las horas de castellano que marca la Ley de Enseñanza
L. R. B. - Barcelona.- La Razón 26 Enero 2004

 

Imaz de lo mismo
Iñaki Ezkerra La Razón 26 Enero 2004

Josu Jon Imaz, el relevo «light» de Arzalluz, aparece en la escena política vasca para hacer juegos baratos de palabras y conciliar lo inconciliable: la nación cívica con el nacionalismo etnicista de Arana, la Euskadi plural en la que quepamos todos con la Euskal Herria excluyente del Plan Ibarretxe, el apoyo a los amenazados con el chantaje terrorista de ETA y el chantaje nacionalista de las treguas-trampa, el Gobierno vasco que dice que apoya a las víctimas con el Gobierno vasco que señaló al cura de Maruri y lo convirtió en víctima amenazada por ETA o con el que las insulta a través de su consejera de Cultura y las llama ultraderechistas por desenmascarar a un entusiasta público de la violencia etarra como el cantante Muguruza.

Josu Jon Imaz llega con sus contradicciones insalvables a un momento político que es una verdadera fábrica de ese tipo de contradicciones. Cuando no son Maragall y Llamazares los que dicen defender el federalismo apoyando los secesionismos, es Zapatero el que se reclama constitucionalista para cargarse la Constitución y el que avala, en nombre de la pluralidad española, proyectos rupturistas que arremeten contra España. A Zapatero no le enseñaron lógica en el colegio y no se ha percatado de que el concepto de pluralidad es indisociable del concepto de unidad así como la expresión «España plural» es antítetica en significado de la expresión «España rota». Si se rompe España, ésta ya no será ni plural ni singular ni nada.

Imaz viene para aportar todavía más confusión disfrazada de actitud dialogante, viene a practicar la violencia en sordina del oxímoron y del despropósito con buenas formas. El Rey ha dicho que hablando se entiende la gente pero para hablar hay que usar el mismo lenguaje, tener un mismo código fijo y no cambiante de términos y significados. Porque una cosa es estar a favor del diálogo y otra a favor del «diálogo de besugos». Si se habla por hablar, si se desmiente el sentido de las palabras continuamente, si se niega lo obvio y lo que se acaba de decir un minuto antes, el diálogo es sólo el arte de marear la perdiz, de intentar ganar tiempo o hacérselo perder al otro. En Euskadi a menudo se está llamando «dialogar» a «hacer tiempo para que vengan a matarte», para acabar con el Estado, para darle a ETA y a la independencia el tiempo que ven que se les acaba.
 
Imaz trae más y más de lo mismo que Arzalluz. Pero uno es optimista. Imaz no es peor que Arzalluz ni que Egibar. Hay quien prefería a éstos porque son más burros y se ponen en evidencia, pero es un error y hay que aprender de los errores. Uno ya ha comprendido que los burros en este país no pagan peaje sino que vuelven a ser votados. A los burros se les dan tribunas, se les escucha y se les defiende. Los burros aquí se salen con la suya y no pasa nada. Y la gente tan tranquila.

Materializar la solidaridad
FLORENCIO DOMÍNGUEZ  El Correo 26 Enero 2004

El nuevo presidente del PNV ha venido reiterando desde su toma de posesión el deseo de estar al lado de las personas amenazadas que tienen disminuida su libertad por el acoso terrorista. Josu Jon Imaz considera que no es un problema particular de los afectados sino de toda la sociedad vasca y se ha comprometido a involucrar a su partido en esta batalla.

Ante la expresión de tan loables propósitos hay que otorgar a Imaz un margen de confianza para que materialice sus palabras, un margen que nace de la cortesía que se debe al recién llegado al cargo y del reconocimiento a su trayectoria personal, que no a la de su partido. Las palabras de solidaridad están dichas casi todas, pero ahora hay que trasladarlas a hechos, convertirlas en iniciativas políticas, movimientos sociales o gestos humanos, según las circunstancias.

La importante fractura social que se registra en el País Vasco está provocada, por un lado, por las grandes diferencias políticas que se dan entre nacionalistas y constitucionalistas, pero también por el distanciamiento emocional y psicológico que se ha dado entre quienes viven amenazados por el terrorismo y los nacionalistas.

Los primeros no han percibido empatía en los segundos, no se han sentido arropados y, en no pocas ocasiones, les han visto hacer guiños hacia el mundo de ETA de donde proceden las agresiones. La autosatisfacción que expresaba recientemente el lehendakari por su política hacia las víctimas no resiste la confrontación con la opinión que la mayoría de éstas tiene hacia las actuaciones del Gobierno de Ibarretxe.

La solidaridad no se expresa sólo con macroiniciativas, como la reciente campaña de propaganda del Ejecutivo vasco. Más a menudo se muestra o se oculta en las distancias cortas, en ámbitos municipales más cercanos a los afectados. Ahí es donde en el pasado se han registrado las mayores carencias. Un ejemplo es lo que ha ocurrido en la localidad navarra de Etxarri Aranaz cuyo ayuntamiento se ha convertido en modelo de ignominia. Los asesinos del ex alcalde Jesús Ulayar, homenajeado el pasado sábado, están declarados hijos predilectos, recibieron ayuda municipal cuando estaban presos y fueron homenajeados por el Ayuntamiento después de cumplir condena. Cuando la familia de la víctima pidió, en 1995, que se retirara la distinción concedida a los pistoleros, PNV y EA se abstuvieron permitiendo la continuidad de la infamia hasta el día de hoy. Ese, por desgracia, no es el único caso de ese tipo de comportamientos.

Si Josu Jon Imaz cambia este estado de cosas estará contribuyendo a la cohesión social de los vascos, pero para lograrlo deberá hacer entender a su partido en todos los niveles que el respaldo a los amenazados no es compatible con ningún tipo de gesto de comprensión hacia quienes amenazan.

Recordando a Ordóñez
PABLO MOSQUERA La Voz 26 Enero 2004

NUEVE AÑOS hace que ETA asesinó a Gregorio Ordóñez, teniente alcalde de San Sebastián y parlamentario vasco del PP por Guipúzcoa. En un restaurante de la parte vieja de la bella Easo, donde Goyo tenía la libertad y el valor de ir los lunes, para no perder tiempo y seguir trabajando en el ayuntamiento, culminó, con tiro en la nuca, la conspiración contra su persona.

Me lo había confesado un mes antes. Temía que tras los asesinatos de un policía municipal, de su confianza, y dos paisanos, él estuviera en la lista de los que sabían demasiado sobre negocios sucios con ETA de por medio (informe Navajas). Le recomendé que pidiera escolta. Se negó, dijo que no quería que asesinaran a más de uno por su causa. Y siguió cumpliendo con su deber, hablando claro, luchando y predicando con su iniciativa en la tarea de cambiar el País Vasco. La sangre de mi amigo Goyo fue semilla que ha germinado. La generación de Ordóñez hoy ocupa la primera línea de la política constitucionalista. Me quedo con Enriqueta Benito, Leopoldo Barreda, María San Gil...

Sin aquel fatídico 23-E del 95, muchos jóvenes vascos no habrían optado por ser concejales de la libertad en lugares de Euskadi donde sólo se podía ser nacionalista y fundamentalista. Sin Gregorio no habría existido la gesta en torno a Miguel Ángel Blanco en el 97.

ETA, en el 86, había matado a Casas, secretario general de los socialistas en Guipúzcoa. Después, las asambleas de presos exigieron el alto el fuego contra los políticos. Hasta lo de Ordóñez, en que, desaparecida la cúpula Artapalo, los comandos de ETA van por libre. Primero asesinan a Ordóñez y luego lo comunican, descubriendo que el efecto les satisface. Y siguen la escalada más sangrienta de la historia del País Vasco. Pero el espíritu de Goyo había calado en el alma de los vascos para salir de las catacumbas, para ponerse el buzo de la dignidad y enfrentarse, en la calle, en las tribunas, en la universidad, con el miedo, los secuestros, las bombas, las amenazas.

Al poco tiempo del asesinato de Goyo, Aznar sufrió el atentado de Madrid. El mismo año que había celebrado con Goyo, aspirante a la alcaldía, la fiesta de San Sebastián.

De todo aquello, en lo personal, me arrebataron a un amigo y se ganaron un enemigo; me propuse que la historia de Goyo nunca se olvidara; y descubrí que existen los héroes y que hay, como en el Mío Cid, hombres capaces de ganar batallas después de muertos.

Detrás de las cifras, las pasiones
Por ÁLVARO DELGADO-GAL ABC 26 Enero 2004

LAS reclamaciones fiscales del tripartito catalán han desatado una guerra de cifras. Se habla de las autonomías que dan más, de las que reciben menos, y de las que se quedan empatadas. Sobre estos datos, cuya evaluación es muy complicada, y a veces imposible, se han puesto a cabalgar, con alegría alarmante, los irresponsables. Por el momento -si dura más la jarana, aparecerán mutantes nuevos y más peligrosos- destacan dos actitudes contrapuestas. Una es la dominante en las comunidades ricas. El reivindicativo en materia fiscal mira lo que la Administración Central gasta en su comunidad, compara ese gasto con los ingresos, saca la diferencia, la divide por el número de habitantes, y exclama: «Esto es lo que salgo perdiendo por ser español en las condiciones actuales». El reivindicativo de signo contrario también hace arqueo, y observa que el ahorro tiende a orientarse hacia comunidades en que son mayores y más rentables las inversiones. Y dice: «Esto es lo que me quitan otros españoles». Rodríguez Ibarra materializó este sentimiento en su proyecto de exigir un impuesto a los bancos que, estando domiciliados en Extremadura, no empleasen sus depósitos en la concesión de créditos y préstamos a personas y empresas extremeñas.

Estos acaloramientos son un surtidor importante de disparates, así en el orden intelectual como ético. En primer lugar, los saldos fiscales de una región expresan lo que expresan: a saber, el resultado de deducir, de los beneficios que las administraciones públicas reportan a una región, los impuestos pagados por quienes residen en ella. Si el saldo es negativo, los impuestos superan a los beneficios. Si positivo, al revés. No se desprende de aquí, no obstante, que exista una relación lineal entre lucro y el signo del saldo. Esta cautela es especialmente pertinente, cuando introducimos la variable histórica. Permítanme una analogía. X y Z, tras muchos años de felicidad connubial, deciden separarse. Imaginemos, por simplificar, que sólo X ha realizado ingresos desde el momento en que se celebraron las nupcias. Z tenía un trabajo, que sacrificó para dedicarse al hogar y la crianza de los hijos. El saldo es negativo para X, y positivo para Z. Sería absurdo concluir, sin embargo, que Z ha estado explotando a X. Ya que Z ha renunciado a una carrera profesional, y a los ingresos consiguientes, con objeto de promover un bien -hogar, descendencia- que interesa también a X. En rigor, es inhacedero determinar quién ha dado más a quién. La traslación del apólogo al contexto autonómico es clara. La rencorosa idea ibarriana de castigar a los bancos que no consagren el ahorro de Extremadura a actividades extremeñas, refleja agravios no gratuitos. La política en inversiones públicas ha sido históricamente favorable a Madrid, Cataluña o el País Vasco; los aranceles han protegido a las industrias catalanas y vascas; y el sobreprecio generado por la protección lo han pagado todos los consumidores españoles, los extremeños incluidos.

Este fragmento de verdad no atenúa, con todo, el yerro esencial de Ibarra. Las inversiones se han hecho donde, verosímilmente, más convenía hacerlas. Gracias a la riqueza nacional que ello ha traído consigo, el gasto público por extremeño -una porción considerable de la renta media de los residentes en esa región- es mucho más alto del que habría tenido efecto caso de administrarse los recursos de otra manera. Al tiempo, los ahorradores extremeños han puesto a rendir sus ahorros donde se lo dictaba su santa voluntad. Y donde más salían ganando. La cuestión: ¿cuánto se queda en Extremadura?, no tiene nada que ver, en fin, con esta otra: ¿qué deja mejor a los extremeños? Dados dos escenarios económicos, uno de ellos convendrá tanto más a un colectivo cualquiera, cuanto más probable sea que un individuo concreto del colectivo prospere más en ese escenario que en el alternativo. Lo que no sea esto, es metafísica.

Resumiendo: el que maneja saldos fiscales, y se queda ahí, comete dos errores de nivel. Uno es técnico: deriva de confundir los saldos fiscales, con lo que suele conocerse como «balanza económica». El otro error, moralmente más grave, consiste en olvidarse de lo que realmente cuenta, que son las personas. Son las personas, y no los armatostes autonómicos, las que medran, van a menos, gozan o sufren. Los individuos son los agentes económicamente operativos, lo mismo en lo que toca a los ingresos, que en lo que mira a los gastos. Son las personas físicas las que pagan el IRPF; son los consumidores los que pagan el IVA; son los accionistas o inversores los que padecen en gran medida los impuestos sobre sociedades. No lo hacen las sociedades en cuanto partes, miembros u órganos de una instancia superior: el tinglado político/administrativo en que están registradas. De hecho los accionistas, o los inversores, pueden venir de cualquier sitio. Por ejemplo, del sitio del que el señor Ibarra no quiere que se vayan.

La tendencia a pensar en entes suprapersonales, y no en personas, está en la raíz de las requisitorias nacionalistas contra el sistema de ingresos y gastos. Me explico: para el nacionalista, pongamos, catalán, el mal no está en el monto por individuo del perjuicio causado por el reparto, o en el número de afectados. El mal está en el hecho de que los presuntos afectados... sean catalanes. El argumento nacionalista discurre más o menos como sigue: un catalán genera una renta superior en promedio a la renta nacional per cápita. En consecuencia, sufre mayor presión impositiva que un español promedio. Cataluña es la suma de los catalanes. Entonces, Cataluña aporta por lo común más que otras regiones, proporcionalmente a su población. O se le restituye lo que aporta, o habrá que concluir que la diferencia entre lo que aporta y lo que recibe, es una desposesión, y en definitiva, un expolio.

El ente territorial se ha interpuesto en el razonamiento, y generado fantasmas. Ensayemos un razonamiento en paralelo, tomando ahora, como sujeto colectivo, al 10 por ciento de españoles con mayor renta. El razonamiento sonaría así: nosotros (el 10 por ciento de arriba) pagamos a Hacienda más que los de abajo. Pero no recibimos, en servicios o lo que fuere, lo que damos. Luego somos objeto de expolio.

El expositor de la segunda tesis, estaría proponiendo un sistema fiscal extraordinario. En rigor, estaría negándose a que una parte de la renta que generan los ricos, beneficie a los que no son ricos. Creo que no sería una tesis popular. La no redistribución es algo que muy pocos defienden. El sistema, proyectado sobre Cataluña, o sobre Madrid, provocaría que los madrileños o los catalanes ricos no transfirieran renta al 90 por ciento restante, en el ámbito de cada autonomía. Si se recusa el segundo razonamiento, pero se mantiene el primero, nos encontramos con la doctrina rara de que los pobres catalanes o madrileños son atendibles por los ricos de la misma denominación.. Pero que no lo son los pobres gallegos o andaluces. La protesta de los nacionalistas no estaría dirigida contra la redistribución, sino contra los flujos de renta que atraviesan las líneas del mapa político español. El argumento, en su núcleo, no es fiscal. Es puramente nacionalista.

Bono, en la línea de Ibarra
Editorial La Razón 26 Enero 2004

José Bono, el veterano presidente de Castilla-La Mancha, tiene la virtud indiscutible de la suavidad en las formas, lo que le permite plantear cuestiones de hondo calado político sin que la tinta de las descalificaciones llegue al río. Es, precisamente, lo que hace en la entrevista que hoy publica LA RAZÓN, cuando vuelve a poner sobre la mesa un asunto, el de la reforma del sistema electoral para reducir la influencia del nacionalismo, que cuando fue propuesto por el presidente autonómico extremeño, Rodríguez Ibarra, supuso una tormenta para el PSOE.

Bono representa una línea dentro de los socialistas españoles que, poco a poco, va ganado posiciones en el entorno de Rodríguez Zapatero. Bono lidera ese sector del partido que ha sabido percibir en su justa medida la preocupación de buena parte de la ciudadanía sobre el futuro de la unidad de España. No es posible afirmar ahora si el giro en el discurso del candidato socialista, en especial su compromiso electoral de no gobernar si no alcanza la mayoría de los votos, puede ser o no decisivo en el cambio de la tendencia que pronostican las encuestas, pero, en cualquier caso, las voces de hombres como Ibarra o Bono pueden servir para recordar a sus votantes tradicionales la vocación nacional del PSOE.

A nuestro juicio, el problema más grave es que la reciente actuación política del equipo de Zapatero, y del mismo secretario general, ha ido demasiado a remolque de las circustancias y se ha hecho demasiado permeable a los intereses de otras formaciones minoritarias. Porque si ha habido algún beneficiario claro de la estrategia de «todos contra el PP» no ha sido, ni mucho menos, el PSOE.

Por lo demás, las reformas constitucionales que plantea el presidente castellano-manchego entran dentro de lo que se puede y se debe discutir. Algunas, como acabar con la discriminación de la mujer en la sucesión dinástica, son de pura lógica y hay otras, como la reforma de la Cámara Alta, que están en la mente de todos y que sólo esperan el momento procesal oportuno.

Es en la definición de ese momento donde José Bono debería mantenerse especialmente cauteloso. No es conveniente afrontar cualquier reforma de la Carta Magna, que por otra parte no es sentida con urgencia por la mayoría de los españoles, mientras permanezcan los desafíos separatistas. Por ello, si la apelación al voto útil, paladinamente reconocida por el entrevistado, redunda en una mayor capacidad del socialismo español para contener las ambiciones de sus aliados nacionalistas, bienvenido sea. Aunque mucho nos tememos que las recientes experiencias estén demasiado frescas en la memoria de los votantes, pese a los esfuerzos de Bono.

Carod-Rovira ultima un pacto con ETA para que no atente en Cataluña
BILBAO/MADRID. JESÚS MOLINA ABC 26 Enero 2004

Josep Lluís Carod-Rovira ha sido perseverante y lo que intentó el día 28 de enero de 2001, lo ha conseguido ahora. En aquella fecha, el secretario general de Esquerra Republicana de Catalunya mantuvo un encuentro en Éibar con ex militantes de ETA para, con la mediación de Carles García Solé -en su tiempo integrante del denominado «Frente de Liberación Catalán»-, sondear la posibilidad de mantener un encuentro con la dirección de la organización terrorista. Como quiera que sus interlocutores se mostraron impotentes para enlazar con la cúpula etarra, remitieron al dirigente republicano a la ejecutiva de Batasuna con la que finalmente se reunió Carod-Rovira en la localidad vizcaína de Amorebieta el 21 de julio de 2001. En esta ocasión, Carod-Rovira estuvo también acompañado por García Solé y otros dos dirigentes de su partido. En representación de Batasuna, asistieron Arnaldo Otegi y Joseba Álvarez Forcada. Aunque Otegi dio largas a Carod-Rovira, ambos celebraron otra reunión en el primer trimestre de 2002. Sin embargo, el resultado inmediato de estos contactos no desembocó entonces en el deseado encuentro entre ERC y los dirigentes de ETA.

Dar cobertura
El responsable de la formación republicana trataba de llevar al ánimo de la banda terrorista la conveniencia de que se abstuviera de atentar en Cataluña a cambio de prestar cierta cobertura política a la denominada «izquierda abertzale» y, más ampliamente, a las actividades políticas del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MNLV). Estos encuentros, desvelados por ABC el 9 de septiembre de 2002, tuvieron el desmentido inmediato de Joan Ridao, portavoz de ERC en el Parlamento catalán, pero al día siguiente el propio Carod-Rovira los confirmó expresamente.

El actual «conseller en cap» de la Generalitat de Cataluña, sin embargo, no arrojó la toalla y recientemente logró reunirse con la «dirección política» de la banda terrorista en un lugar de Francia que las fuentes a las que ha tenido acceso ABC confirmaron, pero cuya localización exacta no quisieron desvelar. Según estas mismas fuentes en el encuentro apareció, además de otros dirigentes etarras, Mikel Albizu, «Mikel Antza», que pasa por ser el «cerebro» estratégico de la organización.

Los términos de la conversación no fueron muy distintos a los que ya expuso en su momento Carod-Rovira a Arnaldo Otegi. El líder de ERC planteó a ETA que se abstuviera de atentar en Cataluña a cambio de que su partido practicara una determinada cobertura a las actividades de la izquierda radical abertzale en el Principado. Carod-Rovira expuso el propósito de ERC de emitir una declaración independentista que reclamará «el derecho de autodeterminación para todas los pueblos del Estado» con ocasión de alguna de las próximas reuniones de sus óganos internos, pero sin que en tal declaración se produzca esa mención expresa a la banda ETA ni se desvelen los contenidos del acuerdo que se ultima.

La dirección de la banda habría accedido al planteamiento de Carod-Rovira y se habría comprometido a emitir un comunicado posterior al de ERC en el que haría pública su decisión de no atentar en Cataluña. Carod-Rovira intentó que la «exención» etarra se ampliase al ámbito de los «Países Catalanes» (Valencia y Baleares), pero no consta que los etarras se hayan avenido a esta condición.

Intercambios
Tras el encuentro con la dirección de la banda y Carod-Rovira, se ha producido, siempre según fuentes consultadas por ABC, un intercambio de textos a través de un parlamentario de la ilegalizada Batasuna en la Cámara vasca (en esta ocasión el «correo» no ha sido Otegi) en los que ETA plantea una cláusula según la cual, la «exención» de sus atentados en Cataluña no se extendería a los «objetivos» ya marcados por la organización terrorista que «se desplacen o se establezcan» en aquella Comunidad Autónoma. ETA no querría en modo alguno que el Principado se convirtiese en «un santuario para sus posibles víctimas». Por su parte, Carod-Rovira intenta con esta iniciativa reverdecer su papel como el que consiguió con la extinción de la banda terrorista Terra Lluire, aunque ahora los términos del acuerdo se refirirían a ETA y a su actividad terrorista en la autonomía en la que gobierna en un tripartito con PSC y la izquierda eco-comunista.

Todos estos encuentros y el pacto que se prepara entre ETA y Carod-Rovira son por entero desconocidos para Pasqual Maragall y los dirigentes del PSC y de sus otros socios de Gobierno, aunque su noticia -que ha causado «satisfacción»- ha comenzado a extenderse ya entre un grupo de dirigentes de la ilegalizada Batasuna.

Pat Cox: «Luchar contra el terrorismo es nuestra obligación política»
BRUSELAS ABC 26 Enero 2004

En un intermedio del trayecto entre Davos (Suiza) y su Irlanda natal, el presidente del Parlamento Europeo, Pat Cox, mantuvo esta entrevista en la que expresa su entusiasmo por participar en el I Congreso Internacional sobre Víctimas del Terrorismo que, presidido por su Alteza Real el Príncipe de Asturias, comienza hoy en Madrid. No le gusta hablar de las veces que ha sido amenazado, hace tiempo en Irlanda cuando trabajaba como periodista y desenmascaró algunas de las mafias vinculadas al terrorismo de Irlanda del Norte, o más recientemente cuando recibió una carta de ETA. Sin embargo, no duda en señalar que «luchar contra el terrorismo en todas sus manifestaciones es nuestra obligación política».

-¿Puede ser útil Europa para intentar resolver problemas como el de Irlanda del Norte o el País Vasco?
-No es el papel de la Unión Europea sobreponerse o reemplazar el criterio de los estados miembros. En el caso de Irlanda del Norte, la política de la Unión ha sido siempre la de hacer todo lo posible para que haya un acuerdo, por fomentar la paz y la reconciliación, pero la Unión nunca ha querido imponerse sobre el criterio constitucional del Gobierno de Londres ni sobre el del la República de Irlanda.

- ¿Qué opina del Congreso internacional que se celebra hoy en Madrid sobre Víctimas del Terrorismo?
-Voy a esta conferencia por expresa invitación de José María Aznar. Estoy muy contento de haber sido invitado, especialmente por hacerlo representando al Parlamento Europeo y poder así hablar directamente a las víctimas del terrorismo. Con frecuencia, éstas han sido ignoradas y abandonadas a su propia tragedia y dolor. Creo que es una excelente iniciativa y deseo que eso aporte algo de alivio y coraje a estas personas. Quiero decirles a ellas, de forma directa, no solamente con la fría fórmula institucional, hasta qué punto en el Parlamento Europeo hemos compartido su dolor. Quiero recordar la concesión del Premio Sajarov a la defensa de los derechos humanos al grupo ¡Basta Ya!, con el que hemos reconocido la respuesta de la sociedad civil para hacer frente a la acción de los grupos terroristas. Y lo quiero subrayar porque es nuestra obligación política, con acciones rápidas que todos debemos realizar y que hemos apoyado e impulsado desde el Parlamento Europeo, para luchar contra el terrorismo en todas sus manifestaciones.

-¿La Unión está lista para digerir la llegada de diez nuevos estados?
-Todos estamos muy bien preparados. Recuerde que el muro de Berlín cayó en 1989 y ya han pasado quince años. Soplan vientos de estabilización y debemos reconocer que hace tiempo que los países de la ampliación tienen observadores en el Parlamento Europeo, sus gobiernos participan en las cumbres, sus embajadores en las reuniones del Coreper en Bruselas. En estos términos, ya estamos trabajando juntos, como se vio en la Convención sobre el futuro de Europa que dirigía Valery Giscard d´Estaing.

-Hablando de la Convención, otros dicen que la primera prueba para la Europa a 25 fracasó, porque no se pudo obtener una Constitución como se esperaba en cumbre de Bruselas.
-Es lamentable lo que sucedió dadas las expectativas que había de llegar a un acuerdo sobre la Constitución. Pero eso no significa que debamos tirarlo todo por la borda. Puedo decir con satisfacción que el lunes (hoy), día de mi vista a Madrid, el Consejo de Asuntos Generales, que reúne en Bruselas a los ministros de Exteriores, y parte de esa reunión tendrá la forma de Conferencia Intergubernamental (CIG), por tanto, se puede decir que la CIG se reanuda este lunes. Ha habido muchos contactos bilaterales y en los próximos días el primer ministro irlandés se entrevistará con Aznar para continuar las consultas. Necesitamos avanzar hasta conseguir este tratado Constitucional y creo que Irlanda puede ser determinante para ello.

-¿Qué obstáculos tiene el proceso constituyente?
-Todos sabemos cuales han sido los puntos fundamentales antes y durante la cumbre de Bruselas. Hablar de las posiciones de España, Polonia, Alemania, etc, no es útil. Nuestros esfuerzos por encontrar un consenso no tienen ningún futuro si nos dedicamos a buscar un chivo expiatorio. Es un desafío colectivo, el primero de la nueva Europa de los 25.

MAIXABEL LASA, DIRECTORA DE LA OFICINA DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
«La calma que estamos viviendo es ficticia»
Anuncia que la campaña del Gobierno vasco contra la violencia de persecución es «sólo el comienzo» de un acercamiento a las víctimas
JAVIER GUILLENEA  SAN SEBASTIÁN El Correo  26 Enero 2004

EL PERFIL
Biografía: Maixabel Lasa Iturrioz nació en noviembre de 1951 en la localidad guipuzcoana de Legorreta, como su marido, Juan María Jáuregui, asesinado por ETA el 29 de julio de 2000 en un bar de Tolosa. Tiene una hija.

Trayectoria: militó en el PCE y luego se afilió al Partido Socialista de Euskadi. Ha sido funcionaria interina de Osalan, el gabinete técnico de la Administración vasca sobre seguridad laboral.

Intenciones: en diciembre de 2001, tras su nombramiento como responsable de la nueva oficina de atención a las víctimas, aseguró que la reconcialición en el País Vasco no sólo es «necesaria», sino también «posible».
Maixabel Lasa ha asumido la tarea de hacer creíbles a los ojos de las víctimas del terrorismo los pasos que está dando el Gobierno vasco para arroparlas, como la campaña institucional que presentó la pasada semana para concienciar a la sociedad vasca de los problemas que sufren los amenazados, y que ya ha sido objeto de críticas. La directora de la Oficina de Atención a la Víctimas del Terrorismo asegura que ya contaba con estas reacciones e insiste en el objetivo de la campaña. «Queremos que sea una voz de alarma en la conciencia de la sociedad» y que «esté alerta pese a la calma ficticia que vivimos, porque hay miles de amenazados».

-¿Se esperaba tantas críticas a la campaña?
-Contábamos con ellas, pero creo que en general se ha acogido bastante bien. De todas formas hay críticas que no se entienden demasiado bien. El Gobierno vasco está cumpliendo con una encomienda que viene de una proposición no de ley aprobada por el Parlamento en la que se incluyen una serie de reivindicaciones históricamente reclamadas por las víctimas del terrorismo. Y en este caso se trataba de cumplir con una de ellas, que es la de hacer una campaña contra la violencia de persecución. Independientemente de que haya sido una decisión del Parlamento, el Gobierno tenía en mente hacerla porque veía que era muy necesaria. En este momento vivimos una situación de tranquilidad que es ficticia, no tenemos más que ver que la pasada semana un ciudadano vasco, el senador del PP Gonzalo Quiroga, fue objeto de un ataque con cócteles molotov.

-¿Qué piden a esos dos millones de ciudadanos a los que se dirigen?
-Lo importante es que les sirva de reflexión para ver si verdaderamente están haciendo lo que deben o al menos lo suficiente. Es posible que haya personas que sí hacen cosas para arropar a las víctimas y amenazados, pero no todos actúan igual.Yo misma desde esta dirección puedo hacer más, o debería hacerlo, y me imagino que el resto de la ciudadanía llegará a esa conclusión.

-Una de las críticas es que la campaña ha llegado tarde.
-Creo que podía haberse hecho antes, pero es ahora cuando los partidos han decidido por unanimidad que hay que hacer este tipo de campañas. El Gobierno vasco siempre ha hecho su autocrítica.

-El lehendakari ha pedido al PP y al PSOE que también hagan autocrítica.
-Ellos están sufriendo en sus propias carnes la violencia de persecución, pero la autocrítica es sana. El PP está ahora en el Gobierno central y el PSOE también lo estuvo, y la violencia terrorista la estamos sufriendo desde hace muchos años. Es ahora cuando tanto las instituciones de Madrid como las de Euskadi se están volcando más en solucionar estos problemas.

-¿Cuando se diseñó la campaña pensaron en incluir a ETA?
-Si hacer referencia a ETA hubiera servido para reforzar la campaña, no habríamos tenido ninguna duda. Pero vimos que estábamos hablando de terrorismo y esa palabra en sí es contundente y clara porque es indudable que en este país el único terrorismo que vivimos es el de ETA.

-Esta campaña ha coincidido con la petición del director de Derechos Humanos del Gobierno vasco, Txema Urkijo, de liberar al preso de ETA Manu Azkarate, que ha sido encarcelado once años después de haber quedado en libertad provisional por tener una enfermedad incurable. ¿Esta petición no les puede restar credibilidad ante las víctimas?
-Esto hay que entenderlo no porque sea preso o no, sino por humanitarismo. A mí me da igual que sea un preso de ETA o común, pero si por su situación física necesita de unos cuidados especiales, pues hay que atenderlo. Eso es humanidad.

-La Asociación de Víctimas del Terrorismo ha dicho que para que sea creíble la campaña el Gobierno vasco debería hacer más, como retirar el plan Ibarretxe.
-Esta campaña se está haciendo por convencimiento del Gobierno y porque es el Parlamento el que le obliga a hacerla. En la proposición no de ley, que se aprobó cuando el plan Ibarretxe estaba sobre la mesa, no sólo aparece la campaña, sino muchos puntos más con los que el Gobierno tiene que ponerse las pilas y trabajar. Esto es sólo el comienzo, no quiere decir que se va a terminar aquí. Yo misma he dicho lo que opino del plan Ibarretxe. Considero que tiene todo el derecho del mundo de ser presentado, pero no estoy de acuerdo con él y tampoco con el momento. Puedo entender que AVT tenga sus reticencias, si bien es verdad que nos han reconocido que es un comienzo.

Recelos «lógicos»
-Pero siguen sin creer al Gobierno vasco.
-Es lógico que exista un cierto recelo, tiene que demostrar con hechos que se merece credibilidad. Ahí estamos, intentando que a partir de ahora esa credibilidad se vaya afianzando.

-¿Ha tenido que empujar a algún miembro del Gobierno para que dé pasos en esa dirección?
-No trato con muchos miembros del Gobierno. Con los que lo hago normalmente no he tenido que empujar demasiado. Tengo que reconocer que en todo lo que estamos haciendo, el lehendakari está con nosotros. En ese aspecto no hemos tenido que trabajar demasiado. A él al menos.

-Se escucha habitualmente la voz de las asociaciones de víctimas, pero ¿qué opinan las que no están en ninguna organización?
-El año pasado hicimos cerca de doscientas entrevistas y la mayoría personales. No sé si conozco a todas las víctimas que viven en Euskadi, pero sí a una gran parte. Lo que más reclaman es que los partidos se reúnan y dialoguen de una vez, que se termine la trifulca política en la que estamos, y que desaparezca ETA. Hasta ahora se ha hecho muy poco por las víctimas y el hecho de que salgamos a la calle es comprensible porque sí que es verdad que hasta hace poco el Gobierno vasco y no sólo él, sino otros gobiernos, nos han tenido abandonados. Ha habido otros sectores, como el de los presos de ETA, que han estado de alguna forma más arropados. Es el momento de estar al lado del que verdaderamente está sufriendo por la sinrazón de unas personas que matan por matar.

-¿Qué pensó cuando el ministro del Interior dijo que el fin de ETA está próximo?
-Si fuese verdad sería lo ideal, aunque para mí estas noticias no tienen demasiada credibilidad. Esto mismo se ha dicho muchas veces pero pasa el tiempo y no llega el momento. Ellos siguen ahí. Hay una sensación de aparente normalidad, pero siguen existiendo miles de personas con escolta, que tienen que mirar a un lado y otro para ver si hay algo sospechoso o que miran debajo de los coches. Por eso queremos que la campaña sirva para que no nos olvidemos de lo que ocurre.

-¿El miedo se ha convertido en costumbre?
-Nos acostumbramos a lo bueno y a lo malo en este país. Por eso digo que esta calma que vivimos ahora es ficticia, hay que estar alerta. No debemos olvidarnos de esos miles de personas que siguen amenazados y de que los otros están acechando.

-¿Si hubiera alguna víctima más, cómo le gustaría que reaccionara la sociedad vasca?
-Me acuerdo de las manifestaciones que se hicieron cuando ETA mató a Miguel Ángel Blanco. El pueblo salió a la calle. Algo así me gustaría que sucediese, que se produjera una reacción social.

Desafío del Gobierno de Maragall: descarta incrementar las horas de castellano que marca la Ley de Enseñanza
L. R. B. - Barcelona.- La Razón 26 Enero 2004

La Generalitat evitará plantear «una batalla política» ante el Tribunal Constitucional para no ejecutar los decretos de la Ley de Calidad porque «sería un desastre para el sistema», y optará por aplicar la mayoría «de la manera que menos daño nos haga» y recurrir sólo cuando «no haya otro remedio». Esta es la estrategia que, a corto plazo, seguirá la administración catalana en relación con la LOCE, según explicó a Efe el conseller de Enseñanza, Josep Bargalló, quien aseguró que su departamento está ultimando los decretos de aplicación de esta ley con las instrucciones que deberán seguir las escuelas e institutos para el próximo curso. Entre los puntos de aplicación de la LOCE que podrían ser más conflictivos, Bargalló, que lleva un mes escaso al frente del departamento de Enseñanza de la Generalitat, descarta incluir el incremento de las horas de castellano que marca esta ley.

El conseller aseguró que el decreto que está elaborando su departamento en esta materia dará instrucciones a las escuelas para que en los currículos de lengua, las horas de estructura lingüística se hagan en catalán «aplicando la Constitución, el Estatut y las sentencias del Constitucional». Con esta solución, en la misma línea de la que había ideado la anterior consellera, Carme-Laura Gil (CiU), el departamento intenta hacer frente a su principal preocupación: «No destrozar la inmersión lingüística» en catalán, que se aplica en las escuelas desde 1992. «Si tenemos que creer el discurso de los constitucionalistas, la Constitución está en primer lugar, después el Estatuto, que dice que el catalán es lengua oficial y la propia, y después el resto. Además, seguiremos también la doctrina del TC, que está también en un nivel superior a la LOCE, y que dice que la inmersión lingüística es una solución pedagógica correcta», señaló Bargalló. Además, el conseller subrayó que «estamos estudiando jurídica y técnicamente las instrucciones que tenemos que dar a los centros para ver cómo podemos aplicar la LOCE de manera que haga el menor daño posible a la voluntad de mejora».

Bargalló sostuvo que «no tenemos la voluntad de plantear ninguna batalla política al TC para todos los temas de la Ley porque sería un desastre para el sistema». «Estamos delimitando ¬avanzó¬ en qué temas no habrá más remedio que ir al Constitucional porque hay mínimos a los que no renunciaremos, y en qué aspectos podemos llevar a cabo una aplicación que, pese a no ser lo que estrictamente dice la ley, no nos signifique ningún paso atrás, y, por último, qué otros aspectos que no nos gustan tendremos que aplicar para no entorpecer el sistema».

Reducción de gastos
Entre las primeras tareas en las que está inmerso el departamento de Josep Bargalló, el conseller destacó también la elaboración de un plan de ahorro que permita una mejor gestión del gasto de esta consellería, que el Gobierno tripartito de la Generalitat considera prioritaria. Bargalló avanzó que, entre las actuaciones que hasta ahora se llevaban a cabo y que se suprimirán, se encuentra la cena de gala en la sala oval del Palau Nacional que seguía a la entrega de los premios Catalunya-Educació, destinados a los docentes, mientras sí se mantendrá la convocatoria de los galardones. En esta línea de contracción del gasto no prioritario, el departamento está estudiando con varios ayuntamientos la manera de ofertar conjuntamente una serie de servicios, que ahora existen duplicados, como en el ámbito de las enseñanzas artísticas. En el caso de Barcelona, la Generalitat ha reactivado junto a este consistorio el Consorci d'Educació, un instrumento de cogestión previsto en la Carta de Barcelona. Para darle más preeminencia, Bargalló será su presidente.
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