AGLI

Recortes de Prensa     Martes 10 Febrero 2004
Imposición coactiva
Editorial La Razón  10 Febrero 2004

La Generalitat endurecerá las sanciones a la rotulación y etiquetaje en castellano
Joan Planes - Barcelona.- La Razón  10 Febrero 2004

La Consejería de Justicia dará incentivos económicos al personal que use el catalán
EFE Libertad Digital   10 Febrero 2004

El plan no crece
Opinión El País  10 Febrero 2004

PNV, DEL DISCURSO A LA REALIDAD
Editorial ABC 10 Febrero 2004

Homenaje constitucional
Editorial El Correo  10 Febrero 2004

Una insultante negativa
ROGELIO ALONSO El Correo  10 Febrero 2004

La medalla de Pagaza
SANTIAGO GONZÁLEZ El Correo 10 Febrero 2004

El muerto goza de buena salud
Juan Carlos Girauta Libertad Digital  10 Febrero 2004

Inseguridad de Navarra ante las elecciones
Pascual Tamburri La Razón  10 Febrero 2004

La chulería política
Ricardo Senabre La Razón  10 Febrero 2004

IRAK: VERDADES Y VERDADES
POR RAFAEL L. BARDAJÍ ABC 10 Febrero 2004

Irak o el error de reconsiderar un acierto
EDITORIAL Libertad Digital  10 Febrero 2004

¿Debe suicidarse Bush por derrocar a Sadam
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital  10 Febrero 2004

La Policía francesa detiene a dos etarras cuando transportaban un arsenal en una furgoneta
Libertad Digital  10 Febrero 2004

Estrasburgo tumba el recurso de Ibarreche contra la ley que deslegalizó a Batasuna
F. Velasco - Madrid.- La Razón  10 Febrero 2004

El Poder Judicial considera «un espaldarazo a la ley de partidos» la decisión de Estrasburgo sobre la ilegalización de HB
Efe - Madrid.- La Razón  10 Febrero 2004
 

Imposición coactiva
Editorial La Razón  10 Febrero 2004

Las reiteradas encuestas sobre la situación de la lengua vernácula en Cataluña afirman que, mientras su conocimiento aumenta, su uso social disminuye. El hecho en sí no debería extrañar a nadie, dado que la inmensa mayoría de los ciudadanos de aquella comunidad se siente absolutamente satisfecho de su doble condición española y catalana; se reconocen bilingües y, por lo tanto, se desenvuelven en el idioma que mejor les parece en cada momento.

Naturalmente, este síntoma de normalidad en la convivencia ciudadana no puede ser tolerado por los sectores más integristas del catalanismo político, a los que el presidente de la Generalitat, el socialista Pascual Maragall, ha entregado la gestión educativa y lingüística de su gobierno, pese a que sólo representan al 16 por ciento del electorado. Y se aprestan a tomar medidas, no para extender el conocimiento de la lengua catalana, sino para sancionar el uso libre del castellano, por medio de una batería de coacciones en forma de multas y castigos económicos y administrativos.

Ya advertimos desde estas mismas páginas que la obsesión lingüística de ERC está estrechamente ligada a su objetivo final de conseguir la independencia de Cataluña. Parten los seguidores de Carod-Rovira, sin embargo, de un error muy extendido entre los extremistas: el de creer que la lengua catalana es por sí misma un factor de separación entre los españoles, algo que la experiencia histórica de muchos siglos de convivencia demuestra que no es cierto.

La Generalitat endurecerá las sanciones a la rotulación y etiquetaje en castellano
Justifica las medidas coercitivas «para mejorar el uso social del catalán»
Joan Planes - Barcelona.- La Razón  10 Febrero 2004

El consejero de Educación de la Generalitat y nuevo responsable de política lingüística del gobierno catalán, Josep Bargalló, anunció ayer que endurecerá las sanciones contra el uso del castellano en la rotulación de comercios y las etiquetas en los productos. Para ello, aseguró que podrían reformar en los próximos 18 meses la Ley de Política Lingüística, vigente desde 1998, pero que a su juicio CiU descuidó. Bargalló ironizó al afirmar que «será una Ley innovadora, porque hasta ahora no se había aplicado nunca».

El gobierno catalán quiere reactivar la Ley de Política Lingüística, aprobada en 1998 y potenciar el uso social del catalán, en detrimento del castellano. En medidas concretas, el consejero Bargalló lo tradució en endurecer las sanciones contra la rotulación de comercios en castellano y contra las etiquetas de productos en el mismo idioma. «Ha llegado el momento de dar un paso más», enfatizó. Según Bargalló, el gobierno de CiU propuso la Ley, pero nunca la aplicó. «Seremos innovadores y aplicaremos sanciones, algo que no se había hecho hasta ahora», ironizó el «hombre fuerte» de Maragall.

Para ello, se prevé una revisión y en algunos casos reforma en un plazo máximo de 18 meses de la citada Ley, en la que se contempla la posibilidad de sanciones y medidas coercitivcas contra el castellano, extremo que según el consejero «no se cumplía». Pese a una gran ambigüedad en las medidas presentadas en la rueda de prensa que ofreció ayer, Bargalló puso otros ejemplos. «No puede ser que los restaurantes no tengan cartas en catalán, que no se utilice ese idioma en la atención al ciudadano y que los policías tampoco atiendan en esta lengua».

Sin concretar
Tanto el consejero como el nuevo secretario de Política Lingüística de la Generalitat, Antoni Mir, pusieron especial énfasis en que se tiene que acentuar «un uso valiente y decidido del catalán», pero no concretaron nada.

Tras una hora hablando de «potenciar el uso social», un periodista preguntó por medidas concretas, aparte de las sanciones. «Es que llevo quince días en el cargo», sólo acertó a decir Mir. «Ya hay suficiente de normalización, calidad y asesoramiento del catalán, ahora queremos más uso social», añadió Bargalló. Volviendo a las sanciones, Bargalló las justificó: «Cualquier gobierno tiene que cumplir la ley y en ella se contemplan estas medidas coercitivas». Entre los ámbitos en los que se incidirá con esta Ley en la mano se encuentra el etiquetado de productos comerciales y la rotulación de los comercios, además de condicionar las contrataciones de servicios de la Administración de la Generalitat a que las empresas cumplan la normativa, incluso en lo que respecta al uso del catalán en la atención a los ciudadanos.

Por su parte, el responsable de Planificación Lingüística, Miquel Pueyo, llamó a la «beligerancia» para garantizar el derecho de los catalanohablantes a poder usar su lengua en todos los ámbitos. Como ejemplo, de nuevo aparecieron las cartas de los bares y restaurantes, o escenas como que «un camarero o un agente de la policía no quiera que te dirijas a él en catalán, algo que no puede pasar», por lo que añadió que «el afectado tiene que tener herramientas de defensa para que ningún ciudadano se vea privado de utilizar el catalán».
Aparte, Bargalló anunció que su política lingüística incidirá en la televisión. Según dijo, la Generalitat «velará» por la presencia del catalán en el Canal Internacional de TVE, pero sin anunciar cómo lo llevará a cabo.

POLÍTICA LINGÜÍSTICA DE LA GENERALIDAD
La Consejería de Justicia dará incentivos económicos al personal que use el catalán
La Consejería de Justicia de la Generalidad, que dirige Josep Maria Vallés, estudia conceder incentivos económicos a todo el personal de la administración de justicia en Cataluña que redacte o traduzca en catalán los documentos que generan los juzgados o tribunales, y trabaje por el fomento del catalán hablado.
EFE Libertad Digital   10 Febrero 2004

La propuesta consiste en generalizar el complemento económico que ahora recibe ya el personal de los 121 juzgados adscritos al plan piloto para el fomento de la lengua catalana, iniciado en octubre de 2000.

En concreto, la iniciativa consistiría en la consolidación en nómina salarial de todo el personal de los juzgados y tribunales de un complemento específico en reconocimiento de esta labor en favor de la normalización del catalán. Un estudio elaborado por un grupo de jueces y secretarios judiciales de Barcelona apunta la necesidad de incrementar progresivamente el número de oficinas judiciales adscritas al plan piloto de fomento del catalán como paso previo antes de la entrada en funcionamiento de la Ciudad Judicial.

Josep María Vallés anunció también que su política se centrará en "continuar reivindicando con iniciativas legislativas la inclusión del conocimiento del catalán y del derecho de Cataluña como requisito para la provisión de plazas" en el territorio catalán. Sólo el 30% de los fiscales utilizan el catalán oral y escrito, y los abogados y procuradores continúan presentando el 90% de sus escritos en castellano.

El TSJC advierte contra la represión o la presión
Por su parte, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), José María Mena, ve "razonable" que el Gobierno catalán quiera impulsar el uso del catalán, aunque advierte de que "cualquier actuación que se apoye en la represión o la presión es más lenta que hacerlo poco a poco y bien". Mena se mostró convencido de que la voluntad del Gobierno tripartito de dar un nuevo impulso al uso del catalán "no planteará problemas" en el ámbito de la Justicia, "siempre y cuando se respete la otra lengua oficial", el castellano.

José María Mena señaló que el apoyo del catalán no debe interferir en el "respeto" al castellano, la otra lengua oficial en Cataluña, "porque si no tendremos más complicaciones que ventajas".

El plan no crece
Opinión El País  10 Febrero 2004

La parsimoniosa marcha del plan Ibarretxe sigue adelante sin que sus valedores hayan mostrado síntoma alguno de querer corregir las carencias con las que fue fletado. Ya ha finalizado el plazo de presentación de enmiendas y el nacionalismo gobernante no ha presentado remiendos a los excesos jurídicos de la propuesta enunciada hace 16 meses, ni ha conseguido apoyos políticos y sociales diferentes a los que tenía. Únicamente los grupos del Gobierno de Ibarretxe y Batasuna han presentado enmiendas parciales al proyecto; socialistas y populares plantean directamente su devolución.

No aparece, por tanto, esa mayoría social de arrastre que esperaba Ibarretxe y la ficha apenas se ha movido del punto de salida. Las posibilidades de que el plan prospere en su segundo tramo -la aprobación en el Parlamento vasco por mayoría absoluta- siguen dependiendo de que la ilegalizada Batasuna sume sus votos al tripartito, una hipótesis que Ibarretxe afirma rechazar por principios éticos.

La decisión de populares y socialistas vascos de no oponer enmiendas parciales a un proyecto que consideran inconstitucional y ventajista es descalificada por los nacionalistas como cerrada y antidialogante. Es un argumento falaz. Lo que se impugna no es tal o cual artículo, sino el proyecto unilateral de dinamitar el consenso forjado en torno al Estatuto de Gernika. Porque aunque sea cierto que no se trata de un proyecto formalmente independentista, sí lo es de desvinculación progresiva de España. Participar en el debate como si se tratase de un proyecto legislativo más sería contribuir a legitimarlo. Es lógico que los nacionalistas deseen esa participación, y más que lógico que los no nacionalistas la rechacen, por mucho que el lehendakari reitere su disposición a retocar "hasta la última coma".

Resulta dudoso que la fórmula para resolver los "problemas de relación con el Estado" que apunta el nacionalismo vasco deba consistir en reducir esa relación al mínimo, sin esforzarse en buscar una síntesis con esa mitad de la sociedad vasca que no comparte sus creencias. Ibarretxe se ha puesto la meta de lograr para su propuesta de nuevo Estatuto al menos el mismo respaldo que obtuvo el de Gernika en 1979. Si es que hay que revisarlo, no estaría mal empezar por recuperar el procedimiento participativo y el consenso de los que surgió el Estatuto vigente.

PNV, DEL DISCURSO A LA REALIDAD
Editorial ABC 10 Febrero 2004

EN su discurso de toma de posesión como presidente del PNV, Josu Jon Imaz reflejó tres ideas que, sin ser nuevas en el nacionalismo vasco, ponían evidentes contrapuntos a la tosquedad de su antecesor, Xabier Arzalluz. Decía Imaz que su objetivo era una nación cívica formada por hombres libres, que su prioridad era la paz y que su deseo era convertir al nacionalismo en «un movimiento de solidaridad». Enlazados estos mensajes con la campaña institucional del Gobierno vasco a favor de las víctimas del terrorismo, y a pesar de la reiterada declaración de fidelidad de Imaz al Plan Ibarretxe, la mejor voluntad interpretó todo como un indicio de cambio. Pero el País Vasco es, antes que otra cosa, un campo de realidades y no de discursos, en el que la coherencia y la sinceridad se ponen a prueba de inmediato, como le ha sucedido al renovado PNV en Andoain, donde no llegó a tiempo la «nación cívica» de Imaz para convencer a sus concejales y a los de Eusko Alkartasuna de que los compromisos de su discurso obligaban a votar a favor del homenaje a Joseba Pagazaurtundua, asesinado hace ahora un año. Ni votaron a favor -pudiendo abstenerse votaron en contra- ni asistieron al descubrimiento de la escultura de Agustín Ibarrola en recuerdo de «Pagaza».

La reafirmación del PNV en su calculada ambigüedad hacia las víctimas del terrorismo se hace aún más preocupante ante el conocimiento de que ETA ha puesto en práctica la modalidad de los secuestros «rápidos». Al menos cuatro o cinco empresarios han sido chantajeados para pagar a la banda terrorista un «impuesto revolucionario» después de haber pasado varias horas secuestrados en el monte. El declive de ETA no se atenúa por actuar de esta forma, sino que se muestra más claramente, pero esta constatación no sirve de consuelo porque implica que todavía hay víctimas a las que amparar y un terrorismo que debe ser erradicado, dos compromisos que el nacionalismo no acepta íntegramente.

Así no es como se aprende del pasado, tal y como pedía el lendakari Ibarretxe «a todos los partidos», en referencia a la incomprensión que han sufrido las víctimas. Así es imposible que ningún proceso de renovación de personas y discursos ofrezca crédito alguno, más allá de la conformidad que generan ideas universales, como el civismo, la solidaridad y la paz. Pero éstos son principios que el nacionalismo tiene que llevar a la práctica en la realidad concreta que vive el País Vasco. No basta con recluirlos en discursos para la promoción personal de nadie. Si realmente había una nueva etapa, el nacionalismo tenía en Andoain todos los factores a su favor para demostrarlo. Andoain es, como se ha dicho, la síntesis de muchas realidades del País Vasco, pero también la antítesis de otras, porque el nacionalismo está en la oposición y la izquierda abertzale, fuera del Ayuntamiento, lo que no sucede, por ejemplo, en el Parlamento de Vitoria. En tales circunstancias, el apoyo del PNV a la memoria de Joseba «Pagaza» habría tenido una cualidad verdaderamente significativa, en términos democráticos y éticos. Nadie, ni siquiera los conspicuos activistas de la cinematografía nacional, puede sorprenderse de que, ante estos desprecios, las víctimas siempre estén junto a los que las apoyan y se sientan mucho más identificadas con la reivindicación que el presidente del Gobierno, José María Aznar, hizo de ellas y del Pacto por las Libertades y Contra el Terrorismo en la entrega de medallas al Mérito Constitucional.

Homenaje constitucional
Editorial El Correo  10 Febrero 2004

En un emotivo acto en el Palacio de La Moncloa, ciudadanos e instituciones -entre ellas, la Fundación para la Libertad, Basta Ya y el Foro de Ermua- recibieron ayer de manos del presidente del Gobierno la medalla al mérito constitucional que les fue concedida por el Consejo de Ministros con ocasión del 25º aniversario de la Constitución. Entre los galardonados figuraban víctimas del terrorismo, políticos constitucionalistas y activistas sociales que se han distinguido por su labor en pro de la convivencia en el País Vasco. Asistieron al acto numerosas personalidades de la vida institucional y social, y quizá el rasgo más elocuente fue la coincidencia de los candidatos del PP y del PSOE en las elecciones del 14-M, circunstancia que pone de relieve que la vigencia de la Constitución y de los grandes valores que ampara se sitúa por encima del debate entre los partidos, que estos días alcanza la lógica tensión preelectoral.

Vidal de Nicolás, del Foro de Ermua, agradeció la distinción en nombre de todos los galardonados y José María Aznar cerró el acto con un elogio a las víctimas del terrorismo y una cerrada defensa del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, que no puede mostrar fisuras para no dar oportunidades a los violentos. En suma, al hilo de la conmemoración constitucional, la sociedad española, representada ayer por el Ejecutivo, ha querido resaltar el testimonio de valor y de dignidad de quienes todavía, veinticinco años después, se ven obligados a recurrir al heroísmo de arriesgar la propia vida para defender la libertad de todos.

Una insultante negativa
ROGELIO ALONSO/COORDINADOR UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS SOBRE TERRORISMO, UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS El Correo  10 Febrero 2004

La reciente e insultante negativa de PNV y EA a conceder la medalla de Andoain a Joseba Pagazaurtundua expone, a mi juicio, dos graves problemas. Por un lado, el nacionalismo demuestra una indignante falta de moralidad y humanidad, al tiempo que, por otro, exhibe una preocupante ineficacia en la necesaria batalla de deslegitimación del terrorismo etarra. Por todo ello el nacionalismo confirma su incompetencia a la hora de asumir fundamentales responsabilidades políticas.

La deslegitimación política y social del terrorismo, que tan vital es en toda estrategia antiterrorista, debe perseguirse activamente desde las instituciones a las que se ataca. Oportunas parecen en este sentido las palabras de José Angel Cuerda en 2003 cuando apelaba al Gobierno vasco a que ejerza «un liderazgo para cambiar la sociedad, para intentar solucionar, antes que las relaciones de Euskadi con el Estado, la normalización, la tolerancia y la solidaridad». Como subrayaba Cuerda, esta tarea corresponde a «quienes dirigen la sociedad, al Gobierno», de ahí la especial responsabilidad del nacionalismo gobernante. Mientras ETA busca el desistimiento y el aislamiento social de una parte de la ciudadanía vasca, las iniciativas y los comportamientos políticos deben tener en consideración tan condicionante circunstancia. Por ese motivo, la responsabilidad de los políticos ante las víctimas exige mayor respeto hacia el sufrimiento de quienes padecen el terrorismo de una organización que, no se olvide, persigue unas aspiraciones nacionalistas. En ese contexto, ignorar los efectos que el terrorismo tiene sobre quienes son su objetivo, como han hecho PNV y EA al rechazar la condecoración de Joseba Pagazaurtundua, no contribuye a evitar esa deshumanización de la víctima que los asesinos ansían. Emerge pues una necesaria interrelación entre variables como la moralidad, la política y ese factor humano inherente a la victimización provocada por el terrorismo. Evitar dicha asociación equivale a negar la realidad, a mirar para otro lado cuando se plantea la dimensión política de las víctimas y, en consecuencia, a despreciar a seres humanos que sufren.

Hace unos días tuve el privilegio de escuchar el testimonio de Maite Pagazaurtundua durante un congreso internacional de víctimas del terrorismo. Mientras contenía sus lágrimas relató el doloroso duelo de su familia en este primer año tras el asesinato de su hermano. Esta mujer valiente que vive con la amenaza constante de cobardes que siguen intimidándola habló sin odio, sin rencor, rebosando una humanidad que un auditorio repleto de víctimas le recompensó con un prolongado y cálido aplauso. Entre ellas se encontraba Arnold Roth, cuya hija Malki murió en un atentado suicida en Jerusalén en 2001. Ambos compartían el deseo de que sus seres queridos no fueran olvidados convirtiéndose en meras estadísticas. Ése era el propósito del pleno celebrado en Andoain en el que los nacionalistas quisieron negar a la familia Pagazaurtundua su digno derecho al reconocimiento colectivo. Por ello resulta descorazonador comprobar que vascos nacionalistas que hablan la misma lengua que Maite sean incapaces de conmoverse ante el sufrimiento y el coraje de una mujer con cuya experiencia, en cambio, sí se identificó un judío cuyos padres sobrevivieron a Auschwitz. El episodio de Andoain revela cómo el nacionalismo vasco se encuentra inmerso en un profundo estado de negación que le lleva a presentar el diálogo y la búsqueda de la paz como guías de su acción política al tiempo que niega los pilares sobre los que tan honorables objetivos deben construirse: la justicia y la memoria.

El comportamiento del nacionalismo vasco se encuentra perfectamente descrito en la obra de otro judío, el sociólogo Stanley Cohen. «¿Qué hacemos con nuestro conocimiento del sufrimiento de otros y qué impacto tiene en nosotros este conocimiento?», se pregunta en una obra titulada 'Estados de negación' (States of Denial), en la que puede leerse la siguiente cita de George Orwell: «Los nacionalistas tienen la capacidad para no ver las similitudes que hay entre hechos semejantes. El nacionalista no sólo no desaprueba las atrocidades que comete su mismo bando, además tiene una extraordinaria capacidad para ni siquiera escucharlas. En el pensamiento nacionalista hay hechos que son verdaderos y falsos al mismo tiempo, que se conocen y que se desconocen. Un hecho sobre el que se tiene conocimiento puede ser tan insoportable que se arrincona sin que se le permita ser procesado lógicamente. O también puede ser objeto de cálculo sin que llegue a admitirse como un hecho. Al nacionalista le obsesiona la creencia de que el pasado puede ser alterado. Los hechos son eliminados, las fechas son alteradas, las citas apartadas de su contexto y manipuladas para cambiar su significado. Sucesos que se piensa no deberían haber sucedido se silencian y en último lugar se niegan. Se alienta la indiferencia ante la verdad objetiva sellando un mundo de otro, haciendo así más duro el poder descubrir lo que realmente está pasando. Si una persona alberga en su mente un odio o lealtad nacionalista, algunos hechos son inadmisibles aunque se sepa que son ciertos».

Desgraciadamente, esta reflexión con la que Cohen ilustra el funcionamiento de los mecanismos de negación evoca la actitud del nacionalismo vasco. El nuevo presidente del PNV, Josu Jon Imaz, ha llamado a sus bases a conformar «un auténtico ejército de solidaridad activa» con las víctimas y amenazados. Sin embargo, les niega sin reparos y sin compasión esa solidaridad rechazando la distinción del jefe de Policía de Andoain. El nuevo líder del nacionalismo vasco aboga por una «nación cívica», pero respalda la falta de civismo de quienes se niegan al reconocimiento y al recuerdo de quien fue asesinado por defender la convivencia y la libertad en una sociedad amenazada por el terrorismo. La justificación con la que Imaz ha defendido a sus concejales revela también que, como escribía Orwell, «en el pensamiento nacionalista hay hechos que son verdaderos y falsos al mismo tiempo, que se conocen y que se desconocen». Imaz recordó que su partido había rechazado el «salvaje» asesinato de Pagazaurtundua y acusó a quienes optaron por homenajear al fallecido de buscar «políticas de ruptura de consenso» mediante actitudes «partidistas». Sin duda alguna se evidencia un partidismo al intentar, mediante el homenaje al asesinado y la reivindicación de su memoria, combatir la deshumanización que el asesino ambiciona, parcialidad con la que resulta incomprensible que no simpatice el dirigente de un partido democrático que dice no ser partidario de ETA.

A lo largo de todo un año la familia Pagazaurtundua se ha enfrentado a lo que Maite ha descrito como una dramática sucesión de «la primera vez sin»: «Las primeras vacaciones sin Joseba», «las primeras Navidades sin Joseba», «las primeras notas de sus hijos sin Joseba». Día a día han tenido que reinventar su vida sin ese ser querido arrebatado violenta e injustamente. En ese terrible duelo estos vascos no han encontrado la comprensión de unos nacionalistas que días antes del duro aniversario de la muerte aceptaron generar una innecesaria polémica sobre el simple pero significativo recuerdo de un hombre asesinado por la banda terrorista ETA. La ausencia de piedad y empatía que ello revela es innegable, denotando una peligrosa degradación moral. No son estas palabras una demonización del nacionalismo vasco, sino una crítica a quienes han actuado con un comportamiento endemoniado y mezquino que aleja la paz y la reconciliación. Y es que frente al perdón y el olvido que con frecuencia se exige en aras de una supuesta paz y de un pragmatismo político bajo el que subyace la peligrosa redefinición del pasado, el recuerdo de la víctima, de sus nombres y apellidos, y el reconocimiento del daño y de la injusticia cometidos por los perpetradores de la violencia son cuestiones que no deben ser ignoradas.

La medalla de Pagaza
SANTIAGO GONZÁLEZ El Correo 10 Febrero 2004

Le recuerdo, Josu Jon, aquella tarde aciaga en el salón de plenos del Ayuntamiento de Andoain, mientras Joseba Pagazaurtundua agonizaba. La expresión de su cara revelaba su conmoción interna y quizá una cierta incomodidad por el ambiente. Me gustaría que lo recordase un año después, mientras contempla la imagen ominosa de sus concejales brazo en alto para oponerse a la concesión de la medalla del municipio al que fue jefe de la Policía Municipal de Andoain hasta el 9 de febrero de 2003.

Sus concejales han tratado de explicar lo inexplicable con argumentos que usted ha hecho propios. Nada tienen contra Pagaza, pero rechazan la tentación de honrar a la víctima del crimen porque el equipo de gobierno no ha negociado previamente con ellos y otras consideraciones de orden menor. Haga un esfuerzo imaginativo, Josu Jon, e imagínese a usted mismo mirando a los ojos de Estibaliz Garmendia, Pilar Ruiz y Maite Pagazaurtundua, tres mujeres que son arquetipos de la literatura clásica, mientras repite este argumentario cicatero y miserable.

Recuerde las cartas premonitorias de su propio asesinato que Joseba Pagaza escribió al Departamento de Interior y la desatendida petición de Ramón Jáuregui para que pudiera seguir en Laguardia. El entonces portavoz de su partido, Joseba Egibar, natural de Andoain y funcionario en excedencia del Ayuntamiento en el que prestaba sus servicios Pagaza, no tuvo a bien acudir a la manifestación que se celebró en su pueblo contra el crimen. Una página web que aún mantiene su partido daba la noticia con una nota biográfica del difunto que explicaba su destino temporal en Laguardia con la insidia de que «no dejó muy buen recuerdo entre sus compañeros» de allí. Un mes más tarde, su antecesor, Xabier Arzalluz, calificaba a Pilar Ruiz, madre Coraje, de «esa pobre mujer a la que le escriben las cosas que tiene que decir». Unos meses después, la organización municipal de su partido invitó a Arnaldo Otegi a dar una conferencia en el batzoki de Andoain. Al cabo de un año, sus concejales le han negado la medalla.

Ya me parecía a mí que algo se me escapaba en el anuncio del Gobierno vasco, ese de la víctima con el pintalabios. «¿Qué van a pensar mis amigos y mis hijas?», piensa la amenazada frente al espejo. «Me tendrán que poner guardaespaldas». Después del pleno de Andoain lo he comprendido. Es un anuncio culpabilizador de la víctima, que asume su condición como una etiqueta infamante. Algo habré hecho.

Su presencia en Andoain aquella tarde ha sido la única nota de empatía de su partido con esta víctima. No puede borrar el gesto infame de sus concejales, pero sí atender la razonable sugerencia de Patxi López y exigirles que rectifiquen. Asuman que la sangre de la víctima pesa mucho más que su vanidad y súmense a posteriori al homenaje a Pagaza. Nunca es tarde.

Cataluña
El muerto goza de buena salud
Juan Carlos Girauta Libertad Digital  10 Febrero 2004

Que Mas y Durán se traen algo gordo entre manos es tan evidente como su enérgica reaparición tras dos meses de abatimiento. ¿Habrán leído Quién se ha llevado mi queso y se han animado? En fin, no es cosa para tomar a broma. Más de dos décadas de clientelismo y soltura en el manejo del erario dejan en la sociedad antenas perdurables que sintonizan fácilmente las consignas y las convierten en clamor.

Los movimientos de CiU indican que se han propuesto regresar pronto al Govern, ya sea forzando las tuercas a Maragall para que corrija su alianza sin mediar más urnas, ya sea utilizando su enorme poder de generación de opinión para crear una demanda ensordecedora de elecciones anticipadas. Los nacionalistas de CiU, si bien se observa, son aliados objetivos de los barones socialistas, que siempre verán con mejores ojos un gobierno con ellos que el cóctel antisistema, filoternero, antiespañol y guerracivilesco que les ha hecho tragar el que nunca paga las cenas. Aventuro más: prefieren a Mas como presidente, porque le atribuyen las supuestas virtudes de moderación de Pujol, que a su también supuesto compañero Maragall. Curioso síntoma de escalada verbal es que un hombre generalmente contenido como Mas vuelva a las andadas y diga que Maragall se ha “emborrachado” de éxito. Hace meses, cuando se veía pronto de presidente (como ahora), Mas ya mentó las resacas de su contrincante y tuvo que disculparse. Debe haber aprendido de Guerra, maestro de calumnias, la impunidad de la polisemia.

Si el PP barre a Zapatero, el escenario de CiU es óptimo, diga lo que diga Durán, pues muchos socialistas se considerarán libres para decirle a Maragall y Montilla lo que piensan de su desconstrucción de España y el president recibirá intensas presiones por todas partes para alterar la actual alianza de gobierno. Si, por el contrario el PP no alcanza la mayoría absoluta en marzo, será la conveniencia frentepopulista y no la presión despiadada lo que actúe sobre Maragall, pero actuará en el mismo sentido: CiU hará valer sus votos en el Congreso exigiendo su entrada en el gobierno catalán en calidad de lo que es: el ganador de las elecciones autonómicas. En resumen, si el PP gana las generales, bien para CiU en Cataluña; si no, también.

Esta hipótesis sólo falla para quién crea en la promesa de Zapatero de no formar gobierno, aunque pueda, si obtiene menos votos que el PP. Es decir, sólo falla para los que no se enteran de quién es Zapatero, la medida de su poder y de qué turbio personaje resentido hasta la alucinación recibe las órdenes.

Se entiende el renovado optimismo de los nacionalistas y se entiende su escalada verbal. Durán se ha crecido tanto que ha llegado a decir en Interviú que el lenguaje de Aznar le da asco. Otro día hablaremos de asco y de Durán.

Inseguridad de Navarra ante las elecciones
Pascual Tamburri es doctor en Historia y vicepresidente de la Fundación Leyre La Razón  10 Febrero 2004

Batasuna ha anunciado, de manera al parecer definitiva, su actitud ante las elecciones del 14 de marzo. El brazo político de ETA, ilegalizado, volverá a promover, como en las elecciones municipales y forales del 25 de mayo de 2003, el voto nulo, con una papeleta propia que reivindica la autodeterminación. Cesan así, en principio, las conjeturas que se venían haciendo en medios políticos y periodísticos sobre la actitud de esa parte del cuerpo electoral nacionalista vasco: no parece que vaya a haber tregua de ETA antes de las elecciones, y con certeza ETA no va a pedir el voto para la candidatura del frente nacionalista Nafarroa Bai.

¿Una buena noticia para los no nacionalistas, y por consiguiente para la identidad ¬libre, foral y española¬ de Navarra? Sólo si se hace una lectura de los hechos a muy corto plazo. Ciertamente, con la petición de voto nulo una parte considerable del electorado etarra se volverá a colocar del lado del juego político institucional, dificultando la tarea de Aralar, Batzarre, EA, y PNV. Con las proyecciones y encuestas en la mano no tendrán problemas para obtener representación parlamentaria en las Cortes españolas, pero tendrán muchas dificultades para desbancar al PSOE de la segunda posición electoral. No era tampoco su objetivo prioritario, y habrá que ver cuántos electores de Batasuna obedecen las consignas recibidas, porque la ilusión reprimida es mucha y ya hace un año Aralar en solitario se hizo con el 50% de ese mercado. En realidad, Batasuna y Nafarroa Bai trabajan en una misma longitud de onda, y para comprenderlo no es necesario adentrarse demasiado ni en la historia de las formaciones políticas que confluyen en una y otra candidatura, ni tampoco en las biografías de quienes representan, respaldan o inspiran uno y otro proyecto. Sólo en los cortos plazos, y en los muy sutiles matices, puede afirmarse que hay un divorcio entre uno y otro. Y un análisis más profundo convierte la aparente buena noticia en causa de preocupación.

Batasuna no podía coaligarse públicamente y formalmente con Nafarroa Bai sin dejar de ser Batasuna. Batasuna, como ha quedado perfectamente establecido en Vergara, comparte la esencia del Plan de Ibarretxe, pero tiene sus propias opiniones sobre los ritmos y los plazos, y en particular sobre el momento en que ETA dejará de ser útil y necesario brazo armado del nacionalismo. Es una discusión de familia, en la que la sangre no va a llegar al río ¬y en este caso no se trata de una frase hecha¬. Batasuna tiene que mantener unidos los restos del rebaño más totalitario, porque su dispersión o su desarme prematuro no redundaría en bien del nacionalismo. Hay, además, una razón de coherencia y dignidad militante en Batasuna. Otegui y Barrena tienen un cierto sentido del compañerismo y de la lealtad, y creen que no deben «vender a los suyos», terroristas y presos. Es decir, que no deben dar pasos precipitados sin obtener garantías de cumplimiento de sus objetivos. Objetivos que, no se olvide, en nada difieren de los de Aralar, salvo en una parte del camino y del calendario.

Pero, en realidad, y paradójicamente, quien más beneficios obtiene en este momento del aparente aislamiento de Batasuna es Nafarroa Bai. Por una parte, los proetarras más impacientes van a seguir el camino que muchos ya han seguido, y les van a votar. Pero, por otra, que Batasuna esté fuera da una legitimidad democrática formal al resto del nacionalismo. Siempre habrá analistas benévolos y corazones candorosos que se alegrarán con esta noticia, y que volverán a distinguir unos nacionalistas «malos» (los abiertamente etarras) de otros nacionalistas «buenos» (los demás independentistas). ETA, con existir ¬y existirá al menos mientras no esté en condiciones de declarar una tregua¬, y Batasuna, con perseverar, dan verosimilitud a la idea de que sólo los crímenes de sangre son realmente malos. Como si no lo fuesen la mentira histórica, la deformación de las conciencias y la manipulación social y cultural que todo el nacionalismo vasco practica por su propia naturaleza en Navarra.

Pero lo cierto es muchas buenas personas que dudarían en votar a Batasuna votarán aliviadas a Nafarroa Bai. Aún hay más. Si todo el nacionalismo formase unido ante las urnas, con ETA el ejercicio, sería impensable que un partido democrático se le acercase a pactar. Con la excusa de una Batasuna montaraz, y mientras no haya una nueva trampa con nombre de tregua, siempre habrá quien esté dispuesto a dialogar, negociar y pactar con el resto del nacionalismo, y podrá decir que hay otros peores. No hace falta remontarse a episodios históricos remotos para saber qué escasos reparos morales tienen algunas fuerzas políticas a la hora de ganar cuotas de poder. Arnaldo Otegui ha mencionado la rendición pactada del PNV en Santoña, reprochando una prioridad de los intereses de partido sobre las metas ideológicas. El símil histórico, para preocupación de quien deba preocuparse, no es válido, porque los hechos, más allá de la superficie, muestran un nacionalismo vasco sólidamente trabado en un único objetivo.

La chulería política
Ricardo Senabre La Razón  10 Febrero 2004

Hay un hecho que, para bien o para mal, caracteriza la vida española de las últimas tres décadas; un fenómeno en el que todos hemos colaborado, por acción u omisión, y del que nos corresponde, por tanto, una parte de responsabilidad: el crecimiento vertiginoso y el auge inusitado, espectacular, que ha llegado a tener entre nosotros el político profesional, o, si se prefiere, la política como profesión y el cargo como puesto de trabajo.

No ha sucedido de golpe. Los primeros políticos de la transición al sistema democrático actual actuaban a veces sin ostentar poder y como pidiendo perdón, lo que tal vez explique ciertas debilidades que, con el tiempo, han producido enojosas consecuencias. A menudo, cualquier habitación con una mesa y media docena de sillas servía para mantener una reunión, una simple tortilla y una cerveza ingeridas rápidamente sustituían a un almuerzo prolongado y las remuneraciones económicas no siempre constituían una compensación para los viajes incesantes y las sesiones interminables a las que debían someterse unos políticos sobre los que recayó el esfuerzo de poner los cimientos del nuevo edificio, hoy con algunas grietas y desconchaduras que necesitan alguna intervención.

Pero aquella actitud moderada empezó a cambiar muy pronto. Aumentaron los políticos y surgieron figuras adyacentes, pegadas a ellos como lapas, con designaciones variopintas: consultores, asesores, expertos, encargados de prensa, secretarios y otras especies fueron formando una amplia constelación, a veces denominada gabinete, alrededor de los políticos, como una muralla espesa que no dejaba pasar el aire del exterior. Estas gentes necesitaban espacio, más despachos, más personal auxiliar, edificios más amplios y suntuosos. Se ha dicho como un chiste -pero de humor negro, claro está- que la verdadera conquista del espacio se produjo cuando diecisiete gobiernos autonómicos se lanzaron enfebrecidos a ocupar palacios y edificios pertenecientes al patrimonio histórico, o a construir de nueva planta moles faraónicas donde alojar a veces un solo servicio, una consejería, aunque, eso sí, con múltiples funcionarios ociosos. Practicaron también otras ocupaciones en terrenos como los medios de comunicación, las universidades, ciertas entidades de crédito.

Contemplado todo este proceso desde nuestros días y con la perspectiva de un hombre de la calle, de un simple contribuyente, se tiene la impresión de que el principal esfuerzo de la clase política en su conjunto ¬dejando a salvo algunas raras individualidades¬ ha consistido durante años en convencer a los ciudadanos de que no hay tarea más importante ni de mayor responsabilidad en la sociedad española que la del político. Construir puentes, curar enfermos, crear industrias, formar ciudadanos, perfeccionar las redes eléctricas, cultivar cualquier forma de arte, fabricar juguetes o electrodomésticos y otras muchas actividades que van alejando al ser humano del homínido de Atapuerca, son quehaceres subalternos. Lo importante es lo que hace el político (o lo que hace que hace). Por eso sus palabras -a veces paupérrimas ocurrencias- y sus idas y venidas tienen inmediato reflejo en los medios de comunicación; por eso su imponderable entrega al bien común merece remuneraciones adecuadas, aunque sea saltándose a la torera la equidad, o esa rara fantasmagoría de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley.

¿Cuántos años necesita trabajar un asalariado para tener derecho a un retiro mínimamente digno? ¿Cuántos, por el contrario, un diputado? ¿A qué cantidad ascienden las dietas y viáticos asignados a un catedrático de universidad en comisión de servicio y a cuánto las de cualquier político de ámbito comunitario o nacional? Podrían seguir acumulándose preguntas de parecida índole que convertirían esta página en un catecismo. No es extraño que los aspirantes se amontonen a la hora de elaborar listas electorales, ni que se hable, con fundamento, de codazos, zancadillas y navajazos sin cuento en el río revuelto de las candidaturas. Para muchos alevines se trata de saltar desde el paro o el empleo precario a los cuarenta mil euros mensuales. París bien vale una misa, y hasta con novena y rosario.

Todo esto ha envanecido a muchos políticos, y han ido sucediéndose las actitudes altaneras y fachendosas, la fatuidad, el engallamiento, los desplantes y el mal tono exhibidos por personajillos insignificantes, sin que la pertenencia a unos partidos u otros permita establecer diferencias apreciables. La seducción del mando, el apego al sillón y el ardiente amor a la nómina actúan como reactivos que hacen aflorar el sustrato de jayanes arrufianados latente en muchos de estos devotos del bien público. O tal vez son únicamente tontos -simple cuestión de coeficiente intelectual- y podría aplicárseles la tríada de calificativos que el doctor Alfarnaque prodiga en un famoso entremés de Quiñones de Benavente: «Tontonazos, tontones, retontones».

Los errores impunes favorecen la comisión de faltas que, al gozar igualmente de impunidad, dejan paso a hechos más graves, en ocasiones a auténticos delitos cuya importancia se intenta minimizar con argumentos de tal penuria mental que producen bochorno. Una traición, que en otros ámbitos conduciría directamente al descrédito personal, a la repulsa social y a la cárcel, puede disfrazarse de ejemplar gesto moral, o, como mucho, de simple distracción. No resulta extraño que la denuncia de una conducta irregular, desde el acoso sexual hasta la malversación, se convierta en arma arrojadiza contra los denunciantes. Al cinismo y la soberbia de algunos fantasmones, auténticos parásitos de la política, ha acabado por unirse la chulería, que es, por ahora, el máximo nivel alcanzado en este acelerado descenso al subterráneo de la bajeza moral que invade la vida pública. ¿Cómo no entender el rechazo cada vez mayor hacia los políticos que ¬aunque injusto en muchos casos¬ se manifiesta en los ciudadanos? La chulería sólo era graciosa en los viejos sainetes, y solía ser actitud de pobres diablos.

Muy a pesar nuestro, acabaremos todos, si no se produce una reacción enérgica, asintiendo a las palabras que Anatole France pone en boca de uno de sus personajes: «No me encuentro tan desprovisto de entendimiento como para tener que dedicarme a la política».

IRAK: VERDADES Y VERDADES
POR RAFAEL L. BARDAJÍ. Subdirector del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos ABC 10 Febrero 2004

SADAM no era un peligro inminente. Era una amenaza inevitable. Por una razón muy sencilla: nunca aceptó su derrota en 1991 y no estaba dispuesto a comportarse como la comunidad internacional le exigía. Es más, bajo las sanciones de las Naciones Unidas mantuvo viva su ambición de llegar a contar lo antes posible con un arma nuclear. Un Sadam atómico hubiera supuesto una amenaza de difícil manejo y costosa solución. No importa que en marzo del 2003 tuviera una ínfima parte de lo que Irak compró y produjo en los 80, retuvo hasta el 90 y perdió con la guerra del 91 y las posteriores inspecciones de la ONU. O que no tuviera nada. De seguir en el poder Sadam tendría primero decenas, luego centenares y finalmente todas las armas que él quisiera. En el 2005 o en el 2010, la fecha es lo de menos. Lo importante es que nadie podría poner freno a su ambición de haberle dejado gobernando Irak.

El problema de la guerra con Irak es que no había una única razón, había demasiadas y eso es lo que cuesta entender. Si finalmente no hay evidencia de los temidos desarrollos de sistemas de destrucción masiva por parte de Sadam, habrá que concluir que su amenaza el año pasado, cuando la guerra, era virtual. Ahora bien, eso no merma en absoluto la lógica de la guerra. La justificación del conflicto, a saber, desarmar a Sadam, no pasaba o se limitaba exclusivamente por encontrar y destruir unas armas y programas que les estaban prohibidos a los iraquíes, sino, sobre todo, por impedir que se rearmara en un futuro no lejano. El porqué de la guerra sólo se puede entender no por lo que Sadam era en marzo del 2003, sino por lo que podría llegar a ser en unos años habida cuenta de los siguientes factores: que el embargo internacional se había vuelto tan poroso que ya era prácticamente inservible; que las sanciones económicas y el programa «Petróleo por alimentos» sólo estaban perjudicando a la población y no mermaban suficientemente los ingresos para que Sadam se viera forzado a renunciar del todo a su esfuerzo militar; que la expulsión de los inspectores de Naciones Unidas en 1998 impedía el control, la supervisión directa y la verificación de que Sadam respetaba lo acordado en 1991, esto es su desarme total e incondicional (algo que nunca cumplió, dicho sea de paso); que el comportamiento del régimen de Sadam se volvía cada vez más agresivo en la escena internacional, con continuos movimientos de tropas y amagos de volver a invadir Kuwait, por ejemplo, pero también con un nuevo impulso en sus intentos de adquisiciones clandestinas. En ese sentido, todo apuntaba en el 2002 a que el paso del tiempo sólo beneficiaría a Irak y colocaría a la coalición internacional ante una tesitura muy desagradable: tener que luchar con un Sadam mejor preparado. Si el conflicto con Sadam era inevitable, cuestión de tiempo, convendría librarlo en los términos más favorables para nosotros. Por lo tanto, mejor ahora que más tarde, mejor en el 2003 que en el 2005.

Sadam no sólo era un peligro para la comunidad internacional (¿qué haríamos el día que Sadam hiciera una demostración de su arma atómica? ¿O qué nos exigiría para no enviarnos a sus agentes o sicarios terroristas cargados de esporas o material radioactivo?), sino muy principalmente para sus vecinos y, sobre todo, para su propia población. Sadam no era ningún santo. Pensaba un Golfo Pérsico unificado bajo su mandato e imponía su poder a través de las más perversas brutalidades. Los cientos de miles de cadáveres, hombres, mujeres y niños, sepultados en fosas comunes a lo largo y ancho del país y descubiertos tras su derrocamiento, son un lamentable testimonio de su imperio del terror. Por mucho menos se ha bombardeado, detenido y juzgado a otros genocidas, como Milosevic, buen amigo de Sadam.

En fin, que Sadam era un peligro era comúnmente aceptado y nadie lo puso en duda en los meses anteriores a la guerra. Lo que diferencia a Bush, Blair y Aznar de sus antecesores en el cargo no es la calificación del personaje, sino su voluntad de actuar y forzar una solución definitiva. Y eso pasaba por el cambio de régimen en Bagdad y un Irak democrático. En buena medida el temor al post-Sadam esconde el miedo a la democracia en Irak, por múltiples razones. Un Irak libre y próspero supone un auténtico revulsivo para las poblaciones y los regímenes despóticos y arcaicos de la región, quedando disociados en adelante lo árabe y musulmán de la opresión y la teocracia. Ahora bien, como el caso de Israel prueba, una democracia rodeada de fanáticos y déspotas apenas puede respirar, de ahí que el Irak democrático requiera -a la vez que sea motor- un profundo cambio en el Gran Oriente Medio. Esa propia agenda de transformación y cambio en la zona es la que da miedo a quienes, como muchos europeos, prefieren el mantenimiento del status quo aunque eso signifique olvidar las penosas condiciones de vida de las gentes de la zona y convivir con regímenes y gobernantes fundamentados en el rechazo de nuestros valores y la insensibilidad hacia los más mínimos derechos de la persona.

En fin, la actual agitación sobre la no aparición de las supuestas armas de Saddam no sólo ignora la diferencia entre sistemas y programas, entre posesión y capacidad de desarrollar, sino que confunde bajo un mismo enunciado tres cuestiones muy distintas: en primer lugar las razones y la legitimidad de la guerra; en segundo lugar, la hipotética manipulación política de la inteligencia; y, por último, el grado de eficacia de los propios servicios de inteligencia. Sobre lo segundo ha habido cinco investigaciones distintas, oficiales e independientes ( y en los próximos días se harán públicas las más de 300 páginas del informe del senador Roberts, presidente del poderoso Comité de Inteligencia del Senado americano), y todas ellas exoneran de manera clara a los líderes políticos. Podrían estar equivocados, pero no han engañado; sobre lo tercero, se abre un interesante debate, pero no nos olvidemos que la inteligencia dista mucho de ser una ciencia exacta y que ninguna guerra se ha librado con un conocimiento perfecto, a veces ni siquiera bueno, del enemigo. Pero para lo primero, guste o no, quien tiene que decidir son los iraquíes quienes, hoy por hoy, se manifiestan mayoritariamente a favor de haber acabado con el régimen de Sadam. Es más, dentro de 30, 40 ó 50 años, cuando Irak y el Oriente Medio sean ya otra cosa, los historiadores verán en la ausencia de las armas de Sadam otro engaño, pero no un engaño de Bush, Blair y Aznar, sino de Sadam quien por su propio interés hizo cuanto estuvo en su mano para hacer creer que las tenía, o que teniéndolas las transfirió o las destruyó a tiempo para aparentar que nunca las tuvo, o que no disponiendo de ellas estaba interesado en tenerlas... En todo caso, una anécdota de algo mucho más importante: la decisión de unos pocos de no tolerar más canallas peligrosos en el mundo y de la liberación de una opresión tiránica que mantenía a Irak y al mundo árabe anclados en el pasado, la pobreza y el terror. El salto a la modernidad pasaba por Bagdad.

Irak o el error de reconsiderar un acierto
EDITORIAL Libertad Digital  10 Febrero 2004

A primeras horas de la mañana del once de septiembre de 2001, el equipo de seguridad del presidente de los Estados Unidos estaba en posesión de una información procedente de Nueva York que le llevaba a una conclusión alarmante: La vida del presidente corría riesgo, tanto si permanecía en Florida, como si retornaba a la Casa Blanca. Esa conclusión fue la que dictaminó que el presidente norteamericano fuera introducido en el Air Force One y su localización fuera un secreto de Estado durante las horas siguientes.

Después hemos sabido con total seguridad que Bush bien podía haber permanecido en la escuela de Sarasota o haberse trasladado a la Casa Blanca sin que por ello se hubiera convertido en una de las miles de víctimas del Once de Septiembre. ¿Esta constatación empírica y a posteriori nos debe llevar a considerar que fue un “error” o una inducción "alarmista" aconsejar al presidente que no hiciera ni una cosa ni otra?

No creemos que para contestar de forma negativa a esta pregunta tengamos que ser expertos en epistemología del conocimiento o en Teoría de Juegos con restricciones de información imperfecta aplicadas a la estrategia de defensa y seguridad. Creemos que basta con un poco de sentido común, ese que parece que tanto falta ahora para considerar que tampoco fue un error que Bush apelara al riesgo de un Sadam en posesión de armas de destrucción masiva para legitimar su derrocamiento. Y, ciertamente no lo fue, aunque se pudiera demostrar, ahora y gracias a la intervención aliada, que todo aquello de los rastros de armamento prohibido dejados por Sadam y detectados por la CIA, así como los obstáculos que el dictador impuso a los inspectores, sólo obedecía en realidad a un deseo del tirano de hacer creer a la comunidad internacional que aún conservaba un armamento que ya no tenía. Sin embargo, resulta preocupante ver cómo no sólo los detractores de Bush, sino también algunos partidarios de la intervención militar deslizan un equivocado concepto de “error” que, si bien no les conduce a reconsiderar la legitimidad de la guerra, sí que les lleva a pedir cambios en los servicios secretos para que cuenten con evidencias más rotundas antes de dar la voz de alarma en casos similares.

Hay que tener presente que Sadam Husein era desde hace años considerado por los expertos en psiquiatría como un caso clínico de psicopatía. Habría que recordar, en este sentido, un relato que, según el profesor de Psicología Criminal, Vicente Garrido, publicaba El País del 8 de noviembre de 1982: Se trata de lo que le contestó el dictador a su entonces responsable de investigaciones nucleares, Hossein Sharistani, tras señalarle este que los proyectos nucleares de su Gobierno ya contravenían los acuerdos internacionales de entonces: “Usted es un científico y yo soy un político. ¿Sabe lo que es la política, doctor Sharistani? Se lo voy a decir. Cuando me levanto por la mañana, pienso una cosa. Luego, en público, anuncio lo contrario. Después por la tarde, hago otra cosa muy distinta, que me sorprende incluso a mi mismo”.

Tal vez, la razón por la que Sadam actuó de forma zigzagueante, pero siempre incompleta, ante las resoluciones de la ONU, fuera el deseo de retener el poder de disuasión de unas armas que ya no tenía; o bien la corrupción del sistema o, simplemente, “por hacer algo distinto, tanto de lo que pensaba como de lo que manifestaba que iba a hacer”. En cualquier caso, debe estar claro que, por culpa de este loco o por culpa de lo que se encuentre o se deje de encontrar en Irak, los servicios secretos no deben abandonar un criterio racional que les lleve a considerar como una amenaza digna de casus belli a un tirano que se comportara de manera autoinculpatoria respecto a las resoluciones referentes al armamento de destrucción masiva.

Imaginemos que la Comunidad Internacional hubiera dejado impune a un atracador a mano armada de bancos con la condición expresa y clara de que permaneciera alejado de ellos. Tiempo después, se constata que entra en uno, y que lo hace empuñando algo que parece una pistola. Siempre será un acierto dejarse llevar por la apariencia de que lo que pretende, efectivamente, es atracar el banco. El haberlo detenido por esa razón seguirá siendo un acierto, aunque luego se descubra que la pistola no era tal y las razones del detenido para entrar en ese momento en el banco, distintas de las de atracarlo. No es que tuvimos el derecho, es que tenemos el deber de seguir pensando y considerándolo así. Y felicitar a la CIA por ello.

¿Debe suicidarse Bush por derrocar a Sadam?
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital  10 Febrero 2004

Es ridículo el esfuerzo de antiamericanos y antiaznaristas por convertir el derrocamiento de Sadam Husein en un alevoso crimen de guerra o, peor aún, de lesa humanidad. Uno de los argumentos, rigurosamente innecesario, que utilizaron los aliados para acabar con el genocida iraquí fue el de la existencia de armas de destrucción masiva que podrían ser utilizadas en cualquier momento. Como Sadam había expulsado cuatro años antes a los inspectores de la ONU, nadie en su sano juicio podía negar ese peligro y tampoco puede negarlo hoy, ni decir que no existían en vísperas de la guerra o que no existan aún en algún sitio. ¿Pero les importa eso algo a los antiamericanos? ¿Les preocupa lo más mínimo a Zapatero, Llamazares, Ibarreche o Rovireche el peligro que suponía Sadam y supone Ben Laden? En absoluto. Para ellos, no hay más peligro que el que representa la democracia más poderosa del mundo y el Gobierno de España, que con Aznar como con González, prefiere ser su aliado en vez de su enemigo.

Claro que González ya no se acuerda de cuando enviaba soldados de reemplazo a apoyar a Bush I. ¿Con el respaldo de la ONU? Zapatero ya no se acuerda de que proclamaba que aunque lo respaldara el Consejo de Seguridad, él rechazaría cualquier ataque, cualquier guerra, en cualquier circunstancia. Por otra parte, los USA tuvieron que intervenir en Kosovo ante la cobardía miserable de los europeos sin el respaldo del Consejo de Seguridad, que luego, como ha hecho con Irak, sí ha convalidado y aceptado la invasión, la liberación y la ocupación para preparar una transición a un régimen algo menos peligroso para todo el mundo, empezando por los iraquíes. Pero ¿a quién le importan los iraquíes? El millón de muertos y los cuatro millones de refugiados que iban a provocar las tropas aliadas, ¿dónde están? La inseguridad, es mucha y el peligro, indudable, pero siguen volviendo iraquíes del exilio, confiados en la resistencia militar y política de los norteamericanos. ¿Qué quieren los que claman contra el “engaño” que a ellos no les engañó, porque estaban contra la guerra en cualquier caso, aunque Sadam tuviera armas de destrucción masiva? ¿Quieren que los norteamericanos repongan en el poder al genocida de Tikrit? ¿Quieren que Bush, Aznar, Blair y todos los presidentes de las decenas de países que apoyaron militar y políticamente el derrocamiento del dictador dimitan en señal de duelo por su “error”?

Por supuesto, eso es lo que dicen que quieren, aunque todos estos millonarios mediáticos y todos estos políticos izquierdistas se pondrían pálidos de miedo ante la mera hipótesis de que fuera cierto. Al menos, los malvados inteligentes, que son los que dan fuerza y cobertura a la jeremiada de los totalitarios. Éstos, que son tan malvados como idiotas, quizás serían capaces de aplaudir antes de que Ben Laden les cortara la cabeza. Pero, afortunadamente, Bush no les va a dar ocasión de disfrutar antes de morir. Es injusto, sí, que para defender la civilización occidental haya que hacerlo en bloque, incluyendo a los enemigos que alberga en su interior. Pero, en fin, nadie está libre de cometer errores; nadie es perfecto. Salvo la izquierda, claro, que es un perfecto desastre.

AZNAR: "LO INCAUTADO HA SIDO MUCHO E IMPORTANTE"
La Policía francesa detiene a dos etarras cuando transportaban un arsenal en una furgoneta
Dos miembros de ETA fueron detenidos el lunes por la tarde en un control de carretera en la localidad francesa de Cognac. A falta del cotejo de huellas, podría tratarse de Ibon Elorrieta Sanz y Luis Enrique Garate Galarza. Tras una breve persecución, los terroristas fueron detenidos. En su vehículo transportaban 32 kilos de amonal, 6 de pólvora, varias granadas, nueve detonadores, una ametralladora, dos tubos lanzagranadas, cuatro cajas de cartuchos y dos pistolas.
Libertad Digital  10 Febrero 2004

El vehículo se interceptó con un control móvil que suelen instalar los agentes de los servicios aduaneros franceses desde que fueron suprimidas las inspecciones en las fronteras. Los dos etarras intentaron eludir el control, lo que provocó una breve persecución, tras la que fueron interceptados y detenidos, momento en el gritaron "etarras, etarras".

En la furgoneta robada en la que viajaban había 32 kilogramos de amonal, seis de pólvora, varias granadas, nueve detonadores, una ametralladora, dos tubos lanzagranadas y cuatro cajas de cartuchos, por lo que se procedió al arresto de los dos ocupantes del vehículo, que iban armados con sendas pistolas automáticas. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Policía Judicial, que se ha hecho cargo de las investigaciones. En el momento de su arresto, los dos detenidos dijeron pertenecer a ETA.

Uno de los dos etarras es Ibon Elorrieta Sanz, según informaron a la agencia EFE fuentes conocedoras de la operación pese a que habrá que esperar a la confirmación mediante cotejo de huellas dactilares. Elorrieta fue condenado en rebeldía a cinco años de prisión por un tribunal francés en enero del pasado año.

Su nombre figuraba en la abundante documentación incautada en la operación policial practicada en septiembre de 2000 que supuso un duro golpe a ETA, ya que dejó inoperantes a los encargados de la logística y se localizaron varios refugios y talleres de fabricación o almacenamiento de artefactos explosivos y de falsificación de documentos.

Según las mismas fuentes, el otro detenido es Luis Enrique Garate Galarza.
El lugar donde se produjeron las detenciones está situado en las cercanías de Cognac, a unos cien kilómetros al norte de Burdeos.

El presidente del Gobierno, José María Aznar, ha expresado su satisfacción por la detención los dos etarras con material explosivo que iban a "asesinar" en España y dijo que lo incautado es "mucho e importante". Aznar, en su intervención en el acto que presidió en Calatayud en la Academia de Logística del Ejército, añadió que "una vez más, la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de España y Francia ha determinado que eso haya sido impedido". "Me alegro mucho de que esas personas estén detenidas, me alegraré más cuando sean puestas a disposición de los jueces y cuando cumplan íntegramente sus penas y me alegro mucho de que todo lo que se ha incautado, que ha sido mucho y muy importante, lo tengamos para que nadie pueda cometer esos crímenes y asesinatos", añadió Aznar.

Por su parte, el ministro del Interior, Ángel Acebes, defendió la senda de las detenciones "frente a algunos que hablan de tregua y que se sientan a negociar con los que llevaban explosivos". Desveló además que su misión era conseguir material para suministrarlo a grupos de la banda terrorista para la realización de atentados. "El Estado de Derecho avanza y ETA retrocede", aseguró Acebes, que recordó que cuando se producen detenciones de etarras "somos más libres", ya que se evitan nuevos atentados.

Estrasburgo tumba el recurso de Ibarreche contra la ley que deslegalizó a Batasuna
Da la razón al Gobierno y dice que Vitoria no tenía legitimidad para presentar la demanda
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos «tumbó» ayer el recurso que presentó el Gobierno vasco contra la Ley Orgánica de Partidos Políticos, que fue la que se aplicó para deslegalizar Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, decisión que ha sido incluso avalada por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Europeo ni siquiera entra a valorar el fondo de la demanda que el Ejecutivo de Ibarreche presentó el pasado mes de septiembre, ya que la rechaza de plano al sostener que no tenía legitimidad para ello.
F. Velasco - Madrid.- La Razón  10 Febrero 2004

La decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido adoptada por unanimidad de todos sus magistrados, quienes consideran que el Gobierno vasco no tenía ni siquiera legitimidad para interponer esa demanda. De esta forma, se avala la Ley, aprobada por el Parlamento el 22 de junio de 2000, que permitió deslegalizar a Batasuna y cuya legalidad fue refrendada posteriormente por el Tribunal Constitucional.

La decisión del Tribunal Europeo se basa en el artículo 34 del Convenio de Derechos Humanos, donde se establece que sólo las personas particulares, organizaciones no gubernamentales o grupos de personas que hayan sido víctimas de las vulneraciones de derechos tienen legitimación para acudir al citado Tribunal.

En este sentido, se destaca que el Gobierno vasco debe considerarse una «Organización Gubernamental», ya que, según se establece en el citado precepto del Convenio Europeo, tienen esa consideración no sólo los órganos centrales del Estado, «sino también las Autoridades descentralizadas que ejercen funciones públicas, cualquiera que sea su grado de autonomía en relación a los citados órganos».

De esta forma, los magistrados no entran a valorar el fondo de la demanda y, por tanto, no han analizado los argumentos esgrimidos por el Gobierno de Ibarreche en su demanda.

Con esta resolución del TEDH, de poco más de tres folios, la Ley de Partidos Políticos, cuya iniciativa partió del ministro de Justicia, José María Michavila, pasa todos los «filtros» de legalidad.

La demanda fue interpuesta por el Ejecutivo de Ibarreche el pasado 9 de septiembre y en ella sostenía que la citada Ley vulneraban los artículos 6, 7 y 8 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos. Así, se denunciaba que la ley «crea una vía sui generis para la ilegalización que toma en consideración, junto a conductas relevantes para el Código Penal, otras inocuas para crear una amalgama de difícil comprensión».

«La disolución de un partido político por el solo hecho de compartir postulados con una organización terrorista se encuentra amparada por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos», sostenía la demanda del Gobierno de Ibarreche.

Respaldo a la Ley
En esta misma línea, se argumentaba en la demanda que el objetivo de la Ley de Partidos Políticos tenía como objetivo «expulsar del sistema» a un partido político, Batasuna, «contra el que no se habían logrado reunir elementos probatorios suficientes de su vinculación o connivencia con ETA para disolverlo plenamente».

Por ello, se reclamaba al tribunal europeo que ordenara a las instituciones españolas la reforma de la ley y que se declarara que la sentencia del Tribunal Constitucional, por la que se desestimaba el primer recurso del Gobierno de Ibarreche, se dictó con infracción del derecho a un tribunal imparcial.

Además, sostenía la demanda que la Ley de Partidos Políticos vulneraba el principio de legalidad penal, al introducir en la valoración del tribunal sentenciador actividades y conductas anteriores a su entrada en vigor.

Por contra, el ministerio de Justicia siempre defendió la legalidad de la Ley y rechazó desde el principio los argumentos esgrimidos en la demanda. El TEDH, a los tres meses de recibir la demanda, ha rechazado de plano las pretensiones de los nacionalistas vascos y, en concreto, del Gobierno de Ibarreche.

El Poder Judicial considera «un espaldarazo a la ley de partidos» la decisión de Estrasburgo sobre la ilegalización de HB
Efe - Madrid.- La Razón  10 Febrero 2004

El portavoz del Poder Judicial, Enrique López, considera que la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de rechazar el recurso del Gobierno vasco contra la Ley de Partidos «supone un auténtico espaldarazo tanto a la ley como a la interpretación que hacen los tribunales españoles de la propia ley».

El portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recordó que la resolución del TEDH «es una decisión absolutamente coherente con el informe que hizo el CGPJ en su momento, con la decisión del Supremo de ilegalizar Batasuna y muy coherente con la del Constitucional de inadmitir el recurso de amparo de Batasuna contra la decisión del TS».

López pidió «a todos los poderes públicos, incluido el Gobierno vasco, que se dediquen más a reforzar la defensa de la Constitución y menos a defender partidos políticos que atacan de forma directa» a la Carta Magna. «Nuestra democracia estaba absolutamente exenta de este tipo de herramientas que impedía que partidos como Batasuna que apoyaban el terrorismo pudieran ser expulsados de nuestro marco parlamentario y, por fin, existe una herramienta jurídica que permite a los jueces expulsar a los partidos que mantengan este tipo de ideas», opinó el portavoz del órgano de gobierno de los jueces.

«Primero es un respaldo a la ley y como tal a la aplicación que se hace de la ley y, en ese sentido, la ley era muy gráfica porque recoge hechos muy claros que están perfectamente identificados como hechos que promueven y favorecen el terrorismo, porque desgraciadamente en España llevábamos padeciendo este tipo de hechos desde hace años», concluyó el portavoz del Poder Judicial.

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