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Recortes de Prensa     Domingo 18 Abril 2004
Tropas en Iraq, ¿a quién beneficia
Amando de Miguel La Razón  18Abril 2004

LÍMITES DE LA TOLERANCIA
Editorial ABC 18Abril 2004

CÁLCULO VECTORIAL ESPAÑOL
M. MARTÍN FERRAND ABC 18Abril 2004

Euskadi tras el 14-M
ANTONIO BASAGOITI  El Correo  18Abril 2004

EL TRASFONDO DEL DISCURSO
José Antonio ZARZALEJOS ABC 18Abril 2004

Prodi recuerda que planes separatistas como el de Ibarretxe dejarán a las regiones fuera de la UE
EFE Libertad Digital   18Abril 2004

Poner el contador a cero
JESÚS EGUIGUREN El Correo  18Abril 2004
 
Tropas en Iraq, ¿a quién beneficia?
Amando de Miguel La Razón  18Abril 2004

En las relaciones internacionales, como en las relaciones interpersonales, la clave interpretativa está en averiguar a quién beneficia o perjudica cada acción. Ésa es la pregunta que solían hacer los magistrados en los juicios del Derecho Romano. «Cui prodest?» ¿Quién resulta beneficiado? La misma pregunta se hacen los sagaces detectives en las novelas policíacas, que ahora se llaman negras, no sé por qué. Ese esquema de preguntas utilitarias lo podemos aplicar a otras cuestiones públicas. Es el caso, por ejemplo, de las tropas aliadas en Iraq. ¿A quién beneficia o perjudica el hecho de que estén las tropas aliadas en Iraq? Descartemos del razonamiento la respuesta obvia de que se ven perjudicadas las personas que reciben daños por la guerra, pues de una especie de guerra se trata. Todavía mejor es la pregunta de quién se alegra de que las tropas estén en Iraq o se retiren.

Deben de sentir alegría (y deben sentirla) las personas, grupos o instituciones que desean que haya democracia en el mundo. La salida de las tropas de Iraq significaría la imposibilidad definitiva de que hubiera alguna vez democracia en Iraq o en otros países musulmanes. La retirada de las tropas sería una alegría para las bandas terroristas todas, pues ninguna de ellas aspira ¬ni de lejos¬ a un sistema democrático. Si se retiran las tropas en Iraq sería una alegría para los partidos y grupos integristas del mundo islámico. Los veríamos en la tele, situados en diferentes países, con demostraciones de júbilo colectivo, disparando sus escopetas con salvas de alegría, quemando banderas norteamericanas.

Si se van las tropas de Iraq sería un triunfo para las personas que se dicen de izquierdas y su izquierdismo no va más allá del odio al modo de vida de los Estados Unidos. Es compatible con el deseo de que, si son cineastas, puedan aspirar a un Oscar de Hollywood. Les bastaría con ser «nominados» para así seguir disfrutando de generosas subvenciones nacionales.

La retirada de las tropas aliadas de Iraq sería una buena noticia para los gobiernos de Alemania y Francia. De esa forma ellos podrían seguir haciendo pingües negocios con el régimen fundamentalista que se instauraría en Iraq. Por extensión, esos mismos negocios se podrían hacer en el resto de los países musulmanes, donde los Estados Unidos se verían desplazados.

En fin, la retirada de (al menos) las tropas españolas en Iraq contentaría a los españoles que se ven más cómodos con un país aislado del mundo. Son los españoles que no se sienten a gusto si formamos parte de la alianza de los países democráticos, con los Estados Unidos al frente. Un futurible. ¿Se sentirían más satisfechos si los norteamericanos no hubieran desembarcado en Normandía?

LÍMITES DE LA TOLERANCIA
Editorial ABC 18Abril 2004

GRUPOS musulmanes residentes en España han denunciado que las mezquitas establecidas en nuestro país están sufragadas por sectores radicales y piden al Estado subvenciones para su construcción con el fin de no depender de la financiación extranjera, especialmente de Arabia Saudí, país que proscribe en su territorio la construcción de templos de otras confesiones. El presidente de la Asociación de Trabajadores Marroquíes en España (Atime), Mustafá M´Rabat, ha solicitado al Gobierno español la creación de un Consejo Islámico que regule la infinidad de asociaciones que aglutinan a los más de 600.000 musulmanes residentes en España.

El Gobierno español aprobó en noviembre de 1992 unos acuerdos de cooperación con las comunidades islámicas que prevén la inviolabilidad de sus centros religiosos y la existencia de exenciones fiscales para su construcción. Recientemente, la Generalitat de Cataluña aprobó una partida de 60.000 euros para subvencionar una treintena de mezquitas. La mayoría de los musulmanes residentes en nuestra nación pertenecen a la corriente sunní malakita, mayoritaria en Marruecos, de orientación moderada, frente al fundamentalismo radical que preconiza el régimen saudí. No se puede negar que existen imanes en España que mantienen posiciones contrarias a la Constitución, de las que hacen proselitismo. Cabe recordar la reciente condena al imán de Fuengirola.

La regulación de las comunidades islámicas y del funcionamiento de las mezquitas en España debe ajustarse a los principios establecidos por la Constitución y las demás leyes, que establecen tanto la vigencia de la tolerancia como sus límites. Es evidente que este valor se encuentra mucho más vigente en las sociedades occidentales que en la totalidad de las que registran una mayoría musulmana. En esto radica su superioridad moral, que no debe verse afectada por la falta de reciprocidad. El Estado español no es confesional y, por lo tanto, no tiene por qué aplicar el principio de reciprocidad a los Estados islamistas que no toleran la práctica de la religión católica ni de otras confesiones que no sean el Islam. Pero eso no significa que no existan recursos para impedir eventuales incumplimientos de la legalidad. Otra cosa es la legítima exigencia a países, como Arabia, Sudán o Irán, de que toleren la práctica y la construcción de templos de otras confesiones no islámicas. Pero invocar la reciprocidad para alterar los principios y valores de tolerancia y libertad religiosa que presiden nuestro modo de vida sería un error. Eso no significa que haya que renunciar a exigir el cumplimiento de la legalidad vigente y a aplicar, en su caso, la legislación constitucional y penal a las autoridades religiosas y a los fieles que las vulneren.

El argumento que esgrime el riesgo de la financiación extranjera en manos del fundamentalismo no puede servir para justificar privilegios económicos ni excesos en la aplicación de exenciones fiscales. Las comunidades islámicas en España deben buscar sus propios medios de financiación entre sus fieles, y, si eso las hiciera dependientes del control fundamentalista radical preconizado por Riad, la solución pasa por la aplicación de la Constitución y de las leyes. El mismo principio de que no hay libertad para los enemigos de la libertad, que se esgrime, con razón, contra los totalitarismos, debe aplicarse también contra el fundamentalismo islamista. Por lo demás, a los fanáticos, por desgracia, no les faltan sociedades en las que vivir a su gusto sin necesidad de vulnerar los principios de la sociedad abierta que les acoge. Las sociedades que no defienden sus valores se encuentran en el camino de su decadencia y su extinción.

CÁLCULO VECTORIAL ESPAÑOL
Por M. MARTÍN FERRAND ABC 18Abril 2004

RECUERDO vagamente, de cuando no estaba mal visto que los chavales sacáramos adelante el bachillerato a base de codos y esfuerzo, lo que era un vector en Física y Matemáticas. Los había, creo, fijos, deslizantes y libres. Nos sirve esa clasificación, mutatis mutandis, para diferenciar, con respecto al eje de la Constitución, los distintos partidos políticos -muchos, no demasiados- que integran la gran sopa de letras del nuevo Congreso de los Diputados. La suma de todos ellos, si es que fuera posible, sería el resumen cabal de la voluntad nacional.

Son vectores equipolentes, y sigo en el difuso recuerdo, con perdón -espero- de quienes saben de estas cosas, los idénticos en módulo, el mismo sentido y una dirección igual o, cuando menos, paralela. Ahí estaba la clave del calculo vectorial. ¿Puede decirse lo mismo de las fuerzas con sigla que, en la representación popular, integran el Poder Legislativo? ¿Son equipolentes o, por contra, cada cual es hija de su padre y de su madre?

Como ayer decía, muy lúcidamente, un editorial de ABC, «si la Constitución es revisable, también deben serlo los postulados nacionalistas, minoritarios en el conjunto nacional, que es lo único que permanece petrificado desde 1978». El PP, en el orden de la lealtad constitucional, es un vector fijo. También lo es el PSOE que podemos encarnar en José Luis Rodríguez Zapatero. El resto del PSOE, el PSC especialmente, es un vector deslizante, como parte del PNV y CiU. CC, tan móvil ella, no sé si llega a vector y los demás, en la izquierda y/o en el soberanismo independentista, más o menos confeso, son vectores libres.

Ese muestrario vectorial le aporta gran amenidad a nuestro sistema político, pero con el coste de una gran incertidumbre jurídica que se proyecta en constantes cambios de plano que tienden a esterilizar el cálculo nacional. Si bien se mira, en estos últimos veinticinco años -¡benditos sean en lo que suponen de asentamiento democrático!- se han perdido muchas fuerzas y energías en debates y enfrentamientos que, suscitados desde distintas minorías nacionalistas, no han favorecido, cuando no han perjudicado, al conjunto de los intereses del Estado y, lo que es más importante aún, al bienestar de los cuarenta millones de vecinos que lo integramos.

No quisiera negar con lo dicho más arriba el inalienable derecho que tienen las personas, y los grupos, a ser y sentirse diferentes y diferenciados con respecto a un todo nacional. Lo que postulo, en vísperas de los muchos cambios que anuncia la ocasión de un nuevo Gobierno, es una inteligente concordancia entre los distintos vectores políticos en presencia, de modo y manera que hagan coincidir sus puntos de aplicación y su sentido. Para que puedan sumarse y no se anulen, como viene sucediendo, los unos con los otros. El espacio vectorial español, hoy por hoy, no aporta las certezas de futuro que están exigiendo una ventajosa integración europea y el enfrentamiento debido al reto globalizador.

Euskadi tras el 14-M
ANTONIO BASAGOITI/VICESECRETARIO DEL PP DEL PAÍS VASCO El Correo  18Abril 2004

El resultado de las recientes elecciones generales ha provocado destacadas reacciones en el País Vasco, así como previsiones futuras de cambios de toda índole en la política de esta tierra. Diálogo, consenso, acercamiento, pacto, acuerdo son los términos más escuchados de un tiempo a esta parte, y son sin duda conceptos muy positivos que deberían tener una aplicación constante y sobre todo verdadera en cualquier política.

El problema está en que bajo estos bondadosos conceptos pueden esconderse otras intenciones que sirvan para que el nuevo partido con responsabilidades de gobierno en España tras ganar las elecciones ceda ante las inamovibles reivindicaciones de los dirigentes del nacionalismo vasco.

La postura adoptada por el Partido Socialista en las selecciones deportivas vascas, en la reforma del Estatuto o en el acuerdo de reparto de poder en las cámaras legislativas con la posterior reacción del nacionalismo parece indicar lo que va a ser la tónica de los próximos años: por un lado, el esfuerzo socialista por acercarse al nacionalismo y, por otro, la respuesta de los de Imaz, siempre insatisfechos con la cuantía de lo modificado, pero sirviéndoles para avanzar paso a paso hacia su fin político.

Con esto no satanizo la postura del partido de Patxi López, creo que es legitimo pensar que la solución que necesita Euskadi pasa por moverse hacia el nacionalismo, pero no la puedo compartir; la historia reciente nos ha demostrado que, cuanto más pretende uno acercarse al PNV, los dirigentes de esta formación más se alejan para obtener nuevos avances en su estrategia independentista. La UCD de Suárez dejó en manos del PNV una buena parte de las decisiones del País Vasco tras la Transición, el Partido Socialista de Felipe González acordó importantes reformas con los nacionalistas, el Partido Popular de Aznar pactó en el Congreso de los Diputados con Arzalluz sobre cuestiones fundamentales para nuestra tierra e incluso los socialistas vascos de Jáuregui gobernaron una década de manera conjunta con Ardanza. Todo ello no ha conseguido que el nacionalismo reconozca el nivel de diálogo, acuerdo y avance hacia el autogobierno de Euskadi. El tiempo ha evidenciado que la buena voluntad demostrada por populares y sobre todo por socialistas ha servido sólo para que el PNV, sin dar un solo paso atrás, radicalice sus posturas y se acerque a sus objetivos maximalistas con mayor énfasis.

Por lo tanto, la etapa política que comienza tras el 14-M no es el inicio de un periodo nuevo de acuerdo y diálogo, es la vuelta hacia la idea de que la solución pasa por que el Estado vuelva a hacer concesiones. Es el retorno hacia la creencia de que el nacionalismo vasco es saciable, es la tranquilidad relativa, es el diálogo entendido como más nacionalismo para que no exista crispación momentánea. Y, repito, esta política es perfectamente respetable pero es necesario ser consciente de qué supone, hacia dónde nos lleva y qué provoca en el futuro inmediato.

Ante esta tesitura, es imprescindible que exista un partido vasco, con claridad en sus principios y convicciones, como el PP, que defienda la necesidad de aprovechar las potencialidades del Estatuto y la Constitución, que con un nuevo y mejorado talante sea capaz de defender, convencer y recordar a la ciudadanía vasca que mayor cesión no es igual a solución. Ante los planteamientos que apunta el nuevo Gobierno socialista de Madrid, así como la consabida reacción nacionalista, adquiere especial importancia en la política vasca el papel del principal partido de la oposición. El Partido Popular de Euskadi tiene ahora el ilusionante reto de defender la autonomía y la foralidad como verdaderos puntos de encuentro y diálogo, para que desde estos preceptos podamos avanzar hacia una sustitución democrática del nacionalismo como verdadera y real solución a un país en el que el manejo de la educación, de la cultura, de la televisión o de la lengua por parte de nacionalismo durante más de dos décadas sólo ha conseguido separarnos más a los vascos.

El Partido Popular es ahora la formación en la que tienen que confiar los vascos que creen que el llamado 'conflicto' se soluciona con otra política desde las instituciones de Euskadi y no dando mayores poderes a los que no han sido capaces en 25 años de mejorar nuestra convivencia. Es el momento de demostrar que con nuestro actual autogobierno se puede vivir mucho mejor, es la hora de demostrar que mayor independencia no genera ni más convivencia ni mejor bienestar, es el momento de avanzar en la alternativa. Es la hora del PP vasco.

EL TRASFONDO DEL DISCURSO
Por José Antonio ZARZALEJOS ABC 18Abril 2004

Cuando los padres de la Constitución de 1812 instaron a los españoles a ser «justos y benéficos» no pecaban de ingenuidad, como bien se percató Fernando VII, que primero fue «El Deseado» y luego el rey «felón». En la política nada hay inocente y mucho menos cuando se tienen por inocuas determinadas apelaciones que, como las de Rodríguez Zapatero, invitan al diálogo de forma reiterada y, según algunos, ad nauseam. No es que el nuevo presidente del Gobierno no tuviera nada que decir más allá de lo que dijo, sino que quería resultar en su disertación tal y como resultó: receptivo, amable, dialogante, casi azucarado. Porque con ese tono -el repetido talante- Rodríguez Zapatero estaba levantando un acta de acusación, primero, y dictando un veredicto condenatorio, después, contra eso que se ha dado en llamar «aznarismo» -«aznaridad» según el fallecido Vázquez Moltabán- y que tiene que ver con una forma de estar en política: adusta, distante, antipática y hermética.

El líder socialista no se unió -eso sería incompatible con la militancia en su propio talante- a las increíbles y sectarias arremetidas de nacionalistas e izquierdistas contra lo que presentaron al modo de una dictadura -los ocho años de Aznar-, pero, de forma elíptica, subliminal y muy astuta, se empeñó en demostrar que sus formas y maneras no eran otra cosa que la superación del «cuatrienio negro» popular. Desde el punto de vista psicológico, la puesta en escena de Rodríguez Zapatero fue casi perfecta, porque de lo que se trataba no era tanto de inaugurar una legislatura como de enterrar la anterior en una tumba bien cavada, profunda y sellada. Estigmatizado el «aznarismo», no es improbable que a sus deudos les ocurra como a algunas viudas jóvenes: dolor intenso pero corto y nueva vida por delante.

El programa que esbozó Rodríguez Zapatero se presentó, en su inconcreción, de forma igualmente astuta y provechosa. Ni demasiados detalles para no ahuyentar apoyos tan insólitos como los de ERC, ni escasez de convicción en la limitación de sus propósitos de reforma constitucional. Justo en ese terreno entre fronteras por el que se puede transitar sin aposentarse en ninguno de los dos lados. Los republicanos catalanes y los nacionalistas vascos siempre podrán echar su cuarto a espadas si se abre el Título II de la Carta Magna a propósito de la sucesión en la Jefatura del Estado -magnífica ocasión para cuestionar, de paso, la forma monárquica- y hacer lo propio con la apertura del Título VIII, que pretende incluir nominativamente las diecisiete Comunidades Autónomas y las dos ciudades autónomas. ¿Alguien puede suponer que ERC y PNV no pondrán sobre la mesa los Países Catalanes y Euskalherria? Pero, al mismo tiempo, ¿quién puede negarse a la igualdad de la mujer en la sucesión real y a la definición nominativa de las Autonomías? En principio, nadie. ¿Quién puede evitar que a través de esos debates se infiltren intereses que los sobrepasen? Es de temer que ni el propio Rodríguez Zapatero, al que, sin embargo, puede interesar en la representación ideológica que ostenta, aspirar a una «segunda transición» que en esta legislatura -se perfila breve- esparza la semilla de una operación constituyente futura en la que las opciones de la izquierda en 1978 -Estado unitario autonómico, forma monárquica y aconfesionalidad- sean ahora las que entonces no fueron posibles -federalismo, laicismo y república-.

Este aserto no es una desproporción analítica, sino una deducción repleta de lógica, porque la privatización de las convicciones religiosas, el cuestionamiento del modelo territorial nacional y la coyuntura controvertida por la que atraviesa la Corona aconsejarían, si se pretenden preservar, no abrir, ni siquiera entreabrir, aquellos títulos constitucionales que los institucionalizan. Y éste es, creo, el trasfondo de un discurso que nos enfrenta a muchas incógnitas y a un apasionante y arriesgado debate político, social y económico.

ANTE LAS DERIVAS INDEPENDENTISTAS
Prodi recuerda que planes separatistas como el de Ibarretxe dejarán a las regiones fuera de la UE
El presidente de la Comisión Europea ha advertido de que las regiones que dejaran de pertenecer a un país comunitario y se convirtieran en un Estado independiente dejarán de formar parte de la Unión Europea. El ordenamiento comunitario es explícito en este sentido y Prodi ha recordado que el territorio independiente pasaría automáticamente a ser considerado un tercer país con respecto a la UE y los Tratados comunitarios dejarían de ser de aplicación.
EFE Libertad Digital   18Abril 2004

En una respuesta escrita a la pregunta de la eurodiputada galesa del partido de los Socialistas Europeos, Eluned Morgan, Prodi explicó que el territorio independiente pasaría automáticamente a ser considerado un tercer país con respecto a la UE y los Tratados comunitarios dejarían de ser de aplicación. "Cuando una parte del territorio de un Estado miembro dejara de pertenecer el Estado en cuestión, por ejemplo porque se convirtiera en un país independiente, los Tratados cesarían de aplicarse en ese territorio", señaló el presidente de la Comisión.

Según Prodi, "en otras palabras, la nueva región, por el hecho de su independencia, se convertiría en un tercer país en relación a la UE y, desde ese mismo momento, los Tratados comunitarios dejarían de ser de aplicación". El presidente del Ejecutivo comunitario señaló asimismo que la región en cuestión tendría la posibilidad de solicitar la adhesión a la UE, mediante el procedimiento habitual para la admisión de nuevos Estados miembros.

La aceptación exigiría un acuerdo unánime de los países comunitarios y la ratificación de todos los Parlamentos nacionales, añadió Prodi. "Una solicitud de este tipo requiere, en caso de ser aceptada de manera unánime por el Consejo, una negociación o acuerdo entre el país solicitante y los Estados miembros sobre las condiciones de admisión y los ajustes en los Tratados que derivaran de la misma".

En su pregunta, la eurodiputada interrogaba a la Comisión sobre qué ocurría si un Estado miembro se dividiera, por haber alcanzado una región la independencia de forma democrática. Morgan presentó el pasado 10 de marzo otra pregunta en la que pide al Ejecutivo comunitario que explique qué pasaría con la financiación que la UE hubiera acordado para este tipo de regiones, cuestión que todavía no ha sido respondida.

Poner el contador a cero
JESÚS EGUIGUREN/PRESIDENTE DEL PSE-EE El Correo  18Abril 2004

Recientemente, el PNV, por boca de su presidente, Josu Jon Imaz, ha invitado a los socialistas vascos a «poner el contador a cero», para iniciar una verdadera política de diálogo. Una invitación realmente sorprendente viniendo de quienes tienen su propio contador sobrecargado de presupuestos ideológicos intocables; razón por la cual no está de más preguntarse por el significado exacto de la oferta nacionalista, que, al menos en su literalidad, me parece aceptable.

Porque, en efecto, sólo con el folio en blanco es posible retomar el contacto entre los partidos vascos que hace ya muchos años hemos perdido. Y ese folio en blanco que nos permita recuperar las relaciones perdidas no equivale a instalarnos en el vacío, sino en un cierto punto de partida razonable. Para los socialistas vascos, poner el contador a cero para iniciar una verdadera política de diálogo sería volver al Estatuto, que es lo que ahora mismo tenemos, y, desde esa base, estudiar la posibilidad de su reforma, en el marco de la Constitución y por la vía del consenso.

Ésa es la oferta de mano tendida al PNV lanzada recientemente por el Partido Socialista de Euskadi, en sintonía con las experiencias de otras comunidades autónomas de España (como Andalucía y Cataluña), tantas veces citadas como ejemplo por el nacionalismo gobernante. Porque, decididas a llevar a cabo la reforma de sus estatutos, lo han querido hacer de una manera sensata: por los cauces legalmente establecidos y siguiendo el método del acuerdo entre fuerzas políticas, lo que excluye cualquier tentación de unilateralidad.

Pero el PNV ha rechazado el diálogo que se le ofrece, porque su estrategia no está basada en entenderse con el Partido Socialista, sino en reforzar y hegemonizar el frente nacionalista, absorbiendo, por un lado, a su escisión (EA); y, por otro, tratando de llevarse a su molino electoral el voto de la ilegalizada Batasuna. Por eso, mantiene contra viento y marea el plan Ibarretxe, que hace imposible el entendimiento. Entre otras razones, porque ni siquiera suscita el consenso de los socios de Gobierno; y, además, porque parte de unos principios que son en sí mismos inasumibles.

Un plan que, según admite el propio consejero Madrazo, consagra dos categorías de vascos en función de su ciudadanía o nacionalidad no es en modo alguno una propuesta para favorecer un acuerdo entre vascos, sino para hacer posible que una parte del país se imponga sobre la otra. Lo acaba de dejar muy claro, con la franqueza que la caracteriza, la presidenta de EA, Begoña Errazti, quien manifestó el pasado día 4, refiriéndose a la trascendencia del proyecto de nuevo Estatuto: «Estamos en un proceso que, si no se trunca, necesariamente ha de ser de avance soberanista».

Y esta pretensión de fondo, la de avanzar en un proyecto soberanista no asumido por buena parte de la sociedad vasca, es la que impide que los partidos excluidos desde el principio de este plan de nacionalistas y para nacionalistas podamos introducir reformas que vayan más allá de algunos pocos arreglos cosméticos. No es cierto, por tanto, que, como afirma el lehendakari Ibarretxe, su propuesta pueda ser modificada en el debate parlamentario «desde la primera hasta la última coma», al menos en todo aquello que guarde relación con determinados principios no compartidos (soberanía, autodeterminación, 'pueblo vasco' en su sentido etnicista, etcétera), pero que para el nacionalismo son irrenunciables.

Y no es cierto, por la misma razón, que el PNV sea partidario de un diálogo sin condiciones, como proclama diariamente a través de sus máximos dirigentes. Ha bastado que el Partido Socialista de Euskadi avance una oferta de diálogo tendente a superar el estancamiento de la política vasca y encontrar vías de aproximación y de encuentro, para que el PNV nos haga ver que dialogar con él exige cumplir un sinnúmero de requisitos: aceptar, entre otras cosas, su concepto de nación, su modo de entender «la voluntad de la sociedad vasca» o su noción romántica y milenaria de 'pueblo vasco'.

Es decir, que para empezar a hablar con los del «diálogo sin condiciones», hay que aceptar de entrada los presupuestos ideológicos, nacionalistas, en que se basa el plan Ibarretxe. Porque, según parece, «poner el contador a cero» para salir al encuentro del otro, no es una virtud que le guste practicar al PNV.
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