AGLI

Recortes de Prensa     Jueves 6 Mayo 2004
Lo de Cataluña
Amando de Miguel Libertad Digital 6 Mayo 2004

LA VERDAD COMO CASTIGO
Ignacio CAMACHO ABC 6 Mayo 2004

LA GRAN PRUEBA
César Alonso DE LOS RÍOS ABC 6 Mayo 2004

Mezquitas y terrorismo
Andrés Montero Gómez La Razón  6 Mayo 2004

CUANDO VOTAN LOS MUERTOS
Jaime CAMPMANY ABC 6 Mayo 2004

El racismo no existe
Carlos Semprún Maura Libertad Digital  6 Mayo 2004

Agresión al pluralismo
Editorial La Razón  6 Mayo 2004

Sectarismo
Francisco Marhuenda La Razón  6 Mayo 2004

Retirar el envite
Editorial El Ideal Gallego 6 Mayo 2004

EL PRECIO DE LA NEGLIGENCIA
Florentino PORTERO ABC 6 Mayo 2004

Europa y el terrorismo
Alejandro Muñoz¬Alonso La Razón  6 Mayo 2004

¿Sobrevivirá la Investigación a la Intoxicación
EDITORIAL Libertad Digital  6 Mayo 2004

NINGUNA PREGUNTA SIN RESPUESTA
Editorial ABC 6 Mayo 2004

El Rey, el Ejército y las Vascongadas
Lorenzo Contreras Estrella Digital 6 Mayo 2004

Terrorismos
José Javaloyes Estrella Digital 6 Mayo 2004

Paul Bremer no podrá ser McArthur
Ramón Tamames
Estrella Digital 6 Mayo 2004

La Generalitat hizo una lista negra de periodistas críticos
Tate Santaeulària La Razón  6 Mayo 2004

El diario ABC y la exclusiva de la SER dejan en evidencia las filtraciones a El País del 11-M
Libertad Digital 6 Mayo 2004

El Supremo prohíbe a los ayuntamientos vascos pagar los entierros de los etarras
F. Velasco La Razón  6 Mayo 2004
 

Errores y erratas
Lo de Cataluña
Amando de Miguel Libertad Digital 6 Mayo 2004

Lo de Cataluña no tiene fin ni remedio. Si tuviera que contestar a toda la correspondencia que me llega, necesitaría todo el espacio de Libertad Digital . Hace unos días estuve en Barcelona con los de la prestigiosa Sociedad Cervantina (Acción Cultural Miguel de Cervantes) fungiendo de conferenciante, como dicen ellos, tan finos. La ocasión era el prestigioso premio Dulcinea que me habían otorgado y les di una charleta sobre mi último libro (Sancho Panza lee el Quijote). Pero al final tuvimos un resopón hasta las tantas hablando de lo que les inquieta: la dramática situación de la enseñanza del castellano y en castellano. ¿No podrían poner un Instituto Cervantes en Barcelona, como lo hay en Pekín o en Moscú? Hagan algo los del PP; de lo contrario se potenciará en Cataluña un partido de los que se sienten, ante todo, españoles. No es un sentimiento raro. En Zamora o en Madrid muchos nos sentimos también españoles, por encima de otras identificaciones.

Me escribe Albert Canudas, de Mataró. Me reprocha que yo “considere un disparate” el detalle de que José Antonio Durán leyera un poema en catalán como colofón de su intervención en el debate de investidura de Zapatero. No dije que fuera un disparate. Fue más bien una falta de tacto, pues estaba defendiendo a los discapacitados, y los sordos se quedaron a verlas venir con la lectura del poema en catalán. Simplemente, el traductor para sordos no sabía catalán y se quedó parado. Parece razonable que en el Congreso de los Diputados se utilice exclusivamente el español por dos potísimas razones: (1) Es la única lengua oficial en toda España. (2) Es la única lengua que hablan y entienden todos los diputados y todos los españoles.

Otra reprimenda que recibo de don Albert es que, al enunciar los idiomas españoles menciono el catalán y el valenciano. Pero ¿cómo? ¿es que yo no sé que el valenciano es un dialecto del catalán? Mire usted, don Albert, pónganse de acuerdo valencianos, baleáricos y catalanes para organizar una Academia de la Lengua. Dios me libre de afirmar que el valenciano es la misma lengua que el catalán. Francamente, es lo que a mí me parece, pero, si digo tal cosa, mi ordenador se atascará con los “emilis” de los valencianos. Mi intención no es la de “fragmentar” el idioma catalán, como me acusa don Albert. ¿Qué autoridad tengo yo para fragmentar una lengua? Respecto a la mía, si un argentino quiere llamarla argentina y no española, allá él. No me voy a incomodar. Algo les pasa a los catalanes respecto a su lengua. Los veo alterados.

Un catalán, con el pseudónimo de VMarion duda de que el castellano esté en peligro en Cataluña. Argumenta: “Todos en Catalunya sabemos hablar el castellano y sin necesidad de aprenderlo especialmente”. ¡Qué listos! Pues yo sigo aprendiéndolo. El castellano es para ustedes la lengua de comunicación (no tienen otra). Por tanto, deberían aprenderla todos en la escuela, no solo en la calle.

Son innúmeros los corresponsales que me censuran la voz “castellanoparlante”, pero a mí me gusta más que “castellanohablante”. La ventaja del castellano es que puedo decir indistintamente “parlante” o “hablante”. Esa vacilación léxica es una bendición. Así que, a pesar de su amable consejo, don Manuel Fuentes Susías, de Tomelloso (Ciudad Real), seguiré prefiriendo “castellanoparlante”. Ese sonido oha de “castellanohablante” no me gusta nada, no sabría decirle por qué. Quizá es que prefiera parlar que fabular (de donde “hablar”). Sí, ya sé, que se dice despectivamente parlanchín, pero no menos desprecio se concede a las habladurías, al bla-bla-blá.

LA VERDAD COMO CASTIGO
Por Ignacio CAMACHO ABC 6 Mayo 2004

LA democracia, en cuanto régimen de opinión pública, es un sistema de transparencia moral incompatible con ninguna clase de miedo a la verdad. El carácter terapéutico de la mentira, defendido con cinismo por una escuela pragmática de raíces maquiavelianas, carece de sentido en unas sociedades modernas que han hecho de las tecnologías de la información su principal rasgo de desarrollo. El contrato democrático entre electores y elegidos se basa en un depósito de confianza que sólo puede sostenerse desde la honestidad, la veracidad y la coherencia, de tal modo que, aunque quepa admitir la existencia de ciertos secretos de Estado necesarios para la preservación de la seguridad nacional, estos han de ser restringidos a la mínima expresión y jamás utilizados para la cobertura de intereses particulares o sectarios.

Los atentados del 11 de marzo en Madrid, con su macabra y devastadora secuela de casi 200 muertos y 1.500 heridos, pertenecen a esa clase de acontecimientos cruciales sobre los que una nación tiene el derecho de conocer toda la verdad, y los responsables públicos el deber de averiguarla y hacerla saber. Casi dos meses después de aquella jornada tan trágica como decisiva, el número de incógnitas, dudas razonables, puntos oscuros y enigmas que rodean los hechos y sus circunstancias es mucho mayor que el de las certezas, y la información que se conoce a cuentagotas, salpicada en los medios de comunicación y entreverada de intoxicaciones, contribuye mucho más a incrementar los primeros que a despejar las segundas.

Toda la urgencia que sacudía a quienes, en las horas previas a las elecciones del 14 de marzo, gritaban aquello de «queremos votar sabiendo la verdad», parece haber desaparecido de la escena pública una vez sustanciada la alternativa de poder. Somos muchos los españoles, sin embargo, que seguimos queriendo saber la verdad después de haber votado, y que no nos conformamos con las migajas inconexas que se nos suministran desde los centros de decisión, ante la manifiesta debilidad de algunas versiones y la mínima consistencia de ciertos argumentos.

Aunque los políticos en ejercicio tienden casi por inercia a encastillarse en el tópico de que lo urgente es mirar hacia el futuro, en aquellos convulsos tres días de marzo ocurrieron en España demasiadas cosas, y demasiado trágicas, para que acaben sepultadas bajo confusos mantos de conveniencia y olvido. Un olvido que ofendería, en primer lugar, la memoria de las víctimas, y que, en segundo término, supondría despreciar la capacidad de una sociedad democrática para analizarse a sí misma y enfrentarse, si es menester, a sus peores demonios colectivos.

La ciudadanía española tiene derecho, y también obligación, de saber qué pasó entre el 11 y el 14 de marzo. Por qué el Gobierno en funciones se aferró a la tesis de la autoría de ETA y la mantuvo pese al crecimiento abrumador de los indicios. Por qué o con qué argumentos objetivos se asentó esa tesis falsa en los cuerpos policiales y de información encargados de las pesquisas inmediatas a los atentados. Por qué ciertos círculos políticos y medios de comunicación dispusieron de información paralela a la del Gobierno, y con qué intención y por quiénes les fue suministrada. Cómo se llevó a cabo la investigación en los momentos posteriores a la tragedia, cómo se pudo confundir en la inspección sobre el terreno el tipo de explosivo utilizado -una pista esencial para especular sobre la autoría-, por qué se destruyeron algunas mochilas bomba y se salvó otra, quién tomó las decisiones clave en esos instantes de enorme tensión. Qué papel desempeñaban en la trama de los islamistas detenidos algunos confidentes de los cuerpos de seguridad, qué clase de vigilancia se ejercía sobre elementos sospechosos de cuyas andanzas tenían constancia diferentes policías europeas, qué medidas se habían tomado para prevenir un ataque integrista musulmán a la vista de su creciente actividad en España, detectada por varios jueces de la Audiencia Nacional. Y en qué circunstancias se produjo el suicidio colectivo de los presuntos responsables de la célula terrorista, en el célebre piso de Leganés, con cuya voladura se cerró, prácticamente, cualquier posibilidad de conocer los detalles del atentado.

Todas estas cuestiones, y muchas más, han dejado en la opinión pública española una patente sensación de duda, una insatisfecha suspicacia, un razonable recelo. La pesquisa judicial deberá aclarar los aspectos relacionados con la responsabilidad criminal del ataque, pero existe una zona de sombra sobre la que sólo las instituciones políticas pueden arrojar la luz imprescindible.

En democracia, las zonas tenebrosas casi siempre se corresponden con ese ámbito lúgubre y sombrío que alguien definió como las cloacas del Estado. Un espacio opaco a la legalidad en el que se mueven especialistas en manejos turbios cuyo trabajo, a veces imprescindible para la seguridad general, se confunde en otras ocasiones con el de los delincuentes con los que entablan una proximidad demasiado permeable. El papel de esos elementos en torno al 11-M -antes, durante y después de las bombas- debe ser investigado y esclarecido, al igual que la actuación de todas y cada una de las fuerzas e instituciones políticas y sociales que participaron en la enorme convulsión desencadenada por la masacre. Las elecciones del 14 depuraron la responsabilidad política por la gestión manifiestamente incompetente de la información de la matanza, pero existen otras responsabilidades cuyo alcance sólo puede determinar una investigación en tiempo y forma.

En España, descartado el modelo anglosajón de comisión independiente que acaso sería en esta ocasión el más indicado, la única fórmula posible para alcanzar el grado más aproximado de verdad disponible es la comisión parlamentaria de investigación que, a diferencia de las comisiones de estudio, dispone de capacidad imperativa de comparecencia y de la potestad de emitir conclusiones. El riesgo de que esa comisión acabe como correlato de la mecánica parlamentaria, tiñendo de apriorismos partidistas sus posibles resoluciones, es mal menor ante la necesidad de habilitar un mecanismo capaz de provocar la catarsis pendiente desde la mañana en que estallaron los trenes de la muerte.

Ése es el único camino. Tiene el riesgo de propiciar un linchamiento del Gobierno saliente, de abrasar de sospecha al Gobierno entrante o de poner eventualmente en solfa a responsables de las fuerzas de seguridad. La investigación es una caja de Pandora que acaso ya no pueda cerrarse una vez abierta, y que puede desembocar ante un espejo de miserias en el que sea difícil reconocer la imagen de un sistema democrático sólido. Pero la alternativa es la ignorancia voluntaria, los ojos cerrados, la venda en la conciencia. La alternativa es creer por conveniencia que unos desharrapados delincuentes de poca monta provocaron sin que nadie les estorbara la mayor matanza terrorista de Europa y cambiaron por su cuenta el signo de la Historia de España.

Por eso, y por los 200 muertos, es menester saber pase lo que pase. Caiga quien caiga. A sabiendas, incluso de que, como dijo el clásico, quienes buscan la verdad merecen el castigo de encontrarla.

LA GRAN PRUEBA
Por César Alonso DE LOS RÍOS ABC 6 Mayo 2004

EL 11 de Marzo alguien rompió las bases de la democracia con una masacre; alguien irrumpió en el mercado de las voluntades ciudadanas; alguien determinó el resultado electoral. Es posible que los socialistas se pongan las manos sobre los ojos, a modo de visera, para que no les deslumbre la luz que viene de aquella terrible mañana del día 11 de Marzo o que, incluso, prefieran taparse los ojos. También es posible que la dirección del PP -el Gobierno anterior y sus equipos- estén asustados ante la gravedad del compromiso que tienen con la ciudadanía en general y con su electorado en particular.

En esta situación surge la iniciativa de una comisión parlamentaria. Al PSOE no le gusta la idea por una razón comprensible: no quieren que se les recuerde en qué circunstancias Zapatero subió al poder. A la dirección del PP tampoco le gusta reconocer que la trama criminal se produjo cuando ellos estaban en el poder y que ello supone que o no supieron o no pudieron detectar el peligro del fundamentalismo islámico. Es cierto que los únicos que hablaban del terrorismo islámico eran los «populares» y que desde la izquierda se interpretaba este hecho como una actitud defensiva de la derecha. Se le achacaba a ésta su proclividad a las tesis del choque de las civilizaciones.

Pero todas estas reservas en relación con la creación de una comisión parlamentaria representan un problema para los partidos, pero no exactamente para la sociedad. Ésta, y más concretamente el electorado del PP, necesita saber la verdad, exige la elucidación de los hechos y es partidaria de todo tipo de comisiones que puedan aportar alguna luz, sea agradable o no para «su» partido. Porque los militantes y votantes del PP han vivido una tragedia humana y política, y necesitan saber la verdad aun cuando el conocimiento suponga más tragedia.

¿PUEDEN los partidos defraudar estas aspiraciones? ¿Puede el PP dejar el asunto en manos de policías y jueces cuando se trata de cuestiones que no tienen que ver con responsabilidad penales?

Entiendo que el PP vea con recelo la creación de una comisión, habida cuenta la composición del Parlamento. Rajoy et alli son conscientes de que, como sucedió en la sesión de investidura de Zapatero, van a tener a «todos» en contra del PP. Son conscientes también de que en este caso, al desprestigio de las comisiones parlamentarias desde el punto de vista de la investigación, se va a sumar la «coherencia» de todos los socios del PSOE. Temen con razón que la comisión va a ser un altavoz para Rubalcaba, que la voz de éste se va a multiplicar por siete, ya que desde Puigcercós a Labordeta «todos» repetirán las consignas de aquél mientras la voz del PP va a ser una sola.

Temen que la comisión se convierta en una ratonera para ellos. Pero, ¿les cabe otra opción?

EL PP no puede defraudar las exigencias que vienen de la calle. Tendrá, eso sí, que cambiar de actitud. Tendrá que ponerse guerrero. Tendrá que estar a la altura del dolor de las gentes y de las ansias de conocer la verdad que sienten los ciudadanos. Sencillamente ser el partido en el que creen los suyos y comportarse como tal. La moral de millones de ciudadanos está por los suelos. Me refiero a la desmoralización. Están desmoralizados porque ven cómo campea la inmoralidad.

Es la gran prueba para Rajoy.

Mezquitas y terrorismo
Andrés Montero Gómez es escritor La Razón  6 Mayo 2004

Conocer el contenido de los sermones de las mezquitas. Propuesta del ministro del Interior, secundada por el ministro de Exteriores y medio aplaudida por Moncloa. Bienintencionada aunque también desenfocada. El objetivo sería prevenir el terrorismo.

Las asociaciones que agrupan el culto islámico oficialista en España se han malquistado enseguida con la iniciativa. Los sindicados de los trabajadores de mayoría magrebí, ATIME, expresan su acogida favorable, a expensas de estudio pormenorizado. De hecho, la proposición de alguna manera incurre en la misma idea que aquella originalmente promovida por ATIME de organizar un consejo del culto musulmán, que visualizara y armonizara mezquitas y asociaciones islámicas a fin de detectar, tempranamente, radicalismos.

La propuesta más sensata de todo este «brain storming» parece ser la sugerida por ATIME. Y lo es porque incide en la normalización del culto islámico, lejos de un control más o menos intimidatorio. Ocurre que la insinuación de fiscalizar de antemano el discurso de los imanes en las mezquitas a lo largo y ancho del territorio es no sólo inviable sino también innecesario. Y hasta desaconsejable.

Es inviable, ya que, por mucho que los imanes accedieran a presentar sus disertaciones por escrito ante un pretendido comité de lectores, que asegurara la inocuidad de las palabras del clérigo, lo contado posteriormente en la mezquita puede variar sustancialmente. Además de que el atasco que se produciría en el comité de lectura en una semana sería prohibitivo. Eso sin contar con que una de las funciones del imán, aparte de dirigir el rezo colectivo, es desgranar cuestiones de contenido social tamizadas por el prisma de la moral de su religión. Igual que puede hacer el sacerdote católico en su sermón antes de la eucaristía. Imaginemos la dificultad, por no decir la dudosa constitucionalidad, de que el clérigo musulmán se atenga a un guión en que no quepa la improvisación del momento.

Es innecesario habida cuenta de que, para prevenir la radicalización de un mensaje que aglutine yihadistas del integrismo islámico, existen vías alternativas menos chuscas. Algunos han criticado la conformación de un Consejo Nacional del Culto Islámico, a espejo del francés, porque el galo, al parecer, es inoperante.

Curiosamente, esas murmuraciones anticonsejo proceden del sector asociacionista que ya agrupa a los colectivos islámicos y mezquitas más o menos oficiales o registradas. Ese sector asociacionista gira alrededor de un par de federaciones, la Unión de Comunidades Islámicas y la Federación de Entidades Religiosas Islámicas. Ambas están escamadas sobre la cuota de poder que tendrían que ceder ante una eventual constitución del Consejo Nacional del Culto que postula ATIME. Ante las discrepancias sectoriales, no creamos que hay mucho más detrás. Reparto de poder. Dicen que el proyecto de consejo nacional islámico no tiene cabida porque en España las asociaciones y mezquitas ya están registradas. Sí, pero no todas. Y cada una en un sitio. Existe un registro de cultos en el Ministerio de Justicia, otro de asociaciones en Interior y, después, decenas de ellos en comunidades autónomas y corporaciones locales. La dispersión, aparte dificultad, por ejemplo, de conocer de una vez cuántas asociaciones de culto islámico están implantadas en España, confiere al panorama musulmán en nuestro país un runrún de desunión.

Precisamente, desunión, fragmentación y guerracivilismo son la principal variante táctica que emplea el salafismo para infiltrarse en las sociedades, tanto de base islámica como de base cristiana con musulmanes integrados. El salafismo, que es el torrente doctrinal elegido por el terrorismo integrista. Pues bien, lo juicioso es combinar el registro, como mecanismo, con el Consejo, como aglutinante con poderes de normalización. La clave es la normalización para la integración. Y la integración casa mal con la sospecha preventiva. Porque la comunidad islámica no es nociva en sí misma, sino potencialmente riesgosa debido a su infiltración por elementos salafistas y radicales proclives a la violencia y a la bomba.

Instituir un consejo nacional islámico con un registro de asociaciones y mezquitas. De eso se trata. El consejo protegería el culto. A los musulmanes no conviene equivocarlos. Es la comunidad islámica la primera que necesita proteger su discurso de parásitos oportunistas como el integrismo salafista.

De esta manera, conciliando los intereses de las distintas sensibilidades religiosas del islam, la composición de un consejo nacional con vínculos institucionales autorregularía el discurso divulgado en las mezquitas. Conseguiría en paralelo una visualización de los líderes religiosos, una armonización de sus prácticas en el marco de un culto respetuoso con la normalidad democrática, como cualquier otro, y un punto de contacto privilegiado de la administración pública con los representantes de la opción religiosa de una porción cada vez más nutrida de nuestra sociedad.

Y finalmente, el control del sermoneo es desaconsejable. Al menos el control como lo exterioriza el ministro. La incitación desde el púlpito, por muy religioso que sea, de conductas que vulneren o coaccionen las normas de convivencia, la ley o, siquiera tangencialmente, los derechos humanos, es inadmisible. En una sociedad democrática, el primer referente de integración de cualquier culto es el texto de los derechos humanos. Después, en España, la Constitución. En esta tesitura, las democracias, sobre todo la nuestra, deberían acostumbrarse a transitar el camino de la respuesta firme desprovista de complejos.

La ilegalización de Batasuna, por ejemplo, fue un primer paso para desterrar púlpitos donde se vertían lenguajes de asesinato. Sin embargo, la manera no es la censura preventiva sobre los sermones. Porque, sencillamente, se instituiría un mercado negro del sermón en las cuencas de la marginalidad y la inquina. Dejémonos de complejos. Si sabemos que el adoctrinamiento para el lavado de cerebro del terrorismo integrista islámico procede del salafismo, el salafismo es la amenaza. En tanto amenaza, los aparatos de seguridad de las naciones que han elegido la democracia tienen perfecto derecho a activar medidas de protección. Tales medidas de protección regidas por el imperio de la ley y por la eficiencia. Es de dudosa constitucionalidad la criba de los sermones.

Eficiente lo es escasamente. Sin embargo, la autorregulación del culto islámico, que es la alternativa, tampoco puede obviar el papel que las instituciones tienen de salvaguarda del bienestar público. Por tanto, considerando que la amenaza del integrismo es un parásito del islamismo que intimida a la sociedad con terrorismo, las autoridades públicas deben aplicar un mecanismo de observación legal, pero óptimo en la prevención del delito. Ya hemos comentado que, ante el terrorismo global, son los medios de inteligencia los dotados de mayor potencial preventivo. Los instrumentos de los servicios de inteligencia sometidos a los preceptivos controles y equilibrios democráticos son, además, perfectamente respetuosos con los derechos fundamentales.

No es necesario poner grabadoras debajo de los púlpitos, porque es ilegal y probablemente ningún juez lo autorizaría que fuera sin indicios de actividad criminal. Sin embargo, entre la alternativa a la grabadora y la fiscalización de los sermones todavía existe espacio para la imaginación, imaginación legal. Capacidades adecuadas de obtención de información y análisis de inteligencia para detectar la amenaza y desactivar sus manejos. Consejo islámico para visibilizar y normalizar a una comunidad musulmana integrada en la democracia. ¿O es que no tenemos una Conferencia Episcopal católica?

CUANDO VOTAN LOS MUERTOS
Por Jaime CAMPMANY ABC 6 Mayo 2004

LOS socialistas, representados -¿cómo no?- por ese híbrido de Maquiavelo, Fouché y Guzmán de Alfarache que se llama Alfredo Pérez Rubalcaba, tienen convencidos a comunistas y republicanos separatistas de Cataluña para que no soliciten una Comisión de Investigación sobre el 11 de Marzo. ¿Qué cloacas policiales o políticas trata de tapar o de esconder la acreditada habilidad maniobrera de Rubalcaba?

Y sin embargo, cada día que pasa se hace más necesaria y urgente esa investigación, sobre todo después de las últimas informaciones aparecidas, cada una de ellas encaminada por derroteros diferentes y seguramente opuestos. Y mucho más cuando acaba de saltar a la opinión pública un relato estremecedor que cuenta cómo la noche del 11-M cenaban en un restaurante de El Plantío algunos miembros del Partido Socialista, entre ellos el nunca bien ponderado Rubalcaba, quien en el transcurso de la cena recibió la llamada telefónica de una persona del mundo de la justicia. El interlocutor o interlocutora le confirmó que la autoría de la matanza de las estaciones de Madrid era obra de terroristas islámicos. Pidió Rubalcaba una botella de champán y brindó porque «vamos a ganar las elecciones». Los muertos estaban todavía calientes, pero Rubalcaba ya sabía por quién iban a votar.

Si la información es cierta, la apasionante investigación del 11-M debe continuar en los episodios del 12 y del 13, cuando socialistas y comunistas en unión preparan los asaltos y asedios a las sedes del Partido Popular, las manifestaciones, las pancartas con acusaciones terribles, los gritos de «¡asesinos!» al Gobierno y al PP y la violación continuada y organizada («espontánea», insistían machaconamente en la Ser) de la jornada de reflexión, convertida en jornada de asalto y de algarada.

Los sucesos de esos tres días de marzo deben ser investigados, no sólo por los jueces, sino en el Parlamento. Lo que no se comprende bien es cómo, de qué y por qué el Partido Popular no pidió desde el primer momento y no ha pedido hasta ahora una comisión investigadora sobre unos sucesos que además de causar nada menos que doscientos muertos y mil heridos tuvo consecuencias políticas tan importantes y provocó la celebración de unas elecciones generales bajo el signo del terror y entre acusaciones muy graves.

Mientras los jueces indagan las responsabilidades de la autoría, la inducción, la complicidad, el encubrimiento del hecho criminal, es urgente abrir una investigación de los aspectos políticos de la terrible masacre y de su macabro aprovechamiento electoral. Al pueblo le interesa que se haga justicia, independientemente de que esa justicia descargue sobre un sujeto llamado Mohamed, Alí o Hassán. Pero debe conocer sin más tapujos ni más dilaciones quién hizo votar el día 14-M a los cadáveres del día 11. ¿Quién jugó políticamente con los muertos? Eso se debe indagar, caiga quien caiga, y que cada palo aguante su vela.

Carta de París
El racismo no existe
Carlos Semprún Maura Libertad Digital  6 Mayo 2004

La profanación de 125 tumbas en un pequeño cementerio judío en Alsacia, con pintadas y consignas abiertamente nazis, escritas en alemán –lo cual nada tiene de extraño, ya que el alemán es la lengua materna de los alsacianos, aunque el francés no esté tan perseguido allí como el español en Cataluña– ha dado actualidad a la cuestión del antisemitismo en Francia. Las autoridades y la prensa han declarado que esa barbaridad sólo podía haberla realizado un grupo de extrema derecha con nostalgias nazis. Yo no estoy seguro, aunque –cuando grupos de extrema izquierda se manifiestan con gritos de “¡Mueran los judíos!” “¡Los judíos a Auschwitz!” y cada vez más abiertamente se proclama que Hitler tenía razón– todo es posible.

Prácticamente al mismo tiempo, en el Parlamento, diputados socialistas increparon a Nicolas Sarkosy sobre su reciente viaje a los USA, exigiendo que explicara qué vela se le había perdido en ese entierro y si no pretendía sabotear la magnífica política antiyanqui de Chirac. El ex ministro de Interior, dijo que había sido invitado por asociaciones judías, el famoso “lobby judío” norteamericano, para felicitarle por las primeras medidas que había decidido para luchar contra el antisemitismo en Francia. Y Sarkosy añadió que eso, evidentemente, no habría podido ocurrir con su antecesor el ministro socialista Daniel Vaillant, porque el Gobierno Jospin había logrado dar al mundo entero la imagen de una Francia antisemita. Como era de esperar, los diputados socialistas tuvieron un ataque de epilepsia y huyeron del hemiciclo.

La verdad, a mi modo de ver, es que el Gobierno Jospin, y el PS, sin ser antisemitas, decidieron que les sería políticamente más rentable negar el problema y declararon que no había motivos para tomar medidas contra el antisemitismo, ya que éste no existía. Pues hace años que el antisemitismo existe, crece, y a veces domina, en los colegios y liceos, en muchas barriadas “difíciles”, se expresa violentamente en las manifestaciones antiimperialistas o antimundialistas (es lo mismo), por Internet, etcétera. Evidentemente que Israel, y Sharon personalmente, desempeñan un papel, pero más bien como coartadas propagandísticas al viejo y pujante racismo. Lo relativamente nuevo es que el antisemitismo hoy se expresa de forma mucho más virulenta en los grupos de extrema izquierda, y eso nadie quiere tenerlo en cuenta, ni el PS, ni el Gobierno.

Ahora bien, que Raffarin y sus ministros hablen del problema cuado el de Jospin lo ocultaba, no quiere decir gran cosa. Por ahora, sólo se trata de conversaciones de puerta de tierra. Ninguna agresión contra sinagogas, centros culturales, comercios y personas judías ha sido sancionada ante los tribunales. Habiendo ejercido durante tantos años la política del avestruz, suprimir el antisemitismo por decreto, es imposible, limitarlo es problemático, no pueden condenarse delitos de opinión, únicamente actos terroristas o ilegales. Si este Gobierno tiene el merito de hablar del problema, y no ocultarlo, eso no basta. Cuando tienes el agua al cuello, que te ofrezcan un café, para animarte, es inútil.

Agresión al pluralismo
Editorial La Razón  6 Mayo 2004

El Gobierno autónomo catalán «examina» los medios de comunicación y los divide en afines o críticos en un insólito informe del que nadie quiere hacerse responsable y que representa un grave atentado contra la libertad de expresión. En una muestra de un inquietante sesgo totalitario, el documento elaborado, según todos los indicios, por el departamento de Presidencia, que dirige el «conseller en cap», Josep Bargalló, define con términos despectivos y lesivos contra el honor a los directores y redactores que son críticos con el tripartito de izquierdas que gobierna la Generalitat.

Una de las preocupaciones de ERC ha sido controlar medios de comunicación que sirvieran de altavoz a sus propuestas soberanistas. En este sentido, uno de los primeros choques con los socialistas se debió al control de la política de comunicación del Gobierno catalán, que dispone de recursos multimillonarios en publicidad, subvenciones y suscripciones, y la dirección de los medios de titularidad pública como TV3 y Catalunya Ràdio. El informe propugna mecanismos para controlar los medios que no son afectos al tripartito y defiende la necesidad de «democratizar» esas redacciones para que dejen de ser críticas. A los insultos y descalificaciones que vierte contra algunos periodistas, hay que añadir el análisis tendencioso que realiza su autor sobre las razones de cada medio a la hora de defender determinadas ideas políticas. Pero tampoco salen bien parados los medios próximos a ERC. El anónimo redactor del informe los despacha con un calificativo: afines.

Sectarismo
Francisco Marhuenda La Razón  6 Mayo 2004

La política está llena de cosas insólitas y torpezas descomunales que ponen de manifiesto el talante, ahora que está tan de moda, de cada partido y sus dirigentes. Un informe sobre los medios de comunicación en Cataluña elaborado por el departamento de Presidencia de la Generalitat, que dirige Bargalló, ha provocado una tormenta política. El responsable del desaguisado es el conseller en cap, ya sea por acción o por omisión. Es muy grave que se utilicen funcionarios para elaborar un documento que es una agresión sin precedentes a la libertad de expresión y que pone de manifiesto la voluntad del tripartito de controlar medios de comunicación.

Los términos que se utilizan para referirse a algunos periodistas que no son afectos al gobierno catalán de izquierdas son deleznables y ponen de manifiesto el sectarismo y rencor de algunos dirigentes de ERC. Una de sus mayores preocupaciones es no controlar algún medio de comunicación para que sirva de portavoz de sus planteamientos soberanistas. El informe es un grave atentado contra la libertad de expresión y diseña la estrategia que proponen algunos dirigentes del gobierno catalán para amordazar a los que no coinciden con sus planteamientos políticos.

La existencia del gobierno catalán ha sido muy atropellada desde el primer día y cabe anunciar que provocará muchos problemas a Zapatero. Desde la reunión de Carod con los dirigentes de ETA hasta este informe sobre los medios de comunicación, la realidad objetiva es que una buena parte de las noticias que ha provocado el tripartito son malas. La dimensión de este exhaustivo informe, al margen de que no haya sido aprobado oficialmente y la responsabilidad recaiga en Bargalló y su equipo, pone de manifiesto que no estamos ante un do- cumento menor o de escasa relevancia. Los ataques que reciben algunos medios y sus periodistas muestran la estulticia e indignidad de quienes sólo quieren unos medios de comunicación que estén al servicio del poder.

Es inquietante pensar que algunos de los deseos de este informe se pueden llegar a cumplir porque la izquierda sectaria y resentida controla los medios de comunicación públicos, tanto los catalanes como los que tienen ámbito nacional, y dispone de recursos presupuestarios para asaltar a los privados que no cuentan con el favor de los independentistas. Los periodistas y medios afines al poder no salen airosos, ya que quedan retratados.

Retirar el envite
Editorial El Ideal Gallego 6 Mayo 2004

El Gobierno vasco sigue empecinado en atraer a los socialistas hacia su peculiar plan Ibarretxe. Tanto que ya ha reconocido que la votación del texto final no se producirá en septiembre, de manera que retrasan el momento definitivo, en principio, para que se pueda introducir más propuestas. Es evidente, a tenor de la legislación que en estos momentos está vigente en España, que el único destino que puede tener la propuesta del lehendakari es la de pudrirse en un cajón. Incluso, ateniéndose exclusivamente a los supuestos que incluye la iniciativa para su planteamiento y aprobación (entre otros la ausencia de violencia), ahora mismo, sólo con el debate en la cámara vasca, ya se incumple su espíritu. Pero eso poco importa a quienes se han marcado la meta de la secesión y caminan hacia ella sin molestarse en los que dejarán en su camino. El PNV buscó la confrontación con el Estado y la logró. Parece que el problema es que ahora no sabe cómo retirar su envite.

EL PRECIO DE LA NEGLIGENCIA
Por Florentino PORTERO ABC 6 Mayo 2004

La sociedad norteamericana no tolera en sus dirigentes la falta de decisión a la hora de resolver los problemas. Puede aceptar muchos sacrificios siempre que tenga claro los principios que los justifican, los objetivos últimos y el plan de acción. En las últimas semanas los ciudadanos de aquel país ven con perplejidad el errático comportamiento de su comandante en jefe y de los altos cargos del Pentágono. Si se sabía que estaban ocurriendo casos de vejaciones y torturas, ¿por qué no se actuó de inmediato aplicando la ley? Llueve sobre mojado para una opinión pública que sigue a la espera de que alguien le explique por qué no se asaltó la ciudad de Falluja, poniendo así fin a los últimos núcleos de resistencia baasista, y a qué se debió el baile de extraños nombramientos de generales leales a Sadam.

Las democracias occidentales exigen a sus autoridades militares que se comporten según sus propios valores. El requisito es aún más evidente cuando la misión es reconstruir un país y establecer un Estado de Derecho. Es sabido que en situaciones como las que se viven en Irak se puede llegar a un cierto embrutecimiento, pero no puede ser excusa para la negligencia. Esas cosas pasan, pero las autoridades no pueden quedarse de brazos cruzados, no sólo porque se trata de un delito, sino también porque al final el coste en apoyo de la propia ciudadanía, de los iraquíes y de la opinión pública internacional es muy elevado. Mientras tanto llega el clamor de autoridades y medios de comunicación vinculados a gobiernos y partidos que hacen uso cotidiano de la tortura, indignados por el escandaloso comportamiento norteamericano. Y nos olvidamos de que es un escándalo porque Estados Unidos es un Estado de Derecho donde estos temas se investigan, persiguen y, al final, llegan ante un juez. No hay excusa para la inacción de las autoridades del Pentágono y no puede haber tolerancia con quienes haciendo lo mismo se permiten el lujo de dar lecciones de ética.

Europa y el terrorismo
Alejandro Muñoz¬Alonso La Razón  6 Mayo 2004

Los países europeos están tomando una serie de medidas ¬la expulsión de imanes en Francia puede ser un buen ejemplo¬ que demuestran que los gobiernos se están tomando muy en serio la amenaza del terrorismo islamista. Lo que no consiguieron los atentados del 11 de septiembre en EE UU lo han logrado los del 11 de marzo en Madrid. En aquella ocasión la UE adoptó diversas resoluciones, muy bien concebidas, que trataban de afrontar la amenaza terrorista en todas sus facetas, pero la mayor parte de los Estados miembros no adaptaron sus legislaciones nacionales a esos textos europeos, porque seguían viendo que el terrorismo era algo que les pasaba a los otros. Cuando el Gobierno español de entonces aludía al terrorismo como una amenaza global e insistía en que todos los terrorismos son iguales, que exigían todos ellos una respuesta concertada, no acababa de convencer a los demás que pensaban que el terrorismo, el de ETA, era un problema exclusivo de España, que sólo indirectamente afectaba a los demás. Se hablaba entonces de «terrorismo internacional» como algo indefinido y remoto que solo preocupaba a los americanos, pero que para Europa era algo lejano. Y la Europa pacifista «alegre y confiada» hasta se rasgó las vestiduras cuando se empezó a hablar de «guerra contra el terrorismo».

Pero ahora, y desde el nefasto 11 de marzo, las cosas se han empezado a ver de otra manera. Ya nadie habla de «terrorismo internacional», salvo algún despistado de alto nivel, que por aquí abundan; ahora saben todos que el enemigo es el terrorismo islamista, que había declarado la guerra a Occidente, a todo el mundo occidental, corrompido y decadente según le pintan sus imanes radicales desde muchos antes atrás. El principal objetivo era y son EE UU por la obvia razón de que son la primera potencia occidental, la que representa al conjunto, mal que les pese a los antiamericanos, pero ningún país de nuestra civilización se salva de su condena. Los que estuvieron en Iraq, los que no estuvieron y los que han salido por pies de allí.

Y les guste o no a los pacifistas, España es uno de los primeros de su particular lista negra. Lo fue siempre por su pasado islámico, que ellos cuando quieren recuperar, y lo es ahora porque es el eslabón débil de la cadena. ¿Qué otra cosa van a pensar de quienes cuando son masacrados gritan «paz» en vez de clamar «castigo», «venganza», «a por ellos» o algo parecido?

¿Sobrevivirá la Investigación a la Intoxicación?
EDITORIAL Libertad Digital  6 Mayo 2004

Recordaran los lectores que los representantes del PP y el PSOE decidieron —unos por complejos, otros por querer ocultarla— permanecer en silencio y expectantes ante la línea de investigación abierta hace unas semanas por el reportaje de Fernando Múgica en el diario El Mundo, que desvelaba la manipulación mediático-política del 11-M perpetrada por Prisa y el PSOE los días posteriores a la masacre.

Por si el PP de Rajoy no tuviera ya bastantes complejos e interiorizado eso de “no crispar”, El Mundo se descolgó el pasado 21 de abril con una portada y, sobretodo, un editorial que, en lugar de hacerse eco del reportaje de Múgica, arremetía de forma tan demoledora como injusta contra el Gobierno saliente, por no haber sabido impedir el 11-M, dando así base y pie a que, una semana después, el nuevo ministro del Interior arremetiera en la misma línea contra su antecesor en el cargo en los micrófonos de La SER.

Este olvidado bandazo de El Mundo, unido a la afonía de diarios como ABC y La Razón -que nunca reclaman con contundencia la conveniencia de que el PP haga o diga algo hasta que sus representantes políticos se deciden a hacerlo— , y la aplastante superioridad de medios de los que dispone Prisa y el PSOE en el poder, creemos que reforzaron la pasividad de Rajoy y de su partido.

Rubalcaba, mientras tanto ha pedido, este mismo martes, calma a sus socios de ERC e IU, que pedían una comisión de investigación que, evidentemente, no tenía por objetivo dar eco a lo denunciado por Múgica, sino más bien, a los supuestos errores del anterior gobierno a la hora de no impedir una masacre. A esa petición de Comisión de Investigación —y con ese mismo objetivo de atacar al PP— se unía El País en un editorial este mismo martes.

Ese equilibrio inestable y esas espadas en alto han caído este miércoles, al retomar El Mundo la senda iniciada en sus mismas páginas por Fernando Múgica, y al denunciar ahora que un confidente del 11-M informaba a una unidad dirigida por un hombre de Vera. Con estos nuevos y valiosos datos que ofrece El Mundo se refuerza la tesis de que el PSOE disponía —antes que el Gobierno— de la información que apuntaba a la autoría del terrorismo islámico. Eso, junto a falsos cadáveres de terroristas inmolados, alimentó la infame manipulación de Prisa y de Rubalcaba de que el Gobierno del PP “mentía” en sus reiteradas comparecencias ante los medios de comunicación.

A su vez, la escandalosa filtración de las primeras diligencias de la investigación a El País que están —más bien, estaban— bajo secreto del sumario, deja claro que Prisa está dispuesta a repetir los días de infamia que fueron del 11 al 14M, pero ahora de cara a la comisión de investigación que ya reclaman todos los partidos. Esta filtración —calificada justamente como “gravísima” por el Consejo General del Poder Judicial— también debe, por cierto, formar parte de la investigación.

La tardía aunque espléndida intervención de este miércoles de Rajoy, pidiendo por fin una comisión de investigación, nos da esperanza de que la verdad se abra de una vez camino. Pero eso pasa porque Rajoy sea consciente de que debe llevar a cabo un ejercicio incansable de denuncia y de salir a la palestra que contrarreste el manipulador invierno mediático que ya le ha caído encima.

Ante la implacable, sistemática y constante intoxicación que le tienen preparada, lo peor que puede hacer Rajoy es mantener un perfil bajo. Las intervenciones que nos hacen reconciliarnos con él, por brillantes, no pueden permitirse el lujo de ser tan intermitentes y espaciadas en el tiempo. Más aun si no se preocupa —pues esa también forma parte de su responsabilidad— de instar a sus compañeros de partido a que cubran su retraimiento cuando considere que no le toca a él dar la batalla.

Por último, Rajoy debe ser consciente de que la más elemental coherencia de quien pide investigar una operación político-mediática como la que ha sufrido su partido entorno al 11-M, le llevará en el futuro a saber denunciar, con nombres y apellidos, a quienes la más atrevida referencia a ellos por parte del PP no ha pasado, hasta ahora, de aquel “poder fáctico fácilmente reconocible"...

NINGUNA PREGUNTA SIN RESPUESTA
Editorial ABC 6 Mayo 2004

EN la polémica sobre si era o no conveniente u oportuna la constitución de una comisión parlamentaria que investigara el 11-M, incluidas sus jornadas previas y posteriores, ABC siempre ha mantenido la convicción de que las urnas habían cumplido y los Tribunales de Justicia estaban cumpliendo las funciones depuradoras que les encomienda, respectivamente, el Estado democrático y de Derecho. Todo sistema que se basa en la voluntad popular y en el imperio de la ley debe confiar en que los procedimientos establecidos para su ejercicio asuman con plena legitimidad y sin apelación la responsabilidad de poner orden en las crisis políticas y de asegurar el castigo de los delitos. Esta percepción de los recursos de un Estado fuerte y consolidado como el español, si hubiera sido respetada con la sinceridad que se proclama, habría sido suficiente para desaconsejar la creación de la comisión parlamentaria. Pero ahora, por el desbordamiento de esos cauces abiertos por el sistema institucional, esa comisión se ha convertido en un mal necesario e inevitable.

El cúmulo de filtraciones, teorías especulativas, insidias retrospectivas, rumores no confirmados ni desmentidos, dobles lenguajes y falsedades indiscutibles es ya excesivo y está haciendo al Estado tanto daño, o más, que el que pretendidamente quieren evitar los que piden cautela para crear la comisión y a renglón seguido o bien callan por sentido de Estado, o bien atizan el fuego de la discordia, por acción directa o mediante testaferros. Lo cierto es que muchos ya llegan tarde para preocuparse por la estabilidad del Estado o por la lucha antiterrorista o por el ánimo de las Fuerzas de Seguridad del Estado o por la integridad de los servicios de información. Ya no tiene sentido negarle al Parlamento su derecho a instruir una investigación parlamentaria sobre sospechas, conjeturas e imputaciones que están siendo ofrecidas por entregas a la opinión pública y que no responden a certezas judiciales o a un ánimo catártico, sino a la interacción de intereses de muy diversa naturaleza y no todos éticamente aceptables, y alguno incluso con apariencia delictiva.

POR eso, ahora se ha hecho necesaria la intervención del Parlamento, no para suplantar a los jueces y fiscales que investigan las responsabilidades penales. La comisión parlamentaria ha de responder al designio de todas las instituciones democráticas, que le obliga a asumir las crisis políticas y llevarlas a sus últimas consecuencias, abriendo en canal la historia de una de las más trascendentales jornadas vividas por España en los últimos veinte años. Si la madurez que se presume a una democracia arraigada como la española aconsejaba hasta ayer no abrir una caja de Pandora en el Congreso de los Diputados, esa misma madurez impide seguir mirando a otro lado; menos aún contentarse con asistir a la reproducción de viejas y gravosas formas de dirimir las contiendas transversales entre intereses políticos y no políticos. Ya no es tiempo para una redifusión de los Gal y los papeles secretos del Cesid. Hágase la comisión y que investigue todo y a todos, con la misma luz y los mismos taquígrafos que han dado publicidad a la comisión que investiga el 11-S en Washington, donde la rendición de cuentas y las explicaciones de los responsables políticos no han conmocionado al sistema democrático, sino que lo están purgando de dudas y sospechas.

LA verdad no es una bandera que se enrolla al día siguiente de las elecciones, y si no se acepta que en el 11-M no hubo otra verdad que la responsabilidad exclusiva de los terroristas de las mochilas, esta democracia ha de asumir sus incertidumbres con todas las consecuencias. Que no quede ninguna pregunta sin respuesta. Ésta es la razón de la comisión parlamentaria, a cuya constitución han abocado tantos comportamientos irresponsables y cínicos. Como PP y PSOE están de acuerdo, se ha acabado la gratuidad de jugar a dos barajas, de hacer llamamientos a la razón de Estado y, al mismo tiempo, lanzar insidias contra el PP y su Gobierno; de pedir respeto al trabajo de las Fuerzas de Seguridad y, sin solución de continuidad, difundir a los cuatro vientos sus informes secretos, antes incluso de que lleguen al Juzgado que instruye la causa y aunque sean producto de la manipulación.

Si falta por conocer la verdad, habrá que buscarla en los testimonios de quienes dijeron, en la jornada de reflexión, que el Gobierno mentía; de quienes afirmaron que el Rey tuvo a la firma dos decretos para imponer el estado de excepción y decretar la suspensión de las elecciones; de quienes informaron sobre datos falsos relativos al atentado; de quienes cercaron las sedes del PP; de quienes acusan de imprevisión al anterior Gobierno; de quienes, cualquiera que fuera el lugar donde se hallaban aquellas jornadas, decidieron qué se decía y cuándo a los medios de comunicación. En definitiva, si la verdad sobre el 11-M tiene que hacer crisis, que la haga en las instituciones y por quienes tienen el mandato popular para asumir las responsabilidad políticas. Si quieren, PP y PSOE pueden evitar que de este purgatorio por el que va a pasar la democracia española se aprovechen -más todavía- quienes, aun siendo socios de Gobierno -ERC, en Cataluña- o de investidura -Izquierda Unida- del PSOE, están al acecho del Estado, porque se alimentan de su inestabilidad. Pero incluso ya es más importante conocer toda la verdad y poner fin a esta confusión que el precio que haya que pagar.

El Rey, el Ejército y las Vascongadas
Lorenzo Contreras Estrella Digital 6 Mayo 2004

Hay que conceder importancia o por lo menos algún significado político a la visita del Rey al cuartel militar de Araca, en el País Vasco, concretamente a las afueras de Vitoria. Significado en sí porque esta visita no se producía desde 1987. Significado también porque, al contrario de aquel año, esta vez no hubo representación oficial o de cortesía por parte de las supremas autoridades autonómicas, entendiendo por tales las nacionalistas. Significado en tercer lugar porque, que se sepa, no se conmemoraba nada especial para esta presencia del monarca, jefe constitucional de las Fuerzas Armadas, a dicho acuartelamiento, sede de la Brigada de Infantería Ligera San Marcial V, donde don Juan Carlos felicitó a las fuerzas por su servicio a España y su “cariño a Vascongadas”. No a Euskadi, que es la denominación oficial que los nacionalistas, siguiendo el libreto político de Sabino Arana, han aplicado al territorio. Las Vascongadas era la rotulación que los libros de texto y las historias al uso empleaban para referirse a la actual comunidad autónoma vasca. El hecho de que el Rey fuese acompañado casi íntimamente por José Bono, nuevo ministro de Defensa tras las elecciones generales del 14-M, rehabilita, siquiera momentáneamente con sello español y manchego una antigua nomenclatura que seguramente los nacionalistas y los abertzales no dejarán de considerar como un rastro imperial, o imperialista, de la España que fue y para ellos ya no es, aunque temen que sigue siendo. El caso es que el actual jefe del Estado ha preferido no utilizar el término Euskadi, que probablemente le resulta exótico y evoca en su memoria las desagradables escenas de aquella visita suya a la Casa de Juntas de Guernica en 1981.

Es verdad que el que se pica ajos come. Y los nacionalistas y abertzales están picados y escamados por las maniobras militares de entrenamiento que las Fuerzas Armadas efectúan dentro de los límites de “su territorio”, que casualmente sigue siendo territorio español. Esta actitud de desconfianza y molestia se ajusta al deseo de supervivencia de un antiguo prejuicio, según el cual las Vascongadas, perdón, Euskadi, son una nación ocupada por los invasores de España y particularmente por los representantes de la bota militar. En la cartografía impregnada de antemano por el Plan Ibarretxe todo lo que no sea genuinamente nacionalista es lógicamente un cuerpo extraño. El problema sería grave si “el cuerpo extraño” lo creyera así y se sintiera como tal.

Ahora la situación pude volverse delicada a la luz de la lucha contraterrorista, tanto contra ETA como contra las células islámicas más o menos durmientes. No es la primera vez que, con sordina informativa en tales otros casos, trascienden maniobras militares en la zona. Con José Bono estas actividades probablemente se incrementarán. La militarización de la seguridad parece implantarse en estos tiempos tan inciertos y peligrosos. La dificultad de tales despliegues es meramente jurídica. Lo estrictamente formal y legalmente correcto es que la vigilancia militar de ciertos espacios territoriales requiera la previa declaración de los estados de alarma, excepción y de sitio según la Ley Orgánica de 1981. Se supone que estos despliegues y maniobras no revestirán tanto alcance como para suscitar extremadas interpretaciones.

Terrorismos
José Javaloyes Estrella Digital 6 Mayo 2004

Atentados terroristas sin víctimas habidos en Atenas, a cien días del comienzo de los Juegos Olímpicos, dan la medida, por la repercusión internacional que han tenido, de la sensibilización con que se vive y reacciona actualmente contra la peste de la nueva era global. Aunque los arrastres venían de antes, con los atentados africanos de Al Qaeda, fueron los ataques del 11 de septiembre del 2001, con la destrucción de las Torres Gemelas, el suceso que por su espectacularidad y la escala de sus daños acuñó, de una vez por todas, la conciencia planetaria de la realidad terrorista. Desde entonces, el terrorismo ha hecho algo más que establecerse como un negro componente del paisaje de nuestro tiempo, instalado en nuestra cotidianidad como una referencia constante y ubicua. Se ha convertido el terrorismo en materia prima para la dialéctica política, como algo incluso instrumentable. Como dato omnipresente en la orografía psicológica, moral y política de las percepciones colectivas, esta novísima violencia ha pasado a condicionar las estrategias y la logística de la actividad pública convencional, en el debate de cada día y en el curso de los ciclos electorales. Quienes integran correctamente el nuevo dato en sus cálculos tienen, por el peso y la importancia de éste, una ventaja decisiva sobre sus contrincantes.

La compulsiva demanda de seguridad colectiva que genera el hecho terrorista modifica los estándares de satisfacción política en el seno de las sociedades democráticas. Esas cifras clásicas que cuantifican la evolución del bienestar económico y los niveles de satisfacción de las demandas sociales son datos que deben ahora compartir significación y trascendencia, sociológica y política, con las percepciones generales de mayor o menor seguridad frente a las amenazas permanentes del terrorismo. Resulta obvio que la percepción de esa amenaza es directamente proporcional a la doble proximidad, en espacio y en el tiempo, con que pulsa la violencia terrorista. Es como la propia onda expansiva de la explosión criminal, el daño es mayor cuanto menor es el radio desde el que impacta. Jugando con tales inferencias y proporcionalidades, los terroristas pueden permitirse el lujo catastrófico de entrar en política. Y, llegado el caso, de apostar dirimentemente en un proceso electoral.

Nunca los terrorismos actúan en el vacío temático, con la violencia sin causa. Necesitan de ésta, del pretexto ideológico y del argumento político, como de la metralla la propia bomba. Los materiales de un debate, como fue el mantenido sobre la guerra de Iraq, son como los clavos y los tornillos que ETA pone en sus cacerolas y la tropa islámica en sus mochilas. Pero no sólo estos extremos son relevantes. Alcanzan una importancia crítica los modos y los tiempos con que se procesan, en una tesitura electoral como la del cierre de campaña entre el 11-M y el 14-M, los datos y las informaciones de que se dispone por parte de los servicios policiales. Una canalización indebida hacia los niveles políticos de los flujos informativos obtenidos por servidores del Estado, primando al poder expectante frente al poder establecido (con legitimación preferente éste por el mandato electoral aún sin terminar) habría quebrantado de manera gravísima las garantías democráticas de la consulta; derivándose de ello no sólo un daño muy grave para el Estado, por parte de los funcionarios que desviaron partidistamente la información hacia los suyos, sino también para quienes se beneficiaron de esa malversación política de las averiguaciones policiales. La hipótesis de que el terrorismo del 11-M no sólo costara casi doscientas vidas y más de mil heridos, sino que produjese daños morales en el funcionamiento de ciertos mecanismos de la seguridad del Estado, es tan aterradora como la propia dinamita.    jose@javaloyes.net

Paul Bremer no podrá ser McArthur
Ramón Tamames Catedrático de Estructura Económica (UAM), Catedrático Jean Monnet de la UE,
Estrella Digital 6 Mayo 2004

Los análisis que se hacen sobre las cuestiones relacionadas con el Islam de nuestro tiempo, suelen pecar de insuficientes: mucho Corán, muchos grupos terroristas, rencor a Occidente por las humillaciones del pasado a los pueblos árabes, etc. Pero casi nunca hay interpretaciones sobre los modelos de producción y de vida, y de la conciencia que de ellos emanan. Por lo cual no se da una idea de lo que realmente está sucediendo en esos países más o menos controlados por el fundamentalismo, y que se debaten en medio de una patética situación de farsa política y cinismo total; puesto que la inmensa mayoría de sus gobernantes no creen ni en la dignidad de la persona, ni en Alá, ni en su profeta.

En las circunstancias referidas, en los países islámicos prevalecen estructuras sociales muy retardadas desde la óptica occidental. Todavía con abundantes rasgos tribales (6.000 príncipes, de las diferentes tribus, sólo en Arabia Saudita); y con gobiernos integristas que a veces no dudan en financiar el fundamentalismo y las acciones terroristas más allá de sus límites fronterizos, como son los casos de Arabia Saudita e Irán. En ese contexto, las ideas occidentales de democracia, resultan difíciles de asimilar, simplemente, porque son parte de otra civilización. Y porque las mayorías dominantes, o las estructuras más o menos en funcionamiento en los países referidos, no están por la labor. Así las cosas, después de cruentas intervenciones militares preventivas, como las de Afganistán e Irak, se revela que es imposible establecer un nuevo orden en el que prevalezcan la democracia y la justicia.

Todo lo anterior son meditaciones a propósito de un foro de discusión en el que participé la semana pasada, y que resultó muy estimulante, en el cual salió a relucir aquella frase que en un momento de su vida pronunció Napoleón: “con las bayonetas puede hacerse de todo, menos sentarse sobre ellas”. Y hoy, esas bayonetas, son los blindados, la aviación supersónica con misiles inteligentes y bombas de fragmentación, los helicópteros Apache de visión nocturna a base de rayos infrarrojos, etc. Y ciertamente, los ejércitos así pertrechados, pueden derrotar a las fuerzas antagónicas en lugares como los ya citados de Afganistán o Irak. Pero esos arsenales, y los millares de tropas desplazados, no sirven para establecer democracias a la occidental en lo que es un tejido-mosaico con rechazos contundentes.

Por ello no es preciso ser profeta para darnos cuenta de que los procesos de cambio y eventual democratización en los países islámicos, sólo pueden llevarse a cabo por lideres autóctonos y a través de una lucha larga y tenaz que cambie las propias bases estructurales de sus ciudadanos. Esas premisas se dieron el caso de Kemal Atatürk en Turquía, en la década de 1920, cuando radicalmente se rompió con la tradición islámica para instaurar un régimen basado en el mimetismo de instituciones occidentales. Un sistema con el cual, sin embargo, no logró eliminarse el substrato de la sociedad tradicional, que siguió viviendo al margen de las minorías europeizadas. Por eso, el actual jefe del gobierno turco, Erdogan, es en realidad resulta ser un político realista, pues ha sabido enlazar, civilizadamente, con las tradiciones islámicas, que se mantenían con mucha fuerza entre la población ignorada por la superestructura.

Un caso que podría suscitarse como contrario a nuestra tesis —la dificultad del cambio a una democracia merced a una intervención militar—, sería el de Japón en 1945. Cuando el Procónsul norteamericano McArthur impuso a los nipones una Constitución de corte occidental; convirtiendo al dios viviente que era el Emperador en mero símbolo de la Nación, y creando las condiciones sociales para el desarrollo de un país supermoderno. Pero no hay que engañarse: McArthur no fue un taumaturgo, pues se encontró con un país que estaba en avanzado proceso de occidentalización desde los tiempos del Emperador Meiji, de la década de 1860; cohesionado étnicamente, y con desarrollos tecnológicos importantes. Y lo que resultó más trascendente, y sin el obstáculo de religiones fanatizables, pues ni el budismo ni el sintoismo caben dentro de esas categorías.

Por todo lo indicado, puede decirse que la situación del actual Procónsul Paul Bremer en Irak, es diametralmente opuesta a la de McArthur: el país que teóricamente tiene a su cargo dominar, por decisión del Imperio, se halla fragmentado en diversidad de etnias y hablas, y con grupos religiosos altamente fanáticos y en guerra entre sí. La suya es, pues, una operación imposible. Por mucho que se insista desde la lejana Casa Blanca que la democracia Made in USA, acabará triunfando. Recordando al poeta, podría decírsele a Bush II y sus halcones: Lasciate ogni speranze...

En definitiva, la operación de convertir la religión en una realidad íntima en los países más islamistas —para ceñirla simplemente a la búsqueda de la trascendencia y a sentimientos morales y actitudes éticas, en vez de ser la base de un régimen político como el del Wahabismo de la Casa Saud o el de los Ayatolahs discípulos de Jomeini—, no es una operación a practicar de la noche a la mañana, ni siquiera en pocos años. A Europa, le costó 17 siglos; y aunque la actual aceleración histórica es evidente, una operación así llevará un tiempo. Y sobre todo, una lógica muy distinta de la que actualmente se sigue por la Casa Blanca, desde sus propios fundamentalismos de los neocons, reforzados por los lobbies del armamentismo, el petróleo, y el sionismo.

La Generalitat hizo una lista negra de periodistas críticos
Hace graves acusaciones hacia redactores y directores de medios, a los que se acusa de manipuladores y censores Explica cuáles son los medios de comunicación que merecen ser subvencionados, todos de ellos afines al tripartito
En el Palau de la Generalitat se encendieron ayer todas las luces de alarma tras darse a conocer un informe que prueba el control y el sectarismo del gobierno tripartito hacia algunos medios de comunicación. El elaborado informe lo filtró el grupo parlamentario de CiU, tras caer en su poder de la mano de un miembro del tripartito. El contenido del trabajo se centra en analizar la actual situación económico política de los rotativos, radios y televisiones que operan en el territorio catalán. Y de ello extrae conclusiones demoledoras como la necesidad de liderar una transición democrática en las estructuras directivas de La Vanguardia ¬diario privado¬ o la de dar más subvenciones a medios afines como el País y el Periódico.
Tate Santaeulària La Razón  6 Mayo 2004

Barcelona- Todo transcurría con total normalidad en la Cámara catalana hasta que se destapó la caja de truenos tras la sesión de control. Lo hizo el portavoz de CiU en el Parlament, Felip Puig, al hacer público un informe de Presidencia de la Generalitat sobre los medios de comunicación privados de más influencia en Cataluña. El informe llegó a manos del grupo parlamentario de la federación nacionalista de improvisto a través de un miembro del tripartito, probablemente de sus socios de gobierno: ERC.

La primera parte del trabajo se centra en rotativos que operan en territorio catalán, aunque detalla con más exactitud la situación económico política de La Vanguardia, El Periódico y El País. A continuación reproducimos íntegra o parcialmente algunos de los párrafos más significativos de este extenso informe de 24 folios más anexo.

La Vanguardia. «Es el diario más subvencionado por el Govern y ha sido el más hostil con el nuevo gobierno». «La punta de la lanza acusadora es el jefe de política ¬Jordi Barbeta¬ que censura y manipula los artículos de los redactores, que a menudo se niegan a firmar porque sus crónicas están cambiadas o recortadas». «La línea editorial manipulada ha sido criticada por el Consejo Profesional de Redacción (elegido por los redactores)» «La redacción está muy incómoda y quiere ver la caída de su Urdaci . «El comité de empresa denunció la falta de profesionalidad del equipo directivo al no sacar una edición especial la tarde del 11-M». «Todo el equipo directivo está implicado en los ataques al Gobierno de la Generalitat, aunque intenten hacer creer que los subdirectores, Jordi Juan y Enric Juliana son próximos a ERC y PSC, respectivamente, para tender puentes».

 «Mientras tanto, la propiedad ha empezado a evacuar consultas sobre la conveniencia de cesar al director». «José Antich fue colocado por el PP y apoyado por CiU». «Llevó a cabo la política que le dictaban (prácticamente y directa) Aznar, Rajoy, Jorge Fernández, Piqué, Duran y Mas (además de la línea directa con la cuerda del antiguo sector de negocios de CiU, especialmente Prenafeta y Villarrubí ¬fue puente político-económico con el PP a través de Telefónica¬ que ha prestado distintos servicios al grupo Godó, especialmente en Rac-1». «La propiedad está nerviosa por el dinero de la Generalitat, y por si se se descubren las irregularidades en las licencias de City TV y la digitalización» .
 
El País. «El director adjunto de Cataluña, Xavier Vidal-Folch ha tenido un papel muy importante en la defensa del gobierno de la Generalitat». «Esperan una subvención que dicen no haber recibido nunca. Se ven discriminados por la desatención presupuestaria al Cuadernillo ¬edición catalana ¬. «También esperan un buen trato de cara a la penetración de Localia». «Están trabajando ¬para publicar o para presionar ¬ en un artículo sobre las subvenciones del gobierno de CiU a medios de comunicación, demostrando especialmente el favoritismo hacia su competidor directo, el grupo Godó».

El Periódico de Cataluña. «Tienen una actitud positiva respecto al gobierno de la Generalitat y más especialmente con el PSC». «Esperan un trato presupuestario mejor de la Generalitat que consideran que es más justo al imprimir una edición en catalán: que La Vanguardia, sin hacerlo, sea mejor tratada, es considerado como un agravio comparativo». «Este diario ha superado tres crisis casi solapadas: La transición en la cúpula por la muerte de Antonio Asensio. Impás en la dirección por la enfermedad (ya superada) del director, Antonio Franco, y nombramiento del director adjunto, Albert Motagut. Crisis de bajada de ventas provocada por un cambio de diseño mal entendido, y, sobre todo, por la competencia directa con su público de la Prensa gratuita». «En estos momentos se están recuperando de las tres crisis, con gran preocupación, asimismo, por las ventas»

Avui. «En estos momentos la línea editorial es cercana a Convergència i Unió». «El año 2001 registró unas pérdidas después de impuestos de 2,9 millones de euros, pero lo peor de todo es el déficit de 42,07 millones de euros (7.000 millones de pesetas) que arrastra. Los principales creditores son Hacienda y la seguridad Social, que tienen la llave del futuro de este diario. En la medida que la Administración perdonase las deudas al Avui podría haber algún grupo empresarial interesado en hacer cargo».

Agencias. Al igual que los rotativos, las Agencias (Agència Catalana de Noticies, Efe y Europa Press) son también objeto de análisis. Respecto a AGC: «Es la primera agencia de noticias hecha en catalán y desde cataluña». «La viabilidad de esta agencia podría ir en la línea de facilitar un núcleo de opinadores de calidad consorciados para los medios pequeños que no los pueden pagar, y a crear una verdadera red de noticias de ámbito local que pierde peso en los diarios de referencia, pero que sería necesario que recuperasen protagonismo de cara a la vertebración del país que anda hacia una reordenación territorial más nacional». En cuanto a Efe las consideraciones son mucho más críticas. «En el orden político, Miguel Platón ha ejercido el papel de Urdaci en la agencia, como el verdadero brazo ejecutor del PP». «La victoria de la izquierda en las legislativas estatales ha abierto buenas expectativas a los trabajadores» «Cambiarán los cuadros directivos y la línea por-PP y de ofensiva contra el gobierno de la Generalitat». Respecto a Europa Press apunta: «Nació como empresa vinculada al Opus Dei, pero de hecho en cuestiones políticas catalanas siempre ha actuado con una honestidad máxima, incluso durante el Franquismo, mientras Roger Jiménez era el responsable».

El modelo mediático del PP. En el preámbulo, el estudio es concluyente: «Control absoluto de los medios institucionales (RTVE, Agencia Efe). «Se creó un trutst mediático afín al PP, mediante compras (Antena 3. Onda 0), participaciones (Grupo Correo) y subvenciones altísimas, que les permitan nombrar equipos directivos y, a través de ellos, delinear las políticas informativas (grupo Godó, en colaboración con CiU, Cope y Onda Cero)». «Una línea editorial basada en fuentes únicas, traducción libre al periodismo del pensamiento único que impusieron».

«Libro blanco» y retos. Con todo una de las grandes conclusiones que aporta el estudio ¬en el preámbulo¬ es: «La necesidad de elaborar un libro blanco de política comunicacional, que podría encargarse a la Oficina de Comunicación más los responsables de Prensa de Presidencia, del conseller en cap y el consejero de Relaciones Institucionales. Así como los asesores que se consideren oportunos, para ser posteriormente ratificados por los delegados del gobierno en este territorio». Mientras el libro blanco no esté elaborado «los retos más importantes en Cataluña son, a día de hoy: Favorecer la transición económica a la normalización del Avui y la transición democrática en las estructuras directivas de la redacción de La Vanguardia», entre otros.

NUEVAS REVELACIONES SOBRE ZHUEIR Y LOS EXPLOSIVOS
El diario ABC y la exclusiva de la SER dejan en evidencia las filtraciones a El País del 11-M
Rafá Zhueir recibió dinero e instrucciones desde la UCO de la Guardia Civil para que "colocara" los explosivos entre sus contactos, según publica El Mundo. Por su parte, este jueves el diario ABC –y también la exclusiva de la SER el 11-M– da más datos sobre el sumario de Juan del Olmo que dejan en evidencia la información de El País. Las diligencias de los atentados recogidas en el sumario no incluían a ETA porque se enviaron al juez el 18-M.
Libertad Digital 6 Mayo 2004

El Gobierno parece que va a aceptar la petición del PP de que se abre una comisión de investigación parlamentaria para esclarecer los sombras que rodean a los atentados islamistas de Madrid. Precisamente, este jueves aparecen en la prensa nuevas revelaciones sobre los hechos ocurridos antes y después del 11-M.

En primer lugar, el diario El Mundo da más datos sobre Rafá Zhueir, el confidente policial que puso en contacto a los terroristas islamistas con el ex minero asturiano Emilio Suárez Trashorras. En mayo de 2003, Zhueir se reunió en un centro comercial cercano a la Ermita del Santo de Madrid con un capitán –"Víctor"– y un guardia –"Rafa"– de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la que dirige el coronel Félix Hernando (antiguo colaborador de Rafael Vera). Zhueir les informó de que le había ofrecido dinamita.

La reacción de "Víctor" y "Rafa" –nombres clave de sus contactos en la UCO– fue inmediata. Así lo cuenta el propio Zhueir: "Me dieron dinero para que alquilara un coche, un Nissan, y me fui a Asturias. Allí estaba Antonio Castro Toro, que había coincidido con él en la cárcel. Castro Toro era el cuñado de Emilio Suárez Trashorras (el minero que presuntamente facilitó los explosivos a Jamal Zougam y su grupo) y fue quien me ofreció los explosivos". Días después, el confidente regresa a Madrid y se encuentra en un centro comercial de Las Rozas con los mandos de los subordinados del coronel Hernando. Tal y como le habían pedido, les entregó una muestra del explosivo que Castro Toro estaba vendiendo.

Nuevas instrucciones para Zhueir: "Busca entre tus contactos y entre tu ambiente un grupo que esté interesado por los explosivos. Después se los colocas y más tarde los detenemos a todos". La orden tuvo el visto bueno de "Paco" un superior de "Víctor" y "Rafa". Por encima de un capitán están un comandante, un teniente coronel, un coronel o un general.

Jamal Zougam y el resto de terroristas compraron los explosivos y los pudieron colocar en los trenes de Madrid matando a 192 personas. Ocho días después del 11-M, Zhueir recibió una llamada de "Rafa" y "Víctor", para volver a reunirse junto a la Ermita del Santo. De ahí lo llevaron a la sede de la Dirección General de la Guardia Civil (Guardia Civil) detenido y posteriormente lo trasladaron a la sede de la Policía en Madrid (Canillas).

ABC y la Cadena SER dejan en evidencia a El País
Dejando los prolegómenos del 11-M, el diario ABC y El País enfrentan este jueves versiones encontradas sobre lo que ocurrió inmediatamente después de los atentados. El País abre su portada con el siguiente titular: "Acebes insistió en la tesis de ETA cuando la policía cercaba a los autores del 11-M". Si el miércoles decía que "la Policía siguió la pista islámica desde las primeras horas del 11-M", ahora precisa un poco más. Según el diario de Prisa, las investigaciones "cuadraron plenamente sobre la autoría islámica a partir de la mañana del sábado, 13 de marzo, cuando a las pruebas ya acumuladas (furgoneta con cinta con fragmentos del Corán, robada con métodos diferentes a los de ETA; bolsa bomba desactivada, explosivos distintos a los de la banda terrorista), se sumaron otras que apuntaban al terrorismo islámico". Todo esto se extrae de las diligencias del sumario que se instruye en la Audiencia Nacional y que, hasta ahora, se suponía secreto.

Sin embargo, el diario ABC desvela un dato importante que desmonta la argumentación del El País. Las diligencias sobre las investigaciones del 11-M comenzaron a redactarse en la Brigada Provincial de Información por el Grupo anti ETA el mismo día 11 de marzo, pero no se enviaron al juez hasta el día 18. Por este motivo, en el informe remitido al magistrado se ignora a la banda terrorista ETA, ya que cualquier gestión que se había hecho en ese sentido resultaba irrelevante para la investigación judicial.

Más datos.
Como prueba de que la pista de ETA fue la primera en manejarse, ABC recuerda que en las primeras horas tras el 11-M se montó el habitual dispositivo de cerco en Madrid y también en el País Vasco y Navarra para tratar de capturar a los terroristas en su huida de la capital de España. Incluso después de localizarse la cinta del Corán en la furgoneta de Alcalá de Henares, agentes de la Policía siguen mostrando el día 11 y 12 las fotografías de nueve etarras a los empleados de hoteles de Madrid. Curiosamente, esta es la primera exclusiva de la Cadena SER el 11-M. A las 20 horas del citado día, Javier Álvarez, citando a la Comisaría General de Información, desvela la existencia de esos nueve sospechosos de ETA: "Una lista que tenemos en nuestra manos".

El Supremo prohíbe a los ayuntamientos vascos pagar los entierros de los etarras
F. Velasco La Razón  6 Mayo 2004

Madrid-La presunta etarra del «comando Vizcaya» Ignacia Ceberio falleció el 5 de junio de 1989, tras recibir varios disparos de agentes de la Ertzaintza contra los que previamente había abierto fuego. Ese mismo día, el Ayuntamiento guipuzcoano de Lizartza, entonces gobernado por Euskal Herritarrok, decidió nombrarla «hija querida», declarar luto oficial en el municipio y hacer frente a los gastos derivados del entierro y funeral de la presunta etarra.

El Tribunal Supremo confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que declara que los ayuntamientos no tienen competencia para hacer frente a esos gastos.

En este sentido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS afirma que el ayuntamiento «carece de potestades para cumplir fines ajenos a su competencia, y ello es lo que sucede en este caso concreto, cuando se asume una obligación financiera para cuestiones ajenas a la competencia municipal».

Por otra parte, la defensa del Consistorio había argumentado que impedir la ejecución del citado acuerdo municipal vulneraba la autonomía local. El TS recuerda que no se trata de basarse en la incompetencia del municipio por contraposición a la estatal, «sino de decidir sobre si se había incumplido la legislación vigente».
De esta forma, analizando la decisión municipal de desembolsar los gastos de entierro y funeral, la Sala, en contra de lo sostenido por el Ayuntamiento abertzale, no aprecia que se estuviese «prestando servicios sociales».

Así, se resalta cómo una de las características de los servicios sociales es que se destinen a la pluralidad de personas que se encuentran en una situación de necesidad. Sin embargo, ayuntamiento no acordó, por ejemplo, sufragar los gastos ocasionados por el fallecimiento de los vecinos como medida de protección a todas las familias que carezcan de medios económicos, y que, por el contrario, «lo ha hecho en un supuesto singular y concreto, sin duda para fines distintos».

Con estos argumentos, el Tribunal Supremo rechaza el recurso del Ayuntamiento de Lizartza, y, por contra, avala en su integridad la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

En la resolución ahora confirmada se ponía de manifiesto que el apoyo económico prestado «a una determinada familia», la de la presunta etarra, «se adoptó en el contexto de posicionamiento de solidarización de cariz ¬netamente político-ideológico y de denuncia de una operación policial con resultado de muerte de la persona homenajeada y de otros heridos y detenidos».

Esa iniciativa se adoptó «a iniciativa de una fuerza política local ¬EH¬ y no es incardinable en las pautas de objetividad en el destino y aplicación de los recursos económicos de que la Hacienda Local está dotada para cumplir los fines que el orden jurídico le señala».

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