AGLI

Recortes de Prensa     Viernes 16 Julio 2004

Las nueces
David Gistau La Razón 16 Julio 2004

11-M: ¿Y por qué no ETA

Editorial La Razón 16 Julio 2004

«Quien fijó el 11-M quería derribar a Aznar»
Luis María ANSON La Razón 16 Julio 2004

Las mentiras presupuestarias del PSOE
Alberto Recarte Libertad Digital 16 Julio 2004

Queremos la verdad
Antonio JIMÉNEZ La Razón 16 Julio 2004

La propaganda transparente

Ignacio Villa Libertad Digital 16 Julio 2004

Las peores hipótesis
Miguel Ángel Quintanilla Navarro Libertad Digital 16 Julio 2004

A Acebes se la metieron doblada
Julián Lago La Razón 16 Julio 2004

Inteligencia y especulación

GEES Libertad Digital 16 Julio 2004

La academia contraataca
José María Marco Libertad Digital 16 Julio 2004

Maniobras de distracción
Carmen Martínez Castro La Razón 16 Julio 2004

Los secretos del 11-M

Editorial El Ideal Gallego 16 Julio 2004

Los estertores de ETA
Editorial El Ideal Gallego 16 Julio 2004

Vademécum del totalitarismo
Andrés Montero Gómez  La Razón 16 Julio 2004

El pospujolismo va cuesta abajo
Aleix Vidal-Quadras La Razón 16 Julio 2004

Un informe secreto del CNI apunta al argelino Lamari como cerebro o ejecutor del 11-M

D. MARTÍNEZ / J. PAGOLA/MADRID ABC 16 Julio 2004

Un experto en la Constitución advierte del peligro de las reformas previstas
C. Sanz/ A. Raicheva La Razón 16 Julio 2004

A vueltas con la nación

Miquel Porta Perales ABC (Cataluña) 16 Julio 2004





 


Las nueces
David Gistau La Razón 16 Julio 2004

El 11-M fue el atentado que más ha ayudado a Eta en toda su historia. Sin mancharse las manos de sangre ¬sin tener ni que madrugar ese día para ir a trabajar¬, no sólo hizo un ruido propagandístico con salidas a toda la aldea global a través de la CNN, sino que incluso se benefició de esa comparación con el integrismo copiada de los pósters de los perros abandonados en la carretera: «Él nunca lo haría». Sólo que acércale la mano, al perro etarra que pone para la CNN cara de abandonado, y ya verás cómo lo haría, como lo ha hecho, en Hipercor. Pero el caso es que, por citar a Arzallus, podríamos decir que el 11-M fue una rara ocasión en que Eta recogió las nueces, porque el árbol lo agitó el Islam.

Ahora hemos sabido por «El Mundo» que las nueces que dejó esparcidas por el suelo el 11-M también quiso recogerlas Pérez Carod. Quien cuando vio en el televisor los cuerpos destrozados, en vez de compadecerse y de sentir dolor como usted y yo, pensó, coño, de esto puedo sacar yo alguna ventaja política, y entonces llamó a Otegui para compartir cesta, que cuatro manos recogen más nueces que dos, como bien sabe Pérez Carod cuando conspira con etarras. Así pues, el socio político de Zetapé en Cataluña, el xenófobo al cual Ferraz ha concedido un coche oficial y un título de «progresista» ¬eso es como si «El País» te arma caballero para su Tabla Redonda¬, cree en el terrorismo como medio adecuado para sus fines. Todavía no se ha echado al monte hasta el punto de poner la bomba él mismo, que para eso, y de ahí sus reuniones en Francia, prefiere intentar azuzar a la jauría para que de sangre se manche otro. Pero sí es capaz, cuando la bomba la ha puesto otro, de alimentar su estrategia secesionista con el caos, con el pánico colectivo. Si perseguir la consecución de un fin político mediante el terror es la definición de terrorismo, ¿cómo habría que definir a quien se aprovecha del terror creado por otro para alcanzar su propio fin político? Sí, yo también había pensado en poner esa palabra que acaba usted de soltar, pero está feo mentarle la madre a la gente, incluso aquella que cuando nos matan a doscientos corre a recoger las nueces. Un progresista, ya ven.

11-M: ¿Y por qué no ETA?
Editorial La Razón 16 Julio 2004

Cuando todo el mundo sabe que la matanza del 11-M fue obra de terroristas islamistas, y hasta algunos testigos de la comisión parlamentaria han «recreado» o «madurado» en este sentido sus primeras declaraciones, es fácil olvidar la confusión de aquellos momentos y cuál era la situación real de las amenazas que pendían entonces sobre los españoles. Por eso es bueno oír en el Congreso el testimonio de personas con el halo de independencia que acompaña a un magistrado «estrella» como es el juez Baltasar Garzón. El magistrado asegura que, nada más conocer de la catástrofe, pensó de inmediato en el terrorismo internacional. No cabe extrañarse por ello, pues fue su juzgado el primero en instruir la causa en España contra Al Qaida y conocía por tanto, desde el mismo 11-S, la peligrosidad de la organización de Ben Laden. Pero cambió de opinión cuando un «tedax» le dijo que podría haberse usado «titadine», la dinamita favorita de ETA. También él pensó entonces en la banda etarra como posible autora. Su reflexión corrió sin duda en paralelo con las de la mayoría de los jefes policiales que han prestado asimismo declaración ante la Comisión y, no hay que olvidarlo, con el informe que aquel mismo día envió el Centro Nacional de Inteligencia al Gobierno, atribuyendo a ETA la autoría del brutal atentado. Garzón tardó poco, sin embargo, en retornar a su primera idea en cuanto apareció la furgoneta. Los policías, entre ellos el subdirector operativo Díaz Pintado, fueron más lentos o más cautelosos en seguir la pista de los islamistas. Garzón no actuaba en el caso, pero ellos sí y tenían la responsabilidad de no equivocarse. Por eso no quisieron, o no pudieron descartar, sin los datos en firme que luego se conocieron, la pista de ETA.

También el fiscal Eduardo Fungairiño pensó hasta el mismo día 13-M que era obra de etarras, y así lo explicó a los diputados, que no terminaron de entender que el fiscal de la Audiencia Nacional ignorase otros detalles harto conocidos por la opinión pública como el hallazgo de la furgoneta. Ha sido criticado por ello, pero defendido por sus compañeros, como es el caso de la Unión Progresista de Fiscales, que sí saben que el testigo no se debía referir a otros extremos que los que conociera oficialmente.

De las declaraciones recogidas hasta el momento en la Comisión, se advierte que, desde la distancia en el tiempo, los hechos se ven ahora de otra forma, pero que aquel día ETA era la primera amenaza de la democracia española. Y sería un error, tan grave como despreciar el riesgo islamista e ignorar a ese millar de terroristas reclutados en las cárceles de Marruecos, cifra ofrecida ayer por el propio Garzón, pensar que ETA ha dejado de ser un peligro para todos nosotros.

«Quien fijó el 11-M quería derribar a Aznar»
Luis María ANSON La Razón 16 Julio 2004
de la Real Academia Española

Dris Basri, ex-ministro del Interior de Marruecos, tiene fama de ser uno de los hombres con mejor equipaje informativo del mundo árabe. En una gran entrevista realizada por Pedro Canales, ha afirmado, desde su neutralidad, la pura evidencia: «Quien fijó el día del 11-M quería derribar a Aznar».

Los socialistas, conducidos por ese ronzal que con sabia mano maneja Rubalcaba, luchan a través de un radiante despliegue de trucos mediáticos para que se enmascare la verdad. «Los 192 muertos son la consecuencia de que Aznar nos metiera en la guerra de Iraq». Este eslogan ya no se tiene en pie, aunque sirviera para intoxicar y ganar las elecciones. La detención de El Egipcio aclaró las cosas. El atentado se decidió un año antes de la guerra. Otra salvajada similar estaba preparada en el metro del París de Chirac, el gran enemigo de la contienda iraquí. El Mosad alertó de un atentado en España tras el envío de nuestras tropas a Afganistán en 2002. No hay relación puntual entre la guerra de Iraq y la atrocidad del 11-M. Al Qaida pudo decidir actuar en España, dominadora del Al Andalus histórico, cuando, tras instalar a nuestros soldados en Afganistán, se fracturó, además, el santuario que era nuestro país para la organización de Ben Laden con la detención de varios de sus dirigentes ordenada por Garzón. Intereses de ciertos sectores marroquíes y tal vez franceses se unieron a la conspiración contra España. El Partido Popular de Aznar y Rajoy era una muralla contra todos. Había que derribarla. Y como ha dicho el ex-ministro marroquí del Interior, se eligió el 11-M con el propósito de incidir en las elecciones generales de España. Carod y Otegui, tal para cual, se lanzaron en picado para instrumentalizar a los muertos y atizar el fuego electoral. Los comunistas y un sector del PSOE les secundaron con inusitado fervor.

El PSOE trata desesperadamente ahora de emborronarlo todo en la Comisión. Lo está consiguiendo a través de los medios de comunicación adictos. Las irregularidades, sin embargo, de la actuación socialista se han hecho evidentes. Pero ahí está el señor Martínez Sanjuan, vicepresidente de la Comisión, que no dimite a pesar de la contundente declaración de Duran Lleida, a pesar de los indicios que presuntamente le instalan en una operación de presión sobre un caracterizado testigo. Sólo eso sería suficiente para que el PP dijera: «Hasta aquí hemos llegado, señores». Y abandonara la gran farsa de la Comisión sin necesidad de hacer la higa mayestática de moda.
Análisis

Las mentiras presupuestarias del PSOE
Alberto Recarte Libertad Digital 16 Julio 2004

Antes de que cumpla cien días, el desprestigio del actual gobierno está alcanzando cotas inimaginables. No todavía entre la mayoría de los ciudadanos, pero sí entre los que tienen medios para analizar y valorar sus declaraciones y actuaciones. Lo cual no parece preocupar al PSOE y sus aliados, porque desde el principio decidieron que ellos iban a gobernar sólo para los que les habían votado y porque estaban dispuestos a aceptar el ofrecimiento –o la presión, según los casos– de los medios de comunicación afines para mantener esa posición, la cual calculan que no tendrá consecuencias electorales, porque piensan que su apoyo popular cree ciegamente lo que se le dice desde el Gobierno y desde esos medios, con los de Prisa a la cabeza.

Aparentemente, confían en que el conjunto de los votantes de izquierda, una vez absorbida Izquierda Unida, más los nacionalistas –aunque sean separatistas, como PNV, EA y ERC– que se mantiene unidos por el odio a todo lo que representan las posiciones de centro, conservadoras y liberales y a la idea de España, será suficiente para mantenerles indefinidamente en el poder. No creen que sigan existiendo esos dos o tres millones de votantes que se mueven en el centro político y que cambian su voto, o se abstienen, en función de cómo consideren que se ha gobernado y de lo que ofrecen los distintos partidos políticos para el futuro. Creen que ese grupo está ganado para su causa porque, en su análisis, el voto a su favor, el 14 de marzo, se produjo porque lograron convencerlos –para siempre– de que el anterior gobierno había mentido en relación con la autoría del atentado del 11-M. Tesis que ha salido malparada tras el empate en las elecciones europeas.

Su estrategia es seguir ahondando en la falsificación de la verdad y para ello han seleccionado, ahora, las cifras de gasto público del anterior gobierno, que dicen que esconden un déficit no declarado y que ellos expondrán. Para sorpresa de muchos, en este viaje acompañan a Zapatero los principales responsables económicos, Solbes y Fernández Ordóñez, que también sostienen que el anterior gobierno falsificó los resultados presupuestarios. El más llamativo es el caso de Solbes, porque el engaño, o el error, no son admisibles en él, ya que en su anterior puesto en la Comisión europea, como responsable directo de Eurostat, participó en el procedimiento para elaborar los presupuestos.

Lo que sigue a continuación es una explicación, organismo por organismo, de las entidades administrativas más importantes cuantitativamente, que tienen facultades e independencia para gastar y endeudarse con fondos presupuestarios y, en muchos casos, al margen de los presupuestos del conjunto de las administraciones públicas. Analizaremos la deuda en que han incurrido y su conocimiento público o no, y su aprobación, o no, por Eurostat, el órgano europeo encargado de analizar y aprobar las cuentas públicas de todos los países de la Unión Europea. Este es el organismo que garantiza el cumplimiento de las disposiciones supranacionales europeas sobre déficit y endeudamiento público, las cuales acaban de ser ratificadas, por cierto, por el tribunal de Estrasburgo, el mismo que ha anulado la decisión del Ecofin de no iniciar un procedimiento contra Francia y Alemania por déficit excesivo. Ese déficit lo calcula Eurostat y este organismo estaba bajo el control de Solbes cuando los hechos que se relatan a continuación se produjeron.

Otra observación previa es preciso tener en cuenta: Al tiempo que se aprobó la ley de Estabilidad presupuestaria, se incluyó la constitución de un fondo para contingencias fiscales de 2.200 millones de euros para el ejercicio 2003 (el 2% del techo de gasto) en el que cupieron, holgadamente, los gastos imprevistos que tuvieron lugar en ese año.

Deuda y superávit. Para empezar, los presupuestos del conjunto de las administraciones públicas en España, y su nivel de endeudamiento, son datos públicos, aprobados por los órganos legislativos competentes cada año. En 2003, se logró un superávit fiscal agregado en torno al 0,3% del PIB (2.200 millones de euros) y el nivel de deuda pública en relación al PIB se situó en el 50,8%, frente a casi el 70% en que lo dejó el PSOE al finalizar su gobierno en 1996.

Infraestructuras y Eurostat. Hay una serie de organismos públicos que llevan a cabo obras de infraestructuras que son vendidas posteriormente al sector privado, bien al público directamente, bien a empresas privadas. Los servicios resultantes de dichas inversiones tienen carácter público y corresponde a Eurostat decidir cómo figurarán a efectos presupuestarios. Pueden aparecer como operaciones financiadas desde el presupuesto, normalmente a través del capítulo VIII, o puede aparecer como gasto de la administración correspondiente, y afectar en tal caso al cálculo del resultado presupuestario (y en la mayoría de los casos aparecer como déficit público) y al endeudamiento del conjunto de las administraciones públicas. El criterio que utiliza Eurostat es aceptar, o determinar, qué porcentaje del gasto incurrido por esos organismos se va a recuperar por ventas al sector privado. Si es superior al 50%, el gasto y el endeudamiento se consideran privados; y públicos en caso contrario. Pero Eurostat va más allá y analiza, caso por caso, cada inversión con los responsables de cada país antes de decidir cómo debe contabilizarse ese gasto y ese endeudamiento.

A finales de 2003 –como todos los años anteriores–, una delegación española (compuesta por miembros de la Intervención General del Estado, del Instituto Nacional de Estadística y del Banco de España) mantuvo reuniones con Eurostat. Los casos más importantes analizados, y decididos, fueron los correspondientes a los gastos e inversiones de los siguientes organismos: RTVE, AENA, RENFE, GIF, Organismos creados por las autonomías para invertir, tales como MINTRA (Madrid) y GISA (Cataluña), así como los correspondientes a Valencia, Andalucía y Galicia, entre otros.

RTVE. En el caso RTVE, el gobierno español propuso y Eurostat aceptó que toda la deuda acumulada por RTVE, alrededor de 7.200 millones de euros, debía convertirse en deuda pública y tenía que contabilizarse como tal y que el déficit correspondiente a 2003 –más de 600 millones de euros–, y los que posteriormente se produjeran, eran gasto público y deberían contabilizarse como tal. Así lo hizo el gobierno anterior, que sumó al endeudamiento del Estado esos 7.200 millones de euros y anotó como gasto del ejercicio el déficit correspondiente a 2003, lo que fue posible, presupuestariamente, porque RTVE se consideró como organismo autónomo y como tal integrado en el presupuesto del Estado y porque había margen suficiente para ello.

AENA. En el caso de AENA, las inversiones de este organismo, son, en general, la construcción, puesta al día y el mantenimiento de aeropuertos. Sus inversiones y las del resto de los organismos públicos que no son el Estado, y no aparecen directamente en los presupuestos, son aprobados por el Consejo de Ministros y publicados posteriormente. El documento en el que se aprueban se denomina genéricamente PAIF (“Proyecto Anual de Inversiones y Financiación Planificadas”). La deuda total contabilizada de AENA a finales de 2003 era de 2.700 millones de euros. Y se esperaba un aumento importante durante 2004, hasta 5.000 millones. Eurostat consideró que debía ser contabilizada como deuda privada, porque más del 50% se espera que sea recuperado mediante ventas de servicios a compañías privadas ligadas al sector de la aviación; las cuales, por otra parte, serían facturadas mediante tasas que se preveía subir.

RENFE. Esre organismo debe, en su conjunto, alrededor de 7.000 millones de euros. De esta cantidad, 3.500 millones corresponden a deuda ya existente en 1996 y el resto a deuda incurrida desde esa fecha hasta finales de 2003. El anterior Gobierno presentó, y el Congreso aprobó, una denominada “ley ferroviaria” durante 2003, para hacer frente a ese endeudamiento y a otro que pudiera producirse en el futuro como consecuencia del desarrollo del ferrocarril convencional. Un aspecto básico de la ley fue dividir el endeudamiento –y el gasto e inversiones anuales futuras– entre la construcción de infraestructuras y la compra de material rodante. En cualquier caso, Eurostat aprobó el criterio propuesto por la ley, y mantuvo que todo el endeudamiento hasta ese momento podía considerarse como público. Pero esos criterios no se han aplicado, porque el actual Gobierno ha derogado la ley, con lo que, en principio, se libra, este año, de recalificar la deuda y el gasto; probablemente el objetivo no transparente que perseguía.

El anterior Gobierno había previsto también transformar RENFE en un organismo autónomo y traspasar al GIF una parte importante de las inversiones en infraestructuras. No ha sido posible; la transparencia del PSOE se ha llevado todo por delante, también aquí.

GIF. El ente Gestor de Infraestructuras Ferroviarias se constituyó para llevar a cabo las inversiones en las líneas y trenes de alta velocidad. Su deuda, a finales de 2003, era irrelevante, porque se financia presupuestariamente con cargo al capítulo VIII de los presupuestos, pero se trataba de una deuda que esperaba recuperarse. Eurostat consideró toda la deuda como privada. Aunque los propios representantes españoles tenían dudas en función de la inversión de que se tratara. No tenían ninguna duda en relación con la línea Madrid-Barcelona –la responsable en ese momento del grueso de la deuda– ni de la eventual de Madrid-Valencia y de la extensión a Málaga. Pero tenían dudas respecto a la posibilidad de recuperar, vía ventas, las inversiones correspondientes a otros destinos del tren de alta velocidad. Esas dudas deberían ser corroboradas, o eliminadas, por el equipo económico del actual Gobierno. Estaremos expectantes aunque, probablemente, y en la mejor de sus tradiciones, este Gobierno socialista paralizará la mayoría de las inversiones.

MINTRA y GISA. Nada ha dicho el PSOE de las inversiones de los organismo autonómicos, las más importantes de las cuales corresponden a Madrid (MINTRA), que es quien ha construido, entre otras obras, la ampliación del metro, y al organismo catalán (GISA) que empezó a hacer obra públicas bajo esa forma de organización empresarial. Sin embargo, las dudas son muy grandes en este apartado, por parte del anterior Gobierno, de los representantes españoles que negociaron con Eurostat y de la propia Eurostat.

En el caso de Madrid, por ejemplo, es razonable dudar de que Metrosur llegue a recuperar más del 50% de la inversión con la venta de billetes, ya que fue diseñado como vía circular uniendo las mayores poblaciones del sur en contra del criterio de los consultores públicos que intervinieron en la etapa de diseño, quienes aconsejaron dos o tres líneas distintas que unieran esos núcleos con la capital. Será difícil; pero es un buen ejemplo del tipo de gasto público en el que está dispuesto a incurrir el actual alcalde de Madrid si piensa que políticamente la inversión le favorece. Aunque el criterio técnico y económico fueran radicalmente opuestos. De hecho, el anterior gobierno nacional proponía clasificar la deuda de MINTRA como pública, engrosando la deuda de la Comunidad de Madrid. Ésta, sin embargo, se opuso a esa recalificación y logró convencer a Eurostat. Pero Eurostat puede volver a cambiar de criterio, en función de cómo evolucionen los ingresos de Metrosur por venta de billetes y obligar a Esperanza Aguirre –otro regalo envenenado de Ruiz Galardón– a ver cómo aumenta la deuda de la autonomía y se cercenan las posibilidades de hacer nuevas inversiones en otros sectores. Por cierto, no me gustaría estar en la piel económica del alcalde que suceda al actual de Madrid.

Consideraciones semejantes pueden hacerse en relación con muchas de las obras de GISA, el organismo creado por la autonomía catalana, el cual fue el primero de su especie en España. Igualmente pueden, y deben, analizarse, las inversiones de otras autonomías a través de este tipo de organismos. Es obvio que las más importantes son las de Valencia, Andalucía y Galicia. Pero también las de las dos Castillas.

¿A alguien le sorprende que Solbes, Fernández Ordóñez y Zapatero no mencionen siquiera estos casos? No hay que olvidar que el Gobierno del PSOE depende del tripartito catalán, que está dispuesto a exigir trasparencia al PP, pero que emborrona sus actuaciones.

Al margen de los temas ya analizados, hay otros que merecen la atención, si de verdad nos preocupa la transparencia de las cuentas públicas. El primero es el de las cuentas públicas de 2004. El Gobierno del PP aprobó unos presupuestos holgados, que permitían hacer política de gasto al gobierno que saliera de las urnas, y que el PP esperaba que fuera presidido por Mariano Rajoy. Por ello, al margen de subestimar los ingresos públicos, se aprobó, como en 2003, un fondo de contingencia, para hacer frente a gastos imprevistos, del 2% del techo de gato, de 2.400 millones de euros. El presupuesto no incluía específicamente un acuerdo con la autonomía andaluza para resolver los contenciosos pendientes, pero el gobierno anterior había ofrecido a Chaves, y este, entre vacilaciones, había rechazado 2.300 millones de euros, porque exigía más de 3.500 millones. Finalmente, con el nuevo Gobierno socialista, Chaves aceptó 2.500 millones de euros para saldar la adaptación al régimen común de financiación autonómica de la autonomía andaluza. ¿Cómo contabilizarlos? El anterior Gobierno se proponía pagarlo en cuatro años. El actual ha optado por pagar los 2.500 millones de euros de una vez. Obviamente, por el deseo de demostrar, torticeramente, que el actual presupuesto está mal confeccionado. Al margen de este tema puntual, y a pesar de que, como se esperaba, los ingresos fiscales crecen más de lo presupuestado, empieza a extenderse la impresión de que el gasto público ya se ha descontrolado y que el déficit de 2004 puede ser relativamente importante.

Un segundo tema merece nuestra atención. A finales de 2003, el anterior Gobierno solicitó al Fondo Monetario Internacional un análisis externo de nuestras cuentas públicas, para que dicho organismo emitiera lo que se denomina un ROSC, un Report on the observation of standards and codes on fiscal transparency, es decir, un análisis de la transparencia fiscal, una auditoría externa, especialmente conveniente cuando acababa de entrar en vigor la nueva ley de estabilidad presupuestaria, que obligaba a las autonomías y al resto de la Administración al equilibrio. Y ese puede ser el último punto que utilice el actual gobierno para falsear la realidad y decir que en 2003 las comunidades autónomas no cumplieron con sus obligaciones legales y que su déficit fue mayor del que se suponía. Aunque el actual gobierno no lo explicará, lo que está previsto en dicha ley es que si se produce un déficit –que, por cierto ya ha autorizado el transparente y rigurosos Solbes a Cataluña–, las autonomías incumplidoras están obligadas a presentar un plan para recuperar la estabilidad. El actual Gobierno, en el caso de Cataluña, en lugar de pedir un plan de reequilibrio le autoriza el déficit. Y si es necesario se lo ampliará. En esto consiste la transparencia de la parte más seria del gobierno.

Recordemos que Solbes era el responsable de Eurostat, recordemos que regañaba al gobierno del PP porque el gasto en pensiones era excesivo y ponía –en su opinión– en riesgo todo el sistema público y recriminaba al Gobierno por la falta de libertad en los horarios comerciales y por la rigidez de los convenios colectivos. Cosas veredes.

Queremos la verdad
Antonio JIMÉNEZ La Razón 16 Julio 2004

Dos semanas después de comenzar sus trabajos, la comisión del 11-M se esfuerza por no naufragar en un mar de contradicciones, obstruccionismo gubernamental y confusión, del que no son ajenas las declaraciones contradictorias de los ex-mandos policiales, ni los documentos del CNI desclasificados que leyeron los comisionados y que representan sólo una parte de los elaborados por «La Casa» entre el 11 y el 17 de marzo.

 Sospechosamente, el Gobierno de ZP sólo desclasificó aquellos documentos en los que el CNI apostaba por el terrorismo islamista, casualmente las alusiones a la posible autoría de ETA aparecen tachadas, mientras siguen clasificados otros papeles en los que se demuestra que la pista de ETA se siguió investigando hasta el 17 de marzo. Mientras la comisión no tenga acceso a todos los documentos elaborados por los servicios secretos y declaren en el Congreso todas las personas, incluidos los confidentes policiales, que puedan arrojar luz a los agujeros negros del 11-M, habrá que recelar del Gobierno socialista y de su escaso interés por que se conozca la verdad. Hay ya sobrados motivos para las suspicacias después del papelón del portero de Alcalá de Henares, aleccionado por teléfono por el socialista Sanjuan antes de acudir al Congreso y de la visita a la sede del PSOE, en Gobelas, del mando policial Telesforo Rubio, antes de comparecer en la comisión.

Gobierno ZP
La propaganda transparente
Ignacio Villa Libertad Digital 16 Julio 2004

Desde hace unas semanas el Gobierno Zapatero ha montado toda una maquinaria mediática con el objetivo de repetir hasta la saciedad que este Ejecutivo es el "Ejecutivo de la transparencia". Dicen, una y otra vez, que es un Gobierno transparente e impecable. Tanta insistencia en la misma idea demuestra que desde luego no están muy convencidos en su propio mensaje. Y desde luego, una cosa es lo que se dice cara a la galería y otra muy diferente lo que uno piensa de puertas adentro.

Zapatero ha enarbolado cuatro banderas que dice de transparencia, pero que forman parte de la ficción política: debates parlamentarios, investigación del Yak-42, comisión del 11 de marzo y claridad sobre las cuentas del Estado. En fin, dicen que es una gestión transparente donde lo que hay es propaganda. Propaganda por los cuatro costados que intentan desfigurar una realidad bien diferente.

Por lo que dicen desde el Gobierno, parece que hasta esta legislatura nunca se ha debatido, ni votado en el Congreso de los Diputados; es evidente, además, que el accidente del Yak-42 lo están estirando al máximo haciendo un uso político y partidista de la desgracia ajena; con la comisión parlamentaria de los atentados de marzo no hay que llevarse a engaño, los socialistas se han visto abocados a esta comisión a la que por cierto no están facilitando en nada sus trabajos y por último las cuentas del Estado del Gobierno del PP con las que el Gobierno Zapatero amenaza ahora intentado cubrirse las espaldas por lo que pueda venir.

Lo cierto es que la estrategia utilizada lejos de la claridad, es la de la intoxicación informativa. La realidad no es como se dibuja, por más que intenten crear una realidad que ciertamente no existe. De transparencia poca, de propaganda mucho. Y es que cuando hay que acudir a "marear la perdiz" con unas cuentas del Estado que han sido impecables en los ocho años del Gobierno del PP, eso significa que en Moncloa no tienen las cosas tan claras. Recurrir a ese argumento demagógico es la señal más clara de una debilidad política. La propaganda ayuda a crear un mundo ficticio que, antes o después, termina por derrumbarse.

11-M
Las peores hipótesis
Miguel Ángel Quintanilla Navarro Libertad Digital 16 Julio 2004

Lo peor de la confusión que se está produciendo en las investigaciones sobre los atentados del 11 de marzo no es que no sepamos la verdad, sino que lo que no sabemos -y lo que parece que sí-, hace verosímil casi cualquier hipótesis. A medida que somos más conscientes de lo mucho que ignoramos, aumenta el peligro de que los efectos políticos de esos atentados persistan y se agraven. Las bombas estallaron una vez en forma de terrorismo de Al-Qaeda, y, junto a los muertos y a los heridos, dejaron un efecto político que es hoy evidente para todos salvo para el gobierno: la derrota del PP. Este impacto político impidió que las urnas penalizasen la pose ultraizquierdista del PSOE, lo que, su vez, le impide rectificar y volver a ser uno de los grandes partidos nacionales que España necesita.

Puesto que casi nada sabemos con certeza, todavía puede ocurrir algo aun peor que lo que parecía verdadero. Por ejemplo, que ETA reivindique en privado y ante el gobierno de Zapatero la autoría intelectual y parcialmente material del atentado, que afirme tener que ver con él, y que amenace con hacer pública su reivindicación si no se atienden sus demandas sobre los derechos de los presos, el “Plan Ibarreche”, etc. O que alguien haga verosímil esa hipótesis ante el gobierno y trate de obtener de ella un beneficio.

En este caso, a los efectos criminales de los atentados habríamos de sumar, no una cadena de consecuencias políticas, sino dos: la del 14 de marzo y otra aún peor, que iría dejando sentir sus efectos a lo largo de toda la legislatura, y que no sería conocida por la opinión pública. Por supuesto, el gobierno podría neutralizar los efectos de esa segunda bomba política negándose al chantaje, denunciándolo ante la opinión pública y retractándose de casi todo lo que lleva dicho desde el día 11 de marzo, pero el efecto que esa noticia tendría sobre la posición parlamentaria del PSOE y del PSC en el Parlamento nacional y en el catalán, conduciría casi inevitablemente a la convocatoria de elecciones generales y catalanas, y, posiblemente, a la desaparición del PSOE tal y como hoy lo conocemos. Su denuncia exigiría una nobleza que, por desgracia, no ha caracterizado hasta ahora al PSOE de Zapatero, aunque sería injusto negarle el beneficio de la duda.

Seguramente no es una hipótesis probable. Pero mientras siga siendo razonable creer que el gobierno, el PSOE y el PSC obstaculizan comparecencias, convienen testimonios, contactan con testigos antes de que declaren y distorsionan interesadamente la información que se va conociendo, cualquier hipótesis debe ser tenida por verosímil, incluso la peor que podamos concebir. Casi tan malo como la confirmación de una hipótesis como esta o de otras parecidas, es que persista durante mucho más tiempo la imposibilidad de descartarlas.

A Acebes se la metieron doblada
Julián Lago La Razón 16 Julio 2004

Como espectáculo, bien, que decimos bien, espléndido, pero como Comisión de Investigación, de puta pena, y más tras el cachondeo de la filtración de los papeles clasificados del CNI , en que sus señorías, quienes hayan sido, han quedado como el culo. Porque vamos a ver de lo que se trata no es de investigar, que con los datos se hacen maravillas, y con las comparecencias ídem de lienzo, sino de montar la bulla contra el último Gobierno de Aznar. Así que, ocupados como están los parlamentarios en discutir si fueron galgos o podencos, se ha ido instalando un cierto estado de desconcierto social, por lo que la peña está hecha un lío, obviamente. En suma, que se está en lo que se está , en encausar a los populares sobre el 11-M, habida cuenta, además, de que se dan para ello las condiciones objetivas, tanto mediáticas como políticas, que diría el camarada Lenin.

De manera que practicar el pim-pam-pum contra Acebes es pan comido, al haber quedado instalada en la sociedad la idea de que los atentados fueron consecuencia directa de la postura del Gobierno popular ante la guerra de Iraq, lo cual de entrada resulta una falacia, tal cual ya se ha demostrado, aunque sobre el particular los socialistas no digan ni pío. O lo que es lo mismo, que a partir de una falacia, al margen de otros factores coadyuvantes, todo hay que decirlo, Rajoy perdió las elecciones, por lo que el resto ahora sólo es cuestión de coser y cantar. Cantar lo que les conviene y coser a zarpazos a Acebes, que es el chivo expiatorio de esta peli. Qué quieren que les contemos, pero lo que está haciéndose con Acebes, un magnífico ministro del Interior por si se ha olvidado, nos parece una tremenda injusticia amén de una crueldad inmerecida. Muy propia ésta, la crueldad, de los cabrones de los romanos cuando se excitaban con la agonía de los cristianos a manos de los leones. Vamos que no, que de Acebes podrá decirse lo que se quiera, pero nunca que haya hecho de la mentira un instrumento político. Entre otras razones porque Acebes no esta dotado para la mentira, de la misma manera que Aznar no está dotado para poner los cuernos a Ana Botella, como llegó a explicarse en su día con todo lujo de detalles de fechas y citas clandestinas con la Guillén, también.

Resumiendo que es gerundio, que a Acebes se la metieron doblada reteniéndole informaciones que, sin embargo, previamente se las pasaban al partido socialista, que eso sí podríamos reprochar al ex ministro. O sea que Ferraz arrimó, otra vez más, el ascua a su sardina con la agitación de la calle y el numerito aquel de los móviles, subvirtiendo así la Historia, sin que nos apuntemos a la teoría conspirativa sino a métodos contrastados, que no es cosa ahora de remover la mierda de lo que hicieron con Suárez, un suponer. Pues eso, que la pasma, por ejemplo, está trufada de compañeros prestos a echar una manita a los suyos, y a Zapatero bien que se la echaron.

CNI
Inteligencia y especulación
GEES Libertad Digital 16 Julio 2004

Las revelaciones documentales que se están haciendo en la comisión del 11-M han puesto en evidencia el trabajo del CNI en un doble sentido. Por una parte, las escuchas a Carod Rovira y Otegui, dejan claro qué es lo que preocupa al servicio de inteligencia. Por mucho que se quiera disfrazar como un seguimiento a miembros de ETA con descubrimientos colaterales, la realidad es que los informes sobre cuestiones de política internas son una constante de La Casa. En todo caso, y en la medida en que la seguridad del estado esté en peligro y los independentismos estén entre los objetivos de información aprobados por el gobierno, nada hay que objetar.

Más grave es la segunda revelación: que en sus análisis no acertaron ni una. El CNI ha dejado claro con sus propios papeles que no tuvo acceso a información de la investigación en tiempo real y que su trabajo sobre los atentados fue esencialmente especulativo. Una gran sorpresa: que cuatro días más tarde de los atentados siguiera defendiendo, sin ninguna base sólida, sino como mera hipótesis, la existencia de terroristas suicidas.

Hay que reconocer, porque es la base de todos los males de nuestro servicio secreto, que su obsesión histórica ha sido ETA y el País Vasco. En la propia comisión ha quedado patente: se sabe por escuchas lo que se cocía en ese entorno. Pero en cuanto se sale de ahí, la pobreza informativa e intelectual es lo que lamentablemente impera. Decía ya Churchill en su día que todos los informes de los espías comenzaban “por un lado” y acababan “por otro”, dejando al lector tan confuso como al principio. Cuando se leen los textos del CNI sobre el terrorismo islámico sucede lo mismo. Se habla de hipótesis en el mismo tono que en los escritos de un académico o de cualquier experto al margen del aparato del Estado.

La Comisión del 11-M, a diferencia de las americanas (11-S e Irak) o la británica (Butler) no ha adoptado como mandato revisar el trabajo de nuestros agentes de inteligencia. Pero esa es una cuestión pendiente desde hace muchos años. Dicen ahora que los agentes tienen miedo y rabia porque se desclasifique lo que hacen. Y es que no hay nada peor que dejar al descubierto la incompetencia.

Polémica con Tusell
La academia contraataca
José María Marco Libertad Digital 16 Julio 2004

Javier Tusell gesticula de nuevo. Lo ha hecho desde las páginas de El Pais, como de costumbre. Esta vez el objeto de sus divagaciones es un grupo de historiadores y escritores: Pío Moa, César Vidal y quien suscribe estas líneas. Un poco en segunda fila están Jon Juaristi y Fernando García de Cortázar.

¿Qué une a todos estos nombres, según Tusell? Lo primero, que somos un peligro para la convivencia. ¿Por qué? Porque hemos decidido no aceptar la versión canónica de la historia de España que hoy se enseña en la universidad española y resucitamos ideas por lo visto periclitadas, como la unidad de la nación española, la existencia de relatos y mitos fundadores de la nacionalidad española y las responsabilidades del progresismo en el drama español del siglo XX.

Es curioso que a Tusell no se le ocurriera decir nada cuando algunos de los más importantes colaboradores de El Pais se pusieron a revisar la historia de la Transición. Según estos personajes, la Transición había estado mal hecha porque no se depuraron responsabilidades, no hubo un referéndum sobre la Monarquía y todo el proceso tuvo lugar bajo la amenaza del ejército y la derecha cavernícola. Es curioso que ahora que han llegado al poder los social-nacionalistas estas voces se hayan desvanecido. ¿Estaba Tusell de acuerdo con ese revisionismo histórico? ¿O es que no lo consideraba peligroso?

En cualquier caso, eso de que un conjunto de historiadores y escritores como el mencionado más arriba sea un peligro para la convivencia no pasa de una ocurrencia lastimosa, casi simpática si no fuera porque alguno de ellos va con escolta, para prevenir atentados terroristas.

La segunda acusación va referida más específicamente a los tres nombrados al principio, es decir Pío Moa, César Vidal y yo mismo. Tusell afirma con razón que no pertenecemos al ámbito de la universidad pública. Cabe preguntarse por qué, si estamos expulsados a las tinieblas exteriores, merecemos un comentario tan prolijo.

En mi opinión, la causa se debe a la propia institución universitaria española. La universidad pública española se caracteriza por dos cosas. Primero, por un sistema de contratación y cooptación que impide cualquier renovación, cualquier discrepancia seria de criterios, cualquier contraste racional y mínimamente científico. En segundo lugar, por la perpetuación de una visión de la realidad propia de tiempos pretéritos, como mínimo de hace treinta años y en muchos casos más todavía. Las carreras se han construido en torno a hipótesis, afirmaciones y dogmas que nadie va a poner en cuestión porque eso supondría revisar toda la carrera académica, la vida entera de quienes controlan los departamentos, las becas, los ascensos, etc. Los jefecillos son funcionarios, no están sujetos a controles de calidad externos y cooptan a los más conformistas, a quienes acatan sin crítica la situación, a quienes están dispuestos a pagar el precio de aceptar el statu quo a cambio de hacer carrera universitaria.

Así ha formado esa costra fosilizada que es la universidad pública española. Es completamente ajena al debate y a la discusión, y carece de capacidad de interlocución en los círculos académicos internacionales. Esto ocurre en Filología, en Literatura, en Filosofía, en Ciencias Políticas y en Historia Contemporánea, donde la resistencia es particularmente enconada porque la Historia es de las últimas trincheras que le queda al progresismo. Los jóvenes historiadores que mantienen líneas diferentes tienen que callarse o son expulsados sin contemplaciones por muchos méritos académicos que tengan.

Los ocho años del Partido Popular no han hecho variar esta situación. La han empeorado. Aun así, ha habido una producción histórica extra académica cada vez más dinámica y fundamental. Basta recordar el éxito editorial de Pío Moa, que respalda la importancia de su trabajo sobre las raíces de la guerra civil.

En resumen, que Javier Tusell expresa el recelo de quienes, cómodamente atrincherados en sus exorbitantes privilegios académicos a cargo del presupuesto público, comprueban que no pueden salir de ahí porque lo que dicen no interesa a nadie fuera de sus redes clientelares universitarias. Son como los titiriteros subvencionados del no a la guerra. Consuélense. No se puede tener todo en la vida.

Maniobras de distracción
Carmen Martínez Castro La Razón 16 Julio 2004

Anda el personal distraído en las ocupaciones más variadas en este tiempo de descuento del curso político. La mayoría se entretiene con las supuestas investigaciones de la comisión del 11- M aunque los diputados no dan la talla de Perry Mason. No parecen saber ni qué preguntar ni qué buscar más allá de sus pequeños y mezquinos intereses de partido. Nuestros políticos han olvidado uno de los principios elementales en la lucha contra el terrorismo: el único culpable es el criminal. En su afán por encontrar excusas y justificaciones a sus errores, nuestros próceres han conseguido dejar a la Policía y a los Servicios de Inteligencia a los pies de los caballos: testimonios enfrentados y contradictorios, recelos, rencillas internas y, sobrevolando ese magma, la sombra injusta sobre una eficacia que hasta ahora nunca había estado en cuestión. Como corolario de esa sarta de despropósitos, tenemos a un cómplice de los asesinos convertido en proyecto de estrella mediática. No es mal balance para sólo dos semanas de trabajo.

Otros se afanan en la práctica de ejercicios de psicología política de andar por casa- que si matar al padre, que si decidir la ubicación de la porcelana china- mientras sus rivales se aprestan a expropiar la herencia de la familia y no dejar piedra sobre piedra de un edificio, aparentemente sólido, construido después de ocho años de gobierno popular. Todos parecen entretenidos pero la ciudadanía sigue sin saber quién decidió dinamitar el proceso electoral con el peor atentado terrorista de la historia de España y de Europa. Que el asesinato de 190 personas haya pro- piciado un inimaginable cambio de gobierno, con ser grave, no es lo peor. Lo más terrible es que ese gobierno haya cambiado radicalmente el signo de la política exterior ¬lo del Sáhara es un prueba de ello¬ y que se disponga a adentrarse con el ánimo de Caperucita Roja en una reforma constitucional profundamente inquietante.
El gran beneficiario del 11- M no es el PSOE, ni siquiera el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que aún hoy no parece saber muy bien qué hacer con el poder. El gran favorecido por la matanza es el reino de Marruecos, convertido en socio preferente de EEUU y dispuesto a cumplir su viejo sueño de merendarse el Sáhara. Detrás de Marruecos esperan su turno los soberanistas vascos y catalanes. Ellos también tienen su sueño asimétrico y ventajista; en otoño irán a por él... sin distraerse.

Los secretos del 11-M
Editorial El Ideal Gallego 16 Julio 2004

Las experiencias vividas con las anteriores comisiones parlamentarias de investigación hacían que el escepticismo fuese el sentimiento general ante el inicio de los trabajos de los diputados encargados de desvelar los secretos del 11 de marzo. La primera semana de comparecencias sirvió para que a la desconfianza se añadiesen el confusionismo, sensaciones que ahora, en la segunda etapa de sesiones, han dado paso a la sorpresa. No se puede calificar de otra forma el hecho de que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional haya declarado que hasta ayer ignoraba la existencia de la furgoneta con los detonadores y los versículos del Corán. Fungairiño ha alegado que por higiene mental la única información que recibe es la que le proporcionan los documentales de la BBC, argumento que más que elevarlo a la categoría de “espíritu purísimo” suscita dudas sobre su profesionalidad e invita a pensar cuál sería su reacción si un testigo citado por él le contestase que no tiene ni idea de la cuestión sobre la que le pregunta. Pero no ha sido ése el único secreto que se ha desvelado, sino que también ha quedado al descubierto que Carod-Rovira instó a Otegi a colaborar con él para que la jornada de reflexión transcurriera dentro de “la mayor anormalidad posible”. El líder de ERC no lo ha negado, pero ha criticado que el CNI “pinchase” su teléfono y tuviera conocimiento de esas conversaciones, afirmación ridícula, ya que el Centro Nacional de Inteligencia debe velar por la seguridad del Estado, seguridad que comprometía Carod-Rovira con una propuesta que se parece bastante al delito de asociación para delinquir. La comisión ya empieza a servir para algo.

Los estertores de ETA
Editorial El Ideal Gallego 16 Julio 2004

La noticia de la detención de dos etarras en Francia, después de que se saltaran un control rutinario de tráfico, supone un golpe más para la banda terrorista, que pasa por horas muy bajas. De hecho, las únicas informaciones que últimamente protagonizan los nacionalistas vascos asesinos son las de apresamientos. Esto no quiere decir que hayan perdido ya su capacidad para matar. Lejos de ello, su debilidad, según los expertos, los puede conducir a una huida hacia adelante que se traduzca en una escalada violenta. Está claro que sus posturas se mantienen, puesto que son capaces de culpar a Francia y España de que una de sus activistas opte por suicidarse en la cárcel. En su último comunicado, la dirección etarra extiende también sus amenazas al PNV, al que tener como socio a Otegi no le está dando el resultado esperado. A estas alturas nadie se puede extrañar de la esquizofrenia de los criminales que califican el ahorcamiento de su activista como un asesinato, pero sigue sorprendiendo que a Ibarretxe y los suyos no se les caiga la venda de los ojos.

Vademécum del totalitarismo
Andrés Montero Gómez es presidente de la Sociedad Española de
Psicología de la Violencia La Razón 16 Julio 2004

Todos adoptan idéntica actitud ante los tribunales que les juzgan por sus crímenes. Sadam Husein igual que Slobodan Milosevic, del mismo modo que algunos nazis en Nüremberg o los asesinos de ETA ante la Audiencia Nacional de Madrid. Nunca reconocen la competencia de un tribunal para enjuiciarles.

Los totalitarios se consideran por encima de cualquier ley que no hayan ordenado previamente redactar. En esa línea, su primera dedicación, al incautar los mecanismos del poder en sus respectivos países y épocas históricas, ha sido compatibilizar el exterminio de adversarios y la limpieza étnica con la acumulación de prerrogativas y potestades de gobierno, anulación de cualquier tipo de libertad civil y promulgación de constituciones personalistas a medida con paquetes anexos de draconianas legislaciones de excepción. Stalin para la aniquilación de disidentes y campesinos de las regiones soviéticas, Hitler con los judíos, Milosevic con los bosnios, Videla, Pinochet y Rafael Trujillo con cualquiera que les apeteciera en Argentina, Chile o la República Dominicana, Suharto en Indonesia, Kim Jong-Il en Corea del Norte o Fidel Castro en Cuba. Una horrenda galería de sátrapas, déspotas, tiranos y dictadores obsesionados con imponer el totalitarismo por la violencia a costa de la libertad individual.

Que Husein o Milosevic no reconozcan a sus respectivos tribunales no sólo está determinado por su megalomanía, es una práctica que Hitler refinó a su máxima expresión. El gobierno de un país o región se conquista bien desde dentro del sistema, infiltrado como seguidor de las reglas del juego, o bien desde fuera, por golpe de fuerza. A renglón seguido, se modifican esas reglas del juego con el único principio rector de la servidumbre absoluta a los deseos del líder, también a sus inquinas. El nuevo sistema deja fuera de la ley o convierte en parias sin derechos a una parte de la población, generalmente apelando a indicadores étnicos, religiosos o políticos, de manera que se logra un chivo expiatorio para la evacuación de cualquier tipo de tensión social. El totalitario únicamente se reconoce a sí mismo como emanante de soberanía. Considera que el pueblo no la tiene, y, por ende, ningún parlamento ni asamblea ni tribunal, porque con el logro del poder ejecutivo y su ejercicio absolutista, la población ha sido despojada de capacidad decisoria. El tirano la acumula toda en una autocracia sin límite, eventualmente por la gracia de alguna divinidad o providencia histórica.

La megalomanía del totalitario no es inicial al totalitarismo, sino paralela a su desarrollo. El déspota o el tirano, a veces un sátrapa como Husein o un misántropo austero como Franco pero siempre un iluminado, se considera el único conocedor de una verdad revelada. A partir de su designio, el dictador construye una realidad paralela propia que se sustenta en una especie de manual del totalitarismo que cada dictador aplica como si fuera un algoritmo irrenunciable. Aislamiento, poder absoluto basado en el liderazgo unipersonal, uso de la violencia con prescripciones correctivas para el exterminio de la disidencia y control total de la información. De entre todos estos instrumentos, a mi modo de ver el más significativo porque alimenta a los demás es el aislamiento.

El aislamiento totalitario busca inmediatamente anclajes en cuatro puntos: la institución de un grupo de fieles, habitualmente reunidos en torno a un partido o movimiento social único; el hipernacionalismo y el repliegue hacia el interior de las fronteras; la creación de un aparato de policía política; y la articulación de una potente red de propaganda. Es una mecánica de una simplicidad brutal. Una vez creada la visión del dictador acerca de cómo debe ser su mundo ¬la «weltanschauung» hitleriana¬, se impone esta visión por la acción del movimiento de adictos al régimen, se suprime la disidencia por el aparato de policía política, se filtra y manipula la información a través de la red de propaganda y se exacerban las señas de identidad nacionales contra todo lo extranjero. Aunque determinados sectores de la población tengan ocasionalmente acceso a información que contradiga la visión del mundo del dictador, el tirano, su círculo próximo y el variable porcentaje de población adicta al régimen, por comodidad, convicción o conveniencia, procurarán exponerse únicamente a aquello en su entorno que valide y refuerce la creada visión del mundo bendecida por el dictador. El aislamiento del tirano es como la clandestinidad del terrorista. Un elemento indispensable para que la visión totalitaria de la realidad no se vea erosionada por información discordante, para que la doctrina prevalezca sobre los hechos. El aislamiento es el nicho ecológico para que prenda la ideología del fanatismo. Desde las sectas, pasando por bandas terroristas, hasta llegar a la autocracia de Kim Jong-Il son reverberaciones concéntricas del mismo proceso. Husein o Milosevic no reconocen a los tribunales que les encausan porque, en la realidad que han construido y alimentado, no existe nada por encima de ellos, nadie ante quien responder. Y continuarán aferrándose a esa idea en la soledad de sus celdas hasta que la soga de la justicia se cierre tanto sobre ellos que tengan, como Hitler, que buscar la solución desesperada del suicidio.

Otra peculiaridad común al totalitarismo autócrata de dictadores y tiranos es la colaboración activa o el silencio cómplice de una parte de la población. Es cierto que siempre personalizamos en el sátrapa, pero un ser humano aislado jamás puede dominar a un colectivo. Necesita tejer una tupida malla de lealtades, complicidades e intereses. Y lo hace recurriendo primero al nepotismo, después a la administración de privilegios y siempre a la manipulación de pequeñas vanidades y miserias. El caso es que Fidel Castro no seguiría en Cuba sin una buena parte de la población de su lado, lista para amordazar a la porción disidente. Castro no tendrá que reconocer a ningún tribunal de justicia internacional o nacional, porque cederá el poder cuando muera de viejo. Kim Jong-Il no mataría de hambre a un número de habitantes de Corea del Sur si otro número, privilegiado y parte del aparato dictatorial, no se comiera hasta los niños sin hogar.

Quedan dictadores y poblaciones cómplices en Cuba, Corea del Sur y Vietnam, en Irán, pero también en Swazilandia que está en África o en Nepal que está en Asia, o en la Siria de Oriente Medio y en Libia o Pakistán. Regímenes sin libertad en China, en las monarquías petroleras del Golfo y en Marruecos. Autocracias en las repúblicas exsoviéticas de Bielorrusia o Turkmenistán o en las africanas Togo o Zimbawe. Ninguno reconocería a unos tribunales penales internacionales que, por los intereses de unos y las connivencias de otros, están lejos de juzgar con eficacia los crímenes del totalitarismo.

El pospujolismo va cuesta abajo
Aleix Vidal-Quadras La Razón 16 Julio 2004

A medida que transcurren los meses desde que Jordi Pujol se retiró de la vida política activa para convertirse en testigo mudo de la ejecutoria del grupo de jóvenes dirigentes a los que confió la organización por él creada hace tres décadas, se comprueba que Convergència no sólo ha perdido por completo el rumbo, sino que camina a pasos agigantados hacia la irrelevancia. Las claves de este declive acelerado son claramente tres: la desaparición de la figura carismática que aglutinaba a los diferentes sectores dentro de su formación, el paso de movimiento social de amplísimo espectro a partido estrecha y rabiosamente soberanista, y la pérdida del enorme valor añadido que proporciona el poder. La combinación de estos factores está resultando letal para la fuerza política cuya hegemonía en Cataluña parecía llamada a no tener fin.

Es una pauta frecuente de los grupos humanos enfrentados a cambios profundos de su entorno y de sus circunstancias internas que pierdan la capacidad de distinguir dónde se encuentran sus verdaderos intereses y entren en una espiral imparable de empecinamiento en el error. Convergència es en estos momentos un ejemplo perfectamente ilustrativo de este fenómeno. Su última e incomprensible maniobra de solicitar un voto negativo en el referéndum de la Constitución Europea demuestra hasta qué punto Artur Mas y la pandilla de yuppies independentistas que le baten las palmas carecen del mínimo criterio necesario para encabezar una empresa colectiva con vocación mayoritaria en un Estado ilustrado y democrático. La peregrina razón esgrimida para justificar tan insólita posición por parte de un proyecto que siempre había proclamado su inequívoco compromiso europeísta, ha sido la falta de reconocimiento en el nuevo Tratado Constitucional del catalán como lengua de la Unión al mismo nivel que los veinte idiomas oficiales comunitarios. Con independencia de que semejante pretensión es inviable por obvios motivos jurídicos ¬las lenguas oficiales de las Instituciones europeas son las de los Estados Miembros¬ y operativos ¬una Unión con cuarenta o más lenguas oficiales sería inmanejable¬, el sólo hecho de rechazar uno de los mayores avances en la integración registrados desde la fundación de la Comunidad por una causa tan miope coloca al equipo rector de Convergència al nivel intelectual de los tipejos que son juzgados por el Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia. No es extraño que Unió se haya desmarcado rápidamente de este disparate y haya reafirmado su apoyo al texto aprobado por la Conferencia Intergubernamental. En su alocada carrera hacia el extremismo separatista, Artur Mas está perdiendo su voto moderado, que busca ya otros acomodos más sensatos, y su voto radical, que fluye a borbotones hacia Esquerra. El pospujolismo será el ataúd del pujolismo ante los ojos lacrimosos y atónitos de su antiguo líder.

comisión del 11-m
Un informe secreto del CNI apunta al argelino Lamari como cerebro o ejecutor del 11-M
D. MARTÍNEZ / J. PAGOLA/MADRID ABC 16 Julio 2004

El Centro Nacional de Inteligencia considera al argelino Allekema Lamari como «posible planificador y/o ejecutor» de los atentados del 11-M. Este dato está recogido en dos de los veinte documentos secretos del CNI -ABC ha tenido acceso a todos ellos- que fueron examinados a puerta cerrada por los diputados que integran la comisión parlamentaria que investiga la matanza. En un informe, fechado el pasado 16 de marzo, se precisa que la «principal línea de investigación de nuestro Servicio apunta a que los atentados serían atribuibles a un grupo local de personas con organización todavía rudimentaria que responden a orientaciones ideológicas de la Yihad Internacional radicados en países de nuestro entorno, preferentemente norteafricanos». El documento responsabiliza a Lamari de los atentados al considerar que «tiene el suficiente liderazgo y grado de fanatismo. Se considera urgente y prioritaria su localización y detención».

En un segundo informe -fechado el 6 de noviembre de 2003- se precisa que Lamari fue detenido en Valencia en abril de 1997 dentro de la «operación África» al estar acusado de pertenecer a un grupo armado. El mismo documento destaca que en septiembre -no especifica el año- este individuo «comunicó la intención de algunos elementos argelinos que podrían cometer algún atentado en España. Incendio forestal de grandes dimensiones sobre algún objetivo rentable. O alguna acción contra un edificio por un ciudadano en un vehículo conducido por un mártir». El documento revela que en junio de 2002, tras cumplir condena, Lamari salió de la cárcel de Alama (Pontevedra) y se estableció en Tudela (Navarra).

La amenaza de los servicios iraquíes
El 21 febrero de 2003, un mes antes de que comenzara la guerra de Irak, el CNI elaboró un informe en el que advertía que la «materialización o no de atentados terroristas contra intereses españoles dependerá tanto de la evolución y virulencia del eventual conflicto bélico -una vez desencadenado- como de la posición y, sobre todo, de la participación material de España en el mismo y de la imagen que se presente de nuestro país a las comunidades musulmanas». Añade que los «objetivos más previsibles en España son los representados por intereses israelíes y norteamericanos, incluso por delante de los propios españoles». Asimismo, alerta de que se «ha incrementado notablemente» la amenaza de «un posible atentado con materiales nucleares, biológicos, químicos y radiológicos. «La amenaza de un ataque terrorista en el ámbito NBQR en España existe».

El documento señala que «no se ha podido constatar» que los grupos detectados «hasta el momento en España tuviesen intención o capacidad para atentar en España». Pese a ello, «no puede descartarse la presencia de alguna célula durmiente desconocida y que cuente con infraestructura para realizar alguna acción en un momento dado».

El informe también recoge que «la amenaza procedente de los servicios de inteligencia iraquíes con presencia en suelo español es real por su capacidad, aunque no se considera muy probable por el miedo a las consecuencias tras la caída del régimen».

Apoyo en Melilla
Otro de los documentos del CNI analiza los atentados de Casablanca y considera que «forman parte de una estrategia global a la que no puede sustraerse ningún territorio, incluido España». En este sentido, alerta de que el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate, autor de la matanza, pueda «ejecutar alguna acción terrorista en nuestro país». Asimismo, revela que «elementos salafíes residentes en Melilla habrían prestado apoyos necesarios tanto para la planificación y ejecución de los atentados, como para proveer de refugio a personas buscadas por las autoridades marroquíes y como punto de entrada de éstas en territorio europeo». El documento señala que alguno de los autores de estos atentados contaron para su huida «con el apoyo de infraestructuras del Grupo instaladas en nuestro país. Ello subraya la importancia del territorio español como base de apoyo a actividades terroristas islámicas».

Tomar «en serio» la amenaza
Fechado el 20 de octubre de 2003, este informe, que analiza el comunicado emitido por Osama bin Laden dos días antes, precisa que «la amenaza explícita ha de ser tomada en serio. Existe en España la suficiente presencia de radicales que podrían actuar en respuesta al comunicado. Las detenciones producidas en España están transmitiendo a las colonias musulmanas comprometidas con la Jihad la sensación de que «España es un país alineado con el enemigo del Islam»».

Reforzar medidas de protección
Bajo el titulo «Evaluación de la amenaza terrorista de origen islámico», este documento, elaborado el 30 de octubre de 2003, señala que, «a pesar de realizar tareas de seguridad civil, el despliegue de las FAS españolas en Irak es percibido por las sociedades árabes como ocupación militar». Y agrega que «las amenazas explícitas a intereses españoles han crecido significativamente en los últimos meses. Aunque muchas son vagas o no completas, el conjunto indica la evaluación considerable del nivel de riesgo en territorio nacional y, en especial, en algunos países de mayoría musulmana. Parece necesario -concluye este informe- reforzar las medidas de protección en estos ámbitos, contemplando en ellas la de los vuelos de aviones oficiales a zonas sensibles».

Campaña planificada
Se refiere este documento a(21 de noviembre de 2003) a los atentados suicidas de Estambul (15 de septiembre de 2003) y advierte que «la frecuencia con que se vienen sucediendo los atentados de la Yihah Internacional demuestra la existencia de una campaña terrorista planificada, cuya finalidad es hacer percibir a Occidente que sus intereses y ciudadanos están sometidos a un elevado nivel de riesgo en cualquier lugar en que se encuentren».

Comunicado de ETA
El CNI, en un documento fechado el 16 de marzo de 2004, analiza el comunicado difundido por ETA dos días después del 11-M. Su conclusión es la siguiente: «ETA trata de obtener réditos políticos de la situación creada tras el atentado de Madrid. No obstante, esos acontecimientos no afectarán ni a su estrategia ni a sus procedimientos para alcanzar sus objetivos».

Vídeo de reivindicación
El informe, fechado el 16 de marzo de 2004, recoge sólo el texto del vídeo en el que los terroristas reivindican los atentados de Madrid.

«Más bien varios suicidas»
Elaborado el 15 de marzo de 2004, este documento, tras señalar que ya está «consolidada la hipótesis islamista como motivadora de los atentados», dice que la furgoneta encontrada en Alcalá de Henares constituye «por sí misma toda una reivindicación. Los detonadores hallados en su interior están a la vista, como dejados a propósito para llamar la atención sobre el vehículo. Sobre la cassette, el informe señala que es «comercial, incluso muy frecuente», y afirma que su mensaje podría ser el siguiente: el atentado es suicida». Sobre este asunto, en las conclusiones se dice que «el atentado podría haber sido cometido por uno o más bien varios suicidas y resulta probable que se produzcan otros en los que posiblemente no tengan en cuenta la limitación de daños, incluida la utilización de agresivos NBQR si logran disponer de ellos. El objetivo del atentado no es sólo el Estado español por su implicación en Irak, sino también la población española que ha expulsado (hace 500 años) a los musulmanes de España».

Para el CNI, «el hecho de haber abandonado siete detonadores podría contener otro mensaje implícito: los autores disponen de material suficiente para perpetrar nuevos atentados».

En este informe también se analiza el comunicado reivindicativo publicado en el periódico Al Quds y la cinta de vídeo encontrada en una papelera próxima a la mezquita de la M-30.

En sus conclusiones, el documento señala que la «Al Qaida no habría participado en la organización de los atentados y, con gran probabilidad, no los ha impulsado. Los atentados serían atribuibles a un grupo de personas, con organización todavía rudimentaria».

Sin relación con ETA
El documento (16 de marzo de 2004) que analiza las posibles relaciones entre presos de ETA y terroristas islamistas, concluye que «por el momento no se han encontrado elementos que permitan afirmar que ha habido relación directa o indirecta entre ambos grupos en relación con los atentados de Madrid». Califica de «a título personal» los contactos en la prisión de Villabona (Asturias) de Aldelkrim Bensmail con Juan Igarataundi Peñagaricano y Juan Luis Camarero López.

Sin la dirección de Al Qaida
El CNI, en el informe (12 de abril de 2004) «Análisis de los atentados del 11-M y actividades terroristas posteriores en Madrid», revela que «el fanatismo manifestado tanto en la elección de los objetivos como el posterior suicidio, sólo puede haber surgido de la existencia de un líder (emir) con gran ascendencia sobre la totalidad del grupo sin fisuras ni disidencias». «El emir no es, con gran probabilidad, ninguna de las personas que han sido detenidas hasta el momento ni se encuentra entre los que se inmolaron en Leganés». Asimismo, afirma que «la aparición alternada de los diferentes comunicados de reinvindicación indica la ausencia de coordinación directa e inmediata entre el grupo ejecutor y la dirección, en cualquiera de sus niveles, de la Jihad. El grupo terrorista ejecutor de los atentados de Madrid no habría actuado siguiendo instrucciones concretas ni ha recibido apoyos de la dirección de la Jihad/Al Qaida. Se trata en esencia de un grupo local».

Para el CNI, los implicados conocidos «no son personas que hubieran destacado por sus manifestaciones de islamismo radical».

Capitalizar los atentados
Otro documento, fechado el 21 de abril de 2004, hace una valoración del comunicado emitido por Bin Laden el pasado 15 de marzo. Tras decir que «puede considerarse auténtico», el CNI destaca que «la asunción de los atentados de Madrid como propios, aunque no afirma haber tenido participación en los mismo, representa un intento de capitalizarlos en su beneficio».

Más atentados
Con el título «Crisis de Irak, repercusiones del conflicto sobre el terrorismo internacional», este documento (28 de marzo de 2003) advierte que «es de esperar un incremento de las acciones terroristas contra intereses tanto de países directamente implicados en esta pretendida agresión como de aquellos otros que, de alguna forma, pueden ser considerados sus aliados».

Apoyar al Consejo de Gobierno de Irak
El informe «Consideraciones sobre la amenaza de Irak», elaborado el 29 de julio de 2003, recomienda «apoyar al Consejo de Gobierno, cooperar en la formación de nuevos cuerpos de defensa y seguridad, prestar asistencia técnica en la elaboración de la legislación antiterrorista y hacer que la UE mantenga un diálogo intenso con los países vecinos a fin de asegurar la estabilidad del país».

Amenaza contra las tropas
Este documento (27 de agosto de 2003) se refiere a «las amenazas que se ciernen sobre la brigada multinacional Plus Ultra. El riesgo general de amenaza para el contingente español es alto. Las Fuerzas españolas deben extremar las medidas de seguridad».

Armas de destrucción masiva
El informe sostiene que «Irak cuenta con alguna capacidad para desarrollar armas de destrucción masiva»

Un experto en la Constitución advierte del peligro de las reformas previstas
«Las cambios de las Cartas Magnas en Europa han fracasado», aseguró en FAES
La intervención en los cursos de las FAES de Tomás Ramón Fernández, catedrático en Derecho Constitucional, consistió en una crítica profunda a los que pretenden una reforma de la Constitución. El catedrático de la Complutense dejó clara su apuesta por los cambios silenciosos de la Carta Magna, tal y como se han llevado hasta ahora. Afirmó que las reformas propuestas por el Gobierno socialista no son necesarias.
C. Sanz/ A. Raicheva La Razón 16 Julio 2004

Madrid- Tomás Ramón Fernández, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense, afirmó ayer que las reformas legales «no van a las causas, sólo tienen un efecto analgésico». El catedrático se mostró escéptico ante los cambios que propone el Gobierno socialista de la Carta Magna y aseguró que no conviene asumir el riesgo de «abrir el melón» de la reforma constitucional. Según él, abolir la preferencia del varón ante la mujer en el orden sucesorio de la Corona es «una tontería» ya que después habría que resolver el principio de igualdad entre el primogénito y sus hermanos, o la preferencia de la Familia Real frente al resto de los españoles. «La Monarquía no tiene nada que ver con el principio de igualdad». Según él, esto significaría empezar una discusión inacabable que pondría fin a la propia Monarquía.

La propuesta de incluir la denominación de las comunidades autónomas en la Constitución le parece innecesaria porque «las cosas no van a cambiar por el hecho de que se citen las comunidades autónomas individualmente». Sin embargo, esta tentativa, según subrayó, «sí podría suponer un obstáculo adicional a lo que quizás un día resulte inevitable: reducir el número de gobiernos autónomos».

Al abordar el tema de la reforma referente a la participación de las Comunidades Autónomas en la Unión Europea, Ramón Fernández tampoco se mostró convencido. «Meterse en el territorio pantanoso de la reforma constitucional no merece la pena».

Según el experto, los resultados de la experiencia de los cambios constitucionales en Bélgica, Austria, y Alemania no parecen muy positivos, y recordó que la ejecución de las políticas europeas ya cae en manos de las autonomías, sin embargo, si éstas incumplen alguna directiva de la Unión Europea la «responsabilidad debe asumirla el Reino de España». El experto afirmó que la solución de este problema no pasa por la reforma de la Carta Magna, sino por la elaboración de leyes orgánicas, es decir a nivel subconstitucional.

«El sistema, por lo demás, sigue funcionando sin dificultades insuperables». Añadió que se han producido muchos cambios desde 1978 hasta ahora, «una verdadera mutación por vía silenciosa». Fernández recalcó que la única reforma necesaria en la Constitución es aquella que limite claramente la separación de competencias entre el Estado y las autonomías.

La Constitución europea frena al nacionalismo
Madrid- Según José María Areilza, profesor de Derecho de la UE en el Instituto de Empresa, la Constitución Europea tiene varias ventajas para España ya que «la disciplina de la UE, tanto en el plano jurídico como en el político, puede limitar las aspiraciones nacionalistas». Afirmó que España había logrado sus objetivos, aunque «existe un punto negro» acerca del reparto de poderes. «Pero espero que se pueda solucionar». Sin embargo, añadió que antes de la celebración del referéndum sería conveniente armonizar los textos de la Constitución española y la europea.

A vueltas con la nación
Miquel Porta Perales ABC (Cataluña) 16 Julio 2004

¿En qué están pensando los parlamentarios catalanes cuando afirman que Cataluña es una nación? ¿Tiene hoy Cataluña una -en singular- identidad propia? ¿Sólo existe una lengua propia? Lo mismo cabe preguntar de la cultura, la historia, etc. Por no hablar de una voluntad de ser -soberanista, por supuesto- no compartida por toda la ciudadanía.

La ponencia del Parlament que debate la reforma del Estatut ha presentado el índice del nuevo texto. Lo que destaca -más allá de la amplia lista de competencias solicitadas- es la definición de Cataluña como nación, cosa que suscita una de las cuestiones que más tinta ha derramado en el seno de la politología: ¿qué es una nación? La pregunta no es ociosa, porque si Cataluña es una nación, y si sabemos qué es una nación, por fin sabremos qué es Cataluña.

Tradicionalmente, son varios los criterios utilizados para definir una nación. Por ejemplo: el territorio, el origen o el linaje, la lengua, la tradición y las costumbres, el pasado histórico común, las leyes y la religión comunes, la cultura, la conciencia y la voluntad de ser, la existencia de un Estado, la creencia en una misión o proyecto, el espacio económico y el mercado. Según esta lista -que podría ser más larga-, una nación puede estar constituida por los habitantes de un territorio, por los que hablan una determinada lengua, por los que comparten una cultura o historia, etc. En fin, la cosa depende del criterio escogido para definir qué es una nación.

En general, la definición más aceptada de nación -sobre todo por los nacionalistas- se inspira en un libro de Stalin titulado `El marxismo y la cuestión nacional'. A partir de este trabajo, se concluye que la nación existe en función de unos elementos objetivos (lengua, historia, cultura, identidad, carácter, etc.) y subjetivos (conciencia de pertenecer y voluntad de ser). Otras ideas de nación son la francesa y la alemana. La idea francesa va ligada al concepto de `ius solis' según el cual es francés quien ha nacido en Francia. Por su parte, la idea alemana va ligada al concepto de `ius sanguinis' según el cual es alemán quien ha nacido de padres alemanes y comparte ciertos elementos como la lengua y la cultura alemanas. Finalmente, cabe citar un par de ideas más, la de nación política y la de nación cultual. Para la primera, la nación no tiene nada que ver con ninguna realidad natural, sino con una necesidad política e ideológica que quiere asegurar el funcionamiento de un Estado cohesionando los ciudadanos en un mismo espacio económico, simbólico y político. Para la segunda, la nación encuentra su fundamento en una realidad prepolítica vertebrada alrededor de la lengua, la historia, la cultura, la raza, etc.

Repasada la teoría, volvamos al Parlament. ¿En qué están pensando nuestros parlamentarios cuando afirman que
Cataluña es una nación? Sólo lo sabremos cuando el texto articulado de la propuesta de nuevo Estatut de Cataluña esté en nuestras manos. Pero -conociendo el paño-, supongo que la nación catalana será definida, al modo estaliniano, como una comunidad dotada de una identidad, una lengua, una historia y una cultura propias así como de una voluntad de ser. Si eso es así -sospecho que así será-, nuestros parlamentarios legalizarán la existencia de una inexistencia. Algunas preguntas: ¿quizá Cataluña tiene hoy una -en singular- identidad propia? ¿Es lícito sostener que en Cataluña -más allá de lo que diga el actual Estatut- sólo existe una lengua propia olvidándose de
que hay otra u otras? Y lo mismo cabe preguntar de la cultura, la historia, etc. Por no hablar de una voluntad de ser -soberanista, por supuesto- que no es compartida ni mucho menos por toda la ciudadanía. Sospecho que los parlamentarios encargados de redactar el nuevo Estatut ofrecerán un brillante ejemplo de cómo se inventa una nación. Y lo harán a la carta, es decir, seleccionando y/o depurando y/o mistificando aquellas características reales o imaginarias que más les interesen a mayor gloria de la nación catalana que quieren construir. El historiador británico Eric Hobsbawm decía que todo nacionalismo inventa la nación en un peculiar «ejercicio de ingeniería social deliberado». Pues, eso. Y a quien desee saber qué es Cataluña se le aconseja que no haga caso del Título
Preliminar del nuevo Estatut y salga a la calle y afine el oído.

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