AGLI

Recortes de Prensa     Domingo 18 Julio 2004

Huir del Estatuto
JAVIER ZARZALEJOS El Correo  18 Julio 2004

MULTICULTURALISMO MAL COLOCADO
ÁLVARO DELGADO-GAL ABC 18 Julio 2004

Obsesionados con Aznar
Iñaki Zaragüeta La Razón 18 Julio 2004

TROPISMOS

Jon JUARISTI ABC 18 Julio 2004

La memoria de los que no tienen nombre

Pedro Corral La Razón 18 Julio 2004

El muro de hormigón armado

Amando de Miguel La Razón 18 Julio 2004

La Universidad y los presos

AURELIO ARTETA, MARISOL CRUZ, JOAQUÍN DE PAÚL, FRANCISCO DOÑATE   El Correo  18 Julio 2004

ETA intenta acudir a su anual cita veraniega con el terror en Levante
ABC 18 Julio 2004

Presos de ETA tienen más horas de patio y psicólogos «especiales» sin traductor
Marcos S. González La Razón 18 Julio 2004

Vargas Llosa dice que la excepción cultural es antidemocrática
Eva Muñoz La Razón 18 Julio 2004

Vargas Llosa denuncia que la llamada excepción cultural es «antidemocrática»

ÓSCAR BELLOT ABC 18 Julio 2004
 


Huir del Estatuto
JAVIER ZARZALEJOS El Correo  18 Julio 2004

Con cierta ingenuidad, a la insatisfacción reivindicativa del nacionalismo se suele oponer del lado constitucionalista la evidencia del desarrollo autonómico, la consolidación de un entramado institucional de autogobierno sin precedentes, la capacidad de recaudación y gasto adquirida a través del Concierto Económico y el hecho de que sea la legitimidad estatutaria y constitucional que el nacionalismo rechaza la que le haya avalado en el gobierno desde hace veinticinco años.

Pero el nacionalismo no ignora nada de esto. Bien al contrario, lo conoce perfectamente y lo utiliza con una maestría que le acredita como el mayor beneficiario en el País Vasco de la transformación constitucional de Estado. El argumento -por eso hablaba de ingenuidad- no le conmueve. Y para probarlo ahí está el plan Ibarretxe fielmente representativo del carácter puramente instrumental que el nacionalismo atribuye a la autonomía, asumida por aquél en tanto ha resultado útil para el desarrollo de su proyecto y la consecución de sus objetivos estratégicos. Hay en el nacionalismo una huida de la autonomía, como la hay de la singularidad foral del autogobierno vasco en función, no de una 'apuesta de futuro' para el conjunto de la sociedad vasca sino de una apuesta de poder que concierne y beneficia sólo y exclusivamente al propio nacionalismo. Si se entiende que para el nacionalismo la constante es el poder y la variable es el marco jurídico-político más propicio para asegurarlo, hay que reconocer que su posición ante el futuro del Estatuto nada tiene de contradictoria. Es de una coherencia aplastante.

¿Por qué el nacionalismo reniega del Estatuto? Conocemos bien el argumentario con que se le descalifica. Sin embargo, en vez de buscar en el supuesto fracaso las causas de esa deriva, habría que situar en el éxito de la experiencia estatutaria -y en la misma medida, constitucional- el verdadero temor del nacionalismo a un futuro de normalidad política, recuperación social y alternancia de gobierno. Es ahí, en los temores de futuro, más que en las impostadas frustraciones del presente, donde radica el impulso a esta ruptura estatutaria y constitucional que el nacionalismo promueve, a partir de una observación más clara que la de sus adversarios de algunas realidades que se esconden bajo su poder tan visible.

Seguramente habrá más, pero al menos hay tres factores cuya evolución afecta de lleno al futuro del proyecto nacionalista. En primer lugar, la solidez que demuestra la naturaleza plural de la sociedad vasca. El empeño parecería casi milagroso si no estuviera jalonado de ejemplos reales de virtud cívica y personal. Todos los partidos democráticos no nacionalistas han sido víctimas del terrorismo de ETA y de su estrategia de exterminio. La sociedad vasca ha sufrido un éxodo que acumula miles de desplazados forzosos, mientras las políticas y el dinero público se han puesto sin tasa al servicio de los objetivos identitarios del nacionalismo, administrados desde Ajuria Enea. Lo increíble es que a estas alturas los equilibrios electorales no se hayan roto sino que refuercen su sentido de pluralidad política y territorial. Lo que dice mucho a favor de la contextura democrática de la sociedad vasca es que, a pesar de la presión ejercida desde tantos frentes, la comunidad autónoma no se haya convertido en el páramo monocolor soñado por el soberanismo. Hasta tal punto es así que el nacionalismo se encuentra en la desairada situación de tener que esperar que desde Cataluña venga el impulso político para su proyecto, que él mismo no es capaz de generar dentro de la sociedad vasca. Y, por la misma razón, se esfuerza en justificar su puja por la construcción nacional como una promesa de mayor bienestar en vez de utilizar las tradicionales apelaciones a la plenitud del ser nacional vasco que, como otras incursiones metafísicas de sus ideólogos, no parecen ser capaces de superar las fronteras domésticas de la militancia más convencida.

Si el limitado recorrido que está demostrando el plan Ibarretxe puede haber provocado cierta perplejidad en el nacionalismo, tampoco debe serle fácil de digerir la evolución del terrorismo de ETA. Entiéndase bien. El nacionalismo ha visto siempre en el terror de ETA la expresión de un conflicto, abocado, tarde o temprano, a resolverse mediante una negociación política en la que las pretensiones nacionalistas se impondrían como la única receta capaz de traer la paz, la paz nacionalista. La derrota de ETA ni se contemplaba, ni se creía posible, ni nunca se ha deseado. No parece que las cosas vayan por ahí. Y no porque ETA no mantenga capacidad destructiva sino porque el debilitamiento acelerado de la banda y el fortalecimiento correlativo del Estado de Derecho han roto los mitos tanto tiempo asociados a esas mortíferas siglas. En algún momento el nacionalismo tendrá que plantearse cómo será juzgado su papel en este periodo crucial de la lucha contra el terrorismo de ETA. Ahora lo que sí resulta meridianamente claro es que nunca ha habido menos coartadas para plantear ningún precio político, ni directo ni indirecto, por el derecho de la sociedad vasca a un futuro libre del terror, ni para regatear a las víctimas su derecho a la reparación, a la memoria y a la dignidad frente a sus victimarios.

Y, además, Europa ya no consuela. El nacionalismo apenas disimula su decepción ante el Tratado Constitucional de la Unión. La crisis del discurso europeo del nacionalismo se ha ido desplegando con cada paso en el proceso de integración. Viaja mal y para hacerse notar más allá de los Pirineos tiene que recurrir a explotar cada vez con más frecuencia las singularidades antropológicas, lo que, sin duda, impresiona a los interlocutores y facilita una retórica tan amistosa como políticamente estéril. Lo cierto es que al afirmar la legitimidad racional y cívica de la Unión y depositarla en los Estados y en los ciudadanos, Europa rechaza las incrustaciones etnicistas en su futuro. Tanto tiempo pensando que la integración europea haría por arriba el trabajo de desgaste de los Estados nacionales que el nacionalismo se proponía hacer en su interior, para encontrarse al final con un resultado que no sólo no anula sino que potencia el espacio político estatal hasta el punto de convertir a la Unión en la proyección más visible de su poder.

Si el pluralismo de la sociedad ha dejado estancado un proyecto de ruptura institucional que amenaza la cohesión y la convivencia, si el discurso de 'pacificación' que el nacionalismo ha querido instalar ha demostrado ser ventajista y fallido, si ya es insostenible adornarse con plumas europeas para legitimar la ruptura del marco político común, algunas conclusiones deberían sacarse. No hay ninguna dinámica social imparable, ningún proceso social o político inexorable que arrastre al desistimiento. Tampoco a la resignación que propone como único horizonte posible de la política vasca gestionar la precariedad. Se pueden cometer errores que tendrían que ser muy graves -y ahora ya inexcusables- para apartar a la sociedad vasca del camino de la normalidad y abandonar el terreno ganado para la libertad y la ley. Renunciar a una alternativa de gobierno, posible y deseable, no debería ser uno de estos errores.

MULTICULTURALISMO MAL COLOCADO

ÁLVARO DELGADO-GAL ABC 18 Julio 2004

No parece que el Foro Universal de las Culturas esté convocando, ni aun remotamente, a las grandes multitudes que en tiempos acudieron a las Olimpiadas. Y es que lo del multiculturalismo es demasiado conceptuoso, e infinitamente más aburrido que los fastos deportivos. Pero el escaso eco popular del Foro es lo de menos. Proyectos inmobiliarios aparte, el Foro intenta ser en esencia una reivindicación nacionalista en clave multicultural. Y esto es interesante, y también un poco pintoresco. Permítanme que proceda por partes.

En la doctrina multiculturalista -un invento de la universidad americana- confluyen tres vectores: la antropología cultural, la filosofía política, y la crítica gauchiste al sistema. Los multiculturalistas más vehementes pregonan, en primer lugar, que todas las culturas son intrínsecamente valiosas, y ninguna más valiosa que otra. Esta actitud se conoce también como «relativismo cultural». Consideremos a la Inglaterra de la época victoriana. Se trataba de una sociedad ya industrializada, depositaria de un legado científico formidable, y propensa a la celebración de determinados ritos -las inauguraciones de curso en Oxbridge, los fastos de la Iglesia anglicana, los modos dialécticos y discursivos de la Royal Society, etc...-. En vista de todo esto, los victorianos se estimaban más civilizados que los indígenas maoríes. El multiculturalismo de trinchera sostiene que esto no es verdad. Y que los mitos y rituales maoríes son tan complejos y respetables, a su manera, como los artefactos culturales de Gran Bretaña en los tiempos de Oscar Wilde.

¿Qué ha impedido a los ingleses advertir este hecho crucial? Los victorianos habrían cometido el error de juzgar lo ajeno desde su punto de vista peculiar. Por tanto, de condenar lo que no entendían. Y después de condenarlo, de intentar suprimirlo. ¿Cómo? A través de la escuela pública, la imposición de la ciencia, y el aparato del Estado. De paso, se habría incurrido en abusos, y en explotaciones varias. Aparece en este momento, claro es, la segunda constante multiculturalista: la crítica del sistema. Una sociedad auténticamente libre, sería una sociedad sin un centro dominante, en la que convivieran, alegremente, las culturas más diversas.

Es evidente que los organizadores del Foro han traducido todo esto a términos más castizos. Leemos en la propaganda oficial: «En un momento en que la mundialización económica rompe las barreras del Estado nación hay que dar la palabra a las culturas, los pueblos... para que puedan aportar nuevas visiones y propuestas a los graves problemas que los cinco siglos de dominio de los Estados han generado». Aquí se está identificando, de modo claro, a la cultura oprimida con la catalana. Y al Estado español, con el Estado opresor.

Esto liga de modo natural con los orígenes románticos del nacionalismo catalán. Al pensar sobre sí mismos, los nacionalistas catalanes no se identificaron con la causa democrática de, pongamos, un Mazzini. Asumieron más bien el papel de los nacionalistas alemanes que veían en la maquinaria civilizatoria francesa, y en los ejércitos franceses, un factor de opresión de lo específicamente alemán, en sentido cultural. Los nacionalistas dieron a continuación un segundo paso. El camino más seguro para proteger a una cultura amenazada contra los embates de un Estado organizado y culturalmente hostil, es dotarse a su vez de un Estado. La apelación a la política, y al autogobierno, se hace por tanto en nombre de la cultura. Es preciso montar una administración exenta para que no perezcan las esencias espirituales.

Retornemos al Foro. La implícita reivindicación nacionalista del Foro adolece de un problema de fondo y también de un problema de estilo. El problema de fondo es que el multiculturalismo no sirve para postular una cultura corradial a un Estado. Para lo que sirve, es para defender que muchas culturas convivan en un mismo marco político-institucional. Verbigracia, el correspondiente a la Autonomía catalana. La doctrina multiculturalista, en una palabra, bendeciría más el «statu quo» actual, que una profundización del autogobierno en clave catalanista. Vaya por delante que estoy pensando en nacionalistas sesgados hacia el independentismo, que no es por fuerza el caso de quienes están detrás del Foro. O que sólo lo es, si acaso, de algunos.

El problema de estilo afecta a la autorrepresentación que de sí efectúan los nacionalistas catalanes. La comparación con la culturas oprimidas, muchas de ellas sitas en latitudes que nos remontan a la etapa de los hombres cazadores o recolectores, refleja mal la situación catalana, y por supuesto, lo que los catalanes de verdad creen ser. Puesto que los últimos pretenden haber constituido, y aciertan, una de las sociedades más desarrolladas de España. Es más congruente con el imaginario nacionalista catalán la estampa de la Holanda calvinista de los tiempos del duque de Alba. Un país próspero, industrioso y avanzado que agoniza bajo la bota de los Tercios españoles. Pero estoy exagerando, claro. Ni las cosas son así, ni se piensan de verdad así, ni nada tiene que ver con nada. Empezando por la broma multiculturalista, por cierto.

Obsesionados con Aznar
Iñaki Zaragüeta La Razón 18 Julio 2004

V ivir para ver. Resulta que Manuel Fraga salió hace unos días a la palestra para enmendarle la plana a José María Aznar por hablar sobre la política española, acusándole de intento de tutelar a Mariano Rajoy. Como la vida misma. Quien más tiene que callar, se erige en salvaguarda de sabe Dios qué. Lo hace quien no se privó jamás de comentar la actualidad nacional e internacional, se identificara o no con las tesis del Gobierno de turno. ¿Acaso no recuerda que se dio la carita con Fidel Castro sin importarle que su partido se las tenía tiesas con el comandante?. ¿Ha olvidado sus comentarios sobre terrorismo, negociaciones con ETA, modificaciones de la Constitución o Estatutos, molestaran o no a los Ejecutivos nacionales?.

Comprendo la reacción crítica del PSOE y de los medios de comunicación que gobiernan con él, pero resulta patético que desde Galicia se avive la controversia por parte de quien debería preocuparse casi exclusivamente de minimizarla.

Lo dije hace unas semanas a propósito de otra polémica similar. No tiene sentido que un ex-presidente del Gobierno esté obligado al silencio. Todo lo contrario. Son los más requeridos por los principales foros, como es lógico. Ronald Reagan, Willy Brandt, Bill Clinton, Margaret Thacher, Mijail Gorvachov, Felipe González y un sinfín de mandatarios han recorrido y recorren los países para narrar sus experiencias y opiniones. ¿Lo pueden hacer todos excepto José María Aznar? Parece una contradicción.

Pienso que nuestro ex-presidente la erró con reiteración en el último año y medio de su legislatura. Quizás no percibió que a sus convecinos, los españoles, no les bastaba con que tuviera la finca limpia, aseada y administrada. Necesitaban además que les mostrara simpatía, que les diera los buenos días, que se interesara por los hijos y la familia. Para echarlo, aprovecharon un día de tormenta y vendaval durante el que había descuidado la escalera. Pero tenía razón en que, si no llega a producirse el accidente atmosférico, la finca no se hubiera ensuciado.

Cambien ustedes al presidente de la Comunidad de vecinos por Aznar, la escalera por España y la tormenta por el atentado del 11-M. En eso tiene razón. El resto -Constitución Europea, modelo territorial...- es su tesis. Tiene derecho a exponerla.

TROPISMOS
Por Jon JUARISTI ABC 18 Julio 2004

LLAMANDO a la Tierra. Estoy en Puertomarte sin Hilda. Estoy en Puerto Príncipe sin Leire. Estoy en Puerto Banús sin Blanca. Estoy en Puerto Lápice sin Sacapuntas. Estoy en Puerto de Santa María sin Pocahontas. Estoy en Puerto Hurraco sin Fronteras. Estoy en Puerto de Envalira, principado de Andorra (se recomienda el uso de cadenas). Estoy en Puertollano sin cepillo de dientes. No tengo pajolera idea de dónde estoy. En menos de tres meses se me han fundido los tropismos. Feliz Garzón, que aún sabía orientarse, en pleno 11-M, entre las crípticas indicaciones geográficas de un Díaz Pintado: cincuenta por ciento al norte, cincuenta por ciento al sur, pero apuntando al sur.

Así, sin más detalle, lo de Díaz Pintado parece una escueta descripción de la política exterior del Gobierno Rodríguez. Ecuanimidad ecuménica. Reparto paralelo y meridiano de los esfuerzos a lo largo de todos los meridianos y paralelos. Pero apuntando al sur. Una política meridianamente clara. Una política para lelos. No es preciso explicarla. Apreciemos su lógica sin cuestionarla, porque de lo contrario el país se deslizaría hacia una angustiosa disonancia cognitiva (por lo menos, la mayoría que el 14 de marzo votó lo que votó: es decir, un rechazo rotundo del tropismo atlántico). Distribución universal del talante y de la benevolencia y de las infinitas ansias de paz emanadas desde el Cerro de los Ángeles, corazón de un mundo sin corazón. Pero apuntando al sur.

O, lo que viene a ser lo mismo, apuntando al apuntador. En el nuevo escenario, esta función, como ya es evidente, corresponde a Marruecos, el cielo protector. Marruecos apunta, porque nos protege y nos protegerá, siempre que no nos salgamos del texto que nos dicte. Prohibido echarse al jardín y ojo con las morcillas ingeniosas. ¿De qué nos protege Marruecos? De la desestabilización del Magreb. Traducción al español: Marruecos nos protege de Marruecos. De sus fundamentalistas. De sus nacionalistas. De todo aquello contra lo que hemos renunciado a protegernos. El precio de la protección, por el momento, no es caro, aunque resulte escandaloso. Lo pagarán, casi en su totalidad, los hijos de quienes terminaron pagándolo hace justamente treinta años: los saharauis.

Ésta será, sin duda, la única parte del guión de la historia pasada que veremos repetirse. El resto se desplegará en una teoría de inversiones paradójicas (como el hecho de convertirnos en protectorado tácito de nuestros antiguos protegidos) que apuntará, no precisamente al sur, sino a un desenlace político previsible: la subordinación de la política exterior española a los intereses de nuestros fraternales aliados y vecinos del norte y del sur (al cincuenta por ciento para cada uno de ellos, pero apuntando en dirección opuesta a la aguja de marear). Entiendo que esta perspectiva entusiasme, por ejemplo, al núcleo entreguista del arabismo académico: valga como muestra la intervención de la profesora Martín Muñoz ante la Comisión del 11-M, que si bien no aportó la mínima información clarificadora sobre el objeto de la investigación, al menos (y aunque tampoco hacía falta), dio ciertas pistas acerca de las fuentes ideológicas en las que abrevan los socialistas a sus diplomáticos. Personalmente, creo que, ante la dolorosa certeza de nuestra incapacidad para protegernos, nos habrían protegido mejor en el futuro nuestros anteriores amigos: los mismos, por cierto, que protegen ahora a nuestros actuales protectores.

Sin embargo, nada de lo dicho empaña la brillante lógica, entre binaria y difusa, que guía la política exterior del Gobierno Rodríguez y, en particular, la frenética actividad de su ministro Moratinos: una lógica fundamentada en el principio del 50 por ciento en cada dirección, pero apuntando al apuntador, como los saharauis han tenido ocasión de comprobar. Lo importante es que no falle el tropismo. Ya es una considerable ventaja disponer de alguno, para saber orientarse en esta época de confusión. Acaso haya en todo esto algo de fatalidad etimológica: de Morata (de Tajuña) al ínclito Moratinos. Materia quizá para un romance histórico: Moratinos, Moratinos, / moro de la morería... Etcétera.

La memoria de los que no tienen nombre
Pedro Corral La Razón 18 Julio 2004

Para un investigador hay pocas emociones comparables a la de tener entre tus manos los documentos originales que dan fe del hecho del pasado sobre el que estás indagando. Parte de esa emoción viene alimentada por la impresión de que esos documentos han sido tuyos desde siempre, e incluso pasa por tu cabeza el deseo de sustraerlos y llevártelos a casa, escondidos bajo la camisa. He compartido esta confesión con otros muchos investigadores, con quienes venía a concluir que, en el fondo, la función de los archivos, bibliotecas y museos públicos vendría a ser, en definitiva, no tanto la de custodiar un patrimonio común para las futuras generaciones, como la de disuadir de la tentación de que cada cual se apropie de lo que no pertenece a nadie y a la vez nos pertenece a todos. No por casualidad, en el fondo de la reivindicación nacionalista sobre la documentación de la Guerra Civil que custodia el Archivo de Salamanca anida la actitud de los que creen que ellos son más que «todos» y consideran que los demás son «nadie». A esta controversia ha venido a sumarse ahora un nuevo frente: el de los papeles conservados en el Archivo General Militar de Ávila que, como informaba este periódico el 12 de julio, incluye papeles de la Generalitat de Cataluña y el Gobierno vasco durante la contienda, nunca reclamados hasta ahora. La existencia de estos documentos, cuya devolución fue reivindicada a las pocas horas desde Cataluña, alarga el «contencioso» de Salamanca, cuya titularidad corresponde al Ministerio de Cultura, a los archivos dependientes del Ministerio de Defensa. Al tratarse de documentación del mismo origen, las instituciones autonómicas republicanas, la decisión sobre los «papeles de Salamanca» deberá ser inseparable de la que se tome en relación con los «papeles de Ávila». Sin embargo, diversos representantes de los partidos y organizaciones que han empezado a reclamar los documentos conservados en el archivo militar abulense no han tardado en tirar a bulto, argumentando erróneamente que son dos casos diferentes y que será más fácil conseguir los «papeles de Ávila» que los de Salamanca. Y aluden para ello a un presunto estado de caos del archivo militar de Ávila frente a la ordenación, «científica y técnica», del centro de Salamanca. Desgraciadamente, ningún responsable de Defensa se ha encargado de desmentir hasta el momento esta falsedad.

Todos los que conocen el Archivo General Militar de Ávila y aprecian la profesionalidad de quienes trabajan en él saben lo que puede significar introducir el principio de dispersión en los fondos de la Guerra Civil que atesora este centro. Se trata en su mayor parte de la documentación de las unidades militares de ambos bandos de la contienda. Y subrayo lo de «ambos bandos» por una razón no menor Si en el caso del archivo de Salamanca los reclamantes se consideran deudores de las instituciones y organizaciones del bando derrotado a las que pertenecieron los documentos incautados por los órganos de represión franquistas, en el del archivo de Ávila podemos encontrarnos también con un aluvión de reclamaciones de quienes se consideren legatarios de las formaciones políticas del bando vencedor. Así, será difícil negar legitimidad a falangistas y tradicionalistas a la hora de pedir devolución de la documentación de las Unidades de Falange y del Requeté que combatieron en la guerra, incluso las asociaciones de antiguos «divisionarios», el mismo derecho para reclamar los fondos de la División Azul que conserva el archivo de Ávila. De la misma forma, las organizaciones políticas y sindicales comunistas, anarquistas, socialistas y nacionalistas que lucharon por la República podrían solicitar la documentación de los batallones de milicias creados por sus militantes. En fin, es difícil no presentir que los viejos fantasmas de las dos Españas no tardarían en volver frente a frente al redoble de los tambores de papel.

Para abundar en legitimidades y dispersiones, cualquier institución autonómica o municipal podría reivindicar su derecho a conservar los partes de operaciones e informes de las batallas que se desarrollaron en su región o término. Gandesa podría pedir la documentación de la batalla del Ebro, como San Martín de la Vega podría exigir la de la batalla del Jarama. La lista sería interminable, hasta el punto de que la documentación que restaría en el archivo de Ávila podría caber en la cartera del ministro de Defensa, que dicen apasionado por el estudio de la Guerra Civil. Si el archivo de Salamanca guarda el testimonio documental de las consecuencias de nuestra contienda en la forma de la terrible represión del bando vencedor, el de Ávila es el epicentro de la memoria de aquella lucha fratricida, con todos sus torrentes de épica y tragedia afortunadamente aquietados entre las resmas de papel amarillento en las viejas orillas del curso de la Historia. La unidad del archivo militar de Ávila, corno la del centro de Salamanca, se hace condición para que nuestro país no pierda el respeto a su mayor tragedia histórica. Y este respeto pasa por no sacar a subasta, por razones de conveniencia política, los legajos de la memoria compartida.

El archivo de Ávila ha sido para muchos la puerta abierta que nos ha permitido conocer de primera mano sus testimonios. Una documentación oral que ha sido un tesoro largamente despreciado en España. Hoy, cuando el remolino del tiempo se está llevando a los últimos testigos vivos de la Guerra Civil, algunos se dedican a promover reclamaciones fútiles sobre la propiedad o el destino de papeles muertos, mientras la historia viva se nos escapa a chorros por las grietas de la desmemoria. En vez de despilfarrar esfuerzos y tiempo en reivindicaciones oportunistas, quienes pretenden alzarse con el monopolio de la memoria histórica bien podrían poner los medios para un gran proyecto de recopilación de los últimos testimonios de aquella tragedia, a través de Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y Universidades, como tantas veces ha sugerido mi admirado Jorge Martínez Reverte, autor de una extraordinaria crónica humana de la batalla del Ebro. Con los medios tecnológicos actuales, causa pesar que las generaciones futuras vayan a desconocer el lado humano, vívido y directo de la Guerra Civil, como nosotros desconocemos hoy el de la guerra de Cuba o las guerras carlistas. Los políticos deberían dejar en paz los archivos y dedicar todos sus esfuerzos a enriquecerlos con los testimonios de quienes protagonizaron y sufrieron la contienda, para salvaguardar la lección de la Guerra Civil de la forma más efectiva: con la palabra y la memoria de quienes la vivieron.

Cuando pienso en la polémica sobre los papeles de la Guerra Civil siempre me viene a la cabeza la cita de Walter Benjamin que se lee en su monumento en Port Bou: «Es tarea más ardua honrar la memoria de los seres anónimos que la de las personas célebres. La construcción histórica está consagrada a la memoria de los que no tienen nombre». España está perdiendo la última oportunidad de conservar la memoria de los que no tienen nombre, de los que perdieron a jirones lo mejor de sus vidas en aquella tragedia, mientras algunos vienen ahora a alzar la bandera de la reivindicación de papeles rellenados en despachos a cientos de kilómetros del frente. Los mismos que alientan una pretendida justicia histórica para con los papeles de sus instituciones desprecian a quienes de verdad escribieron aquellas páginas con su sangre, como escriben siempre los olvidados, los perdedores, los «sin papeles» de la Historia.       Pedro Corral es periodista y escritor

El muro de hormigón armado
Amando de Miguel La Razón 18 Julio 2004

Observo que muchos periodistas, comunicólogos y demás turba que vive de dar opiniones se muestran alegres con la decisión del Tribunal de la Haya al condenar el muro de Israel. Para empezar, aunque lo parezcan por sus vistosas togas, los jueces del Tribunal de la Haya no lo son, porque su poder no emana de ningún cuerpo democrático. Ni siquiera tiene ese sedicente tribunal la capacidad de hacer cumplir sus sentencias. Razón de más para que podamos disentir de ellas los que nos sentimos libres de razonar. La primera condena del Tribuna de la Haya debería ser para los grupos terroristas musulmanes y específicamente palestinos. En efecto, a nadie le gusta el muro de Israel, que aísla a los palestinos, y también a los israelíes, aunque sólo sea por su lado estético. Pero no debe olvidarse que esa muralla de hormigón se levanta porque los palestinos no pararán hasta echar a los israelíes al mar. Ninguna sociedad ha padecido nunca tal grado de atentados terroristas como el que ha sufrido Israel. A grandes males, grandes remedios.

Los palestinos dejarán de atentar contra Israel el día en que sus mesnadas terroristas dejen de recibir ayuda de los otros países árabes y de la Unión Europea. Reparemos en que los terroristas palestinos empiezan por ser una emanación de la Autoridad (es un decir) Palestina. En el entretanto Israel se defiende con la égida del muro. Es un procedimiento costoso, poco eficaz y nada estético, pero los israelíes no encuentran otro mientras subsistan las actuales condiciones.

Las condiciones de la zona son de notables asimetrías. Una fundamental es que el Estado de Israel es la única democracia en el Oriente Medio. El equilibrio se podría restablecer si los palestinos se integraran en Jordania y se organizaran con un sistema plenamente democrático. Ese nuevo Estado debería dejar de alentar a los terroristas. Mi propuesta es inviable, lo sé, por eso el problema es insoluble. De ahí viene la inevitabilidad de la muralla de hormigón, naturalmente, armado. Otra asimetría: en Israel puede haber musulmanes e incluso pacifistas y hasta partidarios del islamismo. En cambio, la Autoridad Palestina no tolera a los projudíos.

Siempre se dijo que el antijudaísmo era un rasgo de los conservadores, la derecha, incluso la ultraderecha. Pues bien, ahora renace el antijudaísmo de la izquierda, en especial, la que asoma a los medios de comunicación españoles. En los cuales predomina una actitud condescendiente para los terroristas palestinos, considerados como defensores de no sé qué libertad. La cosa no es tanto defender al tiranuelo Arafat como atacar al Gobierno de Israel (no olvidemos: elegido democráticamente). En el fondo, late un sentimiento más amplio, el de rechazar a los Estados Unidos. Ya que no subsiste el modelo de la URSS, a la izquierda no le queda más remedio que ser antinorteamericana y, de paso, antiisraelí.

La Universidad y los presos
AURELIO ARTETA, MARISOL CRUZ, JOAQUÍN DE PAÚL, FRANCISCO DOÑATE /CATEDRÁTICOS Y PROFESORES DE LA UPV-EHU  El Correo  18 Julio 2004

Recientemente, el Parlamento vasco aprobó una proposición no de ley sobre el «derecho de los alumnos y alumnas presos a cursar estudios» universitarios. La propuesta, presentada por el grupo Socialistas vascos, fue aprobada con los votos de todos los grupos parlamentarios a excepción del grupo del Partido Popular. Las declaraciones de la directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, confirman que el Gobierno de España está dispuesto a que los presos de ETA vuelvan a ser alumnos de la UPV-EHU. La señora Gallizo quiere que todas las personas encarceladas en España puedan estudiar cualquier carrera universitaria y no sólo las que ofrece la UNED, y con ese fin pretende firmar convenios con todas las universidades españolas para que los presos que lo deseen puedan cursar sus estudios en ellas. Pero cualquier ciudadano que trabaje de 9 de la mañana a 5 de la tarde podrá preguntarse si también tendrá el mismo derecho a estudiar cualquier carrera en la universidad más cercana a su casa en vez de en la UNED, la Universidad creada especialmente para todas aquellas personas, presas o libres, que no pueden asistir normalmente a clase. Como no es así, parece que nos encontramos ante un procedimiento de discriminación positiva a favor de los presos que obligaría a las universidades españolas, tal y como señala el acuerdo del Parlamento vasco, a «adaptar, en lo que sea preciso, la metodología pedagógica a las especiales circunstancias de los internos».

Sería recomendable que la directora de Instituciones Penitenciarias no deshaga la decisión que obligaba a los presos de ETA que lo desearan a cursar estudios universitarios en la UNED. La UNED no ofrece Magisterio ni Trabajo Social (ejemplos de carreras «que no ofrece la UNED» citados por la señora Gallizo) porque estos estudios exigen, por su propia naturaleza, cursar una cantidad muy importante de créditos prácticos en centros escolares o centros de servicios sociales, que no se pueden garantizar sin una educación no presencial y son imposibles de cursar en una cárcel.

El objetivo de todo este asunto es que los presos de ETA puedan volver a matricularse en la UPV-EHU. El acuerdo del Parlamento vasco promueve su regreso y la inexplicable política del Gobierno español lo va a permitir. Muchos presos de ETA pueden optar por cursar sus estudios en euskera y en la UPV-EHU no es necesario demostrar que se domina esta lengua para matricularse en los grupos en euskera. ¿Les eximirá un mero deseo de cursar estudios en la UNED?

Recordarán la mayoría de los ciudadanos la polémica desatada hace unos meses por las condiciones en que cursaban estudios en la UPV-EHU algunos presos de ETA. En aquella época el PSOE compartía con el Gobierno del Partido Popular la opinión de que las condiciones en que esos presos matriculados en la UPV desarrollaban sus estudios no eran las más adecuadas para garantizar la calidad de las enseñanzas recibidas o los conocimientos adquiridos. Ahora, algunos representantes del PSOE han afirmado que en el futuro se darán todas las garantías para eliminar cualquier duda sobre la objetividad del proceso de docencia y evaluación. El acuerdo del Parlamento vasco dice que se debe «adaptar, en lo que sea preciso, la metodología pedagógica a las especiales circunstancias de los internos». Esto supone o un desconocimiento del funcionamiento de la Universidad o un intento de salir como sea del lío en que algún tipo de pacto de más alto nivel ha metido a algunos cargos del Gobierno. ¿Alguien puede explicar cómo es posible que un profesor universitario que imparte clases presenciales a sus alumnos, que dirige sus trabajos y proyectos, que imparte clases prácticas en grupos reducidos en los correspondientes laboratorios, haga el mismo trabajo con un preso encerrado en un recinto penitenciario? ¿Tendrá que desplazarse a las cárceles para dar clases particulares? ¿Irá el preso a la facultad custodiado por la Policía? ¿Se creará un grupo de profesores consagrado a recorrer las cárceles? ¿Se van a tolerar las 'adaptaciones curriculares' (eliminación de materias a evaluación) acordadas entre el profesor y el terrorista? ¿Habrá una financiación adicional para este programa, pública y transparente, que permita evaluar sus costes y sus beneficios sociales?

En definitiva, el problema es saber de qué manera piensan evitar que las cosas sean como antes. ¿Se van a seguir mandando gratuitamente a los presos (pagados por todos los ciudadanos) los libros y materiales de cada asignatura? ¿El profesor visitará a sus presos durante 30 minutos una o dos veces al año para responder a las preguntas que tengan? ¿Cómo puede garantizar una Universidad no preparada para ello dar una enseñanza de calidad a una persona privada de libertad?

Debe quedar claro que, a pesar de estas circunstancias, y de que algunos profesores de la UPV-EHU están especialmente amenazados por ETA, ninguno de nosotros niega el derecho de cualquier persona privada de libertad a cursar estudios universitarios. Pero también debe quedar claro que la función de la universidad es formar profesionales capacitados para ejercer una función social en beneficio de todos los ciudadanos que la financian con sus impuestos. La universidad debe garantizar que la formación de los alumnos se haga con las máximas garantías de calidad. Y eso significa que no todo el mundo está preparado para cursar cualquier tipo de estudios. No todas las personas pueden estudiar Medicina o Ingeniería de Telecomunicaciones. Las plazas universitarias son necesariamente limitadas y se destinan a los alumnos con mejor rendimiento en el Bachillerato y a quienes tienen la capacidad de dedicar una inmensa cantidad de horas durante muchos años a formarse intensivamente y superar los sistemas de evaluación diseñados. No todas las personas pueden cursar los estudios que desean en el sitio que quieran. Por mucho que una persona de Almería quiera cursar estudios en Salamanca debe poder pagarse el alojamiento en esa otra ciudad u obtener una beca con esa finalidad o, en caso contrario, cursar lo que pueda en la ciudad en la que vive. Y las cosas son así para todos. El derecho universal al estudio tiene limitaciones de sentido común, intelectuales y prácticas.

Y eso es, ni más ni menos, lo que les pasa a las personas privadas de libertad. Pueden estudiar lo que desean con las limitaciones derivadas de sus notas de Bachillerato y del número de plazas ofertadas en algunas titulaciones, con las derivadas de su imposibilidad de trasladarse a otra ciudad y de cursar estudios presenciales. Para estos casos se creó en su día una Universidad de gran prestigio en la que, por cierto, nadie regala nada, que es la UNED. Es la Uiversidad que se adapta perfectamente a las necesidades y derechos de las personas privadas de libertad. ¿Se han dado cuenta los responsables del Gobierno español de que, en la práctica, están proponiendo crear pequeñas 'universidades a distancia' en todas las universidades españolas para que los presos puedan estudiar las titulaciones que la UNED no oferta, cuando no las oferta precisamente porque no se pueden cursar a distancia?

ETA intenta acudir a su anual cita veraniega con el terror en Levante
La macabra atención de la que se han hecho merecedores los terroristas islamistas en España con motivo del 11-M no ha hecho bajar la guardia a las Fuerzas de Seguridad respecto a ETA. La detección de dos etarras en la costa levantina ha vuelto a ponerlas en guardia.
Una bomba de ETA destrozó el hotel Nadal de Benidorm el 22 de julio de 2003. Fue su último atentado en Levante
ABC 18 Julio 2004

MADRID. La detección de dos etarras durante los últimos días por varias zonas de la costa levantina no hace sino confirmar que ETA cumple -o al menos lo intenta- sus amenazas, desgraciadamente tradicionales en estas fechas veraniegas, de atentar contra intereses turísticos en nuestro país.

Las Fuerzas de Seguridad son conscientes de que el terrorismo islamista ha marcado a sangre y fuego a toda la sociedad con los salvajes atentados del 11-M, convirtiéndose así en una trágica y real amenaza presente y futura. Pero también son conscientes de que ETA, pese a vivir inmersa en una profunda crisis organizativa y operativa fruto de la presión política, judicial y policial de los últimos años, mantiene aún capacidad para hacer lo único que sabe hacer: matar.

La identificación del etarra Aimar Altuna, huido desde hace un año de Guipúzcoa y a quien las Fuerzas de Seguridad han situado en los últimos días en Castellón, Valencia y Alicante, así lo atestigua. Se sospecha que este etarra, en compañía de otro, podría estar recabando información para que otro comando cometa atentados en los próximos días o semanas. El interés de ETA no es distinto al de años anteriores: desde 1979 su intención en cada «campaña de verano» es causar el mayor daño posible y lograr una resonancia informativa a nivel internacional que retraiga la llegada de turistas a nuestro país y perjudique en la mayor medida posible intereses económicos españoles.

Ante ello, las instituciones reclaman tranquilidad a la ciudadanía. El hecho de que pueda cundir el pánico entre los veraneantes es, por sí mismo, un triunfo de los terroristas. En esta línea, el delegado del Gobierno en Cataluña, Joan Rangel, optó ayer por la discreción para no perjudicar la investigación policial y lanzó un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos al asegurar que la Policía no baja la guardia. «El trabajo de la Policía -dijo- se ha mantenido en todo momento».

En las playas desde 1979
Desde 1979, ETA ha procurado no faltar a su anual cita con el terror en el Levante español, donde ha asesinado a cinco personas y ocasionado cuantiosos daños materiales y económicos en hoteles, locales de ocio, restaurantes y, por supuesto, instalaciones de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

El último atentado de la «campaña veraniega» de los etarras se produjo el pasado 22 de julio, hace ahora un año, en dos hoteles de Alicante y Benidorm, que se saldaron con una docena de heridos. Una persona en nombre de ETA anunció en la mañana de ese día mediante una llamada telefónica al diario «Gara» que a las 12,30 del mediodía estallarían sendos artefactos en el hotel Residencia Bahía de Alicante, frente a la playa del Postiguet, y en el hotel Nadal de Benidorm. Los artefactos hicieron explosión antes de la hora anunciada, por lo que el entonces ministro del Interior, Ángel Acebes, concluyó que se trataba de sendas bombas-trampa para asesinar a los especialistas en desactivación de explosivos que trataban de localizarlas.

Un año antes, en agosto de 2002, un nuevo atentado destrozó una hamburguesería de Torrevieja (Alicante) mientras las Fuerzas de Seguridad rastreaban varias zonas de la playa de Santa Pola en busca de posibles artefactos colocados al azar. El atentado más grave ocurrió cinco días antes, el 4 de agosto, cuando Cecilio Gallego, de 57 años, y la niña de seis años Silvia Martínez perdieron la vida al ser alcanzados por la explosión de un coche bomba contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola.

Presos de ETA tienen más horas de patio y psicólogos «especiales» sin traductor
En la cárcel malagueña de Alhaurín gozan de privilegios propios de reclusos comunes
Trato de presos clasificados en segundo grado cuando deberían ser tratados como presos de primer grado, psicólogos «especiales» con los que hablan en vascuence sin la presencia de un traductor, tratamiento médico instantáneo, celdas unipersonales, más tiempo de salida al patio exterior del que les corresponde... Las prebendas a los presos de ETA no acaban nunca. Además, ahora los etarras encarcelados vuelven, según anunció la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, a estudiar en la UPV.
Marcos S. González La Razón 18 Julio 2004

Madrid- Los privilegios de los presos de la banda terrorista ETA en las cárceles españolas no parecen tener límite. El primer ejemplo lo encontramos en la malagueña penitenciaría de Alhaurín, donde los pistoleros, a pesar de estar clasificados como internos de primer grado, cumplen su condena en los módulos destinados a los de segundo grado, con todos los beneficios que ello conlleva.

En la cárcel de Alhaurín, el único módulo considerado de aislamiento es el número siete, que es donde deberían estar todos los presos de ETA ya que están clasificados como primer grado. Pues bien, a finales de 2003, según una investigación llevada a cabo por Daniel Portero, miembro de la AVT, a la que ha tenido acceso este periódico, la situación de los etarras era de dispersión completa por todos los módulos menos ese.

Patio.
Desde la AVT resaltan que de esta manera, los pistoleros de la banda terrorista obtienen, entre otros privilegios, el de salir al patio exterior cuatro horas más que los presos que cumplen su condena en el módulo de aislamiento. Así, mientras que Tony Alexander King, presunto asesino de Sonia Carabantes y Rocío Waninkof, sí que cumplía condena en el módulo siete hasta que le trasladaron a otra penitenciaría y sólo podía disfrutar de una hora de patio al día, los condenados por su pertenencia o colaboración con ETA se solazan cinco horas diarias en el exterior.

Por otro lado, el informe denuncia que «cuando los presos de ETA en la cárcel de Alhaurín solicitan asistencia médica», como puede ser odontológica o de cualquier otro tipo, son los primeros en recibirla, «sin necesidad de esperar el turno habitual que se produce en condiciones normales». Una situación que no ocurre con los demás presos, que se ven obligados a esperar su turno.

Asimismo, los etarras tienen psicólogos «especiales», que les atienden en vascuence sin que un traductor de «euskera-español» esté presente, con el consiguiente riesgo para la seguridad y la posibilidad de contactos entre los etarras que parece obvia. Mientras, los presos «comunes», es decir, los que no han sido condenados por terrorismo, tienen que esperar de nuevo su turno para acudir al psicólogo del centro.

Amenazas a funcionarios.También se da la circunstancia de que muchos de los condenados de ETA han proferido amenazas de muerte contra numerosos funcionarios de prisiones, sin que se les juzgue de nuevo por ello y sin que se les abra ningún tipo de expediente sancionador. Los funcionarios elevan una denuncia a sus superiores jerárquicos y ésta «se pierde» por el camino. Además, se da el caso de varios internos terroristas que «coinciden» en el mismo módulo con sus compañeros de la banda.

Harriet Iragui «disfruta» de dos celdas
La penitenciaría de Alhaurín de la Torre no es la única en la que los etarras gozan de privilegios. En la madrileña cárcel de Valdemoro se encuentra cumpliendo condena uno de los miembros más sanguinarios de la banda, Harriet Iragui, miembro del «comando Andalucía» al que se encontró culpable, entre otros, del asesinato de Luis Portero. A Iragui, las autoridades le concedieron el lujo de habitar en una celda unipersonal y mantener otra contigua vacía para poder estudiar filología inglesa y vasca. Además, el centro le instaló un ordenador personal para que lo pudiese utilizar él solo, mientras que los demás presos tenían que solicitar su turno para acceder al aula de ordenadores.
 
Los privilegios no terminan en los propios presos. El Gobierno vasco «arropa» también a sus familiares y hace que la Ertzaintza sea la que les escolte todos los viernes hasta un autobús que parte de Bilbao para llevarles y traerles por toda España para que visiten a sus familiares.
Desde la AVT recuerdan a los socialistas que recientemente han pactado en la Cámara de Vitoria que los presos de ETA vuelvan a cursar sus estudios en la UPV, que cuando estudiaban en ella se les «regalaban los títulos universitarios» y que se decidió que estudiasen en la UNED para que no gozasen de títulos «regalados».

Vargas Llosa dice que la excepción cultural es antidemocrática
El escritor participa en el campus de la FAES y afirma que «no creo que la lengua deba ser un arma política»
Eva Muñoz La Razón 18 Julio 2004

Navacerrada- «¿Qué pasaría si los gobernantes latinoamericanos se volvieran tan cultos como el de Francia y decidieran que tienen la obligación de tomar la cultura bajo su responsabilidad? Pues que la libertad y el universalismo que han caracterizado a la cultura hispanoamericana desaparecerían». Lo afirma Mario Vargas Llosa, quien ayer participó en la segunda jornada del curso «La cultura en español y la excepción cultural europea» que, organizado por la Federación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), se clausura hoy en Navacerrada. Y es que, a juicio del escritor y académico, a quien José María Aznar presentó como un intelectual «comprometido con la libertad», si «desde un punto de vista cultural Iberoamérica no es una región subdesarrollada, es porque, por negligencia o ignorancia, los gobernantes nunca han intervenido en el ámbito de la cultura». Una reflexión que le sirvió para argumentar su oposición a la excepción cultural, pues supone «la sustitución de la libertad y el universalismo por el dirigismo y el nacionalismo».

La excepción cultural se apoya en dos argumentos fundamentales que, si se analizan, revelan para Vargas Llosa «un sentimiento antidemocrático o un razonamiento falaz». En primer lugar, se sostiene que los productos culturales son de una naturaleza distinta al resto de los productos que se intercambian en el mercado y, por tanto, se asegura que «si fueran librados a él, los productos bastardos, inauténticos y chuscos desplazarían a los genuinamente artísticos». Es decir, que «si se respeta la libertad del hombre común y corriente, la cultura está perdida».

Un razonamiento que para el escritor pone de manifiesto «un punto de vista profundamente antidemocrático» y no pretende otra cosa que imponer «un despotismo ilustrado con retórica del siglo XXI». El segundo de los argumentos es aquel que dice que a través de los productos culturales se expresa la identidad de un pueblo y que, por tanto, si no se defiende la cultura nacional se corre el riesgo de que esa nación pierda su alma. Un argumento que encierra para el autor de «La ciudad y los perros» una «peligrosísima palabra: la identidad cultural» y que, no obstante, prende con gran facilidad, «especialmente entre la gente inculta», pues toca «lo que Popper llamó el espíritu de la tribu». Y añadió: «Pero no existen identidades colectivas. Justamente porque la civilización ha ido desgajando al indiviudo de la tribu y le ha permitido definir, eligiéndola libremente, su identidad».

«Todo nacionalismo va en contra de la libertad y es una forma de incultura», concluyó el autor, «y no creo que la lengua deba nunca convertirse en arma política», añadió en relación a los nacionalismos lingüísticos españoles. Así pues, Vargas Llosa considera que «cuanto menos meta la mano un Gobierno en el terreno de la cultura mejor. Las culturas se defienden solas. Lo que las mata es la falta de libertad y el nacionalismo, y lo que las mantiene vivas es la tensión con otras culturas». Otra cosa es la promoción de la educación, «que es una responsabilidad compartida por el estado con las familias y los medios de comunicación».

Por último, a quienes abjuran del mercado les acusó de matar al mensajero: «La libertad no mata ni empobrece la cultura, simplemente muestra su estado real. Pregunten a esos escritores que despotrican del mercado si estarían dispuestos a renunciar a sus derechos de autor».

Vargas Llosa denuncia que la llamada excepción cultural es «antidemocrática»
ÓSCAR BELLOT ABC 18 Julio 2004

MADRID. Cuanto menos intervenga el Estado en el campo de la cultura mejor. Este fue el argumento que ayer esgrimió Mario Vargas Llosa con motivo de su intervención en el Campus de Faes, cuya introducción corrió a cargo del ex presidente del Gobierno, José María Aznar. Pero Vargas Llosa no lanzó este aserto en el vacío, sino que se apoyó en el caso hispanoamericano que tan cercano le resulta. «Desde el punto de vista cultural, América Latina no es una región subdesarrollada», al contrario de lo que ocurre en otros órdenes, señaló el escritor peruano, precisamente porque «el Estado no ha intervenido en estos dominios», de forma que la cultura pudo gozar de una «extraterritorialidad», mientras que en otros sectores la región vivía «acuartelada contra la modernidad».

El resultado de esa «falta de dirigismo» fue la creación de un «ámbito de libertad» para el campo artístico que «impulsó a los creadores latinoamericanos a volcarse hacia todos los aires del mundo en busca de inspiración», según aseveró el ponente. Es este conocimiento derivado de la experiencia el que hizo que Vargas Llosa urgiese a «enfrentarse con resolución a las ideas de la excepción cultural».

¿Qué pasaría si los gobiernos latinoamericanos, abandonando su tradicional desinterés por la cultura, adoptasen políticas similares a las emprendidas por el Estado francés?, reflexionó Vargas Llosa. El resultado, para el autor de «Conversación en la Catedral», que también visitó los pasillos de la política, sería la «desaparición de la libertad por la presencia del dirigismo» y el surgimiento «de otro virus letal para la cultura, que es el nacionalismo». Vargas Llosa estuvo muy lejos de tibiezas al destacar que la «excepción cultural» parte de un punto de vista «profundamente antidemocrático», que desemboca en un «despotismo ilustrado resucitado con una retórica del siglo XX».

En su exposición el escritor hispanoamericano colocó también en el punto de mira a buena parte de los intelectuales. «Los verdaderos artistas están demasiado ocupados creando para formar comisiones», apuntó el autor, quien manifestó su opinión de que con una política intervencionista el Estado acabaría pagando «más la sumisión que el talento», pues «toda cultura genuinamente creativa es profundamente crítica», siendo su propósito «mantener el desasosiego y la insatisfacción humana».

El concepto de identidad cultural es peligroso para Vargas Llosa. «El nacionalismo y la cultura están reñidos y son incompatibles», pero su imbricación «prende con facilidad en los públicos incultos» debido a lo que Popper, recordó Vargas Llosa, llamaba «el espíritu de la tribu». «No existen identidades colectivas», apuntó el autor peruano, pero detrás de esa expresión se esconde, en numerosos casos, «una emboscada contra la libertad».

Los defensores de la «excepción cultural» culpan al mercado. Pero, «no se puede combatir el mal matando al enfermo». El mercado «no mata ni empobrece la cultura, simplemente nos muestra su estado», remarcó Vargas Llosa. Y formuló un último aserto: «Las culturas se defienden solas, lo que las mata es la falta de libertad y el nacionalismo».

Del estado de excepción lingüístico
Si una cosa quedó clara a lo largo de las diferentes intervenciones que se sucedieron ayer en el Campus de FAES, ésta fue la gran cantidad de oportunidades que se abren a la cultura en español, a pesar de las amenazas procedentes de diversos frentes.

Para Jon Juaristi, estas sombras han sido de dos tipos a lo largo de la historia: «La emergencia de los nacionalismos lingüísticos criollos» en la América hispánica de comienzos del siglo XX, lo que motivaría la «cruzada», entre otros, de Menéndez Pidal, y, en un plano más cercano, la aparición de «identidades lingüístico-culturales subnacionales en competencia directa con el español». Se trata, según Juaristi, de los «nacionalismos lingüísticos» en España y de los «indigenismos», en el otro lado del Atlántico.

Por su parte, Carlos Rodríguez Braun atacó la «excepción cultural» al cuestionarse «quién fija cuán diversos vamos a ser». El catedrático de Historia e Instituciones Económicas lamentó que «en la definición de la identidad colectiva, la colectividad no va a jugar ningún papel». En parecida línea se movió el marqués de Tamarón, al señalar el gusto español por «lo tremebundo». Ya por la tarde, Fernando García de Cortázar adujo que la cultura «permite escapar de la vanidad nacional», pues el ámbito de la creación no debe ser «excepción, ni terruño ni castigo».
 

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