AGLI

Recortes de Prensa     Viernes 23 Julio 2004

La clave de un problema
Pío Moa Libertad Digital 23 Julio 2004

El Estado disperso
Aleix Vidal-Quadras La Razón 23 Julio 2004

De hinojos ante Maragall
Luis María Anson La Razón 23 Julio 2004

¿Se trasladará a barcelona la cibeles
Julián Lago La Razón 23 Julio 2004

Zarandajas políticas
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 23 Julio 2004

Espías contra políticos
GEES Libertad Digital 23 Julio 2004

El PSOE y su comisión de ocultación
EDITORIAL Libertad Digital  23 Julio 2004

El consenso necesario
Editorial La Razón 23 Julio 2004

El talante del chivatazo
Ignacio Villa Libertad Digital 23 Julio 2004

EL VETO DEL PSOE
Editorial ABC 23 Julio 2004

El PNV recupera el centro y al PSOE
Pedro Fernández Barbadillo Libertad Digital 23 Julio 2004

ARAFAT ES SIEMPRE EL PROBLEMA
RAFAEL L. BARDAJÍ ABC 23 Julio 2004

Conclusiones del 11-S en EE UU
Editorial ABC 23 Julio 2004

The 9/11 Commission Report
Nota del Editor 23 Julio 2004

A Zapatero no lo premian ni pagando
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 23 Julio 2004

OPINAR POR CUOTAS
Valentí PUIG ABC 23 Julio 2004

El florero
José Javaloyes Estrella Digital 23 Julio 2004

Mudanza forzosa
Fernando González Urbaneja Estrella Digital 23 Julio 2004

Un disparate coherente
Fernando Serra Libertad Digital 23 Julio 2004

Los comisarios Rubio y Santano, ascendidos tras las elecciones, filtraron información al PSOE
Libertad Digital  23 Julio 2004

La Universidad de Cantabria estudia la relación entre nacionalismo y totalitarismo
M. Hurtado de Mendoza La Razón 23 Julio 2004
 


Nacionalismo
La clave de un problema
Pío Moa Libertad Digital 23 Julio 2004

En el cuaderno de la FAES España, un hecho (2003), uno de los padres de la Constitución, Miguel Roca, escribe lo siguiente: “¿Cómo es posible que el proceso de descentralización del poder político más importante de los que ha vivido cualquier país de nuestro entorno europeo y occidental en los últimos sesenta años, y que constituye un punto de referencia ejemplar para todos esos países, sea visto desde España, por un sector ciertamente minoritario, como algo peligroso, nocivo, lleno de incertidumbres para nuestro inmediato futuro? (…) En España, esto que es ejemplo para los demás, se cita como ejemplo de que España no va bien”. Roca, claro está, no habla como historiador, sino como el político, con los recursos retóricos habituales en su profesión, como cuando insiste en que la descentralización española “es un modelo para los demás países”, aseveración por lo menos muy exagerada, y cada vez menos realista; o cuando descalifica por supuestamente minoritarias –no por mejor o peor fundadas– las posiciones discrepantes. Pero, como político, sus puntos de vista tienen mayor influencia práctica que los del historiador.

Según Roca, no existe el menor peligro de desgarramiento de la unidad española, y quienes lo invocan son “profetas del desastre”, a quienes “les basta con su subjetividad, con su capacidad de elaborar informes fantasma y con el manido truco demagógico de excitar las viejas pasiones de los resentimientos y agravios, para provocar polémicas mediáticas que ensombrezcan la convivencia”. Podría ser cierto, desde luego, y no han faltado en la historia campañas demagógicas y falsarias, pero efectivas en su capacidad de provocar desastres. También podrían verse las tensiones provocadas por los nacionalistas como una pugna molesta, pero perfectamente normal, incluso creativa, entre tendencias contrarias existentes en cualquier sociedad sana. Sin embargo Roca no expone argumentos o datos que fundamenten sus asertos, sólo los reitera enfáticamente.

Así: “La ambición autonómica sólo tiene el límite de la unidad; autonomía e independencia son dos posiciones contradictorias. Incluso puede negarse que la primera sea un paso más fácil hacia la independencia; por el contrario, la experiencia muestra que el autonomismo bien practicado puede conllevar una reducción de las tesis independentistas” (52). Me temo que la experiencia histórica no respalda a Roca. El PNV entendió siempre la autonomía como un paso hacia la secesión, según reflejan sus documentos de modo inequívoco, y en tal sentido utilizó tanto el estatuto concedido por el Frente Popular como el de la actual democracia. Para él la unidad española constituye tan sólo el límite a romper cuando la situación haya madurado.

Y no resulta más optimista el examen del nacionalismo catalán. Una parte de él coincide con el PNV, parte muy pequeña al comienzo de la transición, pero en constante auge hasta cobrar amplios vuelos recientemente, sobre todo entre los jóvenes. Otra parte, representada por el propio Roca o por Pujol, ha observado una conducta más cauta, pero coincidiendo con el PNV en la masiva utilización de los instrumentos legales puestos a su disposición (enseñanza, televisión, etc.) para impulsar un ambiente y un sentimiento contrarios a la unidad española, presentada, en el mejor de los casos, como un hecho puramente utilitario y más bien desagradable o emocionalmente indiferente. Las manifestaciones de estas políticas son tan abiertas, y han sido tan repetidamente observadas, que no parece necesario exponerlas aquí. Esa política supone utilizar la autonomía como ariete contra la unidad, y tiene harta más relevancia que el cumplimiento formal de tales o cuales normas: constituye la base indispensable para, llegado el momento, volver imparable la marcha hacia la “autodeterminación”.

Pese a su lenguaje cauteloso, lo aclaraba Jordi Pujol en una entrevista recogida por Ángel Font: “Si en el futuro una parte de España, por ejemplo Euskadi, o llegado el caso Cataluña misma, manifiesta de forma clara, a través de su Parlamento, el deseo de convocar un referéndum de autodeterminación, me parece que iba a resultar muy difícil oponerse a esa intención, por mucho que ese deseo contraviniese lo expresado por la Constitución española” (39-40). Estas frases, de tono neutro, sólo tienen una traducción coherente: “Si en el futuro los nacionalistas convencemos a la mayoría de los vascos o de los catalanes de la necesidad de separarnos de España, no habría Constitución que lo impidiese”. Porque, claro está, sólo se plantea un referéndum sobre la posible secesión con intención de ganarlo, y quienes tienen esa intención no son otros que los nacionalistas. En estas palabras, Pujol revela su disposición a liquidar unilateralmente la Constitución si se dieren condiciones para ello, condiciones creadas a su vez por los nacionalistas. Lo cual no les impide emplear entre tanto la Constitución como escudo para sus aspiraciones, reservándose el derecho de romperla cuando les convenga.

Sería gratuito acusar a los nacionalistas por sus actitudes, salvo en la medida en que fingen otra cosa, porque ellos actúan, con tales o cuales matices y variaciones tácticas, en consecuencia con doctrinas ya establecidas un siglo atrás por Sabino Arana y Prat de la Riba. Su habitual sustitución de la palabra España por la de “Estado español” compendia su doctrina. Puesto que, como ha explicado Pujol, España no es una nación, su estado no pasa de artificio de carácter imperialista e ilegítimo. Cataluña sí sería una nación, con pleno derecho a su estado aparte, aunque el realismo de Pujol lo considere inviable por ahora. “Somos una nación con todo lo que eso lleva consigo”, ha reiterado. En la oscuridad sobre “todo lo que lleva consigo”, radica la fuente de la permanente inestabilidad, con tendencia a la desestabilización del país. Si por ese “todo” se entiende la autonomía actual, ciertamente muy amplia, no hay ningún problema en España. Si se entiende la ampliación ilimitada de la autonomía según las conveniencias y oportunidades de los nacionalistas, como así es en la teoría y demuestra la experiencia reciente y antigua, entonces los nacionalismos catalán y vasco perturbarán constantemente la estabilidad y la democracia en España.

La clave de la cuestión reside en eso: los nacionalistas no entienden las autonomías como una articulación estable de España, sino como un instrumento para debilitar progresivamente al “Estado español”. Cuando Roca habla de la “unidad” como límite a la autonomía, no especifica el contenido o virtualidades de esa unidad, que él piensa como un proceso de vaciamiento, utilizando el artículo 150.2 de la Constitución contra el 149. La “unidad” podría quedar reducida, en la etapa siguiente, a una expresión simbólica, y no parece exagerado atribuir ese designio a Roca y Pujol cuando hablan de unidad, dando a la palabra un significado opuesto al habitual, argucia tan frecuente en política.

Una consecuencia de estas políticas ya ha sido la práctica ruina de la democracia en Vascongadas y su permanente erosión en Cataluña. Circunstancias que gravitan sobre el conjunto del país y podrían terminar acarreando serias consecuencias.

El Estado disperso
Aleix Vidal-Quadras La Razón 23 Julio 2004

Pasqual Maragall salió anteayer muy satisfecho de su larga entrevista con el presidente del Gobierno. Llevaba bajo el brazo varios logros concretos y algo que al Molt Honorable socialista le encanta, una buena gavilla de conceptos confusos. La iniciativa de trasladar la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones a Barcelona puede ser acertada en la medida que descentraliza territorialmente órganos estatales y contribuye a la vertebración nacional demostrando con su presencia física en Cataluña que ésta es España sin reserva ninguna. Otra cosa son los problemas de orden práctico que la medida les va a crear a todos los que trabajan en este organismo en relación a búsqueda de vivienda, escolarización de sus hijos en un sistema educativo en el que no está previsto el uso del español como lengua vehicular, y adaptación a un nuevo entorno social y cultural. Por supuesto, la recomendación de Carod-Rovira de contratar catalanes para esos puestos resolvería en términos étnicos la cuestión, pero no resultaría demasiado compatible con la Constitución.

La creación de consorcios con presencia municipal, autonómica y estatal para gestionar los aeropuertos y las infraestructuras ferroviarias de cercanías tampoco ha de ser considerada de entrada una mala idea, siempre y cuando los entes correspondientes redunden en un ahorro de costes y en un servicio más eficaz y de mayor calidad a los usuarios, porque si el resultado final es el contrario, y de lo que se trata es de colocar a más paniaguados, habremos hecho un pésimo negocio. Ahora bien, donde los inventos maragallianos se adentran en terrenos resbaladizos es en los capítulos de la política exterior y de la política lingüística. No se acaban de comprender las razones por las que un representante de la Delegación de la Generalitat en Madrid haya de estar presente dos veces por semana en las reuniones que se celebran en La Moncloa para tratar asuntos internacionales. Es de suponer que este curioso privilegio estará al alcance de las demás Comunidades Autónomas, con lo que estas sesiones de trabajo registrarán pronto una asistencia multitudinaria. En fin, un disparate.

La cooficialidad del castellano, el catalán, el vasco y el gallego en toda España es una pirueta que sólo se le puede ocurrir al actual inquilino del Palau de la Generalitat, que todavía no ha entendido que nuestro país no es Suiza. Los españoles no hablamos cuatro lenguas perfectamente delimitadas espacialmente, sino que disponemos de un idioma común, que dominamos todos, y de otros que se utilizan únicamente en determinadas partes de nuestra variada geografía. La pretensión de que el vasco sea oficial en Córdoba y el gallego en Murcia revela una gran imaginación, pero no tiene nada que ver con la realidad en la que vivimos. Maragall proclama que quiere una Estado reticular, pero lo que nos ofrece, para nuestra desgracia, es un Estado disperso.

De hinojos ante Maragall
Luis María Anson La Razón 23 Julio 2004
de la Real Academia Española

Zapatero es presidente del Gobierno gracias a los escaños del tripartito. Comunistas, radicales de Esquerra y socialistas catalanes le sostienen en la silla curul. El talante y el diálogo, tal vez espontáneo por parte del presidente, es, en todo caso, una obligada concesión a su fragilidad política.

No le doy importancia a que Zapatero haya instalado la bandera catalana para recibir a Maragall en Moncloa. La senyera simboliza la patria chica de varios millones de españoles que viven en una región especialmente querida para mí. Zapatero depende de Maragall y le inciensa todo lo que puede. Si fuera necesario elevaría un altar en Palacio y consagraría en él una imagen con aura y todo del líder catalán. Es la sevidumbre política acentuada por una ley electoral casposa y absurda que ha convertido a un personaje de periódico mural preuniversitario, Carod-Rovira, con un porcentaje diminuto de votos, en árbitro de la situación no sólo en la región catalana sino en el conjunto de España.

La exhibición de la senyera en Moncloa transformó a Maragall en pavo real, a plumaje desplegado. Las alegrías zapateriles, esconden, sin embargo, como la rosa socialista, muchas espinas. Cuando el presidente reciba en Moncloa a los presidentes de Andalucía, Extremadura, Madrid o Galicia ¿instalará las banderas regionales respectivas? Si no lo hace, el agravio comparativo será una bofetada zapateril en el rostro de Chaves, Ibarra, Aguirre o Fraga. Pero si coloca las banderas, Maragall exigirá más porque Cataluña debe ser diferente. Aquel error, y otros, del Suárez acomplejado, «café para todos», fueron los polvos que engendraron estos lodos. Si a Cataluña se la iguala con las demás regiones pondrá el grito en el cielo porque quiere ser algo distinto. Esa es la madre de la butifarra.

De concesión en concesión no se para nunca, y llevamos sin parar desde 1978, así es que un día veremos cómo Zapatero, al recibir a Maragall, se postrará de hinojos en la escalinata de Moncloa, arriados los pantalones y las manos dispuestas para limpiar y sacar lustre al calzado del radiante líder catalán.

¿Se trasladará a barcelona la cibeles?
Julián Lago La Razón 23 Julio 2004

¿Ay, si levantara la cabeza don Francesc Maciá, el del Estat Catalá! ¿Ay, si viera el subversivo coronel cómo, sin necesidad de proclamar unilateralmente la independencia de Cataluña, Maragall ha llevado al huerto al presidente Zapatero, conocido ya en el siglo como El dadivoso de España!

O mejor, de lo que quede de España, tras las rebajas constitucionales, con un Estado de las Autonomías a dos velocidades. De un lado, las «llamadas» autonomías históricas, y recalcamos lo de «llamadas», léase País Vasco, Cataluña, Galicia y Navarra, y de otro lado, el resto de comunidades, en total trece, toquemos madera, por lo del trece, claro.

Así que ya sabemos, al fin, de qué va el federalismo asimétrico ése con el que nos ha estado dando la murga don Pasqual. O lo que es lo mismo, del Estado confederal que propone para unos y federalizante para otros, que viene a ser como una ley del embudo, lo ancho para los primeros y lo estrecho para los segundos. Dicho de otra forma, que estamos ante un disparate histórico-jurídico, porque para comunidades históricas ahí está la Castilla comunera, y la Corona de Aragón, y el antiguo reino de Valencia, y Al-Andalus, y el Principado de Asturias, y etecé, etecé, etecé.
De modo que, en su reciente visita a Moncloa, el molt honorable ha puesto una pica en Flandes. Más exactamente una senyera junto a la bandera española en palacio, lo cual es todo un signo premonitorio. Anda que no ha llovido desde la vez aquella en que apareció en Moncloa el entonces president Pujol con la senyera en el banderín del coche oficial, lo que desató las iras del feo de Julio Feo, a la sazón jefe de gabinete de González, y a la sazón también asesor, se dice así, del constructor García Cereceda.

Vamos, que a no tardar Moncloa va a ser como el «stand» de una feria de muestras con las cuatro banderas históricas y una en representación del resto. De donde se deduce que no entendemos por qué, puestos ya a ampliar la simbología iconográfica, no coloca también en Moncloa su bandera Leche Pascual, un ejemplo, que esa sí que es firma solvente, seria y respetable.

Bueno, pues eso, que la osadía de Maragall no podía llegar más lejos, que hasta le ha arrancado a Zapatero, ¿qué alma cándida!, una representación catalana en las reuniones del Gobierno en materia de política internacional, a la que se sumarán vascos, gallegos, navarros, como poco. Es decir, que España está en desguace, tal cual lo confirma el traslado a Barcelona de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, que parece que a Maragall le ha hecho la boca un fraile, todo el día pidiendo.

Así que, la próxima, ya verán, será la reinstalación en el paseo de Gracia, un suponer, de la Cibeles, que los leones estuvieron en el zoo de Barcelona en tiempos de Wilfred el Piloso, por si ustedes lo desconocían. O sea, que cualquiera se lleva de pelí con los soberanismos, no te jodes, Herodes.

Zapatero y Maragall
Zarandajas políticas
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 23 Julio 2004

Zapatero no puede ignorar que las relaciones internacionales son competencia exclusiva del Estado porque antes de sentarse en el Congreso a hacer una siesta de varios lustros había estudiado la carrera de Derecho, y en ella la Constitución Española, y de ella el Título octavo, y dentro el Artículo 149, 3º.

Y sin embargo el presidente improvisa una concesión, en plena farsa bilateral con Maragall, para que un gobierno autonómico acuda a las reuniones donde se fija la política internacional de España. Ergo, Zapatero se ha olvidado de lo que estudió por efecto de la larga hibernación. O no se ha olvidado pero evita a cualquier precio contrariar al hombre de los veintiún escaños voladores. Cabe una tercera posibilidad: que piense celebrar las nuevas reuniones de Exteriores, enriquecidas con la presencia de algún miembro de Esquerra, por ejemplo, pero sólo de mentirijillas. Una cosa bufa. Como la abanderada recepción de ayer, que no cuesta nada y tiene la virtud de complacer a los nacionalistas catalanes (PSC, ERC, IC y CiU), tan sensibles, mientras se molesta a la derecha, que nunca está de más, y se avergüenza a los catalanes no nacionalistas. Todo un triplete. Que sea a costa de la historia de España, de la Constitución y de la lógica no sólo no importa nada sino que está en línea con el nuevo ideal de nuestra izquierda –la transgresión creativa y desconstructora- y con la nueva estrategia de cambio de régimen que socialistas y comunistas comparten con el vario nacionalismo.

“La Generalitat es Estado”, reza el flamante mantra que ha de aplacar la compulsiva superstición nominal del socialismo catalán. Por el mismo precio, podrían decir “Cataluña es España”, ¿no?. Quita, quita. “La Generalitat es Estado y va a ejercer de Estado”. O estamos ante una obviedad constitucional o es una falacia como una casa, un monumento a la anfibología y a la ambigüedad. La frasecita está diseñada para que cada uno entienda lo que quiere entender, aunque en un curioso juego de espejos todos sepamos lo que va a interpretar el contrario, y así sucesivamente.

Claro, la Generalitat ejerce de Estado, que lo es, ciñéndose a la Constitución, entendería yo si no supiera quién es Maragall. Cataluña va a ejercer de Estado soberano en la práctica, se desea que entiendan los socios independentistas. Y lo que harán en realidad Maragall y Zapatero, Zapatero y Maragall, mientras nos paseamos por su laberinto del Tibidabo, es consumir meses, años, en la fabricación de volutas de humo, en torturar la semántica (Blanco ya se encarga de la sintaxis), en empalgar a la ciudadanía, mientras secretamente agarran y domeñan las instituciones para que el poder no vuelva a salir de las manos del socialismo, que como sabemos es la única fuerza legitimada para gobernar España.

Espías contra políticos
GEES Libertad Digital 23 Julio 2004

La Comisión del 11-M nació con un doble objetivo. Por un lado se trata de dilucidar responsabilidades políticas. Saber si el Gobierno del PP mintió y si la oposición socialista manipuló a la opinión pública y violentó la jornada de reflexión electoral. En segundo lugar, se trata de identificar también los fallos en nuestro sistema de seguridad que hicieron posible que una masacre de esta dimensión se pudiera cometer sin que los preparativos pudieran ser detectados con antelación. Ambas tareas son necesarias, aunque a veces un objetivo y otro se interfieran causando alguna distorsión.

Hay quién piensa que las responsabilidades políticas quedaron ya saldadas con las elecciones. Es un error. Primero, porque los españoles tienen derecho a conocer la verdad. Segundo, porque si el Gobierno actual ganó el poder con trampas y mentiras eso le deslegitima moralmente para ejercerlo. Y tercero porque si fuera cierto que alguien en el Gobierno anterior mintió eso debe tener también implicaciones internas en el PP. Taparlo todo con un gran pacto de silencio solo conduce a cerrar en falso una herida que más adelante podría infectarse.

Pero al margen de esta polémica política, que parece estar centrando hasta ahora los trabajos de la Comisión, es imprescindible también un análisis crítico de la actuación de nuestros Cuerpos de seguridad y de la Agencia de inteligencia. En este caso, la investigación no debe tener sólo como objetivo la exigencia de responsabilidades, sino sobre todo la propuesta de medidas correctoras que permitan mejorar el sistema.

En este punto es donde la democracia española está demostrando falta de madurez. Cuestionar el trabajo de los Cuerpos de seguridad e inteligencia no es desestabilizar el sistema. Lo conocido hasta ahora demuestra graves fallos en la evaluación de la amenaza, en el inicio de las investigaciones e incluso en la presentación de evidencias al juez. En particular, la actuación del CNI fue patética y no suele ser buena excusa para un servicio de inteligencia afirmar que no tenía información. Es más, como el propio magistrado instructor del sumario declaró ante la Comisión Parlamentaria, existe un riesgo de que la célula terrorista pueda reconstituirse. Si esta regeneración se hace con un mayor grado de clandestinidad las dificultades de inteligencia e investigación van a aumentar.

Los informes elaborados en Estados Unidos y el Reino Unido sobre Irak han denunciado graves fallos en sus servicios de inteligencia. Los que han elaborado esos trabajos no son antipatriotas o han buscado eludir sus responsabilidades políticas cargándoselas a los servicios. En una democracia también los Cuerpos de seguridad deben estar sometidos al escrutinio del parlamento y están obligados a evolucionar.

El PSOE accedió a constituir la Comisión del 11-M convencido de que el PP cavaría su propia tumba en ella. Pero hasta ahora lo que ha quedado acreditado es más la incompetencia en la actuación de determinadas agencias de seguridad, que mentiras por parte del anterior Gobierno. Es evidente que el Gobierno no decía la verdad, pero no la decía porque quién tenía que dársela no la sabía. En este punto es previsible que los socialistas fomenten la idea de que el PP quiere perjudicar a los Cuerpos de seguridad para salvarse él, pero el gobierno haría bien en hacer causa política común para conocer la verdad y no tratar de deslegitimar la acción de la oposición.

Es fácil invocar el secreto para camuflar la incompetencia. Algunos que se creen encarnación del Estado por encima del juego político se rasgan las vestiduras porque se ponga en riesgo fuentes y procedimientos. Es cierto que nuestros parlamentarios deberán ser más escrupulosos en el tratamiento de la información. Pero eso no invalida la legitimidad y la conveniencia para someter a supervisión el trabajo de espías y policías. Hacerlo no es poner en cuestión la seguridad nacional por intereses partidistas, sino hacer que el Parlamento haga su trabajo por mejorar la seguridad de todos los españoles.

El PSOE y su comisión de ocultación
EDITORIAL Libertad Digital  23 Julio 2004

La comparecencia del ex director de la Policía, Agustín Diaz de Mera, no sólo ha servido para que quede de nuevo en evidencia la honestidad y buena fe del Gobierno del PP en su labor informativa sobre los atentados del 11-M , sino también para destacar la necesidad de seguir investigando la autoría de la masacre y las posibles conexiones de ETA. Díaz de Mera, que informó de la existencia de “dos policías desleales” que suministraron información intoxicada al PSOE, aseguró que el Gobierno del PP no mintió durante el día 11 y posteriores, sino que "fueron otros los que mintieron y contaminaron a los ciudadanos para influir en las elecciones generales".

Muy distinta ha sido, por el contrario, la intervención de su sucesor en el cargo, Victor García Hidaldo, quien, aunque no haya podido negar que el Gobierno del PP transmitiera en todo momento la información que se le hacía llegar, sí se ha mostrado contrario a averiguar una posible intervención de ETA en los atentados. Para el nuevo Director de la Policía y viejo militante socialista vasco, no existe “ningún fundamento, indicio ni utilidad " para abrir una línea de investigación en este sentido. Y eso, a pesar de que se dispone de información, por cartas interceptadas a la banda, que pone de manifiesto el deseo de ETA, ya desde después del 11-S, de establecer una colaboración operativa con grupos terroristas islamistas “siempre que no incluya el préstamo de un terrorista suicida”. Cuando se sabe que los proveedores de explosivos se movían en el entorno de ETA, cuando se sabe que la “caravana de la muerte” etarra partió el mismo día hacia Madrid que los explosivos que transportaban los islamistas, cuando se sabe que esos terroristas o transportistas de ETA fueron detenidos en las proximidades de Moratá de Tajuña —donde curiosamente sabemos ahora que se hallaba el cuartel general de los terroristas islamistas y el lugar de sus trapicheos— , cuando se sabe que hay un documento clasificado como secreto en las que se refleja que Josu Ternera el 14 de febrero amenazaba con que “los españoles se van a enterar de lo que somos capaces”; cuando se sabe todo esto, ¿nos quiere hacer creer el nuevo Director general de la Policía que ni siquiera hay “indicios” y que no sería de “utilidad” averiguar las posibles conexiones del 11-M con ETA? ¿No sería de “utilidad” para quien? Si no lo es para el partido al que pertenece el nuevo Director de la Policía, desde luego sí lo es para la inmensa mayoría de los españoles.

Para colmo, el PSOE y sus aliados han rechazado este jueves la petición del PP de pedir, aunque sea "con carácter voluntario", los listados de mensajes telefónicos enviados por determinados dirigentes del PSOE en la violada jornada de reflexión en la que tantas sedes del PP fueron acosadas.

Los socialistas también se han opuesto a que se desclasifiquen toda la documentación del CNI en relación con el 11-M; se han opuesto a que se de a conocer, aunque sea en sesión secreta, el contenido de los párrafos tachados en los informes que la comisión pudo analizar el pasado día 13; también han rechazado junto a sus socios la comparecencia de alguien tan clave en esos días, como el ex secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Astarloa; finalmente se han opuesto y se siguen oponiendo a que comparezcan ante la comisión los confidentes, comparecencia que, tras exigirla el miércoles los propios sindicatos policiales, la reclamaba también el jueves el propio ex Director de la Policía.

Ante este verdadero boicot a la comisión de Investigación por parte de los socialistas no basta con las protestas de Pujalte y del Burgo, y, desde luego, sobra el silencio de Rajoy. Hay que poner condiciones -y fechas para que se cumplan- para no contribuir a la farsa que se denuncia.

El consenso necesario
Editorial La Razón 23 Julio 2004

Es muy comprensible que el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero pretenda organizar, gracias a la mayoría que supone su coalición con los partidos minoritarios, el orden y el sistema de comparecencias en la Comisión parlamentaria que investiga el 11-M. Pero parecen olvidar que la actual comisión no es, y no debe serlo en modo alguno, un debate político al uso y, como tal, susceptible de ser regido por una estrategia concreta, buscadora del inevitable efecto mediático o de simple beneficio partidario. Nada gana el PSOE con poner obstáculos a las propuestas de testigos de los populares. Tiempo tendrán los diputados socialistas para dar su opinión, suponemos que arbitrada junto a las minorías que soportan con su voto al Gabinete de Zapatero, cuando se elaboren las conclusiones finales de la Comisión.

Por otro lado, está el Partido Popular en su perfecto derecho de protestar si las reglas del juego que deben presidir la investigación son manipuladas o se pierde la oportunidad de que del fruto de las sesiones de trabajo, de las comparecencias de los distintos testigos, se haga luz sobre las circunstancias de la matanza del 11-M y sus efectos sobre la inmediata jornada electoral. Si no se admiten los testigos ¬por supuesto que relacionados con el asunto¬ que propone, al margen incluso de la supuesta importancia, ya sea nula o determinante, de sus palabras, cabe pensar que el fruto de la Comisión nacería viciado. Sólo en este sentido, si creen más que probado que otros grupos impiden conscientemente el conocimiento de la verdad, debería el PP considerar seriamente la posibilidad de levantarse de la mesa y abandonar las sesiones de trabajo.

Se trata de una decisión de extrema gravedad, y es bueno recordar que se habla de una matanza en la que fueron asesinadas cerca de 200 personas, por lo que tampoco el PP puede actuar sin tenerlo muy en cuenta. Está bien su órdago, pero es mucho más importante que se siente de nuevo a negociar con el resto de los grupos cómo resolver las fricciones que están a punto de romper la Comisión. Porque puede ser discutible la presencia en la sala de un confidente desacreditado ayer mismo por un Juzgado, pero en las demás peticiones puede tener razón el PP. ¿Por qué no puede declarar el secretario de Estado Ignacio Astarloa? Hará bien el PSOE en reflexionar y reconducir una situación que hoy dice bien poco de la capacidad de nuestros partidos para ayudar a los españoles a conocer toda la verdad del 11-M. Y no solamente «su verdad».

El talante del chivatazo
Ignacio Villa Libertad Digital 23 Julio 2004

Es evidente que el Partido Socialista ha iniciado una auténtica caza de brujas con todo su aparato mediático como auténtico impulsor. Lanzan la noticia e inmediatamente los portavoces oficiales del PSOE se organizan como un coro perfectamente diseñado. Aznar es el objetivo y están dispuestos a ir contra él; por tierra, mar y aire. En una obsesión que se ha convertido en algo congénito, el PSOE sólo responde a una sola orden: laminar todo lo que huela al ex-presidente Aznar. Lo que ocurre es que tanta obsesión, tanto bilis demuestra la catadura moral de los chivatos y también de los difusores de esos chivatazos.

Este es el talante predicado a los cuatro vientos. Este es el nuevo estilo Zapatero. Buscar donde no hay nada, fabricar historias con los datos facilitados por pelotas y triturar al adversario con la mentira y con la difamación. Las informaciones difundidas por el grupo PRISA como una "gran exclusiva" no tiene nada fuera de la legalidad, es una práctica habitual que distintos Gobiernos de medio mundo contraten a distintos grupos de comunicación para cuidar la imagen de cada país en los Estados Unidos.

Pero en fin, a falta de gestos para gobernar se prefiere buscar en los rincones del pasado. Antes de tomar decisiones para mejorar el bienestar de los españoles se decide aniquilar al adversario político. ¿Donde está la nueva forma de hacer política? ¿Y el anunciado diálogo constructivo? ¿Y esa actitud de mirar hacia adelante? Zapatero y su gente han demostrado una vez más un carácter revanchista y rencoroso. Un verdadero peligro para la tranquilidad política. Por cierto ¿qué tendrá que ver en todo esto Carlos Westerndorp, actual embajador en Estados Unidos? No sabíamos que tuviera que hacer méritos ante su jefe Moratinos....quizá sean deudas del pasado. Pero en fin, que pregunten a Javier Solana por Westerndorp y saldremos de dudas.

EL VETO DEL PSOE
Editorial ABC 23 Julio 2004

QUE la Comisión de investigación del 11-M no considere relevante el testimonio del que fuera secretario de Estado de Seguridad en la fecha de autos define el interés real (en realidad, nulo) de la mayoría gobernante y los partidos minoritarios que la apoyan por conocer la verdad de lo que ocurrió en aquellos días. Todos los grupos, excepto el PP, que lo propuso, han rechazado que Ignacio Astarloa comparezca ante los comisionados, pese a que de él dependían operativamente todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Aunque parece clara su autoridad en el asunto, el PSOE y sus aliados en las Cortes estiman intrascendente su presencia y renuncian a la luz que pudiera aportar sobre el asunto, quizás porque seguramente no se adaptaría a la horma preestablecida de antemano y a la teoría de «la gran mentira gubernamental», ese apriorismo con que el PSOE ha llegado a sentarse en la Comisión y que no se arriesga a que al final resulte, en sí mismo, incierto. El sinsentido de la ausencia de Astarloa alcanza cotas paradigmáticas si se coteja con el nivel de conocimiento de lo ocurrido aquellos días demostrado por algunos de los comparecientes. Teóricos sobre el islamismo, psicólogos o testigos que no saben si han escuchado un dato a un policía, a un vecino o en la radio... todos ellos han hablado durante horas ante la Comisión. Ahora, se veta la presencia del entonces secretario de Estado de Seguridad. Mal les deben de ir las cosas a los socialistas en esta «causa general» contra el PP cuando se comete tan chusca arbitrariedad.

Pero hay más. De pronto, no se considera relevante el testimonio de los periodistas, cuando los medios de comunicación jugaron un papel crucial en esas fechas y cuando se había acusado (de nuevo el sonsonete de la mentira) al entonces presidente del Gobierno y a su ministro del Interior de engañar y presionar a los profesionales de la información. El 11-M no es sólo la trágica fecha de la matanza terrorista en los trenes de Cercanías ni el proceso de investigación sobre su autoría; también alcanza a la jornada de reflexión electoral. Pero eso no parece interesarle demasiado al PSOE. Ni qué decir tiene que tampoco serán llamados al Congreso los confidentes de la Guardia Civil, a cuyo testimonio la mayoría gobernante es absolutamente refractaria. La Comisión se creó para conocer toda la verdad de lo ocurrido en esos tristes días de marzo y para ello se han de poner todos los medios. La arbitraria y casi esquizoide selección de los comparecientes indica que el PSOE no persigue tanto ese objetivo esclarecedor como que no se le estropee su fábula sobre la gran mentira.

País Vasco
El PNV recupera el centro y al PSOE
Pedro Fernández Barbadillo Libertad Digital 23 Julio 2004

Este Gobierno parece formado por prestidigitadores, pues cada día nos distrae con un nuevo truco: déficit oculto, sumisión a Francia, leyes de género, abandono de los saharauis, subvención al islam... Cuando ZP y sus ministros se cansan, salen a la pista los Fantásticos Hermanos Catalanes. Tan ensimismados estamos que las maniobras del PNV nos pasan desapercibidas, pero como los continentes el nacionalismo vasco se mueve despacio.

En la transición, el PNV se convirtió en el partido central del País Vasco. Cortaba el paso a los demás partidos, que eran incapaces de aliarse entre ellos si no estaban los peneuvistas en la coalición. El PNV fue capaz de gobernar simultáneamente con el PSOE, con el PP, con EA, con UA y con HB en todas las instituciones, desde el Gobierno vasco al Ayuntamiento de San Sebastián y la Diputación de Álava. De esa cómoda postura cayó cuando Javier Arzallus suscribió el Pacto de Lizarra y ató al PNV a un bloque, el nacionalista. En frente, el PP, el PSOE, UA y UPN. Desde entonces, la Sabin Etxea se empeñó en romper la unión entre el PP y el PSOE antes de que le arrebataran el poder.

Primero consiguieron con la ayuda de círculos de Madrid la defenestración de Nicolás Redondo y, luego, colaboraron con el PSOE e IU en vencer al PP en las elecciones de marzo. Los nacionalistas vascos inventaron las consignas del autoritarismo de Aznar y de la democracia de baja calidad. En los últimos meses asistimos al cortejo a Patxi López y Jesús Eguiguren. Los socialistas vascos padecen la misma añoranza de moqueta y coche oficial que sus compañeros del resto de España, por lo que es posible cualquier movimiento.

Por de pronto, el PSOE, tanto el nacional como el vasco, ha aceptado varias de las exigencias del PNV: autorización a los presos etarras para que estudien en la Universidad del País Vasco, anuncio de derogación de las reformas impulsadas por el PP en contra de quienes convoquen referendos, acuerdo en la discusión de 32,2 millones de euros en el cupo... A mediados de mes, el secretario general del PSE-EE de Guipúzcoa, Miguel Buen, volvió a proponerle al presidente del PNV en esa provincia, Joseba Egibar, su pactos de gobierno en los ayuntamientos de San Sebastián e Irún. Los socialistas prefieren gobernar con el PNV antes que con el PP, pese a que los concejales de este partido votaron a favor de los candidatos socialistas en la elección de alcaldes.

El PNV también ha dado pasos para cambiar de aliados. El partido ha decidido unirse al Partido Democrático Europeo promovido por Romano Prodi. Hasta ahora, el eurodiputado jelkide Josu Ortuondo compartía con el representante de Eusko Alkartasuna y Esquerra Republicana de Cataluña presencia en el grupo la Alianza Libre Europea, que pretende ser la voz de las supuestas naciones sin Estado.

Hay indicios, por tanto, de que los socialistas y los peneuvistas se preparan para repetir la coalición de los años 80, de la que sólo obtuvieron réditos los nacionalistas. La excusa es la misma: descrispar. El verano puede ser la época en que los dos partidos se desenmascaren con sendos acuerdos para expulsar al PP de las únicas instituciones que controla: el Ayuntamiento de Vitoria y la Diputación Foral de Álava. Para allanar el camino, el Gobierno vasco puede retirar con cualquier excusa el Plan Ibarretxe, hasta la próxima.

Y esto ocurre cuando en el PNV hay tensiones internas entre la vieja guardia de Arzallus y Joseba Egibar, que controla Guipúzcoa, y la nueva dirección de Josu Jon Imaz. ¿Se acerca el partido a una nueva escisión? De ello hablaremos en otra ocasión.

ARAFAT ES SIEMPRE EL PROBLEMA
Por RAFAEL L. BARDAJÍ ABC 23 Julio 2004

LOS europeos siempre han sentido una especial debilidad por Arafat. En la izquierda, por el romanticismo hacia las causas perdidas y su oposición al supuesto militarismo opresor de Israel; en la derecha, por la incomprensión hacia lo judío y por un carpetovetónico antiamericanismo que sólo ve en Israel el instrumento en el Oriente Medio de la dominación americana y la quiebra de la influencia europea. El resultado: que Arafat no sólo ha sido recibido siempre con los máximos honores sino que se le ha financiado generosamente al ser considerado la solución indispensable de los problemas del Oriente Medio, a pesar de que ha habido -y hay- signos evidentes de que Arafat no es la solución a nada sino la causa de muchos males. La rebelión de su propia gente en los últimos días, como rechazo al nombramiento de su sobrino Moussa Arafat como jefe de seguridad de la Franja de Gaza, ha puesto de relieve, una vez más, el grado de corrupción e impunidad política de la actual Autoridad Nacional Palestina. Y debería servir para comprender que la hora de Arafat, en tanto que líder e interlocutor del pueblo palestino, ha llegado a su fin.

La protesta suscitada en Gaza con el nuevo intento de Arafat de controlar hasta el más mínimo detalle de la vida institucional de la Autoridad Nacional Palestina no es sino un capítulo más de su lucha por preservar y controlar por sí mismo todo el poder. Si hoy existen en Gaza y Cisjordania trece diferentes organizaciones de seguridad palestinas, se debe a que Arafat, en su momento, decidió que eso le era más conveniente, para contentar a trece personas que aspiraban a ser importantes y como plasmación de su tradicional estrategia de divide y vencerás. El único intento palestino por tener un Gobierno con competencias y una distribución de poderes como cualquier otro, duró apenas tres meses, lo que tardó Abu Mazen en ser designado y destituido por el propio Arafat. «Arafat ha expropiado el derecho del primer ministro, despreciado el papel del ministro de seguridad, y designado a sus lacayos para encabezar sus organizaciones. Se ha colocado a él mismo encima de todo y ha transformado su cuartel general en el mando conjunto de toda la seguridad palestina». Y esta descripción no sale de la boca de ningún neocon americano o analista judío, sino que la acaba de escribir el columnista del diario Al-Sharq Al-Awsat, Ahmad Al-Rab´i, decidido partidario de un Estado palestino independiente y nada complaciente con Israel.

Arafat pasará a la Historia como un auténtico fenómeno de engaño masivo, muchas veces de autoengaño, como en Europa. Es curioso leer en la biografía realizada por la organización de los premios Nobel que «al igual que en otros regímenes árabes de la zona, el estilo de mando de Arafat ha tendido más a lo dictatorial que a lo democrático». Con todo se llevó su ansiado premio. El jurado debió de estimar que los crímenes de Arafat (que jalonan toda su biografía, desde la incitación al secuestro de aviones en los 70, la desestabilización de Jordania, el colapso de Líbano, al pago de compras ilegales de armas para los palestinos, por no hablar de la intifada y los ataques suicidas contra Israel) no eran tales en la medida en que la motivación de los mismos podía ser falsa y tranquilizadoramente moralizada. La lucha por la existencia de un pueblo oprimido lo puede justificar todo.

Pero la realidad es que Arafat no era ningún liberador, sino uno de los peores opresores que los palestinos han podido sufrir en sus propias carnes. Es posible que Arafat de verdad persiga la creación de un Estado palestino, pero lo que es claro es que no quiere un Estado palestino libre y democrático. Una de sus primeras medidas tras su retorno a Cisjordania y Gaza fue ordenar la detención de los periodistas palestinos independientes o no lo suficientemente leales a su persona. Su visión de lo que es y debe ser la libertad de opinión y de prensa se reduce a la financiación directa, al control de la práctica totalidad de los periódicos palestinos y a la intimidación de todos aquellos que muestran signos de debilidad hacia su autoridad.

En el terreno económico la realidad no es menos devastadora. En 1997, uno de los principales donantes financieros de la Autoridad Palestina, la agencia del Gobierno sueco para el desarrollo, encargó a unos de sus expertos en Oriente Medio una auditoría sobre las ayudas cedidas. Sus conclusiones fueron contundentes: «Ningún dinero sueco debería darse a una Autoridad Palestina corrupta. Los fondos concedidos han servido para promover la construcción de otro Estado-policía». La UE le ha regalado a Arafat en los últimos años miles de millones de euros porque se ha negado a ver el mal uso que hacía de esas ayudas. No se trata ya de probar que parte del dinero que le entraba a Arafat iba a financiar a grupos terroristas, sino de algo mucho más simple: una mínima contabilidad y el control de que se utilizaban apropiadamente para los fines especificados. Pero nada de eso ha sido posible. Un informe del Fondo Monetario Internacional de hace ahora un año concluía que en torno al 8 por ciento del presupuesto anual de la Autoridad Palestina lo gastaba Arafat discrecionalmente, y que del presupuesto de las instituciones de seguridad, en torno al 60 por ciento quedaba bajo el control directo y personal de Arafat, lo que le dejaba cerca de 400 millones de dólares al año para gastar como él quisiera. Igualmente el FMI advertía que del estudio de las cuentas de Arafat que, entre 1995 y el 2000, unos 200 millones de dólares al año habían desaparecido y era imposible justificar su destino, y que del presupuesto de 2003, casi el 50 por ciento del presupuesto de la oficina de Arafat había sido cedido a organizaciones e individuos no identificados. El FMI basó su estudio en documentación original que también obra en poder de los responsables de la UE, aunque las conclusiones de éstos discrepan radicalmente. Como dijo Hannes Swodoba, líder del grupo de trabajo del Parlamento Europeo sobre ayuda a la Autoridad Palestina, refiriéndose a la corrupción económica y a la posibilidad de que se estuvieran financiando grupos terroristas indirectamente, «sólo si el ADN de un terrorista suicida coincide con el ADN de un palestino que haya recibido euros lo aceptaríamos como evidencia».

Arafat nunca ha estado dispuesto a dar lo que prometía en las negociaciones con Israel ni a aceptar concesión alguna de su parte. Pero tampoco parece ahora capaz de contener las fuerzas que él mismo se ha encargado de desatar en la comunidad palestina. La vieja guardia está en entredicho, acomodada en sus prácticas abusivas, y la nueva guardia se ha formado en la violencia terrorista inspirada por la intifada, la mayoría de sus miembros involucrados en actos violentos y poco inclinados a la negociación. Hay un grupo intermedio, experimentado en el activismo político pero no relacionado directamente con el terrorismo, como simbolizan Dahlan en Gaza y Rajoub en Cisjordania. Pero gracias a los maquiavelismos primarios de Arafat no hay ninguna figura aceptada por todos los palestinos. Ahora que los israelíes se retiran unilateralmente de Gaza, el epitafio político de Arafat no sólo podría ser «el hombre que engañó a los europeos», sino «el hombre que impidió el nacimiento de un verdadero líder reformista para un Estado palestino libre, próspero y democrático». Ese y no otro es su legado.

Conclusiones del 11-S en EE UU
Editorial ABC 23 Julio 2004

Les ha llevado su tiempo, pero la Comisión de parlamentarios estadounidenses encargada de averiguar qué ocurrió para que pudieran producirse los ataques de Al Qaida del 11-S sobre suelo norteamericano, acaba de presentar su informe. El principal rasgo del documento no reside en que salve la cara de Bush o de su predecesor, Bill Clinton, sino que aporta soluciones o recomendaciones para mejorar la seguridad nacional y evitar que pueda reproducirse una situación como la que dio lugar al 11-S.

A diferencia de lo que parece estar ocurriendo en el caso del 11-M en la comisión investigadora de nuestro Congreso de los Diputados, los comisionados estadounidenses (tanto republicanos como demócratas) han hecho un detenido análisis de todos y cada uno de los supuestos fallos denunciados y evaluado las medidas adoptadas en su día por cada uno de los distintos departamentos encargados de la seguridad. Desde la Casa Blanca al FBI o la CIA, nadie ha quedado al margen de la lupa de los representantes electos. Es cierto que su sistema político tiene una enorme experiencia en este tipo de comisiones, y también lo es que no siempre resultan igual de productivas, pero cuando se trata de asuntos de la importancia del 11-S parece que el ambiente de trabajo y la trascendencia de los fines perseguidos han podido incluso con la actual campaña electoral en marcha. El duelo Bush-Kerry no ha evitado que los comisionados determinen que George Bush no ha incurrido en responsabilidad por los ataques del 11-S, como tampoco el ex presidente Bill Clinton. Pero ello no ha impedido que todos y cada uno de los errores cometidos por las agencias de seguridad estén fielmente reflejados y analizados. Y son de tal importancia que han movido a los redactores del informe a pedir la creación de un súperdepartamento de lucha antiterrorista, que sería la única forma de coordinar a las diferentes agencias de espionaje. Porque otra de las conclusiones considera que, de haber existido un intercambio fluido y respetuoso de los datos e informes que se conocieron antes del 11-S, es muy probable que los terroristas de Al Qaida no hubieran podido actuar con la libertad con que lo hicieron y se hubiera frustrado el ataque que cambió el mundo.

The 9/11 Commission Report
Nota del Editor 23 Julio 2004

El informe completo (gratuito) se puede descargar de http://www.9-11commission.gov

A Zapatero no lo premian ni pagando
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 23 Julio 2004

No se sabe qué produce más repugnancia en esta resurrección del felipismo que a la sombra del talante zapateril se está produciendo: su contumacia golpista y antidemocrática o sus campañas típicamente totalitarias de desprestigio y muerte civil a sus adversarios políticos. De lo uno está dando pruebas en la comisión del 11-M. De lo otro son prueba continua las campañas del polanquismo para destruir a sus enemigos, aunque sean, como en el caso de Aznar, quien les ha hecho todavía más ricos. En el pecado de la fusión digital llevará siempre la penitencia. Y Rato, el oprobio.

Es normal que una cadena de radio abonada a la trola de los terroristas suicidas y que acaba de ser condenada por enésima vez, incluso en el Supremo, por calumniar la memoria de Antonio Herrero Losada dentro de sus campañas contra Antonio Herrero, se lance por el tobogán de las exclusivas gubernamentales, léase Promociones Rubalcaba, para tratar de hundir la imagen y la significación política del ex presidente del Gobierno del PP. No lo van a conseguir, porque basta que ataquen a Aznar para que la derecha cierre filas defendiéndole, y cuantas más campañas hagan contra él, más lo protegerá su gente, la media España que vota PP, con Aznar y sin Aznar.

Pero es que, además, el contrato terrible del que hablan estos émulos de Willi Munzenberg y las campañas de la Komintern está firmado desde tiempos de González y Julio Feo, 1983. O sea, que no sabemos qué censuran, si la continuidad del gasto absurdo (que nos parece mal) o el éxito de Aznar donde fracasó González. Lo segundo, probablemente. Y por cierto, ¿cuánto le costaría a Polanco, dueño de la SER, cuyas obras completas caben en un folio, ser doctor “Dineris Causa” por la Universidad de Brown?

Aznar no necesitaba la tarea de ningún lobby para ser agasajado por los USA porque ha sido un fiel aliado y un coherene defensor de los valores y los intereses occidentales. A Zapatero, por muchos lobbys que busquen, no lo condecorarían el Congreso y el Senado ni pagando. Eso sí, creo que le van a dar una medalla en París y otra en Haití. Las merece. Ah, y otra por el talante y el respeto al adversario. Lo demuestra cada día.

OPINAR POR CUOTAS
Por Valentí PUIG ABC 23 Julio 2004

LOS usos de una democracia en proceso de madurez son impracticables sin una opinión pública de calidad. Es ésa una inequívoca cuestión de virtudes públicas y uno de los déficits de la democracia española, carente a menudo de referentes sólidos, como a merced de un populismo mediático contrapuesto a la consistencia de las opiniones públicas. A veces esas cosas ocurren por carencias o inhibiciones, otras por un exceso de mimo tutelar por parte del poder que controle los medios públicos. En el caso de Cataluña, el sistema de opinión por cuotas lleva años largos de práctica y los indicios son de que continuará siendo hegemónico en los medios públicos. No hay tertulia ni debate sin reparto proporcional de atribuciones expresivas de opinión. Fácilmente, todas las fortalezas han ido cayendo, los medios dependientes de la Generalitat, los de titularidad municipal, aquellos que dependen de las diputaciones o los de titularidad estatal. Es un contagio sin antídotos, una inmensa burbuja virtual que distancian cada día más el país real del país mediático.

En sus orígenes el sistema por cuotas tal vez tuvo una intención benignamente democrática, como la válvula menos mala para la garantía de pluralidad, pero acabó haciéndose igualitarista, constreñido y altamente hipócrita. Incluso sin darse cuenta, el opinador se siente como obligado a defender todos los puntos fuertes y débiles de la cuota de partido político por la que se le requiere. Padecen la libertad de espíritu, el valor crítico de la independencia de criterio. Al final, los opinadores recurrirán a una batería de argumentos que resultan calcados de la refriega política. Ése es un arte imitativo: a los opinadores mediáticos les corresponde hacerse eco del instrumental argumentativo de los partidos políticos porque son quienes asumen la representación de la soberanía y de la opinión pública. No se les pide ideas para el debate, pensamiento de refresco: lo que se les solicita es buena caligrafía mediática. La sintaxis la ponen los partidos. Ahí se produce un cortocircuito que induce a la mediocridad intelectual o la incrementa. Ése es un método de opacidades.

LA cuota se hace más abúlica cuando es llevada al extremo por el aparato de los respectivos partidos -todos sin excepción- o por sus comisarios intelectuales más o menos espontáneos. Según un profesor que gusta de actuar como portavoz de la integridad intelectual del tripartito catalán, los medios públicos de información de la Generalitat tendrían que colaborar «en establecer una cultura de izquierdas» y por eso critica que las posturas ideológicas mayoritarias en los medios públicos de información -en este caso, dependientes de la Generalitat- no sean las existentes en el Parlamento autonómico. No hace falta invocar el caso italiano para figurarse con claridad hasta dónde lleva este talante y la dureza del golpe en el bajo vientre de la profesionalidad y de la idea de bien público.

UNA hipótesis: si la totalidad del Parlamento autonómico de Cataluña, con los matices que sean, está de acuerdo en ir a una reforma estatutaria, ha ser improcedente y, desde luego, de orden secundario que quien se siente al margen o más bien opuesto a tal reforma vea su opinión representada en los medios públicos. Adicionalmente, es escaso el porcentaje de ciudadanos catalanes deseosos de más autogobierno. Acerquemos más la lupa: para quienes la reforma del Estatuto no es imprescindible, improcedente la redacción de uno nuevo y negativa la idea de cambiar la Constitución de 1978, un cierto carácter de opinión extraparlamentaria les sitúa en la marginalidad teórica. Es la consecuencia inmediata de que los medios públicos practiquen la pantomima ideológica en lugar de ser un servicio al bien común, pagado por todos los contribuyentes.        vpuig@abc.es

El florero
José Javaloyes Estrella Digital 23 Julio 2004

Qué es eso de que las Autonomías, y Cataluña a la cabeza de ellas, van a participar en el diseño de la política exterior de España? La respuesta oscila entre el federalismo funcional del presidente de la Generalitat catalana y la función ornamental que corresponde al florero en una determinado espacio interior. Se alza el debate abierto por Pasqual Maragall sobre una disyuntiva previa: la de si estamos ante la evidencia de que al presidente Rodríguez le faltan muchas medias horas para todas materias que conciernen al gobierno del Estado, como aquella de que le hablaba Jordi Sevilla para introducirle en los arcanos de la jerga económica, o si de lo que trata más bien es del evidente desequilibrio de fondo en que, evidentemente, está asentado en España el poder político nominal. Acaso nos encontremos ante las dos cosas: incapacidad del cabeza de la minoría gobernante para definir y sostener un propósito nacional, y abuso palmario de la cadena nacionalista de Cataluña, enrollada como un dogal sobre el cuello del Gobierno.

Centrémonos en lo del florero. La política exterior es una de las funciones cardinales de la soberanía nacional y es al Gobierno de la nación, que ejerce y representa esa soberanía, a quien corresponde dirigirla y ejecutarla, y a quien concierne esa responsabilidad, de manera exclusiva y excluyente, porque la misma no es delegable. La distribución horizontal y territorial del poder político del Estado alcanza hasta donde está constitucionalmente establecido y, dentro de ello, de acuerdo con las concreciones estatutarias. Cuanto concierne a la política exterior no está afectado por esa distribución, desde la simple y elemental razón de que no puede estarlo en modo alguno. La unidad de gestión y la entidad unitaria del propósito al que sirve, igual que ocurre en la política de defensa, son en sí mismas indelegables y no susceptibles de fraccionamiento: ocurre en los estados federales, e incluso en los confederales. Una cantonalización de la diplomacia resulta, al menos sobre el papel, dislate de magnitudes oceánicas.

Esta idea maragaliana no se compadece con la ley española fundamental, pero es coherente con su determinación de reformarla en los términos de todos sabidos. Pero, al propio tiempo, su expresión reiterada de una u otra manera, como esa insistencia en lo de las “eurorregiones”, no hace otra cosa que traducir la capacidad de presión sobre la Moncloa —ahora con la broma de la política exterior— que tiene el tripartito catalán: tributario a su vez de los febriles independentistas de ERC y de las conexiones fácticas de Carod-Rovira con los representantes del nacionalismo etarra.

Si la relación de fuerzas entre Rodríguez y Maragall fuera opuesta a la que es, o sea, con el mango de la sartén en manos del huésped de la Moncloa, estaríamos hablando de la hipótesis del florero: Maragall o Chávez, Fraga o Rodríguez Ibarra, adornarían ciertas visitas de Estado del presidente del Gobierno, en una suerte de institucionalizada operación de imagen, ante el mundo, de nuestro sistema autonómico. Pero siendo la que es tal relación de fuerzas, la fórmula resulta, en principio y por principio, rigurosamente inaceptable. El poder político del Estado se pudo descentralizar, por eso las Autonomías son Estado: todas ellas y no sólo Cataluña. Y lo son en términos incontestables de simetría constitucional y proporcionalidad política, como las varillas de un paraguas, en cuya contera se sitúan la política exterior y la política de defensa.     jose@javaloyes.net

Mudanza forzosa
Fernando González Urbaneja Estrella Digital 23 Julio 2004

La visita de Maragall a la Moncloa esta semana es de las que marcan un hito. Estuvo preparada y sazonada con una cena previa entre los dos presidentes y compadres políticos que engrasó la reunión formal del miércoles y la presentación posterior de sus consecuencias. Maragall no quiere repartir el Estado entre las dos administraciones sino más bien compartirlo. No es mal punto, aunque algunos no lo entienden y prefieren seguir abonados a la tesis de que Maragall es sospechoso por separador. Una pretensión que conduce por malos caminos por incierta y por estéril.

Entre los acuerdos de Zapatero y Maragall hay de todo, buenos principios, fértiles ideas, algún estropicio y no faltan ocurrencias. Entre estas últimas se puede situar el compromiso para solventar la crisis del Avui. Personalmente no puedo oponerme a que alguien evite la desaparición de cualquier medio informativo, pero implicar al Estado y al mismo presidente del Gobierno español en el caso, cuando menos, es desproporcionado; ¿qué tiene el Avui que no tengan esas otras decenas de medios con dificultades y problemas? Desde luego no es un acuerdo como para sacar pecho.

Otro acuerdo emocionado es el referido al traslado forzoso de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Es una aspiración fundada y antigua la ubicación de órganos del Estado central fuera de la capital de España; ha ocurrido en otros países y puede tener sentido incluso en la España autonómica. Quizá hoy menos que una década atrás, ya que la descentralización relevante es la mudanza de competencias, servicios y presupuestos a las administraciones autonómicas, mucho más que la dispersión de la administración central, que puede suponer más inconvenientes que ventajas para el conjunto de los ciudadanos.

Pero el traslado forzoso de la CMT tiene un tufo de arbitrariedad y alcaldada que arruina el talante y los buenos modos. Primero porque se trata de un organismo independiente y soberano en sus decisiones, no subordinado al Gobierno central. La orden de traslado de su centenar de empleados es arbitraria y desproporcionada, máxime cuando el objeto de su trabajo, la regulación del sector de las telecomunicaciones, está domiciliado, mayoritariamente, en Madrid. ¿No sería preferible instalar fuera de Madrid organismos de nueva creación o en fase de ampliación y con más fácil descentralización?

Algunas voces, un tanto ofuscadas, dicen que en Madrid son avaros de centralismo. Eso era antes; para Madrid, la presencia de la CMT es irrelevante; esta región o ciudad disfruta de una vitalidad que no depende del hecho político de la capitalidad, basta con darse una vuelta por cualquiera de los polígonos industriales que rodean Madrid y que son uno de los motores (no el único) de su prosperidad.

En Madrid, la percepción de Barcelona ha sido confusa e insuficiente, pero otro tanto está ocurriendo a la inversa. Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre no han sido nada miopes en este sentido, pero si les empujan van a tener difícil mantener la ecuánime posición que han defendido hasta ahora en esta materia. Y Zapatero tendrá que medir sus pasos, gestos y decisiones descentralizadoras del Estado central: porque como Barcelona, Valencia, Sevilla, La Coruña... también son Estado y sus ciudadanos hijos de Dios. Dispersar los organismos del Estado central puede ser tan buena idea como inconveniente su puesta en práctica.     FG.urbaneja@terra.es

Clases de religión islámica
Un disparate coherente
Fernando Serra Libertad Digital 23 Julio 2004

Aun a riesgo de quedar un tanto trastocado mentalmente, resulta interesante repasar las reacciones que se han producido al anuncio de que se impulsará y financiará la enseñanza de religión islámica en los centros públicos y que también se hará lo mismo con otras confesiones, como la judía y la evangélica. Así, por ejemplo, la “carca” Confederación Católica Nacional de Padres de Alumnos (CONCAPA) está encantada y su presidente ha asegurado que es “una buena noticia que aquellos padres que quieren educar a sus hijos en el Islam puedan hacerlo en la escuela frente a una educación sin valores, que se intenta promover ahora". No menos regocijo siente la Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERE) que tiene entre sus objetivos el “promover la concepción cristiana de la educación y el concepto de la Escuela Católica” pero eso no le impide dar la bienvenida a esta medida que "supone valorar la libertad religiosa, sea de la confesión que sea".

Por el contrario, la “progresista” Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) critica duramente la decisión del Gobierno socialista ya que "la presencia de cualquier religión en las aulas genera diferencias muy grandes dado que no todo el mundo es religioso" y advierte de que se puede generar conflictos religiosos en la escuela. Pero este alucinante mundo al revés no termina aquí. Que, como en las ikastolas, se pueda propagar el odio en las escuelas y ahora dirigirlo especialmente a los judíos, parece ser una buena noticia para la Comunidad Judía de España dado que su presidente, Jacobo Israel, ha descubierto un “abierto talante” en el ministro de Justicia cuando les ha prometido que también estarán presentes en la escuela pública. No menos sabroso es el trozo de pastel que puede llegar de la asignación tributaria y que ahora sólo recibe la Iglesia Católica. Por eso, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (Ferede), que siempre ha defendido la autofinanciación de las confesiones, pide ahora la creación de distintas casillas en el impreso del IRPF y que el porcentaje confiscado seas del 0,8 por ciento en lugar del 0,52 actual.

Todo esto puede parecer un cúmulo de disparates pero, aunque ciertamente lo son, forman un sistema coherente con un dispare mayor que sirve de alimento. Si se parte del falaz principio de que los niños tienen derecho a la educación no existen razones para negarse a que sea el Estado el encargado de ofrecer este servicio a través de la financiación tributaria. Y tampoco hay razones entonces para impedir que los padres musulmanes, judíos o protestantes, que también pagan impuestos, puedan llevar a sus hijos a la escuela pública y reciban allí una formación religiosa como los niños católicos. Aunque pueda ser cierto, no vale decir cuando se discute el problema que aparece ahora que determinadas religiones, como la islámica, son contrarias a nuestros valores democráticos y de libertad e incluso focos de actividades terroristas porque, de ser así, deberían estar prohibidas y las mezquitas clausuradas. Tampoco soluciona el problema que, como propone la CEAPA, la enseñanza se apoye en valores éticos pero no en religiosos porque la discusión sobre dónde terminan unos y empiezan otros es interminable.

El problema es que la propia existencia de la enseñanza pública supone no solamente la producción de analfabetos en serie dado que es imposible asignar los recursos de una forma eficiente porque el mecanismo de precios está ausente, sino que además se crea un espacio donde el derecho se destruye y, de paso, la coherencia lógica. Lo estamos viendo ahora.

ZAPLANA ANUNCIA QUE SEGUIRÁN EN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
Los comisarios Rubio y Santano, ascendidos tras las elecciones, filtraron información al PSOE
El PP ha decidido seguir en la Comisión de Investigación pese a la obstrucción del PSOE y su negativa a la investigar a los confidentes y las manifestaciones espontáneas. El ex director general de la Policía, Agustín Díaz de Mera, denunció que dos agentes “desleales” filtraron datos falsos al PSOE para influir en las elecciones. Este viernes ABC publica sus nombres. Telesforo Rubio, comisario de Chamartín en aquellos tiempos, formó parte del equipo de expertos de ZP y preparó su comparecencia en Gobelas. El segundo es Miguel Ángel Santano, entonces comisario provincial de Policía Científica y ahora comisario general de la misma especialidad. También pasó por Gobelas.
Libertad Digital  23 Julio 2004

Según informa ABC de fuentes policiales y del PP, ambos transmitieron a los socialistas datos en tiempo real sobre la investigación y en alguna ocasión "antes que a sus superiores". Además, en los citados medios se destaca que no sólo Rubio preparó su comparecencia en la comisión de investigación en la sede socialista de Gobelas, sino que también Santano habría hecho lo mismo.

El último día de trabajos en la comisión esta semana dejó una de las comparecencias más largas, la del ex director de la Policía, Agustín Díaz de Mera y la actitud especialmente beligerante de los diputados de PNV y ERC con él. También compareció el actual director del Cuerpo, Víctor García Hidalgo, que durante el turno de preguntas de CiU se dedicó a hablar de las policías autonómicas y el tan anunciado mando único. Por la tarde, los grupos debían votar el calendario de la próxima semana y la polémica volvió a desatarse.

La comisión ignora a los confidentes
Tras la reunión, el primero grupo en comparecer fue el PP, que acusó al PSOE de dejar "sentenciada" la comisión parlamentaria tras su negativa a que comparezcan personas claves en la investigación más allá de la próxima semana y por su temor a seguir indagando "hacia arriba" la trama de los atentados. Poco antes, el PP vio cómo todas sus solicitudes eran rechazadas y se acordó citar a los guardias civiles que hablaron con los confidentes, a los ex ministros Ángel Acebes, Eduardo Zaplana y Ana Palacio, al dirigente del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba y al ministro del Interior José Antonio Alonso. El portavoz popular en la comisión, Vicente Martínez Pujalte, calificó de "tomadura de pelo" la postura del PSOE por negarse a citar, entre otros, al ex secretario de Estado de Seguridad Ignacio Astarloa y al confidente Rafá Zouhier. "Lo de hoy ha sido absolutamente indignante", dijo el diputado del PP, quien anunció que su grupo adoptará este viernes diversas medidas en protesta por el desarrollo de los trabajos de la comisión.

Sí se preguntó "a qué tiene miedo el PSOE" al rechazar el testimonio "imprescindible" de Astarloa, que coordinó la investigación policial tras los atentados. En su opinión, los socialistas "no quieren ir hacia arriba por si la X que aparece no les da satisfacción a lo que ellos esperan, y no quieren ir hacia abajo por si lo que aparece tampoco les parece bien o se encuentran algo que no quieren encontrar".

El PP se quejó también de que el partido mayoritario se oponga a investigar lo ocurrido en la jornada de reflexión electoral, con las manifestaciones “espontáneas” en las sedes del PP, al denegar el acceso a las comunicaciones telefónicas efectuadas ese día por alguno de los dirigentes socialistas. El también parlamentario del grupo popular Ignacio Del Burgo calificó de "espectáculo bochornoso" y "farsa" la actuación de "todos los grupos de oposición al PP" e imputó al PSOE pretender "organizar un segundo linchamiento al PP" tras el cometido en la jornada de reflexión. Respecto a la posible comparecencia del ex presidente del Gobierno José María Aznar, que no se concretó en la sesión de este jueves, reiteró la voluntad de su grupo a que declare, pero precisó que "si no viene, es porque el PSOE no ha querido".

El PSOE cree que la comisión es un ejemplo de transparencia
El portavoz del PSOE en la comisión del 11-M, Álvaro Cuesta rechazó las críticas del Partido Popular y señaló que la única limitación que ha impuesto la comisión para las comparecencia es la “seguridad y la ley” y consideró que está siendo un ejemplo de transparencia. También justificó su negativa a llamar a comparecer a los confidentes porque “no queremos incurrir en frivolidades” convocando a “personas que cobran por mentir, que son delincuentes conocidos en una comisión en la que hay que decir la verdad”. En su lugar comparecerán los “protagonistas profesionales” de la trama, es decir, los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado que estaban en contacto con los confidentes.

Sobre la comparecencia de Aznar, Cuesta dijo que “no es la comisión Aznar”, sino que se trata de analizar “lo que pasó antes, los riesgos y el futuro y eso excede a Aznar. Si es útil, no desechamos esa comparecencia, pero la prioridad no es conocer el criterio del señor Aznar”. No obstante, aplazó a la semana que viene la decisión definitiva sobre esta comparece

La Universidad de Cantabria estudia la relación entre nacionalismo y totalitarismo
M. Hurtado de Mendoza La Razón 23 Julio 2004

Madrid- Las no siempre tranquilas relaciones entre los nacionalismos y las libertades sociales serán el objetivo principal a debatir en el curso que dirige el escritor Iñaki Ezquerra, «Nacionalismo y totalitarismo», dentro de la programación de verano de la Universidad de Cantabria en Castro Urdiales. Entre el profesorado que participará en los cinco días que dura el curso (del 26 al 30 de julio) estarán, entre otros, Gustavo Bueno, el filósofo «que siempre toca la realidad desde ángulos incómodos y que inmediatamente suscita no polémica, sino el debate y la reflexión», detalla Ezquerra. También participarán el criminólogo Antonio Beristain y Jaime Mayor Oreja hablando de los valores del constitucionalismo.
Otros invitados son Gotzone Mora, profesora de Sociología de la Universidad del País Vasco y Antonio Basagoiti, jefe de la oposición en el Ayuntamiento de Bilbao quien hablará de ETA «como compañera de trabajo, de la tortura que es tener enfrente a personas que te amenazan constantemente», añade Iñaki Ezquerra.

Nacionalismos buenos y malos. El curso abordará el Plan Ibarretxe o las propuestas nacionalistas catalanas de Artur Mas, Maragall y Carod-Rovira. «Últimamente se habla mucho en los periódicos de nacionalismos incluyentes y excluyentes, y a mí casi me da más miedo que me incluyan a que me excluyan de ciertos nacionalismos», explica Ezquerra. «Parece que por hacer estas categorías lo excluyente sea malo y lo incluyente bueno. Hay nacionalismos en los que no me gustaría estar incluido aunque me abrieran generosamente las puertas...», sentencia el escritor.
Dilucidar si es posible hablar de nacionalismos «buenos» y «malos» será otra parte importante, explica Ezquerra: «Lo importantes es saber donde reside lo malo del nacionalismo. Y si pensamos que no hay criminales natos, llegamos a la conclusión de que el daño no está en el individuo. Donde empieza el mal es en la superposición de lo colectivo a lo individual».
 

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