AGLI

Recortes de Prensa     Martes 10 Agosto 2004

Estado español, lengua oficial: el Estatal
EDITORIAL Libertad Digital 10 Agosto 2004

ESPAÑA NO ERA PLURAL
EDURNE URIARTE ABC 10 Agosto 2004

Eta estorba
Lorenzo Contreras La Razón 10 Agosto 2004

Comparaciones odiadas
SANTIAGO GONZÁLEZ El Correo 10 Agosto 2004

Algo más que un debate semántico
Jaime Ignacio del Burgo La Razón 10 Agosto 2004

EL PROFETA
Jaime CAMPMANY ABC 10 Agosto 2004

Fallo de la Seguridad Nacional
GEES Libertad Digital 10 Agosto 2004

MARAGALL LLAMA A ANDALUCÍA
César ALONSO DE LOS RÍOS ABC 10 Agosto 2004

EL TEMA DE NUESTRO TIEMPO
MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA ABC 10 Agosto 2004

De talantes y asimetrías
JUAN JOSÉ R. CALAZA La Voz 10 Agosto 2004

Nacionalidades
Opinión El País  10 Agosto 2004

Bush sigue a la Comisión del 11-S
José Carlos Rodríguez Libertad Digital 10 Agosto 2004

EL CHIÍSMO RADICAL
Editorial ABC 10 Agosto 2004

Sin violencia
Cartas al Director El Correo 10 Agosto 2004

Francisco Rodríguez Adrados denuncia que «el español está arrinconado»
MARÍA DE LAS CUEVAS SANTANDER ABC  10 Agosto 2004

Rodríguez Adrados: En España al que sólo habla español le ponen toda serie de trabas
EFE Libertad Digital  10 Agosto 2004

La mitad de los españoles ve conexión entre ETA y el terrorismo internacional, según el CIS
EFE El Mundo 10 Agosto 2004



 


Estado español, lengua oficial: el Estatal
EDITORIAL Libertad Digital 10 Agosto 2004

Sorprendentes, por lo poco que se prodigan, han sido las declaraciones de este lunes del filólogo y académico Francisco Rodríguez Adrados. A juicio del prestigioso filólogo, el español en España vive una situación un tanto peculiar, y como ejemplo ha puesto un hipotético congreso científico en Cataluña, donde, por presión social o política el ponente ha de hablar en catalán aunque el 80% del auditorio no entienda ni palabra.

Eso es poner el dedo en la llaga, porque situaciones tan absurdas como las de ese congreso ficticio se dan cada día en esa Cataluña plural, solidaria y de progreso que están vendiéndonos desde el Fórum de las culturas. No tiene mucho sentido que con más de 6 millones de habitantes, todos hispanohablantes, la televisión pública autonómica emita sólo en la lengua que entiende una parte de ellos. No es lógico que la señalización en ciudades y carreteras figure, cada vez más, sólo en una de esas lenguas, casualmente la minoritaria. Es incomprensible que la práctica totalidad de la instrucción pública se imparta sólo en una de esas lenguas –la catalana naturalmente– ignorando que una porción amplísima de catalanes tienen por lengua madre la de Cervantes y no la de Verdaguer.

La lengua catalana es un patrimonio cultural del que todos los españoles deberíamos sentirnos orgullosos. Posee un número considerable de hablantes y cuenta con una rica tradición literaria que hunde sus raíces en la Edad Media. No sólo se habla en Cataluña sino que registra variantes más o menos similares en la Comunidad Valenciana, en las Islas Baleares y en el departamento francés de los Pirineos Orientales. Es un privilegio para España contar con la literatura escrita y las tradiciones orales catalanas en su acervo cultural. Eso no lo pone en duda nadie.

Sin embargo, de un tiempo a esta parte esa lengua, la misma en que escribieron Josep Pla, Salvador Espriu o Ausiàs March, se ha convertido en un arma política de primera magnitud sobre la que se ha cimentado toda una filosofía de la exclusión en aras de una presunta protección y salvaguarda. Y la lengua, como es lógico, no tiene la culpa, sino algunos de sus defensores de ocasión que han encontrado en ella no sólo un salario sino un palo con el que atizar a los que no tienen el privilegio de hablarla, o mejor, a los que hablan la otra lengua que se habla en Cataluña desde hace varios siglos: el español

La política de la normalización, nacida al calor de los Gobiernos convergentes, erradicó la lengua española de las aulas. Los medios de comunicación dependientes de la Generalidad nunca han empleado el español, y en algún caso se ha llegado a amonestar a algún presentador por pasarse de la raya, esto es, por hablar demasiado en una lengua que conocen y usan la totalidad de los habitantes del Principado pero que, paradójicamente, se considera extranjera. El último jalón del despropósito lingüístico lo han protagonizado los comisarios de la llengua este verano. Desde septiembre se comenzará a aplicar un plan de acción que incluye, entre otras medidas, la discriminación contra las empresas que no utilicen el catalán en etiquetas e instrucciones de uso de sus productos.

Tal es el bilingüismo que se promociona desde la plaza de San Jaime, tan parecido al monolingüismo aquel de “habla la lengua del imperio” que sólo a un lerdo le puede pasar desapercibido. Por de pronto, la denominación propia de nuestra lengua común ha desaparecido y se ha cambiado por castellano. Visto el proceder de las autoridades lingüísticas catalanas, poco queda para que el español se convierta más allá del Ebro en estatal o lengua estatal. En esa nación de naciones que acaba de inventarse el ministro Montilla, que posee selección estatal, gobierno estatal, periódicos estatales, himno y bandera estatales y una red de carreteras de ámbito estatal, lo suyo es que se hable una lengua estatal, desvinculada de la Nación que le dio el nombre y de los 42 millones de personas que, a este lado del Atlántico, se comunican diariamente en ella.

Decía hoy Rodríguez Adrados que en España al que habla sólo español se ponen toda serie de trabas. Quizá al vicepresidente Bargalló esto le suene a chino; a nosotros, en cambio, nos suena a estatal.

ESPAÑA NO ERA PLURAL
EDURNE URIARTE ABC 10 Agosto 2004

No deja de sorprenderme día tras día la facilidad con la que se ha instalado en la política española la relectura del Estado de las autonomías iniciada por el PSOE en su etapa de oposición. Lo que parecía una construcción propagandística útil para erosionar al PP es ahora el discurso dominante del PSOE a través del protagonismo cedido en este terreno a Pascual Maragall. Es asombrosa la solemnidad con la que este líder crecientemente indistinguible de los nacionalistas anuncia el advenimiento de la nueva España plural y, sobre todo, es inquietante la ausencia de escándalo con la que se recibe en España su manipulación del Estado de las autonomías. Ahora resulta que una de las construcciones políticas más descentralizadoras del mundo no refleja, como pensábamos la mayoría de españoles desde 1978, la España plural.

Y Maragall no es solamente el líder excéntrico y colorista que incluso molesta en ocasiones a los propios socialistas. Maragall es la consecuencia de la irresponsable radicalización socialista del discurso autonómico en los últimos 4 años. Si se coquetea con la tesis nacionalista de que el PP quiere desmantelar el Estado de las autonomías o que la fórmula autonómica de la Constitución es un mal arreglo temporal de centralistas y españolistas, alguien se lo acaba creyendo, o lo acaba utilizando. Y lo que es aún peor, puede haber mucha gente dispuesta a hacer de ello un motor de sus objetivos políticos. Porque el autonomismo-nacionalismo refleja identidad, pero también intereses, y lo segundo es cada vez más importante en nuestro país.

Pascual Maragall dijo el pasado jueves en El Escorial que el socialismo catalán «no piensa cejar hasta conseguir el objetivo de una España plural, reconciliada con su diversidad». Si el comentado canto a la invención y explotación política de las singularidades era ya preocupante en su discurso, esta sugerencia sobre el modelo autonómico construido en la Transición lo es aún más. Porque la Constitución y la construcción autonómica son convertidas en arreglos imperfectos, en etapas de un camino hacia otro lugar, el auténticamente deseable para la democracia española. De ser principios fundadores y auténticas revoluciones de nuestra historia política, pasan a ser objetos de insatisfacción y estaciones de paso.

Es grave la manipulación del significado del Estado de las autonomías. Pero, además, la aceptación de esta interpretación nos coloca ante un proceso de reforma de estatutos y constitucional que va mucho más allá de los retoques técnicos o de la adaptación de algunos aspectos desfasados. Porque si no hemos logrado resolver los aspectos esenciales de la pluralidad y de la diversidad, es que tendremos que abordar transformaciones de fondo y no cambios complementarios.

Éste es el discurso dominante en los prolegómenos de la reforma constitucional prometida por el Gobierno mientras un PSOE silencioso y un presidente complaciente contribuyen a alimentar la tesis maragalliana de que la España autonómica no es la España plural.

Eta estorba
Lorenzo Contreras La Razón 10 Agosto 2004

Hubo un tiempo, ciertamente no lejano, en que ETA era útil para el proyecto independentista nacionalista «made in PNV» o «made in Sabin Etxea», aunque ahora sería más apropiado decir «made in Ajuria Enea» o «made in Lakua». La banda terrorista ha vuelto a sus andadas, pero esta vez poniendo algo de sordina a sus estruendos, como si por primera vez prefiriese caminar de puntillas hacia sus objetivos. Lo cual no ha sido óbice para que el PNV se haya alarmado. El éxito del Plan Ibarreche necesita una relativa sensación de paz, una moderación procedimental en el itinerario, sin apoyos armados a los que remitirse para invocar la excelencia de su propia imagen. Es decir, «ETA y nosotros no somos iguales y los peneuvistas no necesitamos de ella para nada». Claro es que al PNV le perjudicaron los acuerdos de Estella-Lizarra y la estudiada ruina del Plan Ardanza.

Pero con la eclosión del Plan Ibarreche, la sustitución de Arzallus por Imaz, y el arrinconamiento de Joseba Eguíbar, la nueva promoción de dirigentes nacionalistas intenta combinar la exigencia maximalista con el corte civilizado de la acción. Y entonces, si ETA no entiende la estrategia independentista en su actual formulación, deja de ser un apoyo para convertirse en un estorbo. Ibarreche quiere ser cándido como paloma y astuto como serpiente. Pero entre que la serpiente es etarra, junto con el hacha en la que se enrosca, y sus planteamientos son radicalmente apresurados, la banda cobra aspecto de intruso y aguafiestas en el seno de la familia respetable. Está sobrando como jamás lo estuvo en tanta medida. El PNV pretende ajustar el negocio como si fuera exclusivamente de su propiedad. Las rentas sustanciales, para él.

Ahora quien más se alarma es ETA. Ya no está sola en un terrorismo que Al-Qaeda y los islámicos han pintado con los colores más repugnantes. No es que la banda vasca tuviera un bonito perfil. Simplemente sucede que el «arte de matar» ha perdido el carácter entre romántico y legendario que los terroristas vascos querían insuflarle. La sociedad vasca está más horrorizada que nunca. Va perdiendo la vieja insensibilidad de algunos de sus sectores. Se está cansando de tanta sangre. Cuando ETA no mata aquella sociedad se vuelve más próspera. Esto significa, como ha dicho Javier Balza refiriéndose a los dirigentes etarras, que «se les acaba el tiempo político». Para el PNV es la gran ocasión de quedarse solo y, en todo caso, administrar a su capricho el reparto final del gran botín independentista. ETA se ha debilitado, pero ha sido el Gobierno de Aznar, ganándose de paso a Francia en este aspecto, quien ha hecho la obra. Lo ha reconocido Joseba Arregui, ex portavoz del gobierno Ardanza, antes de abandonar el partido: «El PNV, y el nacionalismo en su conjunto, ha estado ausente de la estrategia de acabar con el mito de la imbatibilidad de ETA» («Deia»; 02-08-2004).

Comparaciones odiadas
SANTIAGO GONZÁLEZ El Correo 10 Agosto 2004

La Lehendakaritza denunció ayer «la utilización partidista de la violencia de ETA» hecha la víspera por el presidente de Cantabria, por pedir la paralización del plan Ibarretxe hasta acabar con ETA. Ajuria Enea respondió que no se puede «mezclar al lehendakari con las bombas de ETA». «No hay que confundir el atún con el betún».

Está bien que las instituciones se pongan dicharacheras, pero es la violencia de ETA lo que tiene carácter partidista. Amenaza con matar a españoles en general y a vascos no nacionalistas en particular para conseguir objetivos nacionalistas. De ahí que la petición de Revilla a Ibarretxe sea perfectamente lógica. Esgrimir la legitimidad de las reivindicaciones propias para seguir avanzando hacia ellas mientras una banda terrorista declara su voluntad de asesinar a quienes se oponen es una actitud que, como poco, parece ventajista. Uno de los mitos que sustentan nuestra deportividad, aquello que Sabino llamaba «struggle», era la nobleza de los leones, que echaban el balón fuera para que atendieran al adversario caído en un encontronazo, en lugar de aprovechar la ocasión para marcar. Aquello sigue gustando mucho a la mitad de la peña, por lo menos. La petición de Revilla, por otra parte, ya había sido hecha hace cuatro años por el lehendakari Ardanza en una notable conferencia que pronunció en la Real Academia de la Historia.

La queja permanente de los nacionalistas por lo que consideran su equiparación con ETA no impedía al presidente del BBB comparar el sábado al Parlamento español con la banda terrorista: «Ni las Cortes ni ETA podrán parar nuestra voluntad». Es verdad que la analogía de Urkullu es un paso adelante con respecto a la valoración que Egibar expresaba hace nueve años: «tengo más miedo a España que a ETA», pero aún así parece descabellada.

Nadie ha oído nunca a un presidente del Congreso hacer un reparto del trabajo entre los que mueven el árbol y los que recogen las nueces. No se puede imaginar a Manuel Marín o a su antecesora, Luisa Fernanda de Rudi decir: «ETA es la espuma y nosotros la cerveza», «el terrorismo es la forma de lucha de los parlamentos pequeños», «nadie se imagina a un corredor de seguros con un arma en la mano. A un diputado sí; es una cuestión de carácter», y algunos cientos de frases más con los que muy destacados burukides han banalizado el crimen a lo largo de todos estos años: «no es buena la derrota de ETA. No es bueno para el nacionalismo» o aquel «si ETA y HB existen es porque antes existió el PNV», que le espetó muy ufano Egibar a Floren Aoiz en un debate de ETB. Las comparaciones son conceptualmente peligrosas, pero ya, puestos, las fuentes de Ajuria Enea podrían explicarnos quién es el atún y quién el betún en su cháchara tan colorista, tan castiza.

Algo más que un debate semántico
Jaime Ignacio del Burgo La Razón 10 Agosto 2004

El ministro Montilla, al igual que Pascual Maragall, está empeñado en desvirtuar el sentido de la Constitución de 1978. En sus últimas declaraciones, donde aboga por una reforma constitucional que reconozca la existencia de la «nación catalana», Montilla comete un error de bulto. La Constitución no estableció ninguna distinción entre «comunidades históricas» ni calificó como tales a Cataluña, al País Vasco y a Galicia. Estableció, eso sí, una disposición transitoria para permitir que el acceso a la plenitud de la autonomía de las tres comunidades citadas se realizara sin necesidad de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 151 de la Constitución al tener en consideración que durante la II República catalanes, vascos y gallegos habían plebiscitado afirmativamente sendos proyectos de Estatuto para su conversión en «región autónoma» en el seno del Estado español. Ésta es la razón por la que en el proceso constituyente algunos comentaristas comenzaron a referirse a ellas, con absoluta impropiedad, como «comunidades históricas», sin tener en cuenta que si el régimen republicano hubiera sobrevivido a la guerra civil de 1936 todos los demás pueblos de España se hubieran convertido, tarde o temprano, en «regiones autónomas».

La Constitución de 1978 optó por un modelo autonómico de organización territorial, tras establecer la defunción del Estado centralista en su artículo 2. Pero los constituyentes, ante la dificultad de establecer el mapa autonómico de España, optaron por establecer un sistema flexible y gradual de creación de comunidades autónomas. El respeto a la voluntad de los ciudadanos sería el elemento clave del nuevo sistema, junto con el deseo de que la sustitución del Estado centralista no se llevara a cabo de la noche a la mañana para evitar perjuicios a los ciudadanos provocados por el súbito desmantelamiento de la Administración pública. Para acceder a la plenitud de la autonomía sería preciso dejar transcurrir, como mínimo, el plazo de cinco años a contar desde la aprobación del Estatuto. La mayor parte de las actuales comunidades españolas nacieron a la vida política conforme al procedimiento de carácter general establecido en el artículo 143, es decir, a partir de la iniciativa de los ayuntamientos y diputaciones provinciales. Y en la actualidad, todos los estatutos aprobados conforme a este artículo han sido reformados para alcanzar la autonomía plena prevista en la Constitución con carácter general.

Pero los constituyentes quisieron dar satisfacción de inmediato a las ansias autonómicas de algunos pueblos de España. Para ello se estableció otro sistema de acceso a la autonomía plena, el del artículo 151, con una serie de requisitos más exigentes –entre ellos la aprobación de la iniciativa por mayoría del censo electoral mediante referéndum expresamente convocado al efecto–, con la finalidad de constatar la inequívoca voluntad autonómica de los ciudadanos de la futura Comunidad. Ahora bien, como Cataluña, el País Vasco y Galicia habían plebiscitado durante la II República sus respectivos proyectos de Estatuto y, por tanto, ya habían demostrado su voluntad autonómica, la Constitución estableció un procedimiento singular para tales comunidades, eximiéndolas de alguno de los requisitos del artículo 151 y, en concreto, de la necesidad de llevar a cabo un nuevo referéndum de carácter previo. La única Comunidad constituida conforme a las normas del artículo 151 fue Andalucía, aunque las Cortes hubieron de suplir la voluntad de Almería, provincia en la que el referéndum para ratificar la iniciativa autonómica no logró superar el quórum de mayoría absoluta previsto en la Constitución.

Navarra optó por otra vía diferente. Amparados y respetados por la Constitución su régimen foral histórico derivado de la Ley Paccionada de 1841, el pacto para el Amejoramiento del Fuero de 1982 la reconoció como Comunidad Foral dotada de un régimen singular de autonomía de carácter originario e histórico. Pero cualquiera que sea el procedimiento elegido para ejercitar el derecho a la autonomía, reconocido en el artículo 2 de la Constitución, todas las comunidades tienen los mismos derechos y obligaciones constitucionales. Las únicas diferencias de contenido autonómico son los llamados «hechos diferenciales» expresamente reconocidos en la Constitución y que se derivan de la posesión de una lengua propia, de la insularidad y de la foralidad histórica. Los socialistas catalanes, con el apoyo de sus socios separatistas de ERC, pretenden que la Constitución reconozca expresamente a Cataluña como nación y se reconozca el derecho de la Generalidad a convertirse en un Estado, cuya soberanía se compartiría con el resto de España en materias muy concretas, como la defensa o la política exterior. Pues bien, eso es colocar una carga de profundidad en el edificio constitucional de 1978.

La Constitución de 1978 reconoce la existencia en España de nacionalidades y regiones, pero sin que de tal distinción se derive ninguna consecuencia desde el punto de vista del ejercicio del derecho a la autonomía. El Estatuto catalán de 1980 reconoció a Cataluña como nacionalidad. Son los ciudadanos de cada Comunidad autónoma quienes al ejercer el poder estatuyente asumen o no la condición de nacionalidad. Pero esa autodefinición estatutaria no comporta ninguna diferencia desde el punto de vista de la amplitud y profundidad de las competencias autonómicas, pues todas las comunidades –si tal es su voluntad– pueden llegar al máximo techo competencial previsto en la Constitución. Durante el debate constituyente, Miguel Roca se refirió a España como «nación de naciones». Era, según él, la consecuencia de la introducción del concepto de «nacionalidades» en el artículo 2 de nuestra norma fundamental. Pero esa definición de los nacionalistas catalanes incluía la aceptación, sin reserva ni restricción mental alguna, de la soberanía del pueblo español como único titular del poder constituyente. Más aún, el propio Jordi Pujol, en las Cortes constituyentes, abogaría por la necesidad de un Estado español fuerte y eficaz y, por tanto, titular de políticas comunes imprescindibles para garantizar la igualdad básica de todos los españoles sin discriminación alguna de carácter territorial. El proyecto de Maragall pulveriza este principio y pretende expulsar, de hecho y de derecho, al Estado español de Cataluña. Esta pretensión, lo quiera o no el ministro Montilla, representante catalán en el Ejecutivo de coalición de Rodríguez Zapatero, es mucho más que un asunto meramente semántico.       Jaime Ignacio del Burgo es vicepresidente de la Comisión Constitucional del Congreso

EL PROFETA
Por Jaime CAMPMANY ABC 10 Agosto 2004

ARNALDO Otegui, esa joya del nacionalismo democrático, anunció hace unos días que proseguiría la lucha armada de la banda etarra. Aquello parecía un anuncio extemporáneo porque los etarras llevaban ya unos siete meses sin actuar, y aquella pausa abría la esperanza a un abandono definitivo del crimen como argumento político. Cuando leí la frase de Otegui, escribí que su declaración parecía mejor un deseo que un pronóstico. Mis vanas ilusiones se han deshecho pronto. Ahí han resonado los dos bombazos de ETA en Asturias y en Cantabria, por ahora petardos sin sangre que avisan del retorno de la violencia etarra.

Pronto me he convencido de que Arnaldo Otegui expresaba tanto un deseo como un pronóstico. No se trata de un delirante, sino de un profeta. Es un profeta cuyas siniestras profecías se cumplen sin tardanza, con lo cual, más que un profeta, tendríamos que llamarle un portavoz. Dice que la lucha armada va a proseguir porque así le han dicho que lo diga, y naturalmente él obedece a sus jefes. Es el nuevo pregonero del pueblo, que toca el tambor o sopla la corneta y comunica al vecindario la decisión del alcalde en forma de verdugo. «La banda etarra proseguirá la guerra», y enseguida empiezan a estallar bombas.

Es curioso. O mejor dicho, es demostrativo. Tan pronto como en el Gobierno socialista se han alzado voces autorizadas que ya no muestran entusiasmo, ni siquiera condescendencia, con el Plan Ibarreche, con la soberanía superior del Parlamento vasco y con el proyecto de convocar un referéndum particular con los nacionalistas en el «sí» y los etarras vigilando el depósito de papeletas en las urnas, han comenzado a sonar los petardos, por ahora sin sangre y como aviso, en la geografía española del verano. Ribadesella, en la orilla de un río casi sagrado en Asturias, y San Vicente de la Barquera, donde la más sabrosa sardina se asa bajo la belleza de un paisaje singular, han sido los primeros escenarios de esta macabra «rentrée» de la banda etarra.

Pocas dudas podemos tener los españoles a estas alturas de la película (la larga, triste y dolorosa película que dura ya más de un cuarto de siglo) de que las ambiciones políticas de los nacionalistas que se llaman «demócratas» o «moderados» se encuentran siempre acompasadas, apoyadas, empujadas, o como ustedes quieran llamar a ese contubernio no del todo confesado entre los que agitan el árbol y los que recogen las nueces. Es oportuno ese llamamiento de los cántabros al lendakari Ibarreche para que se deje de planes soberanistas y otras mandangas por el estilo, y se aplique a colaborar en el necesario objetivo de mandar a ETA al abismo.

No está el País Vasco para irle ahora con un referéndum de soberanía. Los nacionalistas en el Gobierno de allí deberían saber, y claro está que lo saben por propia conveniencia y por largo beneficio, que cualquier consulta electoral en el País Vasco, mientras persista la amenaza de la actuación criminal etarra, es una consulta de resultado viciado que hay que tenerla en tela de juicio. Arnaldo Otegui anunciaría con toda seguridad el triunfo de los que prosiguen ahora la lucha armada.

11-M
Fallo de la Seguridad Nacional
GEES Libertad Digital 10 Agosto 2004

El presidente Rodríguez Zapatero insiste en que los cuerpos de seguridad del Estado y la comunidad de inteligencia no fallaron en el 11-M y que toda la culpa de entonces se debe al Gobierno de Aznar. Se equivoca. El Gobierno Popular, como otros gobiernos anteriores, tomaron sus decisiones sobre la base de lo que conocían. Y lo que sabían, en materia de terrorismo, le venía dado en buena medida por los servicios de información, del CNI, la policía y la Guardia Civil. Y todos ellos fracasaron estrepitosamente en la fase preventiva de los atentados. Y eso que tuvieron más de dos años para conocer lo que se estaba tramando.

El presidente Zapatero se contenta con echarle la culpa a los políticos del anterior gobierno y pretende salvar a los cuerpos de seguridad. ¿Por qué? No se sabe. Tal vez porque se apunte a ese prurito que tienen muchos líderes políticos de no querer tocar ni reformar .-aunque sea para bien- las instituciones del Estado. En el caso del actual presidente socialista mucho más grave cuanto que sólo entiende como respuesta al terrorismo la acción preventiva y policial. ¿Pero cómo confiar en que quienes fallaron escandalosamente –tanto que hay quien ve maniobras muy turbias detrás de todo el asunto- para prevenir el 11-M van a saber prevenir ahora, sin que nadie les haya señalado como en parte responsables y, por tanto, no se hayan producido ajustes alguno, otro nuevo 11-M?

Lo que nos ha enseñado el 11-M es que la inteligencia y la policía pueden cometer fallos, de lo contrario nunca habría sorpresas. Y que, precisamente por eso, hacer depender la seguridad nacional de esos componentes, es altamente arriesgado. Sobre todo si se tiene en mente que la próxima vez en lugar de trenes pueden atentar contra centrales nucleares, y en lugar de dinamita emplear otras sustancias mucho más mortíferas. Sin duda que la mejor arma para frustrar atentados es la inteligencia. Pero los terroristas saben –y Zapatero debería metérselo de una vez en la cabeza- que la inteligencia puede ser confundida con relativa sencillez si se tiene el empeño de hacerlo. De ahí que a los terroristas se les tenga que anteponer, además, alguna otra arma eficaz.

La represalia es la más clara. Aunque los ejecutores sean suicidas, hay toda una red de apoyo por detrás que tiene su localización geográfica y su materialidad; además están los grupos que le dan cobertura de todo tipo, desde bancaria a religiosa, por no mencionar los Estados que les apoyan directa o indirectamente. Contra todos ellos, así como contra sus cabezas maestras, se puede dirigir una política de disuasión. Sólo que para poder ponerla en práctica se requieren dos cosas que hoy no tiene Zapatero: los medios materiales para ejecutar una estrategia de ese tipo; y la voluntad de hacerlo. El problema último es que si el gobierno no adopta una política mucho más decidida y activa, quizá logre meter en la cárcel a algún terrorista más; pero se verá forzado a enviar muchos más telegramas de condolencia a las familias de las víctimas. Porque mientras la guerra se libre en nuestro suelo, seremos nosotros quienes más salgamos perdiendo.                GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

MARAGALL LLAMA A ANDALUCÍA
Por César ALONSO DE LOS RÍOS ABC 10 Agosto 2004

PASQUAL Maragall ha desarrollado «in extenso» su idea de la España plural, plurinacional y a la carta en un seminario de El Escorial. Y ¿qué se puede concluir de sus palabras? Que su misión histórica es la de llevar a cabo lo que Jordi Pujol no consiguió en veinte años porque o no quiso o no pudo recurrir a la que para él es la clave de esta conversión del Estado y que no es otra sino la voluntad de Andalucía. Así que su diferencia con el convergente reside en que él traslada la responsabilidad de la misión histórica de integrar los diversos territorios (ya se trate de nacionalidades, regiones o archipiélagos) en un conjunto cómodo para todos. Si Andalucía no asume esta misión -dice Maragall-, habrá negado la capacidad para la diversidad, se habrá opuesto a ella, y, de ese modo, será la responsable de que retrocedamos al funesto conformismo de la era Pujol.

Yo siempre he pensado que el drama de los políticos nacionalistas catalanes viene de su personalidad hamletiana en el sentido de que son incapaces tanto de separarse de España como de renunciar a la independencia. Esta duda exasperante, este vivir morboso entre los deseos y la realidad, este vivir desviviéndose que no tiene que ver con el de un místico sino con el de un contable. Pero Pasqual Maragall ni siquiera da la talla del que se desgarra en función de la cuenta de resultados: traslada su problema a otros, en este caso, a Andalucía, así en abstracto. Ella será la culpable si no pone su peso en el platillo catalán frente al unitarismo de los españolistas. Al tiempo -¡qué pillín!- halaga al Sur al hacer recaer la tarea sobre sus espaldas: Andalucía puede reclamar el título de «nacionalidad», ya que tiene una cultura suficientemente fuerte para reclamarlo.

MARAGALL pretende resolver sus aspiraciones «nacionales» gracias a la intervención de otro «territorio». Esto no está en Gellner ni en ninguno de los Historiadores de los nacionalismos. Hablando coloquialmente, es una frescura. Hasta ahora los nacionalistas catalanes se habían querido aprovechar del terrorismo vasco como punta de los otros nacionalismos. ETA va con el machete abriéndose camino en la selva y detrás vienen Ibarretxe, Pujol, Beiras... Ahora Maragall propone que los vascos ensayen una fórmula euroregional, una superación fáctica de los Pirineos paralela a la que él va a intentar al poner una delegación en Perpiñán y al traer el agua del Ródano...

CON esta mezcolanza de pillería, arbitrismo y calculada confusión, Maragall salta por encima de lo que puedan opinar los franceses desde Le Pen a los trotskistas; asimila la voluntad de Andalucía a la del socialismo andaluz; da por supuesto que «el resto» de «los terrirorios» estén por la labor de considerarse partes de esta cuarta nación o nacionalidad española.

Pero, ¿por qué tanto arbitrismo y tanta arbitrariedad? Sencillamente porque Pasqual Maragall, al igual que todos los nacionalistas catalanes, es consciente de que Cataluña ya no es lo que fue, ya no es la locomotora de la economía española como en otros tiempos y, por tanto, ni siquiera puede permitirse el lujo de desgarrarse hamletianamente entre su aspiración a la independencia y sus intereses económicos. En el pasado hubo argumentos para despegarse del «lastre» que representaba el «resto» (en realidad era un mercado cautivo que explicó su desarrollo). Ahora ni eso. Por esa razón Maragall recurre a Andalucía. Por eso quiere que Chaves repita con Zapatero a escala nacional la fórmula que él ha ensayado con el charnego Montilla a escala catalana.

EL TEMA DE NUESTRO TIEMPO
por MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA. de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas ABC 10 Agosto 2004

¿PUEDEN reformarse los Estatutos de las Comunidades autónomas? ¿Quién puede hacerlo? ¿Basta con la decisión reformadora de los órganos de la Comunidad? He aquí algunas de las cuestiones, cuestiones disputadas, que dan contenido al que, en la España actual, puede ser «el tema de nuestro tiempo».

La caracterización de los Estatutos de las Comunidades como normas constitucionales secundarias ha generado bastante confusión. Políticos de ciertos lugares de España se apoyan en esa supuesta naturaleza constitucional de los Estatutos para situarlos al mismo nivel de la Gran Carta de 1978, con las consecuencias jurídicas y políticas que son inherentes a esta equiparación. En el ámbito académico se suele afirmar que resulta difícil elaborar un doctrina seria y definitiva sobre el Estado de las autonomías.

También ha complicado el tema la utilización de un «bloque de constitucionalidad» para trazar las fronteras entre el campo de competencia del Estado, en cuanto institución que engloba a toda la Nación española, y el campo de competencia de cada Comunidad autónoma.

No voy a entrar hoy en la discusión acerca de la conveniencia de emplear una fórmula, «bloque de la constitucionalidad» o «bloque de constitucionalidad», de origen francés y fabricada al otro lado de los Pirineos para una realidad jurídico-política distinta de la española y con propósitos para nosotros extraños. Lo que me interesa es considerar la posición de la Constitución y de los Estatutos en ese bloque, integrado por los textos fundamentales y por diversas leyes infraconstitucionales.

Cualquier imprecisión al respecto tiene consecuencias graves. No puede aceptarse, como si fuera una tesis intrascendente, que los Estatutos se hallan en la base del bloque de constitucionalidad, siendo la Constitución el complemento normativo para establecer el reparto de las competencias. Siguen esta doctrina quienes defienden la preexistencia de determinadas Comunidades autónomas a la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

Se trata de un enfoque equivocado, a mi entender. No debatimos un asunto de la historia de España, sino que hemos de situarnos en el actual ordenamiento jurídico-político. La historia de España es larga, a veces brillante y siempre compleja. Pero en el momento presente, sin la Constitución no habría Comunidades autónomas. Fue necesario que el pueblo español, como titular del poder constituyente, decidiera en 1978 reconocer la pluralidad de nuestra Nación mediante el establecimiento de 17 Comunidades a las que se atribuyó autonomía política. Pero, ¡ojo!, autonomía no es soberanía.

En el bloque de constitucionalidad, la Constitución es la base, o apoyo principal, que da fundamento y razón de ser a los Estatutos de las Comunidades autónomas. Una reforma de la Constitución puede afectar a los Estatutos, pero no cabe en nuestro ordenamiento jurídico-político la modificación de un Estatuto que conculque un principio constitucional. Los Estatutos se reforman si así lo decide el titular del poder constituyente, es decir el pueblo español.

Ocurre, además, que el Estado de las autonomías ha experimentado una transformación notable en los últimos quince años. Sucesivas Leyes Orgánicas, aprobadas como tales por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, han venido caracterizando expresamente como «comunidades históricas» a la casi totalidad de las regiones de España. Son así comunidades históricas el Principado de Asturias (Ley Orgánica 1/1999), Cantabria (L.O. 11/1998), La Rioja (L.O. 2/1999), La Región de Murcia (L.O. 1/1998), Aragón (L.O. 5/1996), además de las reconocidas en sus propios Estatutos, como Valencia y los reinos de Castilla y León.

Se ha transformado el Estado de las autonomías y se ha complicado. Días atrás un político catalán pedía que se hiciese explícito en la Constitución las denominaciones, «ahora elípticas», de tres Comunidades históricas. Me parece que la solicitud llega tarde, pues no se ha establecido de un modo elíptico, sino expreso, por Leyes Orgánicas, la integración en el ordenamiento constitucional de otras varias Comunidades históricas.

Hay que recordar que la expresión «Comunidad histórica» no figura en el texto constitucional. No obstante hay referencias expresas a «los derechos históricos de los territorios forales» (Disposición adicional primera) y a «los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de autonomía» (Disposición transitoria segunda). Con estos materiales constitucionales se elaboró el concepto «Comunidad histórica», que fue aplicado a las tres mencionadas en la transitoria segunda, es decir País Vasco, Cataluña y Galicia.

El referéndum del pueblo andaluz, del 28 de febrero de 1981, alteró el esquema inicial. Ya no serían tres Comunidades, sino cuatro, las que se colocarían en la cabeza de la lista. Y en una sesión del Parlamento de Andalucía, celebrada los días 13 y 14 de abril de 1983, se aprueba un Preámbulo para el Estatuto, con afirmaciones rotundas sobre la identidad histórica del pueblo andaluz.

La situación es distinta, por tanto, de la que hubo que afrontar en la Transición. Se dudó entonces entre vertebrar un Estado con sólo dos o tres Comunidades autónomas, o el vulgarizado «café para todos», con 17 Comunidades y dos Ciudades autónomas. Prosperó esta última fórmula de ordenación territorial, y ahora, veintitantos años después, todas las Comunidades se afanan por alcanzar la máxima autonomía constitucionalmente posible, sin que sea fácil la aceptación por algunas de ellas de un tratamiento diferenciado para otras.

El principio de equilibrio se ha impuesto a las pretensiones de asimetría. Día a día, y por el despertar de conciencias adormecidas, la solidaridad exigida por la Constitución va erigiéndose efectivamente en postulado básico. El horizonte político no está cerrado, sino abierto para la plena realización del proyecto que la mayoría de los españoles votaron con ilusión en 1978.

Un modelo a tener en cuenta es el diseñado en el primer párrafo de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra: «Navarra se incorporó al proceso histórico de formación de la unidad nacional española manteniendo su condición de Reino, con la que vivió, junto con otros pueblos, la gran empresa de España».

Ha pasado el momento de unos exigir y otros callar. Eso de «lo políticamente correcto» estará pronto en el museo de antigüedades, junto al hacha de piedra o el derecho de pernada.

De talantes y asimetrías
JUAN JOSÉ R. CALAZA La Voz 10 Agosto 2004

PARA BUEN TALANTE el mío, pues no sólo reí, sino hasta me carcajeé de las sonrisitas de Zapatero y Maragall cuando éste informó -sin cuidar las formas que establecen que es al Gobierno central a quien compete este tipo de comunicados- que la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT), organismo regulador creado en 1996 para arbitrar los conflictos entre operadores, trasladará la sede de Madrid a Barcelona, en conformidad con la estrategia pro domo impuesta por el PSC al resto de España. Dejando de lado el agravio comparativo que medidas asimétricas de este calado originan respecto a las demás comunidades, también me carcajeo de los paños calientes con los que se ha envuelto el asunto recurriendo a la muy prestigiosa terminología «descentralizadora» cuando en realidad se trata de una chapucera «deslocalización». Deben ser cosas del talante.

El caso es que ubicar en Barcelona la CMT constituye un elemento de atractividad en absoluto desdeñable, toda vez que permitirá, según piensan los estrategas de la Generalitat, una gran fluidez de contacto, y presión, con las empresas que operan en el mercado de telecomunicaciones. Lo que busca la Generalitat es utilizar la CMT -cuyo organismo de tutela es el Ministerio de Industria, del que, para mayor inri, es titular Montilla, secretario general del PSC- con el fin de atraer a Cataluña a empresas del sector de las tecnologías de la información y comunicación, que son las más representativas de la Nueva Economía. Esta es la sesgada concepción asimétrica de la «España en red» que plantea Maragall. Y es que la evolución profunda de la relación de las empresas con el espacio trastoca los análisis teóricos de las especializaciones económicas, mas allá de las diferencias de coste de producción, reforzando las ventajas de las plazas centrales y de las metrópolis. En este sentido, las regiones intentan impulsar la atractividad desarrollando las ventajas propias, esto es, intrínsecas. Pero, al parecer, dado que la Generalitat es incapaz de generar por sí misma esas ventajas, tiene que recurrir al Estado falseando el juego de la competencia. ¿Cuáles son las ventajas propias de Barcelona para que la haya preferido Zapatero a otras regiones españolas y especialmente a Madrid, en la que la CMT funcionaba a plena satisfacción de todo el mundo? Salvo de Maragall. Hasta ahora nadie nos lo ha explicado, y, pienso yo, debe ser también cosa del talante.

Asimismo el famoso talante debe haber mediado para que los Presupuestos Generales del Estado 2004, del anterior Gobierno, hayan sido retocados en profundidad por Solbes, que los había aprobado con anterioridad desde Bruselas, erigiéndose en juez y parte, violando de esa guisa sin rubor una práctica fundamental en democracia, a saber, que sólo el Tribunal de Cuentas es competente para ello. Tanto la arbitrariedad que preside la decisión del Gobierno para deslocalizar la CMT como la revisión de los presupuestos no es en absoluto baladí ni neutra. Concretamente, la afloración del discutible déficit oculto de los presupuestos del 2004 ha permitido transferir de un golpe más de 2.500 millones de euros a Andalucía con el descarado objetivo de mantener la política del voto cautivo en la habitual tendencia neoperonista del PSOE. Al tiempo que se arrumbaba el Plan Galicia.

Si ya lo dice él: el talante, amigos, el talante.

Nacionalidades
Opinión El País  10 Agosto 2004

Los socialistas no acaban de acertar con un discurso claro y homogéneosobre la cuestión autonómica. Hace un año, en Santillana, los barones del partido pactaron un texto de síntesis que fue interpretado como aval para las propuestas reformistas encabezadas por Maragall. Pero iniciativas como la de aprovechar las reformas constitucionales previstas para establecer una distinción neta entre dos categorías de comunidades, nacionalidades y regiones, amenazan aquel consenso.

La Constitución de 1978 establece esa distinción de manera implícita. No dice cuáles son lo uno o lo otro, ni atribuye diferente nivel competencial en función de esa condición. Su existencia resultó útil, sin embargo, para desplegar el Estado autonómico de manera no uniforme, de acuerdo con su pluralidad de situaciones. ¿Habrá llegado el momento de hacer explícito lo implícito nombrando a las autonomías que son nacionalidades? Hay motivos para pensar que tal iniciativa sólo serviría para desatar una dinámica de agravios comparativos y dificultar las otras reformas previstas, incluyendo las de algunos estatutos.

¿Cual sería el criterio para distinguir una nacionalidad de una no nacionalidad? Maragall ha citado la existencia de "lengua propia" y de "tradiciones culturales robustas". Pero ese criterio ¿incluye a Navarra, donde la utilización del euskera supera a la de Álava, por ejemplo? ¿Y a Valencia o Baleares, donde sus lenguas propias son más habladas que el vasco en Euskadi? ¿Serían nacionalidades las comunidades que, como Aragón o Canarias, se definieron como tales en las reformas de sus estatutos en los años noventa? Buscar avales a esa reforma constitucional mediante la introducción de la categoría de comunidades históricas, entre las que estaría Andalucía, que, sin embargo, no alcanzaría la condición de nacionalidad, sólo sirve para aumentar la confusión. Cantabria, por cierto, también se define como "comunidad histórica".

La distinción fue útil precisamente por ser implícita. Ello dejaba abierta la posibilidad de reflejar en la práctica la singularidad de determinadas comunidades (por ejemplo, tener policía autonómica), pero sin que hubiera una imposibilidad constitucional de que otras comunidades alcanzasen el mismo techo competencial, excepto en lo relativo a los hechos diferenciales. La declaración de Santillana insiste en que el reconocimiento de las singularidades no debe traducirse en "discriminaciones ni desigualdad de derechos", y en que el resultado de la reforma tiene que ser congruente con la lógica del Estado autonómico.

A comienzos de junio, tras su ronda con los presidentes autonómicos, el ministro de Administraciones Públicas informaba al Senado de que había encontrado una "exigencia bastante general de que no se utilicen los hechos diferenciales para justificar discriminaciones" en favor de algunas comunidades o para "generar ventajas injustificadas". Es probable, por tanto, que esa iniciativa sólo sirva para dificultar el consenso (entre comunidades y partidos) necesario para que prosperen las reformas constitucionales que sí son necesarias y posibles, como la del Senado.

Desde Manhattan
Bush sigue a la Comisión del 11-S
José Carlos Rodríguez Libertad Digital 10 Agosto 2004

La semana comenzaba con una nueva amenaza terrorista sobre Nueva York. Una vez más sobre sus centros financieros. A continuación el Presidente Bush anunciaba que pondría en práctica a no más tardar una de las recomendaciones del informe del Congreso sobre el 11 de septiembre, la creación de un Servicio de Inteligencia Antiterrorista, que sin crear un departamento nuevo coordinaría los esfuerzos que en esta materia desarrollan no ya la CIA y el FBI, sino una quincena de distintas oficinas de inteligencia de sendos departamentos. Un informe que empieza a dar sus frutos, pero que tendrá consecuencias que se prolongarán en el tiempo.

Casi lo más importante que ha hecho el Informe es nombrar al enemigo. “El enemigo”, dice el informe, “no es un mal genérico” cuya “vaguedad desdibuja la estrategia”. Lo que hay es una “amenaza catastrófica”, el terrorismo islámico. Lo que nuestro Presidente, en una muestra de su talante, ha llamado terrorismo internacional en su inefable afán de no llamar a las cosas por su nombre. Mientras Rodríguez Zapatero opta por hacer juegos de palabras con una sonrisa de oreja a oreja y nuestra Comisión Parlamentaria sirve como plataforma para las acusaciones mutuas de los partidos y para evitar una investigación que halle los autores intelectuales del 11-M no vaya a ser que los encuentre, en Estados Unidos el Parlamento ha hecho su trabajo y el