AGLI

Recortes de Prensa     Domingo 12 Septiembre 2004

Tres años del 11-S: el enemigo estaba dentro
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 12 Septiembre 2004

TÚNEZ
Jon JUARISTI ABC 12 Septiembre 2004

Huyamos todos
Alejandro Muñoz-Alonso La Razón  12 Septiembre 2004

Saco de humo
Antonio PÉREZ HENARES La Razón 12 Septiembre 2004

Maragall, el traidor
Editorial El Ideal Gallego 12 Septiembre 2004

EL DERECHO DE VETO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
PEDRO GONZÁLEZ-TREVIJANO ABC 12 Septiembre 2004

EL «POLTERGEIST» DEL 11-M
Ignacio CAMACHO ABC 12 Septiembre 2004

A vueltas con el modelo de Estado
Ramón Tamames La Razón 12 Septiembre 2004

O Ley o Islam
José A. Martínez-Abarca La Razón 12 Septiembre 2004

LAS PELIGROSAS REFLEXIONES DE ZAPATERO
Editorial ABC 12 Septiembre 2004

PELIGRO DE CAOS
ÁLVARO DELGADO-GAL ABC  12 Septiembre 2004

Diada radical
Editorial El Correo  12 Septiembre 2004

Estatutos, cantidad o calidad
RAMÓN RABANERA El Correo 12 Septiembre 2004

Abascal: «El nacionalismo ha elegido como Rey a un “maketo” de mucho cuidado»
J. Arias Borque La Razón 12 Septiembre 2004

El profeta del terror
Mar Ramos La Razón 12 Septiembre 2004


 


Tres años del 11-S: el enemigo estaba dentro
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 12 Septiembre 2004

Tres años después del 11-S y seis meses después del 11-M la única conclusión que se impone es que el enemigo de la libertad, el auténtico peligro para la civilización occidental está en casa, que toda la fuerza de los Ben Laden y compañía es eso: la compañía. Pero esa fuerza que hace realmente temible al terrorismo islámico es la misma que tenía contra las cuerdas a las democracias liberales en los años setenta, es la misma que entregó Vietnam, Laos y Camboya al comunismo, y trató de hacer otra Cuba en Granada, Nicaragua o El Salvador. Es la misma que ahora ha utilizado la guerra de Irak para acabar con los gobiernos liberal-conservadores, es la misma que ha aprovechado, si no colaborado, con los asesinos de Madrid para acabar con el Gobierno del PP. Es la misma que utiliza la ONU como escudo contra la única potencia con la capacidad y la voluntad de defender el bien llamado mundo libre. Es Chomsky y es Kerry, es Ramonet y es Chirac, es Cebrián y Zapatero.

A estas alturas, nadie puede ya dudar de que el comunismo no cayó por la presión de las democracias sino por la conjunción de un gobernante afortunado y admirable, Ronald Reagan, que sí creía en la libertad y que con su impenitente optimismo americano y su insólita disposición a luchar provocó la caída de un Muro de Berlín y de una URSS que estaban en peor estado del que ellos y nosotros suponíamos. Pero desde entonces, los que con el Imperio Soviético perdieron su única referencia política real han sido capaces de sobrevivir haciendo lo único que siempre han sabido: minar el sistema de libertades desde dentro, desacreditar sus valores, luchar en todos los ámbitos contra la herencia de Occidente, cuyo bimilenario fruto es precisamente ése, el de la libertad, único capaz de crear una continua y creciente prosperidad a los humanos dispuestos a correr ese riesgo.

Pero no nos engañemos: para la gran mayoría de los periodistas, de los profesores, de los políticos e incluso de los ciudadanos de los países occidentales, tanto europeos como americanos y asiáticos, la libertad es una especie de regalo, un derecho con el que piensan que nacen y que deben disfrutar como los niños sus juguetes: hasta romperlos. No sabemos lo que sucederá en las elecciones norteamericanas, si John Kerry, el típico demócrata indeseable, ganará las elecciones a un Bush con más voluntad que acierto, aunque siempre en los USA nos haya salvado su voluntad. Pero en la Unión Europea hemos visto desde el 11-S la misma abyección que hasta ahora habíamos leído en los libros de historia sobre el apaciguamiento ante Hitler. Abyecta Alemania, abyecta Francia, pobre y desgraciada España, que de ser el país más firme en la lucha contra el terrorismo se ha convertido en el más débil, en un despojo militar y un pingajo diplomático. En España ha demostrado el terrorismo que, contando con la quinta columna de siempre, la de los enemigos del liberalismo y de la democracia, puede hacer y deshacer Gobiernos, cambiar resultados electorales y provocar colapsos militares y políticos. A Occidente le han declarado la guerra los islamistas pero la mitad de Occidente sólo quiere que esa guerra la pierdan los norteamericanos. Esa es la verdad.

Seguiremos defendiendo la libertad los que ni queremos, ni podemos ni sabemos hacer otra cosa. Pero cada día es más difícil luchar contra esta conjura de los necios, contra esta ruleta rusa que está cargando la frivolidad de unos intelectuales y una clase dirigente en los países occidentales que no merecen sino la extinción a la que juegan. Sabemos lo que combatimos, pero debemos reconocer con quién nos enfrentamos. No es Ben Laden, es Chirac. No son los talibanes, son los socialistas y comunistas, los millonarios de izquierdas, los progres de salón, los funcionarios de la rendición. Son los de hace tres años, y treinta, y ciento treinta. Son los de siempre.

TÚNEZ
Por Jon JUARISTI ABC 12 Septiembre 2004

NO se debe jugar así con las esperanzas y los buenos sentimientos de la gente, aunque hayan cometido el error de votarte. Es asquerosamente inmoral. Quienes sostienen que la mejor medida preventiva contra el terrorismo es el diálogo y la cooperación entre las culturas son, cuando menos, unos desaprensivos. La falta de imaginación o la cobardía a secas resultan lamentables en un político, pero las frivolidades, si de terrorismo se trata, no deberían quedar impunes. Quizá no sepan de qué están hablando. Lo más probable es que no hayan visto un terrorista ni de lejos. La inexperiencia en sí misma no merece censura alguna (afortunados ellos). Lo intolerable es que el ignaro se ponga a dar lecciones a todo el mundo, a los polacos, a los coreanos y al lucero del alba.

Creer a estas alturas que el terrorismo islámico tiene algo que ver con el aislamiento de las distintas civilizaciones y su incomprensión mutua o con la ausencia de diálogo entre oriente y occidente rebasa los límites de la ingenuidad. Tal planteamiento es sencillamente estúpido. El nuevo terrorismo ha surgido precisamente al caer las barreras. Es un producto de la intensificación de las relaciones políticas, comerciales, tecnológicas y, por supuesto, culturales entre ambos mundos. No nace de un conflicto de cosmovisiones enfrentadas, sino de una lucha por la hegemonía en el seno mismo del islam (especialmente, en los países árabes). Qué pinta en todo esto la cultura, me pregunto, y qué esperan arreglar intercambiando exposiciones y conferenciantes.

LA política cultural exterior de un país como el nuestro debe plantearse unos objetivos razonables, no necesariamente discretos. Pero una cosa es emprender proyectos ambiciosos y otra muy distinta alimentar expectativas absurdas. Ni los ICI, ni los centros del Instituto Cervantes, ni las ONG ni los programas de cooperación internacional -salvo los específicamente policiales y militares- servirán para desarmar a un solo terrorista. Todo lo contrario: el terrorismo intentará aprovechar estas estructuras de cooperación para sus propios fines. Lo más sencillo -lo que ha sido una práctica habitual en determinados países durante los últimos años- es organizar campañas de amenazas e intimidaciones contra el personal de los centros y contra los edificios que los alojan. Pero mucho me temo que en el futuro próximo las redes islamistas no se limiten a amagar. En ese gran laboratorio del terror en que se ha convertido Irak, se están ensayando nuevas fórmulas cuya aplicación en el resto de la geografía musulmana sólo es cuestión de tiempo: autoabastecimiento mediante robos, infiltración de los equipos, secuestros de cooperantes, atentados en actos públicos y otras variantes que hoy resulta difícil prever. Desde luego, tampoco puede descartarse que los terroristas utilicen nuestros centros para algo tan obvio como aprender español. No creo que estos y otros riesgos deban inhibir la cooperación, pero sería un error garrafal tomárselos a choteo.

DE momento, el papelón que han hecho en la capital tunecina Rodríguez y su dúo dinámico ministerial, más conocido como los Morismeños, no puede calificarse precisamente de esplendoroso. El guiño cómplice del presidente español a Kerry ha debido estremecer al candidato demócrata (aunque acaso Bush se lo agradezca). Si la coalición, siguiendo el heroico ejemplo del gobierno del PSOE, se retirara de Irak, al Qaeda abriría un campo de entrenamiento de cinco estrellas junto a cada parada de autobús y, sobra decirlo, en menos de un año tendríamos que ir a trabajar en patinete. Estupendo y desconcertante el quiebro dialéctico de Cecé. Antes del verano nos prometió, como se recordará, un gran año cultural marroquí, si bien mantuvo lo del cuarto centenario del Quijote porque Cervantes había disfrutado de un Erasmus en Argel, donde aprendió jalufo y, según las malas lenguas, salió del armario. Ahora añade al calendario de fastos la celebración del centenario de Ibn Jaldún, famoso historiador de Iffriqiya que, entre 1363 y 1365, debió echarse novia en Cabra. No era mora, caballero. Sólo cristiana cautiva.

Huyamos todos
Alejandro Muñoz-Alonso La Razón  12 Septiembre 2004

Los análisis sobre la situación en Iraq están muy lejos de ser optimistas. A dos meses de la toma de posesión del Gobierno de Alaui observadores independientes no afirman que las cosas estén peor, pero tampoco dicen que estén mejor. Se recuerda que los muertos americanos alcanzan ya la cifra del millar, mientras que la de civiles iraquíes no bajaría de dos veces más. Menos seguras son las cifras de rebeldes muertos, aunque sí se dice que si hace un año los efectivos insurgentes eran de unos 5.000 rebeldes ahora alcanzarían la cifra de los 20.000. Un panorama muy poco estimulante que está suscitando dudas acerca de las previstas elecciones del próximo mes de enero, ya que en algunas zonas, controladas por los rebeldes, parece difícil que puedan celebrarse con un mínimo de garantías.

De ahí que se estén barajando diferentes estrategias para lograr que la seguridad se acerque lo más pronto posible a niveles de normalidad.

En lo que están de acuerdo cuantos han analizado la situación con serenidad es que, en las actuales circunstancias, allí no sólo no sobran las tropas extranjeras sino que serían necesarias muchas más. Aunque es bien sabido que los iraquíes sueñan con el momento en que no queden allí tropas de ningún país. Todos saben que si ahora se marchan la consecuencia inmediata sería la guerra civil con más de dos contendientes, una posible vuelta a una brutal dictadura en la línea de la de Sadam y la transformación de Iraq en un país base y refugio de terroristas que, muy probablemente, le devolvería a Al Qaida los reductos que ha perdido.

Ante estas perspectivas, resulta increíble que a Zapatero no se le ocurra otra cosa que sugerir –después de haber votado lo contrario en la ONU– que lo mejor sería que otros países con tropas en Iraq imitaran la vergonzosa retirada por él promovida y salieran corriendo de aquel evidente avispero. «¡Huyamos todos!», es la clarividente consigna de este genio de las relaciones internacionales que, ni encaramado en la Moncloa desde hace ya cinco meses, parece haberse enterado de cómo es el mundo en el que vivimos. ¿Por qué hace esto? se preguntan algunos comentaristas. Posiblemente porque, de lo que sí se ha dado cuenta ya, es de la metedura de pata que ha supuesto la retirada, aunque siga diciendo que se siente muy orgulloso, y piense que si otros le imitan, el disparate se olvidará.

Saco de humo
Antonio PÉREZ HENARES La Razón 12 Septiembre 2004

Por lo visto hay un clamor de que hay que reformar la Constitución y los Estatutos. Pero yo por las calles no oigo nada. Todo el griterio es cosa de políticos –algunos políticos– que pretenden contagiar a una sociedad ajena a tal debate que llega a su absurdo cuando lo que oímos es sólo el clamoreo de «¡Reforma! ¡Reforma!», sin que nada diga qué es lo que debemos reformar, de qué debemos desprendernos, qué es lo que tenemos imperiosa necesidad de cambiar.

La primera impresión, pues, es que estamos ante el debate del saco de humo. Que luego resulta que dentro lleva ruedas de molino con las que quieren hacernos comulgar. Porque si unos, no se si encabezados por ZP, no tienen idea clara de qué hacer y se pierden en talantes cuando lo que se necesitan son ideas, los otros sí que tienen bien definidas, aunque todavía emboscadas, sus pretensiones.

Necesitan camuflarlas porque temen que se descubra la última verdad y metidos en la vorágine de una reforma sin necesidad ni objetivos conseguir los suyos y hacer saltar en añicos la soberanía del pueblo español sobre todo el territorio de España. Porque eso es en el fondo la pretensión última, explícita en Ibarretxe, con lacito en Maragall y que en un proceso de enajenación múltiple y en un suicida «maricón el ultimo» pretenden secundar muchos, Iglesias, Chaves y hasta Matas. ¡Vivan las taifas!

Maragall, el traidor
Editorial El Ideal Gallego 12 Septiembre 2004

Maragall recibió ayer una dosis de la intolerancia que él mismo reparte o, por lo menos, ayuda a expandir por toda España. Con la excusa de la celebración del Día de Cataluña, sus socios decidieron transformar lo que tendría que ser una jornada festiva en un acto de exaltación a la bandera catalana y al secesionismo. De hecho, la bandera española desapareció de la práctica totalidad de los edificios públicos catalanes y su lugar fue ocupado, en unos casos, por la “senyera” y, en otros, la “estelada”, que es la que han hecho suya los independentistas. Pero lo peor es que el presidente de la Generalitat tuvo que soportar los gritos de “traidor” y “español” que le dirigieron quienes pasan por ser sus compañeros al frente del gobierno catalán. Mientras, Maragall, sin torcer el gesto, aguantó estoicamente los ataques. Y es que no se podía esperar otra cosa de un político dispuesto a todo con tal de mantenerse en el poder. Si en su día nombró vicepresidente a un hombre que, por ejemplo, había pactado con los etarras en una reunión que, además, supone de hecho la comisión de un delito grave, por qué en esta ocasión se iba a comportar de otro modo. Y el problema es que el PSC, en manos de líderes como Maragall o Montilla está atado a la correa de ERC. Son los republicanos quienes, en el fondo, rigen la marcha y marcan el ritmo de los socialistas catalanes. Un camino peligroso y sin retorno de cuyo final será en gran parte responsable Maragall -el asimétrico-, amante de la poltrona a toda costa.

EL DERECHO DE VETO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
por PEDRO GONZÁLEZ-TREVIJANO. Rector de la Universidad Rey Juan Carlos ABC 12 Septiembre 2004

DENTRO del debate sobre la reforma constitucional se ha esgrimido últimamente la posibilidad, ya reclamada por algunos Grupos parlamentarios en la Ponencia sobre la Reforma del Senado en 1998, de atribución de un derecho de veto a las Comunidades Autónomas en la Cámara Alta. Un derecho -se nos dice- no obstante restringido, ya que quedaría circunscrito a dos supuestos. El primero referido a las disposiciones legislativas del Estado que violenten «los hechos diferenciales» de ciertas Comunidades Autónomas: lengua, cultura, insularidad, derecho civil y derecho foral. El segundo extensible, en cambio, para no quebrantar el principio de igualdad, al resto de las Comunidades, cuando la legislación estatal infringiera el «principio de solidaridad» (financiación autonómica). Una revisión constitucional que se nos antoja, sin embargo, desacertada.

Bienvenidas sean las medidas favorecedoras de la mayor integración de las Comunidades Autónomas, de decidido impulso del Senado «como Cámara de representación territorial», de la más amplia aceptación de la diversidad o, incluso, de la apertura del debate territorial del Estado, pero de ahí a abrazar cualquier propuesta, va el límite impuesto por la naturaleza y racionalidad de nuestro régimen constitucional. Pueden ser encomiables las ofertas -habrá que estudiarlas en su momento con atención- de configuración del Senado como Cámara de primera lectura de las leyes de contenido autonómico (leyes de elaboración/reforma de los Estatutos de Autonomía, de delegación, de transferencia, de armonización y del Fondo de Compensación Interterritorial); o también de sustitución de los Grupos parlamentarios nacionales por Grupos territoriales autonómicos. Pero tal veto es contrario al espíritu del vigente sistema político, aunque se postule su bondad como medio de aminoración de la conflictividad entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

Nuestro modelo de Estado no es conciliable con el derecho de veto. España no partía, en el momento de la elaboración de la Constitución, de poderes prefederales, y muchísimo menos de estados confederados. El Estado español era una realidad histórica, política y constitucional única y previa al proceso constituyente. Y además, aunque no nos guste, un Estado de perfiles, habida cuenta de la pasada dictadura franquista, unitarios y centralizados. No existía una soberanía compartida y paralela entre el Estado y las prerrogativas soberanas de sus Territorios Autonómicos. La soberanía sólo era, y sigue siendo, predicable del conjunto de la Nación y del pueblo español (Preámbulo y artículo 1. 2 CE), mientras que la autonomía política de las Comunidades Autónomas no implica, como ha reiterado el Tribunal Constitucional, soberanía: «la autonomía hace referencia a un poder limitado. En efecto, autonomía, no es soberanía». (STC 4/1981, de 2 de febrero). Pero, eso sí, una autonomía amparada explícita y generosamente en la Carta Magna: «La Constitución... reconoce y garantiza... el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones...» (artículo 2); así como en su ilustrativo Título VIII -La organización territorial del Estado-: «El Estado se organiza territorialmente en... Comunidades Autónomas... entidades que gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses». (artículo 137). No hay pues más gobierno soberano que el auspiciado por el pueblo español, y no por disgregadoras facciones independientes y conservadoras de una quimérica y ancestral soberanía. Un pueblo que expresa su voluntad nacional -que no centralismo- por medio de la mayoría, y cuyo más seguro garante, frente a la pulsión de la ruptura secesionista, es la Constitución. Una mayoría investida de la legitimidad para el establecimiento de la política de gobierno, aunque se amparen al tiempo -ésta es la grandeza de la democracia-, las opiniones adversas de las minorías.

Por ello el derecho de veto de formas federales o confederales es intrínsecamente incompatible con un modelo de distribución territorial del poder político, efectivamente muy descentralizado, como es el Estado de las Autonomías, pero que no es strictu sensu un Estado federal (Alemania, Austria, Estados Unidos o Canadá) y, desde luego, absolutamente lejano, estructural y funcionalmente, a una Confederación de Estados.

Y, por lo demás, deseamos reseñar también otras tres consideraciones. Primera: el derecho de veto es una institución sin predicamento en nuestro Derecho histórico. Segunda: no tiene -tal y como se nos enuncia- parangón en los países más próximos, ni siquiera en el caso del Bundesrat alemán, pues allí no es susceptible de ejercerse individualmente sobre un proyecto legislativo específico por uno sólo de sus Länder. Un Parlamento bicameral, por cierto, con una peculiar conformación: un Bundestag, elegido por la ciudadanía; y un Bundesrat designado por los respectivos Gobiernos de los Länder. Pero una estructura que ha provocado una paralización de la actividad política nacional y el bloqueo del trabajo parlamentario, toda vez que se requiere la aquiescencia del Bundesrat para la aprobación de los proyectos legislativos relativos a la autonomía de los Länder y sus ingresos tributarios. Una situación insostenible que impone ya -la discusión está abierta- la limitación de las leyes necesitadas de tal consentimiento. Y tercera: es un instituto rancio y de escasa eficacia, como atestigua la desaparición de las formas confederales y sus contrastadas disfuncionalidades en las originariamente federales.

Pero la cuestión no queda aquí. Antes de la presentación de proposiciones específicas relativas a futuribles competencias del Senado, se debería fijar el modelo parlamentario. Y, por lo que parece, dada su relevancia, del mismísimo modelo de Estado. Ha llovido mucho, como recordaba inteligentemente el profesor Sosa Wagner (¿Veto para las Comunidades Autónomas? Las enseñanzas de Tocqueville), desde las tesis «de la anulación» y de la «mayoría concurrente» esbozadas por John Calhoun en los tiempos decimonónicos del constitucionalismo norteamericano. No revivamos hoy las trasnochadas intenciones de los estados anuladores del Sur. La Constitución no es, como entendía Calhoun, un mero contrato en el que los estados federados han intervenido como poderes soberanos, de manera que cuando se acuerda un contrato entre las partes que no disponen de árbitro en común, cada uno se reserva el derecho de enjuiciar por sí mismo la extensión de sus obligaciones. Frente a tan disgregadora pretensión, el clarividente Tocqueville (La democracia en América) -nos rememora el insigne administrativista- objetaba ya lo siguiente: «Semejante doctrina destruye en principio el lazo federal y de hecho introduce la anarquía de la cual había liberado a los americanos la Constitución de 1789». ¡Hagamos pues bien las cosas, ya que es mucho -nuestra libertad y estabilidad- lo que nos va en ello!

EL «POLTERGEIST» DEL 11-M
Por Ignacio CAMACHO ABC 12 Septiembre 2004

POCO sospechaba la vehemente Oriana Fallaci, cuando escribió bajo el shock emocional del 11 de septiembre su arrebatado y excesivo alegato «La rabia y el orgullo», lo pronto que iba a cumplirse el pesimista pronóstico que formulaba al presumir que, si los integristas islámicos hubiesen derribado un monumento europeo en vez del símbolo del poder financiero norteamericano, la oposición le habría echado en seguida la culpa al Gobierno de turno, y éste habría tratado de desviarla hacia la oposición. Eso fue, exactamente, lo que sucedió en España tras la hecatombe del 11 de marzo de este año, con una particularidad agravante de notable repercusión internacional: fue el pueblo, la ciudadanía, quien depositó sobre sus gobernantes la responsabilidad del atentado, ejecutando de inmediato en las urnas el veredicto sumarísimo de la expulsión del poder.

En estos días de doble efemérides de las masacres de Nueva York y Madrid, la opinión pública se afana en poner de manifiesto la identidad radical de ambas tragedias, tanto desde el punto de vista político -ataques islámicos al corazón del bloque occidental- como desde la solidaria proximidad del sufrimiento de las víctimas. Existen, sin embargo, un par de diferencias esenciales que merecen ser resaltadas como contraste al necesario análisis que identifica los dos macroatentados como un mismo desafío al orden democrático y una amenaza común a la paz.

La primera, y acaso la más chocante y decisiva, de esas disimilitudes consiste en la citada diferencia de comportamiento en la reacción colectiva de los ciudadanos golpeados por la barbarie integrista. La brusca sacudida emocional que provocó el 11-M en el cuerpo electoral español constituye un auténtico «hecho diferencial» que, sin duda ninguna, tendrá consecuencias en el desarrollo de esta nueva guerra sin ejércitos que ha planteado el terrorismo en el escenario del planeta. Frente al patriótico cierre de filas operado en la población estadounidense como consecuencia del ataque, los españoles decidieron transferir sobre su Gobierno, en una mezcla convulsa de cólera y pánico, la culpa final de la matanza de los trenes. Sencillamente, como escribió valientemente Muñoz Molina en las páginas de «The New York Times», nos equivocamos de enemigo.

Y, si bien es cierto que el empeño de Aznar en embarcarse a contracorriente de la opinión pública en el conflicto iraquí y su torpeza en la gestión informativa de las dramáticas horas posteriores a la masacre resultaron un factor decisivo en esta confusión desgraciada, no lo es menos que tan precipitada y fulminante reacción popular, y la posterior secuela de la retirada de tropas de Irak, han marcado un punto de no retorno en la estrategia del integrismo terrorista, como lo prueba el reciente ataque contra intereses australianos en Yakarta a sólo un mes de las elecciones en el país de nuestras antípodas, ahora simbólicamente hermanadas en el dolor y la pesadumbre.

La otra gran diferencia entre una y otra tragedia viene envuelta en el celofán del funcionamiento de las instituciones democráticas, esenciales para depurar responsabilidades y ahondar en el esclarecimiento de las circunstancias. La independencia, exhaustividad, rigor y valentía de la comisión constituida en Estados Unidos para investigar las causas y consecuencias del 11-S evidencia un compromiso de tal calado que ridiculiza por comparación cualquier examen de su mortecino y sectario correlato español, empeñado en una estéril caza política de brujas que olvida, soslaya u oculta los numerosos puntos oscuros que la ciudadanía percibe a simple vista en los pormenores del atentado de marzo.

Resulta simplemente desolador comparar los veinte meses de pesquisas de la comisión americana, las 1.200 declaraciones juradas y los dos millones y medio de documentos estudiados por sus miembros -paritariamente elegidos entre los dos grandes partidos de la Cámara-, la dura crítica formulada a la pasividad de los servicios de inteligencia y el libro posterior de conclusiones puesto a la venta en quioscos y librerías, con el simulacro apriorístico organizado en el Parlamento español bajo el único propósito de confirmar la culpabilidad del anterior Gobierno en la presunta manipulación informativa de la autoría de la matanza, y cuyas conclusiones han sido ya redactadas por alguna fuerza política antes incluso de que concluyan las comparecencias fijadas a trancas y barrancas de última hora. Una pamema que a nadie contenta y en la que nadie cree, como muestran unas encuestas que deberían sonrojar a los dirigentes públicos nacionales, insensibles al manifiesto desgaste que sus manejos endogámicos producen en la sensibilidad democrática de los ciudadanos.

El desgarrador testimonio que ABC recogía ayer en boca de algunas de las víctimas vivas del crimen de Atocha -«no queremos indemnizaciones, sino saber la verdad»- constituye toda una requisitoria moral ante la que nuestras fuerzas políticas no pueden permanecer impasibles, enfrascadas en sus eternas disputas sectarias. El 11 de marzo y su brutal impacto de sangre, miedo y luto ha marcado un antes y un después en la vida española, cuyas heridas colectivas sólo podrán cerrarse a partir de una catarsis profunda que depure las responsabilidades necesarias y aclare de una vez todas las dudas que ensombrecen la conciencia de la opinión pública. Mientras esas dudas sean verosímiles, viviremos sobre una falsa tranquilidad en la que, como los inquilinos de la casa de «Poltergeist», estaremos expuestos a que los espíritus de las víctimas nos atormenten con la exigencia de su drama inaclarado.

director@abc.es

A vueltas con el modelo de Estado
Ramón Tamames es catedrático de Estructura Económica de la Universidad Autónoma de Madrid y cátedra Jean Monnet de la Unión Europea La Razón 12 Septiembre 2004

Se habla mucho en este comienzo de curso político de la cuestión del «modelo de Estado», a la que voy a referirme en el presente artículo. Si bien, antes de entrar en el fondo de la cuestión, trataré de expresar que –en contra de lo que a veces se dice– la idea de España no es posterior, sino muy anterior al naci-miento del espíritu de lo que hoy llamamos autonomías y nacionalismos.

Al respecto, debe recordarse –no tanto para ignaros como para olvidadizos– que ya había un concepto de Hispania dentro del Imperio Romano; y así lo tuvo muy en cuenta Carlomagno, cuando entre los Pirineos y el Ebro instaló su «Marca Hispánica» (año 797), fundamentalmente sobre el territorio de lo que hoy es Cataluña. Y con carácter previo, Isidoro de Sevilla se había referido ya a España, en sus célebres «Etimologías» (circa 600), como expresión de un monarquía resultado de la integración progresiva de godos e hispanorromanos.

Hay otras muchas referencias que podrían suscitarse, desde Alfonso X el Sabio hasta el Renacimiento. Como también es bien relevante que en el resto de Europa, lo que por aquí todavía se llamaban oficialmente Coronas de Castilla, Navarra, y Aragón, por separado, ya se consideraban como un todo con el nombre de Spain, Spanien, Espagne, Spagna, etc.

Por todo lo anterior, y muchas cosas más, plantear ahora que la idea de nuestro país –laboriosamente reconstruido por la reintegración de los distintos territorios que se configuraron durante la Reconquista–, es una especie de ejercicio de voluntarismo, que no pasa de ser una aberración histórica. Propia de los nacionalistas de la segunda mitad del siglo XIX y del último cuarto del XX.

Hechas las aclaraciones anteriores, en el intento de optar por un modelo de Estado conveniente de cara al futuro, debe tenerse muy en cuenta lo que ha sido nuestro devenir en la Historia. En esa dirección, ya nadie puede pensar –salvo algunos contravisionarios– que deba reconstruirse la confederación de reinos de los Austrias; y mucho menos, el Estado absolutista y centralizado de Felipe V. Como tampoco se invocará el sentimiento, en apariencia jacobino, de la organización provincial de Javier de Burgos, inscribible en la corriente liberal-conservadora desde 1834 en un concepto más o menos discutible de «Estado unitario». Con la ulterior fase autoritaria del general Franco y su Estado totalitario inicialmente, y su farsa de democracia orgánica después (1939-1975). Sin olvidar el paréntesis, del «Estado integral» de la Segunda República que alumbró las autonomías, para una vida entonces efímera.

Tampoco parece recomendable el sistema «confederal y centrífugo» que preconiza Ibarreche, como proyecto independentista a medio plazo. Ni resulta aceptable, por discriminatorio frente a la mayoría de las CC AA, el modelo de «federalismo asimétrico» de Maragall. Ni creo que la solución esté en el «Estado compuesto», de inspiración alemana, al que a veces se ha referido el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, en un intento meritorio pero poco consistente de encontrar una solución ecléctica.

El modelo más adecuado para el presente y el futuro, y seguramente así lo piensa la inmensa mayoría de los españoles, es el de la Constitución de 1978: el «Estado de las autonomías», que se regula en el Título VIII de nuestra Carta Magna, y que durante más de 25 años ha sido el marco legal e institucional de la más larga fase de progreso en la sociedad y la economía españolas; algo que no debe dejar de subrayarse, porque, al final, el éxito de cualquier modelo no puede residir en su estética o en su semántica, sino en su efectiva contribución a la prosperidad de todo un pueblo.

En la Constitución vigente, el Título X regula la posible reforma de nuestra Ley de Leyes. Pero el caso es que ahora, en vez de reforma para perfeccionar lo que tenemos, los representantes de los partidos independentistas están planteando, antihistóricamente, una sustitución de la vigente estructura del Estado. Haciendo á bula rasa de una experiencia ampliamente positiva. En síntesis, los independentistas lo que propician es la creación de una serie de «Naciones con Estado», que nunca existieron. Y que se presentan como la solución defini-tiva para unos pretendidos males que tampoco existen ahora.

La Constitución de 1978 permite un federalismo «sui géneris», con poderes para las autonomías que ya son lo suficientemente amplios como para que cada una de ellas, y todas juntas en los órganos comunes, busquen la «felicidad de la ciudadanía». Como venía a decirse en nuestro viejo texto de 1812. En vez de empecinarse en realizar experimentos; y no precisamente con gaseosa, sino con lo más importante que tenemos: el tejido de solidaridades efectivas, y de una estructura económica y social sumamente interpenetradas. Esas realidades no pueden someterse a las veleidades de los representantes de no más de tres millones de votantes, sobre un total de 34,5 millones de censados a efectos de urnas.

Ciertamente, el debate sobre el modelo de Estado promete ser largo y tortuoso, atirantado y lleno de razones y sinrazones. Pero a la postre, cabe pensar que los posicionamientos finales de muchos de los dirigentes del PSOE y del PP –junto con las reconsideraciones que puedan hacerse algunos partidos regionales y nacionalistas–, serán lo suficientemente sólidos como para impedir las pretensiones de ir a una constelación de «estaditos», camino de convertirse en «republiquitas», paradójicamente en la Europa unida. La única alternativa es la de una reforma (art. 167 a 169 de la Constitución) que efectivamente contribuya a mejorar lo que tenemos, en vez de ir tirando por la borda los frutos de muchos años de trabajo de casi todos.

O Ley o Islam
José A. Martínez-Abarca La Razón 12 Septiembre 2004

Los mormones del Tabernáculo creen sin lugar a dudas, porque de estas cosas sólo se pueden tener datos fehacientes o hay peligro de descojonarse de risa, que seis mil años antes de Jesucristo unos palestinos rubios fletaron una crucero de placer y viajaron hasta USA, donde fundaron la religión cristiana auténtica y americana, sin conocimiento del propio Cristo, se supone. Ante esta buena nueva, los esforzados mormones se encuentran con el portazo en las narices. Pero no se les ocurre asesinar a continentes enteros porque la gente reciba estas revelaciones con entusiasmo descriptible.

Los venados islamistas, en cambio, se lo toman un poco peor cuando se duda de los datos fehacientes de su religión. Los dogmas resultan más indiscutibles cuanto más improbables: para asimilarlos hay que marearse dando cabezazos ante los «suras». Las preguntas incómodas se pagan con la vida, porque introducen la inseguridad. Una vez que se creen ciertas cosas del Corán, lo de los palestinos prehistóricos con destino a la tierra de salvación de Salt Lake City, quienes plantaron allí las barras y estrellas como en la foto de Iwo-Jima, se queda poco imaginativo, por comparación. Por tanto, ya podrían las cabezas del «wahabbismo» saudí, o cualquier otro cara de cabra en los riscos islámicos, aplicarse a desautorizar o hacerse perdonar las ocurrencias heredadas desde el siglo VII. Mientras esto no sea así, o hay Islam o hay Derechos del Ciudadano. O hay Islam o hay Constitución. O hay Islam o hay civilización occidental. No puede convivir el Islam y la ley: la ley se contiene en el Islam. Nada puede haber que mande sobre lo sagrado. Y en cuanto a lo que hay por debajo, ya lo dijo el que redujo a cenizas la biblioteca de Alejandría: si todo lo que merece la pena saber está contenido en el Corán, los demás libros son inútiles. Es decir, las demás leyes son ociosas. Las demás garantías humanitarias son prescindibles. Los demás seres no iniciados son asesinables. Y esto se va enseñar en nuestras escuelas, con el dinero que nos confisca el Estado/Partido que tanto le debe electoralmente a los simpáticos cooperantes sin fronteras de Al Qaeda. La modernidad.

LAS PELIGROSAS REFLEXIONES DE ZAPATERO
Editorial ABC 12 Septiembre 2004

EL Gobierno socialista ha pretendido quitar hierro a la declaración hecha por Rodríguez Zapatero en Túnez, con la que invitaba a los aliados a retirar sus tropas desplegadas en Irak. La fórmula utilizada ha sido la habitual de este Ejecutivo: calificar las palabras del presidente como una reflexión, como si el error que se reflexiona fuera más excusable que el espontáneo. A petición de Estados Unidos, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino León, explicó ayer al encargado de negocios de la Embajada de EE.UU., Robert Manzanares, el sentido último de las palabras de Zapatero. Cualquier explicación iba a suponer un reconocimiento de culpa, pero peor habría sido mantener intacta la declaración del jefe del Ejecutivo de la que no cabe decir que fuera mal interpretada o sacada de contexto. En todo caso, aunque el formalismo diplomático reciba la aclaración del Gobierno como una petición de disculpas y zanje el asunto, al menos, en la retórica de ambas Administraciones, el Ejecutivo socialista debe enfrentarse seriamente a la falta de solvencia y preparación que está demostrando en los últimos días. Es muy grave que un Gobierno transmita la imagen de que cada uno de sus integrantes va por libre, incluso el presidente, y de que no hay trabajo en equipo, un asesoramiento previo sobre los temas principales ni control sobre los mensajes que se trasladan a la opinión pública y a los Gobiernos extranjeros.

Las reflexiones, cuando se ejerce el poder, tienen su lugar y su tiempo. Elegir adecuadamente uno y otro también forma parte de la idoneidad de los políticos para ejercer sus funciones. No conviene acostumbrarse a buscar en esta excusa dialéctica una permanente condonación de la opinión pública cada vez que el Gobierno se comporte como un grupo de novatos. Además, no es lo mismo hablar de los descuentos de los libros que del principal conflicto al que se enfrenta la comunidad internacional. En un país árabe como Túnez, con aliados recién golpeados por el terrorismo y a dos días del tercer aniversario del 11-S, lo que dijo Zapatero, ya fuera un análisis o un deseo, es más que un lapsus. Es una manera gratuita de debilitar la imagen internacional de España y su capacidad para compartir una actitud colectiva responsable frente al terrorismo internacional y al proyecto democratizador que intenta salir a flote en Irak. El problema es, precisamente, que lo dicho se trataba de la opinión del presidente de un Gobierno que se dice aliado de Estados Unidos, que es miembro de la OTAN y que se ha manifestado en disposición de participar en la reconstrucción de Irak.

Rodríguez Zapatero tendrá que acudir en poco tiempo a Naciones Unidas para participar en su Asamblea anual y comprobará lo conveniente que habría sido respetar la máxima de que uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios. Si apela al papel del Consejo de Seguridad como foro para dirigir la solución de los conflictos y si reivindica la fuerza vinculante de sus relaciones, como fuente de legalidad internacional, Rodríguez Zapatero tendrá que ser muy convincente. En otro caso, simplemente no tendrá el crédito que merece un gobernante europeo que, en viaje oficial a un país del Magreb, no sólo propuso romper una coalición que actúa, con el voto de España, bajo mandato del Consejo de Seguridad -resolución 1.546-, sino también desproteger el plan de paz y de democratización avalado por el secretario general de la ONU, Kofi Annan.

Es urgente que el Gobierno socialista, con su presidente a la cabeza, dejen de comportarse como si aún estuvieran en la oposición al PP. Representan al país en su conjunto y su guía debe ser el interés general. La economía, el terrorismo, la política internacional, la Constitución o el modelo de Estado no admiten más experimentos ni ensayos a prueba.

PELIGRO DE CAOS
ÁLVARO DELGADO-GAL ABC  12 Septiembre 2004

Desconocemos qué consecuencias prácticas tendrá la catilinaria de Rodríguez Ibarra. De lo que no cabe duda, es de su valor testimonial, o mejor aún, indiciario. El temor del presidente extremeño es que la deriva territorial que han abierto los catalanes, y que Zapatero no parece en situación o con la voluntad de frenar, termine afectando a lo que circula con el nombre de «solidaridad». En rigor, la solidaridad consiste en que los más pobres mejoren su nivel de vida gracias a la renta producida por los más ricos. Esto tiene una traducción regional: la renta fluye desde las comunidades prósperas a las menos prósperas. Se suele identificar el proceso, erróneamente, con los movimientos que genera el Fondo de Compensación Interterritorial. Estos flujos son modestos, en términos relativos. La parte del león se la lleva la redistribución entre individuos. A más individuos en situación holgada, más renta transfiere la comunidad que los aloja. Naturalmente, el garante de que la redistribución siga teniendo efecto, es un Estado central capaz de ejercer el suficiente control jurídico y fiscal. El nacionalismo oficial, y el criptonacionalismo maragalliano, están poniendo lo último en cuarentena, y por eso se inquietan Ibarra y otros barones a los que ha tocado estar al frente de comunidades receptoras de renta. De momento Chaves, otro de los que se vería perjudicado a largo plazo, está dando cobertura a Maragall. Ello explica la arremetida de que ha sido objeto por parte de Ibarra. Recuerden a los tres tenores de hace unos años: Ibarra, Bono y Chaves. Los tres se apiñaron alrededor de una causa común, y dadas las circunstancias, racional desde el punto de vista de los interesados: la unidad de España. Las destemplanzas del tenor extremeño revelan un sentimiento de agravio. El tenor máximo desafina, no se sabe con exactitud por qué.

De lo dicho por Rodríguez Ibarra, me quedo ante todo con esta idea: es imprudente que el Estado acabe por reducirse al espacio comprendido entre una posible explosión de reivindicaciones estatutarias, y lo manifiestamente anticonstitucional. La objeción de Ibarra es certera, y la responsabilidad, de momento, corresponde a Rodríguez Zapatero. El presidente ha puesto en marcha un mecanismo enormemente peligroso: que sean las comunidades las que fijen sus respectivos techos estatutarios. Es probable, es más, es casi inevitable, que este planteamiento propicie una puja al alza. Si una sola comunidad va lejos, y es seguro que alguna lo hará, habrá otra que no quiera quedarse atrás, y así sucesivamente, hasta que casi todas se pongan a galopar. Entra dentro de lo conjeturable que el propio Ibarra concluyera por ponerse a galopar. La razón es simple.

Rodríguez Ibarra ha pronunciado un discurso de acento españolista, y ha reivindicado para Extremadura el título humilde de «región». Estupendo. Imaginemos, sin embargo, que los demás dejan a Ibarra en minoría, y que empieza a no estar claro quién manda. Hablando en plata, quién garantiza que las prestaciones sanitarias de los extremeños se mantienen, y cosas por el estilo. ¿Qué haría Ibarra? ¿Denunciar el arreglo, desmarcarse, y enfrentarse a sus compañeros? Quizá. Pero existiría una línea de menor resistencia. La de apuntarse al asunto y volver a Mérida después de haber reforzado, como mal menor, los fueros de Extremadura y el poder de su Presidente. No habría sido eso lo deseado realmente por Rodríguez Ibarra. Pero la alternativa de la rebelión sería peliaguda. Y quedarse a pan y agua, políticamente inviable.

No se crea que el problema no afecta al PP. El PP podría sufrir, asimismo, desgarraduras importantes. Matas ha dado ya muestras de cierta sintonía con los vientos que soplan por el noreste. Comprensible: a Baleares, la comunidad de España con un PIB per cápita más alto, le vienen bien, por razones fiscales, las ventajas que para sí reclama Cataluña. Valencia está un poco en las mismas. Y ni siquiera es descartable que Madrid no se viese envuelto en la vorágine.

Ello, a pesar del españolismo de Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre es enemiga acérrima de las soluciones confederalizantes por convicción personal, y también porque la capital de España no se concibe a sí misma fuera de las funciones que aún ejerce y simboliza. Esto dicho ¿qué pintaría un presidente autonómico aferrado a la bandera, mientras cada cual mira por lo suyo, en un desarrollo de signo excéntrico? Poco. Los intereses regionales, y la base misma de su legitimidad democrática, que es igualmente regional, podrían provocar que la presidenta se sumara a la corriente general. Salvo que Rajoy centrase la estrategia de su partido en un proyecto de restauración del Estado. Pero tendría que ser un proyecto claro, contundente. Rajoy tendría que hacer algo más que exteriorizar su perplejidad ante las inhibiciones o vaguedades de Zapatero.

Si el último no agarra con fuerza el timón, y Rajoy no disciplina a sus barones marcando al partido una línea de acción inequívoca, entraremos en una fase de confusión incontenible.

Diada radical
Editorial El Correo  12 Septiembre 2004

La fiesta nacional de Cataluña, la Diada, que conmemora la derrota de los resistentes catalanes frente a las tropas de Felipe V, se celebraba ayer por primera vez con el tripartito en la Generalitat, ya sin Pujol a la cabeza del Ejecutivo autonómico tras 23 años de presidir los actos oficiales. Para marcar diferencias, Maragall decidió variar la liturgia: tras la ofrenda floral al monumento a Casanova, y antes de la tradicional recepción en la sede parlamentaria, se celebró un acto de homenaje a la 'senyera' -la bandera- abierto al público y convocado por la Generalitat y el Parlament. Lo cierto es que los elementos radicales -independentistas- que desde hace años se han adueñado de la 'ofrenda' estuvieron también esta vez presentes y Maragall fue insistentemente abucheado por una turba que lo calificaba despectivamente de 'español'. Incidente que confirmaba la razón de la ausencia a los actos del líder del PP en Cataluña, Josep Piqué.

El radicalismo nacionalista, al que Esquerra Republicana no es en absoluto ajena, ha marcado una vez más la impronta de la celebración con la complicidad absurda del PSC, muchos de cuyos alcaldes se negaron a que la bandera española luciera ayer en los balcones consistoriales junto a la catalana, como prescribe el artículo 4 de la Constitución. Barcelona, para mayor disgusto de ERC, fue la excepción a tan absurdo desplante. La víspera, el propio presidente del Parlament -y segunda autoridad de la autonomía catalana- ya se había encargado de atizar la hoguera política con sus exigencias de que Cataluña pueda «divorciarse» de España -mediante referéndum- cuando le plazca.

Aunque Maragall quiso marcar distancias con anteriores celebraciones y en el discurso institucional televisado que se emitió anteayer pidió un «nuevo patriotismo» basado en «el triángulo mágico escuela-gobierno-empresas», y tuvo asimismo palabras de solidaridad con Madrid al cumplirse seis meses de los atentados del 11-M, no hubo una sola mención al arrebato catalanista de sus munícipes, pasado por alto también por la propia vicepresidenta del Gobierno, que se limitó a lamentar que no cunda el ejemplo gubernamental -y de pura cortesía y respeto- de exhibir banderas autonómicas junto a la española cuando los presidentes de las comunidades autónomas visitan La Moncloa.

En Cataluña, la Diada ha sido desde hace tiempo secuestrada por una minoría que quisiera ver impuesta su estridencia en el orden institucional. Por fortuna, la mayoría de los catalanes hace gala de su proverbial 'seny', relativiza tales inclemencias y celebra gozosamente sus libertades civiles. Pero no deja de ser inquietante observar cómo tras una sociedad culta y llena de sentido común una minoría se explaya sistemáticamente con mensajes reduccionistas y de abierta división.

Estatutos, cantidad o calidad
RAMÓN RABANERA /DIPUTADO GENERAL DE ÁLAVA (PP) El Correo 12 Septiembre 2004

El primero en redactar un nuevo estatuto fue Unidad Alavesa, que elaboró su Estatuto Alavés como alternativa al Estatuto de Gernika. Después, fue Juan José Ibarretxe quien, con su plan de asociación voluntaria, propuso un original modelo de organización política.

El último en redactar su propuesta ha sido el Partido Socialista, que, bajo su premisa de más Estatuto, ofrece, de la mano de Emilio Guevara una nueva forma para relacionarse entre los vascos y con el resto de los españoles (que, para empezar, exigiría la modificación del artículo 149 de la Constitución).

No cabe duda de que no es difícil escribir textos que pudieran servir como norma estatutaria. No tenemos, por tanto, un problema de cantidad sino un problema de calidad. Calidad en dos sentidos: primero, en la vertiente de que la norma sea verdaderamente eficaz para que los vascos podamos sentirnos mejor y para que podamos convivir cómodamente, bajo un mismo techo político, las distintas concepciones que hay de este país.

En este sentido, quiero señalar la mía propia, que es común a muchos vascos, no sólo del Partido Popular, sino también de otras formaciones políticas, que estiman que la foralidad y nuestra tradición secular de autogobierno, desde los territorios históricos, son la base que debe sustentar la autonomía vasca. Y no nos ha ido tan mal a los vascos defendiendo esa postura, que, entiendo, debiera enriquecerse, de modo que procedamos a una descentralización eficaz y verdadera en este País Vasco cada vez más centralizado en lo político y en lo financiero. Habiéndose desposeído a las diputaciones de su capacidad económica con un afán acaparador del Gobierno vasco, siempre receloso hacia las instituciones forales.

No obstante, entiendo que ésta no es la idea unánime de los vascos, como se puede ver en el plan Ibarretxe, en el que se hace, prácticamente, tabla rasa de la autonomía foral. Posición inversa a la de quienes proponían la ruptura de la comunidad autónoma vasca para establecer autonomías uniprovinciales.

En segundo lugar, la otra vertiente cualitativa que debiera reunir una norma política es la de obtener un consenso sustancial y no pretender el mediocre objetivo de ganar por la mínima.

Más aún si tenemos en cuenta que la propuesta de Ibarretxe, si tuviera alguna posibilidad de aprobarse, sería en el Parlamento vasco, pero no en las Juntas Generales de Álava ni el Congreso de los Diputados. A su vez, las otras propuestas podrían tener la simpatía de la Cámara foral o de las Cortes Generales, pero, a la luz de la reacción de Ibarretxe, no en el Parlamento vasco. Como consecuencia de ello, debiéramos pensar que la proliferación de iniciativas unilaterales no es el medio que nos conduce a la consecución de la mejor norma. Por el contrario, produce división y, derivado de ello, incertidumbre respecto a nuestra forma de organización y nuestro futuro.

Muchos deseamos mejorar la gestión del actual Estatuto o, en su caso, que este texto no sea suprimido sino por otro que tenga, al menos, los apoyos que obtuvo el actual. Entre las virtudes de éste no sólo cuenta con la de haber sintetizado foralidad y autonomía con vinculación a España, sino también la de haber logrado el abrumador apoyo de la sociedad vasca.

Otros tal vez quieran un nuevo Estatuto que sea un paso más hacia la independencia y no hacia el encuentro de los vascos. Allá ellos, pero, para eso, que no nos sigan contando lo de una nueva forma de relación con España, que sean más sinceros. Así se lo pido al lehendakari, como lo ha sido Rafael Larreina al decir que el objetivo último es la independencia de España.

Para muchos alaveses, entre los que me cuento, no es fácil de entender un sistema autonómico que anule el régimen foral y, mucho menos, que las únicas soluciones al dilatado problema causado por el nacionalismo vasco vengan, precisamente, de mermar la autonomía de los territorios históricos para incrementar el poder del Gobierno vasco.

No en vano, los resultados electorales de los últimos años nos vienen diciendo que el nacionalismo pierde apoyos, que son ganados por populares y socialistas. Prueba de ello es que en los primeros años de vigencia del Estatuto, las tres provincias y las tres capitales estaban gobernadas por mayorías absolutas del PNV y, hoy, ni San Sebastián ni Vitoria ni Álava cuentan con mayorías nacionalistas ni aún sumando a todos los partidos de esa orientación política.

En definitiva, para muchos alaveses, el esfuerzo que debemos hacer los vascos debe estar orientado hacia el entendimiento y no, como parecen obstinarse algunos, por la imposición de una exigua mayoría.

Entramos en un curso político en el que, desde la responsabilidad que me corresponde, voy a procurar aportar ese sentido de consenso que inspiró la redacción del Estatuto de 1979 y que, desgraciadamente, parece haberse desacreditado, como si se tratara de una estrategia ineficaz o insuficiente, cuando todos debemos darnos cuenta de que su mérito estaba en la cohesión de ideas diferentes, que tan bien supo entender la sociedad vasca, pero defendiendo con claridad y sin ningún tipo de disfraces lo que creo que es lo más conveniente para los vascos y, en particular, para los alaveses.

Abascal: «El nacionalismo ha elegido como Rey a un “maketo” de mucho cuidado»
Los constitucionalistas rindieron homenaje al manipulado Sancho el Mayor, «Rey de las Españas»
Luchar contra la manipulación nacionalista y poner a Sancho III el Mayor en su sitio. Ésa era la intención y así se hizo ayer en el acto convocado por la Plataforma por la Unidad y la Libertad para homenajear al monarca pamplonés, que llegó a ser calificado en la época como «Hispaniarum Rex» y que fue precursor de la unidad de España tras la agresión del Islam; y que el nacionalismo y el Gobierno vasco intentan convertir en el primer monarca de la entelequia de «Euskal Herría». Este acto estuvo presidido por banderas de España, Navarra y el País Vasco, porque «no contraponemos, son compatibles».
J. Arias Borque La Razón 12 Septiembre 2004

Fuenterrabía (Guipúzcoa)- «El nacionalismo ha tenido que elegir como Rey a un maketo de mucho cuidado: la madre de León, el padre de Pamplona, bisnieto del fundador de Castilla, Fernán González, y nieto de Doña Urraca. Además, el muy traidor, para degenerar aún más la raza, contrajo matrimonio con una castellana. Es decir, Sabino Arana y con él su doctrina, arrastrados por los suelos». Así de contundente se mostró ayer el diputado del Partido Popular en la Cámara vasca y presidente regional de Nuevas Generaciones, Santiago Abascal, en el homenaje que movimientos cívicos y partidos constitucionalistas llevaron a cabo, para poner su figura histórica en su sitio, a Sancho III el Mayor, «rey de las Españas», y que los nacionalistas vascos, encabezados por el propio lendakari Ibarreche, han intentado manipular para convertirlo en «Señor de los Vascos» y legitimar de este modo sus aspiraciones secesionistas.

El acto de homenaje, que se celebró en el cabo Higuer, donde el pasado 29 de mayo la Udalbiltza de PNV-EA inauguró una escultura en recuerdo del monarca, en presencia además de la ya mencionada del lendakari, de dirigentes de PNV y Batasuna como Joseba Eguibar y Arnaldo Otegui, fue convocada por la Plataforma por la Unidad y la Libertad y contó con las intervenciones, además del ya mencionado Santiago Abascal de Gotzone Mora y el historiador y vicepresidente de la Fundación Leyre Pascual Tamburri.

Abascal calificó de «monumento a la mentira» el erigido a Sancho III, del que también dijo que es un «brindis por el odio a España» y, tras asegurar que «han violado la memoria de Sancho» se preguntó «cómo es posible que los bisabuelos, los tatarabuelos y, en algún caso, los padres de Otegui, Ibarreche y de Arzallus se sintieran los más españoles entre los españoles».

Así, se preguntó «quién les ha impuesto la condición española a los actuales dirigentes nacionalistas». «¿El resto de los españoles, el Estado? Nada de eso, sus tatarabuelos y los tatarabuelos de sus tatarabuelos».
La secretaria del Foro de Ermua y edil socialista en Gecho (Vizcaya), Gotzone Mora, acusó a los nacionalistas de utilizar una mentira para mantener «el mito nacionalista» que, según dijo, da «alas a los violentos». «Esta historia inventada sobre falsedades ha engendrado un odio hacia España y a los españoles capaz de justificar entre los nacionalismos, el hostigamiento, la persecución, el secuestro, la extorsión y el asesinato de cualquier ciudadano constitucionalista».

Aseguró que «el nacionalismo pretende usarnos como papel higiénico. Nunca han respetado la constitución. Han ido por etapas para que nos confiemos. Y nos hemos confiado». «En un mundo son fronteras es triste que algunos acuden a los hechos diferenciales». Además, afirmó que los nacionalistas manipulan la figura de Sancho III para «legitimar su independencia» y por ello pidió, «por favor» que no se malogre más la imagen del monarca.
Por su parte, el historiador Pascual Tamburri desacreditó la dialéctica y mentira nacionalista y aseguró que el monarca que no era el rey de Euskal Herria, sino que pretendió «ser el rey de las Españas y lograr la unidad» del Estado tras la invasión de los musulmanes. Muestra de ello fue que durante su reinado, que se extendía desde Cataluña hasta Galicia fue calificado con el apelativo de «Hispaniarum Rex».

El profeta del terror
Abdulá Azzam, maestro y mentor de Bin Laden, fue el verdadero cerebro de la moderna «guerra santa»
Los crímenes de terroristas chechenos, los «hombres-bomba» de Israel; las guerrillas de Bosnia o Afganistán; los ataques del 11-S; las bombas de Madrid... todos tuvieron distintos autores pero un único inspirador: Abdulá Azzam, el maestro de Bin Laden y padre de la moderna «guerra santa».
Mar Ramos La Razón 12 Septiembre 2004

No era un loco; pero ahí radica el peligro de la huella que dejó tras su muerte en 1989. Abdulá Azzam era un hombre inteligente y culto –tenía varios títulos universitarios–, un excelente orador y un profundo conocedor de las leyes y la religión islámicas. También era un guerrero. Combatió en primera línea en Afganistán, contra los rusos, y en Palestina contra los israelíes. Ayudó a fundar la organización terrorista Hamás mientras estudiaba Leyes; creó el embrión de Al Qaida cuando Osama Bin Laden apenas tenía 20 años, movió fortunas para financiar guerras y atentados contra los «infieles»...

Pero, sobre todo, fue el autor del documento que se convertiría en el «catecismo» del terrorismo islámico en todo el mundo. Se titula «La defensa de los territorios musulmanes», y es una «fatwa» (edicto) que recoge la manera de «reconquistar» para el Islam todo territorio que su religión –o lo que él interpretó de la misma– considere que le pertenece. Todo aquel país en el que los musulmanes estén en «lucha». Toda nación que en algún momento de su historia estuviera gobernada por el Islam. La «fatwa» de Azzam establece una obligación que debe ser la primera y más importante para todos y cada uno de los musulmanes: luchar con su cuerpo, su alma, su fortuna y todas sus armas contra el «infiel». La «yihad» (la «guerra santa»), escribió Azzam, «seguirá siendo una obligación individual hasta que reconquistemos cualquier territorio que era musulmán para que el islam reine en él de nuevo». Su lista es larga: «Ante nosotros tenemos a Palestina, Bukara, Líbano, Chad, Eritrea, Somalia, Filipinas, Birmania, Yemen del Sur, Tashkent o Andalucía». Al-Andalus, para los musulmanes. España. «Mientras haya un palmo de tierra musulmana en manos del infiel –sentenció–, la yihad debe continuar».

Abdulá Yusuf Azzam nació en un pueblo del norte de Palestina, en el seno de una familia adinerada, en 1941. Desde muy joven mostró su interés por la religión y el estudio. A finales de los años sesenta se unió a la «yihad» contra los judíos, y conoció a los principales líderes de la «guerra santa». En 1967, cuando los israelíes ocuparon Palestina, emigró a Jordania y comenzaron sus viajes por distintos paises. A la vez que mantenía sus contactos con los líderes de la «yihad», seguía ampliando sus estudios. Se licenció en Ley Islámica por la Universidad de Damasco, se doctoró en Jurisprudencia en el Cairo, y ejerció de profesor y conferenciante en distintos campus. Hasta que le expulsaron, por radical. No le importaba; ya había decidido que su vida, desde entonces, tendría una sola razón de ser: la lucha contra el «infiel».

Se trasladó a Paquistán para estar más cerca de la «yihad» en Afganistán, país fronterizo con el anterior. Corría el año 1979, y los soviéticos habían invadido la tierra de los «señores de la guerra» para apoyar a un gobierno de izquierdas. Los guerrilleros muyaidines se habían rebelado contra «el demonio comunista enemigo del islam». Azzam contactó con los líderes de esta nueva «guerra santa», y en aquella contienda se acabó de perfilar su idea de lo que debía ser la «yihad» en los tiempos modernos. Sí, volvería a combatir con sus hermanos musulmanes, como ya había hecho en Palestina. Echarían al invasor. Pero la lucha no podía terminar ahí. La «yihad» no podía limitarse a repeler la invasión del «infiel».

Había que luchar, pero por un objetivo más ambicioso: la recuperación del Califato, el establecimiento de la «Nación Islam». Había que recuperar todo territorio que alguna vez fue musulmán, y todos y cada uno de los creyentes del mundo tendrían la obligación personal de luchar por ello. La «yihad» es, dijo, la más importante de todas las obligaciones para con Alá. Hombres y mujeres, niños y ancianos: nadie estaría exento de dicha obligación. Con esta doctrina se dispuso a participar en la guerra contra los soviéticos, y a organizar la nueva «yihad».

En Peshawar (Pakistán) creó la Oficina de Servicios Muyaidines, una organización que servía de centro de reclutamiento y coordinación del entrenamiento de nuevos «mártires». La «Maktab Ul Khedanat», como llamó a Azzam a su organización, terminaría convirtiéndose en la red terrorista de Al Qaida. Abdul Azzam conoció a Osama Bin Laden en 1984. El joven millonario saudí había asistido a las conferencias que pronunció el primero en la Universidad del Rey Abdel Aziz, en Yedá (Arabia Saudí). Tenían muchas cosas en común: la religiosidad fanática, la inteligencia y el interés por el estudio –Bin Laden cursó estudios universitarios de Ingeniería, Económicas y Administraciones Públicas– y, sobre todo, la determinación de acabar con «el infiel» y reconquistar todos los territorios históricos del Islam para restaurar el califato en toda su gloria.

Bin Laden abandonó Arabia Saudita en 1984 para seguir a Azzam, que pronto se convirtió en su maestro y mentor. Juntos trabajaron para ganar la guerra en Afganistán, y juntos prepararon los cimientos de la nueva «yihad». Reclutaron a miles de jóvenes musulmanes de todo el mundo, les entrenaron, adoctrinaron y armaron para luchar al lado de sus hermanos muyaidines, primero, y en el resto del mundo más tarde.

De aquella organización proceden una buena parte de los que luego crearían los grupúsculos terroristas que hoy día actúan a lo largo y ancho del planeta: los guerrilleros en Bosnia y Chechenia, los hombres-bomba en Oriente Medio, los causantes de matanzas en embajadas y hoteles de medio mundo, los que colocaron las bombas de Madrid, los que secuestraron y asesinaron a los niños del colegio de Osetia... Abdulá Azzam sabía lo que estaba creando, y se mostraba tremendamente orgulloso de ello. No vivió para contemplar toda su «obra», pero sí algún capítulo. Él mismo se jactó del éxito de sus planes en un discurso que pronunció en 1988. Se refería a los sangrientos conflictos de Oriente Medio, y declaró con satisfacción: «La juventud palestina vino a Afganistán, y los no palestinos, y fueron entrenados, y sus almas fueron preparadas, y la paranoia del miedo desapareció, y se convirtieron en expertos. Ahora, cada uno de ellos ha vuelto... preparado para morir».

Durante la década de los 80, y a la vez que dirigía la «Oficina» de Paquistán, Abdulá Azzam no dejó de viajar para predicar su credo y aumentar su «rebaño». Se calcula que consiguió reclutar entre 16.000 y 20.000 muyaidines de 20 países diferentes. Recorrió todo Oriente Medio, pero también varios países de Europa y los Estados Unidos, donde consiguió nuevos «fieles» para la causa después de visitar 50 ciudades de 26 estados. Su discurso puede escucharse hoy en boca de los terroristas más buscados.

En lo que a España toca, Osama Bin Laden hablaba de la «tragedia de Al-Andalus» en una de las cintas de vídeo que sus lugartenientes han hecho públicas en las televisiones de todo el mundo. Hace pocos días, el sanguinario «señor de la guerra» checheno Shamil Basayev afirmó en una entrevista: «Hoy en día el yihad es Fard Ayn (obligación personal) para todos los musulmanes, y el hombre tan solo puede estar en dos estados: musulmán o kafir (infiel). No hay términos intermedios, y por tanto cada uno debe decidir de qué lado está. Si usted está del lado del islam y de los musulmanes, entonces debe ayudar al islam aunque sea con una palabra, con un hecho, con sus propiedades y, si puede hacerlo, con su cuerpo o con su alma. No importa el lugar en el que participes, cualquier lugar del mundo es bueno para el yihad, porque todo el mundo islámico está bajo la bota de los kafirs».

Abdulá Azzam fue asesinado el 24 de noviembre de 1989 en Peshawar (Pakistán), en un atentado con coche-bomba. Nunca se supo quién le mató: los rusos, el servicio secreto paquistaní, la CIA, el propio Bin Laden... Murió el «profeta» de la yihad moderna, pero los frutos de su «obra», dicen sus fieles, no han hecho más que asomar.

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