AGLI

Recortes de Prensa     Sábado 18 Septiembre 2004

EL MODELO DE ESTADO
MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA  ABC 18 Septiembre 2004

Cuánto les cuesta ser decentes
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 18 Septiembre 2004

LA IZQUIERDA, EL ISLAM Y EL 11-M
César ALONSO DE LOS RÍOS ABC 18 Septiembre 2004

Tábanos para las mayorías
Lara DE TUCCI La Razón 18 Septiembre 2004

LA VISITA DEL ALIADO
Jaime CAMPMANY ABC 18 Septiembre 2004

Un país sin BOE
Martín-Miguel Rubio Esteban La Razón 18 Septiembre 2004

Elemental, querido Curro
José García Domínguez Libertad Digital 18 Septiembre 2004

El silencio más desleal
Editorial El Ideal Gallego 18 Septiembre 2004

La penúltima ofensa a España
José Luis Manzanares Estrella Digital 18 Septiembre 2004

Política hipotecada o política liberada
JOSEBA ARREGI El Correo  18 Septiembre 2004

Síntomas de revancha
TONIA ETXARRI El Correo  18 Septiembre 2004

La AVT lamenta que el Ayuntamiento de Vitoria no logre impedir la actuación de Soziedad Alkoholica
Agencias Libertad Digital  18 Septiembre 2004
 


EL MODELO DE ESTADO
Por MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas ABC 18 Septiembre 2004

NINGUNA forma de Estado es, por sí misma, superior a las demás. Existe actualmente una variedad de organizaciones estatales y en la historia se cuentan muchas. Lo que debe importarnos es que el Estado, sea cual sea su estructura, funcione bien. Y sabemos de Estados federales que marchan correcta y eficazmente, lo mismo sucede con Estados unitarios y con Estados parcialmente descentralizados.

Una adecuada vertebración del Estado es imprescindible en los regímenes democráticos modernos. Cuando el Estado falla, o se resquebraja, las libertades públicas padecen las malas consecuencias. Sin Estado, obviamente, no hay Estado social y democrático de Derecho. Pero no basta con que una Constitución proclame que formalmente la correspondiente Nación se constituye en Estado. Hay que valorar el funcionamiento real y efectivo de las instituciones, con la garantía de la seguridad y la protección de los derechos.

La Constitución Española de 1978 proporciona la configuración jurídico-política de un Estado descentralizado que la doctrina califica como Estado de las autonomías. No es un modelo clásico, como pueden serlo el Estado unitario o el federal, del que se conozcan sus éxitos y sus fracasos en los países donde fueron instaurados. El Estado de las autonomías, por el contrario, apenas tiene parecido con organizaciones territoriales extranjeras. La imaginación de los juristas y de los políticos aquí se pone a prueba.

Pero el diseño está completo en el texto constitucional. La traza del edificio jurídico-político se hizo con la consagración de unos principios que vinculan a los intérpretes, los cuales no pueden extralimitarse al sugerir revisiones o reformas. Mientras la Constitución de 1978 esté en vigor, el debate político acerca de la organización del Estado tiene que plantearse y llevarse a cabo respetando los principios constitucionales y conforme a las reglas establecidas en la Norma Suprema.

Un principio constitucional es la solidaridad entre los españoles. Se trata de un principio constitucionalizado en el texto de 1978.

El artículo 2 menciona expresamente la solidaridad entre las nacionalidades y regiones que integran la Nación española. Y el artículo 138.1 dice que «el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución ...».

Ante una afirmación categórica, concluyente, que hace imposible cualquier discusión sobre su sentido y alcance, hay que estimar, como hizo el Tribunal Constitucional, que estamos ante una disposición que «no puede ser reducida al carácter de un precepto programático, o tan siquiera el de elemento interpretativo de las normas competenciales». Es, por el contrario, un precepto con peso y significado propios, que, en cuanto principio constitucional, posee la fuerza vinculante de las normas jurídicas. Se trata, en suma, de una fuente normativa inmediata, que no necesita de la interposición de regla, o circunstancia alguna, para alcanzar su plena eficacia.

La organización territorial de España, materia del Título VIII de la Constitución, tuvo que diseñarse con los condicionamientos propios de la Transición. Para conseguir el consenso hubo que ceder desde unas posiciones iniciales que eran doctrinalmente más claras y políticamente menos vacilantes. De la ambigüedad de algunas de las fórmulas empleadas se han servido determinados intérpretes para presentar ahora un ordenamiento constitucional basado en las autonomías de las Comunidades. Los poderes autónomos se utilizan para vertebrar el sistema, con la correspondiente infravaloración, menosprecio, del poder soberano de la Nación española.

En esta línea interpretativa se desplaza la soberanía de la Nación española, que es la que proclama la Constitución, a una soberanía mitigada, disminuida, descafeinada, del Estado español. En el lenguaje político, con tanta habilidad como intención, no se emplea «Nación española», sino «Estado español».

Junto con esta manipulación, los actuales destructores del ordenamiento constitucional y el levantamiento, en su lugar, de otro sistema apoyado en el poder de las Comunidades Autónomas, procuran olvidar el carácter derivado del poder autonómico, así como la condición de ordenamiento secundario (fruto de la autonomía) de los ordenamientos jurídicos propios de las Comunidades, frente al ordenamiento originario del Estado (fruto de la soberanía).

Se infringe así otro principio constitucional, que es el interés general de España. Un principio constitucional y constitucionalizado (arts. 30, 34, 44, 47, 103, 128), que no se limita a ser un criterio de atribución de competencias, sino que es el principio que inspira y vincula a todas las reglas de ordenación y reparto.

El interés general es el criterio para articular el esquema de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Es otra forma de decir que es un principio básico de la Constitución. La autonomía no se garantiza por la Constitución -como es obvio- para incidir de forma negativa sobre los intereses generales de la Nación o sobre intereses generales distintos de los de la propia entidad.

Las materias enumeradas en el artículo 149.1 responden al momento de la unidad, se someten en su reparto al fin del interés general, en tanto que las materias excluidas de ese precepto y asumibles por las Comunidades Autónomas afectan a aquellos sectores o ámbitos en los que aquel interés general se articula con los intereses respectivos de las Comunidades Autónomas. Estas asumen competencias para la satisfacción de sus intereses específicos, quedando en el Estado aquellas competencias en las que no puede admitirse menoscabo del interés general.

El modelo de Estado que formalizó la Constitución de 1978, y que es nuestra configuración jurídico-política mientras la Norma Suprema se halle vigente, no se estructura con poderes autonómicos originarios. La soberanía corresponde a la Nación española. Ninguna de las varias clases de federalismo tiene cabida en el presente ordenamiento constitucional. La imaginación nos puede llevar a tierras lejanas, pero el Derecho Político nos enseña lo que es inadmisible.

Cuánto les cuesta ser decentes
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 18 Septiembre 2004

Cuando uno tiene la birria de mayoría parlamentaria que disfruta o padece ZP, no puede permitirse ejercicios de arrogancia, sobre todo cuando le aproximan peligrosamente a las complicidades con el felipismo de los GAL, la Banda de Interior y otras alhajas. Era de sentido común que cuando Aznar va a declarar a la comisión, lo haga Zapatero, pero lo hace un día tarde, cuando ya Rubalcaba ha exhibido su peor cara, Cuesta ha insultado a Aznar, Moratinos ha confesado que incumplió las más elementales obligaciones ciudadanas no informando al Gobierno de sus noticias sobre el carácter islámico del 11-M, y el bombo de Polanco y la Orquesta y Coros de RTVE ya había facturado la especie de que Aznar tenía mucho que explicar y Zapatero nada que decir. En realidad, esta emboscada de 24 horas sólo ha conseguido que el PP denuncie que ZP en persona hizo de Rubalcaba intoxicando a diversos medios de comunicación con el bulo de los terroristas suicidas. Todo para, al final, ir arrastras en vez de ir por propio pie.

Esto es lo que parece hoy, pero ya apuntan datos de que medio Gobierno no quiere que ZP se exponga a algunas preguntas incómodas y a dar algunas respuestas que después lo retraten como mentiroso. Lo lógico, sin embargo, es que declaren los políticos y lo necesario es que declaren los confidentes y que vuelvan a declarar los miembros de la policía, la Guardia Civil y el CESID que o han ocultado la información que luego está apareciendo, o han cometido perjurio abiertamente o incluso conspiraron contra el Gobierno legítimo de España siendo funcionarios con gravísimas responsabilidades en materia de lucha antiterrorista. Dezcallar, la UCO, la UDYCO y otros personajes, entes y entidades tienen que volver a pasar por la Comisión, por el juez y por el detector de mentiras, aun corriendo el riesgo de romperlo.

Sin embargo, también hay que poner en el debe del PP su absurda renuencia, sus dudas y vacilaciones a la hora de respaldar la comparecencia de Aznar, que moralmente era inexcusable y políticamente necesaria. Aunque a unos mucho más que otros, cuánto les cuesta ser decentes a todos.

LA IZQUIERDA, EL ISLAM Y EL 11-M
Por César ALONSO DE LOS RÍOS ABC 18 Septiembre 2004

MALOS malos... los únicos moros malos fueron los que vinieron con Franco para derribar la República. Violaban y mataban. Ésta ha sido la excepción que ha hecho la izquierda. En el imaginario colectivo de ésta, alimentado por la mala conciencia y el masoquismo nacional a lo Juan Goytisolo, el musulmán ha sido siempre un ser bondadoso por definición y la religión de Mahoma ha sido desprestigiada al haber sido exageradas sus tendencias yihadistas...

Éste ha sido siempre el núcleo del pensamiento de la izquierda española en relación a lo musulmán y le haríamos un favor calificándolo de políticamente correcto cuando, en realidad, se trata de un pensamiento grosero, desconocedor de la historia y de la actualidad.

En los últimos años, los propagandistas del PSOE han venido defendiendo que las informaciones sobre la extensión de las redes islamistas y los ataques al fundamentalismo árabe eran una construcción de las obsesiones ideológicas de la derecha proamericana, una forma de defender la política de Israel y un modo de desprestigiar la causa palestina. Con motivo de la guerra de Yugoslavia unos cuantos intelectuales de la izquierda norteamericanos y europeos viajaron a Bosnia para defender a los musulmanes de esta región, generalmente funcionarios, abogados, comerciantes, de los ataques de los serbios casi siempre pobres y campesinos... Lo decisivo para estos era la condición musulmana de los bosnios. Si un francotirador mataba a una mujer bosnia que pasaba por la calle, estaban matando a tu madre; si la que caía era una mujer serbia, estaba bien muerta. Lo musulmán recibió la gracia de la boba intelectualidad de izquierdas, lo que vino a preparar el terreno a los criminales de Al Qaida de tal modo que las primeras informaciones sobre la guerra santa de los fundamentalistas se tomaron como una invención de los occidentales, incapaces de aceptar la ósmosis cultural, el mestizaje y el multiculturalismo. El «choque de las civilizaciones» no era tanto una previsión de Huntington cuanto una forma de rearmar al hombre occidental frente a la irresistible invasión de la emigración árabe y del despertar de los pueblos del Islam.

CONVIENE recordar que una gran parte de la izquierda o se alegró en el fondo de la destrucción de las Torres Gemelas y del ataque al Pentágono o analizó la tragedia como la respuesta de los pueblos oprimidos contra el Imperio.

ENTRE el 11 de septiembre y el 11 de marzo, la izquierda española y sus medios de comunicación se dedicaron no sólo a restar importancia al terrorismo islamista, que ya era obvio, sino a denunciar la criminalización que se estaba haciendo del islamismo y que estaba llevando a detenciones arbitrarias de supuestas organizaciones de apoyo a Al Qaida. No necesitamos acudir a los archivos para recordar las campañas contra la persecución de musulmanes... Para las gentes del PSOE la derecha, española y norteamericana, estaba obsesionada con el terrorismo islamista, con el progreso del fundamentalismo en los países árabes y en los núcleos de los emigrantes en nuestras ciudades... Todo esto ha sido así y está en nuestra memoria más reciente, y, sin embargo, en estos últimos meses, después del 11 de marzo y con motivo de la Comisión sobre esta tragedia, hemos tenido que oír las denuncias de representantes socialistas a la imprevisión del Ministerio de Acebes ante el peligro islamista. Los mismos que tan sólo unos meses antes se habían escandalizado por lo que entendían como una criminalización del islamismo piden cuentas ahora a los responsables de los aparatos policiales del PP por su inconsciencia ante un peligro evidente. Defensores del significado fronterizo del Lavapiés madrileño acusan ahora al Gobierno de Aznar por haber actuado con relajo, con irresponsabilidad.

¿Oportunismo político? Verdadera miseria humana.

Tábanos para las mayorías
Lara DE TUCCI La Razón 18 Septiembre 2004

Rodríguez Ibarra es un hombre al que no se le traba la lengua cuando tiene que poner los puntos sobre las íes en aquellas lecturas políticas que otros «barones» de su formación política dejan premeditadamente sin explicar para confusión de la opinión pública en general, incluidos los votantes del PSOE. Él es quien, en el seno del socialismo, viene reclamando con mayor convencimiento una reforma electoral que limite la presencia y la arrogancia de los nacionalistas en el Congreso. Ya, a principios de año, con ocasión de los pactos que dieron origen al actual Gobierno catalán, el presidente de Extremadura dijo con acierto que los partidos nacionalistas trafican con sus votos en beneficio de sus comunidades y en perjuicio de la colectividad nacional.

Tales manifestaciones de Rodríguez Ibarra habría que completarlas diciendo que los grupos nacionalistas persiguen también algo más dramático: la manipulación de la estructura –léase Constitución– en la que se basa y se sostiene nuestro Estado de Derecho. Y decir esto no es una exageración, pues todo el mundo sabe que entre los nacionalistas sobresalen radicales que reclaman con descaro (dejando al margen el respeto y la solidaridad que se merecen incluso esas mayorías de sus territorios autonómicos que no les votan a ellos) la autodeterminación y la independencia en clara oposición igualmente con los ideales y las posturas políticas de los representes de dichas mayorías; de quienes los radicales se constituyen en hostigadores que les dificultan todos sus planes de gobernabilidad más o menos consensuada.

Un ejemplo de todo esto lo comprobamos más claramente tras las elecciones del 14-M, con las reclamaciones que vienen ejerciendo los socios catalanes de los socialistas sobre toda la formación nacional de los de la calle Ferraz; los cuales están condicionados, en su legítimo ejercicio del poder, por aquellos que apoyaron también la investidura de Maragall, sin que escape al control parlamentario de los de ERC e ICV ninguna propuesta e iniciativa que el Ejecutivo se plantee en sus funciones gubernativas. Incluso a los del PP, en el Congreso, una formación respaldada por casi diez millones de votos se les ningunean propuestas políticas por parte de la mayoría parlamentaria, que actúa en provecho de las exigencias nacionalistas, casi todas de marcado acento egoísta y desfavorecedoras de los intereses de la sociedad española en general.

Los independentistas están también empeñados en la reforma de la Constitución, pero con miras a amoldarla a sus xenófobas reivindicaciones de separatismo. Quieren seguir contando con la propia identidad que todos les reconocen, pero al margen del Estado español. Y con los escasos votos que logran, si los comparamos con los muchos millones que obtienen los partidos nacionales en cualquiera de las elecciones que se celebran, no cesan en sus acosos al Gobierno central, constituyéndose, sus diputados en el Congreso, en activos tábanos para los mayorías parlamentarias. Pues interfieren las acciones de éstas y no permiten siquiera que el Ejecutivo y la oposición se sienten a debatir, con apropiado talante de coherencia política, los problemas que a diario presenta la administración del Estado. Esto es, por otra parte, la factura que el PSOE tiene que pagar por el apoyo que recibió Zapatero para ser investido presidente. Lo más curioso de todo este asunto es que los de IU, cuya popularidad está en claro retroceso desde la caída del muro de Berlín, se hallan comprometidos de la misma manera, con desprecio de su propia identidad política de carácter nacional y sólo por rentabilizar sus pocos escaños, con esos partidos minoritarios que luchan más por intereses sectarios que por los de España; aun siendo una formación de ámbito nacional y con aspiraciones de unidad, como sus propias siglas indican.

Al hilo de esto, hay que decir que es lamentable comprobar cómo el Gobierno está chantajeado por los partidos llamados bisagra y cómo los propios proyectos políticos que presentaron en las elecciones, en materias, sobre todo, como el PHN, la reforma de la Constitución, la Ley de la Enseñanza, etcétera, que ya producen disensiones internas dentro del propio PSOE, chocan de plano con los afanes insaciables de las minorías parlamentarias, que desde el mismo momento de tomar posesión de sus escaños se atrincheraron en sus reivindicaciones políticas de barrio. Por eso ni el propio Zapatero ni Rubalcaba dan abasto a tratar de consensuar, dentro y fuera de su partido, posturas que eviten las desestabilizaciones que están en la mente de todos por ser las que persiguen principalmente los representantes del PNV, ERC e IU-ICV con sus extravagancias de locura política decimonónica.      Lara de Tucci es escritor

LA VISITA DEL ALIADO
Por Jaime CAMPMANY ABC 18 Septiembre 2004

EL catalán Carod, que no es ni Carod ni catalán, ha visitado La Moncloa. Dicen que más bien se llama Pérez y que más bien es aragonés. Llamarse Pérez, nacer en Aragón, vivir en Cataluña y querer imposibles es una manera muy completa de ser español. Se levanta todas las mañanas con esas dos mentiras, la del apellido y la del nacimiento, encima de los hombros, que por eso se habrá quedado tan chaparro. Además de todo eso, es republicano y separatista, que no sé yo cómo caben dos cosas tan difíciles en un cuerpo tan pequeño. Bueno, pues todavía encuentra tiempo y arrestos para ser visita de los etarras en Perpiñán y visita del presidente del Gobierno en La Moncloa. Admirable.

«Señor presidente, que ahí está el Aliado». El «señor presidente» habrá abierto los brazos como quien dice por señas «qué remedio», habrá dejado escapar un suspiro de resignación y habrá dicho: «Que pase». La conversación ha sido larga. Primero, porque hay que ejercitar la virtud política del diálogo y predicar con el ejemplo. No se puede estar siempre predicando el diálogo y luego despachar a las visitas en un pispás. Segundo, porque hay que dejar constancia ante los votantes de que el «señor presidente» dedica más tiempo al republicano separatista que al jefe de los peperos, y que se vea bien que es un aliado. Tercero, porque Rubalcaba dice que hay que tener contento al «noi», y para eso es necesario escucharle, y luego que lo que ha entrado por un oído salga por el otro; o sea, hay que oír con paciencia y luego no hacer caso. Y cuarto, porque este Carod, que es Pérez y catalán de Aragón, pide unas cosas que requieren mucha serenidad en quien las escucha, y tomarse mucho tiempo para no responderlas.

Bueno, en realidad, el Aliado pide cosas que para conseguirlas hace falta por lo menos una guerra civil, y en España ni siquiera ha pasado un siglo desde la última. Todavía viven gentes que la vivieron y padecieron desde un lado o desde el otro, y sufrieron la posguerra en el hoyo, en las «Regiones Devastadas», en el hambre de la reconstrucción o en el exilio. Aún seguimos sacando muertos y asestándonos golpes y puñaladas con los recuerdos, luchando con las culpas de un bando y con las del otro a brazo partido. República y separatismo son dos palabras que, sobre la acepción pura de su expresión, llevan encima irremediablemente la memoria de aquellos años y el miedo o la amenaza de volver a ellos. O sea, que el Aliado, cada vez que propone la una o la otra, se luce. Si encima se entiende con terroristas, lo más compasivo que se puede hacer con él, políticamente, se entiende, es caparlo.

Naturalmente, el Aliado habrá insistido en su diálogo con Zapatero en sus sólitas monomanías ya tan conocidas: la nación catalana, la autodeterminación, el pacto entre Estados independientes, el asunto de la administración de la «pela», el catalán como lengua oficial en Europa, etc. Y en esta ocasión ha añadido eso de que el Gobierno «hace el ridículo» proponiendo también el valenciano como lengua europea. O sea, que ese Carod es Pérez, aragonés, catalán, republicano, separatista, visita de etarras, aliado, esquerrista y filólogo. Una joya.

Un país sin BOE
Martín-Miguel Rubio Esteban La Razón 18 Septiembre 2004

Ahora que el BOE se ha quedado para publicar reglamentos de cazadores, criadores de palomas y asociaciones culturales para ciegos, y las leyes autonómicas llenan de anacolutos y desarticulan a España, el señor Zapatero si sigue sonriendo se convertirá sin duda en el último presidente de Gobierno del gran país llamado España. Ojalá sólo esto fuera una soflama casposa de un patrioterismo militarote, demagógico, hipócrita y vano, pero desgraciadamente no es así; porque fatalmente nace de lo que a uno le entra por los ojos de la cara. La actual cultura gubernativa destruye implacablemente la personalidad de España, la relaciona con una caricatura vergonzante y se burla de sus creencias históricas. Tanto la desprecia cuanto altaneramente la ignora. Para Azaña la política debía contribuir a fomentar la lealtad nacional, y para Gregorio Marañón debía tener como principal objetivo potenciar el orgullo de ser español. Hoy la alta política consiste en destruir España si nos fijamos en los hechos y no en la mera retórica.

El PSOE no puede consensuar la idea de España entre sus diferentes federaciones antagónicas, porque España no puede ser el fruto pactado del consenso interno de un partido político; si fuese así, si ya se hubiese llegado a esto, España habría dejado de existir, porque no sería una nación sino un complejo de cotos regidos por un patronato. ¡Qué vergüenza y qué asco! El dinamitazo del Plan Hidrológico Nacional, que además de constituir una necesidad milenaria reflejaba la solidaridad interterritorial que debe tener una nación normal, es una triste expresión de que los dirigentes autonómicos ya no ven a la patria fuera de sus estrechas y mezquinas fronteras, reduciéndose la bandera nacional, si no en un espantajo inofensivo, sí en una enseña tan lejana como la de la ONU.

Diríase que la desintegración de España está escrita en las estrellas desde el día en que el Estado franquista compró la prolongación de su vida a la oposición con virreinatos. Una legión de gerifaltes de los reinos de Taifas sustituyeron a la democracia. Pero aunque el poder político lo tengan más, una poliarquía nunca ha sido una democracia. Los partidos se hincharon de poder con el troceamiento de España. Aznar desaceleró su descomposición, pero no ha podido parar esta tendencia.

Hoy España está perdida. Y aunque es verdad que se ha perdido muchas veces, ahora hay factores que agravan su desorientación. Y es que los candidatos cervantinos a alcalde de Daganzo gozaban de un sentido común que hoy no poseen los presidentes autonómicos, con demasiadas pocas excepciones. El propio candidato Rana –nombre de tantas fábulas esópicas– nos croa lo siguiente: «Yo, señores, si acaso fuese alcalde,/ mi vara no sería tan delgada/ como las que se usan de ordinario;/ de una encina o un roble la haría,/ y gruesa de dos dedos, temeroso/ que no me la encorvase el dulce peso/ de un bolsón de ducados, ni otras dádivas,/ o ruegos, o promesas, o favores,/ que pesan como plomo, y no se sienten/ hasta que os han brumado las costillas/ del cuerpo y alma». Y es que, en efecto, al final, la destrucción de España hunde sus raíces en sucios, puros y brutales intereses personales.

11-M
Elemental, querido Curro
José García Domínguez Libertad Digital 18 Septiembre 2004

Pero el primero en descubrirlo fue Moratinos. Moratinos se entera de todo. Lo único que ignora es que el Código Penal tipifica como delito la ocultación de información relevante sobre crímenes no resueltos Moratinos lo sabía. En las cloacas del Estado, lo sabían. A dos pasos de la comisaría de Avilés, lo sabían. El morito que despachaba con el alférez, lo sabía. Antonio Toro, aquel que hacía pesas en la cárcel con los chicos de Jarrai, lo sabía. Los que brindaron con champán y luego tiraron de Visa, lo sabían. Los que controlaban el locutorio de Carabanchel, lo sabían. En los reservados de las marisquerías de la Gran Vía, lo sabían. Menos Urrusolo Sistiaga y los agentes que detuvieron por dos veces la furgoneta para después dejarla continuar hasta Madrid, parece que todo el mundo lo sabía. Hasta, meses antes, casi lo pronosticó el próximo Premio Cervantes, Mohamed VI.

Pero el primero en descubrirlo fue Moratinos. Moratinos se entera de todo. Lo único que ignora es que el Código Penal tipifica como delito la ocultación de información relevante sobre crímenes no resueltos. Por eso, no se le ocurrió comunicar sus pesquisas y descubrimientos al Ministerio del Interior. Aunque para mí tengo que la verdadera razón del silencio del canciller durante la tarde del 11-M fue su modestia intelectual, que es tan profunda como secreta.

Me explico. El cuate de Arafat, no sólo es hombre de cultura enciclopédica, sino que aprendió inglés leyendo a Chesterton. Y se sabe de memoria El hombre que fue Jueves, aquella novela en la que todos los terroristas trabajaban para la policía, y viceversa. Fue entonces cuando nació su adicción a las reflexiones detectivescas. Con aquel relato presente en su mente prodigiosa, la potente maquinaria analítica que responde por Curro se puso a trabajar. A partir de ahí, la cadena de razonamientos fue, más o menos, como sigue. Si los príncipes árabes de Al-Qaeda decidieran organizar un gran atentado en Europa, ¿a quién encargarían la misión? Sin duda, a una cuadrilla de chorizos bereberes, se respondió. ¿En qué nombres pensaría Ben Laden desde su angosto refugio en las montañas de Pakistán? Obviamente, en los de el Chino y el Mowy, cuyo prestigio como distribuidores de chocolate al por menor servía de modelo y acicate a los combatientes islamistas del mundo entero. Por último, ¿cómo podría ese astuto saudí lograr que el nuevo Gobierno del país a castigar albergara legitimidad formal, pero no moral? Pues, muy fácil, se respondió el portento: simulando olvidar inmediatamente el asunto, y renunciando a vanagloriarse de su hazaña, como si no fuera con él el asunto.

Elemental, querido Curro, se dijo entonces para sus adentros dibujando un rictus de satisfacción en el rostro. Y sin perder un segundo, descolgó el teléfono y llamó a Dezcallar.

El silencio más desleal
Editorial El Ideal Gallego 18 Septiembre 2004

Moratinos ha dejado de ser dueño de su silencio para convertirse en esclavo, situación a la que también ha llevado a Zapatero y al ex director del Centro Nacional de Inteligencia Jorge Dezcallar. El ministro de Asuntos Exteriores ha mantenido su mutismo seis meses, pero ha acabado confesando que sus contactos árabes le informaron el mismo 11 de marzo de que Al Qaeda podría estar detrás de los atentados, mensaje que él transmitió al secretario general del PSOE y al entonces responsable del espionaje, pero que ninguno de ellos trasladó al Gobierno. Esa evidente deslealtad refuerza la tesis de que destacados dirigentes socialistas utilizaron la matanza en su beneficio electoral, una conducta que entraña la máxima gravedad e inhabilita para la vida pública a quienes así actuaron. La comparecencia de Zapatero ante la comisión de investigación es ahora ineludible, tanto como su obligación de explicar por qué ocultó los datos que le comunicó Moratinos. La sonrisa no le bastará para salir del aprieto.

La penúltima ofensa a España
José Luis Manzanares Estrella Digital 18 Septiembre 2004

Confieso ser uno de los muchos españoles que rechazan la táctica del avestruz o la sonrisa claudicante ante la cotidiana ofensa a España. Coincido con el presidente de la Junta de Extremadura —aunque de él discrepe en algunas cuestiones de tejas para abajo— en que nuestra Carta Magna, la misma que tanto ha contribuido a nuestro progreso y a nuestra pacífica convivencia durante cinco lustros —con la excepción asesina del terrorismo etarra—, se fundamenta en la indiscutible unidad de la nación española, al igual que la soberanía nacional reside en el pueblo español. Su texto no deja el menor resquicio a torcidas interpretaciones. Es España quien se constituye en un Estado social y democrático de Derecho que seguidamente reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran. España aparece así como una realidad previa de la que, a través de su Constitución, traen causa las Autonomías y no, contra lo que algunos pretenden, las sobras del reparto de poderes entre los diversos territorios soberanos del solar patrio. Coincido también con Rodríguez Ibarra en mi calidad de español sin complejos, lo que no deja de tener cierto mérito en los tiempos que corren.

Raro es el día que el nacionalismo radical o separatista no nos obsequia con otra vuelta de tuerca en su cotidiana labor de zapa. Se diría —y a lo peor se acierta— que hubiera un gabinete de estudios para que la provocación continuada no decaiga. Ahora le ha tocado el turno a la bandera española en Cataluña. Nada impide celebrar la Diada dentro de una España abierta que respeta la identidad de todos y cada uno de sus componentes históricos, pero este año la enseña que representa a todos los españoles ha sido arriada en buen número de los ayuntamientos catalanes, incluidos los de las ciudades de Lérida o Lleida, Gerona o Girona y Tarragona. No se defiende de este modo la España plural. De España se prescinde, y punto.

La libertad de unos para obrar en el sentido dicho no debe coartar la libertad de otros para expresar nuestro malestar y nuestra preocupación por lo que está ocurriendo. No vemos motivos para que al subrayado de las diferencias y al olvido de las afinidades se sumen las afrentas gratuitas. La igualdad y la solidaridad empiezan con el respeto a los sentimientos ajenos. Incluso la forzada interpretación de la Guerra de Sucesión (española) como guerra de secesión (de una parte de España) puede defenderse sin acudir a este quita y pon de la bandera española. España —esta vez gracias a la inventiva de no pocos ayuntamientos españoles— ha vuelto a ser diferente. Sólo resta esperar a la próxima ocurrencia, que irá con toda seguridad en la misma línea. Y también confiar en que algún día se aplique nuestro ordenamiento jurídico —o se complete, si fuera necesario— para evitar espectáculos inimaginables en el resto de los países serios. Trate de imaginarse el lector algo parecido en Francia o Alemania, por ejemplo, y puede que a partir de ahí experimente una cierta sensación de vergüenza.

Política hipotecada o política liberada
JOSEBA ARREGI El Correo  18 Septiembre 2004

Es de sobra sabido que no es posible hacer política como si la Historia comenzara cada día de nuevo, aunque haya sido el sueño de los revolucionarios totalitarios o nihilistas en busca del hombre nuevo, la nueva sociedad, la sociedad pura, y siga siendo la ilusión de algunos irreformables que siguen buscando lo mismo bajo fórmulas disimuladas de nacionalismo de distintas clases.

Pero el peso de la Historia como condición de la libertad política no puede ni debe ser nunca excusa para aceptar hipotecas indebidas, nacidas del chantaje, y que impiden el mínimo de libertad necesaria a la hora de actuar políticamente. Las hipotecas históricas pretenden determinar el futuro político, negando el mínimo de libertad posible históricamente a la hora de proyectar ese futuro.

La política vasca ha contado, desde la transición, con una gran hipoteca: la violencia terrorista de ETA. Se ha tratado de una hipoteca que era preciso resolver, gestionar, cancelar y anular para poder construir en libertad nuestro futuro. El punto de partida para ello fue el Estatuto de Gernika, como instrumento en cuyo marco debía producirse la cancelación de la hipoteca que era la violencia terrorista. Y aunque el núcleo del Estatuto lo constituía el pacto interno entre vascos que veían a Euskadi y se definían a sí mismos de formas distintas, y en ese sentido era de todos los que lo pactaron, se privilegió por parte de todos los partidos y de los poderes del Estado al nacionalismo vasco, al PNV, como gestor y líder de la cancelación de la hipoteca terrorista: nada se podía hacer en ese terreno que no tuviera la aprobación del PNV.

Visto desde la perspectiva del momento actual se puede afirmar que el nacionalismo vasco no ha sido un buen gestor de esa encomienda, aunque durante mucho tiempo el nacionalismo institucional, los nacionalistas que representaban y encarnaban las instituciones vascas, fueran lo que en inglés se denomina 'honest broker', unos gestores honrados de la tarea encomendada, desarrollando el instrumento que era el Estatuto y marcando una clara línea de diferencia respecto al terrorismo. Pero las decisiones nacionalistas de estos últimos años promovieron la pirueta mortal de convertir la hipoteca de la violencia terrorista en un crédito del conjunto del nacionalismo vasco contra el resto de ciudadanos vascos, haciendo de éstos simples deudores.

O dicho de otro modo: el nacionalismo vasco que había recibido la prima de ser el gestor privilegiado para cancelar la hipoteca de la violencia terrorista con el instrumento del Estatuto y sobre su base -y preciso es reconocer que hubo deslealtad en su cumplimiento también por parte de los distintos gobiernos centrales y de las distintas mayorías parlamentarias- quiso cambiar la hipoteca convirtiendo a los deudores -los violentos- en acreedores, y a éstos, especialmente a los vascos no nacionalistas y a las víctimas y amenazados, en deudores.

De esa pirueta mortal del nacionalismo vasco -que va desde la doctrina de la necesaria negociación política con ETA a los acuerdos de Estella/Lizarra, a los papeles firmados con una ETA en tregua y hasta el plan Ibarretxe- se deriva la continuidad de la política vasca hipotecada: toda la política vasca -y española- debe tener una única dirección, satisfacer las demandas nacionalistas; en esa dirección, lo que cuenta son las demandas de los más radicales; y ahondando en la misma dirección, el esfuerzo máximo debe ir dirigido a que los radicales den un espaldarazo a las vías políticas -votando el plan Ibarretxe-; y ahondando aún más en la misma línea, la política, en su meollo fundamental, debe ir dirigida a que los terroristas obtengan la ganancia suficiente que les permita abandonar la violencia, como indicó recientemente el lehendakari colocando su plan como la condición cuya satisfacción acarrearía el fin de la violencia.

Lo que debiera ser exigencia mínima para participar en la vida democrática, condenar la violencia y renunciar al uso ilegítimo del terrorismo, se transforma en crédito a cobrar a los vascos no nacionalistas y a las víctimas de ETA.

Aunque el nacionalismo vasco se haya empeñado en imbuir a la sociedad vasca, y española, la idea de que la culpa de no haber podido cancelar la hipoteca del terrorismo se debe al instrumento pactado en la transición, al Estatuto de Gernika, lo cierto es que cuando al nacionalismo vaco se le ha retirado la prima de la que ha gozado para resolver el problema terrorista, y los partidos PP y PSOE han acordado asumir directamente la anulación de la hipoteca, la derrota del terrorismo, ésta se ha visto como posible sin tener que atribuir el fracaso al Estatuto de Gernika. Al contrario, la necesidad de poner a disposición el Estatuto ha formado parte de la pirueta que ha pretendido convertir la hipoteca del terrorismo en deuda a cobrar a los amenazados por la misma.

Haber desenmascarado la hipoteca como tal, el haber desenmascarado la pirueta mortal del nacionalismo vasco que trataba de convertir la hipoteca en deuda a cobrar coloca la política vasca en una situación nueva, liberada de dicha hipoteca, a pesar de los esfuerzos del nacionalismo por mantenerla viva. Y esta nueva libertad conquistada abre el horizonte para ver que el paso que falta en estos momentos para normalizar la política vasca no radica en seguir -convencidamente o por simple cálculo electoral- estérilmente atrapado en la idea de facilitar el aterrizaje a quienes han sido incapaces de cumplir con el requisito mínimo para vivir en democracia, la condena de la violencia y la renuncia a su uso ilegítimo, sino en romper la muralla que sigue impidiendo que en las elecciones autonómicas, en las que se juega, al parecer, permanentemente la definición de la sociedad vasca, un porcentaje suficiente de ciudadanos vote sin tener en cuenta el alienamiento en el bloque nacionalista o en el bloque no nacionalista.

La sociedad vasca será políticamente normal el día en que exista un porcentaje suficiente de ciudadanos que pueda pasar de votar nacionalista a votar socialista o PP en las autonómicas, y a la inversa: cuando un porcentaje suficiente pueda pasar de votar siempre PP o PSE a votar algún partido nacionalista.

La superación de la muralla que hoy todavía existe en las elecciones autonómicas y que hace que la sociedad vasca no termine de estar normalizada políticamente, significaría que hemos dejado de creer que en cada elección autonómica está en juego el ser o no ser de la sociedad vasca, la definición de su identidad. Significaría que todos los partidos democráticos actúan dentro del mismo campo, dentro de los mismos supuestos, compartiendo la misma gramática institucional que hace posible el diálogo democrático.

Todos los movimientos deben empezar por alguna parte, puesto que es imposible que la Historia coloque a todos en las mismas condiciones de partida. La historia vasca a partir de la transición sitúa al nacionalismo vasco en la posición de haber gobernado siempre, mientras que los otros o no han gobernado o lo han hecho como acompañantes. El movimiento debiera empezar, por lo tanto, del campo nacionalista hacia el otro, hacia el campo de los partidos constitucionales. Pero para que termine siendo un verdadero movimiento, no para consolidar otro tipo de muralla, sino para alcanzar la higiene democrática de hacer posibles los cambios de gobierno con relativa facilidad, siempre en función de los programas para resolver los problemas de la vida diaria, y no para resolver las cuestiones metafísicas de ser o no ser que no tienen respuesta.

El nacionalismo vasco corre el peligro hoy de ser, aunque sea inconscientemente y por razones electorales, el que siga dando vida, no al terrorismo que depende sustancialmente de quienes lo practican y lo predican, pero sí a que ello suponga una hipoteca que pretenda determinar la política vasca. Es hora de abrir otro capítulo.

Síntomas de revancha
TONIA ETXARRI El Correo  18 Septiembre 2004

Rechina el contraste. Resulta difícil compaginar el pase de puntillas del presidente Zapatero por cualquier camino que conduzca a la crispación (que sí a la Sepi, que sí a los trabajadores de la Naval, que sí a Ibarra y a Maragall... bueno, tiene un no: al plan Ibarretxe) con los mensajes desabridos de algunos de sus compañeros en el Congreso. En Euskadi ya estábamos acostumbrados al reparto de papeles en el PNV, cuando Arzalluz y Egibar se dedicaban a deshacer lo que iba tejiendo, con tanta moral, el lehendakari Ardanza. Pero no deja de sorprender que, tratándose del Gobierno del buen talante, se permitan regodearse todos los días a todas horas con el recordatorio al PP de su derrota electoral. ¿Van a pasar página o a seguir hurgando en el pasado?

No es de recibo que Cuesta caiga en ese ataque de desprecio diciéndole al ex presidente Aznar que deje de «ladrar». Ahí va ese dardo para quien utilizara en su día tan canina expresión. Lamentable síntoma de un preocupante deseo de revancha. Ya se sabe que, cuando el poder se les sube a la cabeza, algunos representantes enseñan lo peor que llevan dentro. Zapatero tendrá que amansar a algunos de los suyos cuya imagen, en las negociaciones de la comisión del 11-M, ha quedado tan en entredicho por su rigidez, que hasta el PNV e IU se han desmarcado. En Euskadi, se ha criticado hasta la saciedad a Ibarretxe por su obcecación por sacar adelante ese plan que divide al Parlamento y a la sociedad. Pero ¿alguien se imagina a Patxi López o a María San Gil diciendo al lehendakari que deje de ladrar? Otra cosa es que Ares insista en la idea de que Egibar desprecia a una institución como el Parlamento. Ninguna novedad, por otra parte. Esta consideración, puede que hasta le enorgullezca a este jelkide en su vieja cruzada de anteponer la defensa de la libertad del pueblo a la del ciudadano; una de las piedras filosofales del plan del lehendakari.

Se acerca la fecha del debate y sube de tono el terrorismo callejero. Desde el Gobierno vasco, empeñados en que la mayoría de la izquierda abertzale está en contra de la violencia; pero Otegi, ni caso. Este es su momento. El Gobierno minoritario de Ibarretxe le necesita. Se lo han dicho en varios idiomas durante el verano. Batasuna, ilegalizada en todas las instituciones menos en el Parlamento vasco, y con la amenaza terrorista en la manga, intentará aprovechar la ocasión.

Lejos de la revancha, los amigos de Onaindia le recordarán en un homenaje, la próxima semana. Junto a sus amigos más recientes, como Emilio Guevara, compartirán cartel quienes fueron secretarios generales de Euskadiko Ezkerra, Roberto Ler-txundi y Jon Larrinaga, además del socialista Ramón Jáuregui. Muchos de los que pasaron con él la larga travesía política y que no militan actualmente en ningún partido acudirán también a la cita, en Zarautz. Al final, 'Los amigos de Mario' terminarán siendo mucho más que un club.

PIDE QUE SE PROHIBA OTRA EN TOLEDO
La AVT lamenta que el Ayuntamiento de Vitoria no logre impedir la actuación de "Soziedad Alkoholica"
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) mostró su "indignación" ante el concierto que ofrecerá este sábado en Vitoria Soziedad Alkoholika, ya que este grupo musical realiza actuaciones "a favor de los presos" de ETA y tiene una "actitud de sistemática humillación hacia las víctimas". Lamentan que ni PP ni PSOE sean capaces de impedir estas actuaciones y solicitan que la actuación programada en la localidad toledana de Cabañas de la Sagra sea suspendida.
Agencias Libertad Digital  18 Septiembre 2004

La AVT se ha expresado así a través de un comunicado que, junto a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, interpuso el pasado mes de mayo una querella contra el citado conjunto por un presunto delito de enaltecimiento terrorista a través de las letras de tres de sus canciones, demanda que el juez Baltasar Garzón archivó el pasado 7 de septiembre.

Según recoge la agencia EFE, para la AVT, resulta "indignante" que en la capital alavesa, "una población que tanto ha sufrido la lacra del terrorismo", se celebre una actuación de este grupo, "caracterizado por lo violento del mensaje que transmiten sus canciones". Opina la asociación que las letras de Soziedad Alkoholika se caracterizan "por el insulto constante a las Fuerzas de Seguridad del Estado, siendo uno de sus objetivos inspirar odio hacia todos los símbolos españoles".

El concierto ha sido organizado por una asociación de vecinos de Vitoria y, en este sentido, la AVT "lamenta que una institución gobernada por uno de los dos grandes partidos nacionales -el PP- y que forma parte del Pacto Antiterrorista, no disponga de ningún procedimiento eficaz de control de los actos programados por aquellas asociaciones encargadas de la organización de fiestas vecinales". En su opinión, resulta "totalmente necesario que tanto PSOE como PP luchen por acabar con las manifestaciones de apoyo al entramado proetarra".

Por otro lado, el comunicado manifiesta que la asociación se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Cabañas de la Sagra (Toledo) con el objeto de que no ceda sus instalaciones a Soziedad Alkoholika, que tiene previsto ofrecer allí un concierto el próximo 25 de septiembre, sin que el consistorio les haya trasladado "ninguna respuesta formal".

Asimismo, la asociación puntualiza que "en ningún caso, actitudes, manifestaciones, así como las letras de algunas canciones del grupo, en la medida en que suponen insulto y vejación para las víctimas del terrorismo, pueden quedar amparadas por una supuesta libertad de expresión".

Según la AVT, este derecho fundamental "tiene claros límites en su ejercicio, que vienen determinados por el adecuado respeto a los derechos de los demás ciudadanos, en este caso concretados en el buen nombre, honor y respetabilidad de las víctimas del terrorismo".
 

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