AGLI

Recortes de Prensa     Domingo 19 Septiembre 2004

Prohibir lo nuestro
Cartas al Director El Correo  19 Septiembre 2004

LENGUA Y CULTURA
xavier pericay ABC 19 Septiembre 2004

EL GÓLGOTA DEL PP
Ignacio CAMACHO ABC 19 Septiembre 2004

En defensa del valenciano
César Vidal LR 19 Septiembre 2004

Un grave precedente
César Lumbreras LR 19 Septiembre 2004

Lecciones de Irlanda
ROGELIO ALONSO
El Correo 19 Septiembre 2004

La Policía gala detiene a dos etarras, uno de ellos de los más buscados en la UE
J. M. Z. LR 19 Septiembre 2004

Detenidos dos etarras en Francia, uno de ellos incluido en la lista de la UE y llegado de Venezuela
ABC 19 Septiembre 2004

Convertir el gallego en idioma oficial de la UE costaría 30 millones al año
Domingos Sampedro | bruselas | corresponsal) La Voz 19 Septiembre 2004


 


Prohibir lo nuestro
Diego Ortega/Vitoria-Gasteiz Cartas al Director El Correo  19 Septiembre 2004

El jueves pasado se publicó una carta del señor Balsategi, en la que nos informaba de que el 61% de los niños y niñas estudia en el modelo D (euskera), el 31% en modelo B (bilingüe) y el 8% en el A (castellano) y añadía que «ha llegado el momento de plantearnos posibles supresiones de modelos que no garantizan el bilingüismo». A su entender la mayoría del 61% de esta sociedad no puede consentir que un 39% no estudie exclusivamente en euskera, por eso cree que debe desaparecer esa minoría, suprimiendo los modelos A y B. Pero este señor se queda corto y no llega al fondo del problema. Por ejemplo, aquí en Vitoria nuestros niños y niñas aprenden en el colegio que como vascos nuestra lengua es el euskera.

Sin embargo, se pueden sentir frustrados al ver que su entorno familiar, amigos, en la calle, televisión y la historia de nuestra ciudad, reflejada en sus calles, sus acontecimientos o en sus archivos históricos, nos ha sido legada exclusivamente en lengua castellana. Incluso los fundadores de esta ciudad, aún siendo navarros, eran castellanohablantes, como también lo han sido los pobladores de Vitoria durante sus ocho siglos de existencia. Quizás por eso es tan fuerte el arraigo de esa lengua que, según estudian los niños y las niñas, no es la nuestra. De este modo, si se quiere eliminar esta frustración imponiendo el euskera, no va a ser suficiente prohibir los modelos escolares que no garanticen la euskaldunización. En este sentido, habría que hacer también dos cosas: traducir todo al euskera -documentos, calles, nombres, apellidos, etcétera-, para corregir la historia y prohibir que en adelante ningún vasco vuelva a hablar o escribir en castellano.

LENGUA Y CULTURA
xavier pericay ABC 19 Septiembre 2004

Primero fue la lengua. Sin duda. Aunque parezca mentira, durante las tres largas décadas de Gobiernos presididos por Jordi Pujol no ha habido en Cataluña otra política cultural que la lingüística -o sea, no ha habido política cultural ninguna-. Lo mismo puede decirse en materia de enseñanza, donde no ha existido otra estrategia que la de convertir el catalán en lengua única del sistema educativo. Ahora bien: con el cambio de Gobierno del que pronto va a cumplirse un año las cosas han variado ligeramente. Basta observar el reparto de áreas: enseñanza y política lingüística -esta última ha pasado del departamento de Cultura al de Presidencia- están en manos de ERC, mientras que a los socialistas les ha tocado cultura. Y digo les ha tocado, porque todo el mundo sabe cómo se hizo el reparto; es decir, quién escogió primero. Sea como fuere, ello ha traído dos consecuencias, una buena y una mala. La buena es que la cultura se ha quitado la lengua de encima y que el departamento correspondiente está, por fin, en condiciones de realizar una verdadera política cultural. La mala resulta, por desgracia, de la anterior. Si los republicanos permiten que los socialistas lleven a cabo una política cultural más o menos independiente de la lengua, es que la cultura ha perdido todo valor estratégico. Suponiendo, claro, que lo haya tenido alguna vez.

EL GÓLGOTA DEL PP
Por Ignacio CAMACHO ABC 19 Septiembre 2004

Desde el 14 de marzo hay en España alrededor de nueve millones y medio de ciudadanos con la frustrante y dolorosa sensación de una derrota electoral inesperada en circunstancias más que extrañas, una especie de sentimiento de robo que acaso pueda asimilarse a la desazón del aficionado al fútbol que ve cómo su equipo pierde el partido en el descuento después de una jugada dudosa que el árbitro ha dejado pasar para no buscarse un lío. Muchos de esos electores que se consideran despojados in extremis del triunfo de su partido favorito aún no han acabado de asimilar que en democracia, como en fútbol, el resultado es inamovible y sólo queda el consuelo de tratar de ganar las elecciones o el encuentro siguientes. Tras la manifiesta manipulación preelectoral llevada a cabo por los socialistas a rebufo de la tragedia, la tentación de impugnar de algún modo el veredicto de las urnas, aunque sea sólo desde el prisma de la legitimidad moral, supone una respuesta tan comprensible como peligrosa para la recuperación de la serenidad cívica.

Ocurre, además, que los apriorismos de la opinión pública sobre la tragedia del 11-M, firmemente sostenidos por los partidos políticos como puede verse en el desarrollo de la comisión parlamentaria, continúan reproduciendo de modo casi mimético el resultado de las elecciones. La calle permanece encastillada en una profunda fractura de convicciones, en la que los partidarios del Partido Popular, por un lado, y del PSOE y demás fuerzas nacionalistas o de izquierda, por otro, permanecen agarrados a las mismas tesis que sostuvieron en los tres días terribles que transcurrieron entre la matanza y la jornada electoral. A medida que ese debate siga marcando la agenda política, el resultado se reproducirá de una forma esquemática, bloqueando la normalización del sistema y perpetuando la actual correlación de fuerzas como una foto fija desde el propio 14 de marzo.

La evidencia de que en torno al atentado del 11-M concurren numerosos puntos oscuros -tanto sobre la autoría intelectual de la masacre como sobre la actuación de las Fuerzas de Seguridad, y también sobre la manipulación informativa y mediática que tuvo lugar entre la masacre y la fecha de las elecciones- no puede seguir pesando de este modo en la vida política española sin producir una grave parálisis. La comisión parlamentaria parece haber embarrancado en su deriva más previsible, la del ajuste de cuentas entre los partidos a través de una pasarela de políticos que olvida la fundamental tarea de investigación documental y el no menos esencial compromiso para elaborar mecanismos que traten de prevenir nuevos ataques terroristas. En estas circunstancias, la prolongación de los trabajos por el mismo camino en que han discurrido hasta ahora sólo puede conducir a la perpetuación de un esquema que favorecerá a quienes ya obtuvieron el beneficio crucial del vuelco de la opinión pública.

Las diversas teorías conspirativas surgidas al amparo de indicios más o menos razonables sirven como consuelo moral para quienes se sienten robados por la sacudida de marzo, pero tropiezan con la dificultad insoluble de la falta de evidencias más allá de las conclusiones que cada cual esté dispuesto a establecer por su cuenta. En este sentido, constituye un error de bulto establecer una estrategia política, como está haciendo la dirección parlamentaria del PP contra el criterio de algunos de sus más lúcidos dirigentes, a partir de datos meramente indiciarios que, por otro lado, la mayoría de la comisión no está dispuesta a investigar. Si lo hiciera, además, sería aún peor para los intereses del PP, porque cualquier conclusión de imprevisión o falta de atención a amenazas terroristas recaería sobre quienes ostentaban la responsabilidad de gobierno en las vísperas de la matanza.

En estas condiciones, la comisión que debía haber alumbrado alguna luz se ha convertido, como era previsible dada su composición, en un calvario retroactivo para el partido que ya sufrió las consecuencias políticas del atentado. La comparecencia del ex presidente Aznar resulta del todo necesaria por su propia condición de máximo responsable del Gobierno en aquellas horas dramáticas, pero debería ser el último trago de amargura que beba una fuerza política que ya ha pagado de sobra sus errores, cualesquiera que hayan sido. El empeño en continuar aventando sospechas sólo tiene sentido si alguien dispone de la posibilidad real de aclararlas. Si no, habrá que esperar a que los jueces o la policía resuelvan -supuesto poco probable, por desgracia- lo que el Parlamento ha rehusado desde el principio investigar como era su obligación.

Somos muchos los españoles que, empezando por las propias víctimas supervivientes, albergamos serias dudas de que la versión que conocemos sea la única real. Los datos no cuadran o resultan demasiado simples, pero los indicios tampoco aportan más que vagas suspicacias sobre las que cada uno puede montar su propia teoría. Tampoco conviene despreciar la posibilidad de que en el 11-M convergieran algunas siniestras casualidades finalmente explotadas por quienes quizá tuvieron información más exacta y veloz que el propio Gobierno. Pero establecer una estrategia política sobre conjeturas sólo conduce al bloqueo de una situación que no va a cambiar la sólida división de la opinión pública. Quizá sea ya la hora de los jueces, en vista de que los políticos han vuelto a manifestarse incapaces de modificar sus sectarismos y trascender con grandeza la miope adscripción a sus prejuicios más cainitas.     director@abc.es

En defensa del valenciano
César Vidal LR 19 Septiembre 2004

No descubro nada si confieso que amo entrañablemente Valencia. Cuando era niño pasé varios veranos en la cercanía de su mar y aprendí a entender su lengua y a recrearme en sus sonidos diferentes del castellano y el francés que yo hablaba, pero no por ello menos musicales. Con el tiempo conocería las aguas que bañaban sus costas mirándolas desde Cataluña y desde Portugal, desde Grecia y desde Andalucía. Sin embargo, en aquellos primeros años, para mí el Mare Nostrum fue, esencial y medularmente, un mar valenciano. Quizá porque siempre he tenido claro que Valencia también poseía un hecho diferencial tan acentuado o más que el de otras regiones españolas, pero no por ello se empeñaba en enfrentarse con sus hermanas de las islas o de la Península, determinados episodios me duelen de una manera especial. De entre ellos el que más congoja me causa es el del comportamiento injusto, desconsiderado, chulesco que descarga sobre Valencia y su lengua el nacionalismo catalán.

En los últimos días, las muestras no han sido, lamentablemente, escasas. Después de la afrenta insolidaria e injustificable de intentar privar a esa tierra, como a la cercana de Murcia, del agua del Ebro, los nacionalistas catalanes han vuelto a la carga arremetiendo contra la existencia del valenciano como lengua diferenciada.
No pasaría nada ciertamente si el valenciano fuera un simple dialecto del catalán. Sucede simplemente que no es verdad y que además tras esa afirmación no se halla una mera cuestión de discusión científica sino un verdadero programa de absorción de Valencia –el reino de Valenci – en unos inexistentes «Paisos catalans» capitaneados por una Cataluña que nunca fue reino.

De entrada hay que comenzar diciendo que el valenciano nunca fue catalán. Cuando las huestes aragonesas de Jaime el Conquistador recuperaron Valencia de manos de los invasores islámicos –una labor en que les había precedido efímeramente el Cid castellano– encontraron a una población que hablaba en una lengua romance que podían entender sin mucha dificultad, pero que no era, ni mucho menos, el catalán. El «Llibre del Repartiment» –estudiado entre otros por Huici, Cabanes y Ubieto– deja claramente de manifiesto que la lengua valenciana no llegó con las tropas del rey conquistador, primero, porque en su mayoría esas fuerzas procedían de Aragón y no de Cataluña, y, segundo, porque los pocos catalanes que vinieron no se asentaron en las áreas valenciano parlantes.

No resulta extraño que el gallardo monarca hiciera referencia a la «llengua valenciana» de aquellos valencianos y que nunca pretendiera identificarla con el catalán. El valenciano había alcanzado una verdadera edad áurea a finales de la Edad Media precediendo en ese esplendor a las propias ciudades italianas donde resplandecería el Renacimiento.

Por supuesto, tan claro resultaba a la sazón que valenciano y catalán eran distintos que el valenciano de Gandía –de nuevo se me llena de recuerdos gratos el corazón– Joanot Martorell señala en su obra maestra «Tirant lo Blanch» que escribe en «valenciano vulgar» pero no en catalán. Martorell –que causó la admiración del alcalaíno Cervantes hasta el punto de que su novela es uno de los pocos libros que se salvó de ser expurgado de la biblioteca de don Quijote– ha sido objeto de la codicia del nacionalismo catalán desde hace tiempo y por ello no extraña que en alguna edición de su libro publicada en Cataluña se haya suprimido sin el menor reparo su referencia a la lengua valenciana. Es sólo un botón de muestra del delirio al que se puede llegar empeñados en convertir un reino en sucursal de Cataluña que nunca alcanzó esa categoría.

Algún día se sabrá el dinero que el nacionalismo catalán ha gastado en intentar subyugar a la lengua valenciana como también lo intenta con la balear o con los dialectos aragoneses de la denominada Franja.
No pasa de ser un intento de sumisión propio del más rancio imperialismo. Precisamente por eso, hoy, cuando el partido socialista –hipotecado al nacionalismo catalán– ha llegado hasta el punto de negarse a defender la lengua valenciana en el Parlamento autonómico de esta comunidad, tengo la sensación de que, más que nunca, el valenciano debe ser defendido. Debe serlo porque es un patrimonio que enriquece y enorgullece a los españoles, sin excluir a los que como yo no lo tenemos como lengua natal.

Debe serlo porque es intolerable que precisamente aquellos que se jactan de no ser españoles, que reniegan de nuestro pasado histórico y que no pierden ocasión de atacar a la patria común encima pretendan reducir el legado de una hermosa lengua peninsular a un mísero y menor capítulo de la suya.        César Vidal es historiador

Un grave precedente
César Lumbreras LR 19 Septiembre 2004

La noticia ha pasado muy desapercibida, pero es de mucho calado y tendrá una gran trascendencia. El Gobierno de PZ ha decidido que las comunidades autónomas puedan participar en las negociaciones que se desarrollan en Bruselas. La ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación aprovechó la última reunión de la Conferencia Sectorial, celebrada el pasado lunes en Barcelona, en el marco del alicaído Foro de las Culturas, para anunciar a los consejeros que los representantes de las comunidades autónomas participarán en las negociaciones que se realicen en Bruselas, cuando se trate de sectores que tengan una implantación importante en su territorio. Se satisface así, por lo menos en parte, una vieja reivindicación de algunos gobiernos autónomos, como los del País Vasco, Cataluña o Andalucía, que habían pedido o tener representación propia en las negociaciones comunitarias o, cuando menos, acudir a Bruselas formando parte de la delegación del Gobierno Central. Ahora ya han conseguido esto último.

Según dijo Elena Espinosa, Castilla y León será la primera comunidad autónoma a la que se ha cursado invitación para participar en los debates de la reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) del Azúcar y Remolacha, un sector clave para su economía. También dijo que, probablemente, la segunda sería Cataluña, aunque todo dependerá de cómo funcione el «proyecto piloto» de Castilla y León. Los ministerios de Agricultura y Administraciones Públicas están trabajando ya en la normativa que regulará esta participación de las comunidades en las negociaciones con la Unión Europea.

Hasta ahí la noticia tal cual. Ahora vienen los análisis y las interpretaciones. En primer lugar, se abre un melón y nadie sabe cómo puede acabar este proceso. En segundo lugar, se plantea el problema de qué es lo que va a suceder cuando se debata un asunto que afecte a varias comunidades autónomas, que tengan intereses contrapuestos, ¿quién irá y a quién se hará caso? En el sector agrario hay muchos ejemplos de este tipo. Pero ahora mismo está en el primer plano de la actualidad otro industrial, como es el de los astilleros. En tercer lugar, hay que preguntarse si estamos ante un nuevo paso en el desmantelamiento del Estado. En cuarto lugar, también hay que plantearse si es casualidad que el proyecto piloto pase por Castilla y León, una región gobernada por el PP: ¿estamos ante un acto de generosidad del Gobierno Central o, por el contrario, ante una operación política de mucho más calado que quiere poner al PP, partido que cuando gobernaba se opuso a la presencia de las comunidades autónomas en Bruselas, contra las cuerdas? En este contexto, ¿debe acudir la delegación de Castilla y León a la capital comunitaria? Son tan sólo algunos apuntes para la reflexión en este nuevo frente político.

Lecciones de Irlanda
ROGELIO ALONSO/PROFESOR DE CIENCIA POLÍTICA DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
El Correo 19 Septiembre 2004

La campaña de atentados llevada a cabo por ETA este verano ha coincidido con el décimo aniversario del histórico alto el fuego decretado por el IRA a finales de agosto de 1994. Mientras el grupo norirlandés, el más mortífero de Europa desde finales de los años sesenta, conmemoraba tan señalada fecha, ETA persistía con su violencia manteniéndose como la única organización terrorista etnonacionalista que todavía sigue activa en nuestro continente. El contraste sugiere importantes reflexiones al inicio de este relevante curso político para Euskadi. En primer lugar debe destacarse que el ejemplo del IRA constituye un significativo precedente del que es posible extraer muy útiles lecciones para la conclusión del terrorismo en nuestro país. El motivo radica en que la experiencia norirlandesa nos demuestra cómo una organización terrorista que ha intentado imponer sus objetivos nacionalistas a través de la violencia ha abandonado finalmente el elemento fundamental de su estrategia a pesar de no haber conseguido sus aspiraciones. Ello constata que la erradicación del terrorismo es posible sin que ésta requiera concesiones políticas de magnitud hacia los perpetradores de la violencia, al contrario de lo que bastantes políticos defienden para el ámbito vasco. Así lo corrobora además la actual situación en la que se encuentra Irlanda del Norte diez años después de que el IRA anunciara el «cese completo de las actividades militares». No sólo siguen los republicanos sin conseguir su reivindicación del derecho a la autodeterminación con la que justificaron cientos de muertes, sino que además en torno a doce mil soldados británicos continúan estacionados en una región todavía bajo plena soberanía del Reino Unido y que en estos instantes, después de la suspensión de las instituciones autonómicas en 2002, carece de la mínima autonomía confeccionada tras la firma del Acuerdo de Viernes Santo en 1998.

Los contenidos de dicho documento, aceptado por el IRA y el Sinn Fein, en absoluto complacían al denominado movimiento republicano irlandés, cuyos dirigentes reconocieron la necesidad de aceptar numerosas y muy dolorosas 'píldoras amargas'. Curiosamente este realismo del IRA y el Sinn Fein no se aprecia en el discurso público de amplios sectores del nacionalismo vasco que con escaso rigor han instrumentalizado y tergiversado el proceso de paz en Irlanda del Norte. Las palabras de un comentarista republicano constituyen una apropiada respuesta a las constantes falsedades repetidas por representantes del nacionalismo vasco que han identificado erróneamente el supuesto reconocimiento a la autodeterminación como la causa del alto el fuego del IRA. En opinión de Daltún Ó Ceallaigh, «en realidad presentar como un reconocimiento de la autodeterminación del pueblo de Irlanda el referéndum del 22 de mayo de 1998 es un ejercicio de engaño público muy en la línea de la estrategia de Joseph Goebbels que sostenía que si repites una mentira bien grande un montón de veces, sobre todo a través de los medios de comunicación, al final acabará por ser aceptada por puro agotamiento». ETA expresaba en su 'Zutabe' de junio de 2001 una opinión muy similar al admitir que «al pueblo irlandés en su totalidad se le niega el derecho de autodeterminación y por otro lado el gobierno de los 26 condados [de la República de Irlanda] deberá cambiar su constitución, renunciando a 6 condados [los de Irlanda del Norte], hasta que sus ciudadanos decidan otra cosa. Los irlandeses deberán aceptar la división de su pueblo». El revelador diagnóstico al que llegaba el grupo terrorista vasco contradecía el planteamiento que Arnaldo Otegi exponía en una entrevista publicada el 31 de octubre de 1998 en un diario irlandés: «Irlanda fue un espejo para nosotros y también el movimiento republicano. La negociación siempre se veía aquí en el País Vasco como algo sospechoso. Pero el Sinn Fein y el movimiento republicano nos demostraron que la negociación no tenía que desembocar en una traición política. Si pudo pasar en Irlanda, ¿por qué no en el País Vasco?». El análisis de ETA reproducido en las líneas precedentes sirve de respuesta a un dirigente abertzale incapaz de establecer el lógico paralelismo que emerge al comparar ambos contextos: en Irlanda la paz sólo comenzó a abrirse camino cuando el IRA manifestó su voluntad de dar por terminada su campaña terrorista a pesar de no haber logrado sus ambiciones.

Esta lección también es válida para el nacionalismo representado por Ibarretxe, cuyo plan se fundamenta en un principio que de haberse llevado a la práctica en Irlanda del Norte difícilmente habría desembocado en un proceso de paz entre las polarizadas comunidades norirlandesas. Y es que la insistencia del nacionalismo en rechazar la derrota política de los terroristas buscando en cambio el reconocimiento de importantes aspiraciones nacionalistas sugiriendo que ello incentivará a la banda para detener sus actividades, constituye un peligroso error que retarda la ansiada desaparición de ETA. La estrategia del lehendakari, supeditada por completo a lo que los terroristas decidan hacer a pesar de su insistencia en manifestar que ETA jamás le condicionará, permite por ello a la organización terrorista argumentar una cierta eficacia a pesar de su estado de debilidad. Es ésta una evidente contradicción del nacionalismo cuya acción política no resulta nada consecuente con la conclusión a la que llegaba Iñaki Anasagasti cuando en junio de 2000 escribía en 'Deia' que «ETA es una fiera que sólo se calmará si te dejas comer por ella, no porque la acaricies». Ese es el motivo por el que la paz exige la derrota del terrorismo, derrota que sólo puede producirse constatando la ineficacia de la amenaza terrorista y no mediante recompensas a la misma. Es éste un efecto que en absoluto se genera alimentando las expectativas de éxito de ETA, como ocurre cuando los representantes del nacionalismo democrático en Euskadi articulan una política de confrontación y deslegitimación del Estado exigiendo un «acuerdo amable entre España y Euskadi» como requisito imprescindible para la paz.

La incoherente actitud del nacionalismo emerge de forma diáfana cuando por un lado niega el carácter racional de la violencia etarra al tiempo que se lo reconoce por otro, tal y como expone el comportamiento de un Ibarretxe completamente condicionado por ETA pese a repetir con terquedad que ésta no le condicionará. El 25 de julio de 2003 Joseba Azkarraga hablaba en EL CORREO de «la irracional actuación» de ETA. El pasado mes de agosto el lehendakari afirmaba que «ETA es ciega y sorda ante las exigencias de la sociedad». El 4 de junio de 2003 una articulista en Deia tildaba el terrorismo etarra de «violencia absurda». Los editoriales de este diario del 22 y 29 de agosto de 2004 volvían a definir la campaña de ETA como «absurda e irracional». Sin embargo, y en contra de lo que se derivaría de semejantes valoraciones, la propuesta de solución que el nacionalismo plantea se empeña en vincular el problema de la violencia con un grave conflicto político, desembocando todo ello en la exigencia de dar satisfacción a ciertas aspiraciones nacionalistas para acabar con el terrorismo. Si el nacionalismo interpreta la violencia de ETA casi como algo causal, motivada por impulsos 'absurdos e irracionales', ¿por qué habría de ser entonces la propuesta de Ibarretxe un plan de paz, tal y como él mismo la define? En tan contradictorio posicionamiento el plan Ibarretxe le confiere racionalidad a la violencia etarra al ignorar que el conflicto principal en Euskadi no surge de su relación con España, sino que éste es fundamentalmente de carácter interno, pues una significativa parte de la sociedad vasca es incapaz de decidir su futuro libremente como consecuencia de la intimidación de ETA. El miedo de esos ciudadanos no es algo absurdo o irracional, sino un sentimiento muy real que condiciona sus comportamientos y que les lleva a resistirse a aceptar el chantaje que supone el requisito de la materialización de determinadas ambiciones nacionalistas con el pretexto infundado de que de ese modo cesará la coacción terrorista. ¿Acaso no se sustenta esta lógica política en una pervesa coacción?

Los diez años transcurridos desde el alto el fuego del IRA nos demuestran lo contraproducente que para la paz es asumir dicha estrategia. La experiencia norirlandesa nos enseña que este grupo optó por la vía política ante la constatación de que su violencia resultaba ineficaz, conclusión que difícilmente habría alcanzado si el nacionalismo norirlandés hubiese insistido en plantear a la comunidad unionista importantes exigencias nacionalistas que hubiesen permitido a la organización terrorista interpretar como eficaz su violencia. Asimismo en Irlanda el cese de la violencia se produjo en un momento de gran debilidad del IRA, debilitamiento todavía aún mayor en el caso de ETA. En esas circunstancias el paralelismo nos enseña que la derrota del terrorismo requiere una respuesta de firmeza por parte de quienes representan mayoritariamente a la comunidad nacionalista en lugar de alumbrar las esperanzas de éxito de quienes niegan la paz con el terror.

La Policía gala detiene a dos etarras, uno de ellos de los más buscados en la UE
J. M. Z. LR 19 Septiembre 2004

Madrid- Agentes de la Gendarmería francesa detuvieron ayer en un control de carretera instalado en Montauban a dos presuntos miembros de la banda terrorista ETA, según informaron a este periódico fuentes antiterroristas. Uno de ellos, Zigor Orbe Sevillano, fue incluido el 28 de diciembre de 2001 en la lista de los más buscados de la UE.

Los hechos se produjeron poco después de las doce del mediodía, cuando los pistoleros se saltaron un control ordinario y, tras una persecución de unos 5 kilómetros en la que tuvieron tiempo de quemar una agenda con nombres y direcciones, se detuvieron y se entregaron. A pesar de que iban armados, salieron con las manos en alto y se identificaron como miembros de ETA. Las citadas fuentes estudian la posibilidad de que los detenidos pertenecieran a los «taldes» de reserva y estuviesen haciendo prácticas para robar coches, ya que en su propio vehículo llevaban los útiles necesarios así como documentación falsa.

Orbe Sevillano permanece huido desde el año 2000, en el que fue condenado por quemar un autobús con su conductor dentro. Su compañero, Zumbeltz Larrea Aizpiri, también está acusado de participar en actividades de violencia callejera y facilitar información sobre concejales antes de esconderse en Francia.

Por otra parte, la esposa del preso etarra Juan Ángel Otxoantesana, Beatriz Fernández, fue detenida ayer cuando le visitó en la cárcel de Fresnes (Francia) porque intentó introducir productos estupefacientes en el locutorio, según indicaron ayer a Efe fuentes oficiales. Los productos fueron descubiertos durante el registro de la ropa que traía la esposa del terrorista, según agregaron las citadas fuentes. No pudieron precisar la cantidad de productos descubierta, ni si los análisis de laboratorio han determinado su naturaleza.

Detenidos dos etarras en Francia, uno de ellos incluido en la lista de la UE y llegado de Venezuela
ABC 19 Septiembre 2004

MADRID. Agentes de la Gendarmería francesa detuvieron ayer en la localidad de Montauban, cerca de Toulouse, a los etarras Zigor Orbe Sevillano y Zumbeltz Larrea Aizpiri, cuando, armados con sendas pistolas, viajaban a bordo de un vehículo robado.

Ambos, naturales de Vizcaya, tienen numerosos antecedentes por actos de «kale borroka» que cometieron antes de huir a Francia para ingresar en ETA. Zigor Orbe Sevillano, que perteneció a la organización juvenil Jarrai, figura en la lista de terroristas elaborada por la Unión Europea. Se había reincorporado a la banda tras permanecer un tiempo en la «retaguardia» de Venezuela. Larrea tiene un familiar que perteneció al «comando Aranba».

Las detenciones se produjeron poco después de las doce del mediodía, cuando los dos etarras viajaban a bordo de un vehículo que había sido robado el pasado mes de junio en las cercanías de París, y al que habían colocado matrículas falsas. En un punto de la carretera la Gendarmería había establecido un puesto de control de velocidad con un radar. El coche ocupado por los miembros de ETA, lejos de detenerse, rebasó el control a gran velocidad. Una patrulla de los agentes inició entonces su persecución que se prolongó a lo largo de un trayecto de unos cinco kilómetros.

Finalmente, los gendarmes interceptaron a los dos terroristas, que detuvieron el vehículo en el arcén, arrojaron las pistolas al suelo y salieron con las manos en alto identificándose como miembros de ETA. Antes, sin embargo, intentaron quemar, sin conseguirlo, una agenda con direcciones, números de teléfonos y citas, que podría aportar nuevas pistas a la Policía. La operación sigue abierta y no se descarta que en las próximas horas se practiquen nuevas detenciones y se localice el piso que utilizaban. La Policía encontró en el maletero las placas originales, así como material para la sustración de vehículos. Los dos etarras podrían pertenecer al «aparato logístico». El Ministro del Interior, José Antonio Alonso, se mostró convencido de que el nivel de colaboración «seguirá dando frutos hasta el final definitivo de ETA».

Convertir el gallego en idioma oficial de la UE costaría 30 millones al año
El intento del Gobierno de reconocer en Bruselas las lenguas españolas se topa con serias dificultades
Cada lengua precisa de 40 intérpretes que traducen las 420 combinaciones posibles.
Variar el actual equilibrio lingüístico requiere el sí unánime de los 25
Domingos Sampedro | bruselas | corresponsal) La Voz 19 Septiembre 2004

Un batallón formado por 1.360 lingüistas, 950 intérpretes y 600 auxiliares han convertido la Unión Europea (UE) en el mayor servicio de traducción del mundo, y a la ciudad de Bruselas en una moderna torre de Babel erigida con veinte idiomas oficiales, que van del inglés y el francés a otros más exóticos como el magiar, el maltés o el suomi. En medio de esta barahúnda, el Gobierno español está negociando en los últimos días un estatus más alto para lenguas como el catalán y el gallego, pero hay grandes obstáculos que convierten esta tarea en algo casi imposible.

El propio ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, que ha recibido del presidente José Luis Rodríguez Zapatero el encargo de tramitar ante la Unión Europea el reconocimiento de todas las lenguas cooficiales del Estado, admitía esta semana que modificar el estatus lingüístico comunitario «va a ser una difícil batalla». Y no le falta razón.

Trabas políticas
La primera traba es de tipo político y se deriva de la forma en cómo se construye la Unión, que es convirtiendo en oficial un gran idioma por país. En el caso de España, donde había cuatro elegibles -español, gallego, catalán y vasco -se optó por el aglutinador castellano, lo mismo que Roma se inclinó por el italiano, olvidando el friulano o el sardo, mientras Francia apostaba por el francés cuando en el país vecino se hablan hasta seis lenguas regionales.

Otros Estados de dimensión geográfica más limitada, como Luxemburgo o Irlanda, incluso renunciaron a darle un estatus elevado a sus idiomas vernáculos, debido a que su población se expresa perfectamente en lenguas como el francés o el alemán, en el primer caso, y en inglés, en el segundo.

Pero todavía hay otro tipo de obstáculos para el reconocimiento de una lengua, como el gasto, que se ha disparado a los 1.000 millones de euros al año con motivo de la ampliación a Veinticinco. La Comisión Europea estima que, actualmente, la incorporación de un idioma oficial nuevo necesita de 30 millones de euros adicionales para pagar a 40 intérpretes diarios que, a su vez, se encargan de hacer las 420 combinaciones posibles de traducción que tienen las lenguas de trabajo tras la ampliación del pasado 1 de mayo.

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