AGLI

Recortes de Prensa     Viernes 22 Octubre 2004
Referéndum para Ibarretxe, dinero para Batasuna
Guillermo Dupuy Libertad Digital 22 Octubre 2004

Los que ayudan a Osama
Gabriel ALBIAC La Razón 22 Octubre 2004

EL «IMPUESTO REVOLUCIONARIO»
Jaime CAMPMANY ABC 22 Octubre 2004

La cocina nacionalista
Iñaki EZKERRA La Razón 22 Octubre 2004

Los palmeros del PSOE
Agapito Maestre Libertad Digital 22 Octubre 2004

La última decisión de Vera
EDITORIAL Libertad Digital 22 Octubre 2004

Don Tancredo busca el burladero
Lorenzo Contreras Estrella Digital 22 Octubre 2004

El asunto exterior
JOSÉ Mª DE AREILZA CARVAJAL El Correo 22 Octubre 2004

Lamari envió dinero al islamista que se relacionaba con presos de ETA en la cárcel de Villabona
Agencias Libertad Digital  22 Octubre 2004

El PP catalán apoya la propuesta sobre el distintivo autonómico en las matrículas
MARÍA JESÚS CAÑIZARES ABC 22 Octubre 2004

El PP de las mil una caras
Nota del Editor  22 Octubre 2004

El CGPJ acusa a ZP de ocultarle el cambio en los referéndum y se opone al «favor» hacia Ibarreche
L. R. N. / C. M. La Razón 22 Octubre 2004

«Nunca entendí a los gobiernos blanditos con el terrorismo»
SILVIA CASTILLO ABC 22 Octubre 2004

 

Referéndum para Ibarretxe, dinero para Batasuna
Guillermo Dupuy Libertad Digital 22 Octubre 2004

¿Va a derogar ZP todos los delitos penados con cárcel que han de cometerse para la consumación del "plan Ibarretxe" con tal de garantizar la impunidad del lehendakari, haga éste lo que haga? Al margen de la cuestión de los referendos ilegales, hace muy bien nuestro diario al recordar y subrayar que la reforma del Código Penal aprobada por el PP —y que ahora quiere echar abajo Zapatero, incitado por independentistas vascos y catalanes— también castigaba con penas de cárcel a "la autoridad o funcionario público que allegara fondos o bienes de naturaleza pública, subvenciones o ayudas públicas de cualquier clase a asociaciones ilegales o partidos políticos disueltos o suspendidos por resolución judicial por llevar a cabo conductas relacionadas con los delitos de terrorismo”.

Esta cuestión añade, sin duda, un plus de gravedad a lo que Zapatero, por contentar al más que nunca “Rovireche”, se dispone a derogar. El Estado de Derecho va a perder o a erosionar una herramienta clara para impedir, no que algunos cocineros vascos con su dinero, sino las autoridades con dinero público, puedan seguir subvencionando a ETA a través de su ilegalizada representación política.

Sin embargo, déjenme que insista en la gravedad del anuncio de este presidente de Gobierno respecto al Plan de Ibarretxe. En primer lugar, la consumación de este plan —incluido el paso de la convocatoria ilegal de un referéndum— ya conllevaba la comisión de delitos tipificados con penas de cárcel mucho antes de que el PP aprobara la reforma, antes incluso de que llegara al Gobierno. Así, por ejemplo, el artículo 508 ya señalaba que la autoridad o funcionario que “impidiere ejecutar una resolución dictada por la autoridad judicial competente, será castigado con las penas de prisión de seis meses a un año, multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años”. ¿También va Zapatero a derogar ahora este artículo, anterior a la reforma del PP, con tal de garantizar para el futuro la impunidad de Ibarretxe, haga éste lo que haga?

A no ser que consideremos su plan soberanista perfectamente constitucional, es evidente que su promotor no podría seguir en su senda independentista si no hace caso omiso a las resoluciones dictadas en su contra por “la autoridad judicial competente”, y en tal caso perpetraría una ilegalidad que seguiría en el futuro siendo tipificada como delito que le acarrearía pena de cárcel.

Incluso en la cuestión de la convocatoria ilegal de referéndum, el articulo 506, de la sección “De la Usurpación de atribuciones” del anterior Código Penal (el artículo que se añadió en la reforma fue el 506 bis), ya penalizaba a “la autoridad o funcionario público que, careciendo de atribuciones para ello, dictare una disposición general o suspendiera su ejecución” con penas de uno a tres años de prision, más multas y penas de inhabilitación para cargo público.

Tanto los Estatutos de Autonomía como la Constitución dejan perfectamente claro que las convocatorias de referéndum deben tener autorización no sólo de los parlamentos autonómicos, sino también de las Cortes Generales. Por lo que se puede pensar, en principio, que el articulo 506 seguirá siendo aplicable en este sentido, aunque Zapatero derogase el 506 bis introducido en la reforma.

Prueba de ello es que algunos medios que se opusieron a la reforma argumentaban, parcialmente con razón, que era “innecesaria”, puesto que Ibarretxe ya se jugaba una pena de carcel con el anterior Código Penal en el caso de que convocara el referéndum.

El PP, sin embargo, hizo bien despejando cualquier duda con la inclusión del 506 bis, que ya no se refiere a vagas “disposiciones generales”, sino a esos referendos a los cuales la Constitución y los Estatutos de Autonomía ya exigían, para que fueran legales, contar con la autorización de las Cortes Generales. Pero es que además el PP, lejos de meter en la cárcel a nadie, lo que trataba era de disuadir con esta posición de firmeza el que se prosiguiera en una senda a todas luces incompatible desde 1978 con nuestro Estado de Derecho y nuestra soberanía nacional. Más que venir a llenar un vacío penal, se trataba de enviar señales políticas que disuadieran a Ibarretxe o a cualquier autoridad de incurrir en delitos merecedores de prisión desde mucho antes de la llegada del PP al Gobierno. Que el cambio legislativo pueda ser utilizado políticamente como aviso a navegantes con nombres y apellidos no supone que tenga que ser rechazado alegando que se trata de una inaceptable legislación “ad hominem”. Este disparate que tanto se oyó entonces esperemos que no merecezca en el futuro un articulo aparte.

Ahora sólo cabe, finalmente, añadir que lo grave de la derogación de la reforma no es tanto la impunidad como la impresión de impunidad que Zapatero parece garantizar a los independentistas vascos, que ahora justificadamente retomarán nuevos bríos en su pulso contra el Estado de Derecho y nuestra convivencia constitucional.

Los que ayudan a Osama
Gabriel ALBIAC La Razón 22 Octubre 2004

La cabecera de la web condensa los iconos fundantes: «Gloria y Pureza para el Islam», sobre retrato del santón Bin Laden, la testuz arropada en impoluto turbante blanco. A su izquierda, escalonadas, las cuatro consignas básicas: «Yihad y fusil». «No a la negociación». «Nada de conferencias». «Nada de diálogo». El editorial llama a aniquilar a los «herejes chiítas», cómplices de los infieles americanos, y reos, pues, de lo que la sharía dicta para el apóstata: la muerte. Viene luego el llamamiento a los buenos musulmanes para hacer, durante el santo Ramadán, extraordinarias matanzas de incrédulos. «Tomad el camino del sacrificio y la Yihad, y seréis preservados por el cuidado de Alá y por sus atenciones, pues Alá descenderá sobre vosotros, para ser socorro vuestro». Lo ornamenta, todo un lindo cromo en colorines, apelmazado de signos salvíficos: el bendito millonario saudí, los kalashnikov cruzados, el mullah ciego constructor de niños bomba… En la columna izquierda, la oferta completa de la web: vídeos de decapitaciones; audios de Laden, Al Zawahiri, y compañía; Corán on line; lecciones de Yihad y martirio; fotos gore de infieles trinchados… Preside el hit-parade, un llamamiento a pulverizar la corrupta democracia: «Ejecutad la misión de Osama».

La web, en francés y árabe, no la aloja un servidor pakistaní; ni hoza bajo el tibio manto de degenerados petroemires; ni es huésped de la obscena monarquía saudita. La web se aloja en un muy legal servidor de Lausana, Suiza. Alá es grande; y a los estúpidos infieles europeos corresponde dar cobijo a quienes planifican su degüello.
Mohamed Achraf, que desde Suiza preparaba la voladura de la Audiencia Nacional de Madrid, entendió muy bien eso: «A los infieles hay que colgarlos con su propio dinero». Con su propio dinero, con su propia tecnología; también con sus propias armas, aquellas en las que Arafat y compañía truecan las ayudas de la UE. Con nuestras propias cárceles, también. Estas que a la señora Gallizo le parecía estupendo ver transformadas en campamento militar para islamistas. Hace ya demasiado que esas cárceles están fuera del control del Estado. Hace meses que sus bibliotecas se trocaron en mezquitas, que los almuédanos atruenan, que los descreídos son linchados por la «policía islamica» de patio. Fue denunciado por los funcionarios. Gallizo sólo vio racismo en la denuncia. Los funcionarios fueron sancionados; a los yihadistas se les prometió trato carcelario preferente y legalización automática.

La trama para volar la Audiencia ha sido desmontada. De haber llegado a ejecutarse, ninguna responsabilidad penal hubiera tenido en la matanza la señora Gallizo. Ninguna, las autoridades de Lausana. Tan, tan, tan humanitarias. Una y otras.

EL «IMPUESTO REVOLUCIONARIO»
Por Jaime CAMPMANY ABC 22 Octubre 2004

O para ser más exactos, la subvención a ETA. Eso que los etarras llaman «impuesto revolucionario» es en realidad el patrocinio que se ofrece a una banda criminal para que asesine, secuestre y extorsione a otros. Supone empujar la gran bola de la muerte para que cada vez se haga más grande y mate más y mejor.

Se dice mucho ahora, con motivo del presunto «impuesto» que pagan algunos ilustres cocineros, que para dejar de pagar esas macabras subvenciones hay que ser un héroe. ¡Anda, coño, y para escribir llamando asesinos a los etarras, y para salir a la calle para protestar de sus fechorías, y para representar en el País Vasco a un partido político no nacionalista, y para oponerse en cualquier concejo municipal a las propuestas de los batasunos, y para ser una persona decente, trabajadora y legal en cualquier pueblo de Vasconia, ya no hablemos de ser españolista.

Demos la vuelta a esa oración del que paga porque a nadie se puede exigir que sea un héroe, y digamos que quien paga sin estar de acuerdo en subvencionar el crimen es un cobarde. Es un cobarde, pero está vivo, dirán los cobardes que pagan. Sí, claro, está vivo porque otros han muerto con el dinero que él ha dado. Las leyes hay que cumplirlas, y si para cumplir las leyes se necesita ser «héroe», pues se hace la heroicidad y sea lo que Dios quiera. Si todos pensaran así, el «impuesto revolucionario» no habría prosperado en el País Vasco. Ni habrían muerto mil personas inocentes, ni en los zulos que ahora han sido descubiertos habría aparecido ese carísimo arsenal de armas de destrucción bélica, armas de guerra.

Creo que este asunto del «impuesto etarra» es algo que el Estado ha descuidado desde los inicios criminales de la banda vasca y asesina. Ha sido tratado con desentendimiento desde el Estado y con indiferencia y aún con naturalidad y disculpas desde los gobiernos nacionalistas. Este mal viene de muy lejos. Gobernaba la UCD cuando se descubrió que el Casino de San Sebastián pagaba una subvención a ETA. Pedí en aquella ocasión que se cerrara inmediatamente el Casino, y que se hiciera lo mismo con las empresas, grandes, chicas o medianas, que se doblegaban ante la extorsión de los asesinos. Para combatir una situación así, de chantaje a toda una sociedad, al Estado sólo le queda una solución: cerrar la fuente de financiación. O sea, cegar el grifo que alimenta a los asesinos.

No se hizo nada, y los empresarios y los destacados profesionales vascos se encontraron durante años, se encuentran todavía, desamparados y desprotegidos por el Estado ante las exigencias de los que piden dinero para comprar bombas, metralletas, pistolas y hasta misiles, instrumentos de muerte. Más que «impuesto revolucionario» habría que llamar a eso «impuesto de guerra». No sé si los famosos cocineros que andan ahora por los despachos de la Audiencia Nacional (los Arguiñano, Arzak y compañía) han pagado a la banda etarra. Lo que sí sé es que los que pagan a ETA, no sólo son cobardes, sino cómplices de sus asesinatos. Y el gobierno que no impide el chantaje, es cómplice, encubridor y aliado de la banda. Así de sencillo y así de claro.

La cocina nacionalista
Iñaki EZKERRA La Razón 22 Octubre 2004

Hay un delito por el que sí deben ser juzgados los cuatro cocineros vascos a los que se ha relacionado con los impuestos de ETA y es el de «narcisismo». Por las declaraciones que han hecho estos días a los medios de comunicación parece evidente que no acaban de entender que su caso excede lo que tiene de personal porque afecta a toda la sociedad y a las normas que ésta se ha dado para su supervivencia. Es evidente que no han entendido que, en este asunto del chantaje terrorista, ellos no son más que la negrita, la anécdota, la crónica social, es decir lo menos importante. Personalmente, no es que yo no tenga la menor intención de lincharlos sino que me importa un bledo saber si son o no culpables. Lo que me importa es que su caso sirva, como pretenden ellos y sus defensores, para relativizar las reglas y los valores de nuestro sistema de convivencia. Grave sería que hubieran pagado a ETA, pero mucho más grave es lo que están haciendo estos días ellos, los nacionalistas y una legión de tertulianos que se mueven tan alegremente entre la cursilería y la debilidad mental que están incluso dispuestos a suplantar a la verdadera víctima de un atentado de ETA por la «figura moral del cómplice» y a establecer el chantaje como costumbre honorable e incuestionable de nuestra sociedad.

Así por ejemplo se ha repetido mucho el argumento de que «si el Estado no protege al ciudadano éste debe mirar por defender su vida». De tal formulación ético-jurídica podría deducirse que se está pidiendo al Estado que actúe con más intensidad policial sobre los terroristas. Habrá que suponer que lo que se reclama es una mayor presencia del Estado en el País Vasco. Y, sin embargo, no es así. Lo que le sigue a ese razonamiento, contradictoriamente, es una diatriba nacionalista y deslegitimadora del propio Estado, la exigencia de su desistimiento, el «que nos dejen en paz los de Madrid». ¿En qué quedamos? ¿No se estaba reprochando a los jueces y a los policías su inhibición? ¿Es posible lamentar la insuficiencia de la presencia de alguien y a la vez presentar la ausencia total de esa presencia como una utopía deseable? ¿A qué jugamos? Otra contradicción, paralela a ésta, es la de reconocer el miedo del chantajeado para, acto seguido, proponer que ese miedo se instale como criterio político en lugar de procurar su eliminación. Es de esta manera cómo el nacionalismo vasco y sus aliados están intentando estos días aprovecharse del caso de los cocineros para sentar las bases de una nueva teoría del Estado por la cual la extorsión y el crimen se asienten y regularicen en nuestra vida cotidiana como normales. Espero que no se me diga que lincho a nadie ni que quiebro ningún secreto sumarial ni que violo ninguna presunción de inocencia si digo que, si son «gente de bien», esos cocineros son también tontos porque estarían siendo utilizados por el nacionalismo para inventar su «nueva cocina moral y legal», para elevar a dogma y a ley la iniquidad en Euskadi.

Periodistas del régimen
Los palmeros del PSOE
Agapito Maestre Libertad Digital 22 Octubre 2004

Están por todas partes. Los Rectores son los más dóciles. Los intelectuales ya han empezado a trincar. Pegándose siguen por recoger las migajas de los premios y las exposiciones. Y los viajes. Las redacciones de los periódicos y las radios están plagadas de gentes que siguen la consigna: o conmigo o contra mí. O conmigo o tiro en la nuca. El 36 se repite en los decretos y en las columnas de la prensa afecta. A los desafectos ni agua. Se disfrazan de demócratas, pero, seguramente, siguen a pies juntillas las consignas del periódico del régimen. Ocupan casi todos los espacios públicos y jamás osan discutir una medida del Gobierno. Todos como una piña búlgara. Menos aún, se atreven a mirar la realidad. No quieren ver el duro programa que los nacionalistas han impuesto a ZP, que conlleva la desaparición de la política. Matar a la Nación española es el objetivo último de ese programa, que pasa por negar, arrinconar y matar a la oposición, o sea, al PP. Negar la política para después negar la nación es el eje "vertebrador" de la coalición nacional-socialista que desgobierna España.

Sin embargo, la negación de ese catón es la consigna que cumplen, con mejor o peor fortuna, los palmeros del poder en todos los medios de comunicación. Este personal simula, actúa y habla como si estuviéramos en una democracia normal, cuando ellos saben, e incluso lo reconocen en privado, que la demencial actuación del Gobierno socialista sólo puede ser tildada de populista y antisistema. A veces, no obstante, se les va la lengua y acaban negándose su pequeña y bochornosa identidad. Son unos botarates hundidos en sus inmundicias parlantes. No saben que es la dignidad. Afirmar directamente lo inexistente los convierte en seres peligrosos. Peores que los poderosos, o los maniobreros electorales, son casi siempre estos desdichados palmeros.

La hez de la vida pública se esconde en los tópicos: "hay que respetar las ideas", "yo espero mucho de este hombre joven", o el peor de todos y último en aparecer en la casquería intelectual de este personal, "con ZP regresa la política". Ayer sentí asco al oír esta imbecilidad de un infame trincón del nacional-felipismo. Ayer tenía ganas de vomitar sobre el sinvergüenza "escribidor" que cantó las últimas ejecuciones del franquismo. Ayer tenía ganas de insultar a quienes pagan a este infame para que oculte la realidad. Ha regresado la política a la vida española, dijo ayer un tipo por la radio, porque Zapatero anulará la reforma penal que sanciona la convocatoria de referendos de autodeterminación. ¿Sabrá este sujeto qué es la política? No, porque su desagradable oficio es matarla allí donde comienza a nacer. Su infernal verborrea es mala y, además, ocupa un espacio que podría llegar a ser común. Pero, aún es más odiosa esa manera de mentir, porque desconoce que esa medida que tomó el anterior Gobierno pretendía proteger a millones de ciudadanos en el País Vaso que sólo quieren ser españoles. Lo que para María San Gil, una política con coraje e inteligente, "es un paso atrás" para cientos de seres humanos amenazados por el terrorismo y el plan Ibarreche, para este infame es un regreso de la política. ¡Miserable!

La última decisión de Vera
EDITORIAL Libertad Digital 22 Octubre 2004

El pasado martes, el calvario judicial –siempre incompleto– de los mandarines del felipismo dio su último coletazo. El Tribunal Supremo confirmó la pena de siete años de cárcel impuesta por a Audiencia Provincial de Madrid al ex secretario de Estado para la seguridad Rafael Vera. Junto a él su plana mayor; José María Rodríguez Colorado y Julián Sancristóbal, directores de la Policía y de la seguridad del Estado.

Es el tercer proceso de Rafael Vera desde que, hace ya unos cuantos años, la justicia tomase cartas en el asunto y pusiese a la antigua cúpula de Interior frente a sus responsabilidades, que eran muchas, y que todavía no han terminado de pagar. En el caso Lasa y Zabala Vera fue absuelto, no tuvo tanta suerte, sin embargo, el antaño todopoderoso secretario de Estado, en la causa que se siguió a cuento del secuestro de Segundo Marey. Un tribunal le condenó a diez años de cárcel, pena que, curiosamente, el Gobierno presidido por José María Aznar le alivió considerablemente gracias a un generoso indulto en 1998.

La decisión que ha tomado esta misma semana el Tribunal Supremo era la única posible. Después del trasiego de tribunal en tribunal ha terminado por imponerse la lógica y, por ende, la justicia. Ha quedado probado que Vera se apropió de más de 600 millones de las antiguas pesetas. No todas para él ciertamente. Una buena parte del botín lo repartió entre sus conmilitones del ministerio. El secretario de Estado se quedó unos 141 millones aunque, tal y como ha dejado claro el Alto Tribunal, “es posible que ni él mismo, con rigor, pueda precisar la cantidad total sustraída”.

A estas alturas las andanzas de Vera y los suyos por la Secretaria de seguridad forman ya, en la práctica, parte de la historia reciente de España. De una época que no se debe olvidar y que no fue, muy a pesar de lo que se ha repetido en los últimos años, una era de progreso, justicia y crecimiento. La sentencia del Tribunal Supremo es el recordatorio de unas prácticas, las de apropiarse del dinero público por las buenas, que fueron tristemente comunes hace no tanto tiempo. Dos ministros de Interior, un secretario de Estado, gobernadores civiles, el director de la Policía y el de la Guardia Civil. Todos se han visto involucrados en el gatuperio. O condenados, o encausados, o, simplemente, citados a declarar en la miríada de juicios que han jalonado las dos últimas legislaturas. Todo un ejemplo de cuán vergonzosa y aberrante llegó a ser la gobernación de España durante más de una década.

Vera, consumido tras estos años de martirio judicial y otros tantos de desgobierno en el negociado que puso Felipe González a su cargo, tiene aun fuerzas para defenderse. O al menos eso se deduce de la carta que ayer publicó el diario El País. El ex secretario de Estado insiste en su inocencia, asegura que no se “ha apropiado de cantidad alguna de los fondos reservados”, a excepción de la que asignaba a asuntos relacionados con su propia seguridad. Quizá el atribulado Vera considera que las fincas que poseía en Madrid y Albacete eran parte inseparable de su peculiar visión de la seguridad personal. Sin embargo, y contradiciéndose unas líneas más adelante, lanza un aviso, pide a los que manejaron en aquellos años dinero de los fondos “que den la cara”. Si lo utilizaron como él, para su propia seguridad, ¿para qué van a dar la cara?

El desvarío de Rafael Vera, que hizo todo el daño que pudo al Estado durante el tiempo que le tocó servirlo, alcanza niveles casi estratosféricos. Con el sujeto elíptico del GAL acusa de hipocresía por el trato que él y sus compañeros de delito han recibido desde entonces. Sí, eso era guerra sucia, pero lo es mucho más la que los Estados Unidos auxiliados por Aznar han hecho en Irak. Aquello era malo, pero peor es apoyar la matanza de miles de víctimas inocentes o sentir el desgarro de ver como se desentierra “de entre los escombros, a niños muertos o amputados, mujeres y ancianos”. Demencial.

Si como secretario de Estado fue pésimo, ineficiente, manilargo y delincuente, como convicto que pronto ingresará en prisión es lúgubre y penoso. Para no dejar de ser quien es ha dejado una última amenaza. Antes de que se ejecute la sentencia, antes de que sus huesos vuelvan a una más que merecida reclusión mayor, anticipa una enigmática última decisión. ¿Simple farfolla o el último ladrido del más conspicuo y celebrado miembro de la banda de Interior?

Don Tancredo busca el burladero
Lorenzo Contreras Estrella Digital 22 Octubre 2004

Uno de los problemas básicos de Zapatero son sus promesas electorales, tanto si las cumple como si las olvida. Y si las cumple podría ocurrir que, como presumiblemente sucederá en el caso de los astilleros, todo resulte un “bluff” o un falso arreglo. Pero la expectativa peligrosa no reside sólo en los astilleros, sino en otros complicados asuntos, tales como la vivienda, la educación, la reforma constitucional y estatutaria, sin olvidar la cuestión vasca, en la que su propósito se cifra en despenalizar la convocatoria de referéndum sobre el plan Ibarretxe, lo cual significaría que el “lehendakari” quedaría suelto de manos para someter a consulta vasca nada menos que la pretensión de convertir a Euskadi en Estado libre asociado, como Puerto Rico respecto a Estados Unidos.

El origen de estas complicaciones procede de una cómoda posición previa de Zapatero cuando aspiraba a ocupar la Moncloa en las elecciones del 14M. El entonces candidato socialista estaba en situación de prometer ilimitadamente, siempre sobre la base de una íntima certeza: que no ganaría esas elecciones.

Pero las ganó inesperadamente, como inesperado fue que el 11 de marzo, tres días antes de la apertura de las urnas, se produjera el atentado islamista de Madrid y, en consecuencia, cambiara el decorado y, desde luego, el escenario político-electoral en su totalidad.

Ahora bien, la victoria pasa factura. La pasa en lo social, en lo educativo, en el terreno judicial, en el gobierno de las autonomías. Los sindicatos aprietan, la Sanidad reclama financiación, los jueces se dividen, Ibarretxe se crece, Maragall se lanza y todo el conjunto problemático del país, en sus capas más sensibles, reclama su parte en la herencia. El actual presidente del Gobierno prometió demasiado creyendo, según queda dicho, que una honrosa e incluso brillante derrota le eximiría de tener que hacer frente a su palabra. Sería como el caso del lotero de Sevilla que imprimió más participaciones de la cuenta en el número más conocido de su Administración, suponiendo, por cálculo de probabilidades, que el Gordo no le caería. Pero le cayó. Y entonces le llovieron las cuitas. No pudo hacer frente a su compromiso, el fraude se descubrió lógicamente y el hombre dio con su huesos en la cárcel. Esto ocurría hace medio siglo y ya está olvidado. Pero es un buen ejemplo de los riesgos que entraña prometer en el vacío. Por mucho que Tierno Galván dijera que las promesas electorales están para incumplirlas, la verdad es que una victoria, un premio gordo de la lotería político-electoral, es una realidad tan gratificante como vidriosa si, cual es el caso de Zapatero, prometió a lo loco en un alarde de fe.

A Zapatero le vienen aplicando toda clase de adjetivos y apelativos, muchos de ellos relacionados con su apellido de honrado menestral. El que no le adjudican, que uno sepa, al hombre del talante y la sonrisa, es el de Don Tancredo, aquel personaje del toreo bufo que se inmovilizaba frente al toro y éste, ante esa impavidez, no acababa de embestirle. Lo malo para Zapatero es que ahora el toro embiste y le obliga a desplazarse en la dirección de ese falso burladero que son las promesas temerarias. Le puede caer, más pronto o más tarde, la cárcel del descrédito.

El asunto exterior
JOSÉ Mª DE AREILZA CARVAJAL El Correo 22 Octubre 2004

Cada vez más americanos y europeos influyentes consideran que España está optando por la debilidad y la irrelevancia internacional. Puede llevar años arreglar el estropicio producido por una retórica antiamericana desmedida que no representa el sentir de la sociedad española, más occidental en su modo de vida que los impulsos verbales de su Gobierno. De este modo, el serio empeoramiento de la relación bilateral España-EE UU se está convirtiendo en el 'asunto exterior', es decir, en el tema que condiciona el resto de la acción exterior española. Es una obviedad recordarlo, pero los intereses españoles en el Magreb y en Iberoamérica, por ejemplo, son menos defendibles sin una buena interlocución con Washington. Mariano Rajoy ha lanzado un salvavidas al PSOE en el pasado congreso del PP ofreciendo un pacto en política exterior, que incluiría desarrollar una relación normal de aliados con EE UU, independientemente de quién gobierne en España.

Mi sensación es que la actitud del Gobierno socialista tiene mucho que ver con un desconocimiento sorprendente por buena parte de sus miembros de la realidad social, política, militar y económica de EE UU. En España se ha hecho mucho en las últimas décadas para lograr la reconciliación cultural y económica con el mundo anglosajón, y en el fondo con la modernidad, a medida que aceptábamos sin complejos las señas de identidad occidentales -democracia, economía de mercado, derechos fundamentales-. Pero todavía hay que hacer más, para que en este asunto de Estado nuestros políticos rehúyan los extremos y eviten tanto la defensa a ultranza como la caricatura sistemática de las decisiones de cualquier presidente norteamericano.

Es necesario cuanto antes rectificar el rumbo y reconstruir una relación bilateral básica para la prosperidad y la seguridad de los españoles. París y Berlín ya lo están haciendo. Gane George Bush o John Kerry las elecciones del 2 de noviembre, las diplomacias francesa y alemana buscan desde hace meses el acercamiento a Washington. Como se empezó a ver en la conmemoración del Desembarco de Normandía, los dirigentes de estos países europeos cuidan sus declaraciones públicas sobre Irak y están preparados para iniciar con el nuevo mandato presidencial una etapa distinta, que deje atrás el distanciamiento producido a lo largo de 2003. Una vez el conflicto queda atrás, a pesar de todos los problemas de una posguerra mal planeada, los viejos y pragmáticos europeos cambian de estrategia. Piensan que hay demasiados intereses y valores comunes con EE UU para actuar de otra manera y dan por descontado que el Ejecutivo norteamericano va a continuar su guerra contra el terrorismo internacional con cualquiera de los dos posibles presidentes, con mayor o menor acierto. En el futuro tratarán de moderar y encauzar las iniciativas norteamericanas, es decir, buscarán la influencia e incluso la colaboración (sin llegar a ser Tony Blair), en vez de situarse enfrente de la única superpotencia.

El Gobierno español, sin embargo, camina en solitario en sentido opuesto y parece empeñado en desmontar la estrecha relación con la primera democracia del mundo que existió hasta las elecciones de marzo. Habría sido posible una retirada de Irak gradual, pactada y explicada a los norteamericanos, manteniendo una relación de aliados y controlando los daños. Pero la retirada se hizo sin guardar las formas, sin consultar ni siquiera al recién nombrado Consejo de Ministros y despreciando a las devaluadas Naciones Unidas. Desde entonces se han dado más pasos en esta dirección, entre los que por ahora destacan el inexplicable llamamiento de José Luis Rodríguez Zapatero en Túnez para que otros países sigan el ejemplo español y el increíble desplante de José Bono al Ejército norteamericano con motivo del desfile del 12 de octubre. Supongo que ante las elecciones del 2 de noviembre el Gobierno socialista cruza los dedos, no vaya a ser que gane John Kerry y, tal y como ha anunciado, pida a todos los aliados europeos en nombre de Naciones Unidas que envíen tropas a Irak para apoyar esta transición a la democracia.

COINCIDIÓ CON ANTONIO TORO Y RAFA ZOUHIER
Lamari envió dinero al islamista que se relacionaba con presos de ETA en la cárcel de Villabona
Sólo cinco días antes del 11-M, el 6 de marzo, el séptimo suicida de Leganés, Allekema Lamari, envió un giro postal de 150 euros al preso islamista Abdelkrim Beresmail. Encarcelado en la prisión asturiana de Villabona desde 1997 por pertenecer al GIA, se le considera integrante de la célula integrista que pretendía atentar contra la Audiencia Nacional. En la prisión contactó con un dirigente de Jarrai, además de coincidir con otros presos etarras y con Antonio Toro y el confidente Rafa Zouhier.
Agencias Libertad Digital  22 Octubre 2004

El conocido como “emir” de 11-M mantuvo contacto con Abdelkrim Beresmail hasta pocos días antes de los atentados de Madrid. Sólo cinco días antes, le envió a la prisión asturiana de Villabona un giro postal de 150 euros. Ambos habían entrado juntos en la cárcel en 1997, acusados de pertenecer al Grupo Islámico Armado, el GIA.

Durante los registros ordenados por el juez Garzón a raíz de la desarticulación de una célula integrista que pretendía volar la Audiencia Nacional, los agentes descubrieron en la celda de Beresmail el resguardo del envío postal y cartas y documentación en árabe que ya está siendo analizada.

Tanto Lamari como Beresmail fueron detenidos en Valencia en 1997 junto a otros nueve miembros del GIA por orden de la Audiencia Nacional y posteriormente condenados. Es esa operación, según ha adelantado Europa Press, también fueron arrestados y condenados Mohamed Amine Akli y Bachir Belhakem. Estos dos junto con Beresmail fueron aislados en prisión, interrogados y sus celdas registradas el pasado miércoles tras de la operación policial que facilitó la desarticulación de una célula integrista liderada por el palestino Kamel Saadi, detenido en Suiza, y que pretendía atentar contra la Audiencia Nacional.

Beresmail, un "ejemplo" para los presos etarras
Como ha publicado El Mundo, Beresmail coincidió en la cárcel de Villabona con el dirigente de Jarrai Juan Luis Camarero. Ambos mantuvieron una estrecha relación, según se desprende de una conversación intervenida entre Camarero y el colaborador de ETA Joseba Iñaki Bereciartúa pocos días después de los atentados contra las Torres Gemelas. Entonces, el dirigente abertzale se refería al terrorista islámico en los siguientes términos: “Es la leche. Es un tío superserio. Este es de los que, en cuanto salga, va con una bomba encima. Yo me llevo superbien con él. Todo lo que sea guerra, de puta madre. Para él hay cosas que nosotros hacemos muy mal. Según él, tu pones la bomba y no tienes que avisar. Tiene que haber muchos muertos. Y ésa es la historia, otro concepto. Mira lo que han hecho... Para mí, chapeau”. Aludía a los recientes atentados del 11-S.

Esta conversación fue remitida al Gobierno por los servicios de información un día después del 11-M junto con otros documentos que avalaban la posible relación entre ETA y el terrorismo islamista.

Pero Beresmail no sólo estaba en contacto con el dirigente de Jarrai sino que en esa misma prisión asturiana coincidió con otros cuatro presos etarras. Se trata de Itziar Arrizabalaga, Jesús Amantes, Javier Izaga y Anselmo Olano. También estaban allí otros dos miembros de Jarrai, Enrique Urarte y Daniel Ortiz.

Toro y Zouhier, también en Villabona
Esta no es la única coincidencia que prueba los vínculos de presos etarras con los terroristas islámicos. Casualmente, también estaban encarcelados en Villabona dos implicados en el 11-M e imputados por el juez Del Olmo. Uno es Antonio Toro y el otro, el confidente Rafa Zouhier. Los dos fueron enlaces entre Emilio Suárez Trashorras y Jamal Ahmidan, “El Chino” para que éste se hiciera con los explosivos utilizados el 11-M. Desde la prisión, y según ha declarado al juez Zouhier, Toro también entregó a su cuñado Trashorras un teléfono de contacto que le facilitaron dos presos etarras.

En la operación desarrollada en 1997 contra terroristas islámicas, además de Lamari y Beresmail fue detenido Sohbi Khouni. Desde entonces, está encarcelado en la prisión pontevedresa de A Lama. Los funcionarios del centro han revelado que este preso mantiene buenas relaciones con el etarra Luis Mariñelarena Garciandía y que también está en contacto con Osama Darra, encarcelado por el 11-M.

El PP catalán apoya la propuesta sobre el distintivo autonómico en las matrículas
Los populares catalanes, que en su día pidieron el retorno de los Archivos de Salamanca, aseguran que el distintivo «CAT» es un «problema técnico, no autonomista»
MARÍA JESÚS CAÑIZARES ABC 22 Octubre 2004

BARCELONA. Primero fue la petición del retorno de los Archivos de Salamanca. Después, la incorporación a la ponencia encargada de reformar el Estatuto de Autonomía. Y ahora, la reclamación de la inclusión de los distintivos autonómicos en las matrículas. El PP catalán, en contra de la postura oficial del partido, se unió al resto de los grupos parlamentarios catalanes para instar al Gobierno del PSOE a aceptar que los vehículos catalanes puedan lucir el distintivo «CAT».

Esta postura tuvo lugar el mismo día en que el portavoz del PP catalán, Daniel Sirera, apoyara la decisión del presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, de desplazarse a Macao para ver a la selección catalana de hockey sobre patines.

Objeciones sólo «técnicas»
Según precisó el diputado popular en la Cámara catalana, Francesc Vendrell, las objeciones al distintivo «CAT» son «puramente técnicas, aunque otros hayan querido ver un problema de sensibilidad autonómica del PP», por lo que aseguró que si el Gobierno resuelve ese aspecto, que afecta al sector de los fabricantes de coches, su partido no tendrá ningún inconveniente en secundar esa defensa del distintivo autonómico.

La iniciativa parlamentaria tuvo lugar después de que las formaciones que integran el gobierno tripartito -PSC, ERC e ICV- y el principal grupo de la oposición, CiU, transaccionaran un texto que, en forma de proposición no de ley, indica que el Parlamento catalán «insta al gobierno catalán a trasladar al Gobierno del Estado la necesidad de derogar la orden del 15 de septiembre de 2000 por la cual se modifica el anexo 18 del reglamento general de vehículos aprobado por el real decreto 2822/1998 de 23 diciembre». Asimismo, se reclama al ejecutivo autonómico a emprender «las iniciativas pertinentes ante el Gobierno del Estado para que, de forma más respetuosa con el carácter plurinacional del Estado, se proceda a la reforma de las placas de matrícula de manera que éstas visualicen los distintivos o símbolos de las respectivas comunidades autónomas».

El PP de las mil una caras
Nota del Editor  22 Octubre 2004

Aquí seguimos tratando de conseguir que la Constitución Española se cumpla y los ciudadanos hispanohablantes tengamos los derechos constitucionales que establece, podamos hacer una vida normal, sintener que enviar una carta cada vez que recibimos otra de cualquier organismo público escrita en la lengua "propia", asi que no nos extraña que el PP catalán se comporte como un partido nazionalista en esto de la lengua y de las diferencias idiomáticas, pues en Galicia hace lo mismo el PP gallego, fotocopiador de todo lo que abortan los nazionalistas de todas las regiones con  lengua "propia" y donde el idioma común español está castigado por ser un elemento de comunicación, de cohesión social, de economía de medios, de igualdad de oportunidades, de libre establecimiento en cualquier parte del España, de libre ejercicio de la política, el trabajo y la cultura, y consecuentemente los ciudadanos hispanohablantes convertidos en ciudadanos de segunda o tercera.

El CGPJ acusa a ZP de ocultarle el cambio en los referéndum y se opone al «favor» hacia Ibarreche
L. R. N. / C. M. La Razón 22 Octubre 2004

Madrid- El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Francisco José Hernando, aseguró ayer que «subsisten las razones que existieron» para tipificar como delito la convocatoria ilegal de referendos y procesos electorales y recordó que la iniciativa en este sentido del lendakari Juan José Ibarreche «tiene consecuencias punibles».

Antes de comparecer en la Comisión de Justicia del Senado para presentar la Memoria del CGPJ de año 2002, y en referencia al anuncio del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de iniciar una reforma para derogar esta tipificación introducida por el anterior Ejecutivo, Hernando señaló que «las reformas normativas tienen un fundamento y una razón, y la razón que tuvo el anterior Gobierno para instar una reforma del Código Penal, mientras que el señor Ibarreche no rectifique y no lo ha hecho a día de hoy, subsiste». Además, Hernando mostró su extrañeza por el hecho de que la reforma se haga a través de una proposición de ley y no como proyecto de ley ya que «esto tiene su trascendencia, porque las proposiciones de ley a diferencia de los proyectos de ley, no necesitan informe del CGPJ». «Parece que se trata una vez más de evitar que el CGPJ, en cumplimiento de las obligaciones que le impone el artículo 108 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, emita un informe sobre una cuestión como es la de la tipificación de un determinado delito en el Código Penal», explicó el presidente del órgano de gobierno de los jueces.

Por su parte, el conseller de Relaciones Institucionales y Participación de la Generalitat, Joan Saura, celebró la decisión e interpretó que el hecho de que Zapatero anunciara esta derogación, significa que el PSOE ha entendido que una herramienta como el referéndum es positiva, motivo por el que la Generalitat solicita poder realizar estas consultas en «cuestiones que consideremos oportunas». Desde el Gobierno de Vitoria, el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, consideró «lógico» la actuación del Gobierno, ya que fue una ley aprobada por el anterior Ejecutivo del PP, aunque dijo que la modificación «se queda corta».

En el PP, su secretario general, Ángel Acebes, consideró como un «profundo error» derogar la sanción penal a la convocatoria de referéndums ilegales y subrayó que Zapatero «debería explicar a cambio de qué ha hecho esta concesión».

«Nunca entendí a los gobiernos blanditos con el terrorismo»
SILVIA CASTILLO ABC 22 Octubre 2004

MADRID. «Saber que se puede» es el primer libro de Irene Villa, que ayer fue presentado en Madrid por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y los periodistas Luis del Olmo y Nieves Herrero. Trece años después de aquel atentado que la convirtió en una de las primeras víctimas civiles de ETA, que truncó sus sueños de ser capitana de un equipo de baloncesto, la joven revela en este libro sus pensamientos y el optimismo que le valió para renacer sin reproches a aquel negro 17 de octubre.

-¿Qué pretende con este libro?
-Sobre todo transmitir a la gente que se puede sobrevivir en medio de la desgracia. Es un libro en pro de la paz, contra el terrorismo. Por eso trato en cada página de transmitir armonía. Por eso he desterrado el odio de mi vida, el odio acrecienta el problema.

-Hay páginas muy duras, como aquéllas en las que recuerda su estancia en el hospital. ¿Ha sido difícil revivir aquellos momentos?
-La verdad es que no. Mi madre y yo lo tenemos tan superado que no he tenido que despertar fantasmas enterrados. Bueno, cuando me enteré de que no tenía piernas fue muy dramático, pero ahora ese recuerdo lo tengo prácticamente borrado. No me ha dado miedo volver a revivirlo, al revés, creo que tenía que hacerlo.

«El miedo alimenta el terrorismo»
-¿A qué tiene miedo?
-A nada. Me da mucha pena la gente que tiene miedo porque creo que el miedo alimenta el terrorismo.

-Si tuviera oportunidad de hablar frente a frente con un terrorista, ¿qué le diría?
-Le diría que, por favor, dejara de matar. Pero no estoy nada a favor del diálogo del Gobierno con los etarras, porque a lo largo de la historia se ha demostrado que no ha servido de nada. No merece la pena hablar con ellos. Lo único que sirve es perseguirles y hacer que cumplan sus penas íntegras. Hay que ser duros, no darles ninguna concesión. Ante todo son los derechos humanos y, a los que no los respeten, a degüello con ellos. Nunca he podido entender los gobiernos blanditos con el terrorismo.

-En una ocasión dijo: llegas a entender lo que quieren los terroristas y eso es más frustrante.
-Sí, he llegado a comprenderlos, por el odio que sienten, por lo que han mamado desde pequeños, se creen que somos el enemigo y que nos tienen que matar. Lo tienen tan claro que no sienten ningún remordimiento al hacerlo. Pero me gustaría que ellos también se pusieran en la piel de una víctima y que entiendan. Que luchen a través de otras vías, en el Parlamento, con el PNV o con el partido que sea.

-¿Cree en la Justicia?
-Baltasar Garzón fue el que me hizo recuperar la fe en la Justicia. Antes nunca había creído, porque veía que a los etarras les cogían y les soltaban a los pocos días con atenuantes absurdos. Con Garzón, cuando ilegalizó HB, me sentí mucho más esperanzada.

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