AGLI

Recortes de Prensa     Miércoles 1 Diciembre 2004
PRESENTE Y FUTURO DE LA OPOSICIÓN
Editorial ABC 1 Diciembre 2004

El árbitro de la situación
Luis María ANSON  La Razón 1 Diciembre 2004

Jugando con fuego
Cristina ALBERDI La Razón 1 Diciembre 2004

Error
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 1 Diciembre 2004

LOS AUTORES INTELECTUALES
Jaime CAMPMANY ABC 1 Diciembre 2004

El valenciano, un pulso de Carod-Rovira
Iñaki ZARAGÜETA La Razón 1 Diciembre 2004

Formas y fondo de una cacicada judicial
EDITORIAL Libertad Digital 1 Diciembre 2004

Convocando galernas
IMANOL ZUBERO  El Correo 1 Diciembre 2004

«El tripartito»
Cartas al Director ABC 1 Diciembre 2004

Docentes sin futuro
Manuel Aguirre Aguirre, Edurne García Lago/y 13 firmas más. Bilbao El Correo 1 Diciembre 2004

Alonso de los Ríos denuncia el apoyo de Zapatero al proceso de «desnacionalizar» España
S. N. ABC 1 Diciembre 2004

La Generalidad discriminará en sus contratos a las empresas que no utilicen el catalán
EFE Libertad Digital  1 Diciembre 2004

PRESENTE Y FUTURO DE LA OPOSICIÓN
Editorial ABC 1 Diciembre 2004

LA comparecencia de José María Aznar ante la Comisión de Investigación sobre el 11-M ha confirmado la impresión, cada día más asentada en la opinión pública, de que la causa general planteada contra la actuación del Gobierno popular en aquellos días dramáticos ha sido un fracaso. Sólido y riguroso en el fondo, impecable en las formas, el anterior presidente del Gobierno consiguió despejar cualquier duda razonable sobre las acusaciones de «mentira» y de «imprevisión», planteó con habilidad el debate sobre la «manipulación» y ofreció, en definitiva, una lección de credibilidad que beneficia notablemente la estrategia del Partido Popular. Más allá de los avatares de una Comisión que ofrece más sombras que luces, conviene recordar que la política es -por definición- una actividad que mira hacia el presente y hacia el futuro. Son muchos los asuntos que habrá de afrontar la sociedad española en los próximos tiempos. Sin ir más lejos, la semana pasada fue una «semana negra» para el Gobierno socialista, lo que demuestra que Zapatero y su equipo ofrecen muchos flancos débiles que deben ser bien aprovechados por una oposición centrada en su tarea.

EL ministro de Asuntos Exteriores cometió un error impropio de un diplomático experimentado al atribuir al Gobierno de Aznar un supuesto apoyo a un golpe de Estado en un país amigo y por ello el propio Zapatero ha tenido que suspender su viaje a Rusia para responder ante el Congreso de los Diputados del error lamentable de Moratinos. A su vez, el Grupo parlamentario socialista y sus aliados cosecharon un rotundo fracaso al ser incapaces de alcanzar la mayoría absoluta (176 escaños) exigida para aprobar el proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que el Ejecutivo socialista está dispuesto a replantear a toda prisa y con muy escaso respeto a los exigentes mecanismos formales que impone el Estado de Derecho. Continúan los problemas ya endémicos del Gobierno en materia de vivienda, de negociación ante la Unión Europea o de política industrial. El horizonte económico presenta más nubes que claros a medio plazo, según la opinión generalizada de los expertos. Sin duda, el Partido Popular debe aprovechar la coyuntura en favor del interés general y de su propia tarea como oposición. Más todavía, cuando se anticipa un gran debate para los próximos meses acerca de la organización territorial del Estado.

Como es notorio, la precaria mayoría del Gobierno socialista le convierte en prisionero de aliados poco fiables y es de temer que se deriven de esta situación una serie de concesiones que pueden poner en riesgo el equilibrio de nuestro sistema constitucional, basado en la unidad indisoluble de la nación española y en el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, y en la solidaridad entre todas ellas. La oposición debe mantener la guardia muy alta ante la incierta reforma constitucional que anuncia, unos días con más énfasis que otros, el Gobierno socialista y ante la previsible «subasta» de reformas estatutarias, que se abre aquí y allá ante la falta de criterio y la debilidad del partido en el poder. Éste es el gran asunto que se plantea en nuestro país para los próximos meses y no debe ser suplantado por quienes pretenden congelar la política nacional en circunstancias pretéritas, que en el peor de los casos podrían servir de maniobra de distracción para quienes intentan debilitar la respuesta colectiva a su objetivo de ruptura de la España constitucional.

POR voluntad expresa de José María Aznar, Mariano Rajoy asumió hace más de un año la sucesión en el liderazgo del centro-derecha, en circunstancias ciertamente muy diferentes de las actuales. Tal vez la campaña electoral no fue especialmente brillante y es probable que el Partido Socialista estuviera recortando un poco la distancia, pero parece seguro -con los datos disponibles en la mano- que Rajoy sería hoy presidente del Gobierno si no hubiera mediado el atentado del 11-M. El reciente congreso del Partido Popular ha confirmado por mayoría abrumadora la apuesta en favor de un político prudente, que representa una opción, e incluso una manera de ser, que se identifica con el sentido común. Se trata de un líder respetable, orador notable en sede parlamentaria y gestor eficaz cuando las circunstancias lo requieren, como demostró en la crisis del «Prestige». Rajoy se ha mantenido apartado, con buen criterio, de los avatares de la Comisión de Investigación y debe ahora ocupar el primer plano para encabezar una oposición firme, que puede hacer mucho daño a un Gobierno que ha sufrido en pocos meses un desgaste muy superior al que era de prever, hasta el punto de que algunos de sus ministros se hallan en situación políticamente precaria. El proyecto político del Partido Popular es ahora mismo más necesario que nunca, en un contexto que exige dar prioridad a la razón práctica basada en la firmeza de las convicciones.

El árbitro de la situación
Luis María ANSON de la Real Academia Española La Razón 1 Diciembre 2004

Hay que ser miserable para pedir a los catalanes que boicoteen la candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos. España entera, con su capital a la cabeza, se volcó, como es natural, en favor de Barcelona 92. Pero un político que no pasaría de pegar panfletos en un mural de preuniversitario se ha alzado como árbitro de la situación española. Carod Rovira condiciona a la Generalidad de Cataluña y también al Gobierno de España.

Con un sistema electoral como el francés o como el británico, el líder de Esquerra Republicana estaría al margen de cualquier decisión en la vida política catalana y, por supuesto, también en la española. Nuestro sistema electoral tenía sentido en 1977 cuando, tras cuarenta años de dictadura, convenía saber dónde estaba cada grupo. Después, la prudencia política exigía aprobar una ley electoral que contara con las experiencias europeas. No fue así. Adolfo Suárez y su equipo no querían otra cosa que ser más demócratas que nadie y borrar su pasado fascista, así es que apoyaron una fórmula electoral que había fracasado en Francia y que barrió De Gaulle.

El resultado ha sido la ingobernabilidad de Andalucía durante dos años, el caos en Baleares, la distorsión en Cantabria y Asturias, la incongruencia en Aragón y ahora ya la insensatez de que un pequeño partido condicione las decisiones de Moncloa. Con otra ley electoral, Carod Rovira no existiría ni en Cataluña. Pero la realidad es que, hoy por hoy, si Zapatero quiere permanecer en Moncloa debe contar con el líder de Esquerra Republicana, el cual, con desfachatez y desenfadada chulería, le acosa en los presupuestos, en la sanidad, en el idioma, en las selecciones deportivas, en el Estatuto y en todo lo que se le antoja, mientras el país contempla el espectáculo de cómo se degrada día a día la dignidad del Gobierno español.

Jugando con fuego
Cristina ALBERDI La Razón 1 Diciembre 2004

El presidente del Gobierno dejó atónita a la ciudadanía cuando el pasado 17 de Noviembre, en sede parlamentaria, entró como elefante en cacharrería, cargando contra el núcleo duro de la Constitución y acusó nada menos que de fundamentalista al Partido Popular por haberse atrevido a defender la idea de España como Nación, que es «patria común e indivisible de todos los españoles» como proclama su artículo segundo.

Que el presidente de Gobierno se atreva a frivolizar en una entrevista sobre el debate jurídico entre nación y nacionalidad, confundiendo a los lectores con argumentos deslavazados y fuera de lugar, es penoso. Pero que en el Senado decida devaluar el concepto de nación, olvidando la importancia que tuvo y tiene en el consenso que permitió aprobar nuestra Carta Magna, es de una gravedad que seguro ni el mismo ha calibrado.

La Constitución distingue entre nación, regiones y nacionalidades cuando establece su fundamento en la «indisoluble unidad de la Nación Española» y «reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran». También, cuando precisamente en relación con lo anterior, determina que «la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado». En ello radica el meollo de la cuestión, contra el que se dirige la pretensión de los nacionalismos radicales que sostienen al actual Gobierno en Madrid (y también en Barcelona), de imponer «el ámbito de decisión propio», sea catalán, vasco o gallego.

Dicha pretensión quedó claramente plasmada en el acuerdo de gobernabilidad firmado por el tripartito catalán el 14 de diciembre de 2003 cuando acordó promover un nuevo Estatut con el apoyo de Iniciativa per Catalunya, Ezquerra Republicana y Partit de les Socialistes Catalans, en el que el poder de decisión habrá de residir en el Parlament, como representante de la «nación» y, por tanto, de la soberanía catalana.

En ese pacto que firmó el Partido Socialista, y que le permitió gobernar la Generalitat, se asume el reconocimiento de Cataluña como nación, haciendo renuncia expresa de valores y principios que habían sido señas de identidad del socialismo español desde sus orígenes. No olvidemos tampoco que Zapatero, en plena campaña electoral dijo, sin pensar que iba a ser presidente del Gobierno, que los socialistas en el Congreso darían su apoyo a lo que aprobara el Parlamento catalán.

¿Qué está haciendo Zapatero con un descaro verdaderamente notable? Sencillamente preparar el camino para que cuando llegue a las Cortes Generales un nuevo Estatuto catalán en el que aparezca claramente definida la nación catalana y su ámbito de decisión, la gente no le conceda importancia, los medios de difusión lo pasen por alto y los comentaristas afines expulsen a las tinieblas a quien pretenda enfrentarles con la realidad de nuestro ordenamiento jurídico.

Porque de eso se trata. El consenso que se fraguó en 1978 se basa en un Estado de Derecho con unas reglas jurídicas de obligado cumplimiento para todos, incluido el presidente del Gobierno que es el primero que debe dar ejemplo de respetar las leyes. Ojalá no haya que recordarle que así lo prometió al prestar juramento, ante el Rey, de «acatar la Constitución y demás normas del ordenamiento jurídico».

No estamos ante una cuestión disponible. De ahí que para modificarla sea necesaria, como ha recordado el presidente del Consejo de Estado, la revisión reforzada de la Constitución. Por afectar a aspectos centrales del título preliminar, si se quiere incluir el concepto de nación en alguno de los estatutos de autonomía, se requiere el sistema reforzado del artículo 168 de la Constitución. Mayoría de dos tercios de cada Cámara, disolución inmediata de las Cortes, ratificación por las nuevas Cámaras también por mayoría de dos tercios y referéndum posterior.

Como se ve el legislador constituyente estableció las suficientes cautelas como para que nadie pueda jugar con estos elementos centrales de nuestra convivencia y pretenda devaluarlos a «conceptos discutibles».

Por su parte, la vicepresidenta De la Vega ha apoyado la misma línea interpretativa en los últimos días. Según su versión no haría falta reformar la Constitución para introducir el concepto de nación en los estatutos de autonomía y así poder cumplir con lo comprometido en Cataluña. Y hasta el imprevisible Rodríguez Ibarra, antaño defensor acérrimo de las esencias constitucionales, acepta el cambio si los catalanes «están más cómodos», lo que ya es el colmo del despropósito y el oportunismo.

Pero se equivocan. El sistema está blindado. Para llevar a cabo cambios de tal envergadura, se precisa el concurso del principal partido de la oposición. La firmeza del Partido Popular no permite albergar dudas sobre su posición inequívoca en defensa de los aspectos esenciales de la Constitución y por tanto de la convivencia entre los españoles. Ya lo ha dicho con toda claridad: «El Congreso evitará que lo nuevos estatutos cuelen el concepto de nación».

Habrá que recordar a Zapatero y sus acólitos cuantas veces haga falta que las Cortes elegidas en marzo pasado no son constituyentes y que no se pueden alterar las reglas del juego de manera unilateral. Pero seguramente prefiere seguir en La Moncloa, rehén del nacionalismo insaciable de Esquerra Republicana, que asumir que las demandas de sus socios tienen un límite. Que con las reglas del juego del Estado de Derecho y de la democracia que todos nos dimos en diciembre de 1978, y que nos han permitido el periodo de mayor prosperidad de la historia de España, no se juega.

Tal vez a Zapatero le pasa como a Pedro Páramo, quien, cuando su encargado le vino a recordar los límites de lo que podía hacer legalmente, le espetó contundente: «¿Qué leyes Fulgor?, ahora las leyes las hacemos nosotros».

Aznar en la Comisión
Error
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 1 Diciembre 2004

No es que el ex presidente, solo ante el peligro, ganara al socialista que quiso instruir un proceso general de tipo inquisitorial sin una sola concreción que avalara sus graves acusaciones; no es que superara sin ningún problema las trampitas de un educado convergente; no es que dejara en el mayor de los ridículos al indescriptible ser que representaba al independentismo catalán; no es que toreara al resabiado peneuvista y al desdibujado, torpe, perezoso y aturdido resto de agresores: es que se los comió a todos con patatas.

Una de las cosas que más sorprende de las izquierdas y de los centrífugos que conforman el frente aglutinado en su día en torno al odio y a la larga y compartida frustración, es que realmente se creen la caricatura que pintaron con la brocha gorda. Aparte de no informarse, de no hacer los deberes, de caer víctimas de una falta de fe en el esfuerzo personal que traslucen fielmente su filosofía y sus actos de gobierno, el mayor error del nutrido frente antiaznarista que había de culminar en el Congreso el linchamiento de su bestia negra, es su tendencia a infravalorar a quien les da sopas con honda en todos los capítulos de la gestión y de la ética. No sé cómo se explicarán, teniéndole por tan poca cosa, que Chirac y Schroeder lo temieran tanto, que se haya retirado tan joven con una hoja de servicios con la que ellos no se atreven ni a soñar. Hay que estar ciego para no ver que el que desprecian es mucho más resistente, tenaz, competitivo y experimentado que todos ellos juntos.

Ahí está el resultado: mientras el equipo de bomberos habitual trata de convencer a los españoles de que han visto una película muy diferente de la que recuerdan, lo cierto es que la amplia derecha vuelve respirar y vuelve a confiar. No se puede inventar a un líder; el don le toca a quien le toca, y el líder moral de la derecha no está en activo, lo que no significa que no pueda cumplir su papel en la recuperación de la autoestima de millones de ciudadanos.

Lo que no lograban por falta de competencia trataron de alcanzarlo por agotamiento. Que tome buena nota el Partido Popular. El presidente Rodríguez no se merece once horas de preguntas porque está bien que el récord lo ostente Aznar, pero se merece diez. Hacia la quinta o la sexta estará cantando la Parrala.

LOS AUTORES INTELECTUALES
Por Jaime CAMPMANY ABC 1 Diciembre 2004

QUE los trágicos atentados del 11 de Marzo fueron pensados, organizados, perpetrados y explotados con el propósito de darle un vuelco a las elecciones del 14 y con el objetivo de desalojar del Gobierno al Partido Popular es cosa que saben ya hasta las madres, que según dicen son las últimas que se enteran de todo. «Vox populi, vox Dei», secreto a voces, río que suena como las cataratas del Iguazú. Es explicable, porque si no era así, el PP se habría instalado en el Gobierno una o dos legislaturas más, y eso era demasiado para algunos intereses.

Sabemos quiénes fueron los autores materiales de aquella masacre nunca vista, pero no tenemos pruebas, ni certidumbres, ni siquiera indicios vehementes de quiénes estaban detrás de esos desgraciados mindundis. Y no deja de ser curioso que fueran descubiertos tan pronto, localizados tan pronto e «inmolados» tan pronto y con tantas prisas. Si todas esas circunstancias pueden llegar a tener el carácter de pistas para la investigación y si es que se quiere investigar, averígüelo Vargas.

Conocemos, claro está, quiénes son los que se aprovecharon de aquello, y por cierto, de mala manera, forzando y resquebrajando la democracia y la decencia, porque ahí los tenemos con la sartén cogida por el mango. Pero aquí el «cui prodest» a solas no basta para arrojar luz sobre las sombras. Los autores intelectuales de los atentados y sus probables cómplices permanecen en el reino de las sospechas, de los barruntos o de la fantasía, y nada de eso sirve para fundamentar una acusación, ni siquiera para aventurar una hipótesis sobre los responsables intelectuales de un delito tan monstruoso.

José María Aznar arriesgó una alusión misteriosa, nada concreta y casi de adivinanza acerca de los responsables de la idea. Primero afirmó que si las elecciones hubiesen sido convocadas, no para el día 14, sino para el día 7, los atentados se habrían producido el día 4. O sea, confirmaba la «vox populi». Y después aseguró con palabras tan medidas que no pueden ser el resultado de una improvisación o un apresuramiento que los autores intelectuales, «los que planificaron y diseñaron el 11-M no viven en desiertos remotos ni en montañas lejanas».

¿Intentaba Aznar descartar a los habitantes de desiertos asiáticos y de montes de otros continentes, o quería aludir a desiertos vecinos y montes cercanos? Eso es lo que quiso saber Llamazares. Pero Aznar no soltaba prenda y la frase seguía allí, en el aire del Congreso, misteriosa y cabalística. Entonces Llamazares concretó: «¿Se refiere usted a los servicios secretos de Francia o de Marruecos?». En dialéctica, Llamazares es un gato muerto, y el ratón se escapó vivo: «Yo no he dicho eso. Eso lo dice usted».

Más tarde, José María Aznar dijo algo terrible, pero que los españoles escuchamos ya sin escándalo y hasta sin sorpresa, como cosa sabida y consabida: «Quien ideó el 11-M, también planificó los días 12, 13 y 14». Si la prudencia consiste en no decir más de lo que uno puede y quiere decir, Aznar fue un ejemplo de prudencia. Pero nadie podrá acusarle de morderse la lengua. No lo hizo ni una sola vez en once horas de comparecencia

El valenciano, un pulso de Carod-Rovira
Iñaki ZARAGÜETA La Razón 1 Diciembre 2004

El problema de la lengua continúa su camino de crispación entre los partidos por culpa de la politización que Esquerra Republicana de Cataluña ha impulsado sobre el asunto, que se agrava con el chantaje que está sometiendo a José Luis Rodríguez Zapatero. El problema es que éste, acostumbrado a aceptar pulsos, no sabe cómo resolver la cuestión una vez que decidió abandonar lo previsto en la legalidad constitucional y estatutaria. Evidentemente y como de costumbre, la ayuda de Miguel Ángel «Curro» Moratinos, inefable ministro de Exteriores, dista mucho de ser inestimable.

José Lluis Carod Rovira ha hecho bandera de la unidad lingüística con todas sus consecuencias y ha puesto en ella la gobernabilidad de España. Una muestra más de su actuación miserable desde que ha aparecido con fuerza en la escena nacional, aunque el famoso «talante» obliga a acostumbrarnos a ella.

Lo cierto es que el presidente de la Generalitat afronta desde hace semanas un problema cuyo desenlace apunta contra los intereses valencianos. A la vista de los nulos resultados obtenidos ante el Gobierno de España, da la impresión que Francisco Camps y, con él todos nosotros, va a necesitar algo más que las buenas maneras, si de verdad cree que este asunto es de vital importancia en su política.

En su haber tiene la voluntad de la mayoría de los valencianos, que no aceptan rumbos diseñados desde fuera de la Comunidad.

Formas y fondo de una cacicada judicial
EDITORIAL Libertad Digital 1 Diciembre 2004

Ver como un partido depende para su acción de gobierno de alguna de estas formaciones extremistas y radicales, preocupa. Ver que también va a depender de ellas el funcionamiento del sistema judicial, nos preocupa todavía más Ha hecho muy bien el PP en no comulgar con ruedas de molino ante el descarado intento del Gobierno y sus “socios de oposición” de modificar el orden del día para votar este martes la tramitación directa y en lectura única de la reforma del Poder Judicial que sus partidarios no pudieron aprobar la semana pasada en el Congreso por la ausencia de varios de sus diputados. Como bien ha señalado este martes Zaplana, la modificación del orden del día requiere unanimidad y, ciertamente, sería el colmo del masoquismo que el PP se sumara al consenso para poder celebrar sin respeto a los procedimientos de forma un proyecto de ley contra el que, además, los populares están frontalmente en contra.

Aunque este plante popular no evite que el Gobierno saque adelante su sectaria reforma, es una forma de dejar en evidencia las prisas de los socialistas por bloquear los nombramientos que el CGPJ tiene previsto efectuar en los dos próximos meses, para lo cual se necesita que el nuevo proyecto sea aprobado por las Cortes Generales antes del 31 de diciembre.

Zapatero ya pretendió con total desfachatez tras la inesperada votación de la semana pasada, que en el pleno del próximo jueves se modificara el orden del día para poder repetir la votación sin que el proyecto pasara de nuevo por el Consejo de Ministros. Reprobado en su falta de respeto a los procedimientos hasta por el propio presidente del Congreso, el socialista Manuel Marin, ZP no tuvo más remedio que celebrar un nuevo Consejo de Ministros el pasado lunes para reiniciar la tramitación parlamentaria del proyecto y, de paso, tratar de eclipsar informativamente la intervención de Aznar en la Comisión del 11-M.

El Gobierno se ha negado, eso sí, a remitir de nuevo el proyecto al CGPJ, un paso formal que, precisamente como tal, se requiere por mucho que el texto del proyecto sea idéntico al que no pudo ser aprobado la semana pasada, y que se suma al que se ha tratado de imponer este martes.

En virtud de esta reforma, que viene a remarcar todavía más la falta de independencia del poder judicial que ya consagró, tal y como denunciamos en su día, el Pacto por la Justicia, los nombramientos de los altos cargos judiciales requerirán una mayoría de tres quintos del Pleno del CGPJ cuando, hasta ahora, bastaba con una mayoría simple para elegir a estos magistrados.

Este cambio destinado a hacer insuficiente la mayoría “conservadora” que persiste en el seno del CGPJ supone también, como ha señalado el PP, un “cambio de reglas a mitad del partido”. Pero es si cabe, todavía, algo peor: Es la constatación de que el PSOE, con tal de enfrentarse al PP, va a conseguir que las designaciones judiciales de grupos minoritarios y antisistema se conviertan en decisivos para elegir a los magistrados del Supremo o a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia. Ver como un partido depende para su acción de gobierno de alguna de estas formaciones extremistas y minoritarias, preocupa. Ver que también va a depender de ellas el funcionamiento del sistema judicial, nos preocupa todavía más.

Convocando galernas
IMANOL ZUBERO/PROFESOR DE LA UPV-EHU Y PROMOTOR DE ALDAKETA El Correo 1 Diciembre 2004

Siempre tuve el pálpito de que la continua referencia del nacionalismo vasco al proceso catalán de reforma del Estatuto ('Si lo que los vascos buscamos es lo mismo que los catalanes, por qué a ellos sí se les acepta y a nosotros no') no era más que una ventolera. Difícilmente navegaremos vascos y catalanes en el mismo barco, difícilmente avanzaremos en la misma dirección, si los vientos que empujan nuestras velas son tan distintos: allí el más sosegado mistral; aquí la áspera galerna. Nos lo recordaba el pasado domingo el diputado del PNV Aitor Esteban en su réplica al manifiesto fundacional de la iniciativa ciudadana Aldaketa-Cambio por Euskadi. Me permitirán que en otra ocasión entre en el fondo de sus argumentos, pues debo confesarles que me ha enganchado la sugerente analogía meteorológica a partir de la cual el diputado nacionalista empieza y termina su reflexión. Sólo me referiré a uno de esos argumentos, sin duda el de menos fondo, el más superficial, con el fin de despejar el horizonte de bobaditas y reservar para otro momento las cuestiones de mayor enjundia.

Me refiero a la acusación que nos dirige Esteban de tomar por tontos a los ciudadanos vascos que hasta ahora han dado al PNV la mayoría relativa con sus votos. En efecto, los tiempos del despotismo ilustrado ya han pasado, aunque no siempre parecen ser conscientes de ello los partidos que nos gobiernan. ¿Cómo interpretar, si no, la ocurrencia de explicar a estas alturas el plan Ibarretxe «batzoki a batzoki»? Según podíamos leer en este mismo diario el pasado 22 de noviembre, la dirección del PNV ha encomendado a parlamentarios, diputados como el señor Esteban y cargos del partido la tarea de explicar el plan a sus afiliados antes de la convocatoria del pleno de la Cámara vasca en el que se debatirá y votará el citado plan. Así, en las próximas semanas cada batzoki será (ya era hora) un aula de formación (catequética) en la que los cargos del partido (los que saben) explicarán a las bases (los que no saben) el contenido y las bondades del plan, cómo se está desarrollando su debate en el Parlamento y cuál es la postura que al respecto está manteniendo el PNV.

Pero, si es justo ahora, al final del proceso, cuando los afiliados empezarán a medio enterarse, ¿quién y por qué ha puesto en marcha todo este asunto? ¿A quién le apretaban tanto las costuras del Estatuto de Gernika? La respuesta parece obvia: a una 'nomenklatura' crecida, por cierto, al calor de ese mismo Estatuto. Eso sí: todo para el pueblo. Por otro lado, ¿cómo interpretar las declaraciones de Imaz asegurando que los socialistas suponen un «auténtico riesgo para el autogobierno y el bienestar futuro» de la sociedad vasca? ¿Es que acaso las personas que votan al PSE son, además de tontas, masoquistas?

Así pues acordemos, todas y todos, que en efecto el votante es soberano, que es el votante quien quita y pone. Pero aceptemos que el espacio político no funciona como un teórico mercado perfecto, donde todos y cada uno de los agentes que en el mismo concurren cuentan con toda la información necesaria y persiguen preferencias claramente definidas. Es legítimo, pues, aspirar a influir sin malas artes sobre el cuerpo electoral vasco. Otra cosa será que esta aspiración tenga o no éxito. En todo caso, bueno sería que recordemos todos, pero especialmente quienes se han acostumbrado a ganar siempre, aquella advertencia con la que en la antigua Roma se recibía a los generales que volvían victoriosos de sus campañas militares: 'Sic transit gloria mundi'.

Pero volvamos a los vientos y a los misterios de la meteorología. El mistral, ese viento mediterráneo entre el poniente y la tramontana, viento templado, vigoroso pero no arisco, es el que en la analogía de Esteban soplaba en Cataluña cuando el PSC, con la inestimable aportación de la plataforma 'Ciudadanos por el cambio', aupó a Maragall hasta la presidencia de la Generalitat. Considera el diputado peneuvista que Aldaketa no es otra cosa que un remedo de aquella experiencia catalana y que, por serlo, está irremediablemente condenada al naufragio por ignorar que en Euskadi soplan vientos bastante más broncos, cantábricas galernas que acostumbran a llevarse por delante a aquellos navegantes que no conocen suficientemente estas aguas bravías. He de reconocer que soy hombre de montaña y que mis habilidades marinas se reducen al chapoteo familiar en la costa, por lo que no sabría discutirle a Esteban su ventolerosa analogía. Pero antes de hacer leña del pecio varado me permitirán que, sin abandonar el terreno de la meteorología, les comente brevemente cómo veo yo las cosas.

En los últimos años Euskadi está experimentando un catastrófico proceso de cambio en su clima político. Dividido en espacios fríos y calientes, el clima político vasco nunca ha dejado de experimentar turbulencias desconocidas en otras latitudes. El espacio caliente del nacionalismo, con sus referencias identitarias y sus aspiraciones constituyentes, no ha dejado de chocar con el espacio frío del Estado constitucional. Sin embargo, el PNV ha funcionado como termostato regulador de la tentación del resto del nacionalismo de aumentar la temperatura hasta convertir el país en un achicharradero. Y sobre todo el Estatuto de Gernika ha sido el transporte público que nos ha permitido viajar juntos, dejando nuestros vehículos particulares en el garaje, reduciendo así el nivel de emisión de gases de efecto invernadero. De esta manera durante una veintena de años el ambiente político se ha mantenido, a pesar de todo, razonablemente tibio.

Pero ahora el Gobierno Ibarretxe ha decidido despreciar el transporte público y adquirir un vehículo privado, su plan, con el dinero de todos. Teniendo en cuenta que hasta ahora no ha hecho otra cosa que rodarlo, a nadie se le escapa su enorme capacidad contaminante: aún no se ha votado, pero la temperatura política no ha dejado de aumentar y el aire se ha vuelto irrespirable. Hace dos años, quien fue elegido para conducir el transporte público que hasta hoy nos ha permitido viajar juntos a la inmensa mayoría de los vascos decidió bajarse en marcha (sin renunciar, eso sí, al uniforme de conductor) y el Estatuto de Gernika pareció condenado a quedarse parado en la cuneta de la historia. Como cabía esperar, cada grupo político se aprestó en aquellos momentos a poner en circulación sus respectivos vehículos particulares y a competir entre sí a fuerza de acelerones, adelantamientos, trompos y ocasionales desbordamientos del código de circulación. ¿La consecuencia? El clima político vasco se ha recalentado cada vez más. Si esto sigue así ya saben lo que puede que venga después, pues les supongo informados del llamado 'efecto invernadero', ya sea por los expertos en climatología o por haber visto la espectacular película 'El día de mañana': un enfriamiento generalizado que helará los canales y, lo que es peor, hasta las ganas mismas de comunicación política entre las y los vascos.

Aldaketa no pretende otra cosa que contribuir a templar Euskadi. Nosotros sí nos hemos tomado en serio aquel Protocolo de Kioto político que fue el pacto estatutario. En aquel momento renunciamos para siempre a nuestros contaminantes vehículos particulares y desde entonces hemos viajado en el transporte público del Estatuto. Queremos que la mayoría de nuestros conciudadanos tome la misma decisión. Y no queremos ser catastrofistas, pero pensamos que si fallamos en el intento de reconstruir aquel pacto no serán mistrales ni galernas los vientos que deberán preocuparnos, sino huracanes y tifones ante los que hasta los más curtidos lobos de mar saben que lo mejor que se puede hacer es buscar una ensenada tranquila y recalar a la espera de que el tiempo amaine. Y que cuando un capitán se empecina en navegar hacia el ojo del huracán, la tripulación debe, siguiendo escrupulosamente las normas, intentar tomar el mando.

«El tripartito»
Cartas al Director ABC 1 Diciembre 2004

Estamos contemplando cómo en nuestra España de las Comunidades, solidaria entre sus regiones por definición, por convencimiento y porque así consta en nuestra Constitución, se está introduciendo el virus de la confrontación por obra y «gracia» de un conglomerado político formado en Cataluña bajo el nombre de «el tripartito». Eran solidarios los programas y estudios llevados a cabo por los que nos gobernaban en tiempos pasados. Recuerdo los Planes Hidrológicos propuestos por los socialistas para llevar la riqueza y el agua necesarias a las Comunidades de Valencia, Murcia y Andalucía. Tenían el mismo propósito y destino de los Planes Hidrológicos de los gobiernos que vinieron después. También la solidaridad hizo posible la Expo de Sevilla, los Juegos Olímpicos de Barcelona, y no digamos del espectáculo que dieron miles de personas procedentes de todos los pueblos de España, volcándose en su fraterna lucha contra el chapapote que cayó sobre Galicia. Con «el tripartito» ha brotado en Cataluña un movimiento contra nuestro concepto de solidaridad, bien español como se ha comprobado, que intenta romper el esquema anterior y provoca que la Comunidad de Valencia (uno de los «Paisos catalans» que imaginan los «del tripartito») se revuelva airada y consiga un importantísimo rechazo popular a todos los niveles como puede comprobarse «in situ», con el intento de llevarse la Copa América a Barcelona, a pesar de su adjudicación a Valencia, y con el boicot a Madrid como sede de los Juegos Olímpicos de 2012, entre otros.    Alberto Rodríguez Delgado.    Valencia.

Docentes sin futuro
Manuel Aguirre Aguirre, Edurne García Lago/y 13 firmas más. Bilbao El Correo 1 Diciembre 2004

El grupo de profesores sustitutos sin perfil lingüístico que cumplimos servicios para el Departamento de Educación del Gobierno vasco desde antes del Decreto de Perfiles (9 de marzo de 1993) venimos reclamando sin éxito a este área gubernamental que nos ofrezca liberaciones para aprender euskera. No pedimos ni más ni menos que lo que han ofrecido al resto de colectivos docentes, incluidos profesores que comenzaron a prestar sus servicios después de la mencionada ley.

Para nosotros ha sido y es imposible centrarnos en el estudio del euskera, pues cambiamos frecuentemente de centro de trabajo, con los inconvenientes que ello acarrea. El paro y la inhabilitación profesional son nuestro futuro más cercano. Estamos siendo discriminados, pues no nos dan la oportunidad que han dado a todos, aunque existe un presupuesto para ello. Nos sentimos utilizados, porque nosotros, precisamente, hemos cubierto a los otros profesores durante su euskaldunización.

Alonso de los Ríos denuncia el apoyo de Zapatero al proceso de «desnacionalizar» España
«Si los consitucionalistas dan por muerta la nación el camino de los socialistas y nacionalistas será, si no expedito y fácil, al menos hacedero», sostuvo en su conferencia
S. N. ABC 1 Diciembre 2004

MADRID. El escritor, periodista y columnista de ABC César Alonso de los Ríos denunció ayer en el Aula de Cultura de la Fundación Vocento el proceso «desnacionalizador» a que está sometida España y que corre peligro de acelerarse ante la ofensiva nacionalista, la debilidad y la falta de convicciones del actual presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Tras un análisis concienzudo de las amenazas a la unidad de la nación, De los Ríos cerró no obstante su conferencia titulada «Yo digo España» con un llamamiento al optimismo: «Confío en el viejo sentido del pueblo español, yo confío en que los constitucionalistas consigamos conjurar el peligro con el que nos amenazan un día tras otro y de mil formas».

El escritor sostuvo que Rodríguez Zapatero es «la superación» de Felipe González, que ha perdido la conciencia de España -en el Senado sostuvo que es un concepto confuso- y que se aplica a satisfacer las exigencias nacionalistas de acabar con el actual Estado de las Autonomías para entrar en otra fórmula de confederación «plurinacional».

De los Ríos destacó que el proceso está en marcha para reconocer la existencia de naciones y poner en marcha los correspondientes Estados o al menos su proyecto. «Del viejo unitarismo pasamos al fin a la ruptura real de la unidad y los Estatutos va a ser las cartas magnas de cada nacionalidad, ya nación. El Senado será el asiento de esos más que embriones de Estados. Nada de Cámara de las Autonomías. El Senado, donde por cierto va a hablarse todas las lenguas ya, va a ser el asiento de una auténtica confederación de Estados», avisó el escritor.

César Alonso de los Ríos advirtió que con el visto bueno del actual Gobierno a las aspiraciones de los nacionalistas, aunque la propia Constitución ofrece mecanismos de defensa no bastarán los argumentos jurídicos para frenar la descomposición del sistema «si no hay detrás una voluntad nacional que quiera utilizarlos». «Quiero decir -añadió el periodista- que si damos por muerta la nación, el camino de los socialistas y nacionalistas será, si no expedito y fácil, al menos hacedero».

Frente al concepto nacionalista de nación, De los Ríos opuso el modelo democrático de sociedad en el que todos los ciudadanos son iguales y donde los derechos van adscritos a las personas en vez a «las entelequias históricas».

LA MEDIDA AFECTA A SUBVENCIONES Y CONCESIÓN DE CRÉDITOS
La Generalidad discriminará en sus contratos a las empresas que no utilicen el catalán
La Generalidad ha acordado este martes exigir el uso del catalán a las empresas que contrate o a aquéllas que reciban subvenciones de la administración catalana para fomentar el uso de la lengua catalana, lo que supondrá, por ejemplo, la obligación de etiquetar en catalán determinados productos. La medida también afectará a los créditos y avales otorgados por el Instituto Catalán de Finanzas y el Instituto Catalán del Crédito Agrario.
EFE Libertad Digital  1 Diciembre 2004

El acuerdo, tomado en la reunión del gobierno catalán y anunciado por su portavoz, Joaquim Nadal, que ha recordado que es "en aplicación de la ley de normalización lingüística", supone que las empresas contratadas deberán utilizar el catalán en sus rótulos, publicaciones, avisos y en la documentación dirigida al público. Cuando el idioma forme parte, directa o indirectamente, del producto o del servicio contratados, éstos deberán ser en catalán, siempre que el coste de esta medida sea proporcional a los beneficios que se pretende conseguir.

En el caso de los contratos de suministros, se establece la obligación de facilitar en catalán los manuales de instrucción o documentación técnica de los bienes o productos objeto del contrario. Si los contratos incluyen productos catalanes con distintivos de origen y de calidad o productos artesanales que se distribuyen en el ámbito territorial de Cataluña, deberán estar etiquetados en catalán. En los contratos de consultoría y asistencia de servicios, los estudios, proyectos y trabajos análogos que la Generalitat encargue deberán ser entregados en catalán, salvo que su finalidad exija la redacción en otra lengua.

Para garantizar el cumplimiento de esta normativa, el gobierno catalán creará una comisión de seguimiento presidida por el director de servicios del departamento de Economía y Finanzas, y formada por un representante de la secretaría de Política Lingüística y por los vocales que la Junta Consultiva de Contratación Administrativa designe.

El que quiera en castellano, que lo solicite
Respecto a los contratos de gestión de servicios públicos, los adjudicatarios deberán emplear normalmente el catalán en las actuaciones y la documentación internas, en la rotulación, en la megafonía, en las instrucciones de uso, en el etiquetado y en el embalado de los productos o los servicios que se produzcan u ofrezcan. También deberán utilizar el catalán en las comunicaciones y notificaciones dirigidas a personas físicas o jurídicas residentes en el ámbito lingüístico catalán, sin perjuicio del derecho de los ciudadanos a recibirlo en castellano si lo solicitan.

En cuanto a las subvenciones, los adjudicatarios deberán cumplir lo que establece la Ley de Política Lingüística, y en el caso de las empresas con establecimientos abiertos al público hará falta que, para recibirlas, estén en condiciones de poder atender a los consumidores en cualquiera de las lenguas oficiales en Cataluña. Además, la señalización y los carteles de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios para los usuarios y consumidores deberán estar redactados, al menos, en catalán.

Asimismo, todas las empresas adjudicatarias de subvenciones deberán tener al menos en catalán los rótulos y las informaciones interiores de carácter fijo dirigidas a las personas que trabajan allí. Como requisito para optar a una subvención, los productos catalanes que gocen de distintivos de origen y de calidad y los productos artesanales que se distribuyan en el ámbito territorial de Cataluña deberán estar también, como mínimo, etiquetados en catalán.

En cuanto a los créditos y avales otorgados por el Instituto Catalán de Finanzas y el Instituto Catalán del Crédito Agrario, también se condicionará su concesión al cumplimiento de los mismos criterios que en el caso de las subvenciones.

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