AGLI

Recortes de Prensa     Domingo 19 Diciembre 2004
VÍCTIMAS
Jon JUARISTI ABC  19 Diciembre 2004

Víctimas de segunda
José A. SENTÍS LR 19 Diciembre 2004

Los callejones del 11-M
FLORENCIO DOMÍNGUEZ El Correo 19 Diciembre 2004

MI DUDA SOBRE ZAPATERO
Jaime CAMPMANY ABC  19 Diciembre 2004

CAÍDA LIBRE EN POLÍTICA EXTERIOR
Editorial ABC  19 Diciembre 2004

España como superestructura
Por Miguel Ángel Quintanilla Navarro LD 19 Diciembre 2004

SE AHONDA LA HERIDA
ÁLVARO DELGADO-GAL ABC 19 Diciembre 2004

LA VOZ DE LA CALLE
Ignacio CAMACHO ABC  19 Diciembre 2004

Harta
Pilar CERNUDA LR 19 Diciembre 2004

11-M: LA ONDA EXPANSIVA
PABLO PLANAS ABC 19 Diciembre 2004

Cava 2012
Ángel DEL RÍO LR 19 Diciembre 2004

LA ABSURDA «GUERRA DEL CAVA»
M. MARTÍN FERRAND ABC  19 Diciembre 2004

Víctimas y presos
KEPA AULESTIA El Correo 19 Diciembre 2004

Compensación moral
Editorial El Correo 19 Diciembre 2004

Enseñanza de valores
Cartas al Director ABC  19 Diciembre 2004

Maestro en la materia
Cartas al Director ABC 19 Diciembre 2004

El Mundo desvela que la Guardia Civil ignoró a un cuarto confidente que alertó de la trama asturiana
Libertad Digital 19 Diciembre 2004

«Alí el químico», que ordenó gasear a miles de kurdos, comparece ante el juez
Namir Subhi LR 19 Diciembre 2004

La AVT cree que se intenta silenciar a las víctimas para favorecer el acercamiento a los terroristas
EFE LD 19 Diciembre 2004

Islamistas y abertzales, juntos en San Sebastián
AIMAN ZOUBIR ABC 19 Diciembre 2004

El 54% de los coruñeses están a favor de la cooficialidad del topónimo
(a coruña) La Voz 19 Diciembre 2004


 

VÍCTIMAS
Por Jon JUARISTI ABC  19 Diciembre 2004

UNA comisión es una comisión y un experto es un experto. Se aconseja no confundirlos. El Congreso de los Diputados puede crear comisiones de investigación. No veo tan claro que le asista análogo derecho a contratar un equipo independiente de expertos políticamente neutrales -especie tan abundante en España como el canguro termita- para que averigüen qué pasó antes, durante y después del 11-M. En teoría al menos, existen varios cuerpos de expertos con cargo al presupuesto cuya función consiste precisamente en investigar hechos como la matanza de los trenes, detener a sus autores y ponerlos a disposición de la justicia. En teoría al menos, una de las funciones asignadas por el Congreso de los Diputados a la Comisión de Investigación del 11-M era comprobar si tales expertos cumplieron con su deber o si, por el contrario, hubo casos de negligencia culposa.

Una víctima del terrorismo es una víctima del terrorismo. Merece el respeto y la solidaridad de sus conciudadanos. Tiene derecho a que sus reclamaciones y quejas sean escuchadas por los poderes públicos y, en la medida que resulten justas y razonables, atendidas. Conozco muchas víctimas del terrorismo. Las tengo en mi propia familia y, desde luego, bastantes amigos míos han sido asesinados o heridos en atentados terroristas. Ser víctima del terrorismo no es un mérito, sino una enorme desgracia. Sufrir un atentado, perder en un atentado a un ser querido no ennoblece, no redime, no salva, no lo hace a uno más generoso, más inteligente ni más lúcido. Por el contrario, en numerosos casos (no en todos, por supuesto) lo deprime, lo acobarda o, en el extremo, lo arruina moral e intelectualmente. Nunca proporciona una ciencia infusa ni un saber de oráculo. Los sobrevivientes del terror y, en general, los allegados de las víctimas (también víctimas ellos mismos) siguen siendo, después del trauma, como todos los demás. Ni más ni menos.

LA representante de la Asociación 11-M Afectados de Terrorismo habló el miércoles ante la Comisión de Investigación del Congreso. Pilar Manjón, que perdió un hijo en el atentado de la estación del Pozo del Tío Raimundo, merece el respeto y la solidaridad de todos, no el asentimiento universal a sus denuncias y propuestas. Sus ataques a los comisionados, sin distingos, pudieron brotar de una sensibilidad hipertrofiada por el dolor, pero eran sencillamente intolerables. Esta Comisión no pasará a la Historia como la más ecuánime y eficaz. Sus resultados, hasta la fecha, podrán habernos decepcionado a muchos, por diversas y contrapuestas razones. Pero no ha sido un circo. Nadie se ha burlado de las víctimas y si alguien las ha utilizado «como arma arrojadiza», los agredidos (¿hay que ponerles siglas?) no han respondido con las mismas armas. Risas, aplausos y jaleos no serán del gusto general, pero forman parte de la liturgia de la discrepancia democrática en todos los parlamentos del mundo. Ojalá sigan sonando en el nuestro, porque cuando acaba ese alboroto es que empieza el tiroteo.

ESTA vez los comisionados callaron, quizá unos por respeto y solidaridad y otros acaso por vergüenza, allá cada cual con su conciencia, pero ese silencio no estuvo bien. Peor aún fue la ausencia de réplica a las acusaciones de Pilar Manjón contra la actuación de las Administraciones públicas (qué casualidad, todas del PP) en la atención a los heridos y las familias, acusaciones desmentidas por los testimonios de, cuando menos, otras tres asociaciones de víctimas. Para ser coherente con sus propias demandas a políticos y periodistas, Pilar Manjón debería haberse dejado de insinuaciones y vaguedades. Pero, sobre todo, los comisionados debían haberle exigido que concretase, porque no estaban allí para otra cosa. Nunca, en fin, desde el 13 de marzo, se había vuelto a sentir tan intensamente el olor agrio de la manipulación de los buenos sentimientos.

Víctimas de segunda
José A. SENTÍS LR 19 Diciembre 2004

Mientras el cuerpo mutilado estaba caliente, los vecinos se pasearon bajo el balcón para llamar perros a los padres de luto, a los hijos huérfanos. Uno de los familiares visitó la parroquia del fallecido, pero el cura le dijo que no podía celebrar un funeral, porque eso sería tomado como una provocación, y la Iglesia no está para dividir a la sociedad, como aclaró en carta pastoral su obispo. Cuando encontró una capilla alejada, congregó a ocho íntimos; ni político ni vecino; el cadáver salió por la puerta trasera, clandestinamente conducido al cementerio.

Al día siguiente, la Prensa recogía la noticia, flanqueada por valoraciones. Había muchas razones para el asesinato. Había motivo. Debía entenderse que si no se superaba el conflicto, la existencia de víctimas era tan natural como la lluvia en otoño. La responsabilidad provenía de la falta de alternativas al contencioso, el muerto era cómplice de la represión y sólo habría paz con una negociación entre los agentes políticos. En los días siguientes, la familia fue sistemáticamente evitada. Alguna conmiseración pasajera no pudo diluir el rechazo al apestado social. Los más huyeron. Los que se quedaron conocieron la soledad absoluta, la insolidaridad lacerante, la penuria económica, el miedo a la calle y el pavor a la noche, cuando las horas son siglos. Hubieron de esperar años, porque se amontonaban los muertos en una enorme fosa común social, para encontrar a otros que habían sufrido lo mismo.

Algunos, más valerosos, los que pudieron superar la amargura y la desesperación, intentaron agruparse. No tenían medios económicos ni recursos sociales ni amistades políticas. Eran incómodos para la buena conciencia colectiva y amenazadores para los gobernantes de su comunidad nacional. Además, tenían un estigma invisible. Algo habrían hecho sus deudos; murieron por su propia responsabilidad, tal vez por su ideología, tal vez por su profesión o, quizá, por accidente. Si eran niños, por tener padres culpables. Sin embargo, la rutina de la muerte tiene componentes caóticos. Tal vez por acumulación de clientes del dolor, tal vez por la extrema crueldad en alguno de sus ejercicios de expresión del conflicto. Y la sociedad, aunque no la más avecindada, tuvo momentos en los que la compasión superó al miedo y la indignación afloró con borbotones espasmódicos, aunque durasen lo justo para que la indignidad no impidiera mirarse al espejo por las mañanas.

Empezaron las cuestaciones. Se puso al desnudo la cicatería de los gobernantes y alguno rectificó. Emergió una vanguardia incomprendida, pero sólida. Pero aún hoy, pocos les escuchan. Siguen siendo incómodos y, además, se han acumulado víctimas más urgentes que ellos, que nunca han sido urgentes. No ha habido comisión de investigación alguna sobre las responsabilidades políticas por permitir una tragedia tan prolongada. Sus dolientes ven en los escaños a quienes justificaron, jalearon, se aprovecharon o pactaron con los asesinos; y a sus amigos, con escolta. Los terroristas tienen periódicos; sus familiares, subvenciones y sus aliados, planes. Las lágrimas son de todos, pero aquello fue, y es, exactamente lo contrario de lo que pasó tras el 11-M.

Los callejones del 11-M
FLORENCIO DOMÍNGUEZ El Correo 19 Diciembre 2004

Aunque el callejón está totalmente aislado del bullicio exterior, tiene una vida propia cuyas raíces conectan, básica y fundamentalmente, con un mundo profundo del que guarda secretos muy antiguos». No es ésta la descripción del callejón de Avilés donde vive el ex minero asturiano Suárez Trashorras y donde ETA robó, el 2 de diciembre de 2002, un 'Renault 19' que fue utilizado al día siguiente como coche bomba en Santander. El pasaje de los secretos antiguos es el de Midaq, en El Cairo, descrito por Naguib Mahfuz en esa gran historia triste que es 'El Callejón de los Milagros'. En estos tiempos, sin embargo, hay muchos que han convertido el lugar donde se encuentra la casa de Trashorras en el comienzo de una red de callejones iniciáticos del 11-M con los que pretenden sostener la tesis de la existencia de vinculaciones entre ETA y el terrorismo islamista.

Hay que comenzar señalando que la idea de las relaciones entre los dos terrorismos es una tesis sobrevenida, que aparece a medida que nos alejamos del día del atentado y que se sustenta en un par de casualidades, en interpretaciones forzadas de algunos hechos y en el uso de un argumento diabólico: la exigencia de que el otro pruebe que no hay tales vínculos en lugar de que quienes sostienen la existencia de los lazos presenten pruebas de sus afirmaciones. Y conviene también dejar sentado que la tesis de las complicidades ETA-islamismo no tiene apoyo entre los responsables de los servicios policiales españoles que se ocupan de la investigación. Son ámbitos políticos o mediáticos los que defienden la idea por encima de las evidencias.

Se invoca como antecedente de las supuestas relaciones actuales la presencia de ETA en campos de entrenamiento de países árabes en los años setenta y a mediados de los ochenta. En efecto. Miembros de las dos ramas de ETA recibieron instrucción en actividades terroristas en Argelia, Líbano y Yemen. En Argelia, en 1976, fueron nada menos que 63 etarras los que asistieron a los tres cursos organizados por los militares del país magrebí que, de esa forma, pretendía hacer pagar a España el acuerdo con Marruecos y Mauritania para la cesión del Sáhara. Incluso, ocho años más tarde, Argelia volvió a entrenar etarras, según reveló Soares Gamboa tras entregarse voluntariamente a la Justicia española. El propio Soares y otros seis miembros de los comandos 'Madrid' y 'Nafarroa' permanecieron dos meses, de octubre a noviembre de 1984, en la base militar de Oargla recibiendo un entrenamiento intensivo.

Argelia, que practicó la impudicia de alimentar el pistolerismo etarra, tuvo que soportar en los años noventa el castigo de verse arrasada por un terrorismo islamista mucho más brutal y salvaje. A los aprendices de brujo del FLN y de los militares argelinos, la historia les devolvió con creces la barbarie que ellos habían sembrado en otro lugar.

Vino después, en diciembre de 1979, el entrenamiento de seis 'polimilis' en un campo palestino del sur de Líbano en el que permanecieron durante 45 días acogidos por Al Fatah. Entre febrero y marzo de 1980, doce miembros de ETA-militar fueron adiestrados en Yemen del Sur por el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP). A principios de los ochenta hubo también contactos entre ETA y Libia que no llegaron a cuajar. El régimen del coronel Gadafi ofrecía ayuda a la banda terrorista, pero exigía contrapartidas que ésta no quiso dar, por lo que los contactos no se tradujeron en colaboración material, a diferencia de lo que ocurrió en la misma época con el IRA.

Todo lo anterior está constatado (aunque recientemente un antiguo representante de Al Fatah en España me cuestionaba la implicación de este grupo y atribuía la relación con ETA en Líbano a la rama 'Comando General', del FPLP, dirigida por Ahmed Jibril), pero considerar que esta colaboración es el antecedente de relaciones actuales es un salto en el vacío. Argelia, Libia o los diferentes grupos palestinos de los setenta y ochenta tenían en común su carácter revolucionario o nacionalista, pero en absoluto el islamismo. Eran laicos e, incluso, estaban enfrentados a grupos religiosos, como Hamás, impulsados por Israel para provocar división entre sus filas.

Pensar que aquellos episodios son la base de complicidades recientes tiene tanto fundamento como si se le atribuyera la responsabilidad a Elías Gallastegi, 'Gudari', líder de Aberri, la facción radical del PNV en los años veinte del siglo pasado, que en 1923 abogaba por hacer un pacto del nacionalismo vasco, catalán y gallego con los rebeldes rifeños de Abd el-Krim contra España, tal como relata José Luis de la Granja en 'El siglo de Euskadi' (Tecnos). Si se tiene en cuenta que 'Gudari' (un soldado que, a la vista de su comportamiento en la Guerra Civil de 1936, debió de hacer la mili en el mismo regimiento que Arquíloco de Paros, el poeta griego que arrojó el escudo ante los tracios y puso pies en polvorosa) es el abuelo de Irantzu y Lexuri Gallastegi Sodupe, miembros de los comandos 'Donosti' y 'Madrid', respectivamente, de Usune Gallastegi Sasieta, sentenciada por colaboración con el comando 'Vizcaya', y de Orkatz Gallastegi, condenado por violencia callejera, no faltará quien encuentre en esta familia el ADN de la relación ETA-islamismo.

Pero no hay que retroceder -ni fantasear- tanto. Hace una década que se publicaron las primeras informaciones sobre supuestos contactos entre ETA y el islamismo, entonces el iraní. La revista francesa 'Le Point', en su número 1.131 de 21 de mayo de 1994, publicó un breve en el que aseguraba que miembros de ETA se habían reunido en Sudán con los servicios secretos iraníes y que éstos les habían ofrecido ayuda logística y financiera. «Desconfiados, los vascos aceptaron proseguir las negociaciones, pero han hecho saber que eran hostiles a cualquier atentado islámico en España», escribía 'Le Point'. La revista 'Tiempo' siguió la estela de esa información en su número 633, de 20 de junio de 1994, hablando de supuestas reuniones entre ETA y los iraníes celebradas tanto en Jartun, la capital sudanesa, como en Larnaca (Chipre). Los servicios de inteligencia españoles atribuyeron entonces estas informaciones, que nunca pudieron ser confirmadas, a intoxicaciones procedentes de sus colegas de Estados Unidos, interesados en cambiar la política española hacia Irán.

Una de las alegaciones más reiteradas en favor de la colaboración ETA-islamistas en el 11-M es la coincidencia de fechas entre el traslado de explosivos de Asturias a Madrid y el transporte de una furgoneta-bomba de la banda terrorista vasca, interceptada en Cuenca el pasado 29 de febrero. Aunque las investigaciones de la Policía y la Guardia Civil han dejado clara la inexistencia de la menor relación entre una cosa y otra, los persuadidos se resisten a aceptar las explicaciones. No creen que sea fruto del azar que dos grupos terroristas coincidan en los preparativos de unos atentados cuya comisión iba a tener lugar con casi dos semanas de diferencia. Pero bastaría echar un vistazo a la historia pasada para ver que eso mismo ha ocurrido muchas veces sin que ello implique lazos de ningún tipo. El 25 de mayo de 1979, por ejemplo, ETA asesinaba en Madrid al teniente general Luis Gómez Ortigüela y a otros tres militares, mientras los GRAPO mataban el mismo día a dos inspectores en Sevilla. Unas horas más tarde, también en la capital española, los GRAPO asesinaban a ocho personas con una bomba en la cafetería 'California'. A nadie se le ocurre sostener que ambas bandas mantuvieran vínculos de complicidad o coordinación por el hecho de matar el mismo día o en la misma ciudad.

Y así llegamos al callejón del suministrador de los explosivos a los islamistas del 11-M, Suárez Trashorras, donde algunos quieren ver profundos secretos por el robo del 'Renault 19' realizado por el 'comando Egoitz eta Hodei' para atentar en Santander. No hay forma de que admitan que sólo el azar llevó a los dos etarras hasta aquella calle de Avilés, un azar similar al que, el 7 de junio de 1985, llevó a los miembros del 'comando Mendaur' de ETA a intentar robar un coche en las cercanías del estadio del Sadar, en Pamplona, donde su propietario, Diego Torrente, lo estaba limpiando. Los terroristas desconocían que el dueño del coche era un agente de policía, quien, al verse encañonado con una pistola, temió por su vida y trató de defenderse forcejeando con los asaltantes, que lo asesinaron sin compasión, pero sin saber que mataban a un miembro de las fuerzas de seguridad.

La historia del terrorismo, como la vida en general, registra numerosos hechos casuales y en torno a ellos no se pueden construir callejones sin salida que confunden a muchos ciudadanos. Las teorías conspiratorias y la negación de la evidencia quedan bien en series de televisión como 'Expediente X' o sirven, incluso, para vender millones de libros como los que no admiten que el Pentágono fuera atacado el 11 de septiembre. Pero en la España que trata de recuperarse del drama del 11-M están dañando la convivencia democrática y suscitan tensiones innecesarias.

MI DUDA SOBRE ZAPATERO
Por Jaime CAMPMANY ABC  19 Diciembre 2004

OS confesaré, en secreto, porque tampoco se trata de molestar, una duda que me asalta sobre la personalidad de Zapatero. Observo sus actitudes y escucho sus palabras y no sé decir si me encuentro ante un tonto de remate o ante un malvado envuelto en cinismo. Luego, al cabo de un rato de rumiar la duda, caigo en la vieja doctrina del Buey Mudo, como le llamaban a Santo Tomás de Aquino sus compañeros, quien enseña que la tontería es la maldad, y por lo tanto, dicho por lo directo y sin ringorrangos, los malos son los tontos, y ya me quedo tranquilo, resuelta aquella duda que me desasosegaba. Y comprendo que Zapatero, para destacar en lo de su tontería cuenta con la ayuda inestimable de Moratinos y para progresar en la maldad cínica tiene la colaboración preciosa de Rubalcaba.

Alguna vez, antes de que sea definitivamente tarde, tendrán los socialistas que tomarse en serio lo de Zapatero. Parecía inofensivo, y los de su partido lo pusieron mirando a La Moncloa, sólo para que la mirara, igual que los musulmanes rezan mirando a la Meca, y a sabiendas de que no iba a entrar en ella. Creyeron que con Zapatero abrían un paréntesis, en espera de que llegaran tiempos mejores. De pronto, estallaron las mochilas del 11-M, Rubalcaba puso en funcionamiento las pancartas y los teléfonos móviles, surgieron de las urnas sapos y culebras, y porrompompero, en la Moncloa entra Zapatero.

Y encima, aparece en escena un delirante furioso, llamado más o menos Carod-Rovira, que con una ley electoral disparatada y con un uno por ciento de los votos nacionales es capaz de darle la Generalitat a Pasqual Maragall y el Gobierno de España a Zapatero, que se inviste así presidente por accidente. Y empieza la triste historia, que se puede convertir en triste Historia, con mayúscula. En un ataque de delirio, Carod-Rovira, presidente en funciones de la Generalitat, se va a ver a los etarras para negociar con ellos que no maten en San Feliú de Guixols ni en la Barceloneta, pero que maten si quieren en Sos del Rey Católico, en Valencia del Cid o en la Sevilla de San Fernando.

Eso sólo fue el principio. Los separatistas vascos y catalanes comienzan a repartirse la Nación española. Cataluña quiere ser una nación, y para eso plantean cambiar el Estatuto y la Constitución. Los socialistas catalanes aventuran la posibilidad de tener grupo parlamentario propio, que actúe y decida aparte del partido. Quieren selecciones deportivas catalanas que se enfrente a las españolas. Por Vasconia, Ibarreche avanza con su Plan, Parlamento totalmente soberano, autodeterminación, pacto con la corona. Y esta es la hora en que Zapatero oye, soporta, aguanta, y admite los votos antiespañoles para seguir por paradoja presidiendo el Gobierno de España, o sea, el objeto gobernable destinado a desaparición.

La situación, por más que queramos meter la cabeza bajo el ala, es más dramática de lo que parece. Y encima del desastre general de nuestra política internacional, ayudado esta vez por el asesor del tonto, regala la reserva de soberanía que nos quedaba sobre Gibraltar. S.O.S. Socialistas, rápido, atadle las manos al tonto.

CAÍDA LIBRE EN POLÍTICA EXTERIOR
Editorial ABC  19 Diciembre 2004

EL Gobierno socialista parece decidido a que España se convierta en un país de tercera fila. El asunto produciría hilaridad de no tener las gravísimas consecuencias que cualquier persona con sentido común comprende que tiene el hecho de que un país decida tirar por la ventana la respetabilidad exterior ganada después de años de esfuerzo. De hecho, con sistemática constancia se acumulan errores en una especie de suma y sigue que comienza a presentar un balance de enorme gravedad.

El cariz de los acontecimientos empieza a ser desolador. Tanto que es lógico que cunda entre muchos el pesimismo ante la perspectiva de no saber qué nuevo despropósito está por venir. Precisamente este es el mayor problema de todos: la incertidumbre que transmite nuestro Gobierno acerca del futuro de nuestra política exterior. Primero, porque si se analiza con cierto detalle, parece diseñada por alguien sin más criterio que la extraviada mirada de quien no comprende nada de lo que es el mundo desde que se produjo el derribo del Muro de Berlín y el 11-S. Segundo, porque a esta miopía se le añade un desconocimiento mayúsculo sobre los hábitos y la conductas propias de la diplomacia de un país occidental desarrollado.

Producto de la combinación de ambos factores es el estado actual de la cuestión y que no es otro que el daño de la imagen de España. En tan sólo nueve meses se ha logrado desandar la obra de articular una política exterior homologable con el resto de los países europeos occidentales. De hecho, a los ojos de quienes se supone que comparten con nosotros la longitud de onda de una sociedad abierta desarrollada, España comienza a suscitar una preocupada curiosidad. Y no sólo porque hayamos sido capaces de cambiar radicalmente las coordenadas de nuestras relaciones con la mayor potencia del planeta sumiéndolas en una especie de callejón sin salida, sino porque en una sola semana hemos logrado enemistarnos absurdamente con un país amigo como Polonia y alterar el curso de tres siglos de coherencia política en torno a Gibraltar.

Lo de Polonia es grave, sobre todo en el contexto actual. Que en plena negociación de las Perspectivas Financieras de la Unión Europea, España se granjee torpemente un desencuentro con un país que compartía con nosotros una comunidad de intereses evidente, es una irresponsable torpeza. Pero que además, en la misma semana, se modifique radicalmente nuestra política con respecto a Gibraltar y se admita lo que no estábamos obligados a hacer -reconocer a los gibraltareños derecho de veto sobre el futuro de la soberanía de la Roca- es algo que sólo puede entenderse desde el desprecio más absoluto hacia lo que significa nuestra propia dignidad nacional. Y así, nuestra política exterior puede ser puntillosa en la defensa de nuestra soberanía frente a la superpotencia planetaria y, sin embargo, transigir ante las delirantes pretensiones de una anacrónica colonia de cinco kilómetros cuadrados.

El problema de fondo no reside en que el ministro Moratinos esté desacreditado, sino que nuestro país evoluciona hacia una política exterior en caída libre. La urgencia por cambiar el curso de los acontecimientos comienza a ser más que perentoria si no queremos que España pierda el poco crédito que le resta.

España como superestructura
Por Miguel Ángel Quintanilla Navarro, Nº 18 La Ilustración Liberal http://www.libertaddigital.com/ilustracion_liberal/articulo.php/463 LD 19 Diciembre 2004

¿Qué es el superestructuralismo?

Desde 1996 se ha desarrollado intensamente una forma de entender la vida política española que ya existía en estado de latencia desde algunos años antes pero no había alcanzado la difusión y la virulencia que ha adquirido últimamente. Esta manera de comprender la política española, a la que denomino superestructuralismo, se caracteriza por afirmar las siguientes proposiciones:

a.) España no es una nación sino un Estado cuyo origen es la Constitución de 1978.

b.) El proceso de transición a la democracia en España que tuvo lugar durante los años setenta fue una farsa. En realidad, lo que llamamos transición no fue más que una parodia que permitió a los detentadores del poder durante el franquismo (es decir, a quienes lo ostentaban ilegítimamente) convertirse en detentadores del poder después del franquismo mediante un proceso de camuflaje en el que las papeletas de votación hicieron de hojarasca. Los franquistas eludieron la ruptura de su régimen, se mimetizaron con los demócratas y consiguieron mantener su dominio mediante el uso fraudulento de las instituciones democráticas. El proceso constituyente no fue tal, sino que durante el mismo la derecha, protegida por el ejército y por otros poderes, impuso sus criterios y sus valores al resto de participantes, que tuvieron que aceptar lo que se les ofreció. La Constitución —o más exactamente, lo que los constitucionalistas suelen llamar bloque de constitucionalidad (Constitución más estatutos de autonomía más jurisprudencia del Tribunal Constitucional)— no es el resultado de un pacto libre, sino de una imposición de la derecha sobre el resto. Este tipo de razonamiento puede adoptar formas más o menos académicas según el momento.

c.) Por detrás de la vida política aparente discurre una vida política real que es contradictoria de aquélla y esencialmente corrupta y antidemocrática. La forma del poder no muestra el poder sino que lo oculta. Parlamentos, elecciones, magistraturas, y cualesquiera otras instituciones que forman parte del sistema político español son sólo trampantojos que engañan a los incautos que creen que en España las cosas cambiaron con la muerte de Franco. Lo que cambió fue sólo lo necesario para que todo siguiera igual.

d.) Puesto que nada ha cambiado pero parece que sí, la política no debe consistir en actuar de buena fe en las instituciones, sino en desenmascarar lo que está pasando, en desvelar el engaño. De hecho, una de las ocupaciones más queridas por los superestructuralistas es la detección de “tics” autoritarios, pequeños gestos inconscientes que delatan lo que verdaderamente nos pasa o lo que verdaderamente somos. Alguien que parece demócrata se revela como antidemócrata a través de un tic que el político superestructuralista detecta y expone al público como una prueba más de que las cosas y las personas no son lo que parecen. El político superestructuralista ocupa las instituciones transitoriamente y mientras llega el verdadero cambio que está pendiente; estar en un parlamento puede ser útil para difundir más eficazmente la única verdad que importa —que todo es un engaño— pero no puede constituir un acto que legitime las instituciones que son ocupadas. La política no debe ser pacto ni transacción sino denuncia y desestabilización, difusión de una sospecha general e inconcreta acerca de las instituciones y de quienes las dirigen, o, en su vertiente intelectual más suave, revisionismo, impugnación del pacto constitucional.

e.) La violencia política ha de entenderse como el resultado de la gran farsa constituyente. Quienes han hurtado el poder mediante procedimientos arteros y han diseñado luego unas instituciones represivas, no representativas, no pueden sorprenderse de que haya quien se decida a procurar cambiar las cosas por el único camino que le queda: mediante la violencia. La violencia política es responsabilidad de quienes mandan y no deberían mandar, que empujan a los violentos a una situación desesperada. La queja de quienes ejercen la violencia hacia quienes mandan no es sólo por hacerles padecer un régimen opresor, sino por obligarlos a ser terroristas. Los superestructuralistas no violentos (que son la mayoría) reclaman que se aprecie el esfuerzo que hacen para no darse a la lucha violenta e incluso pedir a quienes la ejercen que dejen de hacerlo, aunque suelen advertir de que, de seguir las cosas así y no producirse un cambio significativo, les será difícil mantener y recomendar una actitud tan templada. Su excelencia moral —dicen— tiene un límite.

f.) España es hoy una ficción que es sostenida mediante la amenaza, la violencia y la represión. Cualquier símbolo nacional español lo es de esa ficción y de esa violencia, y cualquiera que haga uso de los símbolos de España debe ser considerado promotor de esa agresión. Quienes afirman que existe un modo limpio y valioso de entender a España como nación lo único que hacen es prolongar y sofisticar un poco más el gran engaño de 1978. Ser español es un estigma, no un orgullo ni una afortunada casualidad, ni nada que pueda expresar sentimientos o ideas apreciables.

g.) La pérdida del Gobierno de la Nación por el Partido Socialista en 1996 confirma las sospechas del superestructuralismo y le proporciona una evidencia incontestable. Los resultados electorales de 1996 y de 2000 no fueron el fruto de unas elecciones limpias en las que los votantes mostraron libremente sus preferencias políticas, sino el final de la gran farsa: la vuelta de la derecha al poder, o más bien el reconocimiento descarado de que nunca se había ido. No hay solución de continuidad entre la derecha de los años noventa y el franquismo de los setenta, ni entre éste y el de 1936.

El superestructuralismo español —definido por las afirmaciones anteriores— adopta tres formas, una de izquierda, otra nacionalista y otra de izquierda y nacionalista. En el superestructuralismo de izquierda hay al menos dos referencias teóricas claras, aunque su uso sea confuso y muchas veces inconsciente, y haya experimentado numerosas actualizaciones. Estas referencias pueden ser sintetizadas mediante los siguientes textos:

1.)“El rico, acuciado por la necesidad, concibió finalmente el proyecto más meditado que jamás haya entrado en mente humana: fue emplear en su favor las fuerzas mismas de quienes lo atacaban, hacer defensores suyos de sus adversarios, inspirarles otras máximas y darles otras instituciones que le fuesen tan favorables como contrario le era el derecho natural [...]: “Unámonos, les dijo, para proteger de la opresión a los débiles, contener a los ambiciosos y asegurar a cada uno la posesión de lo que le pertenece [...]”.Tal fue, o debió ser, el origen de la sociedad y de las leyes, que dieron nuevos obstáculos al débil y nuevas fuerzas al rico, destruyeron sin remisión la libertad natural, fijaron para siempre la ley de la propiedad y de la desigualdad, hicieron de una hábil usurpación un derecho irrevocable y sometieron desde entonces, para provecho de algunos ambiciosos, a todo el género humano al trabajo, a la servidumbre y a la miseria.”
(Rousseau, El Contrato Social)


2.) “Mis estudios me llevaron a la conclusión de que las relaciones legales y las formas de estado no podían ser entendidas por sí mismas, ni explicadas por el llamado progreso general del espíritu humano, sino que están arraigadas en las condiciones materiales de vida, resumidas por Hegel [...]con el nombre de “sociedad civil”; la anatomía de esa sociedad civil debe ser analizada por la economía política”.
(Marx, Crítica de la Economía Política)

Los conceptos que expresan estos dos textos son, a juicio de los superestructuralistas de izquierda, directamente aplicables a la España contemporánea. El pacto de 1978 fue una aplicación del primer contractualismo rousseauniano (el contrato que no es social sino lo contrario) y su resultado es una construcción legal, institucional y moral hecha a la medida de intereses privados que se hacen pasar por interés general o nacional: España es una superestructura. En el superestructuralismo nacionalista la teoría importa menos que poder contar una historia que explica el sojuzgamiento de la nación propia a manos del secular expansionismo español, del cual el franquismo ( y en consecuencia el actual sistema político español, puesto que —se dice— éste es lo mismo que aquél) es la expresión más reciente. No obstante, en ocasiones el caso español puede ser expuesto junto a otros, como el francés. Por último, el superestructuralismo nacionalista y de izquierda mezcla los conceptos de los dos anteriores, o “localiza” los conceptos del superestructuralismo de izquierda.


¿Qué hace el superestructuralismo?
La presencia y el arraigo crecientes entre nosotros de este tipo de pensamiento pueden ser considerados como uno de los fenómenos más notables de la política española contemporánea y como uno de los más perniciosos, porque quien adopta este punto de vista se sitúa al margen de la disputa política leal y abierta, al imputar al oponente político un vicio personal irremediable que no se prueba ni se matiza y que permite despreciar cualquier argumento u opinión que provenga de quien así es etiquetado. Si, como es el caso, esa imputación se dirige contra partidos políticos u organizaciones sociales completas, renunciando deliberadamente a cualquier ejercicio intelectual sobre lo que se escucha, entonces el sistema padece un empobrecimiento gravísimo que puede debilitarlo dramáticamente. El superestructuralismo no es un programa político ni una ideología —aunque sirve a diversas ideologías que necesitan de la desaparición de la democracia española para poder prosperar y que encuentran en ella un obstáculo insuperable— sino un vicio moral que irresponsablemente inunda la vida pública de sospechas para conseguir un objetivo ajeno a los que el sistema legitima y que nada tiene que ver con la confrontación entre ideas y programas; no es una propuesta sobre la organización política deseable para la comunidad, sino una patología que impide ver en el rival político otra cosa distinta de un conspirador. El superestructuralista padece el error de creer que a los demás les va siempre mucho mejor que a uno mismo, puesto que uno mismo es la víctima de la conspiración que se denuncia. Esta creencia anima un victimismo sin límite inasequible a cualquier evidencia que se le pueda oponer, puede llegar a ser la justificación de comportamientos personales corruptos (¿por qué respetar una legalidad ilegítima y que está hecha para fastidiarme?) y es el germen de un resentimiento absurdo por lo que no ha tenido lugar. Finalmente, el superestructuralismo pide el cese de lo que no ocurre y es, por tanto, una actitud condenada a ser insatisfecha en lo que tiene de anhelo y a persistir indefinidamente.

En las sociedades abiertas la disputa política no consiste tanto en discutir acerca de lo que se debe hacer para solucionar un problema que afecta a la vida pública cuanto en discutir acerca de cuál es el problema que se ha de solucionar. Los partidos políticos y las organizaciones sociales tratan de “crear problemas” y ponerlos en circulación partiendo de acontecimientos que pueden ser contemplados desde innumerables puntos de vista. Lo característico del superestructuralismo es que aborda cualquier suceso público relevante mediante la invención de un problema cuya solución pasa ineludiblemente por el desleimiento de la organización política de España y por la negación de su sustancia nacional. El superestructuralismo procura que el debate político español se convierta en una disputa sobre España con motivo de cualquier cosa, de forma que las instituciones representativas no sirvan para discutir acerca de cómo debemos abordar los problemas políticos sino para abordar el problema que constituye la existencia de España; tiene, por tanto, un carácter metapolítico que lo coloca en un plano epistemológico diferente del que ocupan los políticos que no son superestructuralistas. El superestructuralista no dice algo de lo que él es, no se define a sí mismo, sino que dice lo que son los demás sin atender a lo que éstos dicen que son y al margen de cualquier evidencia. A diferencia del superestructuralismo, la nación española, al expresarse en la Constitución, dijo algo de sí misma, no de quienes están o se sienten fuera de ella, a quienes respeta y protege. En tales circunstancias el diálogo es imposible, porque uno de los interlocutores considera que el otro es el núcleo del problema y le exige que reconozca su culpa y que desaparezca.

Seguramente, el superestructuralismo español es una variante nacional y particularmente dura de una actitud política que está presente, con una coloración diferente según el caso, en todas las democracias liberales; y también fuera de nuestra civilización política: existen algunas coincidencias claras entre algunos argumentos superestructuralistas y algunos argumentos islamistas, por ejemplo, y es tentador adentrarse en ese camino.

¿Cómo oponerse al superestructuralismo?
Lo que se ha producido recientemente ha sido un aumento de la intensidad y de la virulencia (o violencia) de la presencia social del superestructuralismo español; su exacerbamiento, pero no su aparición. La persistencia del superestructuralismo ha sido favorecida por una actitud errónea exhibida con frecuencia por los políticos no superestructuralistas, que se han servido de dos instrumentos poco eficaces cuando han querido hacerle frente —aunque, afortunadamente, se trata de una actitud cada vez menos frecuente—.

En primer lugar, han tendido a desarrollar una oposición estrictamente verbal en lugar de política (es decir, en lugar de emplear el poder del cual legítimamente disponen y del que sólo ellos deberían disponer) lo que hace que los derechos que deben ser tutelados por los poderes públicos queden expuestos a cualquier violación. Es casi milagroso que en el País Vasco, por ejemplo, los ciudadanos demócratas no se hayan decidido a organizar algún tipo de autotutela de sus derechos fundamentales, que son sistemáticamente vulnerados ante la pasividad de la autoridad policial. En esta Comunidad Autónoma el poder público ha amparado la creación de un oligopolio del uso de la violencia del cual forman parte sólo quienes son secesionistas, una privatización de la violencia a favor de los socios políticos y contra los rivales. En segundo lugar, la argumentación contra el superestructuralismo no ha sido de carácter nacional sino estatal: ha tendido a disputar sobre la Constitución de 1978 y su validez en cuanto a sus resultados prácticos (desmentidos en parte por la propia oposición que los superestructuralistas le hacen) y no en cuanto a su mejor valor: que expresa legítimamente la voluntad de la nación española y que esa voluntad manifiesta una exigencia ética admirable; es, por tanto, un valor esencialmente moral, no sólo utilitario. El respeto a la ley (y, desde luego, a la “ley de leyes”) en virtud de su origen y no de su acierto (siempre en disputa) es el núcleo del concepto mismo de “Estado de derecho”. Lo que éste asegura no es el acierto de las leyes, sino su condición nacional, su carácter representativo de la voluntad general. Que, además, creamos que la ley democrática acierta más que la que no lo es, es un asunto distinto, aunque, sin duda, importante.

La condición verbal y estatal de la oposición al superestructuralismo en detrimento de la oposición política y nacional explica el crecimiento de esta patología.

Supongamos, por ejemplo, que el Gobierno Vasco patrocina un libro de texto de uso obligatorio en los cursos de educación secundaria en el que se afirma la existencia durante el siglo XIX de un monte en lo que hoy es la playa de La Concha de San Sebastián. Supongamos, además, que el libro afirma la existencia en dicho monte de un río cuyo caudal circulaba en sentido ascendente. La actitud que el político español ha adoptado frecuentemente a lo largo de los últimos 25 años frente a ese tipo de sucesos ha sido —siguiendo el consejo popular que afirma que no hay que mirar el dedo sino lo que el dedo señala— tratar de refutar la existencia del mencionado monte y negar la posibilidad física de que los ríos fluyan en sentido ascendente. Los testimonios históricos contra la existencia del monte y los científicos contra la existencia del río son tan claros y numerosos que sobre este punto el libro patrocinado por el Gobierno Vasco podría ser justamente calificado como un conjunto de afirmaciones absurdas. Pero si es cierto que la afirmación del libro no hace que el monte exista, también lo es que la inexistencia del monte no hace desaparecer el libro. Y es precisamente el libro y no el monte, lo que el Gobierno Vasco ha puesto en el mundo, su producto político, el ente generado por él capaz de afectar la visión social de la política: es política educativa, no política forestal o fluvial. Quizás, lo correcto sea contravenir la sabiduría popular y aceptar que lo que el político debe hacer es preocuparse más por el dedo que por lo que el dedo señala; hacer contrapolítica educativa, no contraargumentar con planos y geógrafos. El superestructuralismo no se limitará a afirmar la existencia del monte en el siglo XIX sino su inexistencia actual como efecto de una acción culpable que hizo desaparecer lo que antes existía. Cuando un chaval de 16 o 17 años visite la playa de La Concha y constate la ausencia del monte y del río ascendente, probablemente no verá en ello la refutación de lo que su libro cuenta, sino su confirmación: “efectivamente, alguien ha hecho desaparecer nuestro monte maravilloso”. Obviamente, quien ha hecho desaparecer el monte es España. El libro puede generar efectos políticos, independientemente de que lo que cuenta sea o no verdadero, o simplemente verosímil. Lo ausente es infinito; y ante los ojos del nacionalista, lo existente es potencialmente culpable de cada inexistencia, infinitamente culpable.

La vigencia de esta actitud —la adopción de una estrategia verbal de enfrentamiento contra el superestructuralismo y la elusión del enfrentamiento político, la renuncia por parte de los poderes públicos españoles al ejercicio de una compulsión legítima sobre la vida pública— sigue siendo muy frecuente, aunque ha ido decreciendo a lo largo de los últimos años; de hecho, se puede decir que la decisión de enfrentar políticamente al superestructuralismo allí donde adopta políticas y no sólo opiniones, es una de las razones de su exacerbamiento reciente, porque ha comenzado a encontrarse con resistencias fácticas que impiden la continuidad del plácido progreso que ha experimentado desde hace décadas. Esta oposición política que ahora comienzan a experimentar es considerada por los superestructuralistas como el fruto de un “ánimo crispador” inaceptable, pero realmente la política contra el superestructuralismo es una reacción a la existencia previa de una política antiespañola, no viceversa. El exacerbamiento (que presupone la existencia de lo que se exacerba) es, a su vez, una reacción lógica; igual que la proximidad del policía exacerba la furia del delincuente.

Los desafíos del superestructuralismo son cada vez más difíciles de resistir y exigen un decidido empeño político, un uso del poder legítimo en defensa de la palabra de la nación española expresada en la Constitución de 1978. Esa palabra es valiosa por lo que expresa, pero, sobre todo, por ser expresión de la voluntad nacional. La mera presencia pública de la nación bastará para negar y vencer al superestructuralismo; pero no bastará la rememoración de lo que la nación supo hacer en 1978. El superestructuralismo no se dirige contra el Estado (que es lo que la Constitución define) sino contra la nación (que es origen de la Constitución y del Estado) -carece de sentido hablar de patriotismo constitucional sin aludir a la necesaria existencia de un patriotismo constituyente y, por tanto, preconstitucional que lo ha hecho posible, salvo que interesadamente se eluda la rememoración de ese tiempo histórico y se sugiera una suerte de “hilozoísmo constituyente”: la constitución se hizo a sí misma-. Si el superestructuralismo lo ha tenido tan fácil hasta ahora ha sido en parte porque nos hemos comportado como si realmente sólo fuéramos un Estado y no una nación. Asumir que España empieza en 1978 es casi afirmar que en 1978 habría sido posible que empezara cualquier cosa —cualquier forma política de cualquier amplitud geográfica— si se hubiera deseado, y facilitar la visión superestructuralista de España. Sin duda, debemos apreciar y respetar nuestra Constitución, pero debemos comenzar a exponer sin miedo una realidad histórica más profunda y más antigua que es origen de nuestra condición de Españoles y que hace que tenga sentido la existencia de la Constitución de 1978.

La conmemoración de la Constitución debe presentarse como la recuperación de una antigua tradición de libertad y de mérito cultural y nacional que fue interrumpida por la guerra y por sus antecedentes y consecuencias, y cuyas raíces se pierden en el tiempo, sin que esto suponga acometer interesadamente una exégesis edulcorada de nuestra Historia; es decir, debe presentarse como lo que verdaderamente es: la forma en que la nación española ha ordenado el poder cuando libremente ha podido hacerlo. Una ordenación laboriosa, compleja, esencialmente acertada y realizada en un momento difícil, razones que pueden originar un moderado orgullo colectivo en quienes la protagonizaron y un hondo sentimiento admirativo y de gratitud en quienes hemos podido ordenar nuestra vida bajo el amparo de la obra que otros ejecutaron generosamente.

La nacionalidad española no es —afortunadamente— algo estático sino algo evolutivo, creativo, comunicativo, vivo; pero, en todo caso, algo real. Obrar teniendo en cuenta su existencia no es sólo una posibilidad sino una necesidad. Si elucidar la realidad histórica de España es útil y no sólo un ejercicio de erudición, es porque al afirmar su existencia se afirma la realidad de un tejido espiritual cuya ignorancia puede originar catástrofes tan ciertas como las que origina la ignorancia de cualquier obstáculo físico. Además de real, la nacionalidad española es hoy algo infinitamente superior al superestructuralismo desde cualquier perspectiva moral. La defensa de los derechos humanos y de las minorías, la consideración personal de la vida humana, la adopción del supranacionalismo (la permeabilidad de la nación, y aun el dejarse gobernar por otros), la limitación y la vigilancia del poder político y los procedimientos democráticos de obtención del mismo, o el respeto por el Estado de derecho distinguen nítidamente lo que la nación española ha puesto en el mundo de lo que cada día ponen en él los superestructuralistas de todo tipo. De esa superioridad deben empezar a ser conscientes los españoles, y en ella deben encontrar ánimo para contradecir y contravenir al dogma superestructuralista.

SE AHONDA LA HERIDA
Por ÁLVARO DELGADO-GAL ABC 19 Diciembre 2004

El discurso de Zapatero ante la Comisión y el pimpampum dialéctico con Zaplana han sobrecargado un ambiente cada vez más espeso, más ominoso. Conviene notar, antes de nada, que la intervención de Zapatero recordó poco, muy poco, al la de Aznar. Éste fue duro, y no escamoteó imputaciones graves a una empresa de comunicación. Ahora bien, se abstuvo de realizar acusaciones integrales, de ésas que gustan a los autores de titulares explosivos. Los enemigos de Aznar reflejaron esta reserva de corte casi forense afirmando que el ex presidente se había dedicado a «sembrar insidias». Acusaciones veladas, tergiversaciones, etcétera...

En materia política, es complicado distinguir entre la insidia y la prudencia. Sea como fuere, Zapatero no fue prudente. En cierto momento, aseveró que el Gobierno popular había perpetrado un «engaño masivo» contra la ciudadanía. Eso sí que da para un titular, y convierte en difícil o desesperada una reconciliación de los partidos. Sea dicho, en descargo de Zapatero, que Zaplana le acosó sin miramientos, y que la frase terrible pudo deberse a un espasmo de irritación o a un exceso provocado por el agobio. En todo caso, hay expresiones que no tienen arreglo. He ahí un motivo que justifica por sí solo la preocupación. Pero no es el único, ni siquiera el principal.

El Pacto Antiterrorista fue atacado muy vehementemente por los representantes de ERC y del PNV. Y la defensa que de él hizo Zapatero... fue tibia. En particular, Zapatero mostró escaso entusiasmo por el preámbulo del documento, que es donde se excluye todo contacto político con el PNV mientras el último no denuncie explícitamente el Pacto de Estella. Es decir, cualquier posibilidad de acuerdo con HB o sucedáneos.

Aseveró textualmente Zapatero: «Recuerdo que el presidente del Gobierno ha cambiado de manera sustancial la actitud de diálogo hacia el Gobierno vasco, hacia las fuerzas políticas nacionalistas, y creo que eso también tiene un valor». ¿Qué se quiere decir con esto? Posiblemente, muchas cosas. Los suspicaces, sin embargo, no podrán ignorar que tres o cuatro días después se daría a conocer un documento de los socialistas vascos, redactado por Emilio Guevara, en el que se propone crear una «comunidad nacional vasca» en una España «plurinacional». El itinerario hacia esa «comunidad nacional», presuntamente respetuoso de la Constitución, bien que apurándola hasta límites máximos y muy contenciosos, tendría que discutirse en una mesa integrada por todos los partidos democráticos.

Ello reclama la presencia, cómo no, del PNV. Pero el PNV no entraría si no se coopta de alguna manera a HB. No parece que estos movimientos sean compatibles con el mantenimiento del preámbulo que encabeza el Pacto. Zapatero observó que los preámbulos no tienen valor normativo. Y es cierto. Pero no lo es menos que lo más importante del Pacto, para el PP, es el preámbulo. Parece probable un nuevo conflicto entre los dos grandes partidos, de resultas del cual el PSOE podría decidir que lo mejor es entenderse con los demás. Entiéndase, con todos los que no son el PP. Eso liquidaría el Pacto, que sufre ya de ictericia aguda.

He estado haciendo conjeturas. No las haré sobre el punto más grave de todos, al menos desde una perspectiva moral. Por tres veces consecutivas, y de manera directa, Zaplana pidió a Zapatero que condenara las manifestaciones frente a las sedes populares que tuvieron lugar el día anterior a las generales de marzo. Zapatero repuso que las desaprobaba, y negó toda conexión de su partido con el hecho lamentable. Pero no las condenó. Consta pues, con contundencia inapelable, que no las quiso condenar. Esto es extraordinario, y quiero pensar que incomprensible. Y ahonda en una herida que impide el restablecimiento de la normalidad democrática. Intentaré ser más claro.

Una porción de la derecha social, y no sólo política, estima que la izquierda rompió las reglas del parlamentarismo y empezó a acudir a la acción directa desde, más o menos, las algaradas del Prestige. Que hubo entonces demagogia, y oportunismo, no se le escapa a nadie que no esté cegado por la pasión. Hubo también errores del Gobierno, pero esto es otra cosa.

El asunto pasó a mayores durante las protestas contra la guerra. Más de trescientas sedes populares sufrieron asaltos, sin una condena enérgica ni oportuna en el tiempo por parte del PSOE. Es preciso tener esto presente, para hacerse cargo de la impresión enorme que produjeron las manifestaciones el día de reflexión electoral. Admitamos, por simplificar, que el Gobierno cometió errores intolerables.

Aún con todo, millones de votantes de la derecha experimentaron la sensación de que se estaba desplazando la puja política fuera del marco fijado por el sistema, y que ya no se sabía dónde estaban los socialistas: si dentro, o fuera. Resultaba por tanto máximamente urgente que Zapatero disipara mediante una condena firme los temores de los recelosos. Su renuncia a hacerlo es literalmente increíble. No sólo se ponen las bases para una desestabilización de Rajoy, al que muchos pedirán pronto que saque los pies del tiesto, sino que se introducen en la democracia fermentos muy peligrosos.

LA VOZ DE LA CALLE
Por Ignacio CAMACHO ABC  19 Diciembre 2004

LA verdadera fortaleza de una democracia no reside tanto en la condición de su estructura política como en la salud de su sociedad civil. Con cierta frecuencia, los procesos políticos democráticos resultan en cierto modo secuestrados por intereses de sus nomenclaturas, sean éstas partidarias, financieras, sindicales, mediáticas o de otra cualquier índole, y sólo una ciudadanía firme y bien articulada puede impedir la suplantación de su libertad a través de pronunciamientos sociales inequívocos de eso que conocemos como opinión pública. En España ha ocurrido en ocasiones cruciales, como cuando la médula del país se movilizó en el llamado «espíritu de Ermua», que obligó a los grandes partidos a sumarse a una inmensa energía colectiva desatada en pacífica defensa frente al terror, o como cuando la solidaridad humanitaria con la Galicia enfangada por el chapapote desbordó de largo el ventajismo de quienes pretendían convertir la catástrofe en un arma arrojadiza. No es que el pueblo no se equivoque nunca; es que la democracia consiste en escuchar su voz.

Esta semana hemos asistido a dos fenómenos que, aunque inconexos entre sí, han puesto de manifiesto el peso enorme de la soberanía directa de la opinión pública. De un lado, el silencioso boicot desencadenado en una campaña contra el consumo de cava catalán en respuesta a las provocaciones del independentismo, que ha acabado obligando a claudicar a las instituciones autonómicas bajo la presión alarmada de su tejido económico. De otra parte, el grito desgarrado de las víctimas del 11-M, que ha desmantelado la urdimbre endogámica de la comisión de investigación para poner de manifiesto el olvido egoísta con que la clase política ha convertido en un ajuste de cuentas lo que debería haber sido un exorcismo de los demonios colectivos de la sangre derramada.

Es una lástima que hayan tenido que cancelarse significativas cantidades de pedidos de cava para que el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, se presentase en Madrid a tratar de enmendar con instinto político el desastre provocado por su cada vez más impresentable socio Carod-Rovira, que ni siquiera ha sido capaz de rectificar con decencia -se ha limitado a disculparse por decir en voz alta lo que admite pensar en privado- su evidente desafecto hacia las esperanzas olímpicas de un Madrid que apoyó sin fisuras la aventura de Barcelona 92. Ha sido la fuerza devastadora de un movimiento -injusto, porque ha elegido culpables que no lo son- de rechazo ciudadano el factor que ha encendido la luz roja en una Cataluña demasiado complaciente con el veneno insolidario que se incuba en su seno ante el creciente protagonismo de unos separatistas cada vez más provocadores en la aparente seguridad de su juego de ventaja. Pero ante la pasividad oficial, la reacción popular ha vuelto una vez más a demostrar que es muy difícil orillar la voz de la calle en una sociedad con tantos y tan diferentes canales de respuesta.

De la misma manera, provoca una penosa desazón la constatación de que sólo mediante la cruda exposición del indignado dolor de las víctimas ha podido recibir la nomenclatura política el mensaje que hace tiempo era perceptible en la opinión pública respecto al 11-M: un profundo y desapegado estupor por el modo en que los partidos han enfocado la investigación parlamentaria de la masacre, en busca del destrozo caníbal del adversario antes que del amparo moral a los afectados y de la imputación irresponsable de culpas antes que de la evitación de nuevas y desgraciadamente posibles tragedias.

El alegato lúcido, desgradable y áspero de Pilar Manjón y de José Alcaraz -ninguneado este último en no pocos medios, pese a lo contundente de sus reproches en nombre de la larga experiencia colectiva de su asociación en tres décadas de terrorismo etarra- ha golpeado la conciencia moral de los españoles con una insólita eficacia. La encuesta de Metroscopia que hoy publica ABC muestra cómo, desde una situación de empate entre quienes pensaban que la comisión debía cerrarse y quienes se mostraban partidarios de que continuara, la intervención de los representantes de la víctimas ha volcado la opinión pública a favor de la liquidación de esta plataforma anquilosada y ya estéril y su sustitución, en todo caso, por otra de formato independiente en la que no tengan cabida los ajustes de cuentas a conveniencia de parte y de partido.

Será difícil, sin embargo, que los dirigentes de la clase política española den curso a esta solicitud tan razonable. Más allá de la falsa contrición con que fueron acogidas las lacerantes quejas de las víctimas -entreveradas en su dolor de reproches injustos, pero en conjunto un auténtico redoble de conciencias, un formidable latigazo moral-, los partidos dominantes no parecen dispuestos a torcer el discurso que, desde su enconada animadversión interna, comparten como miembros de una misma casta: el de que lo importante es el rédito político de las actuaciones y la posibilidad de derivar sobre el adversario los costes de las responsabilidades que puedan deducirse de esta carnicería dialéctica.

Poco importa que desde que comenzó la investigación apenas se hayan movido los bloques de opinión previamente establecidos en torno a dos grandes prejuicios: el de quienes creen que el PP mintió y el de quienes están convencidos de que el PSOE manipuló la tragedia en su beneficio. Poco importa que las evidencias continúen resistiéndose al empuje interesado de las conjeturas. Poco importa que los testimonios deducidos en la comisión hayan razonablemente limpiado de sospechas la actuación de algunos y sembrado de dudas la intervención de otros. Poco importa, incluso, que el debate político de la nación esté encasquillado en un punto que parece haberse convertido en el auténtico pecado original de esta difícil legislatura. Nadie va a dar su brazo a torcer mientras alimente alguna posibilidad de abrasar al rival en los rescoldos cainitas de las hogueras de marzo.

Y, sin embargo, ahora ya no hay excusas. Las víctimas, con toda su fuerza moral intacta, han alzado la voz para pedir inequívocamente en nombre de sus muertos y heridos que se reoriente esta trifulca de chamanes. Si hay un camino, el de la comisión independiente, que se abra, aunque haya que exprimir esa imaginación que tanto brilla a la hora de encontrar atajos para forzar leyes y reglamentos. Y si no lo hay, que se deje trabajar a los jueces, que acaso sean los verdaderos expertos independientes en una estricta división de poderes. Lo que no quedan ya son pretexto para retorcer la realidad hasta que encaje en el molde de los prejuicios de parte.

director@abc.es

Harta
Pilar CERNUDA LR 19 Diciembre 2004

Harta de que por decir que no estoy de acuerdo con el «matrimonio» entre homosexuales, aunque sí con la unión entre homosexuales, se me acuse de homófoba, harta de que me digan que no tengo ni idea de política exterior cuando escribo que lo de Gibraltar es degradante para los españoles. Y harta de que desde el Gobierno insistan en que es lo mismo nacionalidad que nación y nos miren con desprecio a quienes pedimos explicaciones de por qué aceptamos siempre lo que quiere Carod.
Harta de que nos miren mal desde las filas socialistas a los que hemos dicho abiertamente que es una vergüenza que el presidente de Gobierno cancele un viaje importante porque estaba cansado, como si los españolitos todos acudieran al trabajo frescos como una rosa después de dormir sus buenas diez horas.
Pues estoy harta pero sigo en mis trece, como tantos otros: ZP decepciona a millones de españoles, incluidos muchos de los que le han votado; es un disparate que los Presupuestos vengan condicionados por partidos nacionalistas a los que la unidad de España les importa un cuerno, y este Gobierno a este paso nos lleva no sé dónde, pero a nada bueno.

Y lo peor es que en lugar de hacer autocrítica nos ponen a parir a los que no estamos de acuerdo.

11-M: LA ONDA EXPANSIVA
La Moncloa debe ser como el Palacio de Linares, donde las voces de ultratumba alteran las percepciones y el sentido de la realidad de los vivos que la habitan
Por PABLO PLANAS ABC 19 Diciembre 2004

NO hacía falta ser Watson para advertir a partir de las ocho y cuarto de la tarde del 11-M la mano islamista de los atentados. No hacían falta ni siquiera las suposiciones sobre cadáveres depilados, columnas vertebrales limpias y reivindicaciones en panfletos radicales editados en el extranjero. Hasta los periodistas más obtusos podíamos percibir el hedor que desprendía una furgoneta y la cinta con los versículos del Corán. Y se podía percibir, entre otras razones, porque fue Acebes, a la sazón ministro de Interior, quien informó cumplidamente sobre el hallazgo.

A partir de ahí y después de las primeras detenciones quedaba poco más que añadir. Las interpretaciones, análisis, opiniones son libres, pero los datos constan de una forma tan ilustrativa como la comparecencia del lendakari, en las primeras horas de ese día, acusando a ETA. Los hechos se agruparon en torno a la tesis integrista de una forma cada vez más elocuente conforme pasaban las horas, de modo que la teoría del «engaño masivo» -que pretende suplir a la de la mentira- es insostenible, poco elaborada, artera e impropia de quien dice enarbolar beatíficamente el estandarte de la verdad. Para decir eso, mejor se hubiera marchado el presidente del Gobierno a Polonia, porque lo que se puede concluir de su comparecencia -como de la de Aznar- es que La Moncloa es tal que el Palacio de Linares, donde las voces de ultratumba alteran la estabilidad emocional de los vivos y su sentido de la realidad.

Ahora, a un paso de que comisionados de la talla de Labordeta, Llamazares, Cuesta, Del Burgo y Puig, comiencen a elaborar sus conclusiones convendría recordar que no había tomado posesión el actual ministro de Interior, Alonso, cuando tuvo la ocurrencia de acusar al Gobierno en funciones de imprevisión sobre el 11-M. Eso y el sentido del honor del PP desembocaron en una comisión parlamentaria atroz y delirante. En cierto modo, metralla de esas bombas de los trenes, onda expansiva y lluvia ácida, cadalso en el que se ha llegado a teorizar sobre las diferencias y ventajas del terrorismo de ETA -que notifica previamente sus sentencias- respecto al islamista, que mata sin aviso; que usa «titadyne» en lugar de «Goma 2», que dobla las placas de las matrículas, etc, etc. El resultado de todo esto, por encima de los muertos y sus deudos, es que los dos principales partidos políticos muestran los jirones de una lucha de carneros; uno medio muerto y el otro casi sin vida, como esos contendientes que no se dan cuartel, que no toman prisioneros que aceptan morir por matar, como peones enloquecidos.

Las conclusiones son tan previsibles que puestos a innovar -la comparecencia más larga, la primera vez que un ex presidente, que un presidente...- podrían cerrar la comisión sin las dichas conclusiones, en lo que sería un nuevo registro a batir, un inédito que, al menos, evitaría el truculento ejercicio periodístico y político de retorcer los datos hasta que coincidan con el editorial. En cualquier caso, queda claro que siempre habrá un informe a mano con el que tejer la urdimbre de que la culpa siempre es de los otros.

Cava 2012
Ángel DEL RÍO LR 19 Diciembre 2004

A los empresarios catalanes del cava se les ha ido parte de la espuma de los beneficios por culpa del torpe descorche del impresentable Carod-Rovira, quien atentó públicamente contra la candidatura olímpica de Madrid 2012, lo que dio lugar a una serie de mensajes pidiendo que los madrileños boicoteáramos en estas Navidades el excelente producto que es el cava catalán. Desgraciadamente, alguna repercusión han tenido esos mensajes, quizá tan inapropiados como la postura del propio Carod con respecto a Madrid.

El caso es que los empresarios catalanes de este espumoso de fama mundial han visto reducidas sus ventas en el mercado madrileño, y han pedido, por no decir obligado, al presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, a que apoyara explícitamente y sin titubeos la candidatura de nuestra ciudad, y lo hizo el pasado miércoles en el Ayuntamiento de la capital, en presencia del alcalde, Ruiz-Gallardón.

Fuertes han tenido que ser las presiones para que el presidente catalán haya tenido que contradecir al compañero del tripartito, y además, lo hizo en Madrid.

La respuesta de Gallardón fue un acto de generosa cortesía, al decirle a Maragall que si ese momento hubiera sido hora apropiada, habrían compartido una copita de cava, pero que de cualquier manera, él, el día de Nochebuena, brindará en su casa con cava catalán. Por cierto, en la Comunidad de Madrid también se está empezando a elaborar un apreciable cava.

Después de la deposición verbal, Carod quiso representar un acto de contrición, pero su arrepentimiento quedó estéril al confesar que se arrepentía de haber dicho lo que dijo, pero en público. Pelillos a la mar, y cada uno a los suyo: Madrid a no boicotear un producto español, y Cataluña a apoyar el producto olímpico de Madrid.

Ojalá el próximo mes de julio, en Singapur, la delegación española brinde con cava catalán, será la demostración de que las aspiraciones de Carod se han frustrado y también las de quienes intentaron boicotear este producto. Será la demostración de que Madrid ha ganado, pese a los francotiradores de ilusiones olímpicas.

LA ABSURDA «GUERRA DEL CAVA»
Por M. MARTÍN FERRAND ABC  19 Diciembre 2004

MUCHO es, y no sólo en el terreno del espíritu, lo que le debemos a los hijos y seguidores de San Benito de Nursia desde que su Regla, hace quince siglos, contribuyó a darle forma a la estructura de Occidente. Pierre Perignon, sin ir más lejos, era benedictino y gracias a él, que descubrió la segunda fermentación en los vinos de la bodega de su convento, hoy celebramos con «champagne» desde una victoria automovilística a la mismísima Navidad.

Cataluña es, tanto en calidad como en cantidad, la primera productora mundial de ese vino que, según el modelo francés, aquí llamamos cava. Pudo ser de otro modo. En 1836 llegó a la embajada de España en Francia, como ministro plenipotenciario, Joaquín Francisco de Campuzano, que se deslumbró con el encanto alegre de un vino que, entonces, comenzaba a marcar moda en los salones de París. A su vuelta a Madrid, Campuzano se trajo unas cepas de Reims y las plantó en su finca familiar de Villaviciosa de Odón, a solo un suspiro de la Puerta del Sol. Ahí nació el primer cava español que fue presentado con toda solemnidad en la Exposición General que se celebró en Madrid en 1857. También, por cierto, concurrió a esa muestra el tarraconense Barón de Quatre Torres, que había seguido e imitado la aventura del diplomático y producido el, cronológicamente, segundo champán español.

Campuzano no perseveró en su intento y la producción de cava se concentró en Cataluña. A la Expo Universal de París de 1867 ya acudieron tres productores catalanes. Codorniú obtuvo en 1872 una medalla de oro en Anvers -el primer reconocimiento oficial a un vino español en el extranjero- y Freixenet es hoy el primer productor de botellas de cava, o champán, de todo el mundo.

Cuento todo esto de más arriba, aparte de por el placer de hacerlo, para dejar bien sentado que Josep Lluís Carod-Rovira, como otros predicadores de la disgregación nacional, anda tan escaso de talento como de raíces. Cada cual es muy dueño de ser según su voluntad y sus criterios, qué duda cabe; pero eso no autoriza a negar la gravitación universal o, más sencillamente, a cambiar los valores de la tabla de multiplicar. España es una realidad vieja, y en ocasiones agotadora, que viene de mucho más allá de donde puedan proceder -él lo sabrá- los calentones y las rabietas de ese «patriota» catalán que, por negar a España, en ejercicio de su devoción, es capaz de atentar, y gravemente, contra los intereses que, por ideología y representación, le entran en el sueldo.

El problema reside en que ese alto nivel de irresponsabilidad cívica, previo a su insolvencia conceptual, es avalado y protegido por pactos de Gobierno, regionales y nacionales, que son la fe de vida de tan negativo esperpento. En consecuencia, es reduccionista y pueril dejar en Carod y su ERC la responsabilidad de la sintomática «guerra del cava» y de cuantas puedan venir en lo sucesivo. Alimentar a los monstruos, como bien enseña la literatura infantil, suele acarrear tremendos efectos.

Víctimas y presos
KEPA AULESTIA El Correo 19 Diciembre 2004

El final más o menos próximo de ETA está suscitando ya un debate soterrado sobre la suerte que un eventual abandono de las armas por parte de dicha organización depararía a sus presos. En el imaginario etarra, la amnistía siempre ha estado presente poco menos que como efecto automático de la negociación política con el Estado. Los beneficios penitenciarios serían la consecuencia obligada -y dada siempre por descontado- de la apertura de un proceso de autodeterminación del que deberían ser partícipes también los presos.

Es evidente que tan confiado esquema partía de una premisa inicial: la seguridad en un final victorioso por el que el Estado acabara asumiendo o aceptando las exigencias de la banda. Pero el final más probable no es precisamente ese, sino otro muy distinto. ETA continúa alentando entre los presos y sus familiares la convicción de que serán los cambios políticos propiciados por su lucha los que acabarán sacándolos de la cárcel. Pero los cambios posibles no aligerarán ni mucho menos las condenas impuestas, a no ser que sean los propios presos quienes cambien. La inclusión de la concesión de indultos entre las potestades del Gobierno vasco -según el plan Ibarretxe que mañana se votará en la correspondiente comisión parlamentaria- no representa más que una engañosa cláusula.

Con motivo de unas jornadas organizadas por el parlamento de Cataluña, Maixabel Lasa manifestó esta semana que «un proceso de paz en el que los terroristas no pidan perdón y no se arrepientan de los crímenes cometidos es un proceso de paz que margina y orilla a las víctimas del terrorismo». En realidad, parece inimaginable que nada pueda moverse respecto a la suerte de los presos sin el consentimiento de quienes son víctimas de los actos por los que fueron procesados o condenados. Las víctimas no pueden dictar al legislador ni a los otros dos poderes del Estado constitucional lo que han de hacer. Pero nada podrían hacer respecto al futuro de los presos sin que estos formulen una revisión pública de su propia trayectoria o continúen escudándose en la existencia de responsabilidades colectivas o concurrentes para obviar el mea culpa.

Maixabel Lasa advirtió sobre los riesgos que para la dignidad de las víctimas comportaría «un arreglo político forzado por la amnesia y la imperiosa necesidad de pasar página cuanto antes». Hay, sin duda, quien trata ya de impulsar ese amnésico arreglo. Pero le resultará más que difícil conseguirlo. Por el contrario, la mejor contribución que pueden hacer quienes tanto se prodigan en labores de mediación y en el diseño de la metodología precisa para un «diálogo de paz» es que adviertan a los terroristas de dos verdades que encierran las palabras de la directora de Atención a las Víctimas del Ejecutivo Ibarretxe.

Compensación moral
Editorial El Correo 19 Diciembre 2004

La comparecencia de los representantes de las víctimas del terrorismo ante la Comisión de investigación del 11-M supuso una fuerte sacudida ética y emocional que ni la clase política ni la sociedad en general pueden orillar con la mera habilitación de ayudas materiales o la obligada mención a su recuerdo. Las palabras de Pilar Manjón fueron el testimonio de la dignidad que se niega a ceder ante el desgarro que supone la irremisible pérdida de un ser querido. Su severo reproche por la utilización partidista del dolor ajeno y por el tratamiento que los medios de comunicación damos a las víctimas representó también una llamada de atención al conjunto de la ciudadanía. La sociedad tiene una deuda pendiente con las víctimas del terrorismo. Una deuda a la que jamás podrá responder del todo, porque le es imposible devolver la vida a los asesinados. Pero puede y debe asumir su responsabilidad compensando moralmente a los deudos de aquéllos a los que el terror ha arrebatado la vida y a quienes la viven maltrechos por las secuelas que en su cuerpo y en su ánimo ha dejado la violencia asesina. El hecho de que las víctimas del terrorismo en muchos lugares del planeta no tienen esperanza alguna de ser siquiera nombradas obliga a las sociedades democráticas a un compromiso mayor si cabe con sus propias víctimas.

La compensación moral exige, antes que nada, el compromiso de no infligir más heridas a las víctimas y a sus deudos. Los homenajes, las declaraciones institucionales, las medidas legales, administrativas y económicas puestas en marcha para ofrecer algo de consuelo ante tanta desolación resultan imprescindibles. Pero junto a ellas discurre también el olvido, la desconsideración, la incapacidad para percatarse de que a diario, en el ejercicio de la política o de la tarea informativa, hay conductas, palabras e imágenes que reabren las heridas provocadas por el terrorismo. Ocurre cuando, enzarzados en absurdas diatribas, los responsables públicos se olvidan de que hay ciudadanos que sufren porque lo hacen en silencio. Cuando, como está ocurriendo en el Parlamento vasco, no se quiere enmendar plenamente el grave olvido y la falta de reconocimiento por los que durante décadas se han sentido abandonadas las víctimas. O cuando los medios de comunicación nos mostramos más preocupados por las circunstancias de cada atentado y sus efectos en el orden político que por el trauma insuperable que provoca en sus víctimas.

El portavoz de la AVT, en su comparecencia ante la Comisión del 11-M, recordó con pesar que las víctimas del terrorismo de ETA no habían contado con la atención investigadora que el Congreso está prestando a la masacre provocada por el terrorismo islamista. El reconocimiento de las víctimas no sólo ha sido tardío, parcial e insuficiente. Además, incurre a diario en la injusticia de resaltar a unas sobre el olvido de otras estableciendo diferencias -expresas o implícitas- entre quienes fueron asesinados en los años en los que las instituciones parecían empeñadas en ocultar tan sangrante evidencia y quienes por su relevancia pública gozan hoy de un recuerdo merecido que nunca debía habérseles hurtado a las demás. Junto a ello, el problema al que se refería Francisco José Alcaraz adquiere otra dimensión. Si se admite el adjetivo islamista para señalar el sustrato de creencias y propósitos en que enraíza el terrorismo de la galaxia Al-Qaida, sería razonable calificar como nacionalista o abertzale el terrorismo de ETA. Esta semana, la directora de Atención a las Víctimas del Gobierno vasco, Maixabel Lasa, señalaba que aún está pendiente que los nacionalistas democráticos asuman que ETA les «perdona» y que ha venido asesinando a aquellas personas que la banda terrorista considera «una rémora para la pervivencia y la continuidad de la Euskadi monocolor y nacionalista». Es más que comprensible que esta constatación lleve a quienes han padecido y padecen persecución a desconfiar de las verdaderas intenciones de aquéllos que tan a distancia se encuentran del peligro terrorista y del calvario que padecen sus víctimas. Máxime en ocasiones en las que se pretende sustraer a éstas esa faceta de su personalidad -sus ideas o su disposición al servicio público- que fue precisamente la que llevó a ETA a descargar sobre ellas su ira asesina.

Como ocurre periódicamente, y en especial al acercarse la Navidad, las reivindicaciones de los presos encarcelados por actividades terroristas han vuelto a aflorar como una sombra que, en el fondo, pretende convertir al victimario en víctima. La realización de los derechos humanos y fundamentales ha de alcanzar también a quienes se hallan a disposición de la Justicia o condenados por ésta en prisión. Pero resulta especialmente hiriente para las víctimas la proliferación de pronunciamientos que, incluso en nombre de las instituciones de Euskadi, se hacen a favor de los presos como si éstos no lo fueran por una causa tan grave como formar parte de una trama que persigue y asesina a conciudadanos a los que han decidido excluir de 'su' Euskal Herria. Ahora que la extrema debilidad de ETA ha disparado las expectativas para su pronto final, las menciones a los presos acusados o condenados por terrorismo corren el riesgo de olvidar que ni las víctimas ni la sociedad podrán ejercitar nunca el don del perdón si previamente no existe una expresión sincera de reconocimiento del daño causado, de arrepentimiento y una solicitud clara de ese perdón.

La primera, que es imposible que los condenados por terrorismo sean beneficiados tras el abandono de las armas por parte de ETA si no son capaces de reconocer el horror provocado y arrepentirse de ello. La segunda, que en cualquier caso el reloj para la eventual aplicación de esos beneficios no comenzará a funcionar hasta que ETA desaparezca.

Enseñanza de valores
Cartas al Director ABC  19 Diciembre 2004

Según se desprende del estudio PISA, nuestros jóvenes no saben demasiadas matemáticas, ni lengua, y nuestro porcentaje de «excelentes» está por los suelos, pero qué importa si nuestro niños han sido educados en los «valores», sobre todo en la ikastolas vascas, donde les han enseñado a odiar a España. En Cataluña se enseña el mismo odio, o peor, se enseña el desprecio al resto de España.

Ya se dan casos tan curiosos como el ocurrido a un amigo, en una tienda catalana, donde el joven que atendía tuvo que llamar a su madre porque él no sabía hablar castellano.

Pero, eso sí, ahora en las escuelas españolas, los imanes enseñarán que las mujeres valen la mitad que un hombre y que se las debe castigar cuando no se porten como el macho decide, que la poligamia es buena y otras lindezas delictivas en nuestro ordenamiento. Pero nosotros pagaremos y ojo a rechistar so pena de ser racistas, fascistas o qué sé yo.       José A. Martínez Pons. Madrid.

Maestro en la materia
Cartas al Director ABC 19 Diciembre 2004

¿Porqué se extraña Carlos Herrera de que en su día el Parlamento vasco nombrara a Josu Ternera miembro de la Comisión de Derechos Humanos de este Parlamento? El nombramiento fue consecuente: nadie mejor que Josu Ternera para enseñar a los demás cómo se violan, pisotean y desprecian los derechos de todos aquellos que no piensan como él, vamos, todo un maestro en el arte del crimen.       Fernando Villalobos. Bilbao.
 

COINCIDÍA CON EL TESTIMONIO DE ZOUHIER, NAYO Y LAVANDERO
El Mundo desvela que la Guardia Civil ignoró a un cuarto confidente que alertó de la trama asturiana
En la décima entrega de "Los Agujeros Negros del 11-M", Fernando Múgica relata en El Mundo que Zouhier, Nayo y Lavandero no fueron los únicos confidentes que alertaron a las Fuerzas de Seguridad de que Trashorras y Antonio Toro formaban una trama de tráfico de explosivos. Hay un cuarto testimonio que igualmente fue ignorado y del que no se ha dado cuenta al juez Del Olmo. Sus avisos quedaron reflejados en notas informativas confidenciales. Al estar clasificadas, tuvieron que llegar a toda la cadena de mando.
Libertad Digital 19 Diciembre 2004

La información de El Mundo vuelve a poner en cuestión la transparencia de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Asturias. Hasta ahora, sólo habían admitido la existencia de confidentes después de que lo desvelara la prensa. En este caso, el diario de Pedro J. Ramírez vuelve a ser el encargado de dar a conocer nuevos detalles determinantes. Desvela que hay constancia escrita del testimonio de un cuarto confidente, que coincide en sus denuncias con los otros tres ya conocidos: Rafa Zouhier, José Ignacio Fernández, Nayo, y Francisco Javier Lavandera, Lavandero.

La Guardia Civil de Asturias remitió notas informativas confidenciales referentes a este cuarto confidente. Explica Múgica que "se redactan y entregan a lo largo de los años 2002, 2003 e incluso 2004. La última de ellas tiene fecha de 13 de junio de 2004". Y añade que "estas notas se envían al jefe de Zona, el entonces coronel Laguna, a los tenientes coronel jefe de las dos comandancias, Aldea y Bolinaga, así como al subdirector de Operaciones en Madrid. Así pues, toda la cadena de mando estaba perfectamente informada, y a lo largo de un extenso periodo de tiempo antes y después del 11-M, de las confidencias que desvelaban la trama de los explosivos".

El Mundo detalla que esas notas informativas tienen un encabezado en el que, además de la fecha, se apunta en el apartado de "Asunto" una clave numérica que marca el carácter secreto del documento. Recuerda que según establece el Plan Permanente de Inteligencia, "independientemente de la importancia del contenido de la nota, solamente la clasificación del apartado citado obliga a que fuera transmitida a la cúpula de la comandancia".

No han sido remitidas al juez
El juez Del Olmo desconocía hasta ahora lo desvelado por El Mundo, por lo que hasta ahora no ha solicitado los informes. "Cuando lo haga, recibirá en su despacho esas nuevas notas, que demostrarán la existencia de, al menos, ese cuarto confidente que denunció, antes del 11-M, el tráfico de explosivos que realizaban Emilio Suárez Trashorras y Antonio Toro.

Dice Fernando Múgica que no es lo único que ha ocultado la Guardia Civil. Tampoco trascendió hasta que el juez Del Olmo levantó parcialmente el secreto del sumario del 11-M que la Benemérita encontró en poder de Carmen Toro, cuando fue a detenerla el pasado 9 de junio, una carta de Suárez Trashorras para el inspector de Policía "Manolón", tal y como desvelaba el diario este sábado.

En la misiva, el ex minero pedía a Manuel García Rodríguez, "Manolón", su contacto en la Policía, que estuviera tranquilo porque "nunca le vendería" y que "no se preocupara por nada" porque "era su amigo del alma". Ese día, la Guardia Civil preguntó a Carmen Toro por qué "Manolón" le había conseguido un empleo de vigilante en unos grandes almacenes. Ella respondió: "No lo sé. Para mi también fue una gran sorpresa". Estas declaraciones no figuran en las diligencias.

«Alí el químico», que ordenó gasear a miles de kurdos, comparece ante el juez
También testificó Sultán Hachem, ministro de Defensa de Sadam, por crímenes contra la humanidad
Dos símbolos del régimen de Sadam, «Alí el químico» y Sultán Hachem, ex ministro de Defensa, comparecieron ayer ante el tribunal especial para ser juzgados por genocidio y crímenes contra la humanidad. Los dos acusados son responsables de la matanza de 5.000 kurdos, asesinados con gases tóxicos en 1988 en la región de Halabja. El proceso, a sólo seis semanas de las próximas elecciones en Iraq, preocupa a algunas organizaciones internacionales de derechos humanos que no ven a la Justicia de este país lo necesariamente preparada para llevar a buen puerto este crucial caso.
Namir Subhi LR 19 Diciembre 2004

Bagdad- Alí Hassan al Majid, conocido como «Alí el químico», y el ex ministro iraquí de Defensa, Sultán Hachem Ahmed, comparecieron ayer ante el tribunal especial que les juzgará por genocidio y crímenes contra la humanidad, según informaron fuentes judiciales en Bagdad. «Un juez de instrucción ha interpelado a los dos sospechosos en presencia de su abogado y de un observador internacional», explicó a la Prensa el viceprimer ministro iraquí, Barham Saleh.

Ambos son los dos primeros «símbolos» del depuesto régimen de Sadam Husein que comparecen ante el tribunal desde que el pasado martes el primer ministro iraquí, Iyad Alaui, sorprendiera al mundo con su decisión de acelerar el proceso contra los 12 lugartenientes detenidos del dictador. En este sentido, el vicepresidente interino iraquí negó ayer que la decisión de comenzar con el juicio seis semanas antes de las próximas elecciones generales «se deba a razones políticas».

Sin embargo, organizaciones internacionales, como Human Rights Watch, han advertido al Gobierno interino de que las prisas pueden deslegitimar el proceso, ya que la nueva Justicia iraquí no está suficientemente preparada para acometer un juicio de esta naturaleza.

«Alí el químico», cercano colaborador de Sadam, es acusado de genocidio y crímenes contra la humanidad por haber dirigido en 1988 el ataque con gases tóxicos a la localidad kurda de Halabja, donde se calcula que murieron más de 5.000 personas. Sultán Hachem Ahmad, detenido el 19 de septiembre de 2003, es acusado de participar en el mismo genocidio y liderar la campaña de «Anfal», ese mismo año, contra los kurdos. Barhan Saleh también recordó que Sadam será el último en comparecer ante el tribunal «el año que viene». Efe

HACE EXTENSIVO SU PREMIO AL HIJO DE PILAR MANJÓN
La AVT cree que se intenta silenciar a las víctimas para favorecer el acercamiento a los terroristas
El presidente de la Asociación Víctimas del Terrorismo, José Alcaraz, hizo un llamamiento para contrarrestar los "intentos de silenciar a las víctimas con el fin de evitar obstáculos en los intentos de acercamiento al mundo que jalea y apoya a los terroristas". Alzacaz pronunció estas palabras en el acto de entrega por parte del Foro de Ermua del IV Premio a la Convivencia Cívica "José Luis López de Lacalle". Hizo extensiva la condecoración a los 1.300 asesinados por el terrorismo y, en concreto, al hijo de Pilar Manjón.
EFE LD 19 Diciembre 2004

En un emotivo acto en el que Alcaraz no pudo contener el llanto en numerosas ocasiones, el presidente de la AVT dijo que para que el sufrimiento de las víctimas no haya sido estéril "resulta fundamental poner en marcha los mecanismos necesarios con el fin de superar el olvido que constituye la muerte civil a la que quieren conducir a las víctimas aquellos interesados en acabar con su recuerdo".

Insistió en que la asociación que preside seguirá trabajando porque todas y cada una de las víctimas del terrorismo, de todos los terrorismos que ha habido y hay en España, "no sean pasto del olvido y de la indiferencia", en contra de quienes "buscan por intereses partidistas" apartarlas del recuerdo.

No pudo terminar su discurso cuando comenzó a recordar cómo sufrió el directamente la violencia terrorista de ETA, ya que el 11 de diciembre de 1987, en el atentado de ETA contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, la banda terrorista asesinó a su hermano Ángel y sus sobrinas Esther y Miriam, de tres años. Este pasaje de su intervención fue leído por el vicepresidente del Foro de Ermua, Mikel Buesa: "No hay palabras, no existe en el mundo forma posible de describir el dolor interior que sentimos desde entonces, el tremendo vacío que nuestros corazones padecen día tras día, cuando al levantarnos y al acostarnos recordamos la dulzura y la bondad de nuestros familiares".

En una anterior intervención, Buesa agradeció el apoyo de instituciones como la Delegación del Gobierno en el País Vasco, la Diputación Foral de Alava o el Ayuntamiento de Vitoria, frente a actitudes como la del Gobierno Vasco y de "un significativo número de municipios, en los que los dirigentes políticos han estado sobre todo atentos a las demandas de los violentos, financiando incluso el terrorismo".

Islamistas y abertzales, juntos en San Sebastián
El Centro del Mundo Árabe Islámico y el Centro Arteleku son los puntos neurálgicos de las relaciones entre musulmanes y radicales vascos en la capital donostiarra
AIMAN ZOUBIR ABC 19 Diciembre 2004

SAN SEBASTIÁN. Mucho se ha insistido en que las organizaciones abertzales, debido a su ideología marxista, siempre se han distanciado de los grupos islamistas. Pero esta aseveración dejó de estar vigente tras la fundación hace cinco años en San Sebastián del Centro del Mundo Árabe Islámico, más conocido como la Madrasa (escuela coránica) de San Sebastián.

Pese al número reducido de los inmigrantes musulmanes que viven en la capital donostiarra -unos 1.900-, el sociólogo islamista Kebir Sabar -casado con Mirari, militante de Batasuna- y José María Salaberría -ahora llamado Abdel Haqq Salaberria tras su conversión al Islam, y representante en España de los Morabitun, movimiento de conversos radicales- fundaron la Madrasa donostiarra para «servir de puente entre la sociedad vasca y el mundo islámico», según palabras del propio Salaberria. Los Morabitun defienden un Estado panislámico en el que no dudan en incluir Al Ándalus, España, y se les atribuye buenos contactos con los chiíes iraníes.

Sin embargo, y tras un arranque prometedor, la Madrasa de San Sebastián tuvo que cerrar sus puertas al serle retiradas las subvenciones que recibía por parte del Gobierno Vasco. El Departamento de Interior que dirige Javier Balza había sido alertado por algunos monitores del centro acerca de los contenidos radicales que se impartían en la Madrasa.

Estos monitores aseguraron a ABC que la estrategia de los Morabitun consistió en ir introduciendo en el Centro del Mundo Árabe Islámico a militantes salafistas llegados desde Marruecos y de algunos países de Oriente Próximo para dar cursos de formación sobre cultura y religión islámica a los inmigrantes que acudían al Centro.

Sin embargo, la radicalización del Centro Islámico de San Sebastián no sólo llegó por parte del mundo musulmán. Abdel Haqq Salaberría fue puesto en el ojo del huracán por sus contactos con el mundo abertzale que, incluso, llegaron a señalarle como miembro afiliado a la antigua HB. Preguntado por ABC, Salaberría negó tal extremo aunque sí reconoció en cambio que ha mantenido varias reuniones en las sedes batasunas, cuando aún no había sido ilegalizada, para tratar de cuestiones como los conflictos de Palestina y Chechenia. Abdel Haqq Salaberría también negó haber trabajado para la revista donostiarra Iru-Txulo, próxima a los ambientes abertzales.

Las relaciones entre el mundo abertzale y proetarra con los movimientos organizados musulmanes como el Centro Islámico de San Sebastián no arrojan. de momento, ninguna conexión más allá de contactos entre ambos por conflictos internacionales en los que coinciden en defender la creación de un Estado palestino o la independencia de Chechenia.

Un ejemplo de ello es el Centro Arteleku de San Sebastián, dependiente de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Este organismo, en colaboración con el profesor universitario y portavoz de la plataforma abertzale ilegalizada AUB, Pedro Alvite, vienen organizando en los últimos años una serie de encuentros con «los principales pensadores reformistas islámicos». Algunos de los más destacados que han pasado por Arteleku han sido la hija del jeque Yassin, líder del movimiento Justicia y Caridad, un pseudopartido islamista marroquí que las autoridades de Rabat consideran ilegal, o Tarek Ramadán, pensador islamista y nieto del fundador de los Hermanos Musulmanes. Este año, las autoridades estadounidenses le prohibieron la entrada a suelo norteamericano por una ley referente a los extranjeros que han utilizado «una posición de preminencia dentro de cualquier país para aprobar o apoyar actividades terroristas» o a los que se considera «un riesgo para la seguridad pública o una amenaza para la seguridad nacional».

La «razón» de los conversos vascos
Aunque no hay una cifra exacta, se estima que en la actualidad hay unos 180 conversos vascos al Islam, de los cuales una treintena son militantes de la ilegalizada Batasuna. Pero incluso para este dato se puede encontrar una explicación bastante prosaica. Un cooperante donostiarra que colabora con varias asociaciones islámicas afirma que la mayoría de los conversos batasunos son «personas que por su dedicación exclusiva a la «militancia política» durante su juventud no se han casado, y que ahora abrazan el Islam para poder contraer matrimonio con mujeres musulmanas, como el propio Abdel Haqq Salaberria, que está casado con una joven marroquí de la ciudad de Tetuán».

BARÓMETRO URBANO
El 54% de los coruñeses están a favor de la cooficialidad del topónimo
La mayoría también considera positiva la campaña de multar a peatones que crucen inadecuadamente
Sólo el 24,% se muestran en contra de recuperar la «L».
El transporte y el tráfico siguen siendo los mayores problemas de la ciudad
Susana Seivane es la más conocida y mejor valorada por los ciudadanos
(a coruña) La Voz 19 Diciembre 2004

A Coruña o La Coruña. Más de la mitad de los coruñeses lo tienen claro: la dos. Éste es uno de los datos que se desprende del Barómetro Urbano, realizado por Sondaxe, y donde se constata que el 54% de los encuestados respaldan la medida aprobada por el Ayuntamiento de utilizar los dos topónimos.

Los votantes del Partido Popular son los que más apoyan esta decisión, con un 66,7% entre los que están muy o bastante de acuerdo. Tras ellos están los simpatizantes socialistas con un 58,3%, y por último se sitúan los seguidores nacionalistas con un porcentaje global del 35,8%. En cuanto al sexo de los encuestados, hay poca diferencia entre lo que opinan los varones (56,3%) y las mujeres (52,5%). Ambos creen que deben convivir la denominación de la ciudad en gallego y en castellano.

Los coruñeses de entre 35 y 54 años de edad (55,2%) son los que más respaldan la decisión del gobierno local que preside Francisco Vázquez, aunque la cooficialidad del topónimo también cuenta con una gran número de seguidores entre los mayores de 55 años (54%) y la población que tiene entre 18 y 34 años (53%).

Por su parte, más de la mitad de las personas que se muestran en contra de esta medida del Ayuntamiento coruñés, consideran muy acertado que la Xunta recurra esta decisión ante los tribunales, sobre todo, aquellos coruñeses de entre 18 y 34 años.

Sanciones
La campaña iniciada por el Concello de A Coruña de multar a los peatones que crucen inadecuadamente para reducir el número de atropellos ha calado en la población, puesto que el 57% de los encuestados consideran que es una gran medida. Curiosamente, los votantes del PP -con un 76,2%-, y los del BNG -con un 60,7%- son los que se muestran más contentos con esta iniciativa, ya que los simpatizantes socialistas sólo la apoyan en un 52,7%.

Por sexos, son las mujeres (61,7%) las que se muestran más de acuerdo con el objetivo de este programa, ya que sólo la mitad de los hombres que respondieron a las preguntas de Sondaxe consideran que esta medida será efectiva. Vuelven a ser los coruñeses de entre 35 y 54 años (60,4%) los que más secundan esta iniciativa para reducir los atropellos de viandantes, seguidos de los de 18 a 34 años (57,3%), y de los mayores de 55 años (54,1%).

A la hora de opinar si se debe o no sancionar a los peatones que no atraviesen por los lugares recomendados, los coruñeses vuelven a posicionarse a favor de que multarlos es una buena medida, puesto que el 69% se muestran muy o bastante a favor de esta medida. En esta ocasión, los simpatizantes del PSOE se ponen a la cabeza -con un 75%- de los que opinan que los infractores deben pagar por sus faltas. Votantes del Partido Popular (57,1%) y del Bloque Nacionalista Galego (60,7%) también respaldan esta medida sancionadora con un porcentaje muy alto de encuestados que están muy o bastante de acuerdo.

Las mujeres siguen siendo las más receptivas a la hora de multar a los viandantes que utilizan incorrectamente la vía pública, ya que el 75,9% ve positivo que se lleve a cabo esta medida, mientras que un porcentaje del 58,8% de los varones secundan la opción aprobada por el Ayuntamiento de A Coruña.

El tramo de población comprendido entre los 35 y 54 años, con un porcentaje del 70,7%, vuelven a ser los que más se muestran a favor de las medidas adoptadas por el gobierno local, seguidos muy de cerca por los coruñeses mayores de 55 años de edad -con un 68,9%-, y por los encuestados de 18 a 34 años -67,6%-.

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