AGLI

Recortes de Prensa     Viernes 24 Diciembre 2004
España en cuarto menguante
Aleix VIDAL-QUADRAS La Razón 24 Diciembre 2004

LA PEREZA LEGISLATIVA DEL GOBIERNO
Editorial ABC 24 Diciembre 2004

Frente nacional vasco
JOSÉ MARÍA CALLEJA La Voz 24 Diciembre 2004

Investigación frustrada
Editorial La Razón 24 Diciembre 2004

CERRAR LOS OJOS
Jaime CAMPMANY ABC  24 Diciembre 2004

Legítima defensa
Gabriel ALBIAC La Razón 24 Diciembre 2004

Otra cesión más a ERC
Editorial La Razón 24 Diciembre 2004

No es una frase
Alfonso USSÍA La Razón 24 Diciembre 2004

Réquiem por España
Luis Felipe UTRERA-MOLINA La Razón 24 Diciembre 2004

El archivo, en Salamanca
EDITORIAL Libertad Digital 24 Diciembre 2004

Quien calla otorga
Ignacio Villa Libertad Digital 24 Diciembre 2004

Rosa sin complejos
Antonio JIMÉNEZ La Razón 24 Diciembre 2004

Los mitos del debate
GEES Libertad Digital 24 Diciembre 2004

Por fin algunos dicen No
Alberto Míguez Libertad Digital 24 Diciembre 2004

Un paso más
Editorial El Correo 24 Diciembre 2004

La construcción nacional
MANUEL MONTERO El Correo 24 Diciembre 2004

Bargalló y el vino catalán
Francisco MARHUENDA La Razón 24 Diciembre 2004

Crispación nacionalista
Agapito Maestre Libertad Digital 24 Diciembre 2004

LA ECONOMÍA COMO EXCUSA
FERNANDO FERNÁNDEZ ABC 24 Diciembre 2004

Lema en el corazón
Cartas al Director ABC  24 Diciembre 2004

Indignación
Cartas al Director ABC 24 Diciembre 2004

El PP considera que «es la primera agresión contra los intereses de esta Comunidad por parte del Gobierno»
Javier Blanco La Razón 24 Diciembre 2004

«Es un ataque a la dignidad de Castilla y León y de España»
FÉLIX IGLESIAS ABC  24 Diciembre 2004
 

España en cuarto menguante
Aleix VIDAL-QUADRAS La Razón 24 Diciembre 2004

La obsesión de José Luis Rodríguez Zapatero por aplicar la piqueta demoledora a toda la obra de gobierno de José Mª Aznar no vacila en poner en peligro el interés nacional o hasta la propia existencia de España como nación. En el plano interno, su actitud de dar las máximas facilidades a los nacionalistas va cubriendo etapas ante el estupor de la mayoría de ciudadanos, incluidos algunos significados dirigentes de su propio partido. La concepción de la Conferencia de Presidentes Autonómicos como un remedo del Consejo Europeo, las reformas inconstitucionales de los estatutos catalán y vasco, el debilitamiento del Pacto Antiterrorista con nombramientos unilaterales o la peregrina afirmación de que el concepto de nación consagrado por la Constitución de 1978 es discutible, siembra el desconcierto en la opinión pública y da alas a los que no tienen otro propósito que la voladura del gran pacto civil de la transición.

Pero la misma técnica, calificada irónicamente de rendición preventiva por César Vidal, se utiliza en la política exterior, terreno en el que vamos de renuncia en renuncia y de disparate en disparate. Desde la aceptación sumisa de la pérdida de peso de España en los procesos de decisión comunitarios hasta la incapacidad de conseguir la cláusula de gradualidad en las perspectivas financieras, hemos pasado por el abandono del pueblo saharaui a la voracidad marroquí, la acusación al anterior jefe del Ejecutivo de apoyar golpes de Estado en Iberoamérica, la construcción del eje Madrid-Habana-Caracas en detrimento de nuestras relaciones con los Estados Unidos y el plantón al primer ministro polaco. Y como colofón, el giro de ciento ochenta grados dado a nuestra posición sobre Gibraltar, rompiendo así con una tradición de tres siglos mantenida por nuestros reyes de Felipe V en adelante, por la I y la II Repúblicas, por la UCD de Adolfo Suárez, el PSOE de Felipe González y el PP de Aznar. La tesis española, avalada por la realidad histórica y por el derecho internacional, era muy clara: el Peñón es un enclave de soberanía española, ocupado de forma violenta, ilegal e ilegítima y cuyo destino no puede ser otro que el regreso a su Estado de origen a través de negociaciones con el Reino Unido bajo los auspicios de Naciones Unidas en el marco de la Unión Europea. Por supuesto, un elemento clave de este planteamiento ha sido la negativa permanente por parte española a reconocer a las autoridades gibraltareñas cualquier estatus de interlocutor y a tratar exclusivamente con el Gobierno británico en pie de igualdad.

Pues bien, Zapatero, en una pirueta irresponsable, se ha sentado a la mesa con Peter Caruana y ha echado por la borda trescientos años de coherencia y seriedad. La España de Zapatero ha entrado en cuarto menguante y cada noche luce más estrecha, más recortada, más insignificante, más en concordancia con su liquidador.

LA PEREZA LEGISLATIVA DEL GOBIERNO
Editorial ABC 24 Diciembre 2004

PARA un Gobierno como el del PSOE, que se presentó a las elecciones con fuertes motivaciones reformistas -creyera o no en su victoria electoral-, el balance legislativo con el que cierra sus primeros nueve meses es realmente pobre, pero explicable por las condiciones en las que se encuentra. A pesar de tener una mayoría parlamentaria más o menos estable, el Gobierno socialista sólo ha sacado adelante la Ley de Violencia de Género, tal vez porque la mayor parte de sus esfuerzos los ha empeñado en tareas de deconstrucción de la anterior etapa del PP. El gran consenso alcanzado, dentro y fuera de las Cámaras, sobre la Ley de protección integral de la mujer frente a la violencia machista no compensa ni las fuertes dudas de constitucionalidad que suscita esta nueva norma, con el doble rasero penal instaurado por razón del sexo de la víctima y del autor, ni la falta de iniciativa legislativa del Ejecutivo en otras áreas como la Economía, la Educación o la Justicia.

Las reformas en un Estado democrático no se hacen con demagogia, sino con leyes equilibradas e instituciones con capacidad ejecutiva. Sin embargo, el criterio del Gobierno parece otro, porque se ha sentido más a gusto -y esto es lo preocupante- fuera del Parlamento que dentro, pese a que el Legislativo iba a ser, según Rodríguez Zapatero, el centro de la vida política. No ha legislado sobre la educación de los jóvenes, pero ha arremetido gratuitamente contra la Iglesia con motivo de la enseñanza de la Religión. La menesterosa y lenta Justicia no tiene los presupuestos prometidos ni las reformas procesales anunciadas, pero el Gobierno ha incendiado sus relaciones con los jueces por culpa de una ley que manipula la correlación democrática de fuerzas en el Consejo General del Poder Judicial. La economía no ha merecido una sola decisión legislativa sobre libre competencia, mercados o régimen fiscal, pero el Gobierno de Rodríguez Zapatero se lleva el dudoso honor de ser el primero al que el Senado le veta un proyecto de Presupuestos Generales.

No sólo la actividad legisladora es insuficiente para el listón que se marcó el Gobierno y las expectativas de los ciudadanos. Es que, además, tampoco se vislumbra un trabajo previo de reflexión y preparación que anuncie grandes debates parlamentarios sobre asuntos fundamentales para la sociedad española. La reforma judicial se ha hecho por el atajo de la lectura única. Los Presupuestos son leyes tramitadas a golpe de reglamento. La ley de protección integral de las mujeres se ha construido sobre la suplantación del debate sincero por la corrección política. Y nada más. El Gobierno socialista no ha puesto sobre la mesa ideas para la modernización de las estructuras administrativas, judiciales, educativas o económicas, que son aquellas sobre las que el Estado aún conserva, en mayor o menor medida, competencia legislativa frente a las Comunidades Autónomas.

Esta atonía legislativa del Gobierno, a veces enmascarada en el ruido de las polémicas que genera, es síntoma de una falta de proyecto político definido, que, a su vez, ha acabado instalando una falta de confianza en sí mismo. De la mayoría de los ministros no se sabe lo que hace ni qué piensa hacer. La dependencia de minorías radicales, las profundas contradicciones internas sobre el núcleo de esta legislatura -la reforma del modelo de Estado- y la renuncia a cualquier transacción con la oposición popular explican la falta de fuerza del Ejecutivo, pero no la disculpan. Al Gobierno de España se accede para liderar un país inmerso en un proceso de modernización y desarrollo, no para dejar su futuro al albur de los acontecimientos ni en manos de pequeños acreedores independentistas.

Frente nacional vasco
JOSÉ MARÍA CALLEJA La Voz 24 Diciembre 2004

EL APOYO dado en el Parlamento vasco por el brazo político de ETA al plan de Ibarretxe para romper el actual consenso estatutario retrata de forma contundente la existencia de un frente nacional que aspira a marginar a los ciudadanos constitucionalistas del mapa político vasco. Esta edición renovada del pacto de Lizarra -suscrito en su día entre los nacionalistas y ETA para excluir de las instituciones vascas a los llamados despectivamente españoles- pretende integrar a los seguidores de ETA, pero a cambio de marginar a socialistas y populares; quiere sumar al proyecto nacionalista a los simpatizantes de ETA, aunque esa maniobra suponga mermar el consenso que hizo posible el actual Estatuto. No queda claro qué consenso se podrá lograr con individuos como Otegui, pero sí resulta evidente el acuerdo de convivencia que se quebrará en ese intento. Ésta es la principal crítica, entre otras muchas, que se puede hacer a la iniciativa de Ibarretxe: rompe el clima de convivencia y lo que ofrece como alternativa es un frente nacional, que excluye a prácticamente la mitad de los vascos. Ésta delirante maniobra está trufada de xenofobia, como atestiguan las palabras pronunciadas por Joseba Eguíbar, dirigente del PNV, para el que todos los vascos aprueban el plan y si no lo aprueban es que no son vascos. Estas burradas de Eguíbar emparentan directamente con el espíritu franquista, ya saben, aquel dictador que sostenía que los contrarios a su régimen éramos la antiespaña; sencillamente: no éramos españoles.

El caso es que los seguidores de ETA -que aún siguen en sus escaños, a pesar de estar ilegalizados- tratarán de mantenerse vivos políticamente hasta las elecciones autonómicas vascas -primavera próxima- como pieza imprescindible para los planes disparatados de Ibarretxe y conscientes de que mientras más alarguen su presencia más réditos políticos podrán obtener.

Es una pena que los socialistas vascos, contagiados al parecer por un afán de emulación, hayan elaborado un plan, alternativo al de Ibarretxe, en el que se formulan planteamientos políticos de carácter nacionalista. La experiencia demuestra que los nacionalistas vascos son insaciables y que cualquier intento por traerles al ámbito de la convivencia a base de transferencias o de guiños políticos generosos están condenados, de antemano, al fracaso. Llevamos casi treinta años de democracia y en todo ese tiempo se ha podido comprobar, hasta la extenuación, cómo el discurso nacionalista vasco exige sus reclamaciones de puro poder, crea un clima que hace pensar a todos en el fin del mundo, en el caso de que no lo consiga, y una vez logrado el objetivo se olvida, no se hace ninguna declaración de reconocimiento; al contrario, se toma más fuerza para volver a plantear el siguiente trozo de poder con idéntico clima agónico, con las mismas tretas y con la misma falta de lealtad. Esta película ya la hemos visto mil veces.

Es posible que los socialistas vascos obtengan con su plan Guevara buenos resultados en las autonómicas -han dicho que aspiran a ganar votos autonomistas a los nacionalistas del PNV- pero es seguro que lo hacen a base de romper una tradición, de quebrar una imagen y de poner en serio peligro la unidad de este partido. Experiencias anteriores, de gobiernos de coalición entre los socialistas y los nacionalistas, han demostrado reiteradamente que cuando el PSE se acercaba al PNV, los socialistas perdían escaños, los que ganaban los nacionalistas.

Investigación frustrada
Editorial La Razón 24 Diciembre 2004

La comisión que ha investigado el mayor atentado terrorista de la historia de España da sus últimas bocanadas, después de que el Gobierno y sus aliados impusieran el cerrojazo contra el criterio de la única oposición parlamentaria que representa el PP. Frente al optimismo y la ingenuidad con que desde diferentes círculos de opinión se recibió su creación, los resultados finales de los trabajos de los distintos grupos cumplieron a rajatabla las previsiones más realistas, que eran también las pesimistas. Los grupos, como adecuadamente fuera recordado por las víctimas, tomaron la sede parlamentaria, con la excusa de la investigación, como campo de batalla para dirimir sus diferencias partidarias y poner en la mayoría de los casos los intereses particulares por encima de los generales.

La comisión, como tantas otras que la precedieron, sólo sirvió como escaparate mediático para justificar la gestión propia y desprestigiar o descalificar la ajena. En un segundo, tercero o cuarto plano quedó para siempre la que debía ser la razón última de los trabajos de sus señorías, que los españoles pudieran conocer la verdad o, al menos, aproximarse a ella, sobre todo lo que rodeó a los atentados del 11-M. En ese sentido, la comisión decepcionó y fue el enésimo ejemplo de que este tipo de instrumentos parlamentarios requiere un replanteamiento que garantice su utilidad pública y acabe con la aparente incapacidad de un modelo poco propicio a la investigación. En cualquier caso, una de las conclusiones prácticas que se pudieron extraer de las comparecencias fue que existen aún cabos sueltos en un trama con preguntas sin responder que podrían resultar cruciales para averiguar lo ocurrido. Pero también es cierto que ese trabajo debiera corresponder a una autoridad judicial, que está obligada a llegar hasta el final a cualquier precio. Está en juego no sólo la verdad del 11-M, sino la seguridad de los españoles, amenazada hoy, incluso después de huir de Iraq, por terroristas similares a «El Tunecino», uno de asesinos del 11-M, que, según como informa hoy LA RAZÓN, planeaba matanzas de policías en comisarías.

CERRAR LOS OJOS
Por Jaime CAMPMANY ABC  24 Diciembre 2004

SIGUEN apareciendo por ahí autores y planificadores del atentado del 11-M. Viene «El Egipcio» y detienen a «El Haski». El juez Del Olmo va introduciendo en el sumario nuevos personajes buscados, nuevos detenidos, nuevos imputados. Rafá Zouhier, uno de los misteriosos confidentes de la Guardia Civil y la Policía, pide declarar ante los comisionados y anuncia que dispone de informes y datos relevantes para la investigación. El Partido Popular ha solicitado casi una docena de nuevas comparecencias en la Comisión parlamentaria. Existen algunas circunstancias y coincidencias sospechosas y otras muy sospechosas que los comisionados explican únicamente con el expediente increíble del «azar». En vez de buscar la «causalidad», recurren a la «casualidad». Se atribuyen al juez opiniones y convicciones que son únicamente de algún testigo, mando policial. La investigación del 11-M está todavía oscura como boca de lobo. Eso, como boca de lobo.

Pero se acuerda, gracias a la mayoría mecánica, claro, dar carpetazo a la Comisión. El Partido Socialista y sus cómplices prefieren cerrar las sesiones, que en cierto modo equivale a cerrar los ojos. Es un dato más a tener en cuenta para analizar la actitud de los socialistas en la interpretación y tratamiento de todo cuanto se refiere a la terrible masacre de las estaciones. Y no parece aventurado pensar que en muchos puntos se trata de una actitud confusa, enredada, indefendible, a veces sorprendente y en cierto grado sospechosa. Todo eso, por decirlo de una manera no sólo respetuosa, sino compasiva.

Zapatero y los socialistas de su séquito sentaron desde el primer día sus afirmaciones terminantes acerca del 11-M, y no les interesa buscar ninguna otra «verdad» que no sea la suya. Desde el primer día, los socialistas están en sus trece, y ésa será sin duda la «verdad» que «resplandezca» en las conclusiones de la Comisión. Cerrada la investigación parlamentaria, queda, por supuesto, el sumario del juez, pero el juez busca las autorías del atentado y no la responsabilidad política que corresponda a unos y a otros, antes y después de la matanza; antes, en la exigible previsión, y después en la macabra explotación de los hechos. Los posibles y aun probables acusados deciden disolver el tribunal investigador. Formidable.

Bien es verdad que con las comparecencias vetadas y los testigos previamente aleccionados pocas verdades cabía esperar ya de los trabajos de la Comisión. Tenía razón Fraga. De ahí ya no iba a salir nada interesante ni útil. Mejor cerrar el chiringuito y dejar de darles la tabarra al contribuyente y al currito con las peleas de partido y las escaramuzas personales. Pilar Manjón lo dijo muy claro: «Señorías, aquí han hablado sólo de ustedes, no de nosotros». Las víctimas, en esa frustrada investigación del 11-M, han corrido la misma suerte que la verdad. Las unas y la otra a nadie importaban. Aquí, nadie le ha hecho caso a don Antonio Machado: «¿Tu verdad? No, la verdad. Y ven conmigo a buscarla. La tuya guárdatela». Dijo también el poeta que la verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero. Pero a Agamenón lo han hecho ministro, y el porquero iba en uno de los trenes con mochila explosiva.

Legítima defensa
Gabriel ALBIAC La Razón 24 Diciembre 2004

Nada he esperado nunca de la Comisión 11-M. Nada puede aguardar un hombre libre del Estado que no sean ofensas a la verdad o razón. Sólo retórica cabe en las cabezas de funcionario de quien pasta el desabrido salario del político. De todos los enigmas que dibujan el frío laberinto en que vivimos, el único de veras sorprendente es la perseverancia del ingenuo que, alegre, paga y vota. ¿Qué profundas pulsiones masoquistas llevan a los hombres de nuestro siglo a aceptar sonrientes la sangría de arbitrarios impuestos mastodónticos, a costa de los cuales los más malos de nuestra de por sí pésima especie, erijan su perfecta necedad en liturgia solemne de Gobierno? Frente a la dimensión de esa aporía, todo otro enigma humano es irrisorio.

Nada esperaba, pues. No estoy tan loco como para aguardar un sublime arrebato de honradez en quienes viven de la sopa boba. Se es político cuando se es malo. Si no, uno trabaja. Cuando, en los tiempos más negros del crimen de Estado, el PP impuso, ya que no en el Congreso, sí en el Senado, una Comisión GAL, crucé con los amigos alguna apuesta sobre cuánto duraría. Perdimos todos: la Comisión no llegó a oír al segundo compareciente: cierto muy locuaz general felipista, teórico prisaico de la actuación «del otro lado» de la raya de la ley.

Esta vez, se ha alargado algunos meses. Los bastantes para llenar de sandeces los periódicos. Porque –y, eso sí, es específico de aquí– los políticos españoles, además de tan malvados como cualquiera de sus colegas del continente, son refinadamente analfabetos. Y hasta es verdad que oír a esos molinillos de picar anacolutos, podría resultar desternillante. Si no lo pagáramos tan caro (calcule el sufrido lector cuánto se queda de su sueldo Hacienda cada año). Si no estuviera, además, en juego, en este terrible asunto, la verdad sobre el asesinato político de 192 personas (o 193, si hubiéramos de incluir a la suicidada esposa del confidente asturiano).

A inicio del verano, escuché a un respetable político de esa pobre derecha, que aún no se ha enterado del golpe letal que le dieron en marzo, quejarse del ineducado empeño de la Prensa por mantener la Comisión en vida. «Si no hubiera sido por los periodistas, Rubalcaba y nosotros hubiéramos llegado ya a un acuerdo para cerrarla en mayo y acabar de una vez con todo este desorden». Y se quedó tan sonriente.

Ridículo sería que yo expresara escándalo ante tal dimensión de la indecencia. Los políticos están para eso; y a los ciudadanos nadie nos defenderá jamás de ellos; sólo nosotros. Es la mar de sencillo: basta con desertar las urnas. Que los elija su señora madre. Ella, al menos, seguro que sabe hallar algún tierno motivo para no odiarlos. Y, ya puesta, que les pague ella el sueldo.

Otra cesión más a ERC
Editorial La Razón 24 Diciembre 2004

La polémica sobre los fondos documentales incautados en Cataluña por el Gobierno de Franco, y hoy conservados en el Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca, responde a dos cuestiones. La primera es de orden práctico y, dados los últimos avances tecnológicos en el campo de la reproducción electrónica, absolutamente menor. La segunda es, sin embargo, de carácter político y, por lo tanto, con la suficiente carga ideológica como para haber retrasado durante más de veinticinco años la toma de una decisión, no importa en el sentido que fuera.

En el orden práctico, las propias conclusiones del comité de expertos dan la razón a quienes piensan que lo fundamental es proteger la unidad de Archivo, por encima de cualquier otra consideración. Así, el redactor del documento de conclusiones recomienda que se concentren en Salamanca todos los fondos documentales referidos a la Guerra Civil y a la posterior represión que hoy están dispersos en muy diversas instalaciones, tanto en España como en el Extranjero, con el objetivo de crear un gran centro de documentación sobre el trágico período. Dicho en otras palabras, recomienda la unidad de Archivo, como no podía ser de otra forma.

La contradicción se produce, cuando, por razones coyunturales de carácter político, se considera «justa y legítima» la devolución de los fondos documentales de la Generalitat catalana, identificados como tales en el Archivo General de la Guerra Civil. Y es que, ciertamente, no es sencillo explicar cómo el comité de expertos ha podido llegar a recomendar, simultáneamente, una cosa y la contraria. Tal vez, haya que buscar el origen del contrasentido en una decisión predeterminada de ceder, una vez más, a las demandas de ERC y el nacionalismo catalán, sin cuyos votos el actual Gobierno socialista no podría mantenerse ni en Madrid ni en Barcelona.

No conviene darle vueltas a lo sucedido ni adentrarse en el socorrido mundo de los eufemismos. Detrás de la insistencia nacionalista existe un claro fondo ideológico, cuya trascendencia en el futuro deberían calibrar los actuales responsables del Ministerio de Cultura. Porque lo que se pretende es retorcer los hechos para ajustarlos a un proyecto político independentista. Pero Cataluña, muy lejos del actual discurso nacionalista, no fue invadida en 1939 por un ejército extranjero, sino por las tropas de uno de los dos bandos que libraron la guerra civil. Bandos en los que, como ocurrió en el resto de España, militaban también los catalanes. La Generalitat era el estado español en su zona de influencia y, por lo tanto, los documentos incautados por el vencedor pueden considerarse perfectamente como propiedad del Estado.

No es una frase
Alfonso USSÍA La Razón 24 Diciembre 2004

«A España servir hasta morir». La leyenda se leía en una montaña de Tremp frente a la Academia General Básica de Suboficiales del Ejército. Es el lema de la Academia. De golpe ha sido retirada. Los nacionalistas catalanes no podían permitir un mensaje de este tipo en una localidad de Lérida. Días atrás, un político tan sensato y medido como Duran Lleida firmó un artículo en el que calificaba de «vergonzosa inscripción» el lema de la Academia de Suboficiales. ¿Por qué vergonzosa? Los comunistas de Iniciativa por Cataluña-Los Verdes, los ecologistas «sandías» también exigieron la retirada amparándose en la «adecuación ambiental». Pero lo insólito, lo incomprensible, lo inaudito es que el Ministerio de Defensa ha ordenado retirar el lema inscrito en la piel de la montaña del Talarn. «A España servir hasta morir» ha desaparecido. Los militares empiezan a estar demasiado acostumbrados a las humillaciones. Una cosa es la disciplina y la lealtad. Otra muy diferente, la aceptación callada y la resignación ante la herida.

De seguir así las cosas, en unos meses se ordenarán borrar de los regimientos los lemas patrióticos de los militares. Y el «Todo por la Patria» de la Guardia Civil será sustituido por un «Todo por lo Políticamente Correcto» –casi siempre, incorrectísimo–, que pretenden imponernos estos retroprogres acomplejados y resentidos. Si la retirada del lema de la Academia de Suboficiales es consecuencia de los humillantes pactos acordados por el actual Gobierno de España con los nacionalismos independentistas, habrá que exigirle al ministro de Defensa la dimisión. No vale llenarse la boca la defensa de España y simultáneamente obedecer sin rechistar una orden deleznable. Y si el responsable es el ministro de Defensa, se echa de menos una respetuosa, pero enérgica protesta en voz alta de los mandos militares.

Retirar el lema de la montaña de Tremp equivale a reconocer que «A España servir hasta morir» es un mensaje equivocado, provocador y vergonzoso, como escribía el hasta ayer moderado Duran Lleida. Humillación tras humillación, las Fuerzas Armadas cumplen en silencio la orden de su desgarramiento. No se pide un concierto de ruido de sables en las salas de Bandera, pero sí una voz autorizada y respetada que defienda con gallardía a los militares, y a lo que significan. Eso, el servicio a España, la renuncia a la ambición económica, la veneración por unos valores supremos que han perdido su reconocimiento en un sector de la sociedad civil. Escribo que en un sector. Hay otra sociedad civil que admira profundamente la firmeza, el sacrificio y el sentido patriótico de los militares. Hay otra sociedad civil que asume por entero los lemas de sus Fuerzan Armadas. Porque ahí está el problema. No son frases, no son mensajes, no son lemas. Son voluntades expresadas, son juramentos, son promesas, son decisiones.

A nadie le asusta una frase. Pero los nacionalistas saben que no se trata de una frase, y que por mucho que desaparezca de una montaña una leyenda, el espíritu del lema permanece intacto en casi todos los miembros de la milicia. Lo que molesta a los separadores es todo lo que une. Un lema se borra, se amputa, se modifica y hasta se prohíbe. Pero en la estructura anímica de los militares se mantiene e, incluso, crece aún más desde la adversidad y la injusticia. La retirada del lema es un deshonor político, pero el honor de los militares no desaparece. Intentarán prohibirles también el grito de «¡Viva España!», que sólo se admitirá en los acontecimientos deportivos para animar a la selección de España, mientras dure, claro. El honor de nuestras Fuerzas Armadas está muy por encima de los chalaneos políticos y las humillaciones cretinas. Pero se echa de menos la voz que lo proclame, la voz que se arriesgue a gritar ese «¡Basta ya!» que a tantos se las pasea por la garganta. El militar que lo haga será fulminado, pero representará el honor de todos sus compañeros.

Porque vuelvo a lo anteriormente expuesto. No los conocen. «A España servir hasta morir» no es un lema, no es una frase. Es una vocación decidida, un juramento invencible y un ofrecimiento inalterable. Y eso es lo que tanto asusta a los que han exigido borrar unas palabras de una montaña de Lérida.

Réquiem por España
Luis Felipe UTRERA-MOLINA La Razón 24 Diciembre 2004

Me dicen hoy –y aún me resisto a creerlo– que los alumnos de la Academia de Suboficiales de Talarn en Lérida retiraban ayer, por orden de la superioridad, la palabra España del lema de su unidad: «A España servir hasta morir». Contemplaba al mismo tiempo cómo el Parlamento Vasco certificaba el acta de defunción de su Estatuto y anunciaba con insolencia la futura autodeterminación de Vasconia con la inestimable colaboración de los terroristas de Batasuna, de los comunistas de Izquierda Unida y el no menos culpable complejo de algunos socialistas empeñados en hacerse perdonar su condición de españoles. Llevamos tiempo asistiendo inertes cómo el nombre y el ser de España desaparece de Cataluña y de las Provincias Vascongadas entre la saña de muchos y el silencio cobarde de otros. Nos hemos acostumbrado a soportar impasibles la imposición del catalán y el vascuence incluso para nombrar al Rey de España, mientras declinamos acomplejados utilizar nuestra preciosa lengua universal para nombrar a cualquier persona o institución oriunda de dichos territorios. No en vano, hay quien elude hablar del español, y defiende la denominación de castellano para nuestro idioma, para evitar ofender a los únicos que no pueden sentirse ofendidos por dicho nombre, pues reniegan de España y de todo lo español.

España está en almoneda, y quien ha buscado su destrucción se ha asegurado antes de neutralizar cualquier posible obstáculo u oposición a su miserable pretensión. Pero no nos engañemos; no atribuyamos toda la culpa al Gobierno débil e incompetente salido del 14 de marzo. Repartamos la culpa por igual a todos cuantos desde la derecha y la izquierda han mirado antes por la permanencia en el poder que por la defensa de la unidad de España. A quienes desde las filas del «café para todos» entregaron la educación de dos generaciones en manos de quienes tenían por objetivo la separación de España. A quienes, desde las filas de la derecha, obligaron a todos los españoles por decreto a utilizar el catalán o el gallego para nombrar a Lérida, a Gerona o a La Coruña. A quienes, desde la izquierda, no tienen escrúpulos a la hora de humillarse cuando lo pide un despreciable sujeto que pide que las pistolas se dirijan a España y no a Cataluña y al que le basta una ligera presión sobre los testículos del Gobierno de España para hacer que salga a cantar alguno de sus ministros con la letra que le escriben desde algún despacho de la Plaza de San Jaime.

La situación es ya demasiado grave como para contemporizar con quienes buscan romper a España entre cantos de aldeanismo trasnochado. El respeto y el orgullo por nuestra riquísima diversidad no debe ser obstáculo para la firme defensa de nuestra unidad si no queremos quedarnos sin patria. Es la hora de retratarse ante la Historia, y ésta no entiende de cálculos o conveniencias electorales. Es la hora de defender el nombre de España sin complejos posmodernos, porque España es el futuro que algunos nos quieren robar mientras dormimos.

El archivo, en Salamanca
EDITORIAL Libertad Digital 24 Diciembre 2004

Previsible. Muy poco informado había que estar para no haber visto venir la siguiente jugada del Gobierno Zapatero, cuya entrega al nacionalismo catalán parece no tener límite. La polémica del Archivo General de la Guerra Civil, o papeles de Salamanca -tal y como es conocido en la jerga de los historiadores- lleva lo menos quince años coleando y parece que nunca termina de morir. La querella consiste en la titularidad de una cantidad determinada de legajos históricos, todos de la Guerra Civil, que la Generalidad considera suyos y que, con lógica cartesiana, los responsables del Archivo consideran que forman parte del patrimonio histórico de todos los españoles.

El hecho es que el Archivo de Salamanca es relativamente reciente. Se constituyó como tal en 1977 y se le dio carácter de Archivo General hace muy poco tiempo, en 1999. No alberga como muchos piensan todo lo relativo a la Guerra Civil sino la documentación referente a partidos políticos, sindicatos y ayuntamientos. Otros legajos de la guerra están repartidos por toda España, de este modo, en el Archivo de Ávila se encuentran los datos de las unidades del ejército republicano, o en el de Guadalajara se custodia la documentación relativa a los campos de trabajo franquistas. La organización de estos archivos cumple criterios funcionales y está pensada para servir a los estudiosos e historiadores. El de Salamanca, por ejemplo, durante el año 2003 atendió a más de mil investigadores llegados de toda España.

El problema es que el verdadero terreno de la disputa no es técnico sino político. Los mandatarios de la Generalidad desde tiempos de Pujol y los republicanos de Esquerra hablan un idioma diferente que el de la mayoría de profesionales de la Historia. Los nacionalistas consideran que el material archivado en Salamanca es fruto de un expolio, el que las tropas de Franco perpetraron en Barcelona al término de la Guerra Civil. Con este argumento vienen galvanizando a la sociedad catalana desde hace varios lustros y juegan a lo que mejor se les da, a ser víctimas irredentas de un imperialismo español que sólo existe en sus sueños más febriles. Según la peculiar interpretación nacionalista, la contienda fratricida que desangró la Nación hace setenta años, no fue tal sino una invasión en toda regla que sojuzgó a los catalanes y tomó esos papeles como botín de guerra. Simplemente delirante

Cabalgando sobre la renovada influencia que les ha dado la victoria de Zapatero, una de las citas a la que no podían faltar era la que tenían pendiente con el archivo salmantino. La comisión de “expertos” nombrada el mes pasado por el ministerio de Cultura es una burla al sentido común. La mayoría son militantes activos a favor de la vuelta de los legajos a Cataluña y el mismo gobierno de Maragall bendijo expresamente la feliz idea de Carmen Calvo. El informe que hicieron público ayer estaba cantado, en cierto modo su postura no ha sorprendido a nadie. Los “sabios” designados por la ministra creen más “justo” que esos documentos vuelvan a Barcelona. Siguiendo este guión de “justicia archivística” casi cada autonomía o partido político podría pedir ahora que le restituyesen el material de la guerra por lo que, irremediablemente, el archivo desaparecería.

Stanley G. Payne afirmó sorprendido cuando le contaron el jaleo del Archivo de Salamanca que le parecía “extraño que documentos históricos puedan pertenecer a ciertas entidades políticas”. Iba cargado de razón. Los archivos pertenecen a la Nación y a nadie más, ni al gobierno catalán, ni al central, son patrimonio de todos y su objeto es permanecer bien atendidos y conservados para que los historiadores puedan estudiarlos. Si se abriese la caja de los truenos no quedaría un solo archivo histórico en pie en toda España, cada ciudad, cada pueblo, cada comunidad exigiría su “parte” utilizando el mismo argumento que los “sabios” de Carmen Calvo. El Archivo General de la Guerra Civil está bien donde está, Salamanca lo ha acogido desde hace muchos años y se encuentra en continua expansión. Un equipo de treinta profesionales lo atiende y mantiene en estado óptimo para que cualquiera desde cualquier parte pueda investigar sobre ese periodo de nuestra Historia que por ser el más negro debería merecer más respeto.

Quien calla otorga
Ignacio Villa Libertad Digital 24 Diciembre 2004

El silencio balbuceante y nervioso de la vicepresidenta De la Vega y del ministro Caldera al ser preguntados por el futuro político del jefe de gabinete del ministro del Trabajo habla por sí mismo. Todo ocurría este jueves en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En ella, eran interrogados por el "encargo informático" del actual jefe de gabinete del ministro cuando era asesor del grupo parlamentario socialista. En definitiva, sobre la autoría de la pagina web de "Los genoveses.net" durante la pasada legislatura.

De la Vega y Caldera, que estaban puerta con puerta con el despacho en el que se hacía este ejemplo de "política sucia", se han refugiado en un mutismo que confirma lo que ha contado la Cadena COPE. La vicepresidenta y el ministro sabían perfectamente lo que pasaba en ese despacho; y sino cesan al jefe de gabinete están asumiendo toda la responsabilidad política de una historia que nada tiene que ver con el buen talante, las buenas formas y la conducta de buen gobierno que este Ejecutivo cacarea.

¿De que nos vale que se deje de calificar de excelencia a los Ministros, si después se dedican a amparar sin problemas esta forma de hacer política tan rastrera y mezquina? La salida que han tenido De la Vega y Caldera es la confirmación definitiva de la implicación de su jefe de gabinete en esta historia. Y su nerviosismo deja la puerta abierta a más nombres en esa lista.
El Partido Popular tiene ahí un frente abierto que debería de mantener. Y De la Vega y Caldera ofrecen la imagen de alguien que ha sido descubierto en plena faena. El que calla otorga. Y por cierto, esperen noticias. Puede haberlas muy pronto.

Rosa sin complejos
Antonio JIMÉNEZ La Razón 24 Diciembre 2004

Me entusiasma la convicción con la que Rosa Díez se opone a la última deriva política de su partido en el País Vasco. El socialismo vasco está necesitando con urgencia más voces disidentes y sensatas como las de Rosa, que espera «no tener que pedir perdón por ser española y vivir en Euskadi», y Nicolás Redondo Terreros, para enfrentarse a los extravagantes personalismos e interesadas estrategias de compañeros a los que el mucho tiempo transcurrido, alejados de los despachos del poder autonómico, les lleva a tomar atajos equivocados. Contagiados por el emergente nacionalismo de Maragall y del PSC, cada día más en convergencia con las tesis de su socio de ERC, López, Eguiguren y Rojo, entre otros dirigentes del socialismo vasco, se descuelgan con un documento insolidario, excluyente y encabezado por el anacrónico término de «comunidad nacional» que sus creativos redactores han recuperado del desván donde la historia tiene arrumbados a los regímenes totalitarios. Menuda ironía para un partido democrático que todavía se define como socialista. En vez de apostar abiertamente por la defensa de la Constitución sin complejos, como pide Rosa Díez, algunos de sus compañeros se salen de la Carta Magna para invadir el territorio del nacionalismo soberanista en la creencia errónea de que ahí pueden pescar votos. ¿Acaso no saben que entre la versión original y la copia, los votantes suelen quedarse con la primera?

Constitución europea
Los mitos del debate
GEES Libertad Digital 24 Diciembre 2004

¿Qué hay de tan importante en el texto del Tratado de constitución Europea que levanta tantas pasiones? La izquierda lo denuncia por ser poco social; los nacionalistas no lo aceptan porque no se sienten suficientemente reconocidos; la derecha se divide porque no es capaz de digerir un discurso crítico a Europa; los socialistas lo adoran porque lo han acabado firmando ellos. ¿Qué puede esperar el votante medio, al que se le consulta sobre algo que desconoce –y más vale así–, farragoso y de arcanas implicaciones?

Votar que sí es aceptar gratuitamente un lugar concreto de España en Europa: en lugar de formar parte de la mesa de los cinco grandes, pasa –y da igual que no sea hasta el 2009, acabará pasando– a la mesa de los niños. Así de claro. Con la distribución de votos que firmó Rodríguez Zapatero, sentenció que España se quedaba sin capacidad de formar minorías de bloqueo en cuestiones vitales para nuestros propios intereses. Ni más ni menos.

Votar no es rechazar el proceso de construcción europea. La mal llamada constitución no es más que un tratado más, de los muchos que hemos visto (acta única, Mastrique, Ámsterdam, Niza...) con el paso de los años en la UE. Si no se aplica no es el fin del mundo ni siquiera la parálisis de la Unión. Niza seguiría plenamente en vigor.

Es más, es altamente probable que el Tratado Constitucional deba ser enmendado o superado por otro texto en un plazo relativamente breve si de verdad se avanza en la incorporación de Turquía a la Unión. Todos los preceptos del actual texto están orientados a consolidar la supremacía de los estados más poblados, pero es muy complejo de aceptar que esa filosofía se aplique cuando en lugar de Alemania, Turquía sea el más poblado y con gran diferencia sobre el resto.

El verdadero problema político reside en otra parte. Siempre se ha dicho –pero ahora a tenor de los argumentos empleados en el debate, parece que con la boquita pequeña– que la política europea no era ya política exterior, sino doméstica. Y es verdad. Convocando el referéndum ZP ha borrado la tenue distancia que separa ambas esferas. No es razonable intentar introducir una demarcación rígida entre la situación en España y lo que ocurre en Europa. Y, por tanto, no se puede culpar a quienes ven en este referéndum un plebiscito sobre Zapatero. O si se prefiere sobre la Europa que quiere ZP y el rincón que España ocupa en la misma.

Por otro lado, es bastante ingenuo pensar que un texto intergubernamental, depositado en la lejana Bruselas va a ser más sólido, firme y fuerte frente al ímpetu nacionalista en España. Si nuestra Constitución España puede ser moldeada para que no sirva de garante de la unidad de la nación, es inimaginable que nuestros socios sean más españolistas que los propios españoles. El nuevo tratado no es una línea maginot ante nada.

¿Por qué hay que votar entonces? Porque lo pide el gobierno socialista y porque lo pide el principal partido de la oposición. Pero cuando todos se ponen tan nerviosos ante opiniones distintas a las suyas, algo habrá. Salvo otras explicaciones, Europa no sufre sin la Constitución y España sufrirá mucho con ella; ZP se lleva el mérito y los demás no se sabe. ¿No es mucho pedir por Europa?

GEES, Grupo de Estudios Estratégicos

Constitución Europea
Por fin algunos dicen No
Alberto Míguez Libertad Digital 24 Diciembre 2004

Ha sido una sorpresa y agradable leer en este mismo espacio de Libertad Digital un comentario de Alberto Recarte titulado “Votar No a la Constitución Europea”. Durante varios meses y ante la soberbia e ignorancia ambiente anduve buscando como Diógenes con su candil voces discordantes, críticas o disconformes, las voces de quienes estaban dispuestos a decir “No” a la “Constitución de Giscard” como Recarte califica con toda razón el texto que intentan colarnos de matute a los españoles el próximo veinte de febrero. Que intentan colarnos unos y otros: gobierno y oposición conservadora, es decir, PSOE y PP, todos juntos en unión defendiendo las banderas de la antigua confusión.

Que una voz tan autorizada como la de Recarte diga “No” al Tratado (ya que no Constitución porque no lo es) me parece una buena noticia. Como lo es que a las voces de César Vidal, Agapito Maestre o Miguel Ángel Quintanilla Navarro (todos ellos colaboradores de Libertad Digital) se pronuncien en la misma dirección. La presión del “sí” ha sido tan masiva, arrogante e interesada que sinceramente me recuerda los plebiscitos franquistas, los veinticinco años de paz y demás zarandajas. Quienes se oponen o nos oponemos a la llamada Constitución europea no tendremos espacio alguno –fuera de Libertad Digital por ahora y tal vez alguna cadena de emisoras– para decir clarito y sin mordaza que este texto que intentan colocarnos es un disparate monumental, un insulto al sentido común y un atentado a la Europa posible del futuro.

El gobierno y el partido conservador tienen en sus manos la posibilidad de que estos espacios de reflexión y disconformidad se abran. Pero siendo realistas y conociendo el género, hay muchas razones para temer que vuelvan a las andadas: la exaltación de la España unánime y petulante en que convierte el poder al común de los ciudadanos de este país sin sociedad civil ni nada que se le parezca.

Esa España de los Zapateros, Moratinos y Solbes está dispuesta a machacarnos con la apisonadora del silencio y la exclusión. A propósito de nuestro amigo Miguel Ángel Quintanilla Navarro: dentro de unos días debe estar en las librerías –cuanto antes mejor, no hay tiempo que perder– un libro suyo donde desmenuza, desmitifica y destroza intelectualmente la Constitución de Giscard. Título: “El misterio del europeismo español: enjambres y avisperos. España ante la Constitución Europea”. Es un texto sólido, impecable y erudito cuya lectura debería ser obligatoria para quienes han convertido el “no” en objetivo de sarcasmos y descalificaciones, como siempre impunes y abusivos: la práctica española de “a moro muerto duro lanzazo” de la que tanto saben socialistas y demás cofrades.
Continuará.

Un paso más
Editorial El Correo 24 Diciembre 2004

El acuerdo alcanzado por PNV y EA para presentarse en coalición a las próximas elecciones autonómicas y el momento elegido para darlo a conocer, a una semana de que el Parlamento vasco debata y vote el plan Ibarretxe, vienen a confirmar la estrategia unidireccional y excluyente del nacionalismo gobernante en su concepción del país y su futuro. Las dos formaciones, arrinconando otras cuestiones sociales o políticas vitales para la sociedad, fijan su horizonte en acumular fuerzas con el fin de conducir la situación en Euskadi a un único dilema: o apoyar su proyecto soberanista y disgregador o echarse a un lado. Es un proceso centrado exclusivamente en lograr una mayoría parlamentaria que permita arrastrar al conjunto de la sociedad y convierta a los partidos y los ciudadanos que disientan de sus planteamientos en un peso muerto del que poder desprenderse. Es más, el anuncio expreso de la convocatoria de un referéndum en la próxima legislatura no sólo prejuzga a su favor el resultado electoral, sino que marca, en forma de compromiso público, su disposición a rebasar los límites normativos actuales, desafía al no nacionalismo, anunciando su exclusión política, y opta sin dudarlo por romper cualquier posibilidad de una concertación a través del consenso.

En cualquier sociedad democrática, las mayorías, incluidas las absolutas, sirven para formar gobiernos que gestionen, legislen y administren los bienes públicos y satisfagan las demandas y necesidades de los ciudadanos. En esto también PNV y EA añaden una anomalía más al comportamiento democrático en Euskadi, al convertir las que serán las octavas elecciones autonómicas, y por tanto una cita solemne pero habitual, en poco menos que un plebiscito sobre el futuro del país. Según su criterio, el Parlamento que surja tendrá más una consideración de cámara constituyente que un legislativo clásico donde canalizar la pluralidad de la ciudadanía vasca.

En un plazo inmediato, el anuncio de la consulta es además una respuesta a los últimos requerimientos de la izquierda abertzale, en un último intento de atraerse el necesario voto favorable al plan de sus parlamentarios en el pleno del próximo día 30 y una siembra entre sus bases con fines electorales. Son pasos de una estrategia que, antes que soldar a una comunidad fraccionada, añade elementos que quiebran las principales reglas de la convivencia. Un hecho más grave aún cuando en Euskadi la violencia terrorista sigue condicionando a su sociedad y rebajando hasta lo insoportable los derechos de una parte de la ciudadanía igual de importante que la que PNV y EA representan.

La construcción nacional
MANUEL MONTERO/CATEDRÁTICO DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE LA UPV-EHU El Correo 24 Diciembre 2004

Euzkadi necesita hoy la Autonomía para su propia reconstrucción nacional», explicaba el EBB cuando se ponía en marcha el proceso que desembocaría en el Estatuto de Gernika. Entonces se solía llamar 'reconstrucción nacional' a lo que después se denominó 'construcción nacional'. Éste es un concepto clave para entender la evolución de los acontecimientos que han desembocado en la encrucijada actual, cuando el Plan va a llegar al Pleno del Parlamento.

Quizás el texto que mejor refleja el concepto de 'construcción nacional' y su relación con nuestro estatus político sea la declaración del Parlamento vasco en febrero de 1990 sobre el derecho a la autodeterminación. Se aprobó por 38 votos sobre 75 y el Plan lo invoca como uno de sus principales referentes de autoridad. Decía así: «El ejercicio del derecho a la autodeterminación tiene como finalidad la construcción nacional de Euskadi». «La estrategia estatutaria y la profundización en el autogobierno ( ) representan para los ciudadanos vascos el marco válido para ( ) avanzar en la construcción nacional de Euskadi». La conclusión parece clara: para el nacionalismo la autonomía y el ejercicio de la autodeterminación sirven porque facilitan 'la construcción nacional'. La autonomía es el medio, también la autodeterminación. El fin es la construcción nacional.

Tal y como suele exponerse, la construcción constituye hoy por hoy el objetivo real del nacionalismo, sobre el que conviene meditar, pues más allá de su enunciación no suele aclararse en qué consiste. Tampoco lo hacía el Parlamento vasco en 1990 cuando entraba en la cuestión: «( ) la construcción nacional es un proceso dinámico, gradual y democrático, integrado por el conjunto de decisiones, incluidas en su caso las de carácter plebiscitario, que el pueblo vasco vaya adoptando a lo largo de su historia». Es de interesante contenido por su presagio, pero no llega a definir en qué consiste el proceso.

En sentido estricto, el nacionalismo vasco no busca el autogobierno, la autodeterminación, la autonomía y la libre asociación como fines en sí mismos, sino como instrumentos para lograr la 'construcción nacional'. Es lo que enuncian una y otra vez textos y declaraciones nacionalistas y se tiende a olvidar, suponiendo que ésta es la expresión bondadosa -eufemistíca-, el objetivo no confesado y perverso, que es el de la independencia.

Pero conviene creerles cuando dicen que lo que buscan es la construcción nacional. Constituye un propósito que, bien mirado, resulta más bien tenebroso, entre otras razones por su propia indefinición, porque es término sugerente pero que no sabemos bien qué quiere decir. Se entiende, eso sí, que nos quieren cambiar, no sabemos bien por qué ni hacia dónde. O sea, que buscan construirnos nacionalmente. Cabe imaginar que, cuando menos, desean que haya aún más nacionalistas en el País Vasco, que los nacionalistas ocupen cada vez aún más poder y que las instituciones desarrollen el concepto nacionalista de qué es el País Vasco.

La autonomía, lo decía el EBB cuando se aprobó el Estatuto, serviría para avanzar en la (re)construcción nacional. La autodeterminación, en el concepto de los nacionalistas que la votaron en el Parlamento vasco de 1990, serviría para avanzar en la construcción nacional. También Lizarra pretendía avanzar en la construcción nacional. Seguro que el Plan de estos días es otro paso en la construcción nacional y, así las cosas, resulta verosímil que en la idea nacionalista la independencia fuese también un instrumento para seguir en la construcción nacional. Independencia, ¿para qué? Para la construcción nacional. Produce más inquietud que la independencia.

Imaginemos que, después de todo, construcción nacional quiere decir exactamente eso, la construcción de la nación, o sea, construir la nación, y a lo mejor comenzamos a entender algo.

Suele ser habitual que los nacionalismos tengan como objetivo construir estatus jurídicos y políticos, sean autonómicos, Estados, autodeterminaciones para conseguirlos, autogobierno, estructuras federales o confederales. De todo hay. También nacionalismos que sueñan con imperios y algunos hasta con territorios que están más allá de sus fronteras y que, en su idea, forman parte esencial e irrebatible de su nación. En la Historia podemos encontrar de todo. Y lo habitual es que los nacionalismos sueñen con construir estructuras políticas para su nación y que ése sea su fin y su prioridad.

No es el caso del nacionalismo vasco. En esto es original: ha invertido los términos. Es un nacionalismo que busca construir su nación; construir un Estado es el corolario, no el objetivo prioritario. Como si, en su concepto, el nacionalismo no fuese hijo de la nación, sino ésta de aquél. Identifica su secuencia imaginaria de sucesivos estatus políticos con oportunidades de avanzar en esa construcción. Se diría que existía un concepto de nación previo a ésta, y que la misión nacionalista ha sido, y es, ir construyendo la nación, cuyas características básicas, esencialistas, están previamente definidas. Es una nación construida desde el nacionalismo.

De la no comprensión de este peculiar esquema mental se derivan cuando menos dos malentendidos que tienen su peso en las confusiones políticas que hoy nos embargan.

El primer malentendido: la suposición de que el nacionalismo vasco cree que los vascos formamos una nación. Por supuesto, no es así. Quienes en su concepto forman la nación vasca son los que creen en ella, esto es, los nacionalistas. Su misión consiste en construir una nación de nacionalistas vascos. Aspiran no a una nación, sino a una nación nacionalista, formada por nacionalistas y construida conforme a sus criterios. No es que piense necesariamente que los vascos no nacionalistas no son vascos. No es eso, pues hasta 'éstos' son nacionalistas en potencia. Pero sí que no forman parte de la nación. No es lo mismo, pero casi. Además, en su concepto el nacionalismo cumple en esto con los criterios civilizados. No entiende que este esquema sea una tropelía, pues ofrecen a todos la oportunidad, sin costo y con algún beneficio, de hacerse nacionalistas vascos. Es probable que les cueste entender que no lo hagan. Que lo atribuyan a un abyecto maquetismo incurable o a una falta de comprensión sobre qué es la nación vasca.

El otro malentendido se deriva del anterior. Se da entre quienes piensan que los proyectos nacionalistas buscan integrar a todos los vascos y superar divisiones. Es, exactamente, lo contrario. Entiéndase: admiten en sus proyectos a quienes no son nacionalistas, pero siempre que los acepten íntegramente y no pretendan inmiscuirse en lo de construir la nación, que es de su exclusiva competencia. De ahí el papelón que esta haciendo en la tesitura actual IU, como legitimador del Plan y convidado de piedra.

Lo digo de otra forma, para no seguir afeándole a Madrazo su conducta. Muchos no nacionalistas pensaron que el Estatuto de 1979 era un lugar de encuentro entre unos y otros. Hay abundante literatura al respecto. Creyeron de buena fe que el PNV estaba de acuerdo en que eso era una virtud del Estatuto. Pues hay algún texto que permite sostener justo lo contrario. Puede demostrarse documentalmente que el nacionalismo pensó (y publicó) que el Estatuto era algo arrancado, contra las reticencias de los no nacionalistas; y hasta en la fecha pueden leerse reproches nacionalistas a una presunta y muy posterior conversión de los no nacionalistas al Estatuto, presentado siempre como de exclusivo origen propio y querencia privativa.

Resulta difícil sostener que el PNV de hace 25 años buscase un Estatuto para integrar a todos los vascos. Para él, la virtud del Estatuto estaba en que servía para la construcción nacional. Probablemente hubiese preferido, si hubiese sido posible, un Estatuto redactado sólo por nacionalistas, y con el apoyo de todos los nacionalistas, aunque le faltase el de los demás. Es posible que ahora que tenemos un plan, se trate exactamente de eso. De reconstruir una unidad del nacionalismo para buscar un proyecto político exclusivamente nacionalista. Y el que quiera sentirse a gusto ya sabe lo que tiene que hacer: convertirse en nacionalista, tiene ventajas. Al que no lo haga, allá se las den todas. Que ni piense en intervenir en el diseño del País Vasco. Que se hubiese hecho nacionalista.

Bargalló y el vino catalán
Francisco MARHUENDA La Razón 24 Diciembre 2004

Los políticos pierden, en muchas ocasiones, magnificas oportunidades para permanecer callados. Un prudente silencio es siempre una virtud mientras que la incontinencia verbal es un grave defecto. Hace unos días, un importante empresario catalán me contó que comía con uno de los dirigentes más destacados de ERC en un restaurante barcelonés cuando se quedó estupefacto porque hizo retirar un vino que no era catalán. El propietario del restaurante, ante mi cara de sorpresa, corroboró que la información se ajustaba a la realidad y que era práctica habitual de los altos cargos de este partido. Cualquier duda queda despejada al conocer que Bargalló ha instado a los restaurantes para que primen los vinos catalanes en sus cartas. Es cierto que no ha llegado al extremo de pedir que retiren los que sean del resto del Estado, porque la palabra España no les gusta utilizarla, pero es una nueva torpeza que sigue la estela de Carod.

No contentos con el grave error del secretario general de ERC, tanto al pedir que los catalanes no apoyen la candidatura de Madrid para los Juegos como por su torpe rectificación en la que se reafirmaba en el fondo de sus planteamientos, ahora dan argumentos para mantener viva la polémica. La imprudencia produce consecuencias que perjudican a la economía catalana. Bargalló no se debería cegar por su independentismo. No obstante, los restaurantes, afortunadamente, harán lo que quieran.

Barcelona
Crispación nacionalista
Agapito Maestre Libertad Digital 24 Diciembre 2004

La semana pasada estuve en Barcelona. La ciudad estaba triste. El taxista que me llevó al hotel oía la COPE. Sus comentarios sobre el tripartito fueron escuetos: Maragall, Carod y los socios comunistas nos llevan al caos. Me tomé un café en el bar del hotel y el barman fue contundente: ZP sigue sin creerse que ha ganado las elecciones. Después, visité a un viejo amigo, que conocí hace años en Francfort, un magnífico pintor, que regenta una galería de arte. Charlamos un rato e inmediatamente no se cortó un pelo al decirme: los políticos están de los nervios y no quieren enterarse de que la gente pasa de ellos. Más tarde, fui a una librería para comprar un libro de Eugenio Nadal. Imposible hallarlo. Más aún, me dice el librero, "quizá en Madrid lo consiga, pero aquí nadie parece interesado por este fino prosista de la tierra".

Acabé la tarde en Salambó, agradable cafetería de nombre literario, por si me encontraba con el amigo Pedro Zarraluki, tan buen cuentista como preciso novelista, y pegábamos un poco la hebra. No fue posible. Pedro, me dijo uno de los camareros, estaba de viaje presentando un nuevo libro. Sentí no verlo, porque quería saber su opinión sobre lo que me había traído a Barcelona: hablar en un programa de televisión sobre la crispación. Hubiera sido interesante saber la opinión de un novelista sobre quién crea más desazón en Cataluña, Maragall o el pobre y bueno de Piqué. Otra vez será. A falta de Pedro le pregunté al camarero del Salambó por las actuaciones de Carod. No dijo nada. Simplemente, mostró una sonrisa con sorna. No era ironía lo que había en la cara del camarero sino sólo una señal de desprecio.

Después de cuatro horas deambulando por Barcelona, la cosa era obvia. Todo parecía tranquilo en la ciudad, pero cuando preguntas por el señor de la Esquerra la gente no se crispa sino que se ríen de él, como si de algo menor se tratara... Yo, personalmente, no creo que sea menor, sino muy inferior y peligrosísimo. Tan peligroso como Maragall para el desarrollo democrático de España en general, y la comunidad catalana en particular. En cualquier caso, la gente de la calle en Barcelona no parece preocupada por reformar la Constitución, cambiar el Estatuto o insultar al resto de los españoles. Todo era como muy normal... Pero, ya digo, triste. Muy triste.

Finalmente, fui al programa de TV3, al programa Ágora, que dirige con acierto Ramón Rovira, y defendí que la crispación no es ahora más grave que hace un año. Otro día les recuerdo las posiciones de mis compañeros de debate y mis objeciones, pero, de momento, no puedo dejar de contarles que me rebelé, protesté e, incluso, monté en cólera, cuando alguien dijo que la Constitución española era un bodrio. En el próximo les digo porqué. Por hoy, queridos amigos, sólo me queda desearles una Feliz Navidad.

LA ECONOMÍA COMO EXCUSA
Por FERNANDO FERNÁNDEZ ABC 24 Diciembre 2004

Deben ser las navidades, pero hoy me apetece hablar bien del gobierno. No lo puedo hacer con la política exterior y Gibraltar, donde a la insensatez de conceder derecho de veto a los llanitos se une la contumacia en el error con tal de denunciar que los populares se quedan solos; solos en la racionalidad y la posición mantenida por España desde el Tratado de Utrecht. Ni tampoco con la política autonómica, donde las discrepancias en el seno de los socialistas con respecto al invento de comunidad nacional son de tal magnitud que merecen capítulo aparte y una invitación a la separación de poderes ante la imprudencia de algunos altos magistrados que serán llamados a fijar posición en los órganos jurisdiccionales competentes. El giro de los socialistas vascos desde el constitucionalismo al nacionalismo haría sonrojar a Indalecio Prieto y amenaza con convertir al partido en un remedo del PCE en los tiempos de la Transición en cuanto al número y calidad de los abandonos y el sectarismo con el que se califica a los que optan por mantener con dignidad sus posiciones liberales antes de convertirse al mantra del nuevo carlismo.

Pero voy a hablar bien del gobierno. El Congreso ha aprobado finalmente los Presupuestos Generales del Estado para 2005 y creo que es una buena noticia al menos por tres razones. Primero porque se han aprobado las cuentas del Reino y tenemos por tanto la plasmación contable de las prioridades políticas del nuevo gobierno. Segundo porque así podemos ver que no hay grandes cambios en política económica, una vez apagado el ruido de zambombas y panderetas del afortunadamente inexistente nuevo modelo económico. Y tercero, porque el gobierno ha resistido la tentación de pagar con el dinero de todos los españoles su minoría aritmética en el Senado, por lo menos por ahora. Tiempo tendremos de ver, como muchos sospechamos, si la factura será muy cara en términos de injerencia gubernamental en la vida empresarial para dar satisfacción al nacionalismo y a un cierto revanchismo personal. Pero hoy debemos felicitar al gobierno, y como no nos da muchas oportunidades, hay que aprovecharlas.

La política económica ofrece una excusa inmejorable para superar el ambiente de crispación y enfrentamiento cainita de la vida política. Creo no dejarme llevar demasiado por el espíritu navideño si afirmo que reunidos un grupo de economistas liberales y socialdemócratas a puerta cerrada no tardarían en ponerse de acuerdo en elaborar un catálogo de las necesidades de la economía española para seguir creciendo y creando empleo, aunque haya los lógicos matices y discrepancias sobre las prioridades temporales. Tampoco me hago demasiadas ilusiones y sé que una vez abierta la puerta, empezaría el griterío y se rompería el consenso. Pero sería un indudable avance en la calidad democrática de este país que el gobierno propiciara ese foro. Vamos que creara el prometido Consejo Independiente de Asesores Económicos. Pero no está en el presupuesto. Lo que es peor no está ni siquiera en el espíritu de los tiempos, porque no se podría dejar fuera al PP para dar entrada a los nacionalistas. Habría que sentarse a negociar y tragarse la supremacía moral con la que desde el gobierno y sus allegados se contempla a la oposición.

Lema en el corazón
Cartas al Director ABC  24 Diciembre 2004

Como antiguo general jefe de la División de Montaña «Urgel» y gobernador militar de la Plaza y Provincia de Lérida, he visto, con profundo desagrado, que, a instancias de determinados partidos nacionalistas catalanes y de ICV, se ha retirado de la Academia General de Suboficiales el lema «A España servir hasta morir» que lucía, en piedras pintadas en cal blanca, en la sierra de Santa Engracia de dicho centro militar. Y he sentido una profunda vergüenza, como militar y como español, ante lo que considero una cesión humillante, con el pretexto de un supuesto «ajuste medioambiental».

Pero sepan, quienes hicieron la propuesta y quienes se sometieron a ella, que podrán haber retirado las piedras pintadas de cal, pero nunca podrán arrancar ese lema del corazón y el espíritu de nuestros suboficiales, ni del de todos sus compañeros militares de ayer y de hoy, que nos honramos en estar dispuestos al sacrificio de nuestra vida por España.       Fernando Pardo de Santayana, teniente general del Ejército de Tierra (R). Madrid.

Indignación
Cartas al Director ABC 24 Diciembre 2004

Indignado por las últimas declaraciones de Joseba Eguibar le envío esta carta abierta abierta: ¡Hombre, don Joseba! ¡Me ha dejado muy preocupado! Toda la vida presumiendo de vasco, nacido al lado de San Mamés, del Athletic, con antepasados vascos hasta donde puedo acordarme y con no sé cuantísimos apellidos vascos de pata negra, con Rh negativo, casado con una vasca, con hijos vascos, enamorado de mi terruño... y ahora me dice que no soy vasco. Y todo porque no me apetece nada el planazo que me proponen usted e Ibarreche, planazo conocido como «todos juntos a ningún sitio». Perdone que le contradiga, pero yo soy vasco por los cuatro costados, al menos tanto como usted, y español también y a mucha honra, qué le voy a hacer, le guste o no. Así que le propongo un trato que creo que será bueno para los dos: usted no me dice a mí si soy o no soy vasco, y yo no le digo si es o no es abogado, y además hago como que no he oído su comentario, que estamos en Navidad y no hay que cabrearse. Pelillos a la mar.

Enrique Zubiaga Azaola. Bilbao (Vizcaya).

Indignación en Castilla y León por la división del Archivo
El PP considera que «es la primera agresión contra los intereses de esta Comunidad por parte del Gobierno»
Gran indignación en Castilla y León por la decisión adoptada por el Comité de Expertos. El secretario regional del PP en esta Región, Alfonso Fernández Mañueco, destacó ayer que el PSOE «se ha quitado la careta definitivamente» y que la decisión se tomó cuando la creación del «tripartito» en Cataluña.
Javier Blanco La Razón 24 Diciembre 2004

Valladolid- El alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, quiso enviar ayer, nada más anunciarse la decisión de la Comisión de Expertos, un mensaje de tranquilidad y añadió que «no saldrá ni un papel» del Archivo General de la Guerra Civil, ya que queda por delante «una ardua tarea política y jurídica» para defenderlo.

Lanzarote explicó que la decisión de los expertos responde a una «hoja de ruta» que el PSC conformó cuando firmó el acuerdo tripartito. La consejera de Cultura de la Junta de Castilla y León, Silvia Clemente, aseguró ayer, tras conocerse el dictamen de la Comisión de Expertos sobre la posible salida de documentos del Archivo de Salamanca, que «no está todo perdido» ya que «existen múltiples vías jurisdiccionales para defender la integridad» de este centro archivístico. «Usaremos las múltiples vías jurisdiccionales para defender la integridad» del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, advirtió.

En el mismo tono se expresaba el portavoz del PP en las Cortes, José Antonio de Santiago Juárez, quien pedía al líder del Partido Socialista en Castilla y León, Ángel Villalba, que abandonara su escaño en las Cortes al «ser un hombre débil que no es capaz de defender los intereses de esta Región». «Éste va a ser el primer hecho claro de agresión a los intereses de Castilla y León por parte del Gobierno». El coordinador de IU en Castilla y León, José Luis Conde, calificó hoy de «grave error» la propuesta de devolver a Cataluña parte de los legajos del Archivo de la Guerra Civil en Salamanca y advirtió de que en caso de que se consuma finalmente dicha escisión el citado centro archivístico carecería de valor.

El secretario general de la Unión del Pueblo Leonés, Joaquín Otero, señalaba que la postura del comité que asesora el Gobierno esconde la «servidumbre que tiene que soportar» José Luis Rodríguez Zapatero para que le apoyen los nacionalistas. «Como Zapatero no tiene la personalidad suficiente para imponer su criterio, está intentando vestir lo que no se puede vestir yu justificar lo injustificable», destacaba Otero.

Por otro lado, Julio Valdeón, uno de los miembros de comisión de expertos que se abstuvo en el dictamen, afirmó que «un archivo debe tener los documentos originales, en eso estábamos muchos de acuerdo, pero se ha llegado al acuerdo contrario: que el archivo se quede con copias y que se entreguen los originales. Ha habido personas que se han plegado a estas línea. He salido defraudado. Aunque se mantenga con copias. Se ha cedido a la presión».

Beatriz Rodríguez-Salmones, portavoz de Cultura del PP, señaló que «la gente de la comisión eran personas que habían optado ya por una decisión. Es muy respetable, pero estaban elegidos para predefinir la solución, y eso hace que los criterios técnicos no estén equilibrados». Además, afirmó que «la potenciación del Archivo de la Guerra Civil es una de las precipitaciones de este dictamen. Era necesario potenciar el Archivo de la Guerra Civil, pero a través de mantener su integridad». El portavoz del PP de Cataluña, Francesc Vendrell, se mostró «satisfecho» con el dictamen de la comisión de expertos al entender que «va poniendo sentido común» en una polémica surgida del «error» de «convertir en tema político un tema archivístico y museístico». Esta postura había sido ya manifestada meses atrás por el presidente del Partido Popular en Cataluña, Josep Piqué. El dirigente popular calificó de «barbaridad» la reacción del líder de ERC Carod-Rovira, quien ayer habló de «batalla ganada para Cataluña».

«Es un ataque a la dignidad de Castilla y León y de España»
FÉLIX IGLESIAS ABC  24 Diciembre 2004

VALLADOLID. La vicepresidenta primera del Ejecutivo castellano y leonés, María Jesús Ruiz, acusó al Gobierno de «dejación de su responsabilidad» al defender los intereses de los nacionalistas catalanes consintiendo la desmembración del Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca al asumir el dictamen de los expertos, reunidos ayer en Madrid. Según la portavoz de la Junta de Castilla y León, la resolución de ayer estaba «anunciada» cuando «los integrantes de la Comisión de Expertos, excepto los representantes de la Universidad y el Ayuntamiento de Salamanca y de la Junta, fueron pactados «ad hoc» con la Generalitat de Cataluña», al objeto de «hacerle más fácil la decisión» al Gobierno de devolver los documentos a la Generalitat.

La representante castellana y leonesa aseguró que la Junta «no está dispuesta a aceptar un ataque directo a la dignidad» de Castilla y León, que, según subrayó, es la del patrimonio común de todos los españoles. De hecho, Ruiz tildó a Castilla y León como «Comunidad histórica leal al Estado», y que defiende «el patrimonio común de los españoles» al apostar por la unidad del Archivo de Salamanca. En este sentido, María Jesús Ruiz confirmó que la Junta no renuncia a la lucha en los tribunales, aunque esperará a las próximas decisiones del Gobierno central.

Finalmente, en clave interna, la vicepresidente primera de la Junta lamentó que «un presidente de León y un ministro, como el señor Caldera, de Salamanca hayan cedido a los intereses de los nacionalistas» como consecuencia de ser un Gobierno «débil». Por su parte, el alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, aseguró, tras conocer la decisión adoptada por la Comisión de Expertos, que «de Salamanca no se va a mover ni un papel» y mandó un mensaje de «tranquilidad» a los salmantinos, porque «lo ocurrido en esa comisión no es otra cosa que la escenificación de un guión escrito con anterioridad por otros», informa R. Blázquez.

Lanzarote aseguró que el consistorio ya tiene preparada una «batería de medidas jurídicas» y que a partir de ahora inicia «con gusto» una «ardua pelea política y jurídica» a la que calificó de «sin precedentes en la historia de España».

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