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Recortes de Prensa     Domingo 26 Diciembre 2004
LA RUPTURA QUE VIENE
JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS ABC  26 Diciembre 2004

UN PAÍS A LA DERIVA
Ignacio CAMACHO ABC  26 Diciembre 2004

La esperanza de la Nación
Agapito Maestre Libertad Digital 26 Diciembre 2004

¿UN CONGRESO PLURILINGÜE
M. MARTÍN FERRAND ABC  26 Diciembre 2004

PASATIEMPO
Jon JUARISTI ABC  26 Diciembre 2004

Mensajes contra ZP
Isabel Durán Libertad Digital 26 Diciembre 2004

Memeces o memezas
Mikèl GARÀU ROSELLÒ La Razón 26 Diciembre 2004

Nemine discrepante
Serafín Fanjul Libertad Digital 26 Diciembre 2004

La commonwealth cañí
José A. SENTÍS La Razón 26 Diciembre 2004

La nación desnuda
José María CARRASCAL La Razón 26 Diciembre 2004

Ayatolás, fundamentalistas y democracia
GEES Libertad Digital 26 Diciembre 2004

ONU: peor de lo que imagina
Rafael L. BARDAJÍ / Florentino PORTERO Libertad Digital 26 Diciembre 2004

Gibraltar: la unanimidad rota (I)
César VIDAL La Razón 26 Diciembre 2004

Cierre por Navidad
Pilar FERRER La Razón 26 Diciembre 2004

¿Va a ser «facha» la Constitución
Antonio PÉREZ HENARES La Razón 26 Diciembre 2004

Plan Ibarretxe: una amenaza a los derechos cívicos
VIDAL DE NICOLÁS Y KATY GUTIÉRREZ El Correo 26 Diciembre 2004

La revolución periférica
Jorge Vilches Libertad Digital 26 Diciembre 2004

Salamanca y el gran trasiego del mundo
ROBERTO L. BLANCO VALDÉS La Voz 26 Diciembre 2004

La estrategia de los hechos consumados
Rubén Osuna Libertad Digital 26 Diciembre 2004

Zouhier: «Trashorras viajó a Marruecos antes del 11-M y conocía a tres de los terroristas»
Juan C. Serrano La Razón 26 Diciembre 2004

Herrera culpa a Zapatero de «pagar el peaje catalán» en el dictamen de los expertos
ABC  26 Diciembre 2004
 

LA RUPTURA QUE VIENE
Por JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS ABC  26 Diciembre 2004

LA transición española en los últimos setenta del siglo pasado fue un juego de descartes y de opciones. Se pensó entonces en erigir una arquitectura sólida para nuestra difícil convivencia nacional que superase un número indeterminado de décadas y resolviese con carácter indefinido las «cuestiones» que desde las guerras civiles del XIX azotaron España y la instalaron en un estado de malestar y anormalidad permanentes. Se optó por la Constitución de 1978 con la monarquía parlamentaria, el Estado unitario pero autonómico con consideraciones territoriales políticamente diferenciadas -regiones y nacionalidades-, la aconfesionalidad con mención expresa a la Iglesia Católica y todo un listado de derechos y libertades de apretado garantismo en lo individual y en lo colectivo, desarrollado en una economía de mercado pero con las correcciones de un Estado social prestatario de los servicios esenciales a los ciudadanos.

Este andamiaje se basaba no sólo en una voluntad de concordia, sino también en realidades socio-económicas definitorias como el fortalecimiento de una clase media de amplia base y el decidido desarrollo económico de comunidades que, como la vasca y catalana, carecían de poder político propio pero disponían de un peso decisivo en el entramado financiero e industrial en el conjunto del país.

Por otra parte, la ciudadanía española se modernizaba en hábitos y costumbres y la jerarquía eclesiástica cooperaba a superar el trance cediendo determinados terrenos y favoreciendo la penetración de una cultura de la democracia tras décadas de alineamiento emocional con el régimen franquista. La alternancia en el Gobierno fue posible, incluso inmediatamente después de una intentona golpista, y el sistema tuvo una capacidad de regeneración constante frente al deterioro que procuraba a las libertades y a la estabilidad del Estado el fenómeno inmisericorde del terrorismo.

Por razones muy profundas cuya glosa rebasa las posibilidades de un texto de estas características, el turbulento final de los trece años de Gobierno del PSOE y los últimos tres del mandato del Ejecutivo del PP -con un paréntesis entre 1996-2000 que resultó modélico- han devuelto la situación de España a unos términos de debate y discusión propios de un proceso de iniciación democrática. La convulsión del 11-M y los acontecimientos inmediatamente posteriores se han comportado como si de una catarsis se tratase. Pareciera que en nuestro país se interiorizaba una gravísima crisis que -incapaces de detectarla a tiempo- expresase toda su sintomatología patológica con ocasión de una tragedia cuyas consecuencias todavía estamos viviendo. Creo que, en realidad, el 11-M es el pretexto para, al hilo de su extraordinaria gravedad, colgar en su acaecimiento desgraciado todas las divergencias y resentimientos que se han ido gestando en este último cuarto de siglo español. La izquierda que se condujo de una manera determinada en el descarte de opciones y alternativas hace veintiséis años no está dispuesta ahora a perpetuar lo que cree fueron «sus renuncias»; y la derecha que gobernó en el inicio del siglo radiografió con deficiencia la España que tenía entre manos, a la que aplicó una terapia excesiva en algunos aspectos, surgiendo graves efectos secundarios.

Por eso, ahora, en 2004, después de una victoria inesperada, la izquierda, agrupada con los nacionalismos irredentos, ataviada de un progresismo de talante que no le importa desmentir cuantas veces sean necesarias, ha regresado a la transición y ha recogido la estrategia de la ruptura. Veinticinco años de complicidad con las características de una España capaz de producir un Aznar y propiciar ocho años de Gobierno de la derecha democrática -que pudieron haber sido doce en un ciclo normal- son demasiados para seguir esperando a que la laicidad se implante por sí sola; excesivos para aguantar un concepto unitario de España cuya identidad nacional lleva a que los votos se remansen en las proposiciones más tradicionales; también demasiados para soportar el poder económico y político centrípeto de Madrid, mientras Barcelona y Bilbao decaen y se quiebra el triángulo geográfico que se repartía con ecuanimidad el poder administrativo, el industrial, el de los servicios y, también importante, el de la contemporaneidad cultural. Cuando el presidente de la Generalitat de Cataluña escribió aquel sonado artículo de «Madrid se va», estaba llamando a rebato a la izquierda y nacionalismo periférico, advirtiendo, con toda la sutileza de la que es capaz -y es mucha- de que ahora o nunca. El tripartito catalán no fue sino el pórtico de la gloria para una izquierda que, con incrustaciones generacionales de la transición, había ya desacralizado aquella gesta política. Quedaba para la historia, pero era historia.

Con la consigna de que todo concepto presuntamente conservador -nación, matrimonio, religión- es un nominalismo que esconde afanes de dominación, la izquierda y los nacionalismos se disponen a la siembra de una cosecha de ruptura para el final de la primera década del nuevo siglo. Para entonces -con la retaguardia intelectual de los nostálgicos de la «mala» transacción de 1978 ideando fórmulas de apariencia inocente pero de efectos inmediatamente letales para la actual institucionalización- esperan que España sea algo radicalmente diferente a lo que es hoy.

Habrá ruptura y la habrá en todos los órdenes, y las erupciones que hoy se registran no son sino el cortejo inicial de una ofensiva en toda regla que, aunque arriesgada, cuenta con la apariencia de la inocuidad. Sin embargo, nada es gratuito en los desarrollos políticos de la izquierda en estos meses de Gobierno: desde la ominosa denuncia del «engaño masivo» del PP en el 11-M, hasta el enfrentamiento con la Iglesia Católica; desde el matrimonio de los homosexuales hasta la reforma torticera del Poder Judicial; desde la acusación de golpismo al anterior Ejecutivo hasta la connivencia con Chávez y Castro; desde el reconocimiento del derecho de veto a una colonia hasta la admisión acrítica del concepto de «comunidades nacionales» para algunos territorios. Ninguno de estos pasos es improvisado ni fútil. Todos ellos, y sobre todo su intención última, buscan un propósito, que es el de la ruptura con la «otra» España que algunos siguen viendo a través del prismático desenfocado y miope de una historia que ya acabó -la de los vencedores y la de los vencidos- y que, por un rebrote antropológico relativamente ignoto, algunos siguen viviendo con revanchismo. Estos son, creo, los términos de la cuestión política en España, que preludian tiempos difíciles en los que habrá que convencer para vencer.

UN PAÍS A LA DERIVA
Por Ignacio CAMACHO ABC  26 Diciembre 2004

Hacía mucho tiempo, quizá desde los balbucientes bandazos de la transición suarista, que no se percibía en España una sensación tan intensa de descontrolada deriva política como la que ofrece al final de este año dramático un Gobierno abiertamente rodeado por la sospecha de incompetencia. Sobre todo tratándose de un Gobierno tan nuevo, tan joven; la atonía de la última etapa de González al menos trasminaba el inconfundible perfume del final de un ciclo. Pero este Gabinete de Rodríguez Zapatero apenas si lleva nueve meses en el poder y, en vez de rebosar proyectos, empuje estrenista y dinamismo entusiasta, parece sobrepasado por los hechos, paralizado por una esclerosis de ideas, prematuramente abotargado por una insólita y desmadejada pereza.

De repente, en el último trimestre, agotada la inercia de los primeros gestos populistas de la retirada de Irak o la derogación del Plan Hidrológico, el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha comenzado a resoplar como si le pudiese la magnitud del reto de dirigir un país tan complejo. Ha sudado para aprobar los Presupuestos, ha tenido que arrollar reglamentos para imponer la reforma de la elección de jueces, ha complicado de modo gratuito la política exterior, ha abierto sin un plan claro el debate del modelo territorial, ha roto el consenso básico con la oposición, ha provocado toda clase de problemas interregionales por culpa de sus irresponsables socios, se ha liado a trompadas con la mayoría católica y ha generado una duda más que razonable sobre su aptitud para la gobernancia de una nación necesitada de liderazgo para recuperar el pulso tras el shock de la matanza de marzo. Una sola ley aprobada en este periodo -y ello con dificultades técnicas notables, pese al amplio respaldo social de la lucha contra los malos tratos de pareja- es un balance tan canijo que causa seria inquietud ciudadana, acrecentada por el menguado número de proyectos, quince, remitidos al Parlamento en el tiempo que se supone más idóneo para un equipo fresco y con su capacidad reformista intacta.

Si el crédito gubernamental no se ha agotado con toda esta erosión es, precisamente, por el escaso tiempo transcurrido, pero los síntomas de desconfianza son más que alarmantes. Este Gobierno mantiene su ventaja en las encuestas porque los ciudadanos son reacios a rectificarse tan pronto a sí mismos, y prefieren mantener un razonable margen de confianza pese a los indicios de desgasificación de la iniciativa política. También porque la economía mantiene a trancas y barrancas el pulso adquirido en los últimos ocho años, de la mano de un Pedro Solbes inflexible ante las tentaciones del «sindicato del gasto»; porque Zapatero goza aún, pese a sus incomprensibles bajones y al manifiesto deterioro del bonancible talante de su fachada, de un beneficio de imagen muy superior al resto de su equipo, y porque las heridas del 11-M no han acabado de cicatrizar debido a la persistencia de gran parte de las dudas abiertas sobre el origen y las consecuencias del atentado.

En este sentido, y contra lo que piensa una parte de la derecha política y sociológica, el cierre de la comisión de investigación puede y debe significar un alivio para las perspectivas de una oposición que necesita centrarse en el desgaste del Gobierno, que por otra parte se desgasta solo. El PP ha cumplido ya el objetivo principal que se fijó en la investigación parlamentaria, que era el de demostrar que no mintió en las horas amargas que siguieron a la masacre. La triunfal intervención de Aznar supuso el culmen de esa reivindicación necesaria, y a partir de ahí todo lo que ocurra al respecto volverá a situar el debate donde más conviene a los socialistas: en la posibilidad de seguir hurgando en una herida cuyo dolor solapa la realidad de que la sacudida del atentado dio paso a un cambio de Gobierno que no está resultando positivo para los intereses generales de la nación. La tibieza de sus protestas por el carpetazo parlamentario evidencia la convicción de los nuevos dirigentes del PP de que lo que ahora necesitan es liberarse del dogal del 11-M para aprovechar el clima de decepción que provoca la ausencia de rumbo político en el timón del Estado.

El calendario inmediato puede propiciar, además, un recrudecimiento del problema de fondo, que es el futuro de lo que aún conocemos como España. El debate del Plan Ibarretxe en el Parlamento vasco, el próximo día 30, situará el proyecto de secesión como piedra de toque de unas elecciones autonómicas que se van a convertir en un plebiscito, en el que el PSOE pretende introducir una más que ambigua propuesta de puente hacia el nacionalismo. El referéndum europeo interferirá artificialmente una discusión mucho más esencial, la del modelo de Estado, que la reforma estatutaria catalana va a llevar hasta el límite del cambio constitucional por vía de hecho. Y el Gobierno va a quedar maniatado por la magnitud de los conflictos que él mismo ha abierto antes de promover un proyecto político de crecimiento económico, consolidación estructural y programas de equipamiento público.

España va a afrontar el año nuevo envuelta en un marasmo de dudas que no era necesario plantearse y que no responden a la demanda mayoritaria de los ciudadanos. Y lo hace con un Gobierno débil, deshabitado de ideas y envuelto en una patente sensación de galbana. El país puede quedar seriamente afectado por este gratuito zarandeo. Sólo una oposición firme, con las ideas claras y las manos libres puede aportar la tranquilidad necesaria que garantice a los españoles perplejos por esta deriva la opción de una alternativa responsable -cuando llegue el momento- a esta inacción tan inestable como perniciosa e inconsistente. director@abc.es

Partido Popular
La esperanza de la Nación
Agapito Maestre Libertad Digital 26 Diciembre 2004

El desastre anunciado está ante nuestros ojos, pero aún hay bien intencionados, a veces cobardes, que no quieren creerlo. El Gobierno y los nacionalistas quieren reformar la Constitución para que desaparezca España. Asistimos al último asalto a la nación española, pero los socialistas hacen como si la cosa no fuera con ellos. Trágica España. La entrega del PSOE a los dictados del nacionalismo-populista de catalanes y vascos sólo tiene una alevosa explicación, a saber, ZP y Maragall quieren sustituir a la nación, al Estado-nación, por el partido, el Estado-partido, como eje vertebrador de la sociedad. He ahí el primer desafío de nuestra triste democracia. Y, sin embargo, lo peor, dicen los más realistas, aún no ha llegado. Todos estamos expectantes, casi asustados, sobre cómo va a terminar esta pesadilla de un Gobierno entregado en cuerpo y alma a la destrucción de la nación española. La opinión pública política no está dividida, ojalá, sobre las acciones más o menos ajustadas del Gobierno con respecto a la nación, sino asustada ante el entreguismo de este ejecutivo a las demandas nacionalistas.

La Nación, España, aún no ha respondido a este ataque criminal, porque sigue anestesiada por la propaganda y la agitación de un populismo barato. También la actuación responsable y ajustada del PP, de la genuina oposición al Gobierno, al espíritu constitucional está atemperando la dramática situación. Hay, sin embargo, un malestar público que presagia lo peor. Es algo que todos podemos percibir en la calle, en los periódicos, en las tertulias, en la charla entre amigos, en todas partes, pues, donde la vida política es observada con cierto distanciamiento ideológico. Allí donde el ciudadano está lejos de la manipulación ideológica, allí donde no se hace interpretación política, allí, en fin, donde el ciudadano se limita a levantar acta de las acciones del Gobierno no puede sustraerse de un cierto malestar derivado de la falta de criterio del Gobierno de la nación.

En efecto, pocas veces, quizá ninguna, en la historia reciente de España un gobierno ha perdido con tanta rapidez el respeto de sus ciudadanos a los pocos meses de llegar al poder. Excepto la plebe apolítica, nihilista y sectaria de quienes sólo se dirigen por la barriga, nadie se priva de ridiculizar al gobierno de la Nación. Nadie crítica ya cómo ha llegado el PSOE al poder. Nadie cree en la viabilidad de este Gobierno. Simplemente es que nadie espera nada bueno de este Gobierno. El respeto de sus ciudadanos, sin importar su credo político o religioso, por sus gobernantes y, especialmente, por su presidente de Gobierno ha desaparecido. Sin política exterior digna de resaltarse, sin coraje para defender la nación española de las tarascadas nacionalistas, sin proyecto económico que no sea el gasto por el gasto y, sobre todo, sin discurso para hacer política, el pacto entre socialista y nacionalista, con la comparsa comunista, se reduce a eliminar a la oposición.

Acaso por eso, y porque nadie con actitudes democráticas duda de que si la oposición es destrozada, el camino quedará expedito para que el PSOE rompa España, ha crecido como en ninguna otra época reciente el respeto por la oposición. Incluso entre los socialistas de bien, especialmente en el País Vasco y Cataluña, ha crecido un sentimiento de empatía con el PP, que convierte a este partido en algo más que una alternativa. El PP es, y mira que me cuesta escribir esta palabra, nuestra única esperanza para que aquí no pase nada desagradable. El PP es el último bastión para que la política no desemboque en violencia y paz de cementerio. El PP es el único que puede parar el desastre del PSOE.

¿UN CONGRESO PLURILINGÜE?
Por M. MARTÍN FERRAND ABC  26 Diciembre 2004

TODOS los idiomas, dialectos, fablas y modos con los que nos entendemos en España forman parte importante del patrimonio nacional. Como la catedral de Burgos, la Alhambra de Granada o el románico de Gerona. Es ésa una afirmación mostrenca, elemental; pero los tiempos que vivimos, tan dados a la confusión, requieren la cansina repetición de lo obvio para que las ideas básicas, en las que nos asentamos, no entren en el torrente de los disparates, tan querido por todos aquellos que, como si se tratara de una epidemia, aspiran a modificar sin mucho sentido los esquemas de la realidad.

Estoy pensando en Pasqual Maragall, el político catalán que manda en España -es una manera de decir las cosas- después de haberse subido, en el tope y por milagro, al tranvía de la Historia un ratito después de que ya hubiera pasado por su parada. Maragall es imprevisible por sí mismo y por sus compañías en el tripartito que gobierna en Cataluña. Ahora -cada día tiene su afán- anda empecinado, tras el «reconocimiento» del idioma catalán en la Unión Europea -un avance «histórico»-, en que sea también lengua de uso habitual en el Congreso de los Diputados. No sólo en el Senado, como ya se dibuja en los borradores para la reforma de la Cámara inútil, sino en todos los ámbitos de la representación popular de dimensión, con perdón, nacional.

Vaya por delante, y que no se me entienda mal, que el deseo de Maragall y sus gentes de un Congreso plurilingüe es legítimo. Nadie podrá ver en ello un exceso soberanista -separatista- y hasta, si se apura, tiene más de integrador que de disolvente. Los reparos que se me ocurren tienen más naturaleza funcional que conceptual. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si los padres fundadores de la patria norteamericana, puestos a redactar el Acta de Virginia, hubieran perdido su tiempo en el debate sobre el uso del holandés, el francés, el alemán y el inglés, los cuatro idiomas utilizados por los allí reunidos? Optaron por la unidad, aun dentro de una vocación federal, anteponiendo el pragmatismo -la facilidad comercial- a las ideas platónicas y nostálgicas. La Historia ha demostrado que la renuncia de algunos ha sido cimiento fundamental para el posterior bienestar de todos.

Si el precio del sosiego, en lo que respecta a la unidad nacional, fuera llenar la Carrera de San Jerónimo de cabinas de traducción simultánea, podría pagarse con gusto; pero cabe temer que tras esa nueva demanda de Maragall esté ya preparado un rosario de otras más. Los nacionalismos no pueden tener meta dentro de un Estado unitario y en un orden constitucional porque ello les dejaría en menos que nada. Su clave está en la insatisfacción permanente, en la demanda continua, en los lejanos horizontes de lo imposible. Ahí, en el freno que significan los muchos y crecientes nacionalismos, está el problema máximo para el desarrollo económico y moral de España. La estabilidad no es un valor que todos deseemos con la misma intensidad.

PASATIEMPO
Por Jon JUARISTI ABC  26 Diciembre 2004

CUANDO Carod-Rovira se entrevistó en Perpiñán con los capos de ETA, remedaba los contactos del PNV y EA con la organización terrorista previos al acuerdo secreto de agosto de 1998 (condición necesaria, a su vez, para la formación del frente de Estella). Como se recordará, ETA hizo público el contenido de dicho acuerdo poco después de romper la tregua-trampa a finales del año siguiente. Esta vez, apenas se conocieron sus conversaciones con el dirigente de ERC, los etarras se apresuraron a desvelar el nuevo trato (es decir, la tregua-trampa limitada a Cataluña). Dos factores determinaron, a mi entender, la decisión etarra de hacer público lo convenido con el entonces conseller en cap: la propia difusión de la noticia del contubernio y, sobre todo, la inhibición del secretario general del PSOE, que renunció a forzar la ruptura de la coalición entre el PSC y ERC. A partir de ese momento -mucho antes, por tanto, del 11 de marzo- los nacionalistas (incluyendo a ETA) adivinaron que Rodríguez Zapatero se rendiría antes de la batalla. Era necesario, pues, impedir por cualquier medio que el PP revalidase su mayoría y ETA intentó hacerlo, a la desesperada, mediante un espectacular atentado en Madrid.

El riesgo de este plan era menor de lo que podría temerse. Ciertamente, tras el atentado, se habría producido un reagrupamiento nacional en torno al Gobierno de Aznar. Sin embargo, faltando aún varias semanas para las elecciones, era asimismo previsible que cundieran la desmoralización y el pesimismo. Los etarras sabían muy bien (fue la esencia misma de la estrategia oculta de Estella) que nada causa mayor y más extendido desánimo que el retorno de la violencia terrorista tras un largo período de aparente paz. No se habría tardado mucho en culpabilizar al Gobierno. Las primeras acusaciones serían de imprevisión; de ahí se habría pasado, en breve, a censurar su inflexibilidad ante los nacionalismos. En un clima de abatimiento colectivo -hoy ya es imposible dudarlo-, habría bastado que el PSOE ofreciese dialogar con aquéllos para inclinar a su favor los resultados electorales.

LAS furgonetas etarras fueron interceptadas en Cuenca. Aun así, el gran atentado se produjo. Con otros autores, es cierto, pero con los mismos efectos políticos que ETA pretendía conseguir y que, casualmente, coincidían con los deseados por los nacionalistas en su conjunto (para que nadie retuerza el sentido de estas palabras, añadiré que no creo que Carod-Rovira ni Arzalluz ni Garaikoetxea supieran lo que pensaban hacer los etarras cuando trapicheaban con ellos; lo que demuestra su radical estupidez es que no llegasen siquiera a imaginarlo). Tiene razón José Antonio Zarzalejos cuando observa que resulta demencial, a estas alturas, sostener la teoría de una conspiración islamo-abertzale detrás del 11-M (con independencia de que los terroristas islámicos hubieran podido encontrar en la estrategia electoral de ETA una fuente de inspiración). Lo importante es que los sicarios del 11 de marzo, conscientemente o no (y esta última alternativa me parece la más improbable), le hicieron el trabajo a la banda.

LO que hemos visto a lo largo de este año funesto es un despliegue de las fases básicas de la estrategia oculta o latente de Estella, que fracasó en el período 1998-2000, siguiendo una combinatoria secuencial modificada. Aquélla, calcada de la «estrategia desarmada» del IRA entre 1994 y 1996, preveía la siguiente serie: 1) formación de un frente nacionalista, 2) anuncio de una tregua unilateral por parte de ETA, 3) presión, mediante vandalismo callejero, sobre la población no nacionalista, 4) incorporación del PSE al frente nacionalista, 5) ruptura de la tregua y reanudación de los atentados en vísperas de las elecciones legislativas, y 6) triunfo electoral del partido más proclive a la negociación con el frente. El lector puede entretenerse reconstruyendo el orden en que se ha desplegado la serie durante el año todavía en curso (téngase en cuenta además la extensión a Cataluña de una estrategia similar). Qué menos, para estas fiestas, que una columna interactiva.

SMS navideños
Mensajes contra ZP
Isabel Durán Libertad Digital 26 Diciembre 2004

Hasta 84 mensajes he recibido este largo fin de semana que comenzó con la Nochebuena y ha acabado en un domingo cubierto por un espeso manto blanco. La gélida estampa de la ola de frío polar ha venido cargada por las ondas de los teléfonos móviles con todo tipo de felicitaciones, pero sobre todo de invectivas contra José Luis Rodríguez Zapatero y su Gobierno.

Si los mensajes convenientemente azuzados mediáticamente llegaron a provocar una rebelión que echaba en cara al Gabinete Aznar los 192 muertos del 11-M con la guerra de Irak como coartada, últimamente se viene produciendo una oleada de misivas en el sentido contrario. Descargaron su furia contra con el boicot del Madrid Olímpico auspiciado por Carod Rovira con la propalación de mensajes anti-cava catalán y el colofón han sido las Navidades laicas de ZP.

Gentes que se sienten acosadas por el Ejecutivo más anticlerical, antiespañol y radical de la democracia han comenzado una silenciosa protesta cargada de hiriente ingenio y de grandes dosis de cabreo vía teléfono móvil. Estas son algunas de las filípicas que han inundado mi número en las últimas 72 horas hasta el agobio.

"A las 12, concentración ante el Ministerio de Asuntos Exteriores para evitar que Moratinos viaje a Oriente, la joda, cabree a los Reyes Magos y este año no quieran venir a España. Pásalo"
"¿Sabes como se hace el pavo a lo socialista?. Primero y muy importante: robar el pavo. Después se coloca en una fuente. Se rodea de chorizos. Se le mete en un despacho y él solo se va haciendo rico, rico...?"
"Viva el Niño Jesús , los Reyes Magos, España, el Belén, Jiménez Losantos, etc. Ah, y ¡felicidades!"
"Como los villancicos tienen que ser laicos... Ande, ande, ande y sin disimulo, a los socialistas que les den por el culo. ¡Feliz Navidad!. Pásalo".

Nueve meses de Gobierno de ZP y su política de la agresión por la agresión han generado las Navidades más crispadas de los últimos tiempos. Y eso que éste era el Ejecutivo del buen rollito, del talante y del diálogo. ¿Cómo estarán España y los españoles en pocos años? La respuesta está en los móviles.

Memeces o memezas
Mikèl GARÀU ROSELLÒ La Razón 26 Diciembre 2004

Para asombro de la mayoría del pueblo español y de todos los hispanohablantes, estamos asistiendo de unos años para acá al surgimiento en España, de un espécimen de político de nueva planta. Una especie híbrida entre neo lingüista, pseudo orador y mentecato. Así les luce el pelo. Estos híbridos e híbridas, que también las hay..., no tienen otro entretenimiento que feminizar la desinencia neutra de la lengua española «-os», porque, según ellos y ellas, el no hacerlo es señal de incultos sociales, de machistas, de fascistas, de retógrados, etcétera. Y así espetan y hasta algunos esputan en sus discursos dirigidos a una masa social determinada, aquello de: «Compañeros socialistas y compañeras socialistas...», cuando gramaticalmente hablando es de lo más correcto decir: «compañeros socialistas...», al dirigirse a un auditorio aunque en él no sólo haya hombres. Y así solemos oír también: «Compañeros diputados y compañeras diputadas...». En vez de: «Compañeros y compañeras diputados...», o «señoras y señores diputados...».

Pues la palabra diputados, como casi todos sabemos, así en plural, engloba a todas las personas que ostentan ese título político, tanto si son varones como hembras. La primera expresión sería lingüísticamente correcta si estuviera dentro del contexto de un discurso determinado, en que se les denomina por separado para llamar más su atención sobre el contenido de lo que se está diciendo. Pero sin embargo no lo es cuando ese «compañeros diputados y compañeras diputadas...» se coloca al inicio del discurso; que es lo que hacen esos híbridos.

De seguir así, que todo se pega y en cuestión de salirse de las normas y si son lingüísticas más aún, acabaremos por llamar artisto al artista, si ése es varón, suicido al suicida, fantasmo al fantasma, o poeto al poeta, no vaya a ser que se ofendan los aludidos al denominarlos con palabras que acaban en femenino, por ver en ello una forma de llamarlos afeminados, aunque haya algunos que recién salidos del «armario» digan que ya era hora de que se llamara a cada cosa por su nombre. Claro, que si la cosa se extiende, tendremos que añadir en los diccionarios de lengua española..., ¿de lengua española?..., ¿o debería de decir tan sólo de lengua?..., pues Real Academia de la lengua española no hay ninguna, Real Academia Española de la lengua, sí..., pero... ¿de qué lengua?..., ¿de la vasca, de la mallorquina, de la valenciana, de la gallega, de la catalana?...

Viendo esa realidad de tener una Real Academia sin apellido, yo me pregunto: entonces, ¿quién regula los diccionarios de lengua española que se editan?, ¿qué autoridad lingüística supervisa las nuevas palabras que procedentes de otros idiomas el pueblo español absorbe y hace suyas?, ¿por qué no existe una Real Academia de la lengua española?, ¿será acaso que el sustantivo española en España es tabú?, ¿será que aún existen los inquisidores y que éstos instalados en las corrientes nacional-separatistas, no quieren ni oír ni siquiera la palabra «española», porque esa palabra les engloba a todos ellos y, por consiguiente, se cuestionaría su razón de existir? Bueno, ¿y por qué entonces no se le pone el apellido de castellana?, ¿por qué no se llama Real Academia de la lengua castellana?

De seguro que los inquisidores nacional-separatistas no pondrían ningún reparo, ya que ello les vendría al pelo en sus pretensiones, pues la palabra «castellana» conlleva una carga política de retroceso histórico sumamente grande para los nacionalseparatistas, en donde se ven de lleno inmersos en sus feudos pseudoindependientes que había en la edad media.

Claro, que no han ido a caer en la cuenta de que apellidando «castellana» a la Real Academia de la lengua, se podría demostrar que el catalán es un dialecto del castellano por ejemplo (eso lo expondremos en otro artículo). No nos olvidemos que el castellano se sigue hablando en muchísimos rincones esparcidos por toda Suramérica. Donde se le sigue llamando «fierro» al hierro o «ferrero» al herrero. Allí aún no les ha llegado el español, idioma compuesto con palabras y giros de todas las lenguas autóctonas del reino de España, donde la palabra calle, por ejemplo, procede del vasco «kalea».

Lengua española que empezó a formarse con la creación del Diccionario de Autoridades recogiendo en él cantidad de palabras autóctonas de las demás regiones españolas. Y que nunca desde entonces han dejado de recoger los sucesivos diccionarios «oficiales» que se han editado. Con lo que no es nada descabellado permutar el sustantivo de «española» a la R.A.E.L. y denominarla R.A.L.E.

Pero volviendo a retomar este escrito por donde lo habíamos dejado, habrá que reflejar en los diccionarios dichos desaforismos lingüísticos, además de ampliar los que hasta ahora siguen vírgenes, y así inscribir: jóven y jóvena; jóvenes y jóvenas; águila y águilo; mártir y mártira;, boquerón y boquerona; pez y peza; salmonete y salmoneta; etcétera. Claro que quienes más ponen en práctica esa tonta forma de expresarse, es decir, los del PSOE, no han ido a pensar en que a ellos también se les puede aplicar la norma, y a las mujeres de esa formación política llamarlas «socialistas» y a los varones «sociolistos».

Y ya metidos en harina, llamar a la mano mana, por anteponerle artículo femenino, o radia a la radio, o fota a la foto, o naa a la nao, por la misma razón. Y así se confirma que la lengua la hace el pueblo, no los lingüistas; claro que en estos casos concretos no es el pueblo realmente quien lo hace, sino sus representantes políticos, a cual más listo para decir memeces, ¿o serán memezas?

Y cómo no, después de esos desaforismos lingüísticos vienen luego las declaraciones institucionales desaforadas, afirmando que valenciano y catalán son la misma lengua o que en Baleares se habla catalán porque lo pone su Estatuto.

Todo ello tan sólo porque unos minúsculos partidillos nacional-separatistas que actúan de bisagra política así lo dicen. ¡Y chitón! que si no arman la de Dios en Cristo. O eso dicen. La cuestión es que ya que se pide la reforma de la vigente Constitución Española no estaría de más que explicitara que las elecciones generales fueran a doble vuelta, como en Francia, con lo que se acabaría para siempre con las «bisagras».

Mikèl Garàu Rosselló es vicepresidente de la Academia de la Lengua Balear

Río Cabe
Nemine discrepante
Serafín Fanjul Libertad Digital 26 Diciembre 2004

Que nadie discrepe, objetivo máximo del actual gobierno como paso previo al establecimiento final del PRISOE, un régimen de felicidad sin gales ni corrupción institucionalizada y de altísimo nivel cultural y cívico. En lo que quede de España dentro de veinte años, claro. Del reciente dictamen del grupo de expertos sobre los Papeles de Salamanca se han destacado varios aspectos según el punto de vista de quien opina (que nadie votó en contra, que es parte del precio por el apoyo coyuntural de los separatistas catalanes, que los archivos en elemental lógica archivística no deben trocearse, que es una restitución, que simboliza la rendición de Rodríguez, que "cierra la puerta al franquismo", que detrás vendrán otras reclamaciones de estos independentistas y de otros, o de cualesquiera, etc.), pero aquí preferimos fijarnos en una faceta diferente: el alegre desparpajo con que muchos políticos disponen de nuestro patrimonio histórico y cultural, con mucha mayor osadía y despreocupación que si fuese suyo, porque en tal caso andarían con fino ojo antes de partir, prestar, ceder, mover o alterar museos, archivos, bibliotecas, cascos urbanos, edificios antiguos, montes y campos o ceremonias tradicionales que, objetivamente, a nadie perjudican.

Para ser justos, fuerza es admitir que ningún partido se salva de la crítica en este terreno, pero también es equilibrado otorgar en él la palma de oro y brillantes al PSOE, en cuanto tiene la menor oportunidad de ejercer el poder. Sus objetivos son otros muy distintos de la Cultura, de la preservación del patrimonio nacional o de conservar el inmenso legado artístico que hemos recibido del pasado y que, en ocasiones, dudo nos merezcamos. Colectivamente, quiero decir. Si al PP se le pueden recordar la Plaza del Mercado de Ávila, las jaimitadas de Ruiz Gallardón y sus deletéreas musas o la discutible ampliación del Prado, a un grupúsculo como IU, pese a sus microscópicas responsabilidades de gobierno, se debe la entrega por J. Anguita de la Torre de la Calahorra a la Fundación R. Garaudy para montar una mamarrachada encaminada a difundir el integrismo islámico, amén de haber entregado dos iglesias en la misma ciudad de Córdoba para el culto musulmán. No obstante, PSOE y adláteres mejoran a todos, aventajados como son en el arte de mudar con su varita mágica el barro en fosfatina: desde capar las celebraciones de la Toma de Granada el 2 de enero con sandeces multiculturalistas hasta ceder el Castillo de Montjuic a los secesionistas catalanes; desde intentar Cecé –la cuñada del misionero islámico en Chiapas–, cuando era consejera de Cultura de Andalucía, que se prestase la Catedral-Mezquita de Córdoba a unos peliculeros para que la desbaratasen a su antojo, hasta vivir obsesionados cambiando nombres de calles, o estatuas de sitio, o estudiar el cierre del Valle de los Caídos, o pretender modificar el escudo de Aragón. La majadería anda suelta.

Ahora toca al Archivo de la Guerra Civil en Salamanca: con un elenco de expertos nombrados a dedo y un presidente, Federico Mayor Zaragoza, que defiende aquí lo contrario de lo que sostenía cuando presidía la UNESCO, en aquellos tiempos en que fungía de cobista zascandil implorando votos tercermundistas para ser reelegido; o con una Cecé que, de ministra, mantiene lo opuesto a lo que mantenía como consejera de la Junta de Andalucía respecto a la preservación del patrimonio cultural. Un tíovivo de oportunismos, inconsecuencias, irresponsabilidades e ignorancia de quienes deberían ser garantes de lo mejor que nuestro país posee, su legado cultural, atesorado y acumulado durante siglos por muchas generaciones de españoles. Nada importa. Y si un día se metieron a opinar y decidir por votación si el catalán y el valenciano son una misma lengua, ¿por qué no van a desguazar un archivo, total cuatro papeles viejos y mugrientos? Bien es cierto que en una tierra donde una parte de la población –los progres, casi todos– se preocupa más de la capa de ozono que de la ruptura de la nación en que y de la que vive, proclamando así su frivolidad y alienación, puede pasar de todo. Quién sabe si no acabará pasando.

La commonwealth cañí
José A. SENTÍS La Razón 26 Diciembre 2004

Le tomo prestado a un amigo su impresión, muy probablemente información, de que la voluntad de Rodríguez Zapatero es terminar como el presidente de la Comisión Europea, pero en España. Es decir, presidir a otros presidentes. Figura que existe en Europa en tanto que es una suma de estados. Pero que en España sería situar al presidente del Gobierno como «primus inter pares» de los que representan las partes de España y, por tanto, asumir que éstas tienen un grado de soberanía independiente de la estatal.

No quiero ser especulativo, y tal vez no sea cierta esta presunción, pero sí puedo atenerme a los hechos. Y éstos se encaminan claramente en esta dirección. Sólo hay que ver cómo se comporta Zapatero con Maragall para saber que no tiene el más mínimo interés en entrar en confrontación con el presidente de la Generalitat. Ni en el terreno conceptual (con su resbaladizo debate sobre la Nación) ni en el de sus reivindicaciones soberanistas, por las que no tiene empacho en anunciar que «nunca se cerrará el modelo de Estado»... hasta que se fragmente decisivamente el Estado, debemos suponer.

La capacidad de omisión en su condición nacional de nuestro presidente del Gobierno no tendría demasiada importancia si se circunscribiera a Cataluña, porque podría plantearse el eximente de necesidad coyuntural, pues tanto a Maragall como a sus socios le son necesarios para gobernar en Madrid. El problema es que la misma defección en su papel de gobernante de toda la Nación española la ejercita Zapatero en otras partes de España. No se puede entender de otra forma que el partido del que es secretario general, en su sección vasca, haya tenido la ocurrencia de combatir el plan Ibarreche con un plan calcado al de Ibarreche, si descontamos la presunta intencionalidad. Es decir, el PSE-PSOE propone todo lo que los nacionalistas han reclamado siempre (gestión de la Seguridad Social, representación exterior, última instancia judicial, concepto de «comunidad nacional», etcétera) pero pensando que con sus cesiones evitarán la ruptura. Lograrán, sin duda, primero las cesiones y después la ruptura. Y esto no lo dice la derecha centralista, sino vascos y socialistas valientes y honorables como Nicolás Redondo, Gotzone Mora o Rosa Díez. Gente que se ha jugado y se juega la vida por unos ideales progresistas mezquinamente vulnerados. Y que tiene que unir a su valor para enfrentarse a la violencia el de afrontar la calumnia. Y no hay que ser muy listo para saber que una vez Cataluña y el País Vasco avancen en su carrera independentista encontrarán aplicados imitadores, porque cualquier imbécil se da cuenta de lo rentable que es ser nacionalista en una Nación acomplejada.

En España hay muchos aprendices de brujo reinventando la Commonwealth cañí. Algunos la quieren aplicar con el pacto bajo la Corona. Otros creen que el futuro está en cambiar el Gobierno de España por el Gobierno de la Comisión Española. Al final, entre tanta tribu el que puede sobrar es el jefe.

La nación desnuda
José María CARRASCAL La Razón 26 Diciembre 2004

¿Recuerdan la fábula del rey que, engañado por un sastre tunante, se paseaba desnudo ante sus maravillados súbditos? Aquí ha sido el Rey quien ha tenido que advertirnos que España se está quedando desnuda. En su mensaje navideño, Don Juan Carlos no ha dicho más que cuatro verdades de barquero, cosas que de puro evidente ya nadie decía. Que incluso no estaba bien decir, tan lejos habíamos ido en nuestro paletismo y hasta tal punto nos habían engañado los embaucadores.

España es una nación, un país. A más de uno ha debido atragantársele el pavo. ¿Debe tomarse «un», «una» como artículo indeterminado o como adjetivo numeral? Interprételo cada cual como quiera. Un monarca no está obligado a ser tan preciso, ni a apuntar con el dedo, ni, menos, a trazar una política. Para eso están los políticos. Pero debe recordar los principios en que se asienta el Estado cuando estos corren peligro de olvidarse. Con suavidad, sin acidez. Pero firmemente. Para que luego cada cual lo interprete como le plazca, aunque en este caso haya muy poco que interpretar.

España es una nación que ha hecho enormes avances en los últimos tiempos. ¿Puede alguien con más de treinta años negarlo? ¿Puede alguien discutir que entre aquella España que exportaba trabajadores, privada de libertades, con un futuro incierto y ésta anclada en la Comunidad Europea, gozando de una democracia plena, que importa trabajadores no hay diferencias abismales? Bueno, en una cosa se parecen: en el futuro incierto. Si entonces no sabíamos qué iba a ser de nosotros tras el franquismo, hoy no sabemos qué va a ser de España cuando los aprendices de brujo que intentan cambiarla acaben su faena. Pero esto no hace más que evidenciar el «striptease» a que viene siendo sometida, motivo de la advertencia del monarca.

España es una nación que ha hecho enormes avances en los últimos tiempos, y todos tenemos la obligación de consolidarlos. Algo de cajón, pero que nadie decía. Como que el rey iba desnudo. Y ha tenido que decirlo el propio Rey, para que nos diéramos cuenta. Ha tenido ser quien personifica el Estado quien advierta que lo están dejando en cueros vivos, sin que nadie diga ni haga nada. O, mejor, que nos están dejando, ya que el Estado, la nación, somos todos. Es por lo que aunque este mensaje parece dirigido en particular a los políticos que por activa o pasiva están desnudando a la nación, va dirigido en realidad a todos los españoles. Pues lo más triste del caso no es que algunos traten de arrebatarnos la capa y el sayo por ambiciones personales o cortedad de miras. Lo más triste del caso es que la nación entera asiste al expolio sin inmutarse. Ha tenido que ser el Rey quien se lo advierta. Como en la fábula, sólo que al revés. La moraleja, eso sí, tenemos que ponerla nosotros.

La paradoja islámica
Ayatolás, fundamentalistas y democracia
GEES Libertad Digital 26 Diciembre 2004

Reuel Marc Gerecht, graduado en Historia Islámica en Johns Hopkins y Princeton, con dominio de árabe y farsi, es un investigador del American Enterprise Institute (AEI), antiguo analista de la CIA para Oriente Medio, autor de penetrantes y espléndidamente informados artículos sobre la actualidad en Irak, Irán y el próximo Oriente, que con la misma maestría desentraña los problemas militares de la ocupación que las políticamente relevantes diferencias teológicas entre la escuela de Jomeini y la de Sistani, así como los intríngulis de la política suní o chií en el país mesopotámico.

Nuestro autor ha publicado recientemente un pequeño libro, La Paradoja Islámica, disponible en el sitio web de su Think Tank, un artículo el 14 de diciembre en el Wall Street Journal sobre el papel de Irán en Irak, y en el número de la próxima semana del Weekly Standard aparecerá un largo ensayo sobre La lucha por el Oriente Medio, también accesible en el sitio del semanario, publicaciones todas a cual más recomendable para comprender el maldito embrollo en el que toda la región está sumida. Es de advertir que esos diferentes escritos no se repiten, sino que son perfectamente complementarios.

Uno de los puntos más destacados que Gerecht dilucida de manera convincente es el que concierne a las diferencias entre el chiísmo iraquí e iraní. Jomeini es autor de una revolución en el pensamiento tradicional chií que ha desembocado en una teocracia islámica. Sistani y los otros tres grandes ayatolas de Nayaf, han desarrollado una interpretación no menos revolucionaria del Corán, que conduce a una afirmación de la soberanía popular y una democracia basada en el principio de un hombre un voto.

Estas profundas contradicciones en los posicionamientos teológicos, así como el fuerte sentido nacional de los chiíes de Irak, puesto ya a prueba durante la guerra que Sadam libró contra sus vecinos en los ochenta, y el profundo descrédito de los ayatolas persas en su propio país, hacen que el temor a que una mayoría chií salida de las elecciones se convierta en una peón de los intereses de Teherán, es mucho menos que probable, casi absurdo, por más que los sucesores de Jomeini hayan tratado de jugar simultáneamente todas las bazas políticas del mundo de los chiíes de Irak. Por el contrario, esa "democracia islámica" sucesora de la tiranía baasista pude constituir con su ejemplo una amenaza mortal para los ayatolas de Teherán.

Pero el punto más radicalmente rupturista de los escritos de Gerecht, desarrollado al final de La Paradoja Islámica, es la tesis de que no son los liberales, occidentalistas y moderados árabes los aliados naturales de Washington para llevar a cabo la transformación democratizadora del Oriente Medio, para, de esa manera, segar la hierba bajo los pies del binladenismo y el guerrerismo santo, por usar la terminología del analista americano. Esos elementos son demasiado marginales a su sociedad, que en conjunto se ha ido desplazando a lo largo de los veinte últimos años hacia el fundamentalismo. Éste, sin embargo, en su enfrentamiento contra los regímenes dictatoriales tanto monárquicos como republicanos, ha ido desarrollando, como los teólogos de Nayaf, ideas próximas a la soberanía popular y apelaciones al sufragio como método de legitimación del poder. Es la cuña de la misma madera que puede reventar a los yihadistas que usan sistemáticamente el terror como táctica de elección.

Tesis tan osada como llena de riesgos, sobre la que merecerá la pena volver.

GEES, Grupo de Estudios Estratégicos
http://www.aei.org/
http://www.aei.org/docLib/20041115_book799text.pdf
http://online.wsj.com/article_print/0,,SB110298750532599218,00.html
http://www.weeklystandard.com/Content/Public/Articles/000/000/005/077jcgzb.asp

ONU: peor de lo que imagina
Rafael L. BARDAJÍ / Florentino PORTERO Libertad Digital 26 Diciembre 2004

Siendo honesto consigo mismo, Kofi Annan hubiera debido dimitir de su puesto de secretario general de las Naciones Unidas. Si, al igual que él, un ministro español hubiera enterrado los cargos por acoso sexual de uno de sus principales colaboradores, como Annan ha hecho con Ruud Lubbers, Alto comisionado para refugiados; hubiera permitido la perversión total de un programa como el de Petróleo por Alimentos, con el que no sólo se enriqueció Saddam a costa del sufrimiento del pueblo iraquí, sino Benon Savan su principal responsable en la ONU, e, incluso, su propio hijo, Kojo Annan; o hubiera obstaculizado la investigación parlamentaria al respecto, como ha sido acusado Annan de haber hecho con el senado americano, habría dimitido ya. O estaría cesado. Con todo, el reemplazo del actual secretario general no significaría la solución a los males que aquejan a la ONU. Muchos de los cuales, dicho sea de paso, han sido puestos de relieve por el mismo Kofi Annan. Así, en 1997, hizo público un informe titulado «Renovar las Naciones Unidas: Un programa de reformas»; en 1999 hizo lo mismo con un análisis de los fallos de la Organización en Ruanda y Bosnia; en el 2000 comisionó el estudio dirigido por Lakhdar Brahimi sobre la reforma del sistema de mantenimiento de la paz; y en el 2002 volvió a impulsar otro informe titulado esta vez «Fortaleciendo la ONU: Una agenda para más cambios».

Pues bien, en medio de las críticas a su gestión, Annan acaba de presentar su último informe «Un mundo más seguro: Nuestra responsabilidad compartida». Este estudio, que nace tras la crisis que se abrió en el Consejo de Seguridad con motivo de Iraq, cuando, una vez más, la división de sus miembros permanentes llevó a la marginación de la ONU, llama la atención por la ferocidad de sus críticas a los fallos de la Organización. A veces con frases que parecen sacadas de algún instituto paleoconservador americano como la Heritage Foundation. El problema es que ofrece muy pocas alternativas de cambio. Es un excelente análisis del escenario estratégico, pero una pésima guía sobre las reformas imprescindible para devolverle a Naciones Unidas la credibilidad y la eficacia perdida.
No obstante, sobre todo si se compara con la timorata doctrina del actual gobierno español en materia de seguridad internacional, cuyo último ejemplo lo ha dado el ministro Bono con su esperpéntica directiva de defensa nacional, el informe de la ONU es valiente en varias cosas. Reconoce que el uso de la fuerza puede ser necesario en más circunstancias de las que la ONU imaginaba (Bono dice exactamente lo contrario); que la defensa anticipatoria es un derecho de sus miembros (Bono ni se lo plantea); y que, incluso, las acciones preventivas pueden ser necesarias frente a amenazas que no son ni inminentes ni próximas (anatema para nuestros socialistas en el gobierno).

Donde falla este informe no es en el diagnóstico de las amenazas a las que hay que enfrentarse. Ni siquiera con los conceptos e instrumentos de los que echar mano. Donde falla, lógicamente, es en el tema de la autoridad que legitime dichas acciones. Para el panel de la ONU sólo el Consejo de Seguridad puede servir de legitimación. Lo cual es muy decepcionante, habida cuenta que en las últimas crisis, la ONU no ha aprobado nada dada la división entre sus miembros con derecho de veto. La solución que se ofrece ahora para superar esa situación no es más que un espejismo: el incremento de 15 a 25 del número de sillas en el Consejo de Seguridad. Y eso no es una solución, es añadir más complejidad a un problema ya de por sí complejo. Mientras la ONU prefiera la inacción o la parálisis a la acción unilateral de alguno de sus miembros, estará condenando a miles de personas a la eliminación o a sufrimientos indecibles, y a sí misma a la irrelevancia que ha marcado toda su historia.

El problema último de la ONU es que nació como garante de sus Estados miembros, independientemente de si éstos eran plenamente democráticos y liberales o estaban regidos por déspotas y genocidas. De ahí que algunos piensen que la única salida a la crisis de credibilidad de la ONU pase por organizar en su seno un caucus democrático, esto es, de la minoría de países que la componen pero que, sin embargo, fijan los estándares políticos y morales de nuestra civilización. Como salida suena bien, pero no puede hacernos olvidar que con Iraq, la parálisis surgió principalmente de una vieja democracia, Francia, y no de la comunista China.

Un nuevo secretario general puede hacer mucho por imprimir un nuevo espíritu a la ONU, pero debe ser consciente de que muchos de sus miembros prefieren dejar las cosas como están. Hay demasiados intereses nacionales en juego. Por eso su reforma es imposible, sinceramente. Lo cual nos lleva al punto de partida: ¿Si usted fuera kosovar hubiera rechazado la intervención militar de la OTAN porque no contaba con la aprobación de la ONU? Naciones Unidas nació en un momento como respuesta a los problemas de entonces, 1945. Pero es totalmente inadecuada para los retos y amenazas del siglo XXI. Hay que forzarla a actuar cuando sea posible pero olvidarla cuando su parálisis provoque males mayores. Sin remordimientos. Kofi Annan ha producido montones de papeles y un enorme escándalo, pero muy escasos remedios. Su continuidad no ayuda en nada a la ONU.

Rafael L. Bardají y Florentino Portero son analistas de FAES

Gibraltar: la unanimidad rota (I)
César VIDAL La Razón 26 Diciembre 2004

En 1704, España se hallaba desgarrada por una terrible guerra civil. El final de la dinastía de los Austrias en la figura de Carlos II el Hechizado había abierto un proceso sucesorio que, en puro derecho, tenía que haber comenzado y concluido con el entronizamiento de Felipe de Borbón como rey de España. Sin embargo, el temor a una alianza franco-española provocó de manera inmediata una reacción internacional y la aparición de un candidato alternativo en la persona del archiduque Carlos de Austria. Apoyaban a éste Holanda, el imperio y, muy especialmente, Inglaterra, que bajo ningún concepto deseaba la existencia de una potencia fuerte en el continente. El 4 de agosto del citado año, la ciudad, castillo y fortaleza de Gibraltar fueron objeto de un ataque llevado a cabo por una fuerza combinada anglo-holandesa. Gibraltar, como la casi totalidad de España, había ya prestado obediencia a Felipe V de Borbón y, de manera lógica, decidió resistir al ataque de unas tropas que representaban los intereses del archiduque Carlos. La resistencia estaba condenada al fracaso dada la superioridad del enemigo y, finalmente, vecinos y guarnición terminaron por rendirse.

A la sazón, el territorio de Gibraltar comprendía la comarca costera de la bahía de Algeciras y con su ciudad de más de cinco mil habitantes era la capital de una zona extensa superior a alguna provincia española. La acción, en teoría, no debía haber tenido mayor trascendencia en la medida en que, como ya queda dicho, ingleses y holandeses eran aliados de un aspirante al trono español y sólo tomaban posiciones en territorio de la nación española. Lamentablemente, el almirante inglés Rooke decidió pasar por alto reglas tan elementales y mediante un acto que sólo puede ser calificado como piratería tomó posesión de la plaza no en nombre del archiduque Carlos, sino de la reina inglesa Ana. La edición de 1879 de la «Encyclopedia Britannica», volumen 10, página 586, no se recataba de señalar lo taimado de semejante acción atribuyendo el acto llevado a cabo por Rooke a su propia responsabilidad («his own responsibility») y añadía que, desde luego, había ido en contra del honor de Inglaterra el que hubiera sancionado y ratificado una ocupación desprovista de principios como aquélla. El comportamiento de Rooke, por seguir el texto de la «Britannica», había sido el de un patriotismo carente de escrúpulos («unscrupulous patriotism») y por ello no resultaba extraño que los españoles hubieran sentido profundamente la injusticia perpetrada contra ellos.

Desgraciadamente, aquel episodio sólo iba a ser el inicio de una larga cadena de abusos ingleses. Desde luego, no resulta extraño que Felipe V intentara reconquistar la plaza, ya en septiembre de 1704, y que se irritara profundamente cuando le recordaran la villanía inglesa. Con el paso del tiempo, el monarca caería en un lamentable desarreglo mental –al que me he referido en alguno de mis libros– ,pero en lo que se refiere al tema de Gibraltar hay que insistir en que estaba cargado de razón. A fin de cuentas, Gibraltar formaba parte del territorio hispánico desde la época de la colonización romana, nunca había dejado de estar sometido a entidades políticas españolas –cristianas o islámicas– e incluso míticamente se asociaba con la fundación de España por el mismo Hércules. En términos cronológicos, distintas instituciones políticas hispánicas dominarían la plaza por un período de tiempo hasta ocho veces superior al de la existencia de la colonia británica. De hecho, cuando el Tratado de Utrecht puso fin a la guerra de Sucesión y en su artículo décimo se recogió la ocupación de Gibraltar por Inglaterra, España se guardó muy mucho de aceptar la legitimidad de aquel acto. La cesión quedó por añadidura condicionada a la supresión del comercio entre la plaza y el territorio vecino, a la prohibición de residencia en Gibraltar de determinadas personas para garantizar la seguridad española y al respeto por parte de Inglaterra del culto católico en la plaza. Finalmente, el texto incluía una cláusula resolutiva de la crisis en la que se afirmaba que si en algún tiempo Gran Bretaña decidía «dar, vender o enajenar» Gibraltar se daría «a la Corona de España la primera acción antes que a otros para redimirla». A partir de ese momento, España intentaría vez tras vez recuperar un territorio propio y Gran Bretaña, mantener la colonia.

Los abusos cometidos por esta potencia fueron, como ya hemos indicado, no escasos. Por ejemplo, en las negociaciones preliminares al Tratado de Madrid de 13 de junio de 1721 se planteó como condición previa la devolución de Gibraltar a España. El ministro inglés en Madrid, William Stanhope, y el secretario de Estado español, marqués de Grimaldi, se comprometieron así a que el tratado no sería ratificado mientras Jorge I de Inglaterra no comunicara la restitución de Gibraltar. El 1 de junio, Jorge I envió la carta en cuestión pero una vez que el 5 de julio del mismo año España ratificó el tratado, el monarca inglés faltó a su palabra.

Las promesas británicas volvieron a repetirse en ocasiones en que Gran Bretaña se vio amenazada por un enemigo más poderoso que España pero siempre para quedar en nada. Por si fuera poco, Inglaterra fue sumando a sus desafueros diplomáticos una larga lista de incumplimientos del Tratado de Utrecht desde el mismo siglo XVIII cuya simple exposición sería material para una docena de artículos como el presente. Así, nada más firmarse el acuerdo, las tropas inglesas procedieron a ocupar militarmente la Torre del Diablo a Levante y el Molino a Poniente, no incluidos en el mismo. El 19 de agosto de 1723, William Stanhope sostenía con evidente descaro que Inglaterra tenía derecho a ampliar el terreno cedido por el Tratado de Utrecht a «todo el terreno cubierto por la artillería de la plaza», aunque reconocía que tal extremo no estaba contemplado en el texto firmado por ambas naciones. En 1815, por ejemplo, una epidemia de fiebre amarilla diezmó a los ingleses de Gibraltar. España ofreció entonces generosa ayuda humanitaria a los británicos y éstos aprovecharon la situación para apoderarse de nuevos territorios españoles en la zona. En 1854, las autoridades británicas volverían a utilizar una ocasión similar –la generosa ayuda española prestada con ocasión de una epidemia– para repetir su proceso expansivo. En 1908, en claro antecedente del Muro de la vergüenza berlinés, el Gobierno británico levantó incluso una verja de hierro que separaba físicamente a España de una colonia gibraltareña que no había dejado de crecer territorialmente en las últimas décadas.

A esas alturas, los ingleses eran más que conscientes de que su colonia era incapaz de automantenerse –a diferencia de otras bajo pabellón británico– y reconocían que Gibraltar sobrevivía gracias a actividades ilegales como el contrabando. El 25 de agosto de 1841, por ejemplo, lord Palmerston, en una bochornosa nota enviada a la legación española en Londres, afirmaba que los barcos de contrabandistas irían armados con cañones para defenderse de los guardacostas españoles. A nadie se le ocultaba –como no se le oculta hoy– que Gibraltar no era viable económicamente salvo mediante la conjunción de prácticas económicas delictivas y colonialismo británico. Tan sólo este tema daría material más que sobrado para una voluminosísima tesis doctoral.

Por supuesto, no todos los británicos veían con agrado semejante suma de desafueros. En 1856, sir Robert Gardiner en su «Informe sobre Gibraltar. Una fortaleza y una colonia» se preguntaba: «¿Cuáles deben ser los sentimientos de todos los españoles con esta noble Roca a la vista siempre, ocupada por extranjeros?». Seis años después, John Bright afirmaba que «el Peñón de Gibraltar fue tomado y retenido por Inglaterra cuando no estábamos en guerra con España y su apropiación fue contraria a todas las leyes de la moral y del honor». No fueron los únicos.

César Vidal es historiador y escritor. Artículo publicado en PAPELES FAES

Cierre por Navidad
Pilar FERRER La Razón 26 Diciembre 2004

Con su habitual ironía gallega, comentaba Mariano Rajoy cómo pasaría esta Navidad: «En la serenísima república de Pontevedra, dónde nadie podrá entrar si no tiene carnet de gallego pontevedrés». Sarcástica reflexión que refleja la actual situación de una España cada día más fragmentada y que lleva al propio Jefe del Estado a invocar un mensaje de prudencia y serenidad a las fuerzas políticas en su discurso de Nochebuena. Después de la mayor tragedia terrorista que ha vivido este país, las palabras del Rey, siempre institucionales pero no por ello vacías de contenido, apelaban a una de las cuatro virtudes cardinales, pese a esta España ahora tan laica y agnóstica, basadas en la cordura, templanza, sensatez y buen juicio.

A escasos metros del Congreso de los Diputados, en un encuentro con periodistas, la cúpula del Partido Popular hacía balance de este año tan arisco y difícil. Minutos antes, se había dado el cerrojazo a la grotesca Comisión de Investigación sobre el 11-M en la que, como bien dicen en privado algunos de sus miembros, y no sólo del PP, «se han vertido muchas contradicciones y nada ha quedado claro». Razón tiene Ángel Acebes, un político honesto e injustamente atacado, cuando sentencia: «Yo también quiero saber», en alusión a esa pancarta reivindicativa sobre la autoría de la masacre de Atocha, que tan hábilmente enarboló la izquierda, ahora gobernante, y que nos sorprende con episodios cada vez más liderados por el Tripartito de Carod-Rovira.

En la copa navideña del PP, un Rajoy templado, pero cáustico, ironizaba sobre el ridículo de nuestra política exterior con el último capítulo de Gibraltar. Acebes recordaba que los anunciados mensajes de seguridad antiterrorista están calcados de su anterior Ministerio, por cierto, emitiendo notas de detenciones de comandos islamistas antes de ejecutar la acción. Arias Cañete confesaba no saber qué Presupuestos del Estado se han votado, pues las enmiendas y las cuentas no cuadran, mientras la lista de la Lotería alberga sonados errores. Y Zaplana, cada día más curtido parlamentario, denunciaba los trabajos de una Comisión del 11-M partidaria y partidista. Con tales mimbres, se cierra un tenso periodo de sesiones, que abre la puerta a otro aún mayor. Tiene razón el Rey: la prudencia es necesaria, pero la verdadera oposición también.

¿Va a ser «facha» la Constitución?
Antonio PÉREZ HENARES La Razón 26 Diciembre 2004

Había una leyenda urbana entre los «progres» que aseguraba que las exacerbadas pasiones nacionalistas eran debidas a lo malo-malísimo que era Aznar, el cual despertaba los peores instintos de «arzallianos» y «rovireches». O sea que la culpa del secesionismo era del PP. Y va a ser que no. La realidad ha dejado a la fábula en cueros. Los del PNV y los de ERC están en las mismas y en las más allá de las mismas porque independencia, separación de España y ruptura, con trauma o con lacito, de la unidad , de la soberanía y de la Constitución son sus objetivos. Esté Aznar en La Moncloa o sea su inquilino Zapatero. Ellos van a lo suyo y ya es hora de que, talantes aparte, los gobernantes de España caigan de una vez por todas en la cuenta. Con jueguecitos semánticos como los de PSE, con el concepto de nación, o con los equilibrios en el filo de la navaja de Maragall, sólo se consigue darles coartadas, rendir otro trocito de principios y sensateces a la insensatez de tribalismo y a una ideología que no tiene nada de progresista y sí de todos los peores estigmas reaccionarios y hasta xenófobos. Va a ser que no y hay que empezar a decir con claridad un NO cada vez más rotundo, porque el SI hay que dárselo a la Constitución de la libertad, a la igualdad y a la soberanía del pueblo español. Aunque por hacerlo un fanático de estos te tilde de «facha». De facha constitucionalista, por lo visto.

Plan Ibarretxe: una amenaza a los derechos cívicos
VIDAL DE NICOLÁS Y KATY GUTIÉRREZ El Correo 26 Diciembre 2004

Si algo no se le puede negar a Ibarretxe es su tenacidad. Movido por ella, cumple el calendario de su plan de forma inexorable y nos avisa de que, vote lo que vote el actual Parlamento vasco, el PNV hará de él su bandera para las próximas elecciones autonómicas. Poco le importa el rechazo de los partidos constitucionalistas que representan, no lo olvidemos, a casi la mitad de la población de este país. Únicamente aspira a convencer a Batasuna. Quizá porque lo que busca el PNV es capitalizar los votos de la coalición, mientras con la boca pequeña denuncia su ilegalización.

Y si algo está claro es que Ibarretxe no cumple su palabra, puesto que el lehendakari se comprometió a que la votación de su plan se haría «en ausencia de violencia». Pues bien, incumple su palabra cuando lo somete a debate y votación en el Parlamento sin que haya desaparecido la actividad terrorista de ETA, tal como nos muestra el siniestro recordatorio de bombas de los últimos meses. Los parlamentarios constitucionalistas siguen necesitando protección. Están votando con su vida bajo amenaza. ¿En qué país del mundo civilizado funciona así un parlamento? ¿Qué clase de libertad hay en la Euskadi de Ibarretxe? ¿Acaso una nueva categoría de 'libertad condicionada'? Además de hacerlo transgrediendo la ley, ¿convocará el lehendakari el futuro referéndum de «libre» determinación bajo estas condiciones? ¿Será precisa una tregua de la banda terrorista o bastará una escasa actividad, como la actual?

Nadie podría dar certera respuesta a preguntas tan esenciales para nuestro futuro, porque el monopolio de las mismas lo tiene sólo el PNV, con la subordinación de EA y la impagable colaboración de Madrazo. No sabemos si nuestro futuro se está jugando en nuevos pactos secretos con ETA, con Batasuna o con sectores de ambos. Lo que en cualquier país democrático serían sospechas desleales hacia un gobierno, aquí están más que justificadas por el precedente del Acuerdo de Lizarra y el vergonzoso pacto secreto del PNVcon la banda terrorista, que, no lo olvidemos, daba lugar a una tregua a cambio de un compromiso de exclusión política y social de los vascos no nacionalistas.

El PNV, que ha gozado del monopolio del poder autonómico durante 25 años, está embarcado hoy en un rumbo que no es el del acuerdo con los partidos democráticos, y sus apelaciones al diálogo suenan a mera retórica electoral. El plan Ibarretxe no es un programa de futuro para todos los vascos, ni una renovación de lazos con el resto del Estado, sino un pulso con ese Estado al que se le quiere imponer una relación privilegiada y desigual. Quieren todas las ventajas de la independencia, pero ninguno de los inconvenientes. Y para ello necesitan una negociación «amable» con España, porque la «comunidad vasca libremente asociada al Estado español» (tal como se la define en el Art. 1 del plan Ibarretxe) no puede ni quiere renunciar al mercado español, ni puede consentir que España vete su hipotética admisión en la Unión Europea como pequeño Estado.

Para los ciudadanos vascos, la 'Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi', más conocida como plan Ibarre-txe, se nos convertiría, en caso de ser aprobada, en una suerte de 'constitución', basada en la sacrosanta soberanía del 'pueblo vasco'. Pero, ¿quiénes formarían el 'pueblo vasco'? Numerosos juristas cualificados han mostrado ya su preocupación por la distinción que hace el plan Ibarretxe entre ciudadanía y nacionalidad vasca (Art. 4). Mientras la ciudadanía corresponde a todas las personas que tengan vecindad administrativa, la nacionalidad se define de forma confusa. Prevé que su acreditación se regule por ley del Parlamento vasco; dice luego remitirse a los requisitos exigidos en las leyes del Estado para la nacionalidad española, y termina con un galimatías sobre las dos nacionalidades, vasca y española, que se podrán «disfrutar» de manera indistinta.

Puestos a pensar mal sobre lo que nos espera a los no nacionalistas, hay motivos sobrados de preocupación, ya que existen precedentes históricos en los que el nacionalismo ha formulado la nacionalidad vasca desde posiciones poco democráticas. Así en el Estatuto de Estella, que el PNV intentó impulsar junto con el carlismo navarro en la II República, se pretendió restringir la nacionalidad con parámetros xenófobos. Por ello aquel proyecto fue rechazado por la izquierda, además de por querer hacer de Euskadi un «Gibraltar vaticanista», en palabras de Prieto.

En épocas más recientes el nacionalismo sigue haciendo uso de criterios excluyentes en su mitificación de Euskal Herria. Bien sean los apellidos, bien el euskera, bien el amor a una patria mítica. La 'comunidad de creyentes' es una suma de todo lo anterior que sirve para rechazar la identidad vasca de quien sea crítico o no acepte esa hegemonía. Como además lo 'genuino' es minoritario, las políticas de discriminación o de exclusión de la mayoría (en el fondo considerada 'extranjera', 'no autóctona') se disfrazan de nobles causas como 'discriminación positiva', 'defensa de las minorías'. No es por ello extraño que el plan hable de la «diáspora vasca» y no para referirse a quienes han tenido que abandonar nuestro país por el terror de ETA o por políticas de exclusión, por ejemplo lingüística, como es el caso de muchos jóvenes vascos o colectivos como el profesorado o el funcionariado.

Con este panorama de 'constitución vasca' sui generis, a la mayoría nos tendría que preocupar mucho el Art. 11 del plan ('Derechos y deberes fundamentales de la ciudadanía vasca'). Si lo que presenta Ibarretxe es un proyecto de constitución, ¿por qué un aspecto tan esencial en democracia como son los derechos cívicos no aparece hasta el lugar número 11 del articulado? ¿Por qué los define con un galimatías en el que se menciona a modo de mezcolanza la Constitución española, la UE, los tratados internacionales? Además, comparen el Estatuto de Gernika y el propuesto plan Ibarretxe y se darán cuenta de que sólo se parecen en el apartado referido a la salvaguarda de esos difusos «derechos». Este último es casi un calco del primero, pero variando el orden de los apartados e introduciendo un inquietante último punto sobre el «respeto a los derechos de las minorías existentes en su seno». ¿Quiénes serán 'las minorías' si triunfa el plan Ibarretxe? ¿Quizá la mayoría?

En la actualidad, bajo el amparo de la Constitución española y del Estatuto de Gernika, toda la ciudadanía vasca somos titulares de derechos civiles esenciales. El título I de la Constitución ('De los derechos y deberes fundamentales') es exhaustivo y no puede ser alterado, precisamente para preservarlos, puesto que son una base fundamental de la democracia. ¿Qué futuro nos espera a los vascos? ¿Se está convirtiendo el PNV con este plan en un riesgo para nuestro futuro como ciudadanos de pleno derecho?

El gran historiador Eric Hobsbawm, poco amigo de nacionalismos, hay que reconocerlo, avisa sobre los riesgos posteriores al triunfo de una causa nacionalista separatista. En un principio la «etnicidad», más o menos edulcorada, puede movilizar a la inmensa mayoría de una «comunidad», siempre que ésta se mantenga en la vaguedad o ambigüedad. Pero posteriormente, cuando se concreta, la unanimidad se desmorona. Vienen las luchas entre moderados y radicales, los problemas con las «minorías». El resultado de estos procesos no es otro que la xenofobia, más o menos disfrazada, contra los «inmigrantes», de antes y de ahora.

Nuestro país es fruto de un mestizaje histórico, de pactos y guerras, por cierto casi siempre civiles también entre nosotros. En un mundo globalizado y con el recurso de la democracia estamos necesitados de una cohesión que nos permita seguir unidos, pero no a costa de someternos la mayoría a una identidad mítica, basada en un etnicismo impresentable que muchas veces sólo busca favorecer intereses particulares poco nobles. De hecho, la violencia terrorista no ha surgido aquí porque sí, como una flor extraña; el etnicismo es su sustrato. Por supuesto que los caracteres autóctonos minoritarios, con especial relevancia de los culturales, requieren el reconocimiento y el apoyo de todos, pero deben ser imperiosamente respetuosos con los derechos de los ciudadanos vascos reales, atendiendo a toda nuestra pluralidad.

A corto plazo la pelota está en el tejado de la sociedad vasca. Mientras una parte considerable de la misma apoye electoralmente a un nacionalismo supuestamente moderado, pero empecinado en una vía tan extremista como la que representa el plan Ibarretxe, nuestros derechos cívicos se verán en serio riesgo, y no sólo por la canallada del terrorismo de ETA. Los derechos cívicos son de todos y para todos. Muchos vascos, esperamos que seremos la gran mayoría, persistiremos en la defensa de los derechos civiles que nos garantiza la Constitución democrática española y, si fuese preciso, acudiremos a las instituciones de la UE y a los organismos democráticos internacionales pertinentes para solicitar su protección.

Nacionalismo
La revolución periférica
Jorge Vilches Libertad Digital 26 Diciembre 2004

Lo alarmante del proceso ya evidentemente constituyente que estamos viviendo es su diferencia con el de 1978, cuyo éxito habrá que poner en duda si 26 años después no sirve para nada. Si en aquel entonces la voluntad nacional configuró una ley común, la Carga Magna, hoy es la voluntad de unos partidos regionales –minúsculos en el conjunto estatal- la que pretende la definición de España. Y alarma porque esos partidos nacionalistas no llegan, entre todos, al 5 por ciento del electorado español.

Esta revolución periférica pasa porque España se defina como un Estado plurinacional compuesto por "comunidades nacionales". Los socialistas que esto sostienen dicen basarse en la teoría expuesta por Francisco Rubio Llorente, el presidente del Consejo de Estado. Su idea es reformar el artículo 2 de la Constitución diciendo que la nación española está compuesta de forma inseparable y diferenciada por las comunidades nacionales catalana, vasca, gallega y navarra. ¿Y el resto? ¿Son naciones, autonomías, regiones, o qué? Eso no lo explican porque no les interesa.

Este es un cambio de gran calado en nuestro sistema constitucional y, sobre todo, en la Historia de España. Pero es el resultado de un Gobierno que es débil, no por el número de diputados que tiene, pues González llegó a tener un grupo menor, sino porque está dominado por un pensamiento débil, relativista, en el que no hay "rendición preventiva" porque no tienen ningún principio que rendir. La prueba de este vacío político es la enorme disparidad de pareceres dentro del PSOE que, alegremente, debaten en público. No saben qué modelo defiende su partido como institución nacional, sino qué proyectos tienen algunas partes del mismo. Y luego sale Bono diciendo que el Ejército tiene la misión constitucional de sostener la unidad de España.

El PSE de Patxi López y Eguiguren, como ya apunté en otra ocasión, ha terminado por defender como propios principios típicos del PNV. Pero ahora, es el propio PNV el que dice, a través de Joseba Egibar, que ni siquiera el plan Ibarretxe "es el proyecto del PNV, ni colma todas las aspiraciones nacionalistas". No obstante, no es cosa exclusiva de los nacionalistas, porque Maragall ya ha apuntado que la forma territorial del Estado va a estar en constante transformación, y que la reforma del Estatuto caducará, con suerte, dentro de 25 años.

La revolución periférica es evidente: sus proyectos para el futuro Estado español suponen menos España y más independencia territorial; así como debilitar la unidad y la solidaridad españolas, en lugar de fortalecer el proyecto común. Los socialistas, los nacionalistas e IU insisten en que el Estado debe ser cómodo para todos. Elevada la "comodidad" a categoría política, histórica y constitucional por el propio Gobierno nacional, apenas cabe vuelta de hoja. La plurinacionalidad del país supone la transformación de España. Ya no será una nación, sino una unión circunstancial y amovible, basada en la voluntad de partes iguales. Deshecho así el sujeto de la soberanía que es la nación española, cualquier grupo humano afirmado como comunidad nacional tendrá soberanía plena e independiente sobre su situación política. Es decir, cualquier Gobierno coyuntural tendrá la puerta abierta para promover la secesión.

La lucha por la libertad en España se ha asentado en la nación como sujeto, desde el Cádiz de 1812 hasta la Constitución de 1978. Los conceptos de nación y de libertad han ido unidos, al igual que en la mayor parte de las grandes democracias del mundo. Ahora, en España se pretenden separar y relativizar, con una contrarreforma constitucional que tiene tantas y tan dispares voces en contra que merecería una mayor reflexión.

Salamanca y el gran trasiego del mundo
ROBERTO L. BLANCO VALDÉS La Voz 26 Diciembre 2004

«DEVUÉLVEME el rosario de mi madre, y quédate con todos lo demás», cantaba María Dolores Pradera. Ahora podría cantarlo Maragall: devuélveme el archivo de mi tierra y quédate con todo lo demás. Pero, claro, no sólo Maragall: devolvednos la dama de Elche -o los toros de Guisando, o la Dama de Baza, o las coronas votivas de Guarrazar- y quedaos con todo lo demás, podrían entonar también desde las cuatro esquinas del país los herederos de las víctimas de otros tantos expolios perpetrados hace siglos. Y eso, por comenzar nada más que por aquí y por los orígenes.

Pues, ¿se imaginan establecer un principio de devolución universal? Los españoles retornando a Hispanoamérica miles de restos arqueológicos, y éstos restituyéndolos, a su vez, a los pueblos prehispánicos; los franceses llevando a Egipto lo que robó Napoleón, empezando por la Piedra de Rosetta, que habrían de solicitar previamente a los ingleses, quienes hoy la conservan en el Museo Británico como la niña de sus ojos; los ingleses reintegrando lo mucho que se llevaron de la India; y todos devolviendo a Grecia los miles de piezas repartidas por la mayoría de los museos del planeta. También los italianos, por supuesto, que deberían restituir a los norteafricanos, entre otras cosas, las columnas de mármol rosa, verde y amarillo con que los calabreses construyeron la maravillosa iglesia de Gerace.

Sería fantástico: el mundo entero convertido en un inmenso camión de mudanzas y todos sus habitantes dedicados a una única labor: el trasiego de objetos de un lado para otro con el único objetivo de dar marchar atrás a la moviola a la historia, actuando así como «si no hubiesen pasado jamás tales actos, y se quitasen del medio del tiempo», por utilizar las palabras de Fernando VII en uno de sus más ominosos y célebres decretos: el que pretendía borrar de la faz de la tierra lo sucedido en España entre 1810 y 1814.

Lo acontecido casi un siglo y medio después, entre 1936 y 1939, fue tan sobrecogedor y tan injusto que no es difícil comprender el sentimiento de restitución de la memoria que determina la petición catalana de que le sean devueltos los fondos de le Generalitat conservados en el archivo de la Guerra Civil de Salamanca. Pero no deberían ser esos sentimientos el principal elemento a tener en cuenta a la hora de tomar la oportuna decisión. Y ello por una sencillima razón: porque, como en éste, tales sentimientos son en la mayoría de los casos fruto de una burda manipulación de las emociones colectivas. Sólo así puede entenderse que miles de personas hayan a salido a la calle en Cataluña y en Castilla por la apasionante cuestión de donde deben guardarse unos papeles.

Reforma de los Estatutos
La estrategia de los hechos consumados
Rubén Osuna Libertad Digital 26 Diciembre 2004

Se ve venir desde hace tiempo en qué consiste la estrategia que permitirá un cambio constitucional en España. La idea consiste en aprobar el nuevo estatuto de Cataluña en el parlamento autonómico, y después en las Cortes, previo paso a un referéndum regional, lo que conducirá, si se confirma, a una crisis sin precedentes, pues el nuevo texto será abierta y descaradamente contrario a la Constitución de 1978. Cabe la posibilidad de que nadie plantee la inconstitucionalidad del Estatuto, o de que el Tribunal Constitucional, por las buenas o por las malas, acceda a "reinterpretar" la Constitución (ya hay señales en esa dirección). En caso contrario, con ese conflicto sobre la mesa y un buen repaso de la apisonadora mediática de PRISA, cuyo poder habrá aumentado aún más para entonces, se convocaría un referéndum en toda España. Los términos en los que se plantearía supondrían un claro chantaje, ofreciendo el sí como única posibilidad para "resolver el conflicto". Me cuesta creer que se dé un apoyo mayoritario a un texto constitucional que legitime un golpe de Estado como el que se prepara. Pero con este país nunca se sabe.

La situación en el País Vasco es similar, con un Partido Socialista haciendo de caballo de Troya de los nacionalistas. En el documento Guevara que acaban de aprobar el Partido Socialista se entrega a las tesis del PNV y se ofrecen a servirle, ofreciéndoles gratis la única tajada económica que se puede sacar ya con un nuevo Estatuto: la separación de la Seguridad Social vasca de la del resto de España, con lo que los trabajadores del País Vasco sólo serían solidarios entre ellos, desligándose de los del resto del país. No está mal, viniendo de un partido "de izquierdas" que, además, cínicamente, se presenta como paladín del proceso de integración europea. No hay que esperar a que eso ocurra para poder afirmar que hoy un alemán es más solidario que un vasco con cualquier español. Y es que el País Vasco será de nuevo la cuña que utilicen unos y otros para hacer saltar la Constitución, mediante el chantaje de una tregua de ETA ligada al Plan Ibarreche y a la vuelta a la legalidad de Batasuna, todo ello con la aquiescencia y colaboración activa del Partido Socialista. Después de eso el nuevo Estatuto catalán "entrará solo". Es obvio que los movimientos están coordinados, y que responden a un plan.

Las declaraciones de Maragall recogidas en el diario El Mundo del domingo 19 de diciembre confirman, otra vez, que esa es la estrategia. El Honorable asegura que el golpe que se prepara no acabará por fin con estos 25 años de chantajes, y que la Constitución (en el estado en que quede) será asaltada de nuevo dentro de otros 25. Quienes han defendido siempre que cediendo se apaciguaba tienen delante, negro sobre blanco, que el fin de este proceso, si lo hay, es un contrato cuyos términos serán fijados por una de las partes, y modificados por ella cuando desee. La idea es que seamos nosotros los que acabemos pidiendo la independencia. Todavía hoy ese nacionalismo sigue creciendo sin ser combatido, obteniendo victoria tras victoria sin coste alguno. Sólo espero que este país no esté aún tan maduro para suicidarse como Maragall y Zapatero creen. Pronto lo sabremos.

Zouhier: «Trashorras viajó a Marruecos antes del 11-M y conocía a tres de los terroristas»
Los cara a cara entre los principales imputados de la trama asturiana apuntan a Toro como el cabecilla
Los careos ordenados por el juez Juan del Olmo entre los principales imputados por la llamada trama asturiana del explosivo apuntan a Antonio Toro como el cabecilla de la misma. El cuñado de Trashorras es acusado por los confidentes de la Guardia Civil Rafá Zouhier y Javier Lavandero de ser la persona que traficaba con los explosivos con el apoyo de Trashorras, que se dedicaba a ofrecerlos. Según estos careos, a cuyo contenido ha tenido acceso LA RAZÓN, Emilio Suárez Trashorras habría viajado a Marruecos antes del 11-M, según las manifestaciones de Rafá Zouhier.
Juan C. Serrano La Razón 26 Diciembre 2004

Madrid- Antonio Toro, imputado por facilitar los explosivos a la célula del 11-M, niega que diera una muestra de la dinamita a Rafá Zouhier, intermediario entre los islamistas y la trama asturiana.

Rafá Zouhier responde que se la entregó el cuñado de Toro, Emilio Suárez Trashorras, pero delante de él. Relata que fue el 20 de febrero de 2003. «Trashorras abrió el maletero de un Clio amarillo y me dio un bote con la muestra de dinamita».

Toro dice que no es cierto y Zouhier añade que los detonadores también se los dio Trashorras delante de Toro unos seis meses después, en septiembre. «Siempre trabajaban juntos», afirma. Trashorras, dice, le explicó, con Toro presente, cómo funcionaban. «Me dijo que había que introducirlos en la Goma 2 y cuando se coloca la pila, explota».

Sobre su coincidencia en la prisión de Villabona, Zouhier afirma que vio cómo Toro enseñaba un papel con un número de teléfono a Trashorras y, su mujer Carmen Toro, que fueron a verle. «No sé –dice– si ese teléfono era de gente de ETA, pero Toro tenía muy buen rollo con los presos jóvenes de ETA». Toro responde que ese teléfono era de Carmen, la mujer de un tal Sabino que vendía droga en la prisión. Añade que él en prisión sólo hablaba con Zouhier y el primo de éste.

«Además, en el módulo 8, donde yo estaba, no había ningún etarra destinado», remacha. El asturiano niega que hubiera hablado a Zouhier de explosivos en prisión y éste dice que sí y también tras salir de la cárcel.
«Era Trashorras», afirma, «el que los ofrecía, pero Toro era quién traficaba con ellos». Zouhier aclara que cuando Emilio Suárez Trashorras se veía apurado por una deuda recurría a Toro y a él «como ocurrió en la reunión del McDonalds de Madrid en julio de 2003».

En esa reunión, asegura, fue donde conoció a «El Chino». «Antes no le había visto nunca», señala. Quien sí le conocía, explica, era Emilio Suárez Trashorras, «que había viajado a Marruecos y conocía a tres de los terroristas del 11-M». Emilio Suárez Trashorras mantiene que había «connivencia» entre Toro y Lavandero en negocios de armas, sustancias explosivas y falsificación de documentos relacionada con vehículos. Toro le replica que sólo conoce a Lavandero del club Horóscopo de Gijón. Trashorras responde que le consta que han hecho varias estafas con coches y explica que una de ellas se produce dejándole a Lavandera «un Saab para estafar un vehículo Renault». Toro replica que el único coche que ha ofrecido a Lavandero es un Toyota Calibra y no un Saab.

Sobre la detención de ambos, en julio de 2001 en la llamada «Operación Pipol», Toro reconoce que el garaje donde apareció el hachís y los explosivos lo tenía alquilado, pero que en el alquiler también estaban Trashorras y José Ignacio Fernández Díaz, «El Nayo», en paradero desconocido. Recuerda que cuando iban detenidos los tres a Gijón en un vehículo Megane, el policía que les custodiaba les comentó que dijesen que los explosivos y los detonadores encontrados en el garaje «eran para manzanales» (alisar un terreno para plantar manzanos). Asegura que el hachís que había en el garaje era suyo y de «El Nayo», pero los explosivos y detonadores no. Que nunca ha estado en la mina Conchita y ni siquiera sabe cómo funciona una mina, ni lo que se hace con la goma2. Trashorras responde que «El Nayo» cortaba madera para la zona de la mina y tiene muchos amigos que trabajan en ella. Toro replica que su cuñado fue a verle el 11-M y le dijo que «eso lo habían hecho los amigos de Zouhier», a lo que Trashorras responde que es imposible porque ese día todavía «no había indicios de que no hubiera sido ETA».

Trashorras reconoce que se hizo confidente de la Policía tras la Operación Pipol para sacar de la cárcel a Toro, que, a su vez, reconoce que el policía Manuel García le hizo algunos favores cuando le cogieron con un Jeep Cherokee robado. Afirma que compraba el hachís por mediación de Rafá Zouhier y «El chino», y que en noviembre de 2003 tuvieron una reunión con ellos en el McDonalds de Moncloa porque les habían vendido droga adulterada.

Herrera culpa a Zapatero de «pagar el peaje catalán» en el dictamen de los expertos
El representante del PSOE en Castilla y León, Ángel Villalba, reconoce que le hubiese gustado otra conclusión, pero que hay que «respetarla»
ABC  26 Diciembre 2004

VALLADOLID. El dictamen de la Comisión de Expertos, reunida el pasado jueves, en el que recomienda la devolución de los documentos de propiedad de la Generalitat de Cataluña que se encuentran en el Archivo de la Guerra Civil en Salamanca ha causado una gran decepción y malestar a las instituciones castellanas y leonesas. El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, acusó ayer en Burgos a la Comisión que ha evaluado el futuro del Archivo de Salamanca de «seguidismo intelectual» y de haber «arrastrado su prestigio por el pesebrismo más radical».

El presidente regional consideró que los miembros de la Comisión se han limitado a «seguir las instrucciones de quien les ha puesto ahí» y afirmó que son «una lástima de personalidades del mundo de la cultura».

«Peligroso precedente»
Para Herrera, la ruptura del Archivo es «un disparate, un atropello de la razón y una imposición del capricho sobre lo que tenía que ser una auténtica política de Estado y cultural». Además advirtió del «peligroso precedente» que se sentará si el Consejo de Ministros confirma la división del centro charro. «Otros gobiernos, colectivos y personas, con los mismos títulos, se han puesto en la misma ventanilla del mismo archivo común de todos los españoles y me pregunto con qué criterios se va a aceptar la pretensión de un gobierno como el de la Generalitat, que tiene el poder de obligar al Gobierno de España a tomar esta decisión, y se van a rechazar otras previsiones», precisó Herrera.

El presidente de Castilla y León se preguntó también «por qué este mismo criterio de destrucción de la unidad no se va a aplicar a otros museos que agrupan y unen elementos que representan la historia común de todos los españoles», informa Efe. En este sentido, Juan Vicente Herrera insistió en que la polémica en torno al Archivo de Salamanca «no es local y provincialista, ni un conflicto entre comunidades autónomas» y aseguró que la Junta de Castilla y León no tiene una posición contra Cataluña. Y es que para Herrera, el problema es que «el Gobierno socialista se está obstinando en plantear siempre que puede la duda del derecho de los españoles en la España plural, solidaria y constitucional del siglo XXI, a la unidad de elementos y símbolos culturales que representan el principio elemental de cohesión nacional». Por ello, consideró que el responsable de esta situación es el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para más «inri» castellano y leonés, «que paga un peaje y sigue lo que está escrito en la hoja de ruta del Gobierno de España que, desgraciadamente, es el programa de gobierno del tripartito catalán», criticó Herrera.

Menos contundente se mostró el secretario regional del PSCL-PSOE, Ángel Villalba, aunque reconoció ayer en León que le hubiese gustado que la Comisión de Expertos se hubiese manifestado en otro sentido y el Archivo hubiese permanecido en la capital salmantina. Villalba afirmó que «al PSOE de Castilla y León le hubiera gustado otra conclusión y que se hubiesen impulsado otras acciones diferentes con la Generalitat de Cataluña» aunque precisó que hay que respetar la decisión de la Comisión.

Futuro centro de investigación
Al respecto, Ángel Villalba precisó que en Salamanca se impulsará «el mayor centro de investigación sobre la Guerra Civil» además de que se dará «el mayor realce» a la celebración en 2005 del aniversario de la Plaza Mayor, informa Ep. Por otro lado, el líder de la oposición en la Junta aseguró que las declaraciones realizadas por miembros del PP y por el presidente de la Junta «son absolutamente exageradas y están fuera de lugar, además de que chocan con las de los populares catalanes». Villalba añadió que incluso desde Cataluña «se ha pedido tranquilidad a Juan Vicente Herrera porque se trata de una cuestión de expertos y no tanto de política».

Por otra parte, la Comisión de la Dignidad, integrada por asociaciones y personalidades catalanas para pedir la devolución de los documentos del Archivo de Salamanca, consideró un «paso importante» el dictamen de la comisión de expertos, aunque cree que queda «mucho trabajo por hacer» para la «plena restitución de documentos, la rehabilitación de las víctimas y la profundización en la democracia». La Comissió cree que se «ha abierto la puerta» para un retorno que «sólo será coherente si resulta en la repatriación íntegra de la documentación expoliada, incluyendo aquellos desviados hacia otros archivos desde Salamanca».

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