AGLI

Recortes de Prensa     Miércoles 29 Diciembre 2004
EL RETROCESO DEL ESTADO DE DERECHO
CARLOS MARTÍNEZ GORRIARÁN ABC  29 Diciembre 2004

UN ESTADO SIN AUTORIDAD
Editorial ABC 29 Diciembre 2004

El Teto
David GISTAU La Razón 29 Diciembre 2004

Desmantelamiento federal
José María Marco Libertad Digital 29 Diciembre 2004

Encerrados con un solo juguete
Alberto Míguez Libertad Digital 29 Diciembre 2004

Spanish version
GEES Libertad Digital 29 Diciembre 2004

¡Menudo año!
Román CENDOYA La Razón 29 Diciembre 2004

La cacicada de Atucha
Editorial La Razón 29 Diciembre 2004

LA INDIGNIDAD Y LAS TRIQUIÑUELAS DE ATUCHA
LUIS IGNACIO PARADA ABC  29 Diciembre 2004

Alegres y combativos
TONIA ETXARRI El Correo 29 Diciembre 2004

La batalla de Salamanca
Editorial La Razón 29 Diciembre 2004

Legajos al viento
Aleix VIDAL-QUADRAS La Razón 29 Diciembre 2004

Contra la unidad del Archivo... y de España
EDITORIAL Libertad Digital 29 Diciembre 2004

Incultura totalitaria
Agapito Maestre Libertad Digital 29 Diciembre 2004

La espantada de Caldera
Ignacio Villa Libertad Digital 29 Diciembre 2004

Los muertos en el armario de ZP
Isabel Durán Libertad Digital 29 Diciembre 2004

DESPROPÓSITO EN EL ARCHIVO
BENIGNO PENDÁS ABC  29 Diciembre 2004

Políticos con tirón y con empujón
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 29 Diciembre 2004

Involución a la vasca
Juan BRAVO La Razón 29 Diciembre 2004

Emergencia civil
JOSEBA ARREGI El Correo 29 Diciembre 2004

Ibarretxe saca adelante sus Presupuestos gracias a un pucherazo electrónico amparado por Atutxa
EFE Libertad Digital 29 Diciembre 2004

La Cámara solicita a la Xunta que apoye el doble topónimo
Redacción / A Coruña El Ideal Gallego 29 Diciembre 2004

La deriva nacionalista de los socialistas vascos
GOTZONE MORA El Mundo 29 Diciembre 2004

 

EL RETROCESO DEL ESTADO DE DERECHO
CARLOS MARTÍNEZ GORRIARÁN ABC  29 Diciembre 2004

Quienes sostienen que la situación vasca ya no produce noticias tienen razones para sentirse molestos con la realidad. Ayer mismo hubo dos. Al mediodía supimos que la juez Nekane Bolado había archivado la demanda contra Atutxa por desobedecer la orden del Tribunal Supremo para que disolviera SA, el comando parlamentario de Batasuna que, a día de hoy -¿pero por cuánto tiempo?-, es un grupo ilegal incluído en la lista europea de organizaciones terroristas. Parece que la juez Bolado ha preferido levantar prudentemente el vuelo, eludiendo tanto el choque con los poderes nacionalistas (algunos armados) que hubiera provocado una condena como el escándalo motivado por una clara absolución. El caso es que esta inhibición judicial, por recurrible que sea, significa otro paso adelante de la rehabilitación de Batasuna (es decir, de ETA), un progreso de la restaurada impunidad de la arbitrariedad nacionalista y un retroceso del estado de derecho.

Poco después era el mismísimo Atutxa quien daba la nota en la votación de los presupuestos en el Parlamento vasco, donde el error de una parlamentaria socialista regalaba al Gobierno de Ibarretxe una victoria inmerecida. Según Rodolfo Ares, portavoz del PSE, la negativa de Atutxa a repetir la votación es un auténtico «pucherazo electrónico». ¿Y si fuera un ingenioso ejercicio de transversalidad a beneficio de la futura comunidad nacional unida prometida por el Plan López? Lo malo es que si bien la propensión de Atutxa al arbitrismo reglamentario resulta indudable, la sinceridad de las protestas de Ares ya no lo es tanto. Porque, con o sin puchero, Ibarretxe gobernará el año que viene con presupuestos, con el PSE pasado al nacionalismo oportunista, el Plan en marcha y un referéndum ilegal anunciado. Pero sirvan el archivo de la señora Bolado y la arbitrariedad de Atutxa como espléndidos ejemplos de lo que le espera al PSE y al resto de la ciudadanía vasca no nacionalista de prosperar la conversión del sistema judicial vasco en última instancia procesal, como también pide el Plan López. Ahorraríamos tiempo y desilusiones con un decreto que reconozca el privilegio nacionalista a imponer su soberana voluntad. Al fin y al cabo, los perjudicados podremos recurrir en Estrasburgo, salvo catástrofe constituyente.

Todavía queda el pleno del día 30, en que se votará, en presencia de violencia y con la oposición privada de libertad, el llamado Plan Ibarretxe. ¿Quién se olvidará ese día de ocupar su escaño o votará al revés? Una última pregunta: y en la Moncloa y la calle Ferraz, ¿creen que el Plan López y la voladura ya consumada del constitucionalismo vasco impedirán que se celebre el referéndum ilegal anunciado, o tratarán de pararlo mediante declaraciones contradictorias que desconcierten al enemigo? La solución, el año que viene.

UN ESTADO SIN AUTORIDAD
Editorial ABC 29 Diciembre 2004

CON el archivo, por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de la querella interpuesta por el Ministerio Fiscal contra Juan María Atutxa y otros miembros de la Mesa de la Cámara Vasca, se completa una serie de resoluciones judiciales que, desde distintos ángulos, convergen en fortalecer la posición del nacionalismo ante el tramo final del Plan Ibarretxe. Todas estas decisiones, tomadas desde la victoria electoral del PSOE, plantean seriamente la duda de si el Estado se encuentra en condiciones de superioridad frente a agresiones notorias contra el orden constitucional y el interés general. La lista es significativa. El Tribunal Constitucional rechazó el conflicto de competencias planteado por el Gobierno del PP contra el Ejecutivo y el Parlamento vascos por impulsar el Plan Ibarretxe, pese a reconocer que éste era radicalmente inconstitucional. El Tribunal Supremo acaba de absolver al diputado batasuno Jon Salaberría, a quien la inviolabilidad parlamentaria le permitirá seguir enalteciendo el terrorismo en la sede de la democracia vasca. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha desestimado el recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del Gobierno vasco de «reforma estatutaria», también llamado Plan Ibarretxe. Finalmente, y a dos días de que el Pleno de la Cámara Vasca vote la propuesta del lendakari, la magistrada instructora del TSJ vasco ha archivado la querella contra Atutxa, a quien el Ministerio Fiscal acusaba de desobediencia por no ejecutar la disolución de Socialistas Abertzales, decretada por el Tribunal Supremo. Este sobreseimiento no es definitivo, porque cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ vasco, recurso que el fiscal general del Estado debe ordenar sin duda ni dilación alguna.

El saldo judicial para el Estado de Derecho es desolador. Tales decisiones tendrán su fundamento jurídico y es seguro que los jueces que las han tomado habrán actuado con absoluta independencia. Pero también es cierto que, si hubieran querido resolver en sentido contrario, habrían encontrado argumentos de igual o mayor fuerza que los que han utilizado en sus sentencias y autos. Podrían haber considerado que ni los procedimientos parlamentarios ni las Asambleas Legislativas son instituciones neutrales que admitan proyectos de ruptura constitucional, como el Plan Ibarretxe. O que la inviolabilidad parlamentaria sólo está legitimada para el ejercicio de la política, no de la propaganda terrorista. O que un acuerdo administrativo, como el de aprobación del Plan Ibarretxe por parte del Gobierno vasco, tiene que respetar unos elementos reglados, que no se respetaron, aunque luego se incorpore ese acuerdo a un procedimiento parlamentario. O, en fin, que el Estado de Derecho o hace cumplir sus sentencias o, simplemente, es una parodia de Estado.

Nadie debe exigir a los jueces activismo alguno, en ningún sentido, pero sí existen, o deberían existir, prioridades compartidas por todos los poderes del Estado, como la defensa de la Constitución, la igualdad ante la Ley y la persecución del terrorismo, porque estos objetivos representan intereses generales reconocidos en las leyes y en los fundamentos mismos de una convivencia basada en el imperio de la ley. Si el resultado es que hoy hay ciudadanos españoles confundidos, que se preguntan si la apología del terrorismo puede ser impune, si las sentencias del Tribunal Supremo no siempre deben ser cumplidas, si no está claro que un proyecto inconstitucional no debe siquiera discutirse, algo grave ha fallado en la aplicación de las leyes y quien lo paga es el Estado, con un menoscabo de su autoridad. Ya es evidente un cambio de ciclo en la correlación de fuerzas entre el Estado y las presiones nacionalistas, lo que ha generado un nuevo escenario de tensiones con grave perjuicio para los intereses nacionales.

El Teto
David GISTAU La Razón 29 Diciembre 2004

Desde que la onda expansiva del 11-M le puso en Moncloa, Zetapé se ha metido con los secesionismos en un «jakuzzi» donde, entre burbujas y tragos de cava, les da gusto con tocamientos más o menos superficiales de los que sirven para ir preparando la temperatura adecuada para el coito. Lo malo es que, en esta modalidad grupal del famoso juego del Teto, es a España a la que le toca agacharse, arrugándose ante la coacción periférica –unidad igual a fascismo– como jamás lo hizo ante las bombas de Eta en los tiempos en que a las niñas de Madrid les cortaban las piernas.

Para justificar el culo en pompa, el propio Zetapé, a través de sus loritos mediáticos sobre el hombro, va propagando la idea de que la defensa de esa unidad ahora resquebrajada era una característica de la política airada de la derecha aznarista antes que una cuestión de Estado o la necesidad de protección de una identidad milenaria que, como la tortuga boba, está en vías de extinción. A este paso, y como en Yugoslavia, habrá que inventar algún nuevo palabro con el que referirse a los escombros de España: ¿Federación Castellano-Andaluza?

Al vincular España y derecha, Zetapé no hace sino alimentar un chantaje intelectual que tiene origen en la Transición. Cuando los pensadores de la periferia, para usar en provecho propio los complejos post-franquistas, impusieron la idea de que una España unida era por definición fascista, y por tanto quien la defendiera era a la fuerza un facha. No existe, en las democracias occidentales, ningún otro sentido de pertenencia más o menos orgullosa a una nación que reciba como castigo semejante estigma.

Así las cosas, y para desactivar ese chantaje, se hace cada vez más necesario algo que aquí ya se ha reclamado: un españolismo de izquierda, protector de la unidad siendo al tiempo inmune a la difamación. O sea, la vía Bono, ministro a quien tienen jugando a los soldaditos de plomo –lo tienen sobornado con una cartera–, precisamente para que no pueda liderar desde el partido una corriente crítica que de entrada cierre los grifos del «jakuzzi» y luego reclame España como nación que tiene derecho a pronunciar su nombre, emancipado de facciones políticas. Bono, macho, la elección es dimisión o Teto.

Reforma constitucional
Desmantelamiento federal
José María Marco Libertad Digital 29 Diciembre 2004

A los socialistas les gusta invocar el federalismo como la base de sus propuestas de reforma del Estado y de la Constitución. Es una manipulación.

Federal es la organización de Estados Unidos, donde el Gobierno central asume determinados poderes y los Estados se reservan otros. No está en duda la unidad de la nación. Tampoco hay equívoco sobre la identidad de los individuos que componen el cuerpo político: son norteamericanos. Los Estados, por su parte, no representan naciones. Illinois no es una nación, como no lo es California, ni Texas. Los Estados garantizan que el gobierno de los asuntos públicos esté lo más cerca posible de los ciudadanos.

En la Unión Europea, son "federalistas" quienes pretenden que las instituciones de la UE vayan asumiendo cada vez más poder en detrimento de la soberanía de las naciones que componen la Unión. Los "federalistas" europeos piensan que se puede acelerar la creación de una identidad europea que irá borrando las fronteras nacionales ahora existentes. A la larga, Europa acabará convertida en una única nación. Los actuales Estados nacionales pasarían a ser el equivalente de lo que son los Estados en Norteamérica.

En España, la Constitución de 1978 es federal en la práctica, aunque no en el nombre. Se basa (artículo 2) "en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles". Todas las decisiones que se pueden tomar en los niveles gubernamentales no centrales están ya fuera de la competencia del Gobierno central. El Estado español es, de hecho, un Estado federal.

Por tanto, la apelación al "federalismo" no debería plantear mayores problemas.

Ahora bien, el "federalismo" que invocan los socialistas no es el "federalismo" del que estoy hablando. Este federalismo supone: primero, la existencia de unos Estados territoriales que asuman sus competencias y estén controlados por los ciudadanos; segundo, la existencia de un Estado central fuerte, que se haga cargo de los asuntos generales y garantice la igualdad jurídica y los derechos de todos los ciudadanos; tercero, la existencia de una única nación y una única identidad nacional, incompatible con otras identidades nacionales dentro del mismo territorio.

El "federalismo" socialista, como el antiguo "federalismo" republicano, supone punto por punto lo contrario de ese federalismo: primero, unos Estados que representan naciones soberanas y que tienden a ejercer un control muy intenso sobre sus "ciudadanos"; segundo, la existencia de un Estado central lo más débil posible, sin instrumentos para intervenir en la acción de los Estados territoriales; tercero, la existencia de varias identidades nacionales dentro de ese Estado. Ni que decir tiene que ese Estado no representa a una nación.

Cuando se empezó a decir que España era una "nación de naciones", se sabía muy que lo que se estaba afirmando es que España no es una nación, sino un conjunto de naciones soberanas. La gigantesca confusión que está sembrando el actual Gobierno sobre la palabra "nación" responde pura y simplemente al proyecto de desmantelar la nación española.

Lo negarán, y no les faltará razón. Para el progresismo español, bien representado en este Gobierno, esa nación no existió nunca. Zapatero quiere pasar a la historia como el gran gobernante que por fin se atrevió a deshacer esa ficción llamada España. Ese es el verdadero sentido del "federalismo" de este Gobierno socialista.

Constitución Europea
Encerrados con un solo juguete
Alberto Míguez Libertad Digital 29 Diciembre 2004

El Gobierno socialista ha encerrado al Partido Popular con un sólo juguete, la Constitución europea, en recuerdo tal vez de una de las primeras obras del novelista Juan Marsé que así se titulaba.

Los populares no harán propaganda de un texto en el que no creen, o apenas creen, pero deben hacer “como si” la hicieran. Tampoco entrarán en el gran jolgorio propagandístico improvisado por los aparatos publicitarios del socialismo gobernante. En el mejor de los casos, lo que Mariano Rajoy y sus amigos pueden sugerir a sus seguidores es que vayan a votar —una abstención masiva desautorizaría la prueba y castigaría seriamente a su mentor, Zapatero— y, si les peta, voten “si”. Hasta ahí pueden llegar como máximo porque saben hasta qué punto la militancia popular está en contra tanto del texto de esta Constitución “sui géneris” como con del “si” en el referéndum. Un “no” masivo será, mírese como se mire, un varapalo al Gobierno.

Estas cosas suceden cuando no se consulta con la militancia a buena y debida hora y se prefiere presuponer los resultados de una encuesta interna que no se hizo. Helos, pues, aquí a los populares en manos del Gobierno, cuyo mensaje subliminal consiste en decir: esta Constitución es la que no quiere el PP, que hará todo lo posible para que nadie la vote. Es un mensaje tanto más fácil de lanzar cuanto estamos en el etapa del todo vale para deteriorar a la oposición: el 11-M, las relaciones con la Iglesia, la enseñanza de religión o las relaciones con Venezuela.

El Gobierno prepara una gran payasada mediática con personajes y personajillos que recitarán fragmentos del infumable texto constitucional europeo en los medios públicos. semipúblicos o parapúblicos, que al final todo es lo mismo. Estos personajes serán “ajenos a la política”, como si alguien que hace algo así pudiera “pasar” de la política y lo que está haciendo no fuese más que eso, política, pura y dura. O impura.

Pero el más delicioso cinismo es la anunciada publicación de cinco millones de ejemplares del texto profuso, confuso y difuso del Tratado Constitucional (unas trescientas páginas) que se “embucharán” en los diarios de alcance nacional. ¡Cuatro días antes del referéndum!, es decir, el 16 de febrero. El dispendio supone ni más ni menos que convertir a cinco millones de españoles —de los que compran diarios escritos, que no son ni mucho menos todos los futuros votantes— en verdaderas máquinas de leer a velocidades record y otorgarle al texto un interés máximo para el descanso dominical. Se trata, en suma, de convertir el sacrosanto texto constitucional europeo en un émulo de los folletos de supermercado o promociones inmobiliarias, es decir en unas hojas prescindibles nada más palpadas.

Y mientras este zafarrancho se produce, mientras se anima a los españolitos a que participen disciplinadamente en el referéndum y voten lo que les gusta a Zapatero y Moratinos (o Zapatinos y Moratero, son intercambiables), el PP autista, jugando con el juguete que le han regalado como al tonto una tiza. Sin saber qué cara poner en caso de que nadie vaya a votar o si el “no” supera el treinta por ciento. Es decir, sin saber qué hacer ni qué decir. Patético.

Europeísmo
Spanish version
GEES Libertad Digital 29 Diciembre 2004

Durante los difíciles años de la Transición a la democracia el europeismo fue un importante elemento de cohesión social. Casi todas las fuerzas políticas estaban de acuerdo en que era esencial para la estabilidad del nuevo régimen político asentarlo en las instituciones europeas. La fuerza de esa creencia se basaba en algunas realidades alarmantes.

Los españoles no estaban seguros de ser capaces de convivir. El recuerdo de las guerras carlistas y, sobre todo, de la Guerra Civil estaba muy presente en la conciencia colectiva. Los retos políticos, la necesidad de reestructurar profundamente la economía, las divergencias en política exterior representaban obstáculos tan importantes que se sentía la necesidad de buscar amparo bajo el paraguas de la nueva Europa.

El estado heredado del Franquismo estaba en crisis. El abuso del discurso nacionalista había dañado gravemente el sentimiento nacional español, elemento básico de cohesión. Al mismo tiempo, los antiguos nacionalismos periféricos salían reforzados por su mayor o menor vinculación con la causa democrática y, sobre todo, por disponer de un discurso positivo fraguado en el victimismo.

Jugando con la célebre frase de Cánovas, en aquellos días queríamos ser europeos porque no podíamos o no nos sentíamos capaces de ser españoles. No había en España una convicción madura de lo que representaba la unidad europea, sino una voluntad de huir de nosotros mismos hacia la panacea del bienestar.

La elaboración de los grandes tratados que han jalonado el proceso –Mastrique, Amsterdam, Niza– se ha vivido entre nosotros con la tranquilidad de quien no está dispuesto a replantearse un pilar básico de su estrategia. Nosotros éramos más europeístas que nadie y, por esa razón, no creábamos problemas. Lo sorprendente para muchos era que los franceses, por poner un ejemplo, fueran tan irresponsables como para dividirse, discutir y casi hacer fracasar alguno de estos sacrosantos textos.

Es evidente que los franceses no actuaban con irresponsabilidad, sino todo lo contrario. Analizaban las consecuencias, valoraban el efecto sobre sus intereses y sacaban conclusiones. Había racionalidad mientras que por estos lares se imponían las orejeras: no ver, no pensar.

Ahora le toca el turno al Tratado de la Constitución Europea (sic). Un texto que parte de un título perfectamente contradictorio: o es un tratado o es una constitución, pero ambas cosas es imposible. Que continúa con un articulado en extremo farragoso y que incumple uno de sus primeros objetivos: reordenar y simplificar el entramado jurídico europeo. Y que concluye con un atentado directo contra los intereses nacionales de España, al reducir su número de votos.

El Tratado es importante para España y, por lo tanto, debe ser discutido. No hacerlo no demostrará que seamos más europeístas que los padres fundadores, bien al contrario pondrá de manifiesto nuestra inmadurez y la gravedad de nuestros problemas internos, aquellos que nos llevan a huir hacia la descomposición en una entidad superior para obviar nuestra falta de cohesión nacional.

La campaña que el Gobierno está organizando es una ofensa para todos nosotros. No se es más o menos europeísta por estar de acuerdo o no con el texto. La unidad europea no está en peligro. Sencillamente estamos discutiendo una forma de avanzar, que implica la hegemonía franco-germana y un marco jurídico kafkiano. Lo que sí está en peligro es la imagen del gobierno de Rodríguez Zapatero, porque aceptó lo que Aznar nunca hubiera permitido: la revisión de los acuerdos de Niza. Ese grave atentado contra nuestros intereses nacionales fue asumido por el recién llegado gabinete socialista y presentado como un logro. De ahí que sientan vértigo ante la abstención previsible y que traten de movilizar a la opinión pública con argumentos falaces para, finalmente, apuntarse el sí al Tratado como un triunfo en exclusiva.

La unidad de España no estará mejor resguardada por el Tratado. Ese es un problema interno que sólo nosotros podremos resolver. Para ello el primer paso es dejar de huir hacia Bruselas y enfrentarnos a la realidad. No deja de ser paradójico que mientras Francia cree que el Tratado potenciará su influencia en el Viejo Continente, una parte de nuestros conciudadanos anhele nuestra progresiva disolución.

GEES, Grupo de Estudios Estratégicos

¡Menudo año!
Román CENDOYA La Razón 29 Diciembre 2004

Se termina un año histórico para España. Año de sangre, ruptura, crispación y caos. Los 192 muertos y miles de heridos que provocó el terrorismo llevaron al electorado a claudicar y hacer presidente al ciudadano Rodríguez. Cumplió su promesa. Repatrió a las tropas de una guerra a la que no fuimos, pero de la que sí nos volvimos. Al retirar a las tropas, que estaban en misión humanitaria, rompió unas privilegiadas relaciones con EE UU, para darse de bruces contra la realidad de la UE. Se arrojó a los brazos de Alemania y Francia que nos han premiado quitándonos lo ya conseguido. El gabinete «fashion» es de una ineficacia constructiva directamente proporcional a su capacidad de destrucción. El ciudadano Rodríguez ha conseguido el triste récord de, en nueve meses, reabrir todas las heridas que durante veintinueve años, con mucha generosidad y esfuerzo, habíamos cerrado los españoles. Ha conseguido poner en crisis la Constitución y el modelo autonómico de España, la justicia, las relaciones con la Iglesia, el modelo social y de familia y el papel internacional de España. ¡Todo un éxito! Nada de lo que iba a arreglar, la inmigración, la vivienda, los astilleros, la cultura o el agua, tiene el más mínimo atisbo de solución. Es difícil ser más malo. El caos por la nieve y el traslado de responsabilidades a los ciudadanos es la mejor imagen para reconocer esa forma de gobernar. ¡Menudo año!

La cacicada de Atucha
Editorial La Razón 29 Diciembre 2004

El Gobierno vasco tenía ya asumida la derrota de los Presupuestos de la comunidad para el próximo año, debido al empate técnico configurado en la Cámara entre los promotores y los detractores. Pero el Ejecutivo de Ibarreche contaba con un as en la manga. En realidad jugaba con la misma baraja marcada de la que ha disfrutado desde hace años en el Parlamento regional. Juan María Atucha aprovechó un mero incidente técnico en el sistema de votación de la parlamentaria socialista, Irene Novales, que la impidió emitir el sufragio, para sacar todo el rédito partidista posible a la insólita situación que derivó en un resultado de 37 a 36 a favor de las cuentas nacionalistas. Atucha se negó de forma reiterada a repetir el proceso y dio por aprobados unos Presupuestos, que en realidad no contaban con la confianza de la mayoría de la Cámara, con lo que se confirmó una auténtica cacicada del presidente. El PSE definió lo ocurrido como «un pucherazo electrónico», y no le faltaba razón, pero con Atucha como maestro de esta ceremonia del «tocomocho» parlamentario era lo esperable. Porque este episodio ha sido el último de una trayectoria en el cargo marcada por la arbitrariedad de una presidencia militante y partidista al servicio de los intereses del Gobierno nacionalista, sin el menor signo de respeto a la función institucional. Atucha cometió ayer una aberración reglamentaria y una tropelía política en una actuación que debiera ser suficiente para que cualquier Cámara democrática le retirara la confianza. No será así, porque la perversión de valores del régimen nacionalista no conoce límites.

LA INDIGNIDAD Y LAS TRIQUIÑUELAS DE ATUCHA
LUIS IGNACIO PARADA ABC  29 Diciembre 2004

JAVIER Atucha consiguió ayer que se aprobaran los Presupuestos del Gobierno vasco para 2005 gracias su sectarismo y tras un presunto fallo en el sistema informático, que hizo desaparecer del cómputo el voto de una parlamentaria socialista. Así se rompió el empate entre el tripartito compuesto por PNV-EA-IU más UA y la oposición PP, PSE y Sozialista Abertzaleak. Las triquiñuelas de Atucha son antológicas. De él se ha escrito que dicta y reinterpreta como considera oportuno el Reglamento, y quien no está de acuerdo y protesta abandona el hemiciclo como si la Cámara fuese la casa de Gran Hermano. Eso ocurrió hace meses con el portavoz del PSE, Rodolfo Ares, el mismo que ayer protestó por el ardid del voto fugado: Atucha le echó de un pleno por censurar la peculiar forma de votar las enmiendas que se inventó para beneficiar al Gobierno autónomo. Ares llegó a decir entonces que el presidente del Parlamento vasco «cree que el Parlamento es su caserío particular».

Las triquiñuelas que Atucha ha utilizado en los últimos años para beneficiar al Gobierno autonómico del que formó parte causan rubor. Cuando tenía sentido de Estado y gallardía política llegó a decir que la única negociación posible era la de ETA con HB, para que de una vez por todas sepamos todos los españoles si la coalición asume en su totalidad los criminales argumentos de la banda. Antes de asumir su cargo actual sostuvo, incluso, que el problema de algunos dirigentes políticos vascos es que impregnan odio en la juventud y la meten en una situación sin salida. Después se negó a disolver el grupo parlamentario sucesor de la antigua Batasuna. Pese a que ayer mismo, día de los Inocentes, en una decisión insólita, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha archivado el caso abierto contra él por aquella decisión ilegal, Atucha no merece seguir en el puesto que ocupa y debería dimitir por simple dignidad.

Alegres y combativos
TONIA ETXARRI El Correo 29 Diciembre 2004

Hay que reconocer que los representantes de los tres partidos que integran el Gobierno vasco, minoritario en el Parlamento, deben ser extrahumanos; o algo así. Ni se duermen, ni se cansan, ni llegan tarde, saben pulsar el botón del voto mejor que los electroduendes; a las 12,42 del mediodía, todos a una y, además, consiguen sumar para su causa la «libre adhesión» de la foralista Enriqueta Benito, de forma que parecen más de los que son.

Tanto es así que la vicelehendakari Zenarruzabeitia, tan proclive a clasificar a la oposición con connotaciones jurídicas -los ilegalizadores y los ilegalizados- se permite la licencia de decir que el Partido Popular y el Partido Socialista «no son nadie sin unirse a Batasuna». Se le olvida que forma parte de un Gobierno que no tiene la mayoría suficiente para sacar adelante el plan soberanista. O que la polémica Ley de Universidades se aprobó a base de argucias tan descaradas que, en vez de repetir las votaciones, práctica en la que jamás caería el presidente de la Cámara, se tramitó por segunda vez, con otro nombre; de proyecto de ley se le llamó proposición de ley, con la «adopción» de las enmiendas de la oposición, un remiendo aquí y un recorte allá y, claro está, se volvió a votar. Y entonces sí que se pudo aprobar la cosa.

En el pleno de ayer, el Gobierno volvió a tener suerte. Claro está que nuestros gobernantes pueden aludir que la suerte es para quien se la trabaja. Y ellos, en eso, son imbatibles. No se distraen ni los veinte segundos en los que la socialista Irene Novales se equivocó con el sistema. Es lo que tiene estar tan ajustados de mayorías en el Parlamento. Que, en un chasquido, se aprueba una ley en la que la oposición democrática se había empleado a fondo por no estar de acuerdo con un proyecto que financia Udalbiltza, los gastos derivados de la promoción y propaganda del plan unilateral del lehendakari Ibarretxe, las ayudas para los viajes de los familiares de presos de ETA, entre otras cosas, eta abar, eta abar. Ayer Atutxa reconoció haber visto por un momento los 37 votos negativos de la oposición en el panel. Pero luego uno se esfumó. En un ¿ay! se quedó en 36 . Y fue el momento de gloria del Gobierno en el que aprovechó la ocasión para dar por aprobados los Presupuestos.

Los expertos, desde luego, tendrán que estudiar el caso. Y los socialistas tendrán que espabilar porque, con estos despistes, no se ganan las elecciones por mucho plan de 'label' Guevara que tengan en la recámara. De momento, no hay protestas que valgan. Atutxa aprovecha todo lo que sea bueno para su convento.Y, en ese estado de euforia en el que se encontraba al conocer el archivo de su caso, le traicionó el subconsciente. Tan condicionado como ha estado por el mundo de la judicatura al no querer disolver el grupo de la ilegalizada Batasuna en la Cámara, ayer, al explicar su decisión de no querer repetir la votación, dijo «la justicia está aplicada correctamente». ¿No querría decir el reglamento?

La batalla de Salamanca
Editorial La Razón 29 Diciembre 2004

La ministra de Cultura, Carmen Calvo, anunció ayer que su Departamento ha accedido a la devolución de los documentos del Archivo de Salamanca, solicitados por la Generalitat de Cataluña, tras oír la recomendación de una llamada Comisión de Expertos. El Gobierno del PSOE paga así su peaje político al apoyo institucional de ERC en la investidura de Rodríguez Zapatero y su respaldo a los Presupuestos Generales del Estado. La consejera catalana de Cultura, Catalina Mieras, ya ha puesto fecha, el 10 de enero, para organizar el retorno de los «papeles de Salamanca». Eso sí, Mieras ha asegurado que la Generalitat trasladará al Archivo de Salamanca «el cuádruple» de la información, pero digitalizada. La decisión de Zapatero, el desmembramiento del Archivo de la Guerra Civil, contradice el sentido último de toda colección, su unidad; plasma el móvil político de todo este «problema» y abre la puerta a reclamaciones infinitas de un sinfín de comunidades, instituciones y particulares que ven así justificación a emprender su particular batalla de Salamanca. Por no hablar de otros documentos, sobre los más variados asuntos, que serán reclamados «con justa causa» por sus respectivos agraviados.

El mismo día en que Carmen Calvo anunció la entrega de los «papeles de Salamanca» también avanzó que se constituirá el Patronato del Archivo de la Corona de Aragón. El sueño de Maragall está cada vez más cerca. Y Calvo no va a cejar hasta hacerlo realidad.

Legajos al viento
Aleix VIDAL-QUADRAS La Razón 29 Diciembre 2004

Extraños tiempos éstos en los que en España todo lo que separa es bueno y todo lo que une es objeto de rechazo. Tenemos ya debidamente divididos, entre otras muchas cosas, el sistema educativo, la sanidad pública, la política agraria, la gestión de las políticas activas de empleo, los medios materiales de la Administración de Justicia y los puertos de interés general. Los aeropuertos, el Servicio Meteorológico Nacional, la caja única de la Seguridad Social, el Tribunal Constitucional, El Banco de España, la representación del Estado en los organismos internacionales y el Consejo General del Poder Judicial aguardan temblorosos su turno para ser hendidos en trozos por el hacha de la reivindicación particularista. En esta loca carrera hacia la desaparición de nuestro antiguo, sufrido y resignado país, le toca ahora la vez al Archivo General de la Guerra Civil.

Hay que reconocer a los nacionalistas una perseverancia digna de encomio. Cuando fijan sus ojos vengativos en una presa son capaces de mantener el acecho durante decenios sin aflojar un ápice hasta que la pieza cae en su insaciable zurrón. Pronto del Archivo General no quedará más que el recuerdo porque tras reconocer el derecho de la Generalitat de Cataluña a recuperar los documentos que le fueron incautados, vendrán las reclamaciones del Gobierno vasco, de los partidos políticos, de los sindicatos, de toda suerte de asociaciones y, por último, de centenares de particulares que también vieron sus papeles requisados por el aparato represor puesto en marcha por la dictadura. ¿O es que hay alguna duda de que la Generalitat catalana no posee mejores títulos para exigir el regreso de lo que se le confiscó que los que tienen el Partido Socialista o Unió Democàtica de Catalunya o el PNV o los herederos de Martínez Barrio o de Josep Obiols?

Los elaborados dictámenes de comisiones de expertos son tan interesantes como inútiles. Siempre ha estado claro que esta polémica tenía un carácter político y que la decisión final sería tomada bajo criterios asimismo políticos. En términos estrictamente archivísticos, la dispersión del material almacenado en Salamanca es un disparate porque es el hecho de estar reunido en una única sede lo que le presta su valor y su utilidad. Su origen reprobable, el uso de la fuerza por parte del vencedor en un enfrentamiento armado, acabaría con casi todos los archivos y museos más importantes del mundo. El problema es simbólico. Los nacionalistas, perdedores de una guerra cruenta en 1939, quieren ganar la pugna parcialmente incruenta –la existencia de ETA impone el adverbio limitador– emprendida desde la transición para conseguir su propósito secesionista. La batalla de Salamanca es una más de ese largo proceso. Los legajos del Archivo de la Guerra Civil, a los que el tiempo ha impregnado de inocencia, serán dispersados por el viento amargo de la revancha destructora.

Contra la unidad del Archivo... y de España
EDITORIAL Libertad Digital 29 Diciembre 2004

La decisión de la ministra Carmen Calvo de entregar parte del Archivo de Salamanca a la Generalitat de Cataluña era una decisión cantada, visto el entreguismo a los nacionalistas que caracteriza al Gobierno de ZP. Si este Gobierno está dispuesto a fragmentar la nación en un todavía indefinido número de “naciones” y “comunidades nacionales” con tal de satisfacer las demandas del tripartito catalán, lo sorprendente hubiera sido que ahora hubiera denegado esta demanda de los nacionalistas que viene a fragmentar la unidad de uno de los archivos más importantes de nuestro país.

Lo que resulta patética es la forma escogida por el Gobierno de ZP para tratar de camuflar su cesión ante unas pretensiones que no tienen justificación alguna desde el punto de vista académico y que, desde el Ejecutivo, tan sólo tiene como objetivo tener contentos a sus insaciables socios de gobierno. Esta no ha sido otra que la de nombrar una “comisión de expertos” ad hoc que trate de desviar la atención del público ante la desconsideración del Ejecutivo ante una fractura documental y atropello cultural que obedece a puros —más bien impuros—criterios políticos. Que el Gobierno diga ahora que “acata” la decisión de los expertos cuando previamente ha tenido buen cuidado en elegirlos entre aquellos que no están dispuestos a dejar insatisfechas las pretensiones de los nacionalistas, es el colmo de la desfachatez y la hipocresía. Además de que, salvo una excepción, ninguno de estos “expertos” que integran la comisión de marras se ha molestado en viajar a Salamanca, la mayoría de ellos tiene un marcado “perfil” que permitía conocer el mensaje en función del mensajero. Y si no, ahí está el ex presidente del Parlamento catalán, Joan Rigal, como botón de muestra del grado de “independencia” y “rigor científico” que caracterizan a los “expertos” elegidos por ZP.

Aunque el Gobierno quiera lavarse las manos ante un asunto que, en realidad, es de su estricta responsabilidad, lo cierto es que esta medida del Ejecutivo va agravar todavía más la crispación entre las distintas partes de España, por culpa de la reiterada incapacidad de ZP de dejar insatisfechos a sus desestabilizadores socios de Gobierno. Tras denegar el agua al levante, se boicotea la candidatura de Madrid y ahora se despoja a Salamanca de parte de un patrimonio histórico nacional sin razón de peso alguna salvo los intereses particulares del PSOE.

El separatista Carod-Rovira se jactaba hace poco de que “todo lo que he dado y seguiré dando a Zapatero no ha sido ni será por nada”. De nada bueno para España, le faltó decir a quien se fue a Perpiñan a ver cómo podían, según los propios terroristas de ETA, “colaborar en la profundización de la crisis del Estado Español”. En lo político, en lo simbólico o en lo histórico, de eso se trata.

Carta abierta a Carmen Calvo
Incultura totalitaria
Agapito Maestre Libertad Digital 29 Diciembre 2004

Señora ministra de Cultura:

Permítame unas líneas sobre su indecisión (sic) ante la exigencia de los social-nacionalistas para trasladar el Archivo de Salamanca a Barcelona. No quisiera desazonarla, pero tengo la obligación de llamarle la atención por su falta de talento y coraje civil en este asunto. Carencia de talento, sí, muestra usted cuando afirma que España expolió a Cataluña en la Guerra Civil. Ésta, como sabe cualquier bachiller, fue una guerra en España, en toda España, incluida Cataluña... ¡Un poco de seriedad y rigor democrático!. Pero esto no es nada comparado con su suspensión de juicio a la hora de tomar una decisión sobre el Archivo de Salamanca, que tendría que ser contrastada, siguiendo la lógica democrática, en el Consejo del que usted forma parte. Aquí, querida amiga, ya no se trata de falta de inteligencia, sino de algo más grave, que se conoce por el nombre de cobardía. Es usted, verdaderamente, cobarde, civilmente hablando, cuando dice que la decisión está tomada, porque así lo ha dictaminado el Informe elaborado por la Comisión de Expertos, que usted misma nombró para que le diera la "razón.

Pero su pusilanimidad apolítica y, por lo tanto, totalitaria no reside en el montaje grotesco de la citada Comisión, ni siquiera en los nombres de sus componentes, gentes acostumbradas a vivir sin columna vertebral, sino exactamente en que usted se someta al dictamen más o menos "técnico" de esa Comisión. Su cobardía, pues, no es otra que renunciar a la tarea de Gobierno, o mejor, a la faena política de la decisión por la que usted fue nombrada en su puesto. La cuestión es grave, porque, como cualquier estudiante de Ciencia Política sabe, quien renuncia a decidir porque se deja avasallar por un informe "más o menos técnico" de una Comisión, o por un dictamen jurídico más o menos ajustado a la institución del derecho, está pisoteando el noble arte de la política en nombre del totalitarismo.

Sí, amiga, totalitario es la palabra que le cuadra a su cobardía; pues que totalitario no es sólo quien violentamente niega al otro, sino también quien es incapaz de distinguir entre poder político, ciencia y derecho. Quien, como usted, identifica esos tres ámbitos está renunciado a la esencia de la sociedad democrática: la división social y, entre ellas, la división de poderes y de capacidades de tomar decisiones en diferentes ámbitos del Estado de Derecho. Usted, querida amiga, al ponerse al abrigo de una vulgar Comisión de Expertos renuncia a su identidad política, o sea, a la capacidad de decidir como ministra. Y, sobre todo, lleva a sus compañeros de Gabinete al suicidio democrático, porque jamás les dará la posibilidad de emitir su voz, su opinión, en definitiva, de hacer política en ese órgano colegiado que es el Consejo de Ministros.

No me extraña, por lo tanto, que su falta decisión, señora ministra, perturbe al más plantado en la democracia española. Su comportamiento tecnócrata y "apolítico" ha trastornado el orden y el estado de las cosas. Una ministra que renuncia a decidir no tiene ninguna legitimidad para seguir en el Gobierno de la Nación. Una ministra que impide a sus compañeros de Gabinete opinar sobre el traslado de los legajos del Archivo de Salamanca a Barcelona carece de credibilidad democrática para seguir en su puesto. Una ministra que se limita a ejecutar lo que le dice un Comité de Expertos no es nada. Naturalmente, nada que tenga relación con la política democrática.

Conclusión: Dimita. Porque una ministra está para tomar decisiones, pero si deja que otros decidan por ella no es digna de ocupar el cargo de ministra de España.

La espantada de Caldera
Ignacio Villa Libertad Digital 29 Diciembre 2004

El anuncio realizado por la ministra de Cultura sobre el futuro de los papeles del Archivo de Salamanca es la confirmación de cuál es el modo en que hace las cosas de este Gobierno. Se están convirtiendo en unos auténticos expertos en escurrir el bulto. El Ejecutivo socialista dice ahora que acata la decisión de los expertos. Curioso. Teniéndolo todo perfectamente amañado, ¿pretenden que nos creamos ahora la historieta? Definitivamente, esto es un choteo.

Después de la que han montado con los papeles, ahora resulta que Carmen Calvo dice en los pasillos del Congreso que la decisión política del traslado está tomada y que el Consejo de ministros no tiene nada que decidir. Una entrega más de la manipulación y de la forma de mentir de este Ejecutivo. Prefieren huir del último tramite del Consejo de ministros, dando por decidido el traslado. Una actitud vergonzante a todas luces.

Por cierto, Jesús Caldera, ¿qué dice sobre este traslado? No le veo detrás de la pancarta pidiendo la permanencia de los papeles en su ciudad. Caldera juega de nuevo al escondite del mismo modo en que lo está haciendo con la página de losgenoveses en la que está implicado su actual jefe de Gabinete. Lo que ocurre es que con los papeles del archivo castellano se está jugando su futuro político en su propia provincia. ¿Creen ustedes que alguien en Salamanca votará a Caldera cuando ha sido incapaz de levantar la voz en el Gobierno pidiendo algo tan sensato como que no se desmiembre el archivo?

Lo cierto es que hasta no hace muchas semanas el ministro de Trabajo había sido uno de los miembros del Gobierno Zapatero que había pasado más desapercibido. Centrado en su ministerio, sin resultados muy provechosos, pero sin llamar la atención. Este mes, sin embargo, no ha sido el de Caldera. Primero lo de la elaboración desde el grupo parlamentario socialista de la página injuriosa de losgenoveses, y ahora su espantada ante el traslado de los papeles del Archivo de Salamanca. Caldera con esta actitud pone en peligro su escaño en el futuro. Aunque, la verdad, después de lo del typpex se puede esperar cualquier cosa.

Los muertos en el armario de ZP
Isabel Durán Libertad Digital 29 Diciembre 2004

Las mentiras tienen las patas muy cortas. Y las trampas también. Este Gobierno de tahúres empieza a ver cómo salen los muertos del armario. A los 192 asesinados por los terroristas y al millar y medio de heridos hay que sumar la trapacería con la que se obtuvo la victoria en las urnas. Por vez primera el fantasma de la ilegalidad irrumpe con nitidez sobre el Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero.

La Comisión de no-investigación del 11-M, aunque ha decidido su entierro a plazos, debe reabrirse sin falta tras las fiestas navideñas (que para sus señorías finalizan en febrero) y llamar a declarar a Julio Pérez Sanz, al ministro Jesús Caldera y a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

Al primero, actual jefe de gabinete del ministro de Trabajo, como responsable de la página web que convocó ilegalmente a los ciudadanos ante las sedes del PP vulnerando la jornada de reflexión y por tanto la liturgia democrática española establecida por nuestras leyes para la celebración de las elecciones. Los entonces jefe y secretaria general del grupo parlamentario socialista, Caldera y de la Vega, deben dar explicaciones sobre lo realizado por Pérez Sanz en Los Genoveses.net con la agravante de que eran sus jefes y le permitieron, fomentaron, indujeron o negligentemente ignoraron, la utilización de un despacho público, pagado con dinero de todos los españoles y ubicado en el recinto que acoge la soberanía popular. No cabe mayor dislate ni mayor vulneración de la legitimidad democrática.

El responsable de todos ellos, José Luis Rodríguez Zapatero mintió a la Comisión cuando aseguró desconocer las manifestaciones ilegales convocadas durante la jornada de reflexión. O mintió Pérez Rubalcaba, cuando en esa jornada aseguró hablar en nombre del secretario general del PSOE, es decir de Zapatero y con el consentimiento de éste.

Lo conocido ahora no es mera cuestión de reyertas políticas sin importancia. Estamos hablando de la supuesta vulneración del Estado de Derecho para alcanzar el poder. Aunque el entierro parlamentario de la Comisión se consume gracias al PSOE y a sus aliados, los fantasmas seguirán colándose por las rendijas del armario. Porque la verdad es tozuda y siempre aflora, pese a quien pese.

DESPROPÓSITO EN EL ARCHIVO
BENIGNO PENDÁS ABC  29 Diciembre 2004

Emboscada navideña contra el Archivo Nacional con sede en Salamanca. Despropósito colectivo que alimenta una triste sospecha: si falla el anclaje moral entre los españoles, de nada sirven los requiebros jurídicos. Si no compartimos la memoria colectiva, las selecciones deportivas o las instituciones culturales, ¿a quién importa la reforma de una o de cien leyes orgánicas?

Responsable principal: Rodríguez Zapatero, leonés nacido en Valladolid, y su precaria mayoría que intercambia votos coyunturales por bienes inalienables. La ministra de Cultura es una pieza menor. Entierra en este asunto los restos de su crédito político. Es muy dueña, pero debe ser consciente de que «cada cual es hijo de sus obras», valga la cita de cara al año cervantino. El egoísmo insolidario de los nacionalistas excluyentes ofrece aquí y ahora su versión más antipática. También la más rídícula y provinciana. La sedicente «Comisión por la dignidad» estará muy satisfecha. Me consta, sin embargo, que muchos catalanes de bien están seriamente preocupados por el futuro. Otra vez el aniversario: Barcelona, ¿archivo de la cortesía? Turno para los expertos. Felices ellos que todo lo tienen claro. No les conmueven las reglas universales de la Unesco, ni les concierne el interés legítimo de la España constitucional. No es extraño, vista la mezcla peculiar de oportunistas sin fronteras, juristas serviciales e intelectuales de izquierda jaleados por el PP hasta el 14-M. Último capítulo, tal vez el más triste. Los socialistas de Castilla y León no se atreven a mirar a su gente a la cara. La Asociación regional de Archiveros cumple la función minúscula que Marx definió con el término «alienación». Los representantes de la Junta -incluido algún historiador ilustre-sucumben entre excusas infantiles, pretextos fútiles y falta de gallardía moral. Un panorama desolador para los que defendemos una España moderna, abierta y orgullosa de su potencia cultural.

¿Algún consuelo? La certeza de una firme respuesta cívica en Salamanca. Unas cuantas personas valiosas, de una y de otra ideología, que forman parte del Patronato. La palabra inteligente y precisa de Gonzalo Anes: ¿quién mejor para presidir una comisión objetiva de expertos? La memoria de Torrente Ballester, muy por encima de cualquier ofensa proferida por ignorantes incapaces de leer cinco páginas seguidas de «La saga/fuga de JB».

Cataluña
Políticos con tirón y con empujón
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 29 Diciembre 2004

Aunque el tribuno, escaldado, no fuera muy explícito en sus quejas del sábado durante el homenaje a Francesc Macià, la audiencia sabía perfectamente que en el fondo de sus lamentaciones latía la frustración porque casi nadie se había sumado al intento de boicotear la candidatura olímpica de Madrid. Apenas la claque fanatizada que acompaña a todo caudillito. Una nueva prueba del peso real de Carod en la sociedad catalana, una buena lección para los despistados que lo magnifican y para los socios consagrados a la política de la aritmética y al cálculo del poder.

El sábado le reprochó el autosatisfecho Carod a Cataluña, el país que anhela presidir tras la transición pascualina a ninguna parte, su "poca capacidad de resistencia", y lamentó "que al primer tirón todo tiemble". Al taumaturgo que convirtió una entrevista con ETA en un motivo para votarle, le parece que los tirones que le da periódicamente a la convivencia no son suficientes, y que si Cataluña fuera un país con más cuerpo (sí, él lamenta su "poco cuerpo nacional"), si Cataluña fuera un país merecedor de un líder como él, todo el mundo resistiría, nada temblaría a la primera de cambio y se podría ir dando impunemente tirón tras tirón hasta que muy pacíficamente se viniera abajo el edificio institucional, que es de lo que se trata. Es el mismo espíritu de la célebre canción o himno L’estaca de Lluís Llach, sólo que Franco ya cayó, de muerte natural, hace tres décadas: "Si jo l’estiro fort per aquí i tu l’estires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba, i ens podrem alliberar" (Si yo la estiro fuerte por aquí y tú la estiras fuerte por allá, seguro que cae, cae, cae, y nos podremos liberar.) Es curioso que tomba, además de "cae", signifique "tumba").

Que no se preocupe el líder de ERC por no tener a su disposición al país resistente y corpulento que desearía. A pesar de la actitud para él incomprensible de los empresarios catalanes, tan insolidarios, tan débiles que prefieren seguir llevándose bien con su mercado doméstico y que incluso se alegran de que Madrid pueda organizar unos Juegos Olímpicos, la estrategia de la demolición a empujones o tirones cuenta con un aliado poderoso: el presidente del gobierno español. ¡Quién se lo iba a decir a los separatistas! Cómo iban a imaginar que la gran manipulación histórica y la voladura del dique de contención conocido como consenso constitucional la iban a consumar agarraditos de la manga del traje vacío que ocupa la Moncloa desde aquel tirón sangriento del islamismo et altri.

Involución a la vasca
Juan BRAVO La Razón 29 Diciembre 2004

El respeto de los nacionalistas a los valores esenciales del Estado de Derecho es curioso y sintomático. Todo es positivo y creíble mientras que los distintos poderes del sistema democrático no choquen con sus intereses. Por eso, el ordenamiento jurídico es estupendo si los tribunales archivan de forma ignominiosa la querella contra Atucha por desobedecer al Tribunal Supremo. Pero los mismos no vacilan en atropellar la legalidad al servicio de sus intereses. La presidenta de EA, Begoña Errazti, aseguró ayer que el Plan Ibarreche no concluirá en la votación parlamentaria de mañana ni en los próximos comicios autonómicos, ya que su objetivo es convocar un «referéndum» la próxima legislatura «con la aprobación del Estado o sin ella». O lo que es igual, violentando la Ley. Errazti, como otros nacionalistas, demuestra día a día su auténtico carácter antidemocrático y totalitario y no duda ni un minuto en amenazar con subvertir el orden constitucional con iniciativas políticas claramente involucionistas. Anuncian un referéndum para el que no tienen competencia, y lo quieren celebrar en un ambiente sin libertad política, mediatizado por la amenaza terrorista y por un régimen nacionalista que asfixia el pluralismo de la sociedad vasca.

Emergencia civil
JOSEBA ARREGI El Correo 29 Diciembre 2004

Está llegando el momento álgido de la política vasca de estos larguísimos últimos años. Un momento compuesto de varios momentos. Se ha votado el plan Ibarretxe en la comisión parlamentaria correspondiente. Mañana se votará en pleno. Según el resultado, se volverá a votar, ya por todos los ciudadanos vascos, en las próximas elecciones autonómicas, pues será el programa del PNV. Y quizá todavía habrá que votarlo como consulta popular.

Está visto que vamos a tener que beber de este cáliz hasta las heces. No pasará de largo. Y nada tiene de extraño que no se hayan atendido algunas súplicas teniendo en cuenta a los actores del drama. Hay que ir hasta el final del camino, aunque no conduzca a ninguna parte. Al precio que sea.

Ha llamado la atención el que el plan Ibarretxe continúe su trámite parlamentario gracias a la abstención de Sozialista Abertzaleak. Siendo ello importante en sí mismo, siendo importante ver cómo, a pesar de todos los pesares, la izquierda nacionalista radical encuentra siempre algún resquicio para proclamar que están ahí y que habrá que contar con ellos si se quiere hacer país nacionalista, algunas de las manifestaciones de los portavoces nacionalistas son aún más importantes para la sociedad vasca.

Los medios de comunicación citaban a Arnaldo Otegi proclamando la defunción definitiva del Estatuto de Gernika. De tanto devaluar el Estatuto en función de su carácter impedimental para alcanzar la paz; de tanto terminar odiándolo algunos porque representa la imposibilidad de la definición hegemónica nacionalista de la sociedad vasca; de tanto detestarlo por representar pacto, compromiso, mezcla e impureza en contraposición a la claridad y homogeneidad del discurso que sólo reconoce la nación vasca homogénea en el sentimiento de pertenencia exclusivo a ella; de tantos escenarios de superación del marco; de tanta prestidigitación e ingeniería jurídico-constitucional parece que no importa ya nada si el Estatuto está vivo o muerto, si está definitivamente enterrado.

Se ha llegado, por parte de algunos, a tal punto en esta cuesta abajo de degradación del valor del Estatuto que hay quien piensa que defender el marco que legitima que las haciendas forales nos puedan extraer impuestos y que la Ertzaintza pueda, legítimamente, hacer uso de la fuerza, detener a los delincuentes y poner multas de tráfico, es ya cuestión de parte en la política vasca.

Pero declarar por definitivamente muerto el Estatuto de Gernika es hurtar a todos los habitantes de esto que se denomina Comunidad Autónoma de Euskadi la categoría de ciudadanía. Se ha creado tal marabunta conceptual en la política vasca que se ha olvidado que sin Estatuto no hay ciudadanos, sino simples habitantes de algún territorio sin delimitar. Para que haya ciudadano tiene que haber Estado. Y Estado existe en este territorio denominado Comunidad Autonoma del País Vasco-Euskadi gracias a la existencia del Estatuto de Gernika. Sin Estatuto no hay ciudadanía. Sin ciudadanía no hay ni definición de libertades individuales ni garantía de derechos.

La afirmación de Arnaldo Otegi nos expulsa a las tinieblas exteriores, nos expulsa del reino de la ciudadanía a la selva de la naturaleza, a la selva de la indefinición. Llama la atención que algunos no perciban la dimensión de este problema. Argumentando como lo estoy haciendo en estas líneas, un interlocutor me espetó si no existían euskaldunes antes del Estatuto de Gernika. Y le contesté que ciertamente podían existir euskaldunes, más seguramente guipuzcoanos, vizcaínos y alaveses, al igual que bilbaínos, donostiarras, vitorianos e incluso andoaindarras. Pero no ciudadanos. La calidad de ciudadano significa precisamente que sus derechos no están vinculados y limitados a su ser euskaldun, católico, hombre, mujer, heterosexual o dotado de una identidad determinada.

Alguien, Arnaldo Otegi, ha proclamado mi no ciudadanía, me ha desnudado de mi calidad de ciudadano. Pero no termina ahí el desvarío. Quizá no sea eso lo peor. Porque, aun dejando de ser ciudadano, me podía quedar el ser vasco, aunque no se sepa bien lo que significa exactamente. Pero hete aquí que otro portavoz nacionalista, Joseba Egibar, portavoz del PNV en el Parlamento vasco, quien por muy pocos votos no llegó a ser presidente del PNV, afirma, según dicen los medios de comunicación, que quien sea vasco se tiene que sentir cómodo con el plan Ibarretxe, y que si alguien no se siente cómodo en dicho plan es que no es vasco.

Alguien que desde un principio, desde que se dio a conocer ese plan, después de haber seguido con atención los debates que ha provocado, después de leer con atención el librito-catecismo publicado por el Gobierno vasco respondiendo a cuestiones que pudiera suscitar el plan, se ha sentido incómodo y ha manifestado repetidas veces en público su posición contraria al plan, a sus presupuestos, a lo que supone y a sus consecuencias, ha sido expulsado fuera de la comunidad que engloba a los vascos.

Un portavoz nacionalista me hurta mi condición de ciudadano. Otro portavoz nacionalista me hurta mi condición de vasco. Quieren provocar mi desnudez política total: no soy un ser político, sino que quedo reducido a mi ser biológico. Y aunque me resultara demasiado fácil incluir en este punto algunas referencias a Hannah Arendt, a Michel Foucault y a Giorgio Agamben, a lo que piensan de la reducción de la política a biopolítica y las connotaciones que se derivan de esa reducción, voy a resistir por ahora la tentación.

Y la resisto porque me parece que entre triunfalismos, derrotismos y frivolidades juguetonas algo muy serio está sucediendo en nuestra política. Y lo serio no es ni siquiera que el plan Ibarretxe haya pasado la primera instancia de ser votado en Comisión. Lo grave es que con esa ocasión el nacionalismo actual imperante ponga de manifiesto el significado profundo del plan, lo que le acompaña como principio inspirador, desde qué contexto de principios hay que entender lo que el plan pretende. Porque aunque el plan no salga adelante, la opinión puesta de manifiesto por Otegi y Egibar es la opinión de una forma de entender el nacionalismo que implica una situación de emergencia social: en la sociedad vasca existen vascos nacionalistas. Y los demás, los que no lo son, constituyen una categoría aparte, la categoría de los otros, los que no quedan incluidos en el nosotros de la sociedad vasca.

Alguien podrá consolarse diciendo que siempre nos queda la Constitución, y que gracias a ella no quedamos desposeídos de nuestra condición de ciudadanos. Pero es un mal consuelo porque muchos vascos no queremos una Constitución si no es con el Estatuto de Gernika y sus posibilidades de reforma, porque no nos aferramos a una ciudadanía abstracta simplemente, sino a una ciudadanía capaz de integrar en ella la realidad de ser vasco, sin que la ciudadanía quede sometida a esta realidad ni sea agotada en su validez de derecho por esta realidad.

Tampoco es consuelo, sino fuente de profunda tristeza, comprobar cómo desde el plan Ibarretxe, dede la concepción del nacionalismo en la que se inspira el lehendakari autor del plan que lleva su nombre, se está produciendo una jibarización de la nación vasca. Es un caso clarísimo en el que una determinada forma de entender el nacionalismo está haciendo imposible la nación. La doctrina nacionalista que inspira el plan del lehendakari, en lugar de preguntarse cómo se construye nación vasca a partir de la sociedad real que existe y respetándola en su pluralismo de sentimientos de pertenencia, pretende coger el atajo y hacer nación renunciando a la sociedad en su conjunto, quedándose sólo con los que se sienten a gusto con su plan, con más o menos la mitad de la sociedad vasca.

Es fácil ser nacionalista con la mitad de la sociedad. Lo difícil es ser nacionalista teniendo en cuenta al conjunto de la sociedad vasca. Claro que esta forma de ser nacionalista exige la revisión de algunos dogmas inamovibles del nacionalismo actual. Y como no está dispuesto a ningún cambio -no es verdad que hayan hecho del cambio su meta política máxima: quieren cambiar todo para no tener que cambiar su propio planteamiento-, es preciso expulsar a una buena parte de la sociedad fuera de la comunidad de vascos.

Estamos en una situación de emergencia realmente grave. Y si alguien cree que sólo son juegos sin consecuencias, se equivoca. Nadie pone en cuestión las bases de la convivencia sin pagar un alto precio por ello. Antes o más tarde.

NUEVO ESCÁNDALO EN EL PARLAMENTO VASCO
Ibarretxe saca adelante sus Presupuestos gracias a un "pucherazo electrónico" amparado por Atutxa
Se esperaba un empate en la votación de los Presupuestos porque los grupos que conforman el Ejecutivo de Vitoria suman 37 votos a favor, los mismos que los de PP, PSE y la antigua Batasuna-ETA, en contra. Pero un fallo electrónico ha impedido votar a una parlamentaria socialista. Pese a que Rodolfo Ares pidió repetir la votación ante el "pucherazo electrónico", el presidente de la Cámara se ha negado. Poco antes, el PNV había hecho público en el debate el archivo de la causa contra Atutxa por su negativa a disolver Batasuna.
EFE Libertad Digital 29 Diciembre 2004

El Gobierno de Ibarretxe ya tiene cuentas para 2005 tras imponerse en la votación del Parlamento los 37 votos favorables de PNV, EA e Izquierda Unida a los 36 en contra de PP, PSE y la antigua Batasuna. Aunque se preveía un empate, un fallo técnico impidió votar a una parlamentaria socialista.

Tras constatar el fallo, el portavoz del PSE en la Cámara, Rodolfo Ares, reclamó de inmediato que se repitiera la votación para subsanar la deficiencia técnica. "Toda la Cámara ha podido comprobar la intención de voto de mi compañera", indicó, en referencia a un instante en el que se pudo ver en el panel del cómputo de votos un empate técnico, algo reconocido por el propio Atutxa. Sin embargo, de forma inmediata, en la pantalla se visualizaron 37 votos a favor y 36 en contra.

Ares insistió en solicitar que se adoptaran las medidas pertinentes y se procediera a repetir la votación, ya que, según señaló "existen precedentes de este tipo". El presidente de la Cámara replicó que Ares "no se encontraba en el uso de la palabra" y dio paso a la votación de las enmiendas. En los pasillos del Parlamento, Ares definió lo ocurrido como un "pucherazo electrónico" del que responsabilizó al propio Atutxa. Dijo que lo ocurrido es un hecho "gravísimo" porque el presidente de la Cámara ha "impedido" que una parlamentaria ejerciera su voto. Dio a conocer que existe desde hace trece años un informe elaborado por los servicios jurídicos del Parlamento Vasco en el que se señala que en caso de problemas en la emisión del voto electrónico se debe repetir la votación.

Por su parte, Leopoldo Barreda (PP) acusó a Atutxa de, "una vez más, haber puesto a la Cámara al servicio del Gobierno" y de escudarse en un "evidente error o fallo mecánico" porque la parlamentaria afectada manifestó su "voluntad de emitir un voto diferente".

La Cámara solicita a la Xunta que apoye el doble topónimo
Redacción / A Coruña El Ideal Gallego 29 Diciembre 2004

El pleno de la Cámara de Comercio aprobó ayer por unanimidad apoyar la decisión del Ayuntamiento que aboga por la coexistencia oficial de la doble denominación de A Coruña, en gallego y castellano, acuerdo que trasladó por escrito a la Xunta antes de que tome una decisión sobre el conflicto.
En una nota de prensa, la institución destaca la “raigambre histórica” que tiene la “L” en el topónimo de A Coruña y el amparo que la ley de grandes ciudades le ofrece, al posibilitar la “convivencia armónica” entre gallego y castellano.

Todos los miembros del pleno de la Cámara se mostraron favorables a esta postura y, en su escrito al presidente de la Xunta, le instan a que la valore, porque expresa el “sentimiento común de la mayor parte de la ciudadanía, que no entiende que se obvie la denominación en español del nombre de su ciudad”.

Finalmente, este organismo felicita al Ayuntamiento por haber decidido la doble denominación de la ciudad, y se adhiere al acuerdo.

El portavoz del PP, Jaime Pita, recordó el lunes que la Xunta ha recurrido la decisión del Ayuntamiento coruñés de recuperar el artículo en castellano del topónimo de la ciudad, si bien apuntó la posibilidad de una reforma de la Ley de Normalización Lingüística para posibilitar la “convivencia armónica” entre ambas lenguas.

La deriva nacionalista de los socialistas vascos
GOTZONE MORA El Mundo 29 Diciembre 2004

En los últimos días y al hilo de la propuesta planteada por el PSE-EE bajo el título Bases para la actualización y reforma del Estatuto de Autonomía se ha producido en los medios de comunicación un cruce de opiniones enfrentadas por parte de personas pertenecientes o cercanas a dicho partido político.

Personalmente, en mi condición de afiliada y de concejala electa por esta formación en el Ayuntamiento de Getxo,
considero necesario presentar mi opinión a la ciudadanía con la intención, al menos, de que sea cual fuere el rumbo que finalmente adopte el PSE-EE no quepa afirmar la inexistencia de voces críticas en el seno del partido en contra de la citada propuesta.

En mi opinión, la iniciativa adoptada yerra cuanto menos en dos aspectos fundamentales. Por un lado, en su contenido y, por otro, dado el contexto político en el que nos encontramos -lo que puede considerarse al menos tan grave como lo anterior-, en su oportunidad, es decir, el momento elegido para presentar esta propuesta.

En primer lugar, y en lo que al documento se refiere, cabe calificar como de profundamente criticables diversas iniciativas formuladas en el mismo, máxime cuando provienen del Partido Socialista, cuya virtualidad y pretensión debiera ser la de constituir un partido nacional (español, por supuesto, que todo debe puntualizarse dada la inclusión de determinados conceptos presentes en el documento del PSE-EE).

En este sentido, resulta a todas luces improcedente la referencia al concepto de «comunidad nacional» que aparece
reiteradamente en el texto. Como brillantemente han señalado Santiago González y Florencio Domínguez en distintos artículos publicados en días pasados, las reminiscencias totalitarias (franquistas y del nacional socialismo alemán) de una expresión como la anterior resultan incontestables y deslegitiman cualquier intento de hacer suyo un concepto tan peligroso por parte de un partido democrático, y más en pleno siglo XXI. Pero, aun aceptando que los encargados de elaborar la propuesta del PSE-EE hayan pasado por alto dicha circunstancia (lo cual en todo caso diría muy poco de su sensibilidad política), este intento de acuñar fórmulas nuevas que pretendan convertir a determinadas comunidades autónomas (Cataluña, País Vasco, entre otras) en entidades de primera dotándolas de un Estatuto federal o confederal y relegando al resto a un papel secundario, merece la mayor de las críticas y descalifica por completo a los autores de un documento como el referido.

Formulaciones de este tenor, fomentan lo que se podría denominar como nuevo racismo, totalmente extendido entre los nacionalistas vascos y catalanes y por el cual determinadas autonomías ostentarían un estatus superior al resto de las otras. A mi modo de entender, que un partido como el PSE-EE se sume al mismo barco que los nacionalismos resulta, cuanto menos, lamentable; ahora bien, tampoco sería de extrañar dada la deriva a la que está conduciendo el seguidismo ciego de las ideas del señor Maragall al socialismo vasco. Personalmente considero que si el PSOE asume una propuesta fundada en la aceptación de que el País Vasco es una «comunidad nacional», estará poniendo las bases efectivas para la ruptura de España.

Pero si este primer aspecto del documento causa tanta perplejidad como indignación, existen otros dos elementos de
la referida iniciativa que no me resisto a dejar de comentar (lamentablemente, por razones de espacio no puedo
extenderme en relación con otras circunstancias que a mi juicio resultan criticables).

En este sentido, la referencia que realiza al régimen de la Seguridad Social no puede por menos que causar asombro a cualquier demócrata convencido de su ideología. Y es que en el documento político del PSE-EE se sugiere claramente que al País Vasco le conviene continuar dentro del sistema general de Seguridad Social y dice textualmente «procediendo a la asunción de la competencia general en materia de gasto y a la cogestión del ingreso, sin romper la caja única», dada la dinámica de ingreso-gasto en la comunidad autónoma del País Vasco y las proyecciones futuras. Es decir, que como la ruptura de la caja única de la Seguridad Social sería deficitaria para el
País Vasco y con las cifras sobre la mesa lo será aún más en el futuro, el PSE-EE «se aviene» a que el resto de los españoles financien, en la medida en que haya déficit, nuestro régimen de Seguridad Social, mientras nosotros gestionamos lo que ellos aportan. Hay muchas formas de llamar a alguien tonto, pero pocas tan sibilinas como la que se recoge en el citado documento.

Además del punto anterior, también aparece otro que puede considerarse ciertamente grave. Me refiero, en concreto, al apartado relativo a la Administración de Justicia en el mismo y desde una iniciativa que suscribiría con los ojos cerrados cualquier buen nacionalista, se propone textualmente «la competencia del Tribunal Superior de Justicia para conocer de todos los recursos contra resoluciones judiciales, con la única excepción del recurso para la unificación de doctrina que deberá conocer el Tribunal Supremo». Creo, que ante una afirmación como la anterior huelga más comentarios.

Pero el documento del Partido Socialista de Euskadi, como he planteado al principio, resulta a mi juicio criticable no sólo por el contenido del mismo, sino igualmente por el momento en el que se produce. Ciertamente nos encontramos inmersos en fechas críticas para la estabilidad institucional de la comunidad autónoma vasca con el plan Ibarretxe a punto de ser objeto de debate por el Pleno del Parlamento Vasco. Ante dicha coyuntura, el PSE-EE nos propone un documento que a pesar de que algunos máximos dirigentes han acuñado como «más estatuto» no es otra cosa que «más nacionalismo», con el agravante de que viene avalado por un partido como el PSOE.

Lo lamentable e incomprensible es que en un momento histórico en el que el nacionalismo vasco se apresta a romper
en bloque con la legalidad constitucional e institucional, la mejor respuesta que se le ocurre ofrecer a la dirección del PSE-EE es un documento que supone de facto la ruptura del constitucionalismo como movimiento de resistencia ante la imposición nacionalista.

Por otro lado, propuestas como la comentada sólo contribuyen a dar la razón a los nacionalistas, pues saben que cada vez que lanzan una ofensiva de máximos siempre tienen al PSE-EE dispuesto a desempeñar el rol de buen samaritano cediendo, al menos, en parte a sus pretensiones (¿no será más bien el tonto útil dispuesto a dejarse utilizar con tal de entrar en el Gobierno de Ibarretxe?).

Quiero mostrar mi total discrepancia con la deriva que están tomando los acontecimientos. Si algo nos han enseñado los últimos 26 años es que el nacionalismo es expansionista e insaciable en sus pretensiones hacía el objetivo final (a saber, la independencia) y que las prebendas que la actual dirección del partido les quieren ofrecer sólo servirán para apaciguar temporalmente sus pretensiones.España no puede vivir en la inestabilidad permanente, no puede vivir condicionada por el chantaje continuo de quienes sólo representan una porción muy minoritaria de nuestra nación. El Partido Socialista no puede, por rentabilidad política, introducirnos a los españoles en semejante deriva.

Gotzone Mora es concejala del PSE-EE en el Ayuntamiento de Getxo y profesora de la Universidad del País Vasco.

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