AGLI

Recortes de Prensa     Martes 4 Enero 2005
Y ahora, qué
Jaime Ignacio del Burgo Libertad Digital 4 Enero 2005

Ni una sola concesión política
Editorial La Razón 4 Enero 2005

SOBERANÍA NACIONAL
BENIGNO PENDÁS ABC  4 Enero 2005

RESPONSABILIDAD DE TODOS
Ramón PÉREZ-MAURA ABC  4 Enero 2005

¿Un Estado de Derecho en tregua
EDITORIAL Libertad Digital 4 Enero 2005

EL PLAN DEL PSOE
César Alonso DE LOS RÍOS ABC  4 Enero 2005

MALA RESPUESTA
Ignacio SÁNCHEZ CÁMARA ABC  4 Enero 2005

Una nación a la deriva
José García Domínguez Libertad Digital 4 Enero 2005

LA FLOR EN EL CULO
Jaime CAMPMANY ABC 4 Enero 2005

AVISO ALAVÉS
Editorial ABC 4 Enero 2005

Silencio y ruido
Cristina Losada Libertad Digital  4 Enero 2005

Que ahora Bono se monte en un tanque
Julián LAGO La Razón 4 Enero 2005

Alucinaciones
Antonio PÉREZ HENARES La Razón 4 Enero 2005

El plan y el Constitucional
Iñaki EZKERRA La Razón 4 Enero 2005

Herméticamente abierto
Lorenzo CONTRERAS La Razón 4 Enero 2005

Oscuras maniobras
Lucrecio Libertad Digital 4 Enero 2005

Los papeles de Salamanca
Rubén Osuna Libertad Digital 4 Enero 2005

Perplejidades autóctonas
SANTIAGO GONZÁLEZ El Correo 4 Enero 2005

Álava ante el proyecto de nuevo Estatuto
JAVIER GUEVARA SALETA El Correo 4 Enero 2005

Por fin enero
Bruno AGUILERA La Razón 4 Enero 2005

Maragall y la reforma del Estatut
Francisco MARHUENDA La Razón 4 Enero 2005

Procedimientos
Editorial El Correo 4 Enero 2005

País de relojeros
JUAN JOSÉ R. CALAZA La Voz 4 Enero 2005

Tirar la piedra y esconder la mano
Cartas al Director ABC  4 Enero 2005

Alta traición
Cartas al Director ABC  4 Enero 2005

Cobardía
Cartas al Director Libertad Digital 4 Enero 2005

Difamar y mentir
Cartas al Director El Correo 4 Enero 2005

Rosa Díez: «Ibarretxe irá tan lejos como el Estado le deje»
G. LÓPEZ ALBA ABC  4 Enero 2005

El legislativo navarro califica de «gran usurpación» el plan y el Gobierno mantiene un recurso ante el Constitucional
B. L. ABC  4 Enero 2005

Navarra se une a la rebelión alavesa y dice que vetará cualquier intento de unirla al País Vasco
Redacción La Razón 4 Enero 2005

Manos Limpias sí impugna el «carpetazo» y cree «vergonzosa» la actitud del fiscal
R. L. V. La Razón 4 Enero 2005

Enriqueta Benito Secretaria General de Unidad Alavesa «Los alaveses tenemos la sartén por el mango. Nos saldríamos del País Vasco»
D. Mazón La Razón 4 Enero 2005

 

Y ahora, qué
Jaime Ignacio del Burgo Libertad Digital 4 Enero 2005

Se nos había anunciado la entrada en una nueva era de la relación del Gobierno con las comunidades nacionalistas. El buen talante de Rodríguez Zapatero iba a ser capaz de superar la crispación supuestamente generada por el Gobierno popular. La propaganda oficial saludaba alborozada la política de diálogo y de distensión. Por fin, había acabado la incomunicación entre los Gobiernos de Madrid y de Vitoria.

Desgraciadamente, la aprobación por el Parlamento vasco del plan Ibarreche nos devuelve a la cruda realidad. El nacionalismo nunca cede, ni desiste, ni le importa elevar la presión al límite de lo tolerable. De nada ha servido ni la política de gestos, ni jugar –relativizándolo- con el concepto de nación española, ni siquiera la asunción (cesión) del concepto de comunidad nacional vasca por los socialistas del País Vasco, con la sonriente complacencia del presidente del Gobierno, ni la supresión del delito de convocatoria ilegal de referéndum.

El nacionalismo es implacable y su objetivo final, nunca se olvide, es la independencia. El plan Ibarreche es inconstitucional por dos razones. La primera y fundamental, porque rompe la unidad de España. Euzkadi, tras el ejercicio del derecho de autodeterminación, se convierte en una comunidad soberana aunque, inmediatamente después decida libremente, en ejercicio de su soberanía, asociarse con el Estado español. Una asociación susceptible de ser disuelta cuando así lo desee el pueblo vasco.

El plan Ibarreche, y esta es la segunda causa de inconstitucionalidad radical, supone la disolución de la unidad territorial de España y, por tanto, niega al Estado español la posibilidad de llevar a cabo en el País Vasco todas aquellas políticas comunes atribuidas por la Constitución para garantizar el cumplimiento del principio de igualdad básica de todos los españoles y asegurar el libre ejercicio de sus derechos y libertades. La Administración General del Estado desaparecerá totalmente de Euzkadi. Y en las materias reconocidas al Estado en virtud del pacto de libre asociación de Euzkadi “con” España –la defensa, la política exterior y poco más-, todo deberá concertarse previamente con el Gobierno vasco. En suma, si no dicen desde ahora mismo adiós a España es para evitar el riesgo de quedar fuera de la Unión Europea.

El plan Ibarreche es un duro golpe al prestigio internacional de España. La imagen de la secesión del País Vasco aunque sea para formar parte del Estado como si fuera Puerto Rico es mortal de necesidad para los intereses de nuestro país. Si a esto se añade la deriva catalanista, similar a la del País Vasco, atemperada en su formulación externa bajo el señuelo del amor a la “España plural” en interpretación de ese gran dinamitero de la Constitución de 1978 que es Pascual Maragall, el horizonte español se cubre de negros nubarrones. Por eso, quiero dejar sentada una afirmación rotunda. Si se rechaza el plan Ibarreche, como así habrán de hacer las Cortes Generales, lo mismo ha de hacerse con el otro gran plan de ruptura constitucional que representa el nuevo “Estatuto nacional” de Cataluña, si su objetivo es el reconocimiento de la soberanía de la nación catalana y la expulsión del Estado y, por ende, de la posibilidad de planificar y ejecutar políticas comunes a todo el conjunto español.

Y ahora, ¿qué? Pues no hay otro camino que el de la unidad de los demócratas españoles para resistir la tenaza de los nacionalistas vascos y catalanes. José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy tienen la obligación de liderar la defensa de la unidad constitucional. Pero el presidente del Gobierno, para ello, debe rectificar sin demora alguna sus últimos pronunciamientos y proclamar sin ninguna ambigüedad que el Partido Socialista Obrero Español no dará su apoyo a ningún proyecto de ruptura de la Constitución, cuyo fundamento no es otro que la unidad indisoluble de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Y asimismo, deberá dejar bien sentado que las Cortes Generales, donde se asienta la soberanía del pueblo español, rechazarán cualquier pretensión de que el Estado español acabe convirtiéndose en un cascarón hueco de contenido, como instrumento coyuntural y transitorio de unas cuantas naciones soberanas por muy nacionalidades históricas que sean o se consideren.

La irresponsabilidad de los dirigentes nacionalistas dispuestos a elevar sus tesis soberanistas o secesionistas a la categoría de valor absoluto no puede llevar a España a un nuevo fracaso colectivo. Es la hora de la lealtad constitucional y de la firmeza democrática. Vayamos, pues, todos por la senda de la unidad constitucional y sea el primero el presidente del Gobierno, aunque esta apelación al cumplimiento fiel de su deber como español jamás tendría que haberse escrito.

Ni una sola concesión política
Editorial La Razón 4 Enero 2005

Tanto el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como su ministro del Interior, José Antonio Alonso, han sido rotundos al afirmar, sin ambages, que el proyecto secesionista del PNV, denominado «Plan Ibarreche», aprobado por la cámara regional vasca con los votos de ETA, está fuera de la Constitución y supone un claro ataque a la legalidad institucional vigente y a la convivencia entre los españoles. No podemos estar más de acuerdo con estas afirmaciones, pero, por ello, nos preguntamos cuáles son las razones que impiden al Ejecutivo impugnar la decisión del parlamento autónomo vasco ante el TC, tal y como previsoramente establecieron los redactores de la Carta Magna en su artículo 161, apartado 2, que textualmente dictamina que «el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal deberá, en su caso, ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses».

Como bien ha advertido el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, el Estado se enfrenta a un desafío grave y de consecuencias muy peligrosas, especialmente por la naturaleza tramposa de la trágala peneuvista. Hasta ahora, el proyecto de modificación del Estatuto vasco no ha adquirido, por su inconstitucionalidad palmaria y la ilegalidad manifiesta de su tramitación, efectividad jurídica alguna. Pero no es esto lo que interesa a Ibarreche y a su partido; la intención más evidente es trasladar al ámbito político nacional, es decir, a las Cortes españolas, el debate de una propuesta que, contando con la colaboración de otros grupos nacionalistas, puede influir negativamente en la negociación de las anunciadas reformas estatutarias. Tenemos, pues, que coincidir con el líder del Partido Popular en la insistencia de que no se puede dar al plan separatista ninguna cobertura política, ninguna oportunidad de negociación, ni siquiera para rechazarlo en Pleno. Simplemente, el «plan Ibarreche» debe ser inadmitido por la Cámara en el primer trámite posible.

Ibarreche sabe que en la confusión tiene su mejor baza y va a aprovecharla con el horizonte electoral ya próximo. Es obligación del Gobierno hacer que los vascos acudan a las próximas urnas sabiendo el alcance real del salto al vacío que les propone el lendakari nacionalista.

SOBERANÍA NACIONAL
Por BENIGNO PENDÁS. profesor de Historia de las Ideas Políticas ABC  4 Enero 2005

DESAFÍO abierto. Una vez más, el Plan Ibarretxe ocupa toda la escena. Conviene no olvidar, sin embargo, que hay otros proyectos en marcha: no es admisible que, por contraste, ganen ahora patente de moderación. Así de mal están las cosas.

Examen de Derecho Constitucional, curso primero, contesta el alumno aplicado. Antecedentes: Sièyes y la Revolución francesa. Norma vigente: «...reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado». Jurisprudencia del Tribunal Constitucional: «autonomía no es soberanía». Notable, como máximo. Para subir nota, se exige adivinar el porvenir. España podría pasar al apartado de «antecedentes», más o menos manipulados. La Constitución dirá tal vez que el Estado está integrado por Comunidades nacionales, titulares de poder originario (léase soberanía) que se manifiesta mediante su derecho de autodeterminación. Son Comunidades de primer rango, faltaría más, el País Vasco y Cataluña. Galicia, más mal que bien. El resto, cláusula residual: una especie de elefante de Kipling que ha olvidado su propia fuerza. Hace falta, por cierto, inventar un nombre para la selección de hockey: se me ocurre «Visigotia», para dar gusto a quienes dicen ser carolingios frente a los «bárbaros» irreductibles. Pero me resisto a la ironía frente al argumento ridículo, porque el asunto es muy serio y las cosas han llegado esta vez demasiado lejos. Están crecidos, como es notorio, los enemigos de la España constitucional. Igual que al personaje de Flaubert, la suerte les hace ser cada día más audaces. La culpa es nuestra, sin embargo, porque la sociedad española puede ser todavía dueña irrevocable de su futuro.

Es triste que no podamos disfrutar del éxito colectivo, malogrado por la deslealtad y el egoísmo de los nacionalistas excluyentes. Lo más grave, como siempre, es la deserción de los mejores. Una sociedad amenaza ruina cuando se resquebrajan los cimientos, lo mismo que un edificio. Extraño país el nuestro, que debería estar orgulloso y complacido y se manifiesta, en cambio, escéptico y desconfiado. El proyecto de la Transición ha cristalizado en una realidad positiva. España accede a la altura del tiempo histórico; tal vez no muy elevada, pero eso ya son culpas ajenas. La Constitución de 1978 es la mejor de una historia política agitada y no siempre modélica. Ahora se trata de promover la reforma, en contra de la lógica y del sentido común. Me refiero, como es evidente, a la revisión sustancial, no a los matices técnicos o a la eficacia de las instituciones, aunque en cualquier caso convendría leer el libro excelente del matrimonio Panofsky sobre la caja de Pandora. Es una lástima. Bajo un trampantojo brillante, se oculta una sociedad confusa y poco vertebrada. Ortegianos al fin, sabemos que las minorías deben ser conscientes de su responsabilidad en las grandes ocasiones.

El juego de las mayorías coyunturales invita, sin embargo, a la vía espuria de la Constitución degradada, como si el juez Marshall no hubiera existido nunca. Como si Kelsen no hubiera creado escuela en torno a la pirámide normativa. Como si Enterría no hubiera escrito «La Constitución como norma». En vez de preceptos jurídicamente vinculantes, nos dirán que la España «patria común e indivisible» es una simple declaración retórica. Ascienden a la cumbre los estatutos de autonomía en calidad de norma constituyente en sentido material. Para eso se inventó en su día el concepto multiuso de «bloque de la constitucionalidad». El camino está trazado: mayoría holgada (con los socialistas, por supuesto) en el territorio propio; pacto multipartido (o sea, todos contra uno) en el Congreso de los Diputados; apoyo doctrinal sobre mutación constitucional en aquel autor coreano que todos copiamos hace años del manual de García-Pelayo. Vuelan trozos de soberanía, semántica y competencial. Paradojas de la política: mientras planea la ruptura, llega una amable invitación para ir de visita por ahí. Será, imagino, en calidad de «metecos de poca estadía», como diría Alejo Carpentier.

Pongamos orden conceptual entre tanta algarabía. «Comunidad nacional» parece ser un poco menos que Nación, pero debe ser muy poco menos. Algo más que Nacionalidad, porque, si no fuera así, ¿para qué tanto debate? Mucho más que Región, apenas una parte menor de un todo superior ética y políticamente. Llegamos al fondo del asunto. La Nación es soberana, seguro. Las Nacionalidades y las regiones, no, porque sólo tienen derecho a la autonomía. ¿Y la «Comunidad nacional»? Menos que soberana y más que autónoma, es titular (irrenunciable, permanente y perpetuamente actual, supongo) de un poder propio que, por ahora, desea ejercer mediante la yuxtaposición con sus iguales en un Estado artificial sin Nación propia. Por supuesto no hay renuncia a los serviciales derechos históricos. Añaden, por si acaso, la advertencia expresa de que habrá revisión del pacto a la menor señal de incomodidad y, en todo caso, cumplida la cifra mágica del cuarto de siglo. Mientras tanto, la inmensa mayoría de los cuarenta y tres millones de españoles contempla la escena desde el patio de butacas. «Contra una corriente tan fuerte, tú no puedes progresar», escribía Rilke.

Nuestras élites, a lo suyo. Rubio Llorente, extremeño de Berlanga, era un profesor estupendo. Conservo los apuntes del curso ¡1976-77! en la Facultad de Derecho de la Complutense. Previa cita de Max Weber, dice allí que toda nación tiende por naturaleza a constituirse en Estado. Letrado de las Cortes, Rubio fue asesor de la Ponencia constitucional. Querencia universal del oficio: todo constitucionalista desea con fervor llegar a ser constituyente. Consiguió al menos ser «intérprete supremo», a través de sus votos particulares en el Alto Tribunal, que daban mucho más juego doctrinal que la sentencia misma. Recibió después el homenaje merecido de amigos y discípulos. Cuando le nombran presidente del Consejo de Estado, muchos respiramos con alivio: Zapatero sabe lo que hace en materia de reforma constitucional. Error lamentable. El profesor modula su trayectoria y pone su prestigio al servicio de la falacia jurídico-política que nos aguarda. Lejos todavía de las logomaquias historicistas que tanto combatía. Cerca, demasiado cerca de otorgar una baza insospechada a quienes no son felices porque no son leales al proyecto común. Algunos opinan lo contrario, pero yo sigo confiando en el reconocido jurista y apreciado colega. Seguro que llevo razón.

Ya sé que los políticos son otra cosa. Zapatero lo mezcla casi todo con simpleza postmoderna. PSC y PSE, socialistas periféricos, se apuntan a la confusión. Maragall desvaría con aire de sutileza. El Partido Popular parece tener ideas claras, al menos por ahora. Pero renquea siempre en la batalla de las ideas. Contamos, por fortuna, con un sector importante del PSOE. Es imprescindible un pacto sobre la organización territorial. Más aún, sobre el carácter intangible de la soberanía nacional de España. La aprobación ilegal del Plan soberanista en el Parlamento vasco refuerza la necesidad urgente del acuerdo; pero no justifica que nos conformemos -como mal menor- con otras propuestas de cuasi soberanía. Hace falta aquí y ahora que hablen los mejores. La sociedad reclama la voz de los más sabios. También de los líderes y referentes de la opinión pública. No nos pueden fallar. Sin dramatismo alguno, pero con máxima firmeza y convicción. Todavía somos más y somos mejores en la defensa del interés legítimo de la España constitucional. En último extremo, ya que hablamos de los viejos tiempos universitarios, convendría recuperar en un buen tratado de Derecho romano el epígrafe referido a la «Provocatio ad populum».

RESPONSABILIDAD DE TODOS
Por Ramón PÉREZ-MAURA ABC  4 Enero 2005

NO es extraño ver llamamientos a la unidad nacional cuando un país es sacudido por la tragedia. Cuando una democracia madura es asolada por una catástrofe natural, los gobernantes se apresuran a buscar la coordinación de las grandes fuerzas políticas. Lo que es menos común, casi excepcional, es ver un llamamiento a la unidad nacional frente a una tragedia humana en las antípodas. Y eso fue lo que se escenificó ayer en Washington, donde el presidente Bush convocó el lanzamiento de una gran campaña de todo el país en apoyo de las víctimas del maremoto en el Índico.

La petición es muy concreta: que todos y cada uno de los norteamericanos hagan la donación económica que sus recursos les permitan. Para la siempre ingrata tarea de recaudar designó a los dos compatriotas que le precedieron en el cargo y que ayer se aprestaron a volver a la Casa Blanca para remover las conciencias de su conciudadanos.

Ya se elevan las voces que minusvaloran el esfuerzo de Estados Unidos como una maniobra de relaciones públicas con el fin de congraciarse con la población de Indonesia, el país con más musulmanes del mundo. Y aun si eso fuera cierto ¿de verdad cree alguien que eso importaría a quienes sobrevivan en las próximas semanas gracias a las mantas y alimentos llegados de Arkansas, California o de Florida?

Tras las elecciones municipales españolas de 2003, Muxía, el pueblo de la Costa de la Muerte más castigado por la tragedia del «Prestige», incrementó la mayoría de la que gozaba el PP. Algún fino analista se apresuró a decir que allí habían vendido sus votos por las ayudas recibidas. Ya se sabe. Si ayudas, mal. Si no lo haces, peor. Hoy, en Sri Lanka, en la India, en Indonesia, en Tailandia lo que hace falta es ayuda. Estados Unidos nos da un ejemplo a todos movilizando las conciencias del país desde las más altas esferas. Es responsabilidad de todos.

¿Un Estado de Derecho en tregua?
EDITORIAL Libertad Digital 4 Enero 2005

Lo decía este domingo en un diario nacional don Manuel Jiménez de Parga, a propósito del “desafío al Estado” perpetrado el pasado jueves en el parlamento autonómico vasco: “Sobre nosotros gravita un legado de indecisiones, con numerosos casos de timoratos y tibios en las instituciones públicas, legislativas, ejecutivas y judiciales, que aprovechan los más osados para hacerse oír e imponer sus criterios”.

Con la única salvedad de que, entre ese “legado de indecisiones”, incluiríamos también muchos “casos de timoratos y tibios” en buena parte de los medios de comunicación, suscribimos plenamente el diagnóstico de la situación llevado a cabo por el ex presidente del Tribunal Constitucional. Es más. Este diagnóstico sigue siendo vigente, vista la pasividad de Zapatero tras el desafío de los nacionalistas vascos contra la soberanía nacional, a la que se acaba de unir la del Fiscal General del Estado, quien ha decidido este lunes no recurrir el archivo del “caso Atutxa” que exime al presidente de la cámara y a otros cinco parlamentarios autonómicos del delito de desobediencia por no haber disuelto a Batasuna, tal y como ordenó hacerlo en sentencia el Tribunal Supremo.

Si ZP pretende que las elecciones vascas —y no el Estado de Derecho— sean las que pongan en su sitio a los promotores de la rebelión institucional conocida como "Plan Ibarretxe", negándose a recurrirla ya ante el Tribunal Constitucional, Conde Pumpido, en la misma línea del Gobierno que le nombró Fiscal General del Estado, va a esperar que lleguen las autonómicas para que los representantes de ETA no puedan ya presentarse a las elecciones y, por tanto, dejar de ser grupo parlamentario. Así lo expresa literalmente el comunicado de la Fiscalía General del Estado que, en lugar de recurrir el archivo del caso, reafirma públicamente “su intención de ejercitar, en las próximas elecciones autonómicas del País Vasco, las acciones oportunas al amparo de la Ley de Partidos, para imposibilitar absolutamente que los herederos de la ilegalizada Batasuna, se llamen como se llamen, puedan participar en las elecciones, impidiendo por tanto su presencia en el próximo Parlamento Vasco".

Bien está que la Fiscalía General del Estado nos informe de su intención de velar en el futuro por la legalidad vigente, pero eso no puede ser un subterfugio para no hacerlo ahora. Lo que en definitiva ha hecho Conde Pumpido negándose a recurrir el archivo del caso funestamente dictaminado por la Juez del Tribunal Superior de Justicia Vasco Nekane Bolado, —cuya filiación nacionalista, dicho sea de paso, es de todos conocida—, es dejar sin efectos prácticos las resoluciones legislativas y judiciales en torno a la ilegalización de los representantes de ETA.

A la vista está que, a diferencia de lo sucedido en el parlamento navarro, el grupo proetarra no ha sido disuelto en la cámara vasca. Y el Supremo —aunque Conde Pumpido pretenda ignorarlo en sus razonamientos— dictó su sentencia de disolución para que fuera ejecutada, no sometida a votación, tal y como hizo Atutxa, sabiendo de antemano perfectamente el sentido de las votaciones.

La pasividad del Fiscal General del Estado no puede ser disfrazada por su tardía decisión de presentar una querella contra tres dirigentes de la ilegalizada Batasuna Otegi, Permach y Joseba Alvarez, por delitos de enaltecimiento del terrorismo y reunión ilegal cometidos en el mitin de Anoeta. Además de que una cosa no quita la otra, puestos a proceder directamente contra los representantes de ETA, también se hecha en falta que el Fiscal General del Estado tome cartas en el asunto contra el claro y más reciente delito de apología del terrorismo que el pasado Jueves perpetró Otegui al leer en la propia cámara vasca un comunicado del jefe de la banda terrorista.

La pasividad e irresponsabilidad del presidente del Gobierno no deben contagiar al resto de las instituciones del Estado. Ni antes, ni después de unas elecciones —como ni antes ni durante ni después de una tregua terrorista— puede el Estado de Derecho declararse en tregua.

EL PLAN DEL PSOE
Por César Alonso DE LOS RÍOS ABC  4 Enero 2005

RECOMIENDO a mis lectores que asuman de una vez por todas, si no lo han hecho ya, que el Partido Socialista está en la misma estrategia que los nacionalistas y que, a partir de ahí, analicen todo lo que está sucediendo. Les recomiendo que no se distraigan con los casos de Paco Vázquez, Rosa Díez y Nicolás Redondo, y con las repercusiones que puedan llegar a tener las divisiones en el interior del Partido Socialista cuando se llegue a cierta situación límite. Recomiendo que se tenga en cuenta no la idea tradicional del socialismo, sino la que se está expresando en su praxis actual. Porque lo que importa es la política real del PSOE y ésta se expresa en las pretensiones -nacionalistas- de Pasqual Maragall y de Patxi López, en el apoyo que los dos reciben de Zapatero, en la coincidencia de objetivos con Esquerra Republicana de Cataluña y con el PNV (que pacta con ETA). «Esto» es hoy el PSOE y en «esto» está el huevo de la serpiente de mañana. Por supuesto que entre los socialistas y los nacionalistas hay contradicciones: las derivadas de la lucha por la hegemonía, pero siempre dentro del gran acuerdo con los partidos nacionalistas que consiste en desmontar el Estado actual para hacer visibles las diversas naciones que según ellos hay en España; en controlar la diversidad de los Estados libres asociados de una forma discreta para que no se creen problemas con la UE; en la creación de un nuevo Senado como sede de las diversas representaciones nacionales; en que las «comunidades nacionales» tengan interlocución directa con el resto de Comunidades y con la UE....

A partir de estos supuestos, se entiende todo lo que está sucediendo últimamente y que no es sino la preparación de un clima que favorezca el salto a la creación de un nuevo Estado o, si se quiere, el adiós a la España constitucional y, por supuesto, a la histórica. A partir de esa interpretación del PSOE, como hermano mayor de los nacionalismos, se entienden muy bien las declaraciones de Zapatero restando importancia a los conceptos de nación y de unidad de España tal como están definidos en la Constitución; se comprende bien la tranquilidad con la que la dirección socialista ha aceptado el pacto del PNV y ETA en relación con el Plan Ibarretxe (lo sabían ya, según este periódico); se explica el silencio de Zapatero una vez aprobado el Plan en el Parlamento vasco, así como la decisión del PSOE de no querer llevar el Plan Ibarretxe ante el Tribunal Constitucional (porque, ¿acaso tendría que ser más aceptable para éste el diseñado por Guevara?).

LA estrategia del Partido Socialista es tan simple como terrible: repartirse con los nacionalistas el poder en el futuro estado confederal. No quiero decir por eso que no intenten ganar las elecciones al PNV en el País Vasco. Digo que en el nuevo Estado el PSOE no quiere dejarle lugar al PP. Por esa razón necesita ganarse a los nacionalistas. Por esa razón hace concesiones. Quiere eliminar al PP como el viejo partido que no supo dar el paso a esta segunda transición, a este salto del autonomismo al federalismo. Este punto es básico. Los socialistas quieren superar el estado de las Autonomías de acuerdo con los nacionalistas porque de ese modo consiguen dos objetivos: descolocar totalmente al PP y terminar con la que consideran vieja y odiosa idea de España. ¿No dice incluso Bono, a quien se toma por el españolista del PSOE, que su idea de España no tiene que ver nada con «la España rancia de los Reyes Católicos» (él sí que es rancio).

Ahora bien, si recomiendo a mis lectores que entren en el método del PSOE para entenderle bien sus movimientos, aseguro al tiempo que no conseguirá lo que se propone: España es una realidad demasiado fuerte para que consiga liquidarla.

MALA RESPUESTA
Por Ignacio SÁNCHEZ CÁMARA ABC  4 Enero 2005

EL Gobierno, desgraciadamente, ha reaccionado mal ante la afrenta y el desafío planteados a la unidad de España y, por lo tanto, a la Constitución, mediante la aprobación en el Parlamento vasco del llamado plan Ibarretxe. Todavía puede rectificar. Y debe hacerlo, pues la situación es grave, crítica. Veamos cuál ha sido la reacción, y cuál, a mi juicio, debió ser. Después de la aprobación del texto inconstitucional, bajo su hipócrita condición de reforma del Estatuto de Guernica, en la Cámara vasca, sólo compareció el ministro de Administraciones Territoriales para expresar su rechazo el viernes pasado. Sólo ayer lo hizo el presidente del Gobierno, y eso para reiterar su oposición al plan pero, a la vez, para anunciar una entrevista con Ibarretxe, incluso antes de reunirse con Rajoy. Zapatero, por lo demás, parece decidido a rechazar el proyecto secesionista en las Cortes, por lo tanto, aceptando discutirlo como si de algo discutible se tratase. Resulta difícil imaginar una reacción más endeble a tan directo jaque mate a España propinado por el nacional-terrorismo. Por otra parte, como reveló ayer ABC, el Gobierno sabía desde el verano que Batasuna, esto es ETA, apoyaría, como así ha sido, el plan del lendakari. Este conocimiento agrava la responsabilidad de Zapatero, que no ha dado desde entonces el menor atisbo de firmeza ante el PNV.

¿Acaso no le quedaba otra opción? Es claro que sí. Zapatero pudo comparecer el primer día, quizá junto a la bandera de España, para oponerse a un plan tan ominoso por su contenido como opuesto a la Constitución, y que sitúa a España al borde de la quiebra histórica. Pudo comparecer para defender la unidad nacional y la legalidad constitucional, y para anunciar el rechazo a entrevistarse con Ibarretxe mientras persistiera en defender un proyecto ilegal y avalado por los terroristas. También pudo recordar algunos artículos de la Constitución, por ejemplo, el 2, el 8 y el 155. En lugar de anunciar su entrevista con Ibarretxe, pudo convocar el Pacto Antiterrorista y reunirse con Rajoy. Por último, en lugar de aceptar el debate del plan en las Cortes españolas, pudo anunciar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, para pararlo en seco y evitar una discusión parlamentaria ominosa. Por lo demás, el deleznable plan entraña una afrenta directa a las víctimas del terrorismo.

La débil situación política de Zapatero y su afán de mantenerse en el poder pueden, tal vez, explicar su endeble respuesta, pero no justificarla. No hay que olvidar que ERC y, al parecer, también CiU, apoyan la secesión del lendakari. Por no hablar de Izquierda Unida, que votó afirmativamente en el Parlamento vasco. Y uno se pregunta por esa izquierda responsable, constitucionalista y españolista. Ciertamente existe, pero se encuentra marginada, sobre todo en el PSE. ¡Cuánto mejor no sería el protagonismo de, entre otros, Rosa Díez y Nicolás Redondo! Es cierto que todo apunta a que en el PSOE existe una corriente de opinión que exige al Gobierno mayor claridad y firmeza. Pero es parco consuelo mientras no sea más influyente. También es éste el momento de recordar que el Gobierno actual, rectificando al anterior, cerró la vía a la consideración como delito de las convocatorias de consultas populares de contenido manifiestamente ilegal. Ahora, el reto de Ibarretxe carece de precio penal. Por el bien de España, Zapatero debería cambiar su respuesta. Ya no bastan ni la sonrisa ni el talante. La alternativa consiste en aspirar a ser hombre de Estado o convertirse en títere y rehén del separatismo nacionalista. El diálogo no es una coartada. Hay diálogos y debates que degradan y envilecen a quienes los emprenden.

España
Una nación a la deriva
José García Domínguez Libertad Digital 4 Enero 2005

Cuenta Cesare Pavese que el fascismo empezó a ganar definitivamente la partida en un vagón destartalado que atravesaba el sur profundo de Italia. Era verano, hacía un calor pegajoso; los pasajeros, agotados, trataban inútilmente de dormir; chorreaban sudor todos, agolpados unos contra otros. El traqueteo desacompasado del convoy, los asientos de madera, el humo de la chimenea y el ruido, se aliaban para hacer insufrible la lentitud de la máquina. De repente, un camisa negra se puso en pie y dio en parlotear con voz estridente. Berreaba sandeces sobre el pueblo y la patria. Aquel hombrecillo se iba excitando cada vez más, y comenzó a teñir de amenazas lo que para entonces ya se había convertido en una arenga. El tipo parecía incansable. Y lo era. De todos modos, las falacias que escupía a borbotones podrían haber sido desmentidas y ridiculizadas por muchos de los que recorrían las vías a su lado, mas ninguno lo hizo. Todos permanecieron callados durante la travesía: les pudo la fatiga y el sopor y, además, no lo tomaron en serio. Así, el hombrín grotesco continuó hablando y hablando sin que nadie le replicase, hasta que el tren llegó a su destino. Concluye Pavese que seis meses después de aquel viaje, comenzaría el otro, el definitivo: la Marcha sobre Roma.

Aquí, está a punto de ocurrir lo mismo. Hace medio siglo, unos oscuros maestros provincianos empezaron a reescribir la Historia para que los hechos del pasado fueran acordes a su resentimiento gárrulo, y otros tantos charlatanes de aldea izaron la voz repitiendo aquellas falsedades. Durante todo ese tiempo, nadie, absolutamente nadie, en la izquierda respondió al carrusel de mitos y falsificaciones. De ahí que ellos continuaran gritando y gritando, puesto que entre su auditorio ninguno gastó un minuto en acopiar argumentos que los hicieran callar. Y así, hasta hoy. Hasta que ha llegado a la Presidencia del Gobierno un pobre hombre que ya no sabe qué ni quién es. Que no se atreve a reconocerse en su cargo, ni en su país. Que nació con la derrota grabada en su interior, porque él ya pertenece a la primera generación crecida en la indigencia intelectual y moral sobre la realidad nacional de España.

Ahora, sabemos que el cantante Raimon Pelejero tenía razón: quien pierde los orígenes, pierde la identidad. Y la izquierda vendió la suya el día que empezó a interiorizar el relato de sus compañeros de viaje; justo en el instante en el que se quiso inferior y culpable, precisamente frente a ellos, que la desprecian, no por izquierda, sino por española. Igual que sabemos que el verdadero drama no es ése con el que amenazan Maragall y Carod, al cabo dos polillas insignificantes; ni el plan de esas otras dos, Ibarretxe y Otegi. El único drama, el terrible, es que la madera del barco que se han lanzado a carcomer hace medio siglo que está podrida por dentro.

LA FLOR EN EL CULO
Por Jaime CAMPMANY ABC 4 Enero 2005

DICE Lorenzo Contreras en letra electrónica que Zapatero cree que tiene una flor en el culo. Y explica Manuel Seco en su magnífico «Diccionario fraseológico» que tener una flor en el culo o nacer con una flor en el culo equivale a decir que se tiene suerte o que se ha nacido de pie. Ahora que estamos en el apogeo y exaltación de lo islámico, en vez de referirnos a la suerte, podríamos decir que se tiene baraka. No sé si Zapatero tendrá una flor en el culo, que sería una violeta por lo de su modestia, o habrá nacido de pie, pero con él corremos el riesgo de que nos estrelle a todos de cabeza. Con él nunca sabemos lo que nos puede ocurrir, si lo que le pasó al abuelo que asesinaron los rojos o lo que le sucedió al abuelo que fusilaron los nacionales.

El caso es que el Parlamento vasco ha aprobado el Plan Ibarreche con los votos etarras y la bendición epistolar de Josu Ternera, y los catalanes preparan un nuevo estatuto con el propósito de otorgar a Cataluña una denominación y un trato por encima de las restantes Comunidades españolas, y el Zapaterito prodigioso se queda como Don Tancredo, quieto y confiado en que todo se arreglará solo y sin hacer nada, o dialogando, dialogando, dialogando, porque él tiene una flor en el culo, además de la rosa socialista que lleva en la mano, y las dos flores le salvarán de todos los compromisos y de todas las asechanzas. Dicen que Dios protege la inocencia, pero ahí tenemos el episodio de la degollación de los Inocentes, santos pero degollados.

Por mucho que la oposición clame para que el Gobierno envíe el Plan Ibarreche al Tribunal Constitucional, Zapatero prefiere dejar el agua correr, en espera de que no se convierta en un maremoto, que nada más escribir la palabra le sacude a uno el espanto y la congoja. Tal vez Zapatero no confía en la Justicia, y por eso quiere nombrar él a los altos magistrados y le habrá dicho al Fiscal General que no recurra el archivo de la querella contra Atucha por desobediencia al Tribunal Supremo. España es un país mágico donde algunos celtíberos privilegiados pueden pasarse por el arco del triunfo las condenas del Tribunal Supremo, ya sea por la estafa de las Torres de Kio, por el «Antenicidio», por el expolio de los fondos reservados o por la negativa a ilegalizar a Herri Batasuna.

Juan María Atucha, en vez de responder ante la justicia de su descarada y permitida desobediencia, traerá en mano al Parlamento español el Plan Ibarreche recién aprobado en Vitoria, para que siga aquí el curso previsto. Será rechazado en el Congreso de los Diputados, con lo cual el lendakari se vestirá la capa de víctima y dirá que en Madrid no entienden al pueblo vasco, y después lo someterá a referéndum. Si ese referéndum es legal o ilegal, es cosa que a Ibarreche le chupa un pie, y el lendakari esperará el resultado de la votación para dar el salto a la independencia, mientras Zapatero sonríe confiado en que él ha nacido de pie. Está convencido de que siempre le va acompañar en las votaciones la baraka que tuvo en las urnas del 11-M, una «baraka» que produjo doscientos muertos y más de mil heridos, pero que le abrió las puertas de La Moncloa. O sea, lo de la flor en el culo.

AVISO ALAVÉS
Editorial ABC 4 Enero 2005

LA reacción de la Diputación Foral de Álava, advirtiendo del riesgo de fractura entre vascos que conlleva el Plan Ibarretxe y del derecho del territorio alavés a separarse de un País Vasco meramente asociado a España, demuestra que esta propuesta soberanista no constituye, en absoluto, una alternativa democrática e integradora al Estatuto de Guernica. Tanto que los nacionalistas apelan a la historia y a los fueros, como fundamentos de la singularidad vasca, y únicamente han sido capaces de alumbrar un texto antihistórico y antiforal, que derriba la arquitectura interna de las instituciones vascas. La Comunidad Autónoma es una creación constitucional, sin historia ni arraigo en los derechos históricos, que, según la Disposición Adicional Primera de la Constitución, corresponden a los territorios forales, es decir, a Vizcaya, Álava y Guipúzcoa. Tales derechos históricos se han actualizado en el Estatuto de Autonomía, que permite la coexistencia de las instituciones autonómicas con las forales. Sin embargo, lo que ni la Constitución ni el Estatuto permiten es la suplantación del régimen foral -garantizado por la Carta Magna- por una especie de régimen confederal entre el País Vasco y España, que arrase con las instituciones de los tres territorios históricos.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tiene algo más que hacer que repetirle a Ibarretxe lo que éste ya sabe y desprecia desde que en septiembre de 2001 anunciara su plan soberanista. No basta con decirle que su propuesta es ilegal, si esta ilegalidad no se transforma en resoluciones jurídicas que den lugar a actuaciones contundentes, de todo orden, algo improbable después de que el fiscal general consienta la humillación infligida al Supremo por la juez que ha archivado la querella contra Atutxa. Las instituciones alavesas ya han puesto sobre la mesa una de las consecuencias más graves -y también más coherentes- de que los nacionalistas sigan adelante con su plan. El presidente del Gobierno ha hecho bien en romper su silencio, pero no se trata de que anticipe el contenido de su conversación con Ibarretxe, sino de cuál es la intensidad de la voluntad política de su Ejecutivo ante los efectos multiplicadores de esta crisis de Estado. El aviso de Álava es uno de ellos y sirve como ejemplo de que al nacionalismo hay que hablarle con la misma claridad que sus dirigentes emplean para desafiar al Estado. El rechazo del Congreso de los Diputados al plan soberanista no alterará el guión del PNV. Lo que Zapatero debe apoyar no es la estética de su talante sino el efecto disuasorio de las leyes y la oposición activa del autonomismo vasco a la amenaza nacionalista.

Plan Ibarreche
Silencio y ruido
Cristina Losada Libertad Digital  4 Enero 2005

En los años cincuenta, el compositor John Cage estrenó una pieza titulada 4’ 33’’, que consistía ni más ni menos que en cuatro minutos y treinta y tres segundos de silencio. Fue un gran escándalo. En España, ahora mismo, acaba de componerse una pieza silenciosa mucho más larga. Ha durado cuatro días, de momento. La ejecución ha corrido a cargo del presidente del Gobierno, que desde que el parlamento vasco aprobó la ruptura unilateral con la Constitución y el Estatuto, ha optado por el silencio. Pues silencio viene a ser el que Rodríguez Zapatero no se haya dirigido a la Nación, con la seriedad que requiere el caso, para decir lo que tuviera que decir. Con unas palabras en entrevistas en la prensa y unas declaraciones tras una visita a una residencia de ancianos en Sevilla, ha resuelto la papeleta.

Las declaraciones informales, a lo casual, de ZP, han salpicado la pieza con menos vigor del que hizo gala el pianista de Cage, que marcaba los tiempos cerrando y abriendo la tapa del instrumento. En lugar de un lenguaje claro y preciso, ha sacado un verbo enmarañado y confuso, caro a los políticos que quieren mantenerse en la indefinición. Ha dicho que lo de Ibarreche "no se inscribe en el futuro", sino en el pasado. Ha manifestado su "plena confianza en que esa propuesta no tiene a día de hoy ninguna virtualidad jurídica". Ha afirmado que "se puede dialogar de todo dentro de la Constitución y fuera de la Constitución, nada". Futuro y pasado, no presente. A día de hoy, mañana quién sabe. Virtualidad. Dialogar por negociar. Los problemas del socialismo gobernante con el lenguaje son serios. Pero políticamente útiles.

Mientras el presidente mantenía silencio, o por seguir a Cage, que decía que el silencio no existe, producía sonidos, la orquesta gubernamental afinaba los instrumentos. Casi todos con sordina. En el ruido sobresalían dos notas: una decía calma, tranquilidad, normalidad; otra, que aquello que la Fundación para la Libertad califica de "reto de naturaleza sediciosa" a la democracia española, era un asunto a dirimir en las urnas vascas. En mayo. Como agua de mayo van a venir esas urnas, si hemos de creerles. Aunque es difícil de creer que ellos mismos se lo crean. Y aún más difícil de tragar la médula del argumento, basado en la misma lógica que el propio plan rupturista. Se traslada a los vascos lo que afecta y compete al conjunto del pueblo español. Se deja solos a los constitucionalistas vascos. Se olvida que las víctimas del terrorismo de ETA lo han sido por ser españolas. Pero se gana tiempo.

No ha podido cogerle a nadie por sorpresa la aprobación del plan. Tampoco que Batasuna diera el sí, aunque algunos simularan caerse del guindo e hicieran cruces y aspavientos. Por algo el PNV ha mantenido al mascarón político de la banda contra viento y marea en el parlamento. Decir que no pasa nada, cuando pasa, no tranquiliza, inquieta. Y en política, como en música, los silencios están en la partitura.

Que ahora Bono se monte en un tanque
Julián LAGO La Razón 4 Enero 2005

Menudo papelón el de ZP, tan enrollado él, y no el borde de Aznar, tras el intento desagregador del País Vasco, cosa ésta que viene desde las guerras carlistas y que ahora impunemente Ibarreche ha retomado. Más que nada porque a ZP los Servicios de Inteligencia le informaron en junio de que el famoso Plan estaba pactado con los batasunos. O lo que es lo mismo, con ETA, que dice Garzón, el cual harto ya está haciendo las maletas de la Audiencia Nacional. Por lo que lo lógico sería nombrar de inmediato en el Congreso de los Diputados una comisión de investigación tipo 11-M, a ver dónde y cuándo se entrevistó el prófugo Ternera con el enviado de Ibarreche o con Ibarreche mismamente como nos apuntan. Vamos, que ZP debería haber realizado al menos alguna aproximación al PP en defensa del Estado de derecho que se nos va al guano. Pero eso, lo de reunirse con Rajoy, para más adelante. Primero recibir en Moncloa a Ibarreche y luego ganarle, será membrillo ZP, las próximas elecciones autonómicas en mayo, con el tal López de cabeza de cartel. Lo cual resulta no un milagro sino un imposible metafísico, y si no pregunten ustedes a los compañeros Rosa Díez y Redondo Terreros que se temen lo peor. A saber, que Ajuria Enea se pase por el arco del triunfo el rechazo en las Cortes Generales del Plan Ibarreche, que se celebre el ilegal referéndum anunciado por el lendakari y que Álava, que no está por la secesión, sea declarada por el nacionalismo independentista «provincia traidora» y por ende castigada como hizo Franco con Vizcaya y Guipúzcoa tras la Guerra Civil.

Pues eso, que estamos en un proceso de balcanización a la española, que ahí están las palabras de Puigcercós, para quien lo de Ibarreche es una broma comparado con lo que tienen preparado los de ERC. Herencia esta, la del descosido territorial, a la que por cierto ya se refirió Madariaga en los años 50 desde el exilio en un lúcido artículo publicado en la prensa londinense cuando comparó España con la Yugoslavia de Tito.
Así que el tonto en dos idiomas, que decía el coétaneo Ortega de don Salvador, no lo era tanto, pero, claro, ZP de tal artículo no ha oído ni hablar siquiera. O sea que orgulloso tiene que estar ZP, y más sus encantadoras pitufas, cuando lean en los libros de historia que bajo mandato de papá España se deshizo sin que papá presentara recurso ante el Tribunal Constitucional para no criminalizar a los pobres nacionalistas vascos y catalanes mayormente. Larga, pues, es la lista de los irresponsables socialistas que creen, ZP el primero, que España tal cual es un invento de Franco, o casi. Por lo que queda muy progre liquidar como sea la Constitución del 78, salvo que Bono se nos monte en un tanque, y ya ni así, a lo peor.

Alucinaciones
Antonio PÉREZ HENARES La Razón 4 Enero 2005

El Parlamento vasco aprueba la secesión de España y el presidente de la Nación sufre un ataque de mudez haciendo el avestruz navideño entre los gansos invernantes de Doñana. Esquerra Republicana de Catalunya declara que lo de Euskadi es sólo «un entremés» de lo que tienen ellos preparado y Alfredo Pérez Rubalcaba negocia con entusiasmo un acuerdo estable parlamentario con tan leales y fiables socios. Están pitando todas las espitas y a punto de estallar las calderas del Estado y la sociedad española pero Pepiño Blanco considera que acudir ya al Constitucional sería sembrar «falsas alarmas». Ibarretxe asegura que ellos, ciscándose en cuantas leyes constitucionales sea preciso, convocarán un referéndum y Jordi Sevilla le regala el convertir las elecciones autonómicas en un plebiscito adelantado y dejar pudrirse otras instancias imprescindibles, de obligado cumplimiento y cuya aplicación se exige como insoslayable y extremadamente urgente. Rechistan los cuatro de siempre pero el hombre del día en el PSOE es Pachi López que se ha inventado una palabra con la que el talante va a frenar la independencia. Once millones de votos dan para mucho. Hacen presidente y otorgan poder y carteras de ministros. Pero, como Salamanca en tiempos, no prestan ni capacidad ni envergadura política, ni responsabilidad, ni sentido común ni inteligencia.

El plan y el Constitucional
Iñaki EZKERRA La Razón 4 Enero 2005

De todos los finales posibles que se le podían poner a la payasada obscena del Plan Ibarretxe el Gobierno del PSOE está empeñado en ponerle el peor de ellos: su debate y su seguida paralización en las Cortes Generales. Así lo ha explicado Pérez Rubalcaba que entiende la política como un juego táctico, una partidita de ajedrez, y no acaba de ver el calado dramático e ideológico de esa escenificación: «Los de Madrid amordazando la voluntad del soberano pueblo vasco». Mientras Zapatero se cree que va a quedar de cine demostrando la grandeza de su talante –esto es su paciencia para debatir en el Congreso de Diputados hasta el proyecto político de un tonto– Ibarretxe (o sea el tonto en persona) y su banda (los tontos que le siguen) están ahora tramando cómo hacer que esa representación salga lo más dramática posible para que en las antípodas se vea por vía satélite «cómo la máquina imperial de los Reyes Católicos y la falsa democracia heredera de Franco pisotea las libertades de la etnia más perseguida y antigua del mundo mundial».

Lo inteligente y lo procedente sería un plumazo del Constitucional (como mera respuesta a una consulta) que, sin ruidos ni gestos histriónicos, sin dramatismos –como digo–, envíe al cubo de la basura esa fantasía tediosa del lehendakari loco. Pero si no se hizo antes (aquel cómico argumento del Constitucional de que no podía pronunciarse sobre el Plan ya que aún no se había presentado) menos se hará ahora. Y quizá hasta sea mejor que no se haga y que no pase el Plan Ibarretxe por el alto Tribunal, en efecto, no sea que éste lo declare «válido» y nos dé una de esas alegrías a las que nos tiene habituados. Sí, quizá uno está juzgando mal al Gobierno y lo que trata, al esquivar el Constitucional, es curarse en salud de la agudeza de los suyos.

Se está haciendo todo del peor modo posible cuando pudo hacerse del mejor modo. Se pudo inhabilitar a Atutxa como una medida cautelar (no hacía falta encarcelarle) sin esperar al famoso auto de Nekane Bolado. Pudo imponerse la expulsión de la ex Batasuna del Parlamento vasco. Pudo haberse hecho todo antes de dejar que se consumara ese otro precedente dramático de la aprobación del Plan que desosiega y humilla a todo ciudadano español con dos dedos de frente. Pero no. Era mejor que se consumara el ritual: la chulería del sujeto que desobedece al Supremo prohibiendo infantilmente aplaudir a los cabezas del PP y el PSE-EE tras permitir no ya aplausos sino vítores a Ibarretxe, la vejatoria súplica de licencia para votar a mano alzada a un nacionalismo que hace victoria política de un fallo electrónico, la carta del etarra leída por otro etarra…

Se va a hacer todo del peor modo pero lo más insufrible no son los errores sino la desconsiderada alegría de este Gobierno al cometerlos. Que se equivoquen, de acuerdo, pero, por favor, sin sonreír. Porque ¿a qué viene, señor Zapatero, la puta risita?

Herméticamente abierto
Lorenzo CONTRERAS La Razón 4 Enero 2005

De todo lo que se viene oyendo sobre el Plan Ibarreche, tal vez lo que más escandaliza los oídos políticos, por su falsa pretensión de sinceridad o buena fe, ha sido la inicial afirmación del «lehendakari» sobre su voluntad de negociar con el Gobierno con espíritu y talante abierto. El español medio, el mayoritario, percibe tal oferta como un intento de ofender su inteligencia y su sentido común. No hay nada que negociar –y no se trata de cerrarse en banda– por la sencilla razón de que Ibarreche no quiere negociar, sino imponer. En el pleno del Parlamento de Vitoria ya advirtió que el camino iniciado «no tiene vuelta atrás». Es un «trágala» lo que plantea, del mismo modo que a Fernando VII le hicieron tragar –provisionalmente– la Constitución de 1812 los liberales de su época.

Ahora son los nacionalistas vascos quienes aspiran a imponer su Estatuto golpista a los constitucionalistas de 1978, con infinita menos honradez y altura de miras que los doceañistas de Cádiz al antiguo prisionero de Napoleón. El «lehendakari», cuando habla de diálogo, recuerda al personaje de Galdós que en «Fortunata y Jacinta» blasonaba de estar «herméticamente abierto» a cualquier novedad. Que el dirigente nacionalista está «herméticamente» dispuesto no ofrece la menor duda. También Zapatero está «herméticamente abierto» a lo que, por lo común, se considera sensatez política. Fernando VII era prisionero de su mala voluntad y ZP lo es, no ya de Napoleón como aquel Fernando durante un tiempo, sino de Maragall para largo, al igual que éste permanece al arbitrio de Carod-Rovira, de quien se dice que su contacto con los dirigentes etarras no se redujo a la famosa cita de Perpiñán.

Otra ofensa a la inteligencia de los españoles, y a quienes todavía dicen que lo son, es la versión de que Ibarreche, Begoña Errazti y Madrazo (el tripartito), junto con Josu Jon Imaz, se sintieron contrariados por el apoyo batasuno al Plan soberanista. ¿De veras? Había que verles brincar de gozo en los testimonios gráficos y filmados de aquellos momentos de gloria. Ahora, cuando acudan al Congreso de los Diputados con el proyecto soberanista convertido en proposición de ley, asumirán la derrota parlamentaria como un conveniente y útil baño de victimismo. Pero he aquí que ZP sueña con ganar las elecciones autonómicas vascas de mayo, con algún candidato dotado de mejor fortuna que Mayor Oreja. Ibarreche debe de estar temblando ante ese contrarreferéndum de los comicios de Euskadi, un referéndum del revés, con la población vasca en actitud de recapacitar y decirle a Zapatero: acude en nuestra ayuda.
No en vano Zapatero ha anunciado que sus cuatro años de mandato desembocarán en un largo período de estabilidad territorial. Sólo los pesimistas incurables parecen inclinados a creer que ZP está perdiendo las elecciones de 2008 tres años antes de que se celebren.

Plan Ibarreche
Oscuras maniobras
Lucrecio Libertad Digital 4 Enero 2005

Podría, si deseara hacer reverencias a la retórica, hablar de situación preinsurreccional. Pero sé que, en el rigor de las palabras mentiría. Y que, por consoladora, no es la mentira menos funesta cuando está en juego la pervivencia de una nación. La definición de un área de doble poder es lo que caracteriza específicamente los momentos insurreccionales. Y ese doble poder fue estatuido el 30 de diciembre de 2004 por el Parlamento vasco, a propuesta del Presidente de lo que hasta ese día había sido Comunidad Autónoma y que, en estos momentos, no es nada que pueda definirse en términos institucionales: un hiato entre lo que fue instancia administrativa local del Estado español y lo que se afirma en trance de constitución nacional independiente (la asociación o no con España, o con Luxemburgo, o con Tanzania, es cosa posterior y solamente planteable entre dos entidades soberanas que, con posterioridad a su existencia como tales, llegasen a un acuerdo del tipo que juzgaran oportuno).

Así que llamemos a las cosas por su nombre. Nada se gana con dejar fluir mansamente los eufemismos. Nada, salvo que de la ensoñación acaben por sacarle a uno los metálicos estruendos de los tanques. Insurrección es un término tan respetable como cualquier otro. Y tiene la inmensa ventaja de evitar equívocos.

Para aquel que lo inicia, un paréntesis de doble poder es siempre altamente rentable. Descompone las instancias de identificación material y simbólica del Estado cuya voladura inicia, y mantiene en suspenso la frontalidad el choque, hasta el momento en que su propia acumulación de fuerza (material como simbólica) permita resolverlo a favor propio. Podrá uno pensar lo que bien le plazca sobre Lenin, pero la tesis conforme a la cual “el poder no se comparte” es un axioma en ciencia política; y, más aún, en arte revolucionario. La prolongación de un estatus de doble poder no es una estabilización de las fuerzas en conflicto, es la derrota por extinción del sistema institucional vigente, ante el nuevo que emerge de la insurrección. Nada evitará el final estallido del conflicto; pero la correlación de fuerzas será tanto más ventajosa a los insurrectos cuanto larga haya sido la fase de putrefacción de lo existente.

No hay manera de entender –al menos en términos de lógica de Estado– que el Gobierno de Madrid no reaccionase de modo fulminante a la votación del Plan Ibarreche. Antes de que hubieran pasado 24 horas, el fiscal general hubiera debido anunciar la denuncia ante el Tribunal Constitucional, sobre quien recae la condición previa de fijar si la actuación del Parlamento Vasco ha sido (como parece serlo, en la pura literalidad constitucional) delictiva. De ser así (y ni con todos los bizantinismos al uso hay manera de ocultar eso), aun la presentación del proyecto ante el Parlamento Español quedaría vetada. Un Parlamento no puede votar cualquier cosa. La esencia del parlamentarismo está en que también el parlamento está sometido a las constricciones universales de la ley. Y, aun para rechazar por votación parlamentaria un proyecto, está exigida la condición previa de que ese documento no infrinja la legalidad en curso. De infringirla, ni voto positivo ni voto negativo son viables. Sólo lo es la intervención de los jueces.

A ese elemental axioma, que directamente deriva de la división y autonomía de poderes, sin la cual no existe nada que pueda llamarse democracia, opone el Gobierno zapaterista la pintoresca invocación del “agotamiento de las vías políticas de negociación”, que cristalizaría en dos operaciones presentadas como definitivas: a) el rechazo del Plan Ibarreche en el Parlamento Español; b) la victoria electoral del PSOE en las elecciones autónomas vascas y la formación de un Gobierno socialista en Vitoria. Del momento b), prefiero ni hablar: pocas sandeces –en rigor ninguna– he escuchado de esa envergadura a lo largo de mi ya demasiado extensa vida política; si de verdad Zapatero piensa que el PSOE va a ganar por mayoría absoluta las elecciones vascas, es que se ha vuelto loco; si la memez enmascara otro proyecto, de momento oculto, es que se ha vuelto algo bastante peor. En cuanto al momento a), bien estará que se produzca, si el Tribunal Constitucional concluye que debe producirse, esto es, si esa instancia inapelable de interpretación de la Constitución juzga que el Plan Ibarreche es conforme a ley. En caso contrario, sería el propio Parlamento de la Carrera de San Jerónimo el que quedaría contaminado de ilegalidad al someterlo a consideración. Porque no hay vía arbitraria para la defensa de la Constitución. Sólo la que la Constitución fija.

Y, entre tanto, vamos camino del desastre. De un desastre cuya certidumbre no puede escapar a nadie. Absolutamente a nadie. Temeroso de que Carod-Rovira haga caer al Gobierno de Madrid si éste denuncia el proyecto independentista del PNV ante el Constitucional, Rodríguez Zapatero busca dejar pudrirse la situación hasta las elecciones vascas (mayo) y el inmediato verano. No parece entender que, para entonces, el momento insurreccional se habrá cerrado. Y el ruido de los tanques vendrá a arruinar definitivamente nuestras vidas.

Álvarez Junco
Los papeles de Salamanca
Rubén Osuna Libertad Digital 4 Enero 2005

José Álvarez Junco, catedrático de Historia en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense y actual director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales fue uno de los "expertos" que aconsejó al Gobierno "devolver" parte de los fondos documentales del Archivo de Salamanca a la Generalidad de Cataluña. Recientemente, el día 31 de diciembre, publicó en el diario El País un artículo titulado "Expertos y papeles", en el que se quejaba de «la inmensa distorsión con que puede presentarse ante la opinión pública un problema colectivo», lo que él achaca a «la ignorancia y superficialidad informativa, pero me temo que abundan también los ingredientes de irresponsabilidad y mala voluntad».

Lo que sigue a esa introducción es de todo punto increíble. Considera Álvarez Junco que «la justicia estaba de parte de los reclamantes (...)», pues «la incautación fue violenta y brutal, no respetó ni la menor norma de las que deben acompañar toda expropiación». Además «esos documentos no fueron nunca dados por sus dueños originales al archivo de Salamanca. Les fueron arrebatados a punta de pistola y trasladados allí en un ambiente de terror y enfrentamiento». Este señor no ha oído nombrar eso que llaman Guerra Civil española ¿No sabe cómo acabó? ¿Cómo va a "expropiar" el Estado español a una institución que ya no existía? ¿Sabe Álvarez Junco lo que significa "expropiar"?

Pero la cosa no queda ahí. El experto en cuestión deja caer que la Guerra Civil fue, en cierto sentido, producto de una pugna entre Castilla y Cataluña, de manera que «la Castilla ayer dominadora anda hoy, si no miserable ni envuelta en sus andrajos, sí relativamente deprimida y con un palpable sentimiento de humillación ante la "prepotente" Cataluña. La discusión sobre quién sea aquí de verdad el dominador y quién el explotado llevaría años y serviría de muy poco. Lo que importa es que así es como lo percibe la mayoría de la opinión castellana». Por tanto, una Castilla dominadora y explotadora se presenta como víctima gracias a una «manipulación».

Hay más. El autor defiende la naturaleza aséptica de la comisión, esencialmente «no política, formada por puros "expertos"», como el «experto en expolios culturales» Federico Mayor Zaragoza, pero donde había también «catalanes presentes», no sabemos si más catalanes que expertos o más expertos que catalanes, ni expertos en qué.

Estos papeles que "devuelven" los expertos deberían ser los últimos, pues «algunos hubiéramos preferido un blindaje más claro del resto del archivo ante futuras reclamaciones», es decir, a Cataluña sí, pero a otros no, aunque no haya «manera de justificarlo jurídicamente». Cuando menos curioso.

Y para acabar, una perla: «En España sigue pendiente de solución el problema de la distribución territorial del poder, cuestión nada fácil pero que, por suerte, afecta casi en exclusiva a las élites políticas», si dejamos a un lado a algún que otro muerto, miles y miles de desplazados o sometidos a extorsiones, amenazas y chantajes y despojados de sus derechos civiles, digo yo.

El problema no son las golfadas en sí, y esto lo digo yo, sino que éstas pasen a cometerse a plena luz del día y a cacarearse a los cuatro vientos, con total descaro. Mala cosa cuando se llega a ese punto. Deben ser muy poco conscientes de lo que hacen y dicen o bien se sienten muy protegidos. Gracias al señor Álvarez Junco tenemos negro sobre blanco un texto que nos librará de cualquier sospecha de ignorancia y superficialidad informativa, irresponsabilidad o mala voluntad cuando manifestemos nuestra "justa" indignación.

Perplejidades autóctonas
SANTIAGO GONZÁLEZ El Correo 4 Enero 2005

Me va a perdonar, mi señor Zapatero, si le hago observar que el arcangelismo de su Gobierno es un acompañamiento letal en los tiempos que corren. Decía su ministro de Administraciones Públicas que ustedes confiaban «en que Ibarretxe no aceptaría los votos de Batasuna». Usted mismo explicaba ayer en Sevilla que el plan Ibarretxe no va a prosperar por ser cosa del pasado, por inscribirse en «políticas del pasado, en políticas que sembraron la discordia y que no fueron positivas para la convivencia». ¿De verdad cree usted que el plan Ibarretxe es una reacción al arriscado carácter de su predecesor? Que Santa Lucía le conserve la vista, mi señor, pero me temo que volverán a sentirse muy decepcionados en los tiempos venideros. Es más, el día que Ibarretxe convoque el referéndum, tendrán ocasión de volver a expresar su perplejidad: «Nunca creímos que lo harían».

Ahora mismo están ustedes en la tesitura de qué hacer y se presentan tres posibilidades: recurrir al Tribunal Constitucional, tal como pide el PP; derrotar el plan en el Congreso de los Diputados, tal como defienden la mayoría de ustedes; y «adecuar la estrategia al objetivo de derrotar el plan Ibarretxe en las urnas», tal como sostienen los más distraídos de los suyos.

¿Le parece a usted que el plan Ibarretxe es un ataque grave a la legalidad constitucional? Si así se lo parece, convendrá conmigo en que el espectáculo de su votación en el Congreso va a visualizar sus malas compañías: la mayoría de sus socios parlamentarios (PNV, CiU, ERC, BNG y NB, de momento) votarán que sí al plan. ¿Tendrá eso consecuencias para su alianza en el futuro o la cuestión no es tan importante como para eso?

Lo de derrotar el plan en las urnas deben pensárselo mejor, por dos razones de peso: la legalidad no está para ser plebiscitada, sino para cumplirse. Lo que los vascos y las vascas quieran, siempre, eso sí, que sus aspiraciones encajen en la legalidad. Tampoco es algo que competa en exclusiva a los ciudadanos vascos: «La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado» (C.E. 1978, Art. 1.2), salvo que se hayan convertido ustedes al ámbito vasco de decisión.

El Estado de Derecho debería defenderse con todas las herramientas que posee, usar las tres, por el orden que sea más adecuado. Aquí se echa de menos la precipitada decisión de despenalizar la convocatoria ilegal de referenda y de más el asombroso anuncio del fiscal general, que no va a recurrir el auto de Nekane Bolado, archivando la causa contra el presidente del Parlamento vasco. No para encarcelar a Atutxa, sino para defender al Tribunal Supremo. Uno tiene la impresión de que el Estado de Derecho no muestra voluntad de defenderse y eso, presidente, no lo van a arreglar los tópicos castizos del ministro de Defensa pasado mañana, día de la Pascua Militar.

Álava ante el proyecto de nuevo Estatuto
JAVIER GUEVARA SALETA/DIPUTADO DE PRESIDENCIA DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA El Correo 4 Enero 2005

El día 30 de diciembre de 2004 quedará grabado en la historia reciente de este País como la fecha en la que una mayoría del Parlamento de la comunidad autónoma, con el voto de los grupos políticos que apoyan el Gobierno de la comunidad, sumados a los de parte del grupo ilegalizado Batasuna, decidió romper el Pacto constitucional y estatutario, y certificar la defunción de la ley orgánica en la que se plasmó dicho Pacto, es decir, el Estatuto de Gernika.

A estas alturas no creo que sea posible decir o escribir nada que no haya sido ya dicho o escrito, a favor o en contra, del proyecto debatido y votado por el Parlamento vasco. Salvo, quizá, la constatación de una circunstancia, que creo que tiene una gran relevancia, y que se puede expresar en los siguientes términos:

-Una mayoría de los parlamentarios que representan al Territorio Histórico de Álava en la Cámara autonómica votaron en contra del denominado Proyecto de Nuevo Estatuto Político, más conocido como Plan Ibarretxe.

-Una mayoría de los electos alaveses en Cortes Generales -Congreso y Senado- son contrarios al citado proyecto.

-Los gobiernos de las más importantes instituciones alavesas -Diputación Foral de Álava y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz- se han posicionado en contra del nuevo Estatuto.

-Y, las Juntas Generales de Álava, máximo órgano de expresión de la voluntad política de los ciudadanos alaveses, se ha pronunciado, en repetidas ocasiones, en contra del nuevo proyecto y en favor de la vigencia del Estatuto de Gernika.

Dicho lo anterior, será bueno, a continuación, recordar la forma y los principios bajo los cuales Álava, en el año 1979, suscribió el Pacto estatutario y decidió incorporarse a la Comunidad Autónoma del País Vasco. El origen lo encontramos en la Disposición Adicional Primera de la Constitución: «La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales»; añadiendo que «la actualización de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía». Partiendo de esa base normativa fue como Álava, Guipúzcoa y Vizcaya decidieron asociarse en comunidad autónoma, mientras que el otro territorio foral, Navarra, prefirió constituirse en comunidad foral uniprovincial.

Álava, libremente, decidió que la restauración y actualización de sus derechos de autogobierno se llevaran a cabo en el seno de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y a través del Estatuto de Autonomía de Gernika. De hecho, el Estatuto es muy claro al respecto cuando, en su artículo 2.1. declara que «Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, así como Navarra, tienen derecho a formar parte de la Comunidad Autónoma del País Vasco». Pero, claro, esa decisión de los ciudadanos alaveses supuso el ejercicio de un derecho, no el cumplimiento de una obligación. Al igual que Navarra prefirió actualizar su autogobierno independientemente, a través de la Ley de Amejoramiento, también cualquiera de los otros tres territorios forales hubieran podido adoptar esa decisión, partiendo del título legitimador que les proporcionaba la ya citada Disposición Adicional Primera de la Constitución. Pero, eligieron hacerlo en un proyecto común y compartido, sobre la base del respeto a la identidad de cada uno de los tres territorios (artículo 3º del Estatuto de Autonomía).

Lo que nos lleva a una conclusión bastante evidente, tanto desde el punto de vista político como del jurídico: si el Pacto estatutario de 1979 ha quedado roto; si ha sido certificada su 'defunción'; si las instituciones comunes se han desligado del vigente Estatuto; si se pretende instaurar un nuevo marco, un nuevo pacto; si, en ese nuevo marco el título originario de autogobierno ya no pertenece a los territorios sino al denominado 'Pueblo Vasco'; si todo eso es así, parece claro que tanto alaveses, como guipuzcoanos y vizcaínos quedaremos libres del compromiso adoptado en Gernika, y estaremos en condiciones de decidir nuestra incorporación, o no, a esa nueva comunidad, a ese nuevo 'Estado', que ahora se pretende crear.

No vamos ahora a adelantar el sentido, el resultado de esa posible futura decisión. Me limitaré a recordar lo constatado al comienzo de estas líneas, acerca de la posición de las instituciones alavesas y de una mayoría de los representantes políticos alaveses en relación al proyecto de ley que el día 30 de enero de 2004 se debatió y votó en el Parlamento vasco. Recordatorio que bien puede ir dirigido a quienes, intentando construir una nación, pudieran estar, en realidad, en trance de destruir una comunidad política y jurídica que, en opinión de casi todos, ha sido un buen lugar de encuentro de una inmensa mayoría de los ciudadanos vascos; una casa común, en la que este País, el País Vasco, ha encontrado un lugar de convivencia y de prosperidad.

Por fin enero
Bruno AGUILERA La Razón 4 Enero 2005

Mira que me gusta poco esto de acabar el año. Que el 31 de diciembre siempre me ha parecido una celebración tan lúgubre que entiendo que la gente ahogue en alcohol las doce campanadas. Para olvidar que tenemos un año más y que nos queda otro menos. Dicho lo cual debo reconocer que hace cuatro días he visto con cierto alivio cómo en el reloj de la Puerta del Sol caía la bola sobre nuestros muertos del 11-M y los más de 100.000 cadáveres del holocausto del 26 de diciembre. Me refiero a las víctimas del tsunami que ha arrasado las costas de ese inmenso charco que es el Océano Índico, haciendo desaparecer en un santiamén el equivalente a toda la población de la provincia de Teruel. Y no es más que el principio, pues la paradoja es que como el número de muertos sube exponencialmente, porque a las muchas decenas de miles de muertos ahogados pronto van a sumarse otros tantos por la propagación de las epidemias, las cifras de bajas en Iraq están quedando en números casi simbólicos. Lo cual es el colmo.

Partiendo de la base de que 2004 ha sido tan malísimo, entiendo que es difícil que 2005 lo supere, a pesar de que como dijo Celine lo peor no es nunca seguro. Algo por desgracia plausible cuando asistimos al descuajeringamiento por omisión de esta «sociedad de naciones» que en otro tiempo se llamó España, y que en pocos meses, por obra y desgracia del presidente Rodríguez, está convirtiéndose en un hervidero de taifas manduqueados por especialistas en mirarse el ombligo al más puro estilo carodiano; hordas de pequeños caciques de aldea que, como les va la marcha de la balcanización, se están cachondeando hasta hartarse de la silente mayoría que asistimos ojopláticos a tal cúmulo de insensateces y disparates. Cómo será para que mis amigos más progres estén infinitamente más cabreados que yo y se pasen el día parafraseando a Ortega con aquello del: «no es esto, no es esto».

Y si ellos lo ven tan crudo es harto probable que la «asolación» del presidente Rodríguez sea para bastante más de lo que sugiere Desatinos. Así que como esto siga por este camino vamos a tener que convertir el título de la espléndida película de Cuerda «Amanece que no es poco» en el lema de la España zetapesca. Por aquello de buscar el lado positivo de las cosas y ocultar el hecho lamentable de que José Luis Rodríguez haya convertido a Alfonso Guerra en un marica de playa, por pronunciar aquella frase de que a España no la iba a reconocer ni la madre que la parió tras su paso por La Moncloa. Y es que por culpa de Zetapé ni va a quedar España ni va a haber madres dispuestas a parir. Porque como el matrimonio ha dejado de ser una unión de hombre y mujer, aquí los que van a parir por decreto –aunque yo diría más bien que por cojones– son los hombres. Que el Consejo de Estado no tiene ni puñetera idea de lo que nos conviene. Coño.

Maragall y la reforma del Estatut
Francisco MARHUENDA La Razón 4 Enero 2005

Es difícil saber en qué punto Maragall confunde sus deseos con la realidad. La reforma del Estatut, una iniciativa tan absurda como innecesaria en los términos en que se formula, se ha convertido en el tema estrella de la legislatura.

Los nacionalistas la plantean como la panacea que resolverá todos los problemas que tiene Cataluña y nos conducirá a una nueva utopía. Nada más alejado de la realidad. Las declaraciones que viene realizando el presidente de la Generalitat causan una cierta sorpresa, salvo que haya conseguido someter a ERC. Los próximos meses veremos si todo responde a un optimismo desbocado o a su eficacia a la hora de convencer a Carod para que renuncie a sus planteamientos soberanistas y acepte un nuevo estatuto muy alejado de sus sueños independentistas.

Hay que reconocer que Carod no lo tiene fácil, porque un adelanto electoral beneficiaría a Maragall, que ha asumido como propia la gestión del tripartito y, sobre todo, los militantes de ERC han multiplicado los modestos sueldos que recibían antes de entrar en el Govern. No parece que estén dispuestos a renunciar a los chollos para complacer a su líder carismático. La apelación de Maragall a que Cataluña y Euskadi no son simplemente dos autonomías más resulta bastante cansino, porque es una visión decimonónica de entender la realidad. Finalmente, no entiendo tanto enredo si al final el tema más relevante para todos es la financiación.

Procedimientos
Editorial El Correo 4 Enero 2005

La tramitación del plan Ibarretxe como proposición de ley remitida a las Cortes Generales por el Parlamento vasco representa para sus promotores más una simulación táctica que un acto explícito de reconocimiento de los cauces constitucionales. El nacionalismo vasco aborda el anunciado viaje a Madrid de Juan María Atutxa más como un gesto de emplazamiento que de consideración institucional. Y todo a partir de la premisa, irrenunciable para los soberanistas, de que las Cortes Generales deben admitir sin modificación alguna lo que la Cámara autonómica decidió el jueves por mayoría absoluta. De hecho, resulta evidente que el proyecto de nuevo estatuto concibe la «libre asociación» entre Euskadi y el Estado constitucional como la aceptación por parte del resto de los españoles de las condiciones fijadas unilateralmente desde el País Vasco para mantener vínculos más laxos de relación. Si tal pretensión resulta de por sí aberrante, más lo es cuando la propuesta remitida a las Cortes fue aprobada con tres votos que dan cobertura al terrorismo independentista, a costa de la exclusión de los no nacionalistas en la definición del futuro autonómico y tras haber certificado la defunción del Estatuto que ha garantizado durante veinticinco años un marco de concordia y bienestar.

Con toda probabilidad, el plan Ibarretxe no va a superar ni siquiera el trámite de admisión para su normal discusión en el seno de las Cortes Generales. Sus promotores denunciarán la actitud del Gobierno y del primer partido de la oposición como una operación antidemocrática que niega la palabra a los vascos. Pero en realidad se tratará del freno que la democracia constitucional pondrá a los propósitos antidemocráticos de quienes acuden a Madrid anunciando que, pase lo que pase allí, acabarán sometiendo el plan Ibarretxe al refrendo de la ciudadanía vasca, emulando así el ejercicio del derecho a la autodeterminación. Es por ello que tanto el no nacionalismo en Euskadi como el PSOE y el PP en el Congreso de los Diputados se han de sentir concernidos a la hora de afrontar política y socialmente el desafío soberanista, sin renunciar en última instancia al recurso a los tribunales. Pero sería un error interpretar el problema suscitado por el plan Ibarretxe como un riesgo susceptible de ser atajado mediante la búsqueda de una contundente sentencia dictada por el Tribunal Constitucional, sin más. De igual forma que sería una temeridad que las instituciones del Estado se viesen enredadas en un diálogo fingido con el nacionalismo cuando éste amenaza una y otra vez con su inquebrantable propósito de desbordar los procedimientos constitucionales. La responsabilidad del presidente y la de su Gobierno es mostrar claramente su posición firme en contra del plan Ibarretxe. La del primer partido de la oposición, evitar que las diferencias de procedimiento que pueda mantener con el Ejecutivo para frustrar las intenciones soberanistas empañen la prioritaria concertación de esfuerzos en defensa de la Constitución y del Estatuto.

País de relojeros
JUAN JOSÉ R. CALAZA La Voz 4 Enero 2005

LA OCDE realiza cada cuatrienio una evaluación sobre el nivel educativo de los estudiantes de 15 años, esto es, de alumnos de secundaria. En el último estudio, conocido como Informe PISA (Programme for International Student Assesment), España se sitúa por debajo de la media de la OCDE en conocimientos de matemáticas, comprensión lectora (por eso algunos no entienden la diferencia entre nacionalidad y nación) y cultura científica. En Europa, sólo Italia y Portugal están por debajo de nosotros. Por si fuera poco, la situación empeora respecto a anteriores encuestas. No es de extrañar, pues en este país no se sabe dar ni los buenos días correctamente. Eso sí, campeones mundiales de botellón, cainismo y hockey serie B.

A toro pasado, los especialistas de la generalidad -así definió alguien profesionalmente a Montero Alonso- han dado explicaciones varias sobre este estado de cosas. Pero yo, que soy algo retorcidillo, prefiero recurrir a la Cuchilla de Occam: cuando concurren varias causas, explicaciones o hipótesis concurrentes la más adecuada suele ser la más sencilla. Y aquí lo más sencillo es privilegiar la hipótesis de que somos un país de tontos. O si prefieren, un país de listillos en el que el más tonto, que soy yo, sabe hacer relojes. No le den muchas vueltas, los resultados que expone el Informe PISA son la consecuencia directa del grado de memez al que hemos llegado. Podría presentar decenas de ejemplos al respecto pero espero que lo que sigue sea suficiente, si bien lo digo en pura retórica porque a ningún relojero le convencerán mis planteamientos, tanta es la fatiga que provocan esos artificios intelectuales que hacen que a la política se le llame ciencia y no arte.

Recientemente, con mucho bombo y platillo, el Gobierno desempolvó un rancio plan tendente a prevenir y neutralizar al terrorismo islámico, prudencia que es muy de alabar en nuestros dirigentes y responsables de la cosa pública. Pero ningún relojero me ha explicado el por qué de esta urgencia en un país que, claudicación mediante, ha hecho prácticamente todo lo que nos ha exigido el islamismo, sin conseguir nada a cambio y perdiendo de consuno el apoyo de la primera potencia mundial. O sea que, con el pacto de civilizaciones y el ansia infinita de paz, estamos peor que antes. Cabe inclusive imaginar que el Gobierno, después de las concesiones de primera hora y la debilidad mostrada, esté sufriendo algún tipo de chantaje con amenaza de terror para obtener, por ejemplo, la liberación de los presos islamistas. Esto sería lo menos grave, porque mucho peor lo tendríamos si nos hubiéramos ganado la animadversión de EE.?UU. hasta el punto de que sus servicios secretos estuviesen organizando la desestabilización de España manipulando a algún que otro extremista enturbantado proclive a la revancha. ¿Tiene el Gobierno alguna información al respecto y la oculta celosamente? Queremos saber. Y también queremos saber imperativamente, ya mismo, por qué España acaba de comprarle sesenta misiles Patriot a Alemania para desplegarlos en el Estrecho apuntando hacia Marruecos. Este acto de hostilidad, que apruebo, no se compadece con la cacareada política exterior española y yo, que soy bastante lerdo, quiero que me lo expliquen. Es tarde para que le echen la culpa a Aznar, el cual, con todos sus defectos, fue consciente de la originalidad de España como nación y de una grandeza que no puede limitarse a un modesto papel en Europa de portamaletas de Francia. Quiero saber.

Tirar la piedra y esconder la mano
Cartas al Director ABC  4 Enero 2005

En el Consejo de Ministros de 30 de diciembre se concretó la decisión, anticipada ya el pasado julio por el presidente del Gobierno y el de la Generalitat, de trasladar a Barcelona la sede de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). El despropósito de fondo de la decisión encuentra así su mejor broche en el desatino de emplear el último Consejo de Ministros del año para adoptarla, procurando acaso que pase lo más desapercibida posible.

Como el órgano de representación de los trabajadores de la CMT ha sugerido repetidamente, el Gobierno ha comenzado a implantar su política de deslocalización de organismos públicos -en sí misma perfectamente plausible- por el tejado. Pudiendo haber elegido para esa finalidad un ente de nueva creación, se opta por trasladar un órgano ya en marcha, establecido en Madrid desde su creación en 1997: cabe sospechar pues que se trata no tanto o no sólo de deslocalizar la organización del Estado, sino de hacerlo por el expediente de trasladar parte de esa organización desde Madrid a Barcelona.

Esta política está llamada a generar cuantiosos costes laborales, así como a proyectar una sombra de intromisión en la gestión de aquellos organismos que, como la CMT, se definen por su independencia. Que la ubicación en la Ciudad Condal deba ser efectiva a lo largo de 2005, como ordena la norma aprobada, es síntoma de que los réditos políticos que un pronto traslado pueda proporcionar en forma de buena sintonía con los partidos que integran el Gobierno catalán se han antepuesto a la evitación de los perjudiciales efectos que ello pueda producir en el funcionamiento de la institución.

La intromisión gubernamental en la gestión del regulador se limita a la designación de la localidad donde deberá tener su sede. Esto tranquilizará a aquéllos que, aunque pueda parecer irónico, habían insistido en que la independencia del organismo podría verse puesta en cuestión si el Gobierno decidiera señalar en qué concreto edificio, dentro de Barcelona, debiera ser instalado.

La norma se desentiende de conjugar la instrucción de traslado con los intereses de 140 trabajadores a los que el Real Decreto no contempla, ni ofrece aparentemente más opción que el traslado o la pérdida de su empleo público. Una medida de estas características contradice tan abiertamente principios como los de eficacia, objetividad, transparencia y proporcionalidad, que deben regir la actividad de los poderes públicos, que bien merecía haber sido adoptada el 28 de diciembre.

María A. Álvarez San José, trabajadora de la CMT (Madrid).

Alta traición
Cartas al Director ABC  4 Enero 2005

Cuando han pasado tan sólo unas horas desde que hemos estrenado el nuevo año, los españoles aún seguimos estupefactos por lo ocurrido en el Parlamento vasco, pues para el PNV parece que no cuentan venticinco años de convivencia pacífica entre todos los españoles, que tienen como base el texto constitucional una vez que fue consensuado por izquierda, derecha y nacionalistas, y para lo que, en esencia, se introdujo el término de «nacionalidades». Sabedor de que la palabra «independencia» podría levantar suspicacias, el hábil Ibarrexte se saca de la manga el iluminado término de «Estado Libre Asociado con España», que tan sólo es una forma práctica de seguir conservando las ventajas económicas que ya se disfrutan por ser una Comunidad Autónoma española y, a su vez, aparecer como la nueva nacion vasca; sólo que esta fórmula sería discriminatoria frente a otras Comunidades de un nivel de renta muy inferior, como Extremadura o Andalucía. Si Ibarrexte propone un referéndum éste debería extenderse a toda España, ya que ésta, según nuestra Constitución, es la patria común e indivisible de todos los españoles.

Todo parece indicar que la aprobación del Plan Ibarrexte obedece a un proyecto muy elaborado entre PNV y PSOE, pues no es casualidad el que previamente se hayan anulado aquellos artículos de la ley que podrían determinar el ingreso en prisión del lendakari si convocaba un referéndum. No nos engañemos, aunque Zapatero aparece como disconforme, le ha dejado el camino libre y es tan cómplice como él, e incluso ambos lo negarán tras la próxima reunión, en la que inexorablemente van a pactar, y entonces hablaremos de hechos consumados, rompiendo no sólo el consenso constitucional, sino el principio de solidaridad interterritorial.

Loreto Bassy Garcia-Morato. Málaga.

Cobardía
Cartas al Director Libertad Digital 4 Enero 2005

El actual ejecutivo en el poder no para de acceder a los chantajes a los que es sometido por diferentes minorías. Primero fue el chantaje terrorista que originó la retirada de las tropas españolas en Irak; después ha sido el chantaje de los nacionalistas socialistas y nacionalistas republicanos catalanes que originó el cambio de opinión acerca de la continuidad de la totalidad de los archivos sobre la guerra civil en Salamanca; ahora el chantaje de E.T.A y sus secuaces en lo que se refiere al incumplimiento de la Ley en las Vascongadas dejando que una fuerza política ilegalizada tenga derecho a voto y permitiendo que se lleven a cabo planes secesionistas sin realizar todas las acciones pertinentes que les exige su cargo para evitarlos. También el chantaje de la minoría homosexual permitiendo la aberración de equiparar el matrimonio entre ellos y la posibilidad de adoptar niños, sin olvidar el chantaje por parte de la minoría musulmana dejando en libertad a un imán que publicó un tratado acerca de cómo maltratar a las mujeres (y eso que se supone que el actual Gobierno iba a dar prioridad a la lucha contra la violencia de genero).Todos estos hechos en mi opinión, y seguro que en la de la mayoría de los españoles, sólo tiene un nombre cobardía y la peor representación para un país es un Gobierno demostradamente cobarde, incapaz y corrupto.

Jorge Andrés de Castro -Madrid

Difamar y mentir
Ernesto Ladrón de Guevara/Portavoz de UA. Vitoria-Gasteiz Cartas al Director El Correo 4 Enero 2005

Don Carmelo Barrio y otros compañeros suyos del PP calumnian a Unidad Alavesa. Empezaron echando porquería sobre los dirigentes foralistas al atribuirles interés personal y negocios turbios, y tras la querella presentada por este partido ahora se dedican a manipular, tratando de asociar el acuerdo presupuestario a un apoyo de UA al Plan Ibarretxe. No sólo han perdido la decencia sino el sentido del ridículo. Nadie puede creer que UA tenga algún tipo de connivencia con el nacionalismo para la independencia de Euskadi. Señor Barrio, no sea grotesco y entérese de las inversiones estratégicas para Álava que UA ha logrado; entre otras, el soterramiento del ferrocarril que nadie hasta ahora ha planteado en serio más allá de promesas-fraude en puertas de elecciones. Cómo vamos a favorecer el Plan Ibarretxe si desde la fundación de UA estamos insistiendo en la necesidad de que Álava salga de una Euskadi nacionalista. Es el PP el que sistemáticamente se ha opuesto a nuestra pretensión dando alas a los proyectos nacionalistas. No confunda a la ciudadanía, respete a Unidad Alavesa, y no haga demagogia barata.

Rosa Díez: «Ibarretxe irá tan lejos como el Estado le deje»
G. LÓPEZ ALBA ABC  4 Enero 2005

Díez recuerda que el plan Ibarretxe «tiene los mismos votos que el pacto de Lizarra»
MADRID. Ahora que todo el mundo se declara sorprendido por la aprobación del plan Ibarretxe en el Parlamento vasco, Rosa Díez es uno de los pocos políticos -vascos y españoles- que puede reivindicar el «ya lo dije». «Algunos hemos venido diciendo que este plan estaba presentado para terminar como ha terminado. El PNV sabía que, para que eso se produjera, necesitaba los votos de Batasuna y a lo largo de estos años hemos visto actitudes que predeterminaban que todo lo que estaba haciendo buscaba ese objetivo. Ya nadie se puede llamar a engaño sobre por qué el PNV y Atutxa se negaron a cumplir la resolución del Supremo que obligaba a disolver el grupo parlamentario de Sozialista Abertzaleak. No creo que nadie piense que actuó para salvar la autonomía del Parlamento vasco. Actuó de esa manera porque sabía que los votos de Batasuna eran imprescindibles para que el plan saliera adelante. Si algo es el PNV, es predecible. Han mantenido a Batasuna en el Parlamento para ganar y han ganado. Ahora les tenemos que hacer perder».

-Entre los sorprendidos parece estar el propio el propio presidente del Gobierno...
-No, estamos todos, salvo media docena de personas. En la tesis de que el plan no se iba a aprobar en el Parlamento vasco, salvo una extrema minoría, han estado todos, desde los políticos de todos los partidos hasta los editorialistas y prescriptores de opinión. No había más que ver la cara de sorpresa de todos los periodistas y políticos sentados en el Parlamento vasco el día que se aprobó.

-Deduzco de sus palabras que no comparte la tesis de que Ibarretxe ha caído en una trampa de Batasuna.
-No la comparto para nada. Ibarretxe no es la víctima, ha buscado este final. ¿Qué es eso de que el lendakari está prisionero? Batasuna no quería que el PNV presentara este plan, pero no porque no le guste, sino porque le molesta que la iniciativa la lleve el PNV. Es el lendakari el que ha presentado el plan para darle marchamo institucional al acuerdo de Lizarra, porque esta iniciativa es el acuerdo de Lizarra en sede parlamentaria, con los mismos votos, por cierto.

-Usted ha coincidido con el PP en defender el recurso al Tribunal Constitucional. ¿Navega a contracorriente de su partido o su partido navega en contra de la lógica?
-Ni yo navego a contracorriente de mi partido ni mi partido navega a contracorriente de la lógica. Lo que yo defiendo, y ayer lo dijo el presidente del Gobierno, es que se utilicen todos los instrumentos del Estado de Derecho, que son desde el recurso al Constitucional hasta el debate y ulterior rechazo en el Congreso de los Diputados. Lo que tenemos que decidir es el tiempo para conseguir más eficacia en lo fundamental, que es que este plan sea inviable y no se pueda aplicar jamás. Pero hay que decirle a la gente que está buscando amparo, y a quienes han planteado el reto al Estado, que el Estado no está en tregua y la democracia tampoco. Hay que decirles que no renunciaremos a utilizar absolutamente ninguno de los instrumentos del Estado de Derecho y de la democracia para defender a los ciudadanos de un plan que es ilegítimo e inconstitucional, no porque divida a España en el sentido de dividir los territorios, sino porque divide a los ciudadanos españoles al quitar derechos a una parte de los vascos y enfrentar al conjunto de los vascos con el conjunto de los ciudadanos españoles. Estoy segura de que desde el Gobierno se está estudiando desde el recurso al Constitucional hasta la tramitación en las Cortes, como no podía ser de otra manera. ¿Cuándo se utilizarán esos instrumentos? En el momento que sea más oportuno, porque lo tenemos que hacer con inteligencia para que el resultado sea el más eficaz. Y lo tenemos que hacer también, a ser posible, de común acuerdo, no sólo en la estrategia sino también en la táctica, con el primer partido de la oposición.

-Usted ha hablado de un pacto PSOE-PP, pero ¿cómo se sustanciaría?
-Este es el pacto más fácil de hacer. PSOE y PP estamos de acuerdo en la estrategia, estamos de acuerdo en que hay que defender la Constitución, entendiendo por Constitución la ley que ampara a todos los ciudadanos y en igualdad de derechos. Por tanto, hacer una acuerdo para defender la Constitución en lo concreto, que es defenderla de este ataque, les tiene que llevar a Zapatero y a Rajoy media hora. Tenemos que explicitar también el acuerdo en la táctica, por ejemplo buscando un lenguaje común. A mí me parece que eso es importante porque es lo que está generando ante la opinión pública alguna zozobra. Si Rajoy llama a Zapatero para ofrecerse a trabajar juntos en encontrar la mejor manera de echar abajo el plan Ibarretxe, a la primera de cambio no puede decirle en qué tiene que consistir el consenso. Tenemos que ser rigurosos y estar a la altura de las circunstancias, todos, el Gobierno y la oposición, el PSOE y el PP, porque si no a quienes les damos ventajas es a quienes quieren destrozarnos, a quienes han planteado esta iniciativa y a quienes tienen alguna esperanza de que salga adelante. Hay mucha gente que te para por la calle para decirte «oiga, harán ustedes algo, se pondrán de acuerdo ...» . Esa es nuestra obligación y no podemos estar tirándonos los trastos a la cabeza.

-¿Debe recibir Zapatero a Ibarretxe?
-María San Gil, mi amiga, se equivoca cuando exige que no le reciba. El presidente del Gobierno tiene la obligación institucional, le guste o no le guste, y a mí no me gusta nada, de recibir al presidente de un gobierno autonómico ante una situación que ha generado de gran crisis política. Lo importante es lo que le va a contestar, y en eso no tenemos que tener ninguna duda. Zapatero ha dicho, en la oposición y ahora en el Gobierno, que el plan no se va a negociar.

-¿Debe reconsiderar el Gobierno la iniciativa de penalizar la convocatoria de referendos ilegales?
-Ya dije en su momento, cuando el PP puso en marcha esa iniciativa, que el Estado tiene instrumentos para evitar que los referendos ilegales se produzcan. No hace falta ninguna iniciativa complementaria para evitar que se incumpla la ley y se convoque un referéndum que es a todas luces ilegal e ilegítimo. Lo que hay que evitar es que se celebre y lo que tenemos que hacer es discutir discretamente los instrumentos a utilizar en cada momento.

-¿No le parece voluntarista la idea de frenar el plan en las próximas elecciones autonómicas?
-El plan se va a frenar con los instrumentos del Estado de Derecho, no con las elecciones autonómicas. Las elecciones no están para refrendar ninguna ley, ni para lo contrario. Pensar que el plan se para en las elecciones autonómicas es caer en la trampa de Ibarretxe porque sería reconocer el «ámbito vasco de decisión». Espero que para cuando lleguemos a las elecciones ya haya sido derrotado. A quien quiere romper las reglas del juego hay que responderle con las reglas del juego porque Ibarretxe irá tan lejos como el Estado le deje.

El legislativo navarro califica de «gran usurpación» el plan y el Gobierno mantiene un recurso ante el Constitucional
B. L. ABC  4 Enero 2005

PAMPLONA. El presidente del Parlamento de Navarra, Rafael Gurrea, hizo ayer público un comunicado en el que calificó de ilegal la aprobación por el Parlamento vasco del plan Ibarretxe. Gurrea indicó que el legislativo vasco ha acordado nuevos derechos para los navarros sin tener legitimidad para ello y sin previa consulta sobre si quieren establecer vínculos políticos y relaciones internas a nivel municipal y territorial al margen de la Constitución y el Amejoramiento.

Gurrea manifestó que la decisión del Parlamento vasco es la mayor de las usurpaciones que se han cometido con los navarros y calificó de llamativo el silencio de EA, Aralar, IU y PNV sobre este asunto, formaciones «tan puntillosas en otras ocasiones con las competencias del Parlamento de Navarra».

Gurrea añadió en el comunicado que el Parlamento vasco sabe que el navarro tiene una mayoría suficiente con Unión del Pueblo Navarro y PSOE para renunciar en nombre de los navarros a su «derecho» de conformar una estructura política conjunta Navarra-Euskadi, mediante la petición de supresión de la Transitoria Cuarta.

Por su parte, el Gobierno de Navarra tiene presentados desde diciembre de 2003 dos recursos contra el plan Ibarretxe, uno ante el Tribunal Constitucional y otro ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, al entender que el proyecto de Estatuto es inconstitucional, lesiona el régimen foral e invade competencias. En ninguno de los dos casos ha habido sentencia. Concretamente, el Gobierno de Navarra mantiene que el contenido del Plan es "inconstitucional y no se adecua al orden de delimitación de competencias que establece la Constitución Española y la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra». En los recursos también manifestó que en el preámbulo de ese Plan «se determina la pertenencia de Navarra a lo que se califica como un pueblo con identidad propia en el conjunto de los pueblos de Europa, al margen de cualquier decisión o manifestación de voluntad del pueblo navarro y de sus instituciones». El artículo 6 del plan Ibarretxe señala que las relaciones entre Navarra y la Comunidad de Euskadi se sujetarán a lo que establezcan los ordenamientos de dichas comunidades, al margen de lo establecido en el artículo 145 de la Constitución, que impide la federación de comunidades.

Navarra se une a la rebelión alavesa y dice que vetará cualquier intento de unirla al País Vasco
UPN anuncia que cuenta con el PSOE para frenar la disposición constitucional que abre tal posibilidad
El presidente del Parlamento de Navarra, Rafael Gurrea, considera que la aprobación del Plan Ibarreche «no es una más» de las violaciones del Parlamento o Gobierno vascos contra competencias de los navarros «sino la más grande de las usurpaciones» que se han cometido. Gurrea recordó que UPN y PSOE forman en Navarra una mayoría suficiente para rechazar los «derechos» que pretende el Plan mediante la petición de supresión de la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución Española, que establece la posibilidad de que la Comunidad Foral se incorpore al País Vasco.
Redacción La Razón 4 Enero 2005

Pamplona- El presidente del Parlamento navarro, Rafael Gurrea, de UPN, calificó ayer de «ilegal» la aprobación del Plan Ibarreche en el Parlamento vasco, al que atribuye con esta decisión «la más grande de las usurpaciones que han cometido con los navarros». Gurrea considera que la Cámara vasca «ha cometido un abuso más de sus competencias contra la soberanía de los navarros legislando en nombre de los navarros unos “derechos” que no les corresponde ofrecer a los navarros».

El presidente del Parlamento Foral reprocha además que la aprobación de dicha propuesta se haya hecho «de forma unilateral, como si estuvieran solos en el mundo, sin contar con el Gobierno de España, ni con Navarra, modificando ilegalmente el marco de relaciones Navarra-España-Euskadi amparado por la Constitución Española». Según apunta, «el Parlamento vasco acaba de acordar nuevos “derechos” de los navarros, a establecer “vínculos políticos y relaciones internas a nivel municipal y territorial”, o a establecer “instrumentos comunes de cooperación”, al margen del Artículo 145 de la Constitución Española y del Amejoramiento de Fuero, como si hubiera sido elegido para representar a los navarros». «No nos han preguntado si queremos o no esos nuevos derechos. Mejor dicho, ellos ya saben que no los queremos, pero a pesar de ello se empeñan en representarnos», agrega.

Nacionalistas.
Gurrea cree que «lo que resulta llamativo es cómo se callan de esta usurpación de representación “los navarros” de EA, Aralar, IU y el PNV, tan puntillosos otras veces con las competencias del Parlamento de Navarra para representar a los navarros». En este sentido, opina que «el Parlamento vasco legislando “derechos” para los navarros y con aplausos de los parlamentarios navarros nacionalistas y de sus amigos de IU, es una imagen de esquizofrenia política», informa Efe.

El Parlamento vasco, agrega, «sabe que en el Parlamento de Navarra hay una mayoría suficiente con UPN y el PSOE, para renunciar en nombre de los navarros a su “derecho” de “conformar una estructura política conjunta”, Navarra y Euskadi, mediante la petición de supresión de la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución Española», que permite la adhesión de la Comunidad Foral a la vasca mediante un referéndum. «Pero, a pesar de ello, el Parlamento vasco sigue legislando sobre ese “derecho”, volviendo a conceder lo que los navarros no queremos que continúe vigente», denuncia.

Rafael Gurrea precisa que «algunos navarros pensarán que esta violación de nuestras competencias es “una más” desde el Parlamento y Gobierno vascos, pero somos muchos más los que pensamos que ésta es “la más” grande de las usurpaciones que han cometido con los navarros». «Porque esta vez –explica– han legislado nuevos “derechos” para los navarros, sin competencia legal para ello, sin la voluntad de los navarros, contra la voluntad de los navarros».

Manos Limpias sí impugna el «carpetazo» y cree «vergonzosa» la actitud del fiscal
R. L. V. La Razón 4 Enero 2005

Madrid- Al contrario que la Fiscalía, el sindicato Manos Limpias sí que decidió presentar ayer un recurso de apelación contra el auto de archivo de la querella contra Juan María Atucha y otros dos parlamentarios vascos. La organización, que en palabras de un portavoz consideró «vergonzoso» que la Fiscalía no haya recurrido el auto, reprocha en su recurso a la juez instructora, Nekane Bolado, que haya criticado y cuestionado la resolución del Tribunal Supremo que ordenada la disolución de SA como consecuencia de la de Batasuna. «Se extiende una duda sobre el Estado de Derecho», explica la impugnación, y se busca «enterrar de un plumazo el sistema jurídico, la tutela judicial efectiva, la separación de poderes, el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Constitución y hasta la dogmática jurídica internacional».

Enriqueta Benito Secretaria General de Unidad Alavesa «Los alaveses tenemos la sartén por el mango. Nos saldríamos del País Vasco»
D. Mazón La Razón 4 Enero 2005

Unidad Alavesa, como explica Enriqueta Benito, quiere parar desde Álava el Plan Ibarreche, diciéndole «no» en las Juntas Generales y separando la provincia menos nacionalista de Vizcaya y Guipúzcoa. Aun así, confía en que el Congreso de los Diputados también frene el desafío del lendakari.

Madrid- UA, una vez aprobado el Plan Ibarreche, y en marcha la maquinaria para pararlo, ¿cómo piensa actuar?
– Nosotros, en principio, nos hemos opuesto al Plan Ibarreche porque es una afrenta total, pero desde luego, para con Álava, creemos que el desacuerdo que tenemos nosotros es fundamental, porque agrede a Álava, ya que ésta no es una provincia de régimen común, es un territorio foral y el derecho histórico se debe salvaguardar. Nosotros lo que queremos hacer es que las Juntas Generales de Álava se posicionen en contra de este plan y si realmente sigue adelante, pues que los alaveses podamos decidir nuestro futuro en el sentido de que nosotros no queremos formar parte de esta historia. Álava no es nacionalista y UA lo que tiene que hacer es frenar esto rompiendo el actual marco de los tres territorios y que Álava salga del País Vasco. Una mesa con dos patas no se puede sostener. Nosotros pensamos que los alaveses somos los que tenemos la sartén por el mango.

– Tras ese primer paso, ¿qué más habría que hacer? ¿Dejar que Vizcaya y Guipúzcoa actúen por su cuenta?
– Vizcaya y Guipúzcoa que hagan lo que consideren oportuno. Los partidos que operan en los tres territorios tendrán que decidir qué es lo que quieren para esos dos territorios. Una vez que se diga que no al plan en las Juntas Generales, que Vizcaya y Guipúzcoa hagan lo que tengan que hacer. Los alaveses tenemos que parar esta barbaridad que ha llevado a cabo Ibarreche con ETA.

– En el mismo sentido se ha posicionado Ramón Rabanera (PP). ¿Cree que debe haber una alianza de los no nacionalistas para parar el plan desde Álava?
– Es un planteamiento que tenemos desde hace tiempo. Es una propuesta de UA pero creemos que los partidos no nacionalistas debemos estar de acuerdo en esta materia. El problema es que el PSOE y el PP hacen alavesismo y de repente se acuerdan de que Álava no quiere estar en ese entramado nacionalista, pero lo dicen cuando hay una afrenta de éstas y en veinticuatro horas se han olvidado. Lo que queremos es que el discurso no sea coyuntural, sino estructural, que sea un discurso que se establezca como estrategia para parar desde Álava el Plan Ibarreche. Nos encantaría que se sumaran a nuestra propuesta de estatuto alavés, de salida de Álava de la comunidad, pero que lo hagan de verdad.

– El PSE, en el último mes, ha hecho una serie de movimientos atípicos, con su propuesta de comunidad nacional para el País Vasco. ¿Ve en este partido un apoyo firme contra el plan?
– Yo creo que el PSE, con ese documento que ha redactado Guevara, no se ha dado cuenta de que éste proviene del nacionalismo y yo creo que no hay nacionalista que deje de serlo a lo largo de los años. Guevara sigue teniendo su «imput» nacionalista y de ahí ese desvarío con todo lo relacionado con la «comunidad nacional». Lo que sí espero es que el Partido Socialista en Madrid tenga la capacidad para frenar en el Congreso de los Diputados esta barbaridad. Espero que sea así, pero que no se pierdan en esos mensajes del «plan López», porque ahora la única alternativa es la paralización del Plan Ibarreche. Lo importante es que se pare y tiene que haber una unidad.

– Hasta ahora, el Parlamento vasco ha ignorado las órdenes y sentencias venidas de Madrid. ¿Cree que ahora van a hacer caso a lo que se diga?
– El nacionalismo va a seguir con su plan aunque Madrid diga que no, pero no tendrá argumentos para venderlo. Si ellos dicen que tenemos que respetar las decisiones del Parlamento vasco, la democracia también pasa porque respeten lo que dice el Congreso.

– ¿Ve al Estado suficientemente fuerte y cohesionado para parar el desafío?
– Yo creo que sí, porque es un desafío terrible, de ruptura de España, y creo que el Gobierno tiene herramientas y fortaleza para pararlo. Si no es así, los ciudadanos sancionarán al Gobierno en las próximas elecciones.

– ¿Qué pasará con Cataluña? ERC ha avisado de que harán algo parecido.
– Si el Plan Ibarreche se para en Madrid, los catalanes no van a poder jugar esa carta, porque lo que no puede el Gobierno es plegarse a lo que digan en este momento una parte de los catalanes.
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