AGLI

Recortes de Prensa     Jueves 13 Enero 2005
RAZONES PARA NO SER PROGRESISTA
César Alonso DE LOS RÍOS ABC  13 Enero 2005

La gran coalición, I
GEES Libertad Digital 13 Enero 2005

Ibarreche no tiene media torta
Luis María ANSON La Razón 13 Enero 2005

¿Y AHORA QUÉ
PEDRO GONZÁLEZ-TREVIJANO ABC  13 Enero 2005

A ZP le crecen los enanos
Lorenzo Contreras Estrella Digital 13 Enero 2005

PANORAMA DESDE SIGÜENZA
M. MARTÍN FERRAND ABC  13 Enero 2005

EUROPA NO ES ZAPATERO
Jaime CAMPMANY ABC  13 Enero 2005

EL COSTE ECONÓMICO DE LA SECESIÓN
Editorial ABC 13 Enero 2005

Dos seguros de vida para eta
Iñaki EZKERRA La Razón 13 Enero 2005

ESTABILIDAD Y ESPAÑOLIDAD
Fernando Fernández ABC  13 Enero 2005

Estatuto de Autonomía vasco y Constitución
José BAREA La Razón 13 Enero 2005

Aprovechar el nacionalismo
Jorge Vilches Libertad Digital 13 Enero 2005

Debate viciado
Ángel CRISTÓBAL MONTES La Razón 13 Enero 2005

Rajoy sí da la talla
José Alejandro VARA La Razón 13 Enero 2005

Una oferta a Ibarretxe
EMILIO GUEVARA El Correo 13 Enero 2005

El nihilismo jurídico de Zapatero
Ignacio del Río Estrella Digital  13 Enero 2005

Encuentro superfluo
José María CARRASCAL La Razón 13 Enero 2005

Ibarreche e Irlanda
Francisco MARHUENDA La Razón 13 Enero 2005

La campaña ilegal
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 13 Enero 2005

Los errores tecnocráticos
Alberto Recarte Libertad Digital 13 Enero 2005

La complicidad de Ibarretxe con Otegi, otra razón para Zapatero
Editorial El Mundo 13 Enero 2005

Contra el pueblo vasco
Fernando Savater El País 13 Enero 2005

Patrias lejanas
Serafín Fanjul Libertad Digital 13 Enero 2005

A los votantes del PSOE
Cartas al Director ABC 13 Enero 2005

Quieren que fracase
Cartas al Director El Correo 13 Enero 2005

Al señor Guevara
Cartas al Director El Correo 13 Enero 2005

Rajoy pide a Zapatero aplicar el artículo 155 si Ibarreche convoca el referéndum
C. Morodo La Razón 13 Enero 2005

Defensa de las nacionalidades históricas
Eugenio Trías El Mundo 13 Enero 2005



 

RAZONES PARA NO SER PROGRESISTA
Por César Alonso DE LOS RÍOS ABC  13 Enero 2005

YO no puedo ser progresista cuando serlo hoy es:

-Dar cianuro a un tetrapléjico, cobrar por contarlo en las televisiones y aceptar como arte cinematográfico lo que es simple manipulación demagógica.

-Desmantelar el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca para complacer a «Cataluña», que, por las mismas razones históricas, debería devolver a las regiones que produjeron emigrantes la riqueza que éstos le dieron en la postguerra.

-El derecho de la mujer a abortar en cualquier caso y circunstancia.

-Conceder el matrimonio a los homosexuales para que no se sientan distintos y ayudar, por lo mismo, a las operaciones que necesitan los que aspiran a ser transexuales.

-Cambiar los mil asesinados por ETA por la aprobación de un plan propio de nacionalistas vergonzantes como es el de los socialistas vascos.

-Pactar la gobernación de la Nación con los amigos de ETA.

-Vulnerar los derechos humanos de los niños que viven en Comunidades bilingües y que tienen el español como lengua materna.

-Negar que España es una obviedad geográfica e impedir que eso pueda explicarse en las clases.

-Preferir los nacionalismos etnicistas, excluyentes e inquisitoriales a la derecha española, sin cuya contribución no habría habido transición democrática, sistema autonómico y verdadero progreso.

-Considerar peligrosos los sentimientos nacionales cuando se trata de España y sublimes cuando se refieren a Cataluña, País Vasco o Galicia.

-Banalizar o eliminar las pruebas escolares y de ese modo canonizar la mediocridad que es el estado ideal de los gobernantes socialistas.

-Aceptar la moral de unos gobernantes que critican la enseñanza privada y llevan a sus hijos al Británico.

JUSTIFICAR la dictadura de Castro por la liberación de Rivero.

-Desobedecer el mandato del setenta por ciento de las familias españolas que quieren una enseñanza de la religión católica en las escuelas públicas.

-Elogiar «El Código da Vinci».

-Defender una Constitución que pone las bases culturales de Europa en Voltaire y Robespierre olvidando a Aristóteles y Santo Tomás.

-Aceptar una Constitución europea que niega la representación que España consiguió en Niza y que puede abrir el ingreso de Turquía.

-Estimar como dogmas los que lo fueron del fascismo en los años treinta: el antiliberalismo, el antiamericanismo, el antisemitismo y el anticlericalismo.

-Subir el salario mínimo en los términos de la inflación a pesar de los criterios contrarios del vicepresidente Solbes.

DAR por buena la Leyenda Negra y la consiguiente infravaloración de las aportaciones españolas a la cultura universal.

-Condenar el Descubrimiento y la conquista de América.

-Despreciar la obra grandiosa de Menéndez Pelayo y calificar a Ortega y Gasset como un prefascista.

-Creer que la izquierda ha aportado algo significativo al pensamiento español.

-Aprobar la quema de conventos y los asesinatos de sacerdotes de la II República.

-Tapar los asesinatos de Maeztu, Ledesma y Muñoz Seca con el de Federico García Lorca.

-Convertir el Ejército español en una ONG (Bono fecit).

-Transitar del aconfesionalismo al laicismo como si no existiese una Constitución.

-Ir mucho más allá del 11-M en relación con la derecha. Si la masacre desplazó a ésta del poder, la alianza del PSOE y los nacionalistas la eliminará para siempre.

Ante el desafío nacionalista
La gran coalición, I
GEES Libertad Digital 13 Enero 2005

El desafío lanzado por nacionalistas y terroristas desde el País Vasco, y el que van a lanzar en breve plazo los independentistas desde Cataluña, hace que no sea descabellado pensar en una gran coalición del PSOE y el Partido Popular para salvar la unidad de España, hoy gravemente amenazada. El objetivo fundamental de ese Gobierno de unidad nacional, nunca mejor dicho, debe ser dar una respuesta eficaz, desde la abrumadora legitimidad democrática que representa la suma de estos dos partidos, al Plan Ibarretxe, aprobado en el Parlamento vasco con el apoyo de los terroristas para volar nuestra Constitución. Esta gran coalición tendría el efecto añadido de recomponer un mínimo consenso social y político que permita superar la creciente fractura ideológica que hoy se observa en nuestra sociedad.

Es difícil, sin embargo, pensar en la viabilidad de esta propuesta de gran coalición, cuando el PSOE ni tan siquiera ha querido aceptar la oferta de acuerdo puntual lanzada por el PP para defender el modelo territorial que establece la Constitución. El PSOE no tendrá ningún reparo en sacrificar España si con ello cree que mantiene el poder. Su estrategia electoral pasa además por enfrentar y dividir a la sociedad antes que por recomponer el consenso social.

El sistema electoral español diseñado en la Transición ha provocado la perversión de someter de forma casi permanente las mayorías obtenidas por socialistas o populares al chantaje de las minorías. Esas minorías no han sido, además, fuerzas de centro que hayan servido para moderar las opciones de izquierda o derecha de los dos grandes partidos nacionales, fortaleciendo así la cohesión del país. Por el contrario, esas minorías han sido siempre partidos nacionalistas que con más o menos ímpetu han buscado siempre dos objetivos: obtener ventajas diferenciales paras sus territorios y acercase en última instancia a la independencia de España.

Esta sobrerrepresentación que el sistema electoral ha dado a las minorías nacionalistas y el poder que la aritmética parlamentaria les ha conferido en cinco de las ocho legislaturas de nuestra democracia, lejos de haber servido para comprometer a estas fuerzas en un proyecto común, ha sido utilizado de forma absolutamente desleal por los nacionalistas para escalar peldaños hacia la independencia. La culminación de este proceso ha sido la aprobación en la Cámara de Vitoria del Plan Ibarretxe.

El Plan soberanista vasco requiere una respuesta contundente e inmediata. Contundente no sólo porque supone una amenaza inminente a la unidad de España, sino porque quiebra las bases de nuestra convivencia democrática y supone una victoria política de los terroristas inaceptable desde un punto de vista moral. Inmediata, porque cuanto mayor dilación o ambigüedad haya en la respuesta mayor será la fuerza y el coste que habrá que emplear para detenerlo más adelante.

El problema es que el Gobierno de Rodríguez Zapatero no puede dar esa contundente e inmediata respuesta mientras mantenga su coalición con ERC. Los independentistas catalanes no quieren que el Gobierno frene el Plan Ibarrtexe, porque eso supondría frenar su propio Plan.

Hay, por tanto, dos únicas alternativas: o Zapatero convoca elecciones de inmediato para que los españoles podamos decidir quién, y cómo, hace frente a este desafío o los dos partidos mayoritarios ponen en marcha una gran coalición que no sólo frene el Plan Ibarrtexe, sino que paralice también el plan de autodeterminación catalán y realice la reforma electoral necesaria para que las mayorías electorales no estén en el futuro sometidas al chantaje de las minorías nacionalistas.

En nuestra opinión, la opción de la gran coalición presenta tres ventajas. Por un lado, es una respuesta política a la altura del desafío lanzado por el Parlamento vasco, dando así la máxima legitimidad a la aplicación de las previsiones que nuestra Constitución prevé para estos casos. Por otro, permitiría afrontar las reformas que acabaran con la raíz del problema, y no sólo con su materialización coyuntural en el Plan Ibarrtexe. Por último, debería servir para reducir la creciente crispación y frentismo que la actual coalición socialista-comunista-independentista está generando en nuestra sociedad.
Nada de antidemocrático puede haber en esta gran coalición, que ya se puso en marcha en otros países europeos en situaciones menos graves que la que atraviesa ahora nuestra nación. Que esta propuesta sea hoy políticamente inviable, por la irresponsabilidad histórica en la que se encuentra instalado el PSOE, no significa que nosotros no podamos defenderla desde nuestra responsabilidad intelectual.

GEES, Grupo de Estudios Estratégicos

Ibarreche no tiene media torta
Luis María ANSON de la Real Academia Española La Razón 13 Enero 2005

No pasaría nada. Si el Gobierno decide, en el momento adecuado, cumplir con su obligación constitucional, aplicando el artículo 155 de la Constitución con la suspensión provisional de la autonomía vasca, no pasaría nada. Blair liquidó la autonomía de Irlanda y no pasó nada. Las leyes existen para cumplirlas. El lendakari Ibarreche, por otra parte, no tiene media torta. Las Fuerzas Armadas y las de Seguridad están sin fisuras al lado de la Constitución y obedecerían al Parlamento y al Gobierno que representa la voluntad general de los españoles. Si tuvieran que actuar, cumpliendo órdenes de Zapatero, Ibarreche se metería valerosamente en su casa con el rabo entre las piernas.

Y digo todo esto creyendo, como creo, que el lendakari tiene todo el derecho, dentro de la democracia pluralista española, a elaborar los planes que considere oportunos. No tiene derecho a negociar de Gobierno autonómico a Gobierno de la nación esos planes si son claramente anticonstitucionales. Para mantenerse dentro de la ley, el lendakari no debería enviar su Plan al Congreso sino pedir a algunos diputados afines que presenten una proposición de ley para reformar los artículos de la Constitución que sitúan fuera del actual Estado de Derecho a su Plan. Ése es el procedimiento. La reforma constitucional, prevista en la propia Carta Magna, deberá ajustarse según el Título X a los siguientes requisitos: aprobación por los dos tercios del Congreso y a continuación por los dos tercios del Senado. Después disolución de ambas cámaras de forma inmediata y elecciones generales. El nuevo Congreso y el nuevo Senado deberán aprobar otra vez por dos tercios la propuesta de reforma constitucional. Si eso fuera así, se convocaría referéndum para que todos los españoles, no sólo los vascos, digan sí o no a la reforma propuesta.

En lugar de someterse a las normas constitucionales, lo que ha hecho Ibarreche es enviar su Plan al Congreso, exigir la negociación de tú a tú con el Gobierno y amenazar con que, sea cual sea el resultado de esa negociación, él convocará un referéndum entre los vascos. Si el Gobierno no se traga todo esto, entonces él, el lendakari, resolverá el asunto a tortas. Así de claro, a tortas, otra vez las dos Españas a garrotazos como en el cuadro de Goya. De nuevo la dialéctica de los puños y las pistolas, a estilo fascista. O el tiro en la nuca de Eta, a estilo estalinista. La altanería y desfachatez del lendakari sólo tienen una respuesta seria: devolverle el Plan sin debatirlo, denunciarlo ante el Tribunal Constitucional y, si Ibarreche se mantuviera en su actitud amenazante, aplicar el artículo 155 y suspender provisionalmente la autonomía vasca.

Todo esto es ahora posible. No lo será si el presidente del Gobierno continúa haciendo concesiones presionado por Carod Rovira, que es el árbitro de la vida política española. Denunciada su debilidad por «The Wall Street Journal», el Zapatero marioneta, que hoy recibe a Ibarreche antes que a Rajoy para complacer a ERC, se ha dedicado hasta ahora a la defensa de su interés personal, que es mantenerse a toda costa en Moncloa, en lugar de atender al interés general sajando la tropelía ibarréchica. Si ante el descarado desafío a la unidad de España no se mete el bisturí constitucional ahora que es posible, con el tiempo se hará la situación irreversible y asistiremos a la desmembración de una de las naciones más antiguas y gloriosas del mundo: España, mientras Zapatero I el de las mercedes, como la marquesa Eulalia de Rubén Darío, sonríe, sonríe, sonríe.

¿Y AHORA QUÉ?
Por PEDRO GONZÁLEZ-TREVIJANO Rector de la Universidad Rey Juan Carlos ABC  13 Enero 2005

LA aprobación por el Parlamento vasco del Plan Ibarretxe supone el mayor reto a las bases mismas de nuestro régimen político en este cuarto de siglo de vigencia de la Constitución de 1978. Un Plan, no importa repetirlo, dada su gravedad, históricamente falaz, sociológicamente fragmentador, económicamente pernicioso, políticamente reprobable y constitucionalmente ilegítimo e ilegal.

Una propuesta, formalmente, de reforma del Estatuto de Guernica de 1979, pero que conlleva, en realidad, una disgregación de los principios nucleares de nuestro sistema constitucional, ya que se trata, siguiendo la clásica terminología de Carl Schmitt, de una íntegra destrucción constitucional. Esto es, de una eliminación de nuestro poder constituyente y de una supresión de sus principios y valores constitucionales más primarios. Para ello se parte de tres postulados políticos presentados tautológicamente como primigenios y veraces. El primero, la arrogación por la Comunidad Autónoma vasca de un poder constituyente originario singularizado, que la dota de la potestad de organizarse política y jurídicamente de manera soberana. La Comunidad vasca se articularía como una nación paralela a la española, e investida, en consecuencia, de soberanía e independencia para la adopción y ejecución de sus políticas de gobierno. El segundo, su capacitación política y constitucional para convenir, de forma bilateral, y en condiciones de paridad, las futuras relaciones entre España y el País Vasco, como si fuera una comunidad política externa, con la consiguiente fijación pactada de un marco jurídico de adscripción de los territorios vascos. Y el tercero, el correlativo ejercicio de un ancestral derecho de secesión, tras la convocatoria de un ilegal referéndum consultivo.

Ante tales propuestas no está de más reincidir en las tres ideas fuerza que forjan los cimientos de nuestra legitimidad/legalidad constitucional. La primera, que las Comunidades Autónomas disfrutan, como dice nuestra Carta Magna -«La Constitución reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran» (artículo 2)- y ha reafirmado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de amplia autonomía política, pero que no implica de ninguna manera soberanía, ya que ésta sólo es predicable de la Nación española: «La autonomía hace referencia a un poder limitado. En efecto, autonomía no es soberanía, y dado que cada organización territorial dotada de autonomía es una parte del todo, en ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al de unidad» (STC 4/1981, de 2 de febrero).

La segunda de ellas, que la soberanía se encomienda al pueblo español, su único y exclusivo titular (artículo 1. 2 CE): «La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado». O, como decía la mentada sentencia 4/1981, «La Constitución (artículos 1 y 2) parte de la unidad de la Nación española, que se constituye en Estado social y democrático de derecho, cuyos poderes emanan del pueblo español, en el que reside la soberanía nacional».

Y, por último, que al tiempo que se constitucionaliza la autonomía, se consagra la solidaridad, reclamándose de los poderes territoriales una lealtad en el ejercicio de sus competencias. A esta exigencia responden los recordatorios jurisprudenciales de «deber de auxilio recíproco», de «recíproco apoyo y mutua lealtad» o del «más amplio deber de fidelidad a la Constitución». Se asume, en fin, la bundestreue (lealtad) alemana, ya que la autonomía no puede incidir de modo negativo en los intereses generales.

Pero, realizadas tales aclaraciones, se suscita, acto seguido, la pregunta que encabeza estas reflexiones: ¿Y ahora qué? Ahora, no cabe duda, debemos perseverar en la única legitimidad y legalidad: la auspiciada por la Constitución de 1978, y poner en marcha los resortes precisos para defender y restablecer, con la suficiente firmeza, pero también la indispensable prudencia, el orden constitucional.

Unas medidas agrupables en cuatro categorías, y susceptibles de ejecución, ya de forma individualizada, ya simultánea, dejando no obstante a los operadores políticos y jurisdiccionales -aunque les sea exigible su buen hacer- la medición de sus tiempos y la elección de sus formas. De un lado, las medidas más propiamente políticas. Instemos, primero, la persuasión -hay que agotar las vías de solución integrada- por parte de otros gobiernos de las demás Comunidades Autónomas, como, por supuesto, del Ejecutivo de la Nación, que debe transmitir su más radical rechazo, al tiempo que auspiciar una salida, si el Ejecutivo vasco diera una deseable marcha atrás. Y, por otra parte, el Congreso de los Diputados debe refutar prontamente la propuesta, bien por decisión de su Mesa -no estamos ante una reforma estatutaria, sino constitucional, para la que dicha Comunidad carece de habilitación-, bien por la decisión colegiada, mayoritaria y contundente de su Pleno. De menor calado serían, en cambio, la posible convocatoria de la Conferencia de Presidentes o su denuncia ante la Unión Europea (Parlamento).

Otras medidas serían las propiamente constitucionales. La primera, la interposición, sin tener que agotarse ineludiblemente el procedimiento legislativo, de la impugnación por el Gobierno de la reseñada propuesta ante el Tribunal Constitucional (con entidad jurídica sustantiva, más allá de ser un mero acto de trámite) según el artículo 161. 2 de la Constitución. La segunda, la avocación, de convocarse un referéndum para el que se carece de título legal, de las competencias autonómicas en materia de seguridad. Y la tercera, y como última ratio, si la situación se agravara máximamente, la suspensión funcional de la autonomía al hilo del artículo 155.

En el ámbito jurisdiccional también cabría una pléyade de medidas respecto de cualesquiera actos y disposiciones reglamentarias dictados en su desarrollo. Sin olvidarnos, por último, de las medidas dependientes de la propia conciencia socio-jurídica de la sociedad civil española y, por lo tanto, vasca. Las inmediatas elecciones autonómicas de mayo son el mejor momento, pero no el único. Las libertades de expresión y organización, consustanciales a las formas democráticas, permiten al pueblo hacer oír su voz de otras maneras complementarias (iniciativas legislativas o expresiones de los derechos de manifestación, reunión o asociación).

El pasado día de la Pascua Militar, Don Juan Carlos lo volvía a indicar con clarividencia: «Sigamos trabajando, juntos todos los españoles, para construir una España cada día mejor, desde el pleno respeto a nuestra Constitución, preservando su espíritu integrador. Una Constitución a la que debemos muchos años de armónica convivencia, de envidiable armonización y de avanzada articulación territorial». Por ello, ante la pregunta ¿Y ahora qué?, respondemos: el respeto a la Constitución, sin que tal acatamiento implique su naturaleza pétrea y su imposibilidad de reforma, pero eso sí, de manera consensuada y de conformidad con los contenidos y los cauces preestablecidos. Resguardemos, por tanto, desde la entereza, pero también desde la pragmática mesura, la legitimidad constitucional.

A ZP le crecen los enanos
Lorenzo Contreras Estrella Digital 13 Enero 2005

Como suele decirse de alguien a quien las cosas se le complican, a Zapatero le crecen los enanos. Se la puede jugar con el referéndum de la Constitución europea según el signo o cuantía de las votaciones. Además, el debate nacional, con figuras en los carteles publicitarios, no parece la manera más adecuada de ganar el consenso de la opinión. Está el Gobierno vendiendo la Carta europea como quien recomienda un producto comercial que los famosos consumen o dicen que van a consumir. Esto no parece serio. Por otra parte, otro problema que le crece a ZP viene dado por el “caso De Juana”, en cuyo desarrollo han entrado en colisión la legalidad que decía A y la justicia aplicada que dice B. No es que el terrorista no merezca más castigo después de no haber mostrado el menor signo de arrepentimiento y de no haberse hecho acreedor a la idea de su rehabilitación, sino que la legalidad es la que es, que va ser juzgado prácticamente por lo mismo que ya fue juzgado y que, por consiguiente, aquí aparece la conculcación del principio del non bis in idem, clásico postulado que viene del Derecho Romano y que no ha dejado de tener lógicamente vigencia jurídica.

Los nacionalistas vascos y los abertzales van a encontrar una magnífica oportunidad de practicar su clásico victimismo, esta vez con bastante eficacia, en tiempo, además, de elecciones autonómicas. Éste es otro aspecto en el que ZP no va a tener posibilidad de ganar la batalla de las urnas vascas nada menos, una ilusión perecedera porque el práctico empate de fuerzas entre nacionalistas y españolistas no basta para remover la crítica situación política actual y seguramente futura. Sólo la confirmación eventual de una deserción de Álava, frente a las pretensiones del Plan Ibarretxe, desgajándose por tanto de la obediencia autonómica, podría plantear un auténtico cambio de escenario y la alimentación de alguna esperanza sobre el fracaso de los proyectos nacionalistas.

Pero ZP, con sus enanos crecidos, puede consolarse a la vista de la creciente conflictividad interna del Gobierno central, donde el vicepresidente económico, Pedro Solbes, ha llegado a un punto de fricción aguda con el ministro de Trabajo, señor Caldera, en torno al salario mínimo y su indexación con el IPC. Solbes, que además ha entrado en colisión con los puntos de vista oficiales sobre la operación intentada por la constructora Sacyr frente a la composición actual del capital de BBVA y a los intereses de su presidente, Francisco González, da la impresión de que pone distancia política con Zapatero y no sólo con Caldera. En la cuestión salarial, Solbes se ha abrazado con Cuevas, el presidente de la patronal, dejando malparada la imagen del PSOE y la “S” de sus siglas en especial. El Banco de España también anda envuelto en esta crisis, porque de crisis, sobre todo política, se trata. Me refiero al caso del BBVA.

En los medios políticos no se descarta que Solbes acabe dimitiendo, aunque esa costumbre es insólita en España cuando del poder hablamos. Naturalmente, a la vista del marco, Rajoy afila sus armas críticas e intenta sacar beneficio de todo lo que redunde en el deterioro político de Zapatero.

PANORAMA DESDE SIGÜENZA
Por M. MARTÍN FERRAND ABC  13 Enero 2005

LEJOS del mundanal ruido, en Sigüenza, Mariano Rajoy se ha reunido con los suyos, con los más próximos, para bien estudiar el hueso que deben roer en el futuro, el de un socialismo más radical del que se corresponde con el tiempo y el entorno en una España que, sin dramatizar dema-siado, tiende a la ruptura o, cuando menos, al descoyuntamiento del cuerpo nacional. Supongo que serán razones hoteleras y logísticas, más que simbólicas, las que les han llevado a la provincia de Guadalajara y que no será la memoria yacente de Martín Vázquez de Arce, el lánguido Doncel de Sigüenza que tanto inspiraba a Federico García Sanchiz, la razón de tan insólito lugar para calentar las calderas de una travesía tan larga en sus planteamientos como para que -por decirlo con suavidad- Rajoy empiece a parecerse a Joaquín Almunia.

A nadie se le escapa que el momento político que vivimos no es para el sosiego y, en consecuencia, frente a un Gobierno errático y débil conviene la hipótesis de una oposición fuerte, cabal y con trazas de alternativa real. De ahí que bueno será si de Sigüenza y sus meditaciones surge un PP más vertebrado, cercano a la Sociedad, sin complejos y capaz de levantar con brío algunas de las banderas que unos arrían por interés, otros por convicción y los más por desgana y aburrimiento. Así, del mismo modo que la soberbia se cura con humildad, podremos aspirar a que la fiebre igualitaria que nos afecta se remedie con pretensiones de excelencia.

Entre los muchos asuntos sobre los que el PP debe reflexionar en sus dos días de encierro caracense no es el menor el de la búsqueda de una línea coherente y única con la que acercarse a los muchos -demasiados- problemas autonómicos que padecemos y que, con mayor interés para los líderes nacionalistas que para sus electores, les añaden arena a los engranajes de la maquinaria nacional española. Enfrentamientos doctrinales como los que, por ejemplo, han evidenciado Josep Piqué y Jaime Mayor Oreja no enriquecen el juego, sino que le añaden confusión a una población, una base electoral, que no sabe muy bien si debe asustarse más, en tanto que españoles, con el plan Ibarretxe o con la reforma estatutaria de Cataluña, dos fenómenos muy distintos, pero hijos los dos de la misma semilla constitucional y mucho más conectados y dependientes de lo que parece.

Por mucho que Pasqual Maragall aproveche la confusión reinante, hija de su debilidad en el Parlament y de la coalición que la remedia, para decir que la diversidad de Europa desdramatizará el debate territorial español, la realidad marca el sentido contrario y una Europa de los pueblos, como se pretende, exige la sólida existencia de Estados nacionales que, como células, integren el cuerpo continental. Las elecciones vascas están a la vuelta de la esquina y, junto con el referéndum de febrero, integran un paquete de difícil expedición para los reunidos en Sigüenza.

EUROPA NO ES ZAPATERO
Por Jaime CAMPMANY ABC  13 Enero 2005

HARÁ mal Zapatero en intentar ligar de alguna manera el «sí» a la Constitución europea en el referéndum del mes próximo con la aceptación a la política de su Gobierno o a su buen éxito personal. Porque es muy probable que cuanto más se identifique una cosa con otra, el «sí» a Europa con el «olé» a Zapatero, más crecerá la abstención y más aumentarán los «noes». Cada vez hay más gente descontenta con el Gobierno, el socialismo gobernante pierde puntos en las encuestas de intención de voto y la debilidad y docilidad de Zapatero frente a las chulerías separatistas es algo que se pagará muy caro en las urnas; y quizá en la calle, si las urnas tardan.

Los socios políticos de Zapatero, separatistas catalanes y vascos, votarán «no» a la Constitución europea porque cierra el camino a sus deseos de autodeterminación y de secesión. Es una Constitución que contempla naciones enteras y no se funda en la disgregación de aquéllas que componen la Unión Europea. O sea, que en Europa van listos el soberanismo del PNV y el separatismo catalán de Esquerra Republicana. Ésta es la Europa de los Estados enteros y no la Europa de las Regiones separadas, y en todo caso ésa sería una hipótesis que se queda «ad calendas graecas».

Al «no» de los socios parlamentarios del mendicante presidente se unirán con toda probabilidad los votos de los descontentos con un Gobierno inseguro y de los asustados ante unos gobernantes que no defienden con eficacia normas esenciales de la Constitución y la unidad de España, irrenunciable para la totalidad casi unánime de los españoles. Y todavía hay que contar con los desinteresados, a los que nadie hasta ahora ha explicado la Constitución de Europa, ni siquiera Europa, y con los disgustados por el giro, negativo para España, que ha dado esa Constitución desde los acuerdos de Niza.

Dicen los franceses que esta Constitución europea es una Constitución francesa y «a la francesa», y tienen razón. Con detrimento del poder de otras naciones, pero sobre todo de España, Francia se ha quedado con la parte del león en el reparto constitucional de poderes y ha permitido que Alemania participe en alguna medida. España ha perdido votos en el Parlamento europeo y también acceso a fondos de cohesión. Ésa fue una de las primeras «hazañas» de Zapatero, que se apresuró a presentar la cesión de España como una maniobra de salvación del acuerdo constitucional para la nueva Europa de los 25. Por tanto, no sería extraño que algunas hinchadas narices celtíberas votaran que nones o hicieran tres higas a las urnas.

Es probable que tengan razón los que acusan a la Constitución europea de mezquindad a la hora de reconocer la importancia del humanismo cristiano en la fundación y evolución de Europa, y esa tacañería habrá animado a nuestros socialistas en su antiguo y tradicional forcejeo con la Iglesia, alguna vez convertido en persecución. En el referéndum habrá que votar «sí» o «no» como Cristo nos enseña, o quedarnos perplejos y no votar como el asno de Buridán, que se quedó sin comer por no acertar a elegir entre la paja y el heno. En todo caso, votar que «sí» a Europa no es decir «olé» a Zapatero.

EL COSTE ECONÓMICO DE LA SECESIÓN
Editorial ABC 13 Enero 2005

EL Círculo de Empresarios Vascos, organización que agrupa a las 70 principales empresas vascas -aunque haya sido calificado como un mero club privado de ejecutivos por la vicelendakari-, ha mostrado su preocupación por «los previsibles efectos negativos que se derivarían para el empleo y la actividad económica» del proyecto de Estado Libre Asociado. Suenan así las primeras voces que desmienten una de las falacias sobre las que está construido el plan Ibarretxe: que todo seguirá igual en la economía y en el bienestar de los ciudadanos.

Como si la ruptura de la unidad de mercado en España - de la que ya había alertado en septiembre del año pasado el propio Círculo-, o la no pertenencia al mercado único europeo o a la zona euro no tuvieran consecuencias económicas graves para los propios vascos... Es obligación de un medio responsable informar sobre las consecuencias que tendría en el nivel de vida de la población una decisión tan trascendente. Negar la realidad sólo contribuye a alimentar delirios secesionistas. Hora es ya de recordar, con el máximo respeto constitucional y rigor técnico, los costes del ejercicio de un presunto derecho de autodeterminación.

Un País Vasco independiente sería necesariamente un lugar más pobre, con más paro y menos protección social. Las empresas vascas venden en el resto de España dieciséis veces más que en otros países y la Teoría Económica predice que estas ventas se resentirían con una separación, por muy amistosa y exenta de barreras comerciales que fuera. Si los nacionalistas vascos lo dudan, que se lo pregunten a los productores de cava catalán.

El Concierto es un régimen fiscal que bien podría ponerse encima de la mesa de negociación si se tratara tan sólo de volver al espíritu constituyente del 78 como solicita Josu Jon Imaz, dado que no parece haber cumplido sus objetivos de integración y supone un importante coste para la Hacienda Pública y la solidaridad interregional. En caso de secesión, el Gobierno vasco tendría que hacerse cargo de competencias hoy asumidas por el Estado que le supondrían, según los expertos, un déficit público superior a los 4.000 millones de euros, un 9 por ciento del PIB vasco, una vez contabilizados como ingresos propios los que dejaría de percibir y descontado el pago del cupo. Un déficit de esa magnitud no es compatible con una economía próspera y eficiente, ni con un Estado de Bienestar propio de tal nombre, ni con tipos de interés que permitan la inversión y el consumo a largo plazo, ni con una moneda estable, ni desde luego con la pertenencia a la Unión Monetaria Europea.

Tampoco la Seguridad Social vasca sería viable con los niveles de prestaciones actuales, dado el escaso crecimiento demográfico y la dinámica del empleo en la Comunidad. Por no hablar del retraimiento de la inversión extranjera, que ya hoy es un 40 por ciento inferior a la que le correspondería a una economía de su tamaño, ante las incertidumbres políticas regulatorias, e incluso respecto al derecho de propiedad que generaría un hipotético Estado vasco en el que la izquierda abertzale tuviera protagonismo.

Con este panorama, no es pues de extrañar que los que apoyan el plan Ibarretxe no quieran hablar de economía, sino de sueños; no quieran saber nada de números y realidades, sino que alimenten mitos y delirios históricos. Aunque en el fondo sepan, como reconoció el propio Arzalluz, que «están dispuestos a pagar cualquier precio para desarraigar de una vez la ocupación española». Reconocimiento implícito de que al proyecto soberanista del lendakari no le cuadran las cuentas y está construido sobre un mundo imaginario.

Dos seguros de vida para eta
Iñaki EZKERRA La Razón 13 Enero 2005

Si el encuentro de Zapatero con Rajoy de mañana es pura escenografía del talante porque al primero ya le ha leído la cartilla de forma humillante Esquerra Republicana, la cita que Zapatero tiene hoy con Ibarretxe también es simple teatro pero en el sentido contrario. Ambos llevan días negociando entre bastidores. De hecho a quien de verdad tiró los tejos Ibarretxe en su discurso del 30 de diciembre en el Parlamento vasco fue al PSOE de una manera reincidente y bien explícita: «Aporten otro proyecto, otras ideas, otras soluciones…»

Ésa es la jugada auténtica del PNV: no el referéndum después de las próximas elecciones autonómicas sino sacrificar el referéndum a cambio de una negociación con los socialistas de reforma del Estatuto en la que van a intentar sacar la mayor tajada posible. Aunque también son posibles las sorpresas desagradables. Si el frente nacionalista obtiene buenos resultados en las autonómicas, el PNV se verá tentado lógicamente a saltarse el pacto con el PSOE de renunciar al referéndum.

No sería la primera sorpresa que los nacionalistas le dan a Zapatero. No cabe ninguna duda de que el apoyo de la ex Batasuna al Plan Ibarretxe fue realmente una sorpresa para los socialistas y tenía un evidente sentido: cumplir la misión para la cual Otegi y su ilegalizado grupo han sido realmente conservados en la Cámara de Vitoria por el PNV contra la sentencia del Supremo y permitir con ese apoyo una negociación estatutaria a la alta estirando el Plan Guevara.

El escenario que persigue en su conjunto el nacionalismo vasco de un modo absolutamente calculado es el de verse tras las elecciones vascas exactamente en la misma posición que se vio a finales de la década de los setenta: con una excelente expectativa transferencial, con un abultado plan de protestas, llantinas y reclamaciones al Estado, con la abertzalada radical descontenta, con ETA en forma para forzar la máquina de las concesiones y con veinticinco años por delante para poder ir desarrollando alegremente ese programa de pasos políticos y violencia terrorista. La gran diferencia de esa nueva situación que planea el nacionalismo con respecto a aquélla sería todo lo conseguido en todo un cuarto de siglo aunque haciendo ver que no se hubiera logrado nada y políticamente posicionados en esa virtual línea de salida para correr hacia la secesión.

Ibarretxe está vendiendo con éxito en el País Vasco que su Plan supondrá el final de ETA. Esa es la única ventaja que dicen verle los ciudadanos que se han pronunciado a su favor en las últimas y recientes encuestas. Pero el Plan Ibarretxe sería el gran seguro de vida para ETA. Le daría a ésta el objetivo de que el Libre Estado Asociado del Lehendakari dejara de asociarse. Como garantiza también la supervivencia de ETA el Plan Guevara y ese escenario postelectoral con el que sueña el PSOE en el cual el nacionalismo tendría por delante veinticinco años más para seguir haciendo lo que ha hecho en los últimos veinticinco.

ESTABILIDAD Y ESPAÑOLIDAD
Fernando Fernández ABC  13 Enero 2005

El plan Ibarretxe monopoliza, con razón, el debate político. Ni siquiera la Constitución europea ha sido capaz de restarle protagonismo. Y eso que el Gobierno tiene un problema que intenta hábilmente endosar a la oposición. El problema es que ha convocado un referéndum innecesario, en el peor momento político posible, a la mayor gloria personal del presidente, y tiene miedo de que le salga mal. Porque no puede ganarlo con sus socios, pero no quiere que le vean con el PP. Por eso apela al sentimiento y no quiere debates. Pide lealtad, pero busca adhesiones inquebrantables, y sin foto. Porque pretende vender que España vuelve a la Europa que abandonó Aznar. Y no puede hacerlo de la mano de Rajoy.

Mientras el personal anda entretenido con la cosa política, se toman importantes decisiones económicas. El Gobierno anda dividido en torno a la cuestión de la indiciación de las rentas salariales. Menos mal, porque nos jugamos la competitividad de la economía española, que no es una cuestión técnica, sino la garantía de nuestra prosperidad. Zapatero había desautorizado, una vez más, a Solbes porque casi le estropea la foto de la concertación social. Pero alguien parece haberle hecho recapacitar y le ha prometido un final feliz, de esos de Walt Disney que tanto le gustaban antes de que aprendiese a enseñar las uñas. El presidente ofrece ahora un compromiso aparente: indiciemos los salarios a la media de la inflación y la productividad. Pero no a sus magnitudes observadas sino a sus valores esperados, porque si sigue cayendo la productividad habría que bajar los salarios nominales y eso sólo se hace en Alemania y mire usted que lío tiene el bueno de Schröeder. Pide a los agentes sociales un acto de fe, porque este gobierno es bueno y no miente. Aunque con la fórmula propuesta quede garantizada la pérdida de competitividad y añada además conflictividad. Pero eso no lo sabremos hasta dentro de unos años y siempre se podrá acusar a los escépticos de echarse al monte por oponerse a tan ingeniosa y benéfica solución. Exactamente lo que se hizo cuando se dijo que Bruselas podría poner reparos al milagro de Izar.

Solbes reacciona al envite y recupera protagonismo reclamando estabilidad y españolidad en la vida empresarial. Sorprendentes apelaciones al nacionalismo económico que no veíamos desde los tiempos del INI. Se compaginan mal con la Constitución europea. Habrá sin duda argumentos mejores para desalojar a los actuales presidentes de sus empresas. La necesidad de compensar en algo a los hooligans socialistas parece primar sobre la conveniencia de dejar que el mercado resuelva sus diferencias, sin recomendaciones paternales ni presuntas injerencias. Que discutan los técnicos si es mejor un modelo de gestión continental de núcleos duros y accionistas de referencia a otro de corte anglosajón de independientes y profesionales; y que los accionistas saquen sus conclusiones. Que se estudien fórmulas para que los consejos respondan mejor a la voluntad de los accionistas. Pero dejemos la españolidad como argumento para mejores causas. No vaya a ser que nos contesten pidiendo grandes empresas asturianas, murcianas o extremeñas y por coherencia con la España plural tengamos que decir que sí.

Estatuto de Autonomía vasco y Constitución
José BAREA La Razón 13 Enero 2005

El Proyecto de Estatuto de la Comunidad Autónoma Vasca presenta un problema crucial para España, que podría desembocar en su ruptura, lo que me lleva a su análisis desde el punto de vista constitucional.

El Título VIII de la Constitución Española (CE) trata de la Organización Territorial del Estado, estableciendo en su artículo 137 que «el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses». Y en el artículo 2 dispone que «la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, Patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas».

Por último, el número 2 del artículo 138 establece que «las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales», sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición adicional Primera, que establece que «la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales: la actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía». Este es el marco constitucional de las Comunidades Autónomas.

La norma institucional de cada Comunidad Autónoma será su Estatuto, dentro de los términos de la CE, y así se reconoce en el artículo 147, que establece además que «el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico». El número 2 de dicho artículo establece que «los Estatutos de Autonomía deberán contener: a) la denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica; b) la delimitación de su territorio; c) la denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias; d) las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas».

Aunque los resultados obtenidos de tal modelo de organización territorial del Estado han sido iguales o inclusive mayores que los que pudieran haber resultado de haber adoptado un Estado Federal, la razón de ser de no haber adoptado tal denominación se encuentra en el hecho de que el federalismo supone la existencia de unas soberanías previas, a las que los Estados renuncian en parte para constituir la Federación. Sin embargo no ha sido esto lo sucedido en España, sino todo lo contrario, se ha pasado de un Estado centralizado a una pluralidad de poderes públicos territoriales, habiendo rechazado explícitamente la propuesta federalista en el proceso de elaboración de la Constitución.

Las Comunidades Autónomas han ido ganando paulatinamente participación en el gasto total no financiero de las Administraciones Públicas, una vez eliminadas las transferencias entre subsectores de las Administraciones Públicas; en la actualidad se estima que será del orden del 35 por ciento incluida educación, sanidad y servicios sociales. Las Comunidades Autónomas gestionan un porcentaje mayor que el Estado (25 por ciento) del gasto total no financiero consolidado de las Administraciones Públicas, y su porcentaje es inclusive superior al de idéntico nivel de gobierno de los Estados Federales. Más de las tres cuartas partes del gasto gestionado por las Comunidades Autónomas corresponde a las funciones de Educación, Sanidad y Servicios Sociales, precisamente las que más aprecian los ciudadanos en cuantas encuestas se han realizado.

La aprobación de los Estatutos se hará, de acuerdo con lo establecido en el artículo 81 de la CE, por las Cortes Generales, mediante Ley Orgánica, y la reforma de los mismos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante Ley Orgánica.
El 30 de diciembre del pasado año, el Parlamento vasco aprobó una Reforma del Estatuto de dicha Comunidad Autónoma, que debe ser remitida al Parlamento Nacional para su enmienda, aprobación o rechazo. El nuevo Estatuto no se limita a lo establecido en el artículo 147 de la CE para delimitar el contenido de los Estatutos de Autonomía, como hemos señalado con anterioridad, sino que al proponer la creación de un Estado Vasco Libre Asociado al Estado Español se está reformando el Título Preliminar de la CE (artículo 2), para cuya modificación el artículo 166 establece el procedimiento para llevar a cabo la iniciativa de reforma constitucional que se ejercerá en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 87, y su aprobación, al tratarse del Título Preliminar de la CE, requerirá, de conformidad con el artículo 168 «la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo Texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación».

Como resumen de lo expuesto, en mi opinión, la Mesa del Parlamento no debería admitir a trámite el Proyecto de Nuevo Estatuto de Autonomía Vasco, ya que su contenido supone una modificación del Título Preliminar de la Constitución Española, por lo cual el procedimiento establecido en la Constitución, como hemos visto, es totalmente diferente. No soy jurista, pero las Cámaras cuentan con un Cuerpo de reputado prestigio, el de Letrados de las Cortes, que deberían emitir un informe sobre la cuestión planteada: la unidad de España está en juego.

José Barea es catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid

Pasividad del Gobierno
Aprovechar el nacionalismo
Jorge Vilches Libertad Digital 13 Enero 2005

No todo es debilidad o ignorancia en el Gobierno de Zapatero, o una mera subordinación a Carod Rovira y Maragall. Trataré de explicar cómo los socialistas son capaces de transformar un defecto en virtud, en algo positivo para sus intereses. Y cómo, todo lo que está ocurriendo, este pulso a la democracia de los nacionalistas periféricos, el mayor atentado contra nuestro sistema desde el 23-F, lo está jugando el PSOE a favor de sus intereses de partido.

El relativismo del lenguaje político del que hace gala el presidente no es producto de una asignaturas de Derecho Político y Constitucional mal aprobadas. Tampoco es en vano la ausencia de un proyecto territorial para España y de unas bases explícitas de reforma constitucional. El relativismo y la indefinición son posturas imprescindibles para amoldarse a las exigencias del adversario. El silencio y la desaparición del presidente del Gobierno cuando una institución reta a la legalidad, como el Lehendakari, no le comprometen a nada de lo que luego desdecirse. Se trata de construir un Gobierno y un partido que sean un papel en blanco, extensible y capaz de aguantar cualquier axioma.

Los discursos de Ibarra y Bono, contradictorios con la línea oficial del partido, no son nada más que apariencia. El españolismo y la defensa constitucional de Bono e Ibarra calman a los socialistas tradicionales, descontentos con la sonrisa complaciente de Zapatero. Pero luego matizan, retroceden y reculan, supuestamente presos de los lazos de ERC y ante la tranquilidad de Zapatero.

Todo, en conjunto, permite extender una justificación calculada: la política socialista está condicionada por su servidumbre a ERC. El Gobierno socialista, con este discurso que se oye sin cesar, incluso entre la gente del PP, se permite descargar parte de la responsabilidad de sus decisiones y de su inacción ante los graves atentados contra nuestra democracia.

En la recámara ideológica y sentimental del electorado de la izquierda queda la conciencia de que el Gobierno de Zapatero no lleva a cabo una política socialista y nacional porque su debilidad parlamentaria y sus ataduras catalanas le obligan. “Más izquierda, más socialismo, por una mayoría absoluta”, serán sus eslóganes para las elecciones anticipadas que finalmente se forzaran. Y absorberán a Izquierda Unida, sin perder el voto de centro y centro-izquierda, consiguiendo, quizá, la abstención de aquellos votantes populares temerosos de repetir la experiencia de este Gobierno sometido a los independentistas.

Por esto no pierden ocasión para hablar de un PP prescindible, agresivo, histérico, cuyas propuestas son reaccionarias, alejadas del pluralismo y de la democracia. La idea es que el PP no consigue nada más que enconar a los nacionalistas; pues, de hecho, dicen, el plan Ibarretxe es el resultado del autoritarismo de Aznar.

Los socialistas se eximen de responsabilidad, exhiben esas ataduras que les impiden hacer su política, y utilizan la revolución periférica a su favor. El plan Ibarretxe no les parece tanto un riesgo para la unidad de España o la coherencia constitucional, como una oportunidad electoral en el País Vasco. Donde todos ven una crisis, Zapatero descubre una oportunidad. Para las elecciones vascas de la primavera de 2005, el PSE se presenta como el justo medio, que dirían los liberales franceses. Es la sensatez y la paz entre los dos extremos de la confrontación: el nacionalismo vasco perturbador y el inmovilismo anacrónico de los populares. Así, el PSE pone el resultado electoral por encima de la defensa de la legalidad democrática común, de la nación y de la mínima lógica económica y europea.

Y utilizan el envite nacionalista por la independencia para pedir el sí en el referéndum sobre el tratado constitucional de la UE. Porque el Gobierno de Zapatero se ha tomado la consulta del 20 de febrero como un plebiscito sobre su política. Votar la Constitución europea, ha dicho el presidente, es votar por la unidad de España. El objetivo del PSOE de Zapatero es aferrarse al poder, lo que no es ilegítimo, pero sí irresponsable si para ello no duda en arriesgar los pilares políticos e históricos de nuestro país.

Debate viciado
Ángel CRISTÓBAL MONTES La Razón 13 Enero 2005

La política es por naturaleza cambiante y las estructuras políticas mutan por necesidad al calor de los nuevos acontecimientos y realidades, no en balde, al decir de Platón, «la Constitución es el alma de la polis». ¿Puede extrañar, en consecuencia, que un modelo de Estado descentralizado como el nuestro sufra la presión de las circunstancias variantes y se vea sometido al proceso de reinterpretación y reconsideración consiguiente? Resulta del todo natural y obligado, ya que lo contrario supondría cristalizar el statu quo, negar la evolución y pretender que se ha encontrado la versión perfecta e inmodificable del hecho político. Hasta tres periodos distintos del federalismo americano encuentran, sin escándalo, los autores: la del federalismo dual, la del federalismo centralizador y la actual (¡última?) del federalismo cooperativo.

El Estado autonómico español, nacido en y por la Constitución de 1978, fue, en gran medida, improvisado, impuesto por el deseo-necesidad de atacar la vieja y lacerante «cuestión regional» española y como cuestión secundaria frente al básico desafío de establecer y garantizar la democracia en España. Nació débil, incompleto, desarticulado y sin demasiada convicción. Sin embargo, a trancas y barrancas, el experimento ha funcionado bien, ha ido superando etapas, cubriendo desigualdades y ha encontrado un nivel aceptable de plasmación del viejo principio republicano de acercar el gobierno al pueblo.

Ahora, planteada la reforma de la Constitución y de los Estatutos, ha quedado abierto a plenitud el debate territorial español. Ello, en sí, no es dramático, siempre que se tengan claras las coordinadas del mismo, se juegue limpio y se dé algún tipo de condicionante, llámese lealtad o como quiera llamarse, que cobije y garantice el resultado. Y ahí es donde se encuentra el problema y el peligro entre nosotros, porque faltan clamorosamente los factores apuntados, viéndose obligados a tejer un cesto con mimbres que no permiten determinadas torsiones. El drama español del momento radica en el hecho de que no se plantea el desarrollo, evolución o perfeccionamiento del sistema autonómico, sino que para algunos de los sujetos en liza estamos ante algo mucho más básico y decisivo: cómo debe cuartearse y aun repartirse el viejo Estado español para dar entrada a otras unidades soberanas que coexistan con él, rectius, con lo que quede de él.

Ése no es un debate sobre más o menos autonomías, sobre hechos diferenciales o sobre grados de descentralización, sino otro de naturaleza constituyente que rompe, o intenta romper, el molde y reordena los elementos operativos de acuerdo a criterios que nada tienen que ver con el punto de partida. Cuando Herrero de Miñón habla de la «plurinacionalidad asimétrica de España», Ibarretxe reclama la soberanía vasca, Carod-Rovira impulsa el Estado catalán y al Gobierno socialista español parece darle lo mismo «nacionalidad» que «nación», el debate territorial abierto puede degenerar y propiciar tensiones insuperables. Y ello, porque es un debate viciado, porque no se habla el mismo idioma político, porque no están puestas todas las cartas sobre la mesa ni existe el grado preciso de lealtad y confianza, y porque no se trata de una auténtica negociación y pacto subsiguiente, sino de un acto de desunión y de fuerza, por más que se le quiere disimular con llamativos ropajes.

El acuerdo entre partidos nacionales, obligados a defender la unidad de España, y partidos nacionalistas periféricos, decididos a quebrantarla, es punto menos que imposible, porque la nación emergente no busca el Estatuto sino la Constitución propia, a menos que todos viniéramos a coincidir en la fórmula que plantea Herrero de Miñón en el sentido que «la plurinacionalidad española encontraría un modelo a seguir en la vieja Austria» (sic)

ángel Cristóbal Montes es catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza

Rajoy sí da la talla
José Alejandro VARA La Razón 13 Enero 2005

Aquello de «todos al suelo que vienen los nuestros» es una expresión muy utilizada en casi todos los partidos políticos, pero especialmente en los de la derecha. Romanones se refería a los suyos como «vaya tropa» y el saber popular, que no siempre es sabio, ha hablado siempre de la «derecha cainita».

Por eso tras el último congreso del Partido Popular, en el que José María Aznar ejerció un papel brillantemente protagonista, se escucharon demasiadas voces quejumbrosas en las filas de la oposición que ya murmuraban la necesidad de un cambio de líder. O sea, que no le concedían a Mariano Rajoy ni siquiera el beneficio de la duda. Torpes y cerriles, iban por él.

Era un papelón. Suceder a José María Aznar al frente del partido y tras haber sido desalojado del poder en unas elecciones accidentadas, exigía templanza, contención y, fundamentalmente, mucha paciencia. Quienes han trabajado con Rajoy no sólo lo admiran, sino que confían en él a ojos cerrados. Nada tiene que ver con la tradicional «derechona» del tópico. No incurre en la intransigencia, se desenvuelve con maestría en los lances de la negociación, respeta al contrario, evita hacerse enemigos inútilmente y se muerde la lengua hasta tres veces antes de hablar mal de alguien. Nadie espera de él actuaciones espectaculares. No es un «one man show», sino más bien peca de timidez y reniega de la arrogancia.

Eso sí, nadie le discute su sagaz ironía, ni su desternillante capacidad dialéctica. Es posiblemente uno de los mejores parlamentarios que ha conocido la Carrera de San Jerónimo desde los albores de la Transición. Sabe medir sus tiempos y controlar sus iras (caso de tenerlas, ya habrá alguien que nos lo cuente). Y, naturalmente, sabe estar a la altura de las circunstancias y de lo que de él se espera. O sea, que Aznar sabía bastante bien lo que hacía.

Por eso extrañan los comentarios, entre elogiosos y sorprendidos, que se escuchan estos días a su actitud ante el «plan Ibarretxe». Parece como si se diera por hecho que Rajoy, tan apacible en los modos, no fuera capaz de ser firme en las decisiones. Huyamos de quien no sea capaz de ir más allá de sus gestos. Mariano Rajoy ha actuado con la impecable rectitud y firmeza que los tiempos exigen. Ha reclamado al Gobierno celeridad en la respuesta judicial ante el embestida peneuvista, ha requerido el final de las vacaciones parlamentarias (con la que está cayendo y el Congreso de los Diputados de vacaciones navideñas) y fundamentalmente, ha exigido al Gobierno una respuesta unívoca frente al desafío puesto en marcha por el actual lendakari. Al mismo tiempo, y como líder de la oposición y de un partido que tiene el respaldo de casi diez millones de españoles, ha ofrecido (por tres veces) su colaboración al presidente del Gobierno para llegar a un pacto sobre el modelo de Estado, que ponga de una vez fin a todo tipo de planteamientos secesionistas, independentistas, o autodeterministas que asoman la pezuña bajo la puerta.

Zapatero, cuya estrategia sobre el particular implica arriesgadas apuestas, tuvo a bien convocarle a una reunión en La Moncloa, 24 horas después de la que habrá de celebrar hoy mismo con el promotor del mencionado plan. Esa ha sido la inclasificable actitud adoptada por el presidente del Gobierno. Una invitación para «conversar», en lugar de para transmitir un mensaje inequívoco de permanecer fiel al espíritu constitucional que hemos vivido los últimos 26 años.

De muy poco más que de hacer cumplir la ley tendrán que hablar mañana Zapatero y Rajoy. Y así se lo ha hecho saber el líder del PP. De muy poco más que de hacer respetar la Constitución. De muy poco más que de estudiar la forma en la que las dos principales fuerzas políticas de este país, que suman el 80 por ciento de la representación popular pueden afrontar la coyuntura política más preocupante conocida por nuestro país desde que recuperó la normalidad democrática. Los chalaneos, para el tripartito.

Rajoy ha ofrecido su mano, pero no evita censurar los errores y los despropósitos que está perpetrando el Gobierno. Y lo hace con prudencia y con honestidad consciente de que tan sólo un magno acuerdo entre los dos grandes partidos respetuosos de la Constitución será capaz de salvarla. Tan elemental es la propuesta, y tan necesaria, que a Carod Rovira le ha faltado tiempo para ofrecerle al PSOE un acuerdo de legislatura a fin de evitar que alcance cualquier tipo de entendimiento con el PP. No hacen falta más palabras.

Zapatero está esposado. No puede apretar la mano de Rajoy porque la tiene enmanillada a la de Carod Rovira y, por supuesto, a la de Maragall. Por eso está a punto de cometer uno de los mayores errores de la historia del PSOE. Darle la espalda, ignorar, ningunear al único posible socio con el que cuenta para salvar la actual estructura del Estado y seguir, como hasta ahora, marcando el paso al ritmo que le dictan desde las pequeñas formaciones nacionalistas a las que se ha abrazado. Rajoy está a la altura de un hombre de Estado. Zapatero, está aún por demostrarlo. Que alguien le ilumine.

Una oferta a Ibarretxe
EMILIO GUEVARA El Correo 13 Enero 2005

«Mira, lehendakari, olvídate de tu plan de asociación de igual a igual con España. La libre asociación requiere mutuo acuerdo, y nosotros no queremos asociarnos de esa manera con vosotros. Primero, porque no sois de fiar. No queremos daros la oportunidad de romper otro pacto y otras promesas. Segundo, porque no somos idiotas. Nos ofreces asociarte porque nos necesitas para poder seguir en Europa, con el euro, con respetabilidad internacional, vendiéndonos tus productos sin arancel, aprovechando nuestros ahorros para vuestras inversiones, pagando con el cupo mucho menos de lo que os damos. Pero cuando ya no nos necesites, nos dirás 'agur' y te irás de rositas. Ya está bien de jugar a un mus tramposo en el que vosotros sólo podéis ganar y nunca perder. Queréis una nueva España, decidir libremente vuestro futuro y todas esas coñas con las que llevas años dando la tabarra. Pues bien, te vamos a hacer, Mariano y yo, y quizá también Gaspar, una oferta muy interesante, que hemos elaborado después de analizar seriamente todo lo que sucede en Baviera, Canadá, en los Estados federales o en otros lugares que tantas veces invocas. Eso sí, es una oferta definitiva. Cuando toméis la decisión, los vascos y las vascas, no habrá vuelta de hoja, y ya no será posible volver a resucitar el sempiterno y aburrido 'conflicto vasco'. Vamos a corregir nuestros errores desde Espartero hasta hoy, pero todos, incluidas las concesiones que en momentos determinados os pudimos hacer.

Hemos pensado que puede ser muy interesante implantar un nuevo modo de Estado, un Estado federal simétrico, donde todos los Estados federados tengan las mismas competencias y el mismo modelo de financiación. Si tenemos que continuar con esa esotérica monserga en la que algunos convierten los derechos históricos, reconoce que al menos tantos derechos históricos tienen León, Asturias, Andalucía, Valencia, Aragón y prácticamente toda España como las Provincias Vascongadas. España va a ser el Estado federal más descentralizado del mundo, pero igualitario. Nada de asimetrías y de hechos diferenciales arrancados del pasado, y cuyo reconocimiento parece que sólo ha servido para hacer realidad ese refrán de que si regalas dinero a un amigo, como en este caso sucede a través del Concierto Económico, luego pierdes el amigo y el dinero. ¿No queréis una España así, moderna, solidaria de verdad, políticamente descentralizada, con lealtad institucional, con criterios de colaboración entre los Estados federados, pero donde extremeños y vascos tengan idénticos derechos? Pues os vais, pero de verdad y de una puñetera vez. Esto es lo que hay. ¿El Estatuto de Autonomía no sirve? ¿Hay que reformar la Constitución? ¿Se precisa una nueva transición? Pues vale, pero empezamos todo de nuevo y desde cero. Y lo que hoy te ofrecemos, con un fundamento democrático indiscutible, es que seáis como las demás comunidades, Estados o naciones federadas, que ya el nombre da igual. En todo. Porque aunque las otras comunidades no sean afortunadamente nacionalistas y no dispongan de asesinos que mueven el árbol mientras vosotros recogéis la nueces, no por ello van a recibir menos en competencias y en financiación. No sea que a algunos se les ocurra hacer lo mismo. Y si no estáis clara, mayoritaria e inequívocamente conformes, os marcháis, que ancha es Castilla y ya estamos hartos de tanto victimismo, de tanta queja y de tantas bravatas. Lo que no os vamos a permitir es que sigáis como hasta ahora, instalados en un poder logrado gracias a un Estatuto y a un Concierto Económico privilegiados para utilizarlos como plataforma para vuestros fines secesionistas. Aquí el que echa un órdago se tiene que arriesgar a perder.

Ahora bien, os vais a marchar, si eso es lo que queréis, previo cumplimiento riguroso de vuestras más elementales obligaciones. En primer lugar, tendréis que respetar el derecho a continuar en España de cualquiera de las provincias vascongadas que así lo deseen. Tendréis que garantizar de verdad, y no mediante las letanías al uso que tanto te gustan, la vida, la libertad y todos los derechos fundamentales e intereses legítimos de las minorías de esas provincias vascongadas, de los vascos no nacionalistas. Tendremos que hacer cuentas, porque no estamos dispuestos a que os quedéis por la cara con el ingente valor de todas las infraestructuras que el Estado ha ido haciendo o que habéis financiado con lo que dejábais de abonarnos de los impuestos recaudados. Por cierto, no admitiremos el pago en la moneda que tendréis que inventar, sino en divisas fuertes como el euro, el dólar o el yen. Porque tendréis que acuñar moneda -qué ilusión para Egibar-, ya que automáticamente vais a estar fuera de la Unión Europea y de la zona euro, al menos durante bastantes años, hasta que en la cola de admisión os toque llegar a la ventanilla, y demostréis que cumplís todos los requisitos para ser admitidos, como, en primer lugar, ser un país democrático, sin violencia alguna, con ciudadanos libres y que disponen de los mismos derechos. En definitiva, con todo eso que hoy por hoy el nacionalismo vasco es incapaz de asegurar. Mientras tanto, a la hora de vender su maquinaria, su tornillería, sus electrodomésticos, sus vinos y las demás exquisiteces con 'euskolabel', vuestros empresarios tendrán que asumir con todas sus consecuencias que ya no son comunitarios. Y lo mismo alguno de esos futbolistas tan abertzales que, aburridos de jugar una apasionante liga con derbis semanales entre el Lemona y la Real, o el Athletic y el Beasain, verán disminuidas sus posibilidades de fichar, al ocupar plaza de extracomunitario, por esos odiados equipos españoles que tan generosamente pagan.

No os preocupéis, porque de los fondos de la Seguridad Social os liquidaremos lo que en buen cálculo corresponda, pero ni un euro más. Y si no os llega para pagar las pensiones, empezando por la tuya, querido Juanjo, aumentáis las cotizaciones y ya está. Seguro que esos empresarios y trabajadores que tanto sienten Euskadi se rascarán gozosos los bolsillos. Naturalmente, ya no os pagaremos el coste de la Ertzaintza y deberéis crear, con el consiguiente coste, toda una serie de servicios propios de un Estado, como por ejemplo una red de embajadas, sobre todo en vuestro caso las de la diáspora, pero seguro que ello no os importa. Más cargos a repartir entre los batzokis. Además, buenos sois los vascos cuando de pagar se trata. Siempre os gusta lo más caro. Con haceros a la idea de que estáis de ronda, todo arreglado. Luego, cariño, puedes ir a darle la barrila a Chirac, a ver si os mejora las condiciones.

Ésta es la nueva transición, querido Juanjo. Todos igual, y el que no quiera, a la puta calle. O estás en España, y con España en Europa, o te quedas fuera, a la intemperie, con el chubasquero famoso de Arzalluz. Vuelve a tu mítica Euskadi, que para muchos sólo es la visión idólatra de tres provincias vascongadas. Explícales esta oferta, y que ellos decidan de una vez por todas. Diles que está bien que algunos quieran la independencia, pero que abandonen toda esperanza de que encima vayamos a pagarles o a subvencionarles esa independencia. Aquí el que quiere un vicio se lo sufraga».

Esta noche he soñado que ésta era la oferta que Zapatero, acompañado de Rajoy, le transmitía a Ibarretxe. Ha sido un sueño divertido. Pero es sólo un sueño. Por suerte para todos, y en especial para los vascos que no tenemos la culpa de que nos gobiernen unos insensatos, el presidente del Gobierno de España se va a limitar a decirle a Ibarretxe que su proyecto será rechazado en su integridad y devuelto sin remisión. Le dirá que dentro de la Constitución es posible la actualización y la mejora del Estatuto, y que desea que los ciudadanos vascos nos juntemos para intentar un amplio acuerdo al respecto. Y si Ibarretxe y compañía fueran medianamente inteligentes más les valdría olvidarse de su descabellado proyecto y aceptar esa oferta para construir una Euskadi entre todos, no sólo entre y para los nacionalistas.

El nihilismo jurídico de Zapatero
Ignacio del Río Estrella Digital  13 Enero 2005

Pío Moa, Los mitos de la Guerra Civil, reproduce una frase de José Díaz, secretario general del PCE: “Bajo la presión de las masas el Gobierno empieza a marchar. Pero el Gobierno actual tiene un empacho de legalismo que le impide marchar al ritmo que exigen los acontecimientos. ¿A qué vienen esos empachos de legalismos? ¿Hay algo que pueda ser más legal que la voluntad del pueblo?”. Si se introduce la frase en el túnel del tiempo y sustituye al autor por Ibarretxe y al pueblo por la sociedad vasca, tendrá una síntesis de la estrategia del lehendakari que el día 13, mal augurio, iniciará la negociación con Zapatero, secuencia 1 del primer acto del libreto “Negociación o a tortas” que nos ha regalado el penúltimo día del bisiesto 2004.

Los tiempos marcan la estrategia de los movimientos en el tablero político. Zapatero no ha querido reunirse con Rajoy para presentar un frente constitucionalista, que fue derrotado en el seno del Partido Socialista vasco, donde se apartó a Rosa Díez y Redondo Terreros a cambio de la opción “panzista” de Patxi López, dispuesto a defender la necesidad de la reforma estatutaria y el pactismo con el PNV, si se deja. La primera foto a la entrada de la Moncloa reforzará a Ibarretxe, que cumple el objetivo de convertir la cuestión vasca en el primer problema de Estado, en un momento en el que no se cometen atentados terroristas. Alcanzado el objetivo, el siguiente paso, la discrepancia, es también una carta marcada. Zapatero propondrá una reforma estatutaria a negociar con el Partido Socialista vasco e Ibarretxe sostendrá los supuestos derechos históricos de la sociedad vasca y la apertura de un camino sin vuelta ni retorno. Primeras escenas para llegar a la secuencia 2, la llegada de Atutxa al Congreso de los Diputados para entrevistarse con Marín y entregarle la Ley de Euskadi.

El día después, Rajoy volverá a la Moncloa, como líder de la oposición, para que Zapatero le traslade de primera mano la versión live de Ibarretxe, después de recordar que Aznar —que obsesión— ni le recibía ni le contestaba. El papel de coche-escoba que el PSOE quiere encomendar al PP en el reparto del guión es un papelón secundario de reparto para no molestar a sus socios nacionalistas, Carod-Rovira el primero. Un papel que convierte a diez millones de votos en una segunda válvula de regulación constitucional a utilizar discrecionalmente por Zapatero, según se ponga la situación. Mientras tanto, todo política o “en España se puede debatir de todo” y “Aznar es el que ha provocado esta radicalización al criminalizar la política”, insinúa Pepiño Blanco y remacha Rosa Aguilar.

La respuesta jurídica y constitucional se aparca, porque salió mal la apelación al Tribunal Constitucional de la iniciativa de la Cámara vasca y los órganos constitucionales, sea el Consejo de Estado o el Consejo del Poder Judicial, sólo crean problemas a la Política, con mayúscula, encarnada en la sonrisa y el talante del hombre de León. No habrá ni calificación por la Mesa del Congreso ni recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno por la vía del 161.2 de la Constitución. Ni, por supuesto, pasa por la cabeza de Zapatero utilizar el 155, que ni necesita desarrollo legal ni exige suspender la Autonomía, pues puede ser aplicado por el Gobierno al acto concreto que “atenta gravemente al interés general de España”.

El PP, en este escenario, ha pedido la convocatoria del debate sobre el Estado de las Autonomías, cuando lo que se discute no son las Autonomías sino el Estado, la Nación y la Constitución, representando con profesionalidad el papel secundario que el PSOE le quiere asignar. El silencio de los presidentes de las Comunidades gobernadas por el PP, con la excepción de Fraga, refleja una estrategia de comunicación débil y conformista instalada en el laissez faire, laissez passer que ya se puso en práctica en la campaña electoral de marzo. La opción de plantear un recurso de inconstitucionalidad por la vía de la letra a) del artículo 161, con la legitimación de 50 diputados o 50 senadores, debería estudiarse por Rajoy. La astenia política y jurídica es un mal remedio para un guión que, previsiblemente, cumplirá el axioma de que toda situación, por mala que sea, es susceptible de empeorar.

Encuentro superfluo
José María CARRASCAL La Razón 13 Enero 2005

Pocos encuentros tan trascendentales como el que celebran hoy José Luis Rodríguez Zapatero y Juan José Ibarretxe. Ni tan superfluos. Ni el lehendakari se va a apear de su plan ni el presidente del Gobierno puede aceptarlo. A tal «impasse» ha llevado la táctica de diálogo a la política española, incapaz de moverse hacia delante o hacia atrás. ¿Por qué se encuentran? La única explicación, si explicación puede llamarse, es que quiere darse la impresión de que tal política está viva, de que produce resultados. Cuando todos sabemos que no es así, que por el camino que vamos, incluso es mejor que no los produzca.

Lo que más tememos es que el presidente del Gobierno siga creyendo que actúa como jefe de la oposición. Un jefe de la oposición puede decir lo que le dé la gana, que lo peor que puede ocurrir es que haga el ridículo. Pero un jefe de Gobierno tiene que medir cada paso que da y cada palabra que pronuncia con balanza de oro, pues un error suyo los paga, no él, sino la entera nación. Y el error que puede cometer en este caso el Sr. Zapatero es el mayor que puede cometerse en su cargo, al estar en juego la nación misma. Un error de cálculo, una equivocación, incluso mínima, y España se nos va por la cañería. ¿Exageraciones? Ojalá. Pero ¿cuántas naciones se han ido al garete porque sus gobernantes no supieron, en el momento crítico, ver la gravedad de la situación? Pues que la situación es grave lo advierten hasta las más altas instancias del Estado. Esperemos que también lo haga el presidente del Gobierno en su entrevista de hoy. Ya se engañó otra vez ante el mismo interlocutor. Ibarretxe le prometió no aceptar los votos de Batasuna para su plan, y ya han visto lo que ha ocurrido cuando se votó. ¿Se puede uno fiar de alguien así? ¿Se puede uno fiar de alguien en política?

Con haber sido grande su primer error, podría ser mayor el de creer que tiene todavía margen de maniobra, que la salvación vendrá de fuera, que él no tiene que enfrentarse a los nacionalismos, pues catalanes y vascos, gente sensata, se encargarán de decir a sus nacionalistas que es una locura lo que están haciendo. Y, en último término, que Europa no consentirá la desmembración de un estado miembro. Quisiéramos creerlo. Quisiéramos, pero, lamentándolo mucho, lo dudamos. El nacionalismo es una fiebre, una borrachera, que hace cometer a un pueblo las mayores barbaridades, incluso contra sus propios intereses. La historia reciente está llena de ejemplos. Y mucho apunta que el País Vasco y Cataluña están hoy presos de esa fiebre. En cuanto a Europa, no le pidamos demasiado, que bastantes problemas tiene encima. Si se le presenta como un hecho consumado y tolerado por los españoles, aceptará la partición. O sea que ojo al encuentro de hoy. A España sólo pueden salvarla los españoles. Empezando por su presidente de Gobierno.

Ibarreche e Irlanda
Francisco MARHUENDA La Razón 13 Enero 2005

No hay peor opción en tiempos de zozobra que estar gobernados por un presidente débil, perezoso y con ideas simplonas. El Plan Ibarreche es un claro intento de acabar con España. La escisión a medio plazo del País Vasco, que es lo que busca esta iniciativa, es lo único que persigue el nacionalismo vasco. Los dirigentes del PNV, al igual que los de ERC y CDC, son independentistas y tienen una sóla patria/nación. Por ello, cualquier concesión que se les haga no sirve para aplacar sus ansias sino, simplemente, para fortalecerlas. Zapatero, al igual que Chamberlain, es un político agradable y educado pero ni siquiera tiene la formación y experiencia del antiguo premier británico. No vivimos tiempos para tener líderes que están más preocupados en pasar el fin de semana con su familia que de servir a España.

Zapatero no tiene ni madera ni formación para ser presidente del Gobierno, pero no será ni el primero ni el último que consigue tan alto honor sin mayores méritos que ser un buen burócrata de partido. Ibarreche ha copiado el proceso que se vivió en Irlanda. El Tratado de Londres se firmó el 5 de diciembre de 1921 y permitió la constitución del Estado Libre de Irlanda (Irish Free State), aunque los condados del Ulster permanecerían integrados en el Reino Unido.

El tratado angloirlandés, cuya mala copia sería el Plan Ibarreche, fue un tránsito breve hacia la independencia. La Constitución de 1937 ya estableció que Irlanda o Eire era un estado soberano e independiente, aunque los lazos se mantuvieron hasta que en 1948 se aprobó la Republic of Ireland Act. Al año siguiente, el 18 de abril, se proclamaba la republica y desaparecían todos los vínculos con la Corona británica.
Esto es lo que quieren los nacionalistas vascos y, por supuesto, los catalanes. El objetivo final y único lo tuve claro hace años en una comida con un amigo que ahora es consejero del gobierno Ibarreche. Tras dedicarme a criticar al «padre» del nacionalismo vasco y la fragilidad de sus planteamientos me contestó: «No te equivoques, nosotros somos independentistas y sólo tenemos una patria». Es una cuestión se sentimientos. No hay diálogo posible sino ganarles en las urnas.

Constitución europea
La campaña ilegal
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 13 Enero 2005

Lo más desalentador en este trance histórico es la falta de respuesta ante los abusos del poder. La campaña del referéndum es ilegal de arriba abajo, y aunque el PP esté a favor del sí, debería denunciarla. La ley no se puede estirar y torcer a voluntad, práctica común en esta segunda transición. Si nos acostumbramos a ignorar la letra de la ley violentando su interpretación, entonces en puridad ya no hay ley.

No otra cosa subyace en los distintos planes para romper España. La presidenta del Tribunal Constitucional empezó a preparar el terreno anticipando la increíble constitucionalidad de proyectos que cualquiera entiende que contradicen la Carta Magna. ¿O es que ésta no establece la unidad del poder judicial, por ejemplo, o la unidad de la nación española, o su preexistencia a la propia Constitución? Es significativo que el Plan Ibarretxe se plantee formalmente como una reforma estatutaria cuando persigue la reforma constitucional. En el fondo se está llamando a ignorar los cauces de la reforma, a interpretar la ley de leyes como le venga en gana a la nutrida amalgama que se ha conjurado para eludir el gran escollo, el Partido Popular, y, ya puestos, para eliminarlo de la vida política, de los ámbitos de decisión y hasta de la corrección y el buen gusto.

Por eso no es baladí que en una serie de televisión aparezcan pintadas contra el primer partido de España, por eso es posible que no tengan que responder los titiriteros que insultaron gravemente a sus dirigentes y a su militancia. Por eso un presentador se permitió llamar en directo al asedio a la sede del PP catalán y una vieja actriz, plantada delante de la misma sede, pudo espetar: “Echemos de una vez a estos carniceros, responsables de la muerte de doscientas personas y de mil quinientos heridos”. Por eso ese director de cine pasado de moda pudo acusarlo impunemente de preparar un golpe de estado ante la prensa internacional aprovechando la presentación de su enésimo bodrio. Por eso al PP se le puede escupir, excluir, injuriar y amenazar. Gratis.

La mejor defensa de la democracia y de la nación que puede hacer Rajoy es exigir sin descanso y sin excepción el cumplimiento de las leyes y denunciar con todas sus consecuencias cada una de sus violaciones. Eso es lo que parecía que iba a ocurrir a partir de su primera intervención pública tras las larguísimas vacaciones navideñas que se ha tomado la clase política nacional mientras la clase política antinacional se ponía las botas desconstruyendo la patria a calzón quitado. Pues bien, si se trata de atenerse a las leyes y de velar por su cumplimiento, ahora mismo tienen una oportunidad de oro: denúnciese esta campaña de almíbar envenenado en la que se ponen todos los recursos del márketing, de la producción artística, del blanco y negro, de la música emotiva, del guión y de los personajes de referencia al servicio del sí a Rodríguez. Lo único que falta es la palabra “sí”. Pretender que tal ausencia hace la campaña aséptica es lo mismo que considerar que los anuncios de Audi no persiguen la compra de sus vehículos porque no incluyen la frase textual “Cómprese un Audi”. Es el último insulto de los socialistas: nos tienen por gilipollas.

Apuntes
Los errores tecnocráticos
Alberto Recarte Libertad Digital 13 Enero 2005

Qué equivocado estaba Laureano López Rodó –para los jóvenes que no han leído historia, o no la recuerdan, cabeza de los tecnócratas del Opus Dei en los años sesenta y ministro de Franco durante mucho tiempo- cuando proponía hablar de política sólo una vez traspasado el umbral de los 1.000 dólares de renta per cápita. Pensaba él, como hoy los dirigentes chinos, que la prosperidad hace más razonables a las personas. Los economistas tecnócratas que constituyen, creo, la inmensa mayoría de la profesión, piensan que los problemas políticos son un simple reflejo de la situación económica. En esto son marxistas, -sin saberlo- y suscriben que las fuerzas económicas determinan la creación de superestructuras políticas reflejo, a su vez, de la lucha de clases.

Nunca España ha tenido tanta riqueza acumulada como ahora, tanto conocimiento, tantas personas preparadas, tanto capital en definitiva. Y, sin embargo, nos enfrentamos a la posibilidad de una confrontación civil que puede ser violenta, como acaba de decir -¿amenazar?- Ibarreche. No es una situación excepcional. La política no depende de la economía, por más que se encuentre condicionada, interrelacionada y sea imposible distinguir claramente los límites de una y otra. Es más, es posible que la prosperidad haya contribuido a cegar a los políticos nacionalistas y a los socialistas de Rodríguez Zapatero, que creen que quebrantar las leyes no tiene consecuencias. Y es posible que no las tenga judicialmente, -como el fiscal general del estado acaba de demostrar, al negarse a cumplir la sentencia del Tribunal Supremo que ilegalizó a Batasuna y a enjuiciar a Atucha-, pero sí las tiene económicas. Es más frecuente en la historia el caso de decisiones políticas que tiene repercusiones económicas que el contrario. Con otra característica, el deterioro económico que puede provocar una política de falta de respeto a las leyes y de desprecio a la independencia del poder judicial puede tener, simultáneamente, repercusiones a corto plazo, que afectan al consumo y la inversión y a largo plazo, porque se deteriora la confianza, el principal motor del crecimiento.

Hasta hora, los españoles han contemplado con lejanía los planteamientos políticos inconstitucionales de los nacionalistas, el PSOE e IU. Es muy probable, incluso, que esos políticos tengan detrás a la mayoría de la población, que confía en que sus políticos preferidos hayan medido bien sus pasos y que creen que sean cuales fueran los comportamientos y los cambios políticos propuestos, legales e ilegales, si no se atacan, directamente, los fundamentos del crecimiento económico, su vida podrá seguir transcurriendo con tranquilidad. Un terrible error que parte de creer que políticos como Rodríguez Zapatero, Llamazares, Carod e Ibarreche saben lo que están haciendo, u otro aún más grave, de creer que les importan –si las supieran- las consecuencias. Olvidando que cuando las pasiones dominan a las personas se cometen atrocidades. Y de Rodríguez Zapatero vamos conociendo la importancia de sus pasiones y sus rencores: rencor a la religión y la Iglesia católica, rencor a España, como nación y como unión política y rencor a la mitad de los españoles que no piensan como él.

Es posible que Rodríguez Zapatero no cometa errores económicos muy llamativos o que socaven a corto plazo la confianza de los españoles en su economía. Pero al no respetar la independencia del poder judicial ni la Constitución nos pone a todos al borde de la tragedia, política y económica.

La complicidad de Ibarretxe con Otegi, otra razón para Zapatero
Editorial El Mundo 13 Enero 2005

Las formas son a veces más importantes que el fondo en la actividad política. En vísperas de su cita con Zapatero, el lehendakari Ibarretxe recibió ayer en Ajuria Enea a los portavoces de los partidos vascos. Ibarretxe se entrevistó durante dos horas con Arnaldo Otegi, que se presentó expresamente como representante de Batasuna. Patxi López, líder del PSE, departió con el lehendakari algo más de una hora en un clima de marcada frialdad y diferencia de criterios.

La buena sintonía personal y política que Otegi dejó ayer entrever con Ibarretxe contrasta con el distanciamiento de las dos formaciones constitucionalistas, que expresaron de nuevo su rechazo frontal al plan.

López pidió a Ibarretxe la retirada de su iniciativa y el comienzo de una negociación entre todos los partidos vascos para reformar el Estatuto, mientras que María San Gil, portavoz del PP, no acudió a la cita para dejar constancia de que su partido no va a negociar el proyecto soberanista.

Lo que ayer se visualizó en Vitoria es la fractura de la sociedad vasca, agudizada por un plan que margina a los no nacionalistas y que cuenta con el respaldo de Batasuna, el brazo político de ETA. La principal diferencia entre Ibarretxe y Otegi, como se reflejó, es puramente táctica, ya que la formación ilegalizada respalda el plan pero no está de acuerdo con negociarlo con el Gobierno de Madrid.

Ibarretxe había dicho siempre que jamás contaría con los votos de Batasuna, pero ayer quedó otra vez patente que Otegi es una pieza esencial de su proyecto. El lehendakari no sólo le concedió mucho más tiempo que a López sino que permitió que hablara en nombre de Batasuna a pesar de que este partido es ilegal desde hace dos años.

Otegi estuvo acompañado por Pernando Barrena, ex parlamentario y líder de Batasuna en Navarra, para que no hubiera dudas de que había acudido a Ajuria Enea no como portavoz del grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak sino del brazo político de ETA.

Que Ibarretxe no pusiera ningún reparo a la presencia de Otegi como líder de una formación ilegalizada muestra no ya sólo la falta de respeto a la legalidad vigente del lehendakari sino además su desprecio hacia los vascos no nacionalistas y a quienes se sienten ultrajados por la complicidad de Batasuna con ETA.

Otegi goza de inmunidad en sus actuaciones parlamentarias, pero no puede ir por el mundo jactándose de liderar una formación ilegalizada y vinculada a ETA por el Tribunal Supremo y las instituciones europeas. El fiscal general del Estado debería investigar si hay motivos para imputarle por su actuación de ayer.

Pero más allá de una eventual responsabilidad penal, la alianza táctica entre Ibarretxe y Otegi debería obligar a reflexionar a Zapatero, que ya sabe lo que puede esperar de un proyecto político avalado por los socios de una banda terrorista.

El plan Ibarretxe exige una respuesta nítida y contundente por parte de Zapatero, que debe aprovechar la ocasión para transmitir al jefe del Gobierno vasco que empleará todo tipo de medios legales y democráticos para evitar que prospere. Ese es el único mensaje que puede entender.      www.periodistadigital.com

Contra el pueblo vasco
Por Fernando Savater El País 13 Enero 2005

En cierta ocasión, Juan de Mairena suspendió a un alumno con sólo mirarle la cara. Indignado, el padre acudió a la escuela para protestar: "¿De modo que a usted le basta ver la cara de un chico para suspenderle?".

Y Mairena repuso: "A veces me basta con ver la cara de su padre...". Algunos encontramos bastantes carencias en el proyecto de Constitución europea e incluso las caras de quienes la avalan publicitariamente pueden no convencernos del todo; pero nos basta con recordar la facha de quienes se han apresurado a rechazarla para que hayamos decidido votar afirmativamente en el referéndum del mes próximo.

Algunas de las caras -y los caras- más destacadas en ese repudio pertenecen a quienes hablan en nombre de los "pueblos". Precisamente, uno de los tantos más favorables del proyecto constitucional europeo es que sólo reconoce Estados de derecho y ciudadanos, pero no "pueblos" en el sentido político y sobre todo pre-político del término.

Avance indudable: como ha demostrado dolorosamente la historia de Europa durante el siglo pasado, la era de los pueblos-ancestrales, sanguíneos, vengativos, superiores, inferiores, etcétera... es la era de los agravios infinitos y las exclusiones xenófobas, la era de los crímenes.

Por supuesto, en la génesis de los actuales Estados se encuentran inevitables referencias a tales "pueblos", lo mismo que otras instituciones (las de justicia, por ejemplo, o las monarquías) se remontan a orígenes religiosos, pero supondría un peligroso arcaísmo tratar de regresar hoy a tales legitimidades. Dentro de nuestra diversidad cultural, vivimos en artefactos políticos convencionales y laicos, no en seres colectivos inmutables de cuño étnico.

Hablar de "pueblos" en lugar de Estados es, en el mejor de los casos, una antigualla retórica como denominar "corceles" a los caballos o "doncellas" a las empleadas domésticas. Pero también puede ser algo peor y mucho más peligroso...

Cuando el pasado 30 de diciembre, en el Parlamento de Vitoria, Joseba Egibar preguntó a socialistas y populares si creían o no en la real existencia política de un pueblo vasco... planteó una cuestión central en el debate entre los nacionalistas y quienes no lo son. Sus adversarios perdieron la excelente ocasión de responder con claridad: no, no creemos en tal pueblo vasco. Es más, estamos en contra de que tal noción fabulosa legitime cualquier tipo de instituciones ni mucho menos de matanzas.

Y la Europa cuya Constitución vamos a refrendar tampoco cree en tales entelequias ni en la sumisión de los ciudadanos europeos a ellas ni que las tales deban determinar fronteras, leyes especiales o documentos de identidad. Quizá sí deba hacerse después de todo una reforma necesaria en nuestra Constitución para adecuarla a la europea: suprimir la referencia a los derechos históricos, reaccionarios y confusos, por medio de los cuales se mantiene anticívicamente latente la leyenda de los pueblos eternos y prepolíticos...

Son estas cuestiones las que merecerían un trabajo pedagógico de elucidación como el que dicen los socialistas vascos que van a acometer próximamente: explicar a la gente no los males del terrorismo, que es palabrería ociosa, sino los males del nacionalismo étnico del que proviene la justificación del terrorismo. Tarea urgente, porque la patraña de los "pueblos" está digerida ya incluso por los menos nacionalistas, a quienes frente al plan Ibarretxe no se les ocurre invocar nada mejor que la mitad del supuesto pueblo vasco que está en contra.

¿Quién se atreve a recordar que aquí no hay tal parcelación en "pueblos" sino cuarenta millones de ciudadanos españoles, todos los cuales tienen voz y voto sobre lo que se hace o se deshace en su país?

¿Que ninguna autonomía puede autodeterminarse, vetando al Estado no ya el derecho sino la obligación de intervenir en cuestiones que afectan al conjunto? Hablar dentro de nuestra realidad constitucional de la "unidad de España" no es apelar a un engolado hipo franquista sino reclamar la integridad del Estado de Derecho.

Ahora que estamos en campaña para el refrendo de la Constitución Europea se puede añadir algo más: que el lema "unida en la diversidad" es tan válido para España como para Europa. Y que nuestro país no podrá hacerle mejor servicio a Europa que luchar contra un populismo étnico encubiertamente secesionista que si triunfa será un contagioso precedente contra la ciudadanía europea...

Lo más sorprendente es que algunos parecen sorprendidos por la situación que hoy plantea el desafío del nacionalismo vasco. ¿Cómo hemos llegado a esto? Ya lo ha dicho Ibarretxe: a tortas.

Miren, dentro de unos días se cumplen 10 años del asesinato de Gregorio Ordóñez. Con tal motivo, Antxon Urrusolo ha preparado un documental que se abre con imágenes de hace una década en las que tres políticos por entonces muy destacados comentan unos resultados electorales: son Fernando Buesa, del PSE, Gregorio Ordóñez, del PP, y Joseba Egibar, del PNV. De los tres, sólo Egibar sigue hoy en el escenario político vasco.

¿Acaso porque su propuesta política es mejor o más vasca que la de los otros o porque tiene más apoyo popular? No, lo que ocurre es que a los otros dos los han asesinado. ¿Lo quieren más claro? En Euskadi, los constitucionalistas no han perdido las elecciones sino la vida. Y porque ellos han perdido la vida, y otros compañeros suyos la libertad de movimiento o de intervención pública en defensa de sus ideas, los nacionalistas han ganado las elecciones y hoy tenemos plan Ibarretxe. El cual se atreve a preguntar retóricamente, cuando propone en estas condiciones un referéndum: "¿A qué tienen miedo?".

Hombre, a lo de siempre: a que nos sigáis matando si no os damos la razón. ¿Se imaginan ustedes lo que ocurriría si los políticos o intelectuales desafectos al nacionalismo se movieran con normalidad por Oyarzun o Hernani? Hasta ahora el enfrentamiento civil existe pero sólo es de una dirección. Digo "hasta ahora". No, ni a Ibarretxe ni al resto de sus cómplices del tripartito -tanto políticos como electores, seamos claros- les duelen de veras las tortas que se reparten en el País Vasco: en todo caso les inquieta la posibilidad de que un día se las devuelvan.

Y es que ni todos los terrorismos son iguales ni tampoco lo son todas sus víctimas. Es decir, todas deben ser ayudadas en su desgracia y merecen respetuoso apoyo. Pero no es lo mismo quien perece durante un incendio en su cama mientras duerme que el bombero que muere tratando de rescatarle.

A diferencia de lo que ha ocurrido en los atentados islamistas, la mayoría de los crímenes de ETA han estado siempre dirigidos contra bomberos de la democracia. Y esas víctimas lo son ya antes de morir, porque padecenamenazas y presiones que imposibilitan su vida normal. Por eso sienten un agravio comparativo respecto a la reacción que ha rodeado otros execrables atentados.

La señora Pilar Manjón dijo cosas atinadas y conmovedoras en su intervención ante la comisión del 11-M (sobre todo cuando habló de los partidos más dedicados a sus sectarismos que a afrontar conjuntamente la amenaza terrorista), pero nada que justifique el papanatismo desmedido con que fueron acogidas por ciertos medios informativos y ciertos políticos sus declaraciones: "¡Qué lección nos ha dado!". Pues a unos más y a otros menos.

Hace ahora un año que un autobús lleno de víctimas y de personas amenazadas recorrió España de norte a sur diciendo cosas semejantes y señalando responsabilidades aún más indudables. Pero con bastante menos audiencia. Entonces, el mismo conspicuo predicador radiofónico que babeó luego ante la declaración de la señora Manjón comentó que no entendía a qué venía ese viaje, ya que las cosas que allí se decían las sabía todo el mundo. Otra diferencia: con motivo del 11-M, Aznar ha declarado 10 horas y Zapatero 14; pero, tras casi mil asesinatos de ETA, Garaicoetxea, Ardanza, Ibarretxe o Arzallus no han comparecido ni cinco minutos ante comisión alguna.

En fin, se nos dice que hay que guardar la calma. Tenemos que esperar lo mejor de las próximas elecciones vascas, aunque es de temer que sean como todas las que se vienen realizando hasta la fecha, o sea, "a la iraquí", con opciones políticas amenazadas y sin que puedan votar los que ya votaron con los pies hace tiempo escapando del País Vasco.

ETA permanece de momento en stand by, en parte por su debilitamiento gracias a las medidas judiciales y políticas exigidas por los "crispadores" y en parte porque su misión ya está cumplida y ahora sólo tienen que realizar pequeños atentados de mantenimiento. Los etarras, como buenos españoles, sólo trabajan cuando es imprescindible...

Se nos recomienda no inquietarnos ante el plan Ibarretxe, porque las leyes impedirán su desarrollo.

Y eso me recuerda la anécdota del poeta alemán Heine, al que divertía la fe ciega de los franceses en su aparato legal. En cierta ocasión, dando un pequeño paseo en barca por la costa, la marejada inquietó a algunas pasajeras galas y él las serenó irónicamente: "Tranquilas, señoras, nous sommes sous la protection de la loi".

¿Será suficiente también para nosotros saber que, si el tsunami nacionalista nos arrastra, nos ahogaremos con la ley de nuestra parte?      www.periodistadigital.com

Río Cabe
Patrias lejanas
Serafín Fanjul Libertad Digital 13 Enero 2005

Un conocido escritor –cuyo nombre omitiremos, porque nuestro objetivo no es atacar personalmente a nadie– ha hecho unas declaraciones sobre el Plan Ibarreche y a petición del diario ABC. Aunque sus novelas me aburran una mieja, siempre he visto a este hombre con una cierta reserva respetuosa, tanto porque sus manifestaciones públicas suelen tener aire de discretas, como por ser de León: qué quieren, atavismos familiares que a veces arrastramos los románticos y, por favor, sean clementes y no me recuerden que también de León es algún otro a quien más valdría reenviar a la Escuela Primaria. Pero no perdamos a don Beltrán: no interesa la persona sino el contenido de sus palabras, por lo extendido que se halla entre la masa amorfa y no poco ovina de los progres hispanos. En síntesis y muy sucintamente, el hombre viene a señalar que esto de Ibarreche es una “tabarra” y que sus verdaderas preocupaciones se ciernen sobre el maremoto de Asia, para terminar planeando sobre la situación del Tercer Mundo y otros desaguisados que nuestro planeta sufre. Torero.

Como nunca podremos dilucidar si dice esas cosas porque él es así, o por halagar a su público –que tanto le quiere y al que tanto debe–, habremos de conformarnos con las declaraciones mismas. Y, en principio, fuerza es afirmar con el escritor que sí, que lo de Ibarreche es una tabarra, si bien –sospecho– nuestros motivos para alcanzar esa conclusión son muy distintos de los suyos. En efecto, es una tabarra que después de tantos años los asesinos vascos continúen burlándose de la nación a la que chulean, pues hasta tiempos muy recientes –el gobierno de Aznar– no se han empezado a tomar medidas serias para combatir el terrorismo, aunque siga pendiente la denuncia política, social y cultural del separatismo vasco como lo que es: la codicia de una burguesía meapilas muy dignamente representada por el PNV, algo que los progres madrileños ni huelen; lo que les encandila son los escupitajos que estos heroicos gudaris del tiro por la espalda arrojan sobre el país que nos da de comer. Si no se toma como intromisión excesiva, sugiero la lectura de El intruso de Blasco Ibáñez para fijar el punto de arranque de esta auténtica tabarra. Y ya ha llovido entre Santurce y Bilbao desde que Blasco escribió aquello.

Pero lo más llamativo en las declaraciones de nuestro escritor de marras es la esfera de sus inquietudes. No parece muy tocado por la posibilidad de que nuestro país se rompa, un asunto que con él no va: no relaciona los libros que vende, escritos en español, y el sueldo que percibe del ayuntamiento de Madrid por su trabajo con la estabilidad general de España. Si traigo a colación este extremo obviamente es porque los progres no oyen otra voz sino la de su bolsillo y no estaría mal que recapacitasen por ese lado, ya que su insensibilidad para otro género de argumentos es total. Eso sí, cuidadosamente envuelta en plañidos por la mariposa cornuda de Ceilán (“Cuando muere una especie, algo de nosotros muere”), la justificación del terrorismo palestino (“Todos los terrorismos no son iguales”) o la santa indignación (laica, por supuesto) ante la fuga de su país, por hambre, de los marroquíes (“Todos somos culpables”).

Una nutrida panoplia de argumentos escapistas para no verse en la precisión de liberarnos de la pecina en que estamos embarrancados. Si usted finge no haberse enterado de en qué quedó la revolución comunista, para poder continuar difundiéndola por los clubs de golf del mundo o en la salita de su casa, esté tranquilo y no pierda el tiempo con minucias como la matraca vasca, o el hachazo catalán, que está al caer. Lo suyo son más altas misiones. Y si, pletórico de solidaridad humana, quiere manifestar su odio y rechazo contra cómplices morales e inmorales de asesinatos, no sea pusilánime y cortito conformándose con manifestarse, por ejemplo, ante los diputados del PNV o Izquierda Unida en el Congreso, demuestre su ambición y su afán de riesgo voceando un rato contra el PP: sólo el valor recompensa. Y no se preocupe si estamos a un milímetro de franquear el gallardo Rubicón del “No pasa nada al que más da”; o de “no es el momento todavía para tomar medidas drásticas al ya no es el momento para adoptar medida alguna”. El “Conmigo no va”, la inhibición perfecta y la pereza mental absoluta se reequilibran estupendamente con unos cuantos gritos en la calle de Génova.

Y no se meta en prolijidades para eruditos: si los del PP más que asesinos son asesinados; o si las guerras de allá no justifican los atentados de acá; o si sería bueno enterarse de por dónde cae Turquía antes de aplaudir su ingreso en la Unión Europea. Bien alimentado como usted está y disponiendo de unas patrias tan hermosas y cómodas, tan lejanas y en imágenes, no pierda el precioso tiempo que puede dedicar a las películas de Isabel Coixet o Moncho Armendáriz en operaciones baldías y anticuadas como saber quién es usted, qué le debe a las generaciones que nos precedieron y qué piensa dejarle a sus nietos. So pena que una vasectomía oportuna hasta de esa preocupación le salvara. Por delante siempre el lema de la progresía: Vivere pericolosamente. Y como ignoran el origen de la frase, puede valerles. Como lo de “Estado Español”, que tanto les gusta.

A los votantes del PSOE
Cartas al Director ABC 13 Enero 2005

Me dirijo a los once millones de españoles que depositaron su voto a favor del PSOE en las últimas generales para preguntarles qué opinan de los acontecimientos que están ocurriendo últimamente en España a raíz de la llegada al poder de ZP y compañía. Muchos de estos votantes socialistas tenían su voto decidido antes del 11-M, pero muchísimos otros, presas del pánico del atentado islámico con ayuda de los aborígenes de Avilés, cambiaron su voto tras el masivo y sangriento atentado.

Vascos en el gobierno de Euskadi tienen las maletas ya listas para salir de la casa común que ha sido durante 500 años. Catalanes, preparan las maletas. Los mulsumanes que residen en nuestro país legal o ilegalmente son mimados por los socialistas, mientras se inicia una persecución en toda regla contra la mayoría católica, a la que se quiere presentar como retrógada y carca. En política internacional estamos a la altura de una república bananera. Estados Unidos, o sea, los dueños del mundo, no quieren saber nada de España, y el comercio exterior de nuestros productos comienza a resentirse de lo que es un boicot americano en toda regla a lo made in spain.

Los independentistas catalanes son un poder fáctico en el Gobierno de Madrid, que es lo mismo que si el pastor y el lobo se alían para guardar las ovejas. Los homosexuales se podrán casar y adoptar hijos como los matrimonios. Con todo lo que está cayendo, me gustaría preguntar a los once millones de compatriotas que eligieron la opción socialista el 14-M, con toda la legitimación del mundo, si están satisfechos con ZP y los suyos.

Miguel Rodríguez Sánchez. Cartaya (Huelva).

Quieren que fracase
Francisco de Asís Zumárraga Ortiz/Alcobendas. Madrid Cartas al Director El Correo 13 Enero 2005

Ante la imposibilidad legal y de hecho, tanto de la independencia de Euskadi respecto a España como de su aceptación como nuevo estado en la Unión Europea, hemos de preguntarnos cuál es el verdadero objetivo del plan Ibarretxe, ya que los nacionalistas jamás dan puntada sin hilo. Parece, por tanto, que lo que verdaderamente pretenden es que el plan fracase para crear así un nuevo e inventado agravio. Así podrían sustentar una reivindicación permanente que justifique la continuidad del movimiento populista en que se basa el nacionalismo. Imposible el mito de la Arcadia feliz, fracasada la lucha a campo abierto -las guerras carlistas- y la de guerrillas -ETA-.

Agotada también la reivindicación dentro del sistema democrático español -mediante la concesión de un amplio Estatuto federal que se explota en exclusiva para los fieles en forma de puestos políticos, de funcionario, en las empresas adictas, contratas, concesiones, recalificaciones y, en fin, gabelas sin cuento-, falta ya el cemento de la ideología y la reivindicación. Sin ellos no puede existir ese movimiento populista, cuya disgregación inevitable en partidos simplemente de clase produciría el final del monopolio y la caída del poder de sus dirigentes profesionales. Así pues, no les tomemos en serio.

Al señor Guevara
Javier Moraza Marquínez/Vitoria-Gasteiz Cartas al Director El Correo 13 Enero 2005

Dice el refrán que «arrepentidos los quiere Dios» y afirman también las Sagradas Escrituras que «hay más júbilo en el cielo por un pecador que se convierte que por cien justos que se salvan». Los constitucionalistas, por tanto, deberíamos estar encantados de su 'caída del caballo' camino de un plan Ibarretxe, porque parece, señor Emilio Guevara, que ha visto por fin la luz. Deseo, por lo tanto, felicitarle por su magnífico artículo del pasado domingo, que comparto en su integridad. Pero, será probablemente porque a estas alturas uno es ya un descreído, me asaltan ciertas dudas que agradecería me pudiera aclarar.

En primer lugar no entiendo cómo si usted definitivamente ha aborrecido la ideología nacionalista y, como expresa en su escrito, reniega de la misma, ha podido elaborar, por encargo del PSE, un plan paralelo al del PNV y que tengo que calificar de filonacionalista. Porque, ¿cómo se comprende si no que en su plan se hable de cuestiones identitarias y se modifique la definición de nuestra comunidad autónoma, que pasa de ser una nacionalidad a una comunidad nacional? Le aseguro que estas dudas me tienen muy preocupado y no sé si se deben a una estrategia partidista, del PSE, para atraerse votos de nacionalistas desengañados, a una especie de complejo de no poder llamar a las cosas por su nombre o a una estrategia para arrinconar de una vez por todas al PP. Lo cierto es que encuentro una serie de contradicciones entre su artículo -espero que no se deba a un calentón, no sería propio de usted- y lo propuesto en su plan.

Por último, señor Guevara, con todo cariño y respeto, hubiera deseado de usted una disculpa por haber involucrado a Álava y a los alaveses en este problema en el que ahora nos vemos, pues no debemos olvidar que usted fue uno de los artífices nacionalistas que propiciaron la peligrosa y desagradable situación en que ha derivado toda esta historia.

Rajoy pide a Zapatero aplicar el artículo 155 si Ibarreche convoca el referéndum
El PP promueve que la FEMP y el Senado insten al Gobierno a actuar legalmente contra el Plan
Mariano Rajoy dejó ayer un nuevo mensaje a José Luis Rodríguez Zapatero sobre el Plan Ibarreche. Sin tibiezas, el jefe de la oposición señaló que si fuera presidente del Gobierno y Juan José Ibarreche convocase un referéndum ilegal, requeriría al lendakari haciendo uso del artículo 155 de la Constitución, en el que se regula la posibilidad de actuación contra una comunidad en caso de desobediencia. Además, el PP sigue promoviendo medidas contra el proyecto. Ayer anunció que sus ayuntamientos llevarán a la FEMP una declaración por la que se insta al Gobierno a recurrir ante el TC.
Rajoy analizó ayer con su cúpula la respuesta al Plan Ibarreche. Mañana convocará una reunión del Comité Ejecutivo de su partido
C. Morodo La Razón 13 Enero 2005

Madrid- «Yo impediría la celebración de ese referéndum por cualquier procedimiento establecido en la ley si fuera presidente del Gobierno», señaló ayer Rajoy en el programa «Cada Día», de Antena 3. El jefe de la oposición es partidario de «requerir» al lendakari, haciendo uso del artículo 155 de la Carta Magna, en el caso de que éste siguiese adelante con su proyecto de celebrar un referéndum sobre su Plan, pese a haber sido rechazado por el Congreso de los Diputados. Ese artículo establece que «si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones».
Rajoy subrayó que ante un «desafío» como el que representa el Plan Ibarreche sólo se pueden tomar dos caminos: «dejar que quien desafíe gane, o aplicar la ley». Su criterio es que el Ejecutivo vaya utilizando, paso a paso, todos los medios de que dispone el Estado de Derecho para frenar un «proyecto ilegal».

Mientras, desde su partido se siguen promoviendo iniciativas contra el Plan del lendakari. Ahora se apunta al Senado y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) como marcos de movilización. Por un lado, Pío García Escudero se ha dirigido al presidente de la Cámara Alta, Javier Rojo, para instarle a que el debate del estado de las autonomías no se celebre más tarde del mes de febrero, debido a la crisis política provocada por Ibarreche. El Gobierno, sin embargo, parece inclinarse por retrasar ese foro de discusión hasta después del referéndum de la Constitución de la UE.

Asimismo, los ayuntamientos del PP presentarán en la próxima reunión de la FEMP una resolución, para su aprobación, por la que se insta al Ejecutivo a rechazar cualquier tipo de negociación con el lendakari y a aplicar todos los instrumentos legales para defender el marco constitucional, entre ellos el recurso al TC. Esta medida la anunciaron ayer Rita Barberá, vicepresidenta de la FEMP; Alfonso Alonso, alcalde de Vitoria; y Luis Partida, presidente de la Federación Madrileña de Municipios. Es más que previsible que el debate de esta propuesta provocará una nueva gresca en el seno de la FEMP entre los dos principales partidos. Desde el PP se subraya que los representantes municipales no pueden permanecer al margen de una «amenaza para la unidad de España y para la convivencia democrática».

Alonso, por su parte, emplazó al resto de municipios a hacer un ejercicio de solidaridad y de concordia con los concejales del País Vasco que «viven amenazados y sufren directamente la presión del Plan Ibarreche».
El alcalde de Vitoria está convencido de que, de haber un referéndum, el proyecto del lendakari sería rechazado en Álava.

Defensa de las nacionalidades históricas
Por Eugenio Trías El Mundo 13 Enero 2005

Ante actitudes independentistas que se manifiestan como pacíficas, o no violentas, siempre me pregunto lo mismo: ¿Saben exactamente lo que quieren? ¿Conocen las consecuencias de su orientación y tendencia? ¿Han reflexionado de verdad sobre lo que arriesgan? ¿Se inspiran en un examen serio sobre las posibilidades reales que su proyecto independentista posee?

¿Pueden vislumbrar, aunque sea de forma tentativa y aproximada, los modos, las rutas o los meandros posibles a través de los cuales su idea política puede llegar a implantarse? ¿Tienen en cuenta la situación geopolítica en que Cataluña y Euskadi se hallan? ¿Son las suyas actitudes verdaderamente responsables?

Siempre apelan al derecho que tienen o pueden tener o a la legalidad que puede amparar sus actitudes. Se llenan la boca con los derechos. Pero en su vocabulario jamás se habla de deberes.

Parecen ignorar que el deber primero de todo político es la responsabilidad.Ésta consiste en la capacidad de responder de los propios actos.Pero sobre todo en la extrema sensibilidad por atender a las situaciones. O a los marcos reales en que la acción política se inscribe.

¿Cumple el independentismo los mínimos de responsabilidad que pueden exigirse en el juego político? ¿Son conscientes de lo que pueden llegar a poner en juego, y hasta amenazar y arruinar? ¿Lo son los políticos? ¿Lo son los teóricos o los intelectuales que con ingenuo desparpajo, o con absurda frivolidad, o con el más irritante vacío de reflexión se apuntan a esa posibilidad extrema?

En su discurso siempre es el enemigo externo, el hostis, el que acarrea con la responsabilidad respecto a lo que pueda resultar seriamente amenazado y hasta quebrantado a partir de sus actitudes.La culpa la tiene siempre el otro. El Otro. España. Madrid. El Partido Popular. Aznar. El culpable siempre tiene para los independentistas el mismo nombre. Esa es una de las formas de enervante monotonía a la que esas actitudes son propensas.

¿Saben, conocen, han pensado y reflexionado en los caminos a través de los cuales pueden llegar a proclamar la independencia en sus respectivos territorios? Nada de eso se considera: ni una palabra sobre la posible amenaza o ruina de la paz civil que su proyecto político puede acarrear. Y me estoy refiriendo únicamente a los que proclaman a viva voz su actitud pacífica, o sus ademanes no violentos.

Estos independentistas cuentan una y otra vez una extraña fábula: un proceso a través del cual, pacíficamente, en buenos términos, con buen talante -pues «hablando se entiende la gente»- puede tramitarse un proceso de ruptura, de divorcio, de separación.Se produce la separación matrimonial, el reparto de bienes: todo según mutuo acuerdo y del modo más angelical. Se acabó, punto final, y aquí no ha pasado nada. Y si te he visto no me acuerdo.

Esa novela mediocre no se la cree nadie. Jamás suceden las cosas de ese modo, ni en la vida privada ni en la res publica. Esa ficción es pura ilusión, demagogia, mentira. No vale decir: nosotros somos pacíficos y no violentos. Son ellos los que hablan de medidas excepcionales, o los que apelan a la «fuerza de las armas», o a «estados de excepción y de emergencia».

El problema no está solo en los que pronuncian esas voces, sino también en quienes incitan y excitan a ciertos sectores a pronunciarse en esos términos.Entre ambos, de una extraña manera, parecen entenderse. Se necesitan.

Hace bastantes años, a principios de los 80, volvía un conocido nacionalista catalán de un viaje por la antigua Yugoslavia. En un foro en el que la mayoría simpatizaba con su actitud nacionalista manifestaba su entusiasmo: ¡ese era el modelo para Cataluña, para España! El modelo yugoslavo. La perfección, la panacea.

Ese clarividente personaje había conocido un Estado que constituía una auténtica Confederación de Naciones. Declaraba que su máxima virtud consistía en lo siguiente: a pesar de la mano férrea dictatorial de Tito, el Estado poseía una expresión mínima en relación a los grandes márgenes autonómicos de las distintas naciones.

Un mínimo de estado y un máximo de autonomías nacionales. Era un modelo digno de ser imitado: una verdadera nación de naciones en la que el primer término (nación) debería escribirse en minúscula.

Siempre que se habla de reforma de la Constitución, o que se dibuja la idea de una confederación de naciones, no puedo evitar el recuerdo de esa anécdota. Sobre todo teniendo en cuenta el desenlace de ese estupendo proyecto -yugoslavo- cuyas virtudes ponderaba, con gran regocijo, ese prócer nacionalista catalán tan perspicaz.

Algún medio norteamericano de la prensa señala estos días, con no disimulada complacencia, la posible balcanización de España.Y el carácter de bomba de relojería que puede poseer una España en proceso de balcanización respecto al proyecto europeo.

Muchos nos preguntamos: ¿por qué ahora, justamente ahora, se plantea con tal virulencia algo a todas luces innecesario: la reforma de la Constitución? Está claro que es la cita europea lo que determina esa nerviosa urgencia. Se teme que la Europa que se constituya lo sea de estados-nación, y que allí no tengan lugar alguno las llamadas naciones sin Estado.

Se da por sentado el declive del Estado-nación, en grave e irresponsable confusión de una tendencia a largo plazo, y de lenta erosión, que puede dar lugar a importantes reflexiones de filosofía política, y una realidad que se halle al alcance de la mano, y que puede generar opciones en el ámbito de la política real.

Con todo lo cual se desvía lo que en estos momentos se debiera estar discutiendo aquí en España, como sucede en Francia, en Alemania, en Suecia, en Dinamarca o en Italia: la Constitución Europea. Una vez más, España se encierra, en momentos decisivos, en esas tétricas introspecciones que evocan precedentes funestos.

Si el paisaje se ensombrece más y más, siempre tendrán los independentistas la coartada eterna: es España, siempre España, la única culpable y responsable de lo que pueda suceder. Ellos son irresponsables.Tienen, al parecer, carta blanca para ejercer una política que no posee responsabilidades civiles.

Para producirse un escenario siniestro como el de la antigua Yugoslavia faltan, para fortuna de todos, dos premisas esenciales: el colapso de un modelo de Estado, que en el país centroeuropeo fue debido a la muerte del dictador Tito; y una situación económica y social insostenible.

Cualquier comparación con los años 30, o con las fragilidades de la II República es, por otra parte, ociosa. Se hallaba entonces España partida por dos en lo social, en lo económico. El propio Partido Socialista poseía una fractura interna tremenda: una latente guerra civil en su propio seno.

Era muy reciente aún el derrumbamiento del Estado que se produjo con el final de la monarquía. Y el escenario internacional fomentaba los radicalismos totalitarios de izquierdas y de derechas. En esa época la democracia parecía haber caído en el baúl de las cosas viejas. La palabra totalitarismo sonaba bien. Estaba de moda. Quedaba moderna.

Pero sobre todo resulta inconcebible la confederación de naciones al estilo yugoslavo en un país en el que sólo un sector, quizás mayoritario (o quizás no), de dos de sus nacionalidades históricas (Cataluña y Euskadi), plantea con apremio y urgencia la reforma constitucional. Mientras que en otras nacionalidades (igualmente históricas) se reconoce de forma mayoritaria a la nación española como la propia (así en Navarra, en Valencia, en Baleares, en Andalucía o en la misma Galicia.)

Son ciertos sectores de Euskadi y de Cataluña los que quieren proclamarse nación (con el doble ingrediente de soberanía y poder constituyente que implica), mientras que el resto de autonomías, o de nacionalidades -históricas con el mismo derecho- asume, acepta y reconoce como única nación la española. Mayor asimetría es inconcebible.

El llamado federalismo asimétrico es, justamente, el que de forma sabia ya contempla la actual Constitución española. Los federalismos no nacen sólo por agregación, como en Norteamérica. A veces tiene trazas de sistema otorgado tras un colapso de Estado (Alemania), o a través de una pacífica y ejemplar transición (España.) El Estado de las autonomías es lo más parecido que imaginarse pueda a un Estado federal.

En ciertos discursos cada vez más esotéricos e incomprensibles parece quererse todo, en verdadero totum revolutum: Estado de estados, nación de naciones, confederación y federación, todo a la vez, en el más soberano ejemplo de confusión conceptual y mental que puede recordarse. Y siempre al borde de un dilema, con ribetes de chantaje, que augura «o esto, o la Ruptura», «o esto, o el Divorcio». Si no se cumplen mis deseos «habrá drama».O estaremos «en punto cero».

Como si el nieto -Pasqual Maragall- sólo hubiese leído de su abuelo poeta esa frase única, casi anecdótica en su reflexión -muy interesante y matizada- sobre las relaciones entre Cataluña y España: el célebre Adeu Espanya! Como si siempre, cuando cree hacer alguna concesión o favor al presidente de la nación española, a Zapatero, pueda arrogarse el derecho a amenazar con esa despedida. «O se me da lo que pido (que por lo demás nadie acaba de saber qué es) o si no Adeu Espanya!».

Estamos a años luz de un escenario como el yugoslavo o como el que precedió a la Guerra Civil. Pero no conviene descuidarse.Este país ha ido consolidándose en parte por la solvencia de una Constitución que tiene su mejor prueba en su propia edad, lo que es el mejor haber que posee. ¡Qué necedad apelar al tiempo transcurrido para su revisión!

Las constituciones se revisan cuando la situación es de extrema gravedad, como sucedió en Francia, al borde de la guerra civil tras la descolonización argelina.Pero no tiene pies ni cabeza iniciar un proceso constituyente cuando no hay ninguna razón apremiante que lo haga ineludible.

Esta Constitución asegura la España plural. Una pluralidad que se exige a España. Pero que desde el nacionalismo no se contempla en relación a sus propios territorios. Como si Cataluña y Euskadi fuesen sociedades homogéneas, según recordaba recientemente Joseba Arregi. Se pide que España pase por una criba desconstructiva (para decirlo en homenaje a Jacques Derrida, recientemente fallecido.) Pero jamás se asiste a una verdadera des-construcción del metarrelato a través del cual se urde el tejido de medias verdades y múltiples falsedades que nutre la concepción nacionalista.

Importa, hoy más que nunca, que los grandes partidos nacionales, el Socialista y el Popular, tiendan, de forma asintótica, hacia una convergencia en dirección al centro. El Partido Popular debe archivar un modo de argumentación que sólo conduce a confundir España con lo que nunca es ni puede ser: una especie de Gran Serbia.

El discurso que no distingue nacionalismos periféricos moderados de formas independentistas es el que sólo sabe responder a la agresión con agresión, a la violencia (real o verbal) con la violencia, envalentonando y dando armas al independentismo a través de sus veladas o explícitas amenazas. Frente a ese discurso rancio se pide, exige, apremia al Partido Popular a que recupere esa brújula olvidada que le dio la mayoría absoluta: ese giro al centro político que hoy es casi un lejano recuerdo.

Pero el Partido Socialista ha de evitar a toda costa la impregnación y adherencia de expresiones verbales que se lanzan una y otra vez desde actitudes independentistas y nacionalistas, o desde maneras que lo confunden todo, la federación y la confederación, las churras y las merinas, la idea de una nación de naciones con la de un Estado de estados (en donde siempre, al parecer, el primer término de la redundancia es el que debe hallarse al servicio del segundo, y en posición de dependencia respecto a la rotundidad del término plural.)

Toda esa frivolidad y desparpajo, mediante la cual se cede en las palabras, conduce a que al final se entreguen las cosas.Es sencillamente inquietante que miembros destacados del actual Gobierno socialista hayan proclamado que no es nada importante cambiar nacionalidad histórica por nación. Es, sencillamente, deprimente y desalentador.

No es lo mismo nacionalidad que nación, en efecto. El término nacionalidad, y el de nacionalidad histórica, constituyó un gran logro semántico de nuestra Constitución.

Es importante defender ese término que, por irresponsable propensión, muchos tienden a desestimar. Da igual quién fue el padre de la criatura. Da igual que fuese el modelo de la extinta URSS el que lo inspirara, según algunos piensan. O que fuese alguien proclive siempre a satisfacer las ambiciones nacionalistas el que lo sugiriese.Fue, creo, un acierto de primer orden.

Hoy más que nunca urge la defensa de ese concepto que aparece desde las primeras líneas en la Constitución española: el que halla, entre región y nación, o en medio de la simple autonomía, a modo de bisectriz, la idea de nacionalidad. O la noción de nacionalidad histórica. Esa idea, que todo el mundo parece desechar, es quizás la más ajustada a nuestra realidad española para describir o definir muchas de nuestras autonomías. Es, además, la única que salvaguarda la nación española, junto a la especificidad propia de algunas de las nacionalidades históricas que la componen.

En política importa más, mucho más esa adecuación que el carácter acaso insólito, singular y algo extravagante de la expresión.En este caso el acierto fue, sencillamente, providencial. Y es importante no arruinarlo. Y sobre todo es sumamente necesario preservarlo en el texto escrito de nuestra Constitución española más allá del canto de sirenas de una revisión que abriría un proceso constituyente innecesario, inquietante y amenazador.

Un proceso que no responde a ninguna necesidad ni apremio ineludible, salvo a las mezquinas ambiciones de algunos políticos minoritarios, y a sectores sociales que no son siquiera los más numerosos en sus circunscripciones catalana y vasca. Pero que son, sin duda, los más aguerridos, fanatizados y dispuestos a imponer por las buenas o por las malas sus propios puntos de vista, al menos en los territorios en los que poseen cierta notoriedad representativa.

Eugenio Trías es filósofo y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO
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