AGLI

Recortes de Prensa     Domingo 16 Enero 2005
OFERTA-TRAMPA
Editorial ABC 16 Enero 2005

EL TABLERO DE ESCHER
Ignacio CAMACHO ABC  16 Enero 2005

La gran coalición
Luis María ANSON La Razón 16 Enero 2005

TIEMPO DE ESPERA
ÁLVARO DELGADO-GAL ABC  16 Enero 2005

Leer entre líneas
Editorial La Razón 16 Enero 2005

Una esperanza para el pueblo español
Editorial Heraldo de Aragón 16 Enero 2005

CAMISA BLANCA, CAMISAS NEGRAS
Antonio BURGOS ABC  16 Enero 2005

CONDENAR LA VIOLENCIA NO ES BASTANTE
LUIS IGNACIO PARADA ABC 16 Enero 2005

Estado de salvación nacional
José A. SENTÍS La Razón 16 Enero 2005

El artículo 155 y sus posibilidades
José Luis REQUERO La Razón 16 Enero 2005

¿Normalidad
JAVIER ZARZALEJOS El Correo 16 Enero 2005

Qué tipejo el Ibarreche
Antonio PÉREZ HENARES La Razón 16 Enero 2005

Debate estatutario
ENRIQUETA BENITO BENGOA El Correo 16 Enero 2005

Espanya en escabetxe
Javier Orrico Periodista Digital  16 Enero 2005

Los expertos y la Dama de Elche
Editorial La Razón 16 Enero 2005

La dictadura de Sadam Husein organizó la resistencia y proporcionó armas y dinero a Zarqaui
EFE Libertad Digital 16 Enero 2005





 

OFERTA-TRAMPA
Editorial ABC 16 Enero 2005

DESPUÉS de avalar con sus votos el inconstitucional y secesionista plan Ibarretxe, Batasuna pretende irrumpir en el debate político suscitado. El portavoz parlamentario de la ilegal Socialista Abertzaleak, Arnaldo Otegi, ha mostrado su disposición a «acompañar» al presidente del Gobierno, en el caso de que apueste por una solución al «conflicto vasco», y aseguró que, desde sus filas, «no se está planteando un escenario independentista». En una carta dirigida a Rodríguez Zapatero dice abogar por un nuevo escenario en el que tengan cabida todos los proyectos, nacionalistas o no, a la vez que propugna una «desmilitarización multilateral del conflicto» y la excarcelación de etarras.

Asistimos a una oferta tramposa por parte de quien, gracias al Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, se halla en una situación de extrema anemia política, únicamente vigorizada por los auxilios que le presta el PNV, como la negativa de Atutxa a disolver, como ha ordenado la Justicia, su grupo parlamentario en Vitoria. Puede sorprender que ahora Batasuna defienda una posición que resulta más moderada, desde la perspectiva separatista, que la que encabeza el PNV con EA. Pero no cabe dejarse embelecar ingenuamente. Su objetivo es hacerse con una apariencia de legitimidad que le permita concurrir a las elecciones autonómicas vascas, evitando su desaparición de la escena política y que los peneuvistas les fagociten buena parte de su tradicional caladero de votos.

Sin embargo, su propuesta, a estos efectos, es, además de tramposa, insuficiente, pues sólo la condena explícita de la violencia terrorista sería la condición necesaria para levantar la declaración de ilegalidad, una vez haya solventado sus cuentas con la Justicia. Mientras ETA no abandone el crimen y Batasuna no condene el terror y se aparte del delito, no es posible considerarlos como interlocutores políticos válidos. Con la tregua de ETA planeando sobre el ambiente que rodea al plan Ibarretxe, el guiño incompleto de Zapatero al mostrar su disposición al «diálogo» con el frente abertzale si cesa el «ruido de las bombas y las pistolas» y condena la violencia es de una confusa oportunidad.

El jefe del Ejecutivo no debe escuchar unos cantos de sirena cuyo soporte de sinceridad es menor que la nada, como la experiencia acumulada ha demostrado. La memoria resulta esencial para evitar el ardid, toda vez que desde el Gobierno de la Nación ya se ha intentado el diálogo con las distintas patas del frente nacionalista, tanto en los ochenta como en los noventa. Y todas esas tentativas han resultado baldías y circunscritas a una trampa. En esta situación de debilidad, y cuando Batasuna aún es ETA y no se arrepiente de serlo, no se le puede otorgar un protagonismo que atentaría contra el orden constitucional y ofendería a la memoria de las víctimas del terrorismo, como ayer señaló Rajoy.

Zapatero ha de ser consciente de que no se puede contentar a todo el mundo a la vez, sobre todo cuando la materia en cuestión (la unidad de España que marca el precepto constitucional) está de por medio. Para hacer creíble su compromiso con el pacto suscrito con el PP anteayer, el jefe del Ejecutivo ha de mantener una posición nítida, ajustada al espíritu del Pacto Antiterrorista. Tan esperanzador es el resultado de la entrevista del viernes, que ahora no puede desandar el camino. Los españoles no entenderían que, en estas circunstancias, el Gobierno socialista estableciera acuerdos tácticos de corto alcance y se detuviera a escuchar la voz mentirosa de Batasuna, devolviéndole una presencia y un porte públicos que no le corresponden en virtud de su nefasto currículum. Tampoco debería Zapatero dejarse embaucar por un intento personal de convertirse en algo así como la piedra filosofal del asunto y el artífice único de la solución, que, por otra parte, tiene marcada su senda legal. Otegi le ha tentado, llamando a su vanidad y pidiéndole que sea el «Tony Blair español». Torpe alusión, por otra parte, pues olvida el batasuno que Blair ha suspendido tres veces la autonomía del Ulster. Ahora mismo lo está.

EL TABLERO DE ESCHER
Por Ignacio CAMACHO ABC  16 Enero 2005

LA tarde del pasado viernes, cuando recibía a Mariano Rajoy en la mitad justa de la breve escalinata del Palacio de la Moncloa, tendiéndole la mano en un gesto inmortalizado por los fotógrafos como una especie de cordial rigodón en el que parecía ayudar a su invitado a subir los peldaños de la residencia presidencial, José Luis Rodríguez Zapatero debió de recordarse a sí mismo en un trance similar, cuando hace apenas cuatro años era él el que subía los escalones como jefe de la oposición con un pacto bajo el brazo para ofrecer a Aznar la colaboración de su partido en la lucha contra el principal problema del Estado.

Con numerosos matices diferenciales -Aznar tenía mayoría absoluta, el terrorismo golpeaba con enorme dureza y Cataluña era aún una estable balsa gobernada por el muy responsable timonel Pujol-, la escena contenía elementos bien conocidos para el presidente del Gobierno, situado ahora en una dificilísima encrucijada política. No menos difícil que para el propio Mariano Rajoy, obligado a dar un paso al frente para exponer ante la opinión pública su sentido de la responsabilidad colectiva. Como declaró al final del pasado año el propio Zapatero, tras la aprobación del plan Ibarretxe en el Parlamento de Vitoria, es la hora de los hombres de Estado.

El desafío secesionista vasco ha convertido la escena española en un complejo tablero de ajedrez en el que, como aconseja en su tratado medieval el rey Alfonso X -apodado significativamente El Sabio-, es menester a veces sacrificar piezas para obtener un avance estratégico hacia el objetivo final. Sólo que, en las peculiares condiciones de la actual correlación de fuerzas, ese tablero no contiene sólo dos ejércitos de piezas de colores, sino un poliédrico conjunto multilateral que se parece a las desconcertantes figuras imposibles que imaginó el visionario Mauricius Cornelius Escher, el extraño artista que convirtió la lógica del espacio en una tormentosa paradoja conceptual.

La extrema complejidad del escenario obedece, probablemente, a los errores de planteamiento con que el propio Zapatero ha permitido que se desarrolle la agenda política al abrir a destiempo el debate del modelo territorial de España. La inesperada traición de Ibarretxe -traición incluso a su propia palabra, porque había prometido retirar el proyecto si lo apoyaba Batasuna- ha situado al presidente en medio de una enrevesada confluencia de intereses. Como jefe del Gobierno, está obligado a liderar la respuesta del Estado al desafío secesionista, pero su política de alianzas con el separatismo catalán le deja descubierto un importante flanco de estabilidad. Por otro lado, la firmeza del PP amenaza con dejarle en evidencia frente a la mayoría de ciudadanos deseosos de que se respete el modelo constitucional; y al mismo tiempo, le requiere una respuesta diferenciada para mantener su estrategia -inspirada por Pasqual Maragall- de elaborar un nuevo marco de relaciones entre las autonomías y el Estado.

La aceptación de un nuevo consenso con el PP obedece a la necesidad de Zapatero de ofrecer una respuesta tranquilizadora a la enorme mayoría ciudadana que desea verse representada por sus dos grandes fuerzas constitucionales. Nadie puede entender que, mientras el PP coincide con el Gobierno en el apoyo a la Constitución Europea y en el rechazo al plan Ibarretxe, los aliados de la mayoría parlamentaria le den la espalda en los principales asuntos del debate político inmediato. El presidente, tan aficionado a la política gestual, tenía que hacer un gesto y lo ha hecho. Quizá sólo eso; la aceptación de una comisión para debatir las reformas estatutarias y territoriales no presupone, por más triunfalismo con que se presente, más que una disposición al diálogo. Pero no cabe echar las campanas al vuelo, porque la agenda del Gobierno tiene otros compromisos anotados.

Es ingenuo pensar que, la víspera del encuentro con Rajoy, Zapatero e Ibarretxe pasaran cuatro horas en La Moncloa sólo para constatar su mutua discrepancia. Para rechazar el proyecto del nacionalismo vasco bastaba, cortesías incluidas, con la cuarta parte de ese extenso lapso temporal. Resulta más que probable que los dos líderes repasaran juntos cuestiones más complejas, entre las que la posibilidad de una tregua de ETA no debió de ser la menos significativa.

Ayer mismo, Zapatero hizo en San Sebastián un guiño al entorno de los terroristas. El modo en que destacados dirigentes del PSOE ponían el viernes, en privado, máximo énfasis en la importancia de la carta de falaz «mano tendida» enviada por Arnaldo Otegi a La Moncloa ofrece una relevante pista de interpretación de los acontecimientos. La ilegalizada Batasuna quiere intervenir en las próximas elecciones vascas, sin resignarse a que sus votos pasen directamente al PNV, y necesita de la comprensión del Gobierno a su más que probable intento de creación de una nueva plataforma electoral. Y al Gobierno no le vendría objetivamente mal que Ibarretxe se viese privado de los votos que necesita para conformar una mayoría absoluta con la que reforzar su órdago al Estado. Zapatero sigue soñando con convertirse, tras las elecciones vascas, en el árbitro de la situación para presentarle al nacionalismo una reforma estatutaria inspirada en el proyecto catalanista de Maragall, con el que confía -su optimismo resulta a veces irritante de puro terco- en obtener una jugada maestra.

El deshielo con el Partido Popular vendría a ser, desde esta perspectiva, una manera de asegurarse un plan alternativo. Zapatero sabe que el PP no va a aflojar en su defensa del modelo de Estado, y que los socialistas podrían sufrir una seria sangría de apoyos si cuajase en la opinión pública la idea de que son rehenes del separatismo catalán. Rajoy, por su parte, no tiene más remedio que mover pieza para dejar patente su responsabilidad prestando apoyo al Gobierno ante un reto de fuerza mayor, tal como el propio Zapatero hizo en el Pacto Antiterrorista. Por si acaso, se ha guardado la baza de la moción de censura, que algunos dirigentes del PP propusieron incluso declinar, en la reunión de Sigüenza, para dar más fuerza a su gesto de generosidad política.

Nos esperan meses muy agitados, en los que conviene desconfiar de los gestos y estar atentos a los hechos reales. Es tiempo de gambitos, amagos, fintas y regates. Tiempos de ajuste fino, negociaciones ocultas, encajes de bolillos. Algunos de los jugadores sentados ante este diabólico tablero -ETA y su entorno, Ibarretxe, los independentistas catalanes- están dispuestos a romper no sólo las reglas, sino el tablero en sí, y hasta la propia mesa si hace falta. Sería desastroso que el Gobierno olvidase que lo importante no es tanto ganar él solo la partida, sino garantizar que el juego siga siendo posible. En el caso de que la libertad, la paz y la prosperidad de España se puedan comparar con un juego.
director@abc.es

La gran coalición
Luis María ANSON de la Real Academia Española La Razón 16 Enero 2005

Ibarreche no se hubiera atrevido a encajarle a Felipe González su Plan y mucho menos el show del Parlamento vasco. Un mes antes, el líder socialista, que es un hombre de Estado y un político de talla, le hubiera anunciado que, de seguir con la patochada caribeña, aplicaría en veinticuatro horas el artículo 155 de la Constitución y suspendería la Autonomía vasca. La gran política no consiste en curar sino en prever.

Arzallus y su balbuciente marioneta se han dado cuenta de la debilidad de Zapatero y han lanzado el órdago. El presidente del Gobierno, acosado por Carod-Rovira, se equivocó al no reaccionar de forma fulminante, recurrir al Tribunal Constitucional y poner en marcha las previsiones constitucionales para casos como éste. Volvió a equivocarse al recibir a Ibarreche y darle cancha desde Moncloa para que exhibiera su desfachatez y chulería a través de la televisión.

Ha acertado, sin embargo, Zapatero al llegar a un acuerdo con Mariano Rajoy. Difícil saber si el hombre riente será capaz de cumplir con el compromiso. Pero la Gran Coalición, sellada el viernes en Moncloa, permitirá desbaratar, no ya en el Congreso, sino en la calle, las bufonerías de Ibarreche. Si el Gobierno vasco, regido por un mediocre ensoberbecido, persiste en aplicar su Plan, se podría pasar de la Gran Coalición a un Gobierno de salvación nacional como, en muy diversas situaciones de crisis, han hecho los grandes partidos en las democracias europeas.
Ni una concesión más. Ni un paso atrás. Nos jugamos en el envite la unidad de España, que no es que esté consagrada en la Constitución. Es que la Constitución deriva de ella. Es el ser de nuestra Historia, la médula de la convivencia de todos, el sufragio universal de los siglos, la clave de la paz, la libertad y el progreso de los españoles.

TIEMPO DE ESPERA
Por ÁLVARO DELGADO-GAL ABC  16 Enero 2005

Gran noticia: Zapatero ha escuchado con mucho interés la propuesta de Rajoy para defender el Estado. Noticia aún mayor: se crea una Comisión cuyo fin es hacer frente al plan Ibarreche y acordar los expedientes constitucionales necesarios a la contención de los nacionalistas, ya catalanes, ya vascos, ya gallegos. Pregunta: ¿hemos ingresado en un trance de logomaquia desenfrenada, en que se oye cada día lo contrario que el anterior, o se ha caído Zapatero del caballo camino de Damasco?

El pliego presentado por Rajoy aloja medidas muy urgentes y probablemente negociables —verbigracia, la inadmisión a trámite del plan Ibarreche—, y cláusulas que imagino que no son negociables. Destaco dos. Primero, el compromiso solemne del Gobierno de acudir a todos los medios que contempla la Constitución para impedir el referéndum ilegal de Ibarreche. Ello incluye, en el peor de los escenarios, la aplicación del 155. El 155 no se menciona, pero resulta obvio que no se descarta de ninguna manera. Segundo, la seguridad de que no se reformarán los estatutos sin el consentimiento del PP.

La plasmación práctica de esta garantía es una reforma de la Carta Magna en virtud de la cual la renovación estatutaria habría de exigir dos tercios de los votos, tanto en los parlamentos autónomos como en el Congreso de Diputados.

Los escépticos insisten en estimar difícil que pueda llegar a término el acuerdo por tres razones. Primero, Zapatero tendría que dar un giro de ciento ochenta grados a su política y revisar sus alianzas en el Congreso. El documento asevera que el Gobierno sería apoyado por el PP si sus socios actuales —actuales a fecha de hoy— promueven contra él una moción de censura. Aún con todo, los costes para el Presidente son enormes.

Tenemos, en segundo lugar, la situación en el País Vasco. Tras la intervención, ayer, del Presidente en aquella región, está descartado —ya lo estaba en puridad— todo avenimiento posible con el PNV. Los socios de gobierno, o en todo caso el apoyo parlamentario a un eventual ejecutivo monocolor socialista, habrán de ser en consecuencia populares. Ocurre sin embargo que la ejecutiva vasca primero, y la federal a continuación, habían aprobado el plan Guevara, inaceptable de raíz para el PP. ¿Se enterrará el proyecto al poco de haberlo sacado adelante, y ello en vísperas, como quien dice, de las elecciones autonómicas? ¿Sería compatible la rectificación radical con la permanencia de la actual dirección socialista en el País Vasco?

Problemático, sumamente problemático, es el cuadro catalán. Por las trazas, ERC retiraría su apoyo al Ejecutivo. El propio Maragall quedaría desactivado, puesto que la clave de bóveda de la estrategia maragalliana ha consistido en renunciar a ciertas rupturas —el reconocimiento explícito del derecho de autodeterminación en el estatuto Catalán, y cosas por el estilo— a cambio de que se hagan concesiones que no pueden ser aprobadas por el PP. Si Maragall traga, lo normal además sería que Carod derribara al President, y buscase un pacto con CiU.

Como se ve, las variables en juego son múltiples. ¿Se radicalizaría definitivamente CiU, y emularía Mas a Ibarreche de la mano de Carod? ¿Rompería un Maragall desautorizado con Zapatero, e imitaría a su vez el quiquiriquí belicoso del lendakari? Sólo lo saben los que están en el secreto. O acaso no lo sepa nadie todavía.

En rigor, la respuesta del Gobierno ha sido favorable, aunque todavía ambigua. El Gobierno ha dicho que mantendrá sus alianzas. Esto, para empezar, no depende de él, ni parece avenible con el pacto que Rajoy le propone. Ha dicho igualmente que considera «absolutamente conveniente» que los estatutos no se renueven sin un consenso con el PP. El énfasis es alentador. Ahora bien, de aquí a formalizar un pacto media un paso que también puede ser un abismo. Hemos entrado, en fin, en tiempo de espera.

La hipótesis más optimista es que Zapatero le ha visto las orejas al lobo, y caído en la cuenta de que su estrategia le llevaba al abismo. Una hipótesis alternativa, y no reñida con la anterior, es que está siendo sujeto a grandes presiones, desde su propio partido y quizá no sólo desde su partido. Sea como fuere, la iniciativa popular marca un punto de inflexión importantísimo. Si el PSOE junta garbanzos con el PP, nos habremos adentrado en un paisaje inédito. En esencia, se trataría de fortalecer al Estado, desechando compradazgos con los nacionalistas. Me refiero al tipo de enjuague destinado a asegurarse una mayoría precaria a costa de la Constitución. Las ofertas a los nacionalistas serían de otra clase. Se negociarían cosas materiales, no la estructura institucional. Si naufraga el entendimiento entre los dos partidos nacionales, conoceremos con precisión a qué atenernos. Nos constará, qué sé yo, que el Gobierno ha renunciado, incluso en la contingencia de una secesión vasca, al 155. O que no serán consensuadas con los populares las reformas estatutarias. A partir de cierto punto la claridad, por cruda que resulte, es siempre preferible al equívoco permanente. Todavía mejor: más que preferible, es inevitable.

Leer entre líneas
Editorial La Razón 16 Enero 2005

La carta abierta de Batasuna al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, contiene los suficientes elementos de confusión como para que sea preciso retomar el viejo ejercicio de «leer entre líneas», más propio de tiempos de dictadura y falta de libertad de expresión. Es evidente que el redactor de la misiva, aunque lleva la firma de Arnaldo Otegui, ha tenido un cuidado exquisito en no vincular la supuesta oferta de diálogo con la premisa, a nuestro juicio imprescindible, del cese de la violencia y la entrega de las armas por parte de la banda. Es más, se pretende que el Gobierno legítimo de España se avenga a una negociación en paralelo con ETA, en la que los terroristas y asesinos de un un millar de personas tratan de ponerse en pie de igualdad con los servidores del Estado que han dado, en demasiados casos, su vida en defensa de la libertad y en la lucha contra la lacra del terror. No hay otra traducción posible a la expresión «desmilitarización multilateral del conflicto» y ya tenemos suficiente experiencia para dejarnos confundir por la semántica.

Cada uno en su estilo, tanto Zapatero como el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, han dado la única respuesta posible: la condena expresa de la violencia y fin del terrorismo, como condición previa a una propuesta de diálogo que, no lo olvidemos, procede de un grupo ilegalizado por la Justicia por sus vinculaciones demostradas con la banda etarra.

El resto de la oferta no es más que reconocer las generales de la ley. Es evidente que no se puede plantear un escenario independentista para la solución del conflicto porque ése es, precisamente, el origen y la causa del terrorismo vasco. Tampoco se puede pretender una solución unilateral nacionalista porque es, sencillamente, anticonstitucional. Por lo demás, Otegui, o quien haya redactado el escrito, reincide en el mismo desafuero que el PNV al reclamar un derecho soberano exclusivo y excluyente, cuando la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español, tal y como establece nuestra Carta Magna.

Al final de la larga misiva y de las medias palabras, sólo se puede llegar a una conclusión: Batasuna necesita regresar a la situación anterior a su ilegalización para poder presentarse a las próximas elecciones autonómicas vascas, pero, claro está, sin tener que romper públicamente con ETA.

Hay que concluir, pues, que la política seguida hasta ahora por los dos grandes partidos nacionales, firmantes del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, está dando los resultados apetecidos. Conviene perseverar.

Una esperanza para el pueblo español
Editorial Heraldo de Aragón 16 Enero 2005

HAY que ser muy prudentes con el optimismo, pero la realidad es que el pacto, acuerdo o consenso al que han llegado los líderes de las dos formaciones mayoritarias del país, que suman entre ambas el 90 por ciento de los votos, es una de las mejores noticias de los últimos años, y, desde luego, la mejor de este flamante 2005. Lo esperábamos los españoles, la mayoría de los españoles, pues era incomprensible que ante propuestas esenciales para el mismo concepto del Estado, que afectaban al espíritu y a la letra de la Constitución, pudieran ser algunas fuerzas minoritarias las que estuvieran dirigiendo el destino colectivo de los españoles. Que las dos fuerzas que representan mayoritariamente la voluntad popular se pongan de acuerdo en la defensa de esos valores superiores es una decisión que devuelve la calma, tranquiliza y da esperanza. Ha vuelto la sensatez, estemos o no ante una segunda transición.

Desde luego, no han faltado las críticas al acuerdo alcanzado entre PSOE y PP, por considerar que determinadas fuerzas políticas se quedan fuera del pacto. Cuando entre esas fuerzas están algunas que no tienen empacho en dialogar, negociar y aun aceptar votos de quienes no condenan la violencia y están a favor de fórmulas anticonstitucionales, es mejor asegurarse la elección de los compañeros de viaje. Aunque algunas fuerzas pueden sentirse injustamente discriminadas, el valor superior de lo que se pretende debe hacerles comprender, e incluso apoyar, por responsabilidad política, la razón de lo que se ha logrado. El bien general del país está por encima, o debería estarlo, de los intereses partidistas. El respeto a las minorías es una cosa. Que hipotequen el poder, otra. En cualquier caso, esas actitudes deben servir a quienes no tienen claro sus apoyos.

En este contexto, viene Otegi y ofrece un nuevo plan, que deja en agua de borrajas el de Ibarretxe, por su "diplomática" disposición a buscar un nuevo horizonte político en Euskadi. Como ha replicado Zapatero en San Sebastián, para cualquier diálogo se precisa previamente la condena de la violencia y el abandono de las armas. Y como ha remachado Rajoy, frente a tanto plan pequeño, discriminador y rupturista, está el plan mayor de la Constitución. Que se salvaguarde su cumplimiento, según han acordado los dos partidos mayoritarios, es una esperanza para la gran mayoría del pueblo español.

CAMISA BLANCA, CAMISAS NEGRAS
Por Antonio BURGOS ABC  16 Enero 2005

EN Italia se ha armado el revuelo porque Paolo di Canio, jugador del Lazio, alzó el brazo al modo fascista o hitleriano cuando su equipo venció a su eterno rival, el Roma. Al que no sé por qué demonios los cronistas deportivos españoles llaman «la» Roma, si aquí nadie dice «la» Betis, ni «la» Barsa ni «la» Madrid. En todo caso, «la» Madrid lleva siempre por delante, y tres veces repetido, el triunfal prefijo «ha»: «Hala Madrid, hala Madrid, hala Madrid». Si hablamos de la violencia de género, los cronistas deportivos la ejercen contra el Roma. Violencia de género gramatical, violencia a lo Massiel, con tanto la,la,la a la hora de mentar al Roma.

Y si en Italia se formó ese revuelo cuando Canio saludó a la romana el triunfo del Lazio sobre el Roma, no sé la que se habría armado si a presenciar el partido hubiera llegado un autobús de aficionados barceloneses, pero todos militantes o simpatizantes de Izquierda Republicana de Cataluña y todos vestidos con el uniforme del partido al que pertenecen: la camisa negra. Pérez Carod y el otro que pide que le expropien las catedrales a la Iglesia...

- ¿Ah, aparte de uno con cara de foca también tienen a otro con aficiones de Mendizábal?

Lo tienen. Hay gente pá tó. Hasta para adoptar como estilismo oficial del partido el uso de la camisa negra de los mussolinianos, de los fascistas italianos. Al verlos de camisa negra, muchos no se acuerdan de Mussolini, sino de la pinta de guarros que tienen. Una camisa blanca hay que echarla a lavar muchas más veces que una camisa negra, que llaman «sufrida». Veo a Carod y hasta aquí llega el tufillo de los sudados sobacos de su camisa negra, que cantan «Els Segadors».

¿No les ha dicho nadie a estos señores que mucho independentismo catalán y mucho separatismo, pero que de momento van vestidos de fascistas italianos, que a lo mejor es lo que son, unos fascistas, unos camisas negras? Dicen que Carod es hijo de guardia civil y se llama Pérez. ¿No será que es hijo de un italiano del CTV, de los que ayudaron a Franco en la guerra, que llegó corriendo hasta Cataluña cuando la desbandada de la batalla de Guadalajara y que ha aprovechado las camisas viejas de su padre?

Cuando se usaban devotamente los hábitos de promesa, muchos caballeros vestían camisa del color de su Cristo o su Virgen. Unos llevaban la camisa morada del Gran Poder, otros la marrón del Carmen. Un cofrade sevillano la llevaba negra de promesa a su Cristo cuando las hermandades peregrinaron a Roma en el Año Santo de 1950. Llegó la expedición al hotel, subió el cofrade a su cuarto con el botones que le llevaba la maleta, y nada más entrar se quitó la chaqueta. Quedó en mangas de camisa negra en una Roma recién liberada del fascismo. El botones vio horrorizado que el pacifico turista se había transformado en un peligroso fascista. Y le advirtió del riesgo de fusilamiento:

-Oh, camisa nera fasciti: pum, pum...

El cofrade, obviamente, tuvo que pedir dispensa de su promesa mientras duró la estancia en Roma. Esa Roma que le armó la del tigre al futbolista fascistón se lo armaría ahora a los camisas negras de ERC si llegasen. Aquel botones, ya crecidito, les repetiría lo de entonces: «Camisa nera fasciti, pum, pum». (Los camisas negras de ERC me recuerdan en exceso la camisa azul de Falange, lagarto, lagarto...)

Veo que en España hay dos separatismos. El separatismo de camisa negra de Cataluña y el separatismo de camisa blanca de las Vascongadas, al que viéndole la camisa, ZP les ha dado el cante constitucional por Víctor Manuel y aquí su señora: «España, camisa blanca de mi esperanza...». Esta semana ha tocado separatismo de camisa blanca. Los que usurpan y detentan el respetable nombre de todos los vascos han ido a Madrid a pedir la independencia. Que es como si aquel cofrade de la camisa negra hubiera ido al Vaticano a pedirle al Papa que proclamase que Dios no existe.

CONDENAR LA VIOLENCIA NO ES BASTANTE
Por LUIS IGNACIO PARADA ABC 16 Enero 2005

EN «El coloquio de los perros», Cervantes pone en boca del chucho Berganza estas palabras: «Cipión hermano, óyote hablar y sé que te hablo, y no puedo creerlo, por parecerme que el hablar nosotros pasa de los términos de naturaleza.» A lo que Cipión contesta: «Así es la verdad, Berganza; y viene a ser mayor este milagro en que no solamente hablamos, sino en que hablamos con discurso, como si fuéramos capaces de razón, estando tan sin ella que la diferencia que hay del animal bruto al hombre es ser el hombre animal racional, y el bruto, irracional.» Es inevitable recordarlo cuando se oye decir al presidente del Gobieno que está dispuesto a dialogar con la ilegalizada Batasuna, pero que, para ello es necesario que cese de una vez el ruido de las bombas y las pistolas, y que tengan valentía de condenar y rechazar la violencia.

Que cese el ruido de las bombas y de las pistolas, como dice Zapatero no es suficiente para que sea posible el diálogo. Es más sensata la postura del líder de la oposición, que rechaza todo diálogo con Batasuna mientras no anuncie que deja las armas. Y eso no es ser demasiado exigente por parte de Rajoy. Porque nada garantiza que el anuncio sea seguido de una entrega efectiva del arsenal de la banda terrorista. Ahí está el caso del IRA, paralelo aunque no semejante, para demostrar que el desarme es irrenunciable, y que no es la primera vez que se suspende un Estatuto de Autonomía. Habría que añadir otro interrogante turbador. ¿Quién va a decidir cuándo se produce la situación de «ausencia de violencia»? ¿No es violencia la amenaza, la extorsión, la coacción, la subvención a los afines, la tolerancia policial y la obligada seguridad pública y privada de miles de personas no sólo en el País Vasco sino en toda España? Entonces, ¿qué diálogo, qué discurso, qué coloquio dentro de los términos de naturaleza cabe entre la racionalidad y la irracionalidad?

Estado de salvación nacional
José A. SENTÍS La Razón 16 Enero 2005

Por alguna razón epitelial que no alcanzo a describir, el pacto Zapatero-Rajoy, que debería alegrarme por su significado de baluarte de la la soberanía del pueblo español frente a la pulsión nacionalista, me produce inquietud y desconcierto.

En primer lugar, no termino de creer que Zapatero pueda pasar de un pacto con los nacionalistas de todo pelaje, incluido el independentista, a un acuerdo con un partido como el PP que jamás se ha apeado de la vigencia constitucional que consagra la unidad nacional. No puedo descartar que Saulo Zapatero se caiga del caballo tan abruptamente como dice su portavoz que ha hecho, pero la verdad es que lo dudo. Porque, o estaba engañando antes a sus socios y les largaba sedal como a los salmones, o lo que pretende ahora es engañar a Rajoy cuando se ha visto contra las cuerdas y con Ibarreche entrando en La Moncloa a lomos del caballo de Pavía.

En segundo lugar, sorprende que el problema sobre el desbordamiento constitucional se plantee a cuenta del Plan Ibarreche, cuando éste es un proyecto tosco, cimentado en la violencia y que merece una solución de tribunal de Justicia, de psiquiátrico o de ambos; mientras hay otro plan, el de Maragall y Carod-Rovira para Cataluña, que es igualmente insolidario y rupturista, y que Zapatero se ha comprometido a aceptar.

En tercer lugar, no se entiende la comisión Gobierno-PP para discutir sobre el modelo de Estado, Estatutos y financiación autonómica cuando el PP jamás ha puesto en cuestión el modelo de Estado, que yo sepa. Lo han hecho los socios de Zapatero. Si es una comisión para lavar los trapos sucios de la casa de Zapatero, vale. Pero si lo que se pretende es hacer cómplice al PP en unas reformas que no desea, mal negocio para éste.

En cuarto lugar, es absolutamente falso que Zapatero haya estado firme ante Ibarreche. Lo ha hecho formalmente, con su obvia negativa a la secesión vasca. Pero hizo propuestas peligrosísimas a cambio, como «empezar de cero» una negociación si se retiraba el Plan o proponer la «vía catalana» de consenso para la reforma estatutaria, lo que sería dejarla en manos nacionalistas.

Estoy absolutamente convencido de la buena voluntad de Rajoy. Prefiere perder a que pierda España. Ayudará a Zapatero a resolver una crisis de Estado que el mismo Zapatero ha propiciado con su debilidad y falta de convicciones. Pero no sé si aceptar la mano tendida de Rajoy no es una estrategia para meterle en negociaciones sobre España que España no necesita, y luego endosarle un eventual fracaso.

Aunque, en el fondo, lo que me parece más irritante es que la ambición de los nacionalismos tribales lleven al Estado del ronzal y fuercen a consensos desconfiados entre Gobierno y oposición, cuando la verdadera democracia está justamente en su confrontación. Los procesos de salvación nacional habría que dejarlos para las guerras. ¿O es que estamos ante una guerra?

El artículo 155 y sus posibilidades
José Luis REQUERO La Razón 16 Enero 2005

El artículo 155 de la Constitución apodera al Gobierno para adoptar medidas de protección del interés general de España, si una Comunidad Autónoma atenta gravemente contra él. Es un precepto bastante citado estos días por el empecinamiento de los nacionalistas vascos en erigir a las Vascongadas en comunidad libremente asociada al Estado español, tal y como dice el artículo 1 del llamado Plan Ibarreche.

Para apreciar su aplicabilidad a dicho Plan, hay que recordar aspectos básicos de nuestro ordenamiento constitucional. Ante todo que España, como nación, se asienta en el pilar básico de su indisoluble unidad, lo que se compatibiliza con una organización territorial basada en entes locales y en el reconocimiento expreso del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones constituidas en Comunidades Autónomas. Esa autonomía no es puramente administrativa sino de dirección política, lo que explica el entramado institucional basado en el ejercicio de potestades gubernativas y, ante todo, legislativas, sobre un marco competencial constitucionalizado y fijado en sus Estatutos.

Las Comunidades Autónomas son Estado, no en balde cada presidente autonómico es su primer representante en cada territorio; a su vez, la autonomía está para mejor satisfacer los respectivos intereses pero desde el principio de unidad y supremacía del interés de la Nación, de ahí que el Estado tenga una posición de superioridad. Se trata de un sistema que llama a la lealtad constitucional entre el Estado y las Comunidades Autónomas, la solidaridad entre los distintos territorios e igualdad de los españoles.

Por último, el sistema prevé una constante interrelación entre el Estado y las Comunidades Autónomas lo que se plasma, por ejemplo, en el procedimiento de elaboración y reforma de los Estatutos, en la existencia de una legislación básica, leyes marco, de armonización; en la posibilidad de que el Estado delegue competencias, en el diseño del Senado, en que el Estado retiene competencias ligadas a la idea de soberanía –defensa, relaciones internacionales, justicia–, de dirección económica, etcétera. A su vez, y como cierre, son numerosos los sistemas de control, desde el Tribunal Constitucional y los tribunales ordinarios hasta el Gobierno central en caso de competencias delegadas o el que ejerce el Tribunal de Cuentas, sin perjuicio del político-legislativo en caso de reforma estatutaria o la vía del artículo 155.

Pues bien, el llamado Plan Ibarreche se configura –sólo formalmente– como un proyecto de reforma estatutaria y como tal se tramita. Pero no es ése su contenido pues sus promotores lo conciben como la constitución que la nación vasca se otorga para erigirse en Estado. Cobra así sentido que otorgue a sus habitantes la ciudadanía y nacionalidad vasca, que regule sus derechos y deberes fundamentales, que en lo institucional cree los poderes del Estado vasco –con un Poder judicial propio–, su Ministerio Fiscal, que se configura como un ente de Derecho internacional, etcétera. La ligazón que mantiene con el «Estado español» a título de asociación tiene por finalidad garantizar la supervivencia de ese nuevo Estado sureuropeo, especialmente en la Unión Europea, fuera de la cual no hay salvación.

Ante este panorama, ¿es aplicable el artículo 155? De entrada debe decirse –es una perogrullada– que ese precepto es constitucional, se inserta en la lógica del Estado de las autonomías, es un medio coercitivo y su seña de identidad básica es la excepcionalidad pues opera cuando hay un atentado grave contra el interés general de España. La cuestión, a falta de concreción normativa, es cuándo se ejercita, qué se entiende por atentado grave, cuál es el interés general de España y cuáles son «las medidas necesarias» para protegerlo. Demasiada indeterminación, pero el Plan Ibarreche encaja en la idea de atentado grave contra el interés general, pues deroga en una parte de España la Constitución, desampara a parte de su población; al margen de su fraseología crea un nuevo Estado y rompe ladinamente los, por otra parte, tenues vínculos que perduran con el Estado manteniendo una ligazón a título de «asociación» libremente decidida por quienes unilateralmente se han separado. En la lógica de sus autores, España no está legitimada para rechazar ese proceso soberanamente decidido por el pueblo vasco: eso es la autodeterminación y si esto no se acepta es cuando cobra sentido el recurso a las «tortas». De esta forma entienden que el Congreso carece de legitimación para rechazar lo que no les ha quedado más remedio formal que presentarlo como proyecto de reforma del ya inservible –para ellos– Estatuto de autonomía.

Ciertamente, antes que el artículo 155 hay medios para abortar en Derecho tamaño desafío. Una vez que el Tribunal Constitucional no ha impedido el proceso de aprobación en el Parlamento Vasco ni, por tanto, su debate en el Congreso, queda la pura derrota parlamentaria. El artículo 155 cobraría sentido ante actos de desobediencia, ante vías de hecho como convocar un referéndum ilegal o si el País Vasco, pese a no aprobarse el Plan, erigiese las instituciones que prevé, por ejemplo, creando su Consejo Judicial Vasco y nombrase sus jueces y fiscales. Aun así habría que intentar los medios ordinarios de restablecimiento del orden jurídico –recursos de inconstitucionalidad, conflictos de competencia, recursos jurisdiccionales, etcétera–, y evitar caer en el error de sentirse atraído por la aparente contundencia del indeterminado artículo 155, como si de un sucedáneo de estado de alarma o excepción se tratase.

El caso es que la vía judicial no parece que tenga muchos adeptos. Desconfían de ella quienes recelan de la eficacia de unos tribunales que no han querido o podido frenar lo ya andado por el Plan, agravado por su incapacidad para ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo de ilegalización de Batasuna respecto del grupo parlamentario Socialista Abertzaleak. Pero más desasosegador es que esa vía judicial no interese a quienes, en todo caso, no desean que hable el Derecho: su objetivo es la negociación, con «relectura» de la Constitución incluida. Es cuando en el horizonte aparece el «plan» Maragall, vía aseada para lograr el equivalente al de Ibarreche.

José Luis Requero es vocal del Consejo General del Poder Judicial

¿Normalidad?
JAVIER ZARZALEJOS El Correo 16 Enero 2005

Entre los éxitos que va acumulando Ibarretxe hay uno, y no menor, que debe reconocérsele. El lehendakari ha conseguido imponer en la política española esa confusión conceptual que con tanta destreza y no menor cinismo le ha permitido redondear esa trabajada faena que lleva su nombre. Diálogo y normalidad es la divisa para expresar exactamente lo contrario de lo que esas palabras significan en un sistema democrático. Ajeno al principio de realidad, el Gobierno ha decidido participar en el juego predicando un diálogo imposible y una normalidad inexistente. Porque diálogo y normalidad son la antítesis de lo que representa el plan Ibarretxe, de lo que ha sido su gestación sectaria y del futuro que el nacionalismo espera tejer sobre este proyecto al que los portavoces socialistas, por cierto, han denominado 'plan Ibarretxe-Otegi-Ternera', dicho sea sin ánimo de demonizar no vaya a ser que alguien pueda pensar ni por lo más remoto que el PNV no es un partido impecablemente democrático.

La victoria semántica del nacionalismo, como siempre, anticipa otras que ya se están produciendo. La ley y el Estado de Derecho vuelven a ser en el País Vasco conceptos cuya aplicación resulta inoportuna o de efectos contraproducentes. Se consideran excepcionales opciones legítimas de reacción frente a lo que sin ningún miramiento Ibarretxe pretende imponer contra el marco constitucional y la voluntad de la sociedad española en su conjunto. Y no me refiero al famoso e inédito artículo 155 de la Constitución -que no es un invento del PP sino un mecanismo importado del federalismo alemán- aunque al menos como caso práctico de Derecho Constitucional no estaría de más contemplar el sugerente escenario de un gobierno autonómico que controla una fuerza policial armada de siete mil efectivos convocando un referéndum frontalmente contrario a la Constitución. El Gobierno descarta la impugnación ante el Tribunal Constitucional alegando que la anterior fue rechazada. Efectivamente, por siete votos frente a cinco el Tribunal inadmitió la demanda del Gobierno de entonces por entender que los actos impugnados -el acuerdo del Gobierno vasco y el de la Mesa del Parlamento- «en modo alguno culminan ni ponen fin al procedimiento de reforma estatutaria a seguir por la Comunidad Autónoma o por sus órganos», pero añadía a continuación que tal procedimiento «en este supuesto habría de concluir, en su caso, de acuerdo con el artículo 46 del Estatuto, con la aprobación de la propuesta de reforma de Estatuto de Autonomía por mayoría absoluta para su remisión, como iniciativa de reforma, a las Cortes Generales». Eso es justamente lo que ha ocurrido y, por tanto, parece que el presupuesto requerido por el Tribunal para que la impugnación del plan Ibarretxe sea viable ya se da, no por la vía del recurso de inconstitucionalidad, pues el proyecto aprobado no tiene fuerza de ley, pero sí como resolución emanada de un órgano de una comunidad autónoma, según prevé el articulo 161.2 de la Constitución y los artículos 76 y 77 de la Ley Orgánica de Tribunal Constitucional. Con ello, tampoco hora se trataría de guillotinar el proyecto sino de situarlo en su verdadero ámbito de decisión, porque si no es una reforma estatutaria -que no lo es-, sino una pretensión de revisión constituyente, es la soberanía nacional y no la pretendida voluntad soberana y unilateral del Parlamento vasco la que puede y debe decidir íntegramente.

El Gobierno insiste en excluir esa impugnación preocupado, al parecer, por la manipulación victimista que el nacionalismo haría si su plan no es debatido. Sin embargo, si tal es la preocupación del Gobierno, habría que tomar en consideración dos efectos, esos sí contraproducentes. El primero es sencillamente que de esta manera se le da la razón a Ibarretxe. No se puede acusar al lehendakari de romper las reglas del juego y dar luz verde a para que su proyecto se tramite en el Congreso como si de verdad fuera una reforma estatutaria. O una cosa o la otra. El segundo es fácil de deducir si imaginamos a los comisionados de la Cámara vasca defendiendo el proyecto con un discurso lleno de ramas de olivo, manos tendidas, amables relaciones con España y sentidas admoniciones sobre la oportunidad histórica de que reine la paz y la concordia, para una vez bajados de la tribuna sufrir la incomprensión de España en el voto negativo de la mayoría de sus representantes si es que finalmente las cosas se producen como el Gobierno asegura a día de hoy que se van a producir.

Este empeño en que la orquesta siga tocando, en transmitir una imagen de normalidad que no serena sino que puede anestesiar los resortes cívicos y democráticos ante el atropello continuado del nacionalismo, es digno de mejor causa. Bien es cierto que el Gobierno ha situado tan bajo el listón de lo que debe considerarse 'normal' que por coherencia consigo mismo y con su situación está condenado a un continuo ejercicio de superficial desdramatización, por utilizar una jerga que hizo fortuna hace ya algunos años. De este modo, hay que entender como normal que frente al proyecto Ibarretxe, el Gobierno tenga como socios parlamentarios a Esquerra Republicana de Cataluña y a Izquierda Unida, es decir a quienes ya han votado a favor del plan y a quienes se disponen a hacerlo en el Congreso. Debe entenderse normal que en su propósito de que seamos «los primeros en Europa» refrendando la Constitución europea, el Gobierno dependa de esos mismos partidos que la rechazan. Pues no, no es normal bajo ningún criterio. No ocurre en ningún país de nuestro entorno, en ningún Estado desarrollado, en ninguna sociedad vertebrada según principios democráticos. No ocurre en la República Federal Alemana, ni en Gran Bretaña, ni en Francia. No ocurre cualquiera que sea el grado de descentralización o la estructura territorial. No ocurre en Canadá donde lo que ya está claro es que no hay un ámbito quebequés de decisión, ni un derecho unilateral a la secesión frente a la Federación canadiense.

Lo paradójico -porque de una verdadera paradoja se trata- es que sean voces vascas, muchas de ellas en esta mismas páginas, la que desde trayectorias políticas y personales muy distintas están describiendo con todo lo que tiene de dramático la quiebra a la que todo esto conduce para la convivencia cívica y la cohesión social, para un sistema democrático que no nos ha llovido del cielo, para una sociedad libre. Esas voces chocan ahora con las pretensiones de normalidad, en el mejor de los casos voluntaristas, tan bien representadas en ese 'Madrid' oficial, de medios generalmente mal informados que sigue adornando a los nacionalismos con la vitola del progresismo y al que le falta tiempo para soltar aquello de que 'algo se mueve en ese mundo' cada vez que Otegi pestañea. Ese 'Madrid' convencido por conveniencia de que el nacionalismo empezó con Aznar y que todavía cree que cuando el plan Ibarretxe sea rechazado en el Congreso, aquí paz y después gloria. Ese 'Madrid' que se queda encantado cada vez que el nacionalista 'moderado' de guardia le dice lo que quiere oír porque cree que el plan Ibarretxe es algo así como una receta de Argiñano.

Ibarretxe se ha ganado sobradamente el derecho a que le crean. También en Madrid. Ya tiene escrito que pasados seis meses sin que haya acuerdo -es decir allanamiento del Estado a su plan- asumirá los poderes que reclama. Ya ha confirmado que convocará un referéndum. Ya ha dejado claro que no reconoce al Parlamento español poder decisorio sobre su proyecto. Ibarretxe tiene derecho a que le crean. Ha demostrado ser hombre cumplidor. Los demás tienen ahora, aunque sólo sea por una vez, la obligación de creerle.

Qué tipejo el Ibarreche
Antonio PÉREZ HENARES La Razón 16 Enero 2005

La única verdad que dijo es que era el jefe de la 4ª carlistada y que su problema era de 1839. O sea que es un «txapelgorri» trabucaire y reaccionario. Lo dijo sin querer y, luego queriendo, con voz untuosa y ese refrotarse de manos que tanto intenta evitar porque tanto le delata, intentó hacernos tragar que su aberrante plan secesionista y excluyente, trufado por el odio y aupado sobre la sangre era «maravilloso», «magnífico», «histórico» y «amable». Robarle la soberanía al pueblo español; dinamitar la Constitución de las libertades; sepultar el Estatuto de Guernica; definir como inmensa mayoría poco más de una mitad; reducir la voluntad popular y soberana del Parlamento a un cabildeo del PP y del PSOE; culminar con la cínica contraposición del «debate crispado» en España con la «tranquilidad» de la sociedad vasca, sin mención a los casi 1.000 asesinados por ETA, a la extorsión, las amenazas y la falta de libertad, compusieron la tramoya de la repugnante farsa, un insulto a la inteligencia. Fue la histriónica pretensión de tomarnos por imbéciles de un tipejo llamado Ibarreche. La reunión que importaba era la Zapatero y Rajoy. Más tranquilos con el NO sin fisuras. Que escenifiquen si quieren sus diferencias y se tiren pellizcos de monja electorales. Pero sin desprecio y con lealtad. Los españoles nos hemos ido más aliviados de fin de semana. Aunque el jueves un tipejo se frotara las manos.

Debate estatutario
ENRIQUETA BENITO BENGOA/SECRETARIA GENERAL DE UNIDAD ALAVESA El Correo 16 Enero 2005

El Proyecto de Estatuto auspiciado desde la Cámara vasca con el apoyo de los colaboradores de ETA ha nacido viciado de partida, pues no ha surgido del consenso político sino de la imposición de una de las partes, la de los nacionalistas. Ese plan contiene elementos muy preocupantes porque se basa en dos premisas inconstitucionales y ahistóricas: que los vascos podemos saltarnos a la torera la Constitución y que tenemos derecho a la independencia, lo que vulnera el ámbito de soberanía, que reside en el conjunto de la sociedad española. Euskadi no es una nación, como lo demuestra la inmensa mayoría de los historiadores más prestigiosos.

El Proyecto de Estatuto Político que se tramita para su consideración por las Cortes Generales tiene otro punto de origen viciado de partida ya que no está legitimado por la adicional 1ª de la Constitución, que da razón de ser a la autonomía vasca. En dicha adicional, así como en la disposición derogatoria segunda de la Carta Magna se fundamenta la capacidad de autogobierno de los vascos sobre la base de los derechos históricos de los territorios forales. Es decir, que Álava, Guipúzcoa y Vizcaya son poseedores, por separado, del legado histórico que fundamenta el autogobierno vasco, y tienen derecho a separarse del cuerpo común formado por convenio de las partes, puesto que el artículo 2º del actual Estatuto de Autonomía establece que Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, así como Navarra, tienen «derecho» a pertenecer a la Comunidad Autónoma Vasca. Y, por la misma razón, tienen la misma prerrogativa a no integrarse o a segregarse. En consecuencia, cualquier modificación del actual marco estatutario debiera haber pasado previamente el filtro de las respectivas Juntas Generales de los territorios históricos, a efectos de conformar una voluntad institucional que legitimara, en función al núcleo intangible de foralidad, el cambio del entramado institucional y jurídico que conforma el actual Estatuto. Por eso nosotros creemos que las Juntas Generales de Álava (igualmente lo podrían hacer las del resto de los territorios) deben pedir amparo a las Cortes Generales, pues se ha vulnerado el espíritu constitucional, así como la fuente de legitimación histórica del hecho autonómico vasco.

En nuestra entrevista con el señor lehendakari le dijimos que nos parece correcto que se consulte a los ciudadanos en ausencia de violencia. En lo que no estamos de acuerdo es en la materia de la consulta ni en la forma de la misma. Consideramos que sólo debiera consultarse a los vascos una modificación estatutaria que tuviera como punto de partida tres criterios: 1. Un acuerdo estatutario de amplio espectro. Lo que obliga a que los partidos legalizados que operan en las instituciones vascas alcancen un consenso básico en torno a un texto estatutario, sin exclusión de ninguna naturaleza. 2. Informe previo de legalidad. Lo que obligaría a un dic- tamen de constitucionalidad por la instancia pertinente, que es el Tribunal Constitucional. Otro tipo de dictámenes son cuestionables por ser visiones de parte. 3. Aprobación por las Cortes (Congreso y Senado), tras su propuesta por el Parlamento vasco.

Ninguno de estos tres requisitos se cumplen: ni hay un consenso de partida, pues el proyecto tiene un sesgo incuestionable hacia un enfoque independentista, ni tiene un soporte jurídico que permita afirmar su constitucionalidad, ni tiene visos de refrendo por las cámaras donde se expresa la soberanía popular del conjunto de los españoles. Por tanto, todo el proceso impulsado por los nacionalistas está viciado de partida y se han alterado los fundamentos que hicieron posible el Estatuto de Guernica de 1979. Por ello decimos que tenemos derecho moral para exigir la recuperación de aquellos derechos privativos previos al actual Estatuto, recuperando la capacidad de autogobierno de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya por separado, al igual que lo tuvo Navarra en virtud del Amejoramiento del Fuero.

En consecuencia, si no se han respetado los requisitos de legitimación del actualmente pretendido cambio estatutario, que en realidad esconde una modificación de la Constitución Española, los alaveses tenemos igual derecho al menos que el Parlamento vasco a proponer una reforma que contemple un Estatuto de Autonomía para Álava. Así lo vamos a proponer a las Juntas Generales de Álava en el momento procesal oportuno, en defensa de los derechos de aquellos alaveses que vemos cómo se han modificado los usos, costumbres, tradiciones y formas de autogobierno acuñados a lo largo de la historia, con lealtad a la unidad constitucional del Reino de España.

Si en su momento se formula una consulta a los alaveses vamos a exigir que de la misma manera que se plebiscita sobre el llamado Plan Ibarretxe se haga sobre la recuperación de los fueros alaveses y, por tanto, respecto a un nuevo marco estatutario exclusivo para Álava. De lo contrario todo el proceso adolecerá de falta de legitimidad y de una más que precaria validez democrática.

Espanya en escabetxe
Por Javier Orrico Periodista Digital  16 Enero 2005

Nunca he entendido cómo algunas gentes de la izquierda, partidarias del ideal ilustrado que se concreta en el liberalismo político y la ciudadanía, no advertían hacia dónde les llevaba su fascinación por los nacionalismos reaccionarios de la periferia española.
Sin duda, se dejaban arrastrar por aquellos de los suyos que anteponían el comunitarismo socialista, de clase, a la razón del individuo, y allí se encontraban con otro comunitarismo, aunque de raíz contraria: el nacionalista, aquel que sometía al individuo en aras de la nación, una nación identitaria, férrea, monolítica en cuyo nombre podían cometerse todas las atrocidades.

Ambos comunitarismos han producido algunos de los mayores horrores que haya visto la humanidad, pero cuando se han unido en nacional-socialismo, han alcanzado los grados extremos del espanto y el crimen: el nazismo alemán, el comunismo ruso, la revolución cultural china, el régimen de los jemeres rojos de Camboya, la inmensa cárcel que es Corea del Norte o las limpiezas étnicas de croatas, serbios y kosovares, son algunos ejemplos. Y ETA. Si a ello añadimos un somero recuerdo del islamismo, que tanta sangre ha de producir todavía, tendremos un panorama aproximado de a donde conducen los comunitarismos, a donde nos lleva el sacrificio de la libertad individual para someterla a la supuesta libertad colectiva.

Zapatero comenzó su mandato en el PSOE afirmando un socialismo “liberal y hasta libertario”, lo que a muchos nos produjo cierta esperanza de que al fin el socialismo español podía comenzar a ser un partido moderno, liberado de su comunitarismo de secta, del rencor guerracivilista del que parecía preso y en el que coincidía con los nacionalismos.

Pero enseguida apareció Maragall, y de su mano Pérez Carod, y la defenestración de Redondo y el ascenso de los Eguiguren y los Elorza para trazar un plan paralelo al catalán, un plan que se resume en la nuevas ‘comunidades nacionales’, término arquetípicamente fascista, comunitarista, nacional y socialista, con el que querían, y quieren todavía, sancionar la existencia de otras naciones (lingüísticas y étnicas) vasca y catalana, y gallega si cae Fraga, frente a la nación de ciudadanos que la Constitución española consignaba como única.

Y no por ningún fundamentalismo, como el propio Zapatero llegó a afirmar contra un PP que defendía en soledad esta constitución, sino porque la garantía de la igualdad de los ciudadanos ante la ley es, precisamente, que esa ley -y los derechos y libertades que garantiza- sea la misma en todos los territorios. De lo contrario, más vale, en efecto, la independencia: al menos no te cuesta el dinero ni te siguen puteando.

Lo que nos tenían reservado era, pues, una auténtica Espanya en Escabetxe, una España catalanizada de cuatro naciones –que no otra cosa significa comunidad nacional, nadie se engañe- prácticamente independientes, pero en la que la mayoritaria, la que ellos llaman española, o sea, nosotros, correría con los gastos comunes y tendría que aguantar que ellos participaran de nuestras decisiones, pero negándonos cualquier intromisión en lo que entienden es su propia ‘construcción nacional’ soberana.

El asunto estaba bastante maduro y Zapatero casi completamente desbordado cuando se nos ha aparecido Ibarreche, bendito sea, dejando definitivamente revelada, hasta para los más tontos de los tontos (salvando a IU, que está fuera de los baremos de la tontería) de la izquierda, la verdadera naturaleza del nacionalismo. Y, sobre todo, lo imposible de presentarse a unas elecciones generales después de haber deshecho España.

Lo que les ha pasado es que ETA se ha adelantado, que ante su situación terminal ha decidido no ceder la victoria última al PNV, sirviéndose de la torpeza de ‘Escabetxe’ para lanzar el envite definitivo y ofrecer a su vez una negociación en la que la llave del fin de la violencia la tengan ellos y no el PNV. De ahí la carta abierta de Otegui. Ahora todos quieren hablar, todos andan con el culo a la pared, catalanes incluidos (que han visto cómo se quedaban desnudos ellos también), sabiendo que el que se mueva en la dirección equivocada se quedará sin pared. Creen que el botín de España se les puede escapar.

Todavía no podemos estar seguros de a cuál de esas dos almas socialistas a que me he referido pertenece Zapatero. No creo que él mismo lo sepa, porque él es sobre todo una forma, y cree que la forma determina. De ahí su naturaleza cambiante y camaleónica. Desde Góngora sabemos que no le falta razón, pero uno siempre ha sido más de Quevedo y Cervantes, más de Garcilaso que de Churriguera, más de la escuela salmantina que de la sevillana. Sin ideas, las formas terminan por desacompasarse, por revelar su condición de farsa, el cartón de sus máscaras.

Por eso tendrá que, finalmente, y a lo largo de los próximos meses, confirmar su decisión del viernes de apoyarse en Rajoy para defender a España. Acaso hasta él ha comprobado que no se puede dar carrete a todos todo el tiempo, no se puede estar con la Constitución y con Maragall, con Carod y con Ibarra, con Bono y con Pachilópez, con Ibarreche y con Rajoy. Si el giro que acaba de dar es verdadero, entonces estaremos ante la mejor noticia del último año para España y para él, porque ahora sí podría empezar a mostrarse como el hombre de Estado que sueña ser, como el que antepone el patriotismo al interés de secta.

Y el patriotismo español nada tiene que ver con el nacionalismo, señor Maragall. El patriotismo es amor a la tierra, es búsqueda de lo mejor para todos, es generosidad ante el bien común frente al bien propio; y es concéntrico conforme la mirada se amplía con la existencia misma, no busca separaciones ni privilegios.

Es lo que ha ofrecido Rajoy y lo que ha aceptado Zapatero, poner el interés de España por encima del de los partidos y los grupos nazionalistas que buscan su destrucción. Y España no es hoy un sombrero cordobés, sino la ley: la democracia, la libertad.
www.periodistadigital.com

Los expertos y la Dama de Elche
Editorial La Razón 16 Enero 2005

El argumento de que los documentos del Archivo de Salamanca eran devueltos a Cataluña siguiendo únicamente el criterio de los técnicos, la única voz, al parecer, autorizada en la materia, ha tardado menos de un mes en caerse por su propio peso, el tiempo suficiente para que el Ministerio de Cultura desoyese esas mismas voces de los especialistas y autorizase el traslado temporal de la Dama de Elche a la localidad alicantina donde fue encontrada. Ni los más críticos pensaban que el Gobierno iba a ser víctima tan pronto de sus propias contradicciones. De hecho, a la ministra de Cultura, Carmen Calvo, no le ha hecho falta en esta ocasión poner en marcha una comisión de entendidos como la del Archivo de Salamanca para decidir si la escultura debe salir o no del Museo Arqueológico de Madrid, porque sabía de antemano la respuesta. En los últimos años tanto la Junta Superior de Museos como los responsables del Arqueológico han desestimado el traslado de la pieza con argumentos tan nítidos como que cualquier movimiento puede provocar el «desprendimiento de escamas» de la obra o que «se puede romper con una corriente de aire o con una vibración». El Ministerio de Cultura prohibió incluso en 1997 el traslado de la primera a la segunda planta del Museo.

Frente a estos argumentos, la ministra contrapuso los suyos, basados en que la obra «puede y debe, de vez en cuando, viajar a un sitio tan entrañable como Elche», un traslado para el que se ofreció ella misma si su agenda se lo permite. Huelga decir que ni el tono ni las explicaciones de la ministra son apropiados para un tema de tanta gravedad, con el que no se debe bromear. De hecho, poco importa que Elche sea un «lugar entrañable», ni que los ciudadanos de esta ciudad tengan todo el legítimo derecho a disfrutar de esta pieza, que indudablemente lo tienen, si se tiene en cuenta el delicado estado en el que, según los técnicos más reputados, se encuentra la escultura.

SEGÚN LE JOURNAL DU DIMANCHE
La dictadura de Sadam Husein organizó la resistencia y proporcionó armas y dinero a Zarqaui
El periódico francés Le Journal du Dimanche informa –citando fuentes anglosajonas– de que la tiranía baazista que sojuzgaba Irak preparó la resistencia contra las tropas de la coalición multinacional y de que, a tal fin, contactó con el terrorista jordano Abú Musab al Zarqaui, formado por la red terrorista Al Qaeda en Afganistán. Zarqaui entró en contacto con la dictadura de Husein a través de dos sujetos de origen palestino, y habría recibido de aquélla armas y dinero.
EFE Libertad Digital 16 Enero 2005

De acuerdo con el mencionado semanario, la dictadura de Sadam Husein “almacenó armas, escondió dinero y contactó con terroristas islámicos" para organizar una resistencia. El partido Baaz, uno de los pilares fundamentales de aquel régimen, “preparó el terreno al terrorista Al Zarqaui”, sostiene Le Journal du Dimanche.

Se cree que Zarqaui, jefe de Al Qaeda en Irak, huyó de Afganistán luego de que las tropas multinacionales derrocaran a los talibanes. El rotativo añade que posteriormente se cobijó en el Kurdistán iraquí, donde estableció contacto, por medio de dos sujetos de origen palestino, con los servicios secretos de la tiranía baazista.

De esta manera pudo el criminal acceder a los depósitos de armas que Husein y los suyos habían escondido –en previsión de la guerra que finalmente se desataría–, así como a importantes cantidades de dinero.

Le Journal du Dimanche recuerda que Moayad Ahmed Yasin, jefe del grupo terrorista Ejército de Mahoma y capturado en Faluya hace un mes, pertenecía a los servicios secretos de la dictadura baazista. El semanario recoge las siguientes declaraciones de un consejero del actual primer ministro de Irak, Iyad Alaui: “Ese (terrorista) no tiene nada que ver con el Profeta. Ya torturaba y decapitaba en tiempos de Sadam. Luego continuó, y fue el encargado de liquidar a los rehenes extranjeros".

De acuerdo con Le Journal du Dimanche, la financiación del terrorismo que sacude Irak corre a cargo de antiguos jerarcas baazistas avecindados en Siria; entre ellos se contaría Sabaui Ibrahim al Hasan, hermanastro de Sadam Husein.
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