AGLI

Recortes de Prensa     Domingo 30 Enero 2005
EL EDIFICIO CONSTITUCIONAL
MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA ABC  30 Enero 2005

HUMILLADOS Y OFENDIDOS
Ignacio CAMACHO ABC 30 Enero 2005

CONTAMINACIÓN POLÍTICA
Ignacio SÁNCHEZ CÁMARA ABC 30 Enero 2005

El terrorismo de casa
AURELIO ARTETA  El Correo 30 Enero 2005

El deslinde de Maragall
Antonio PÉREZ HENARES La Razón 30 Enero 2005

Comunidad Autónoma de Álava llama a ZP
ALBERTO SUÁREZ ALBA El Correo 30 Enero 2005

Ventajas anuladas
Opinión El País  30 Enero 2005

Un referéndum precipitado para una Constitución fantasma
EDITORIAL Libertad Digital 30 Enero 2005

DEL RÉQUIEM AL FOX-TROT
ÁLVARO DELGADO-GAL ABC 30 Enero 2005

Víctimas y asesinos
Ignacio Cosidó Libertad Digital 30 Enero 2005

La lección de Maite
ALFONSO DE LA VEGA La Voz 30 Enero 2005

Un éxito de la democracia
José María Marco Libertad Digital 30 Enero 2005

Stanley Payne: «Este es el peor Gobierno de la democracia»
Jesús Palacios La Razón 30 Enero 2005

José Ramón Recalde: «Hemos pasado del cínico Arzalluz al fanático Ibarretxe»
MANUEL DE LA FUENTE ABC 30 Enero 2005

Varios intermediarios, en nombre de los socialistas vascos, mantienen contactos con Josu Ternera
Inmaculada G. de Molina La Razón 30 Enero 2005

Rajoy acusa al Gobierno de excluir al PP en el debate de la reforma de la Educación
Redacción La Razón 30 Enero 2005

A buenas horas, mangas verdes
Nota del Editor 30 Enero 2005



 

EL EDIFICIO CONSTITUCIONAL
por MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA. de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas ABC  30 Enero 2005

LA Constitución Española de 1978 formaliza una determinada organización jurídico-política: un Estado de las Autonomías. Podría decirse que hace más de veintiséis años se construyó un edificio en el que convivimos los españoles.

Todo edificio descansa en unos cimientos, que le proporcionan estabilidad, y se configura con unas paredes, algunas de ellas maestras, y con otros elementos que los arquitectos seleccionan y distribuyen en el conjunto de la obra. No todos los componentes son igualmente importantes. Cabe sustituir o eliminar piezas secundarias sin que el edificio desaparezca.

Pero ningún edificio se mantiene en pie si sus cimientos se deshacen. También es motivo de destrozo la rotura de las paredes maestras. No afectan a la permanencia de la obra, en cambio, los retoques en elementos menores.

Los cimientos del edificio constitucional español se hallan explícitamente definidos, de forma expresa y clara, en el texto: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles ...» (art. 2). Afirmar que «se fundamenta» es proclamar que ahí se encuentra uno de los cimientos del edificio.

La lectura del texto constitucional, además, nos ilustra para saber que «la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado» (art. 1.2) y que la solidaridad entre las nacionalidades y regiones que integran la Nación española es un principio básico que da razón y fundamento al ordenamiento jurídico-político.

Son susceptibles de discusión -y de reforma- componentes accidentales del edificio, por ejemplo las reglas de elección de diputados y senadores, o la preferencia del varón a la mujer en la sucesión en el Trono. También se puede actualizar, dentro de la Constitución, la tabla de derechos y libertades con el fin de proporcionar cobertura jurídico-política a situaciones surgidas con la revolución de las técnicas en el último cuarto de siglo; nuevas maneras de ser y de convivir (internet, sociedad en red, teléfonos móviles; sociedad de la información, en suma) inimaginables en 1977-78, cuando se elabora la Gran Carta.

El edificio constitucional español es el propio de un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político (art. 1 CE). En este edificio tienen cabida la autonomía de nacionalidades y regiones. Sin embargo, la autonomía no es soberanía. Tenemos un Estado complejo, ciertamente, pero que no es un Estado federal.

Es verdad que el federalismo ha experimentado, a lo largo de los últimos dos siglos, transformaciones en la manera de entender las competencias de sus componentes. Hasta tal punto cambió el sistema original de reparto de competencias entre el Estado federal y sus Estados miembros, que ya por los años treinta del siglo XX empezó a hablarse del «federalismo cooperativo» y del «nuevo federalismo».

No obstante la variedad actual de Estados federales pueden indicarse algunas reglas que, como principios configuradores, encontramos en casi todos ellos. Primeramente, la autonomía legislativa de los Estados federados. Poseen competencia para dictar leyes que no son de un rango inferior al de las leyes de la federación. Los conflictos de normas se resuelven conforme a la distribución de competencias señalada en la Constitución; no en virtud de una supremacía del Derecho federal.

Si nos fijamos en lo que acontece en España, con las varias propuestas y contrapropuestas en danza, llegamos a la conclusión siguiente: la presente organización territorial no puede considerarse propia de un Estado federal. En el artículo 149.3 de la Constitución se afirma: A) Que las normas del Estado prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las normas de las Comunidades Autónomas «en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas»; B) Que el derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.

Un Estado federal no suele admitir la prevalencia del Derecho de la Federación respecto al Derecho de uno de sus componentes, y la supletoriedad del Derecho de la Federación no se apoya en la idea de la existencia de un ordenamiento jurídico común -supuesto español-, que presta unidad y confiere sentido a los ordenamientos parciales de las Comunidades Autónomas. Con los postulados esenciales de nuestra vigente Constitución, el Estado de las Autonomías, salvo que el titular del poder constituyente (el pueblo español) decidiera el cambio tajante, no es un Estado federal, ni puede transformarse en Estado federal.

En la Constitución de 1978 los españoles alteramos las clasificaciones de los Estados haciendo aparecer en ellas la novedad del Estado de las Autonomías. Los italianos están operando ahora bajo la influencia de nuestra Constitución de 1978, como la Constitución española de 1812, o Constitución de Cádiz, influyó decisivamente en los ordenamientos jurídico-políticos del Reino de las Dos Sicilias y del Piamonte. La satisfacción que estas influencias pueden producirnos se empañaría si no somos capaces de conservar el modelo sin las desvirtuaciones que en este momento pretenden imponerse.

La reciente y polémica fórmula italiana -un Senado federal en una República unitaria- es fruto del ingenio de aquellos juristas. Pero resulta ilógica, va contra las reglas elementales del Derecho Político.

El edificio constitucional español es susceptible de retoques. Algunos elementos son accesorios. Pero lo que no se pueden demoler son los cimientos y las paredes maestras. Y tampoco resulta admisible que la reforma de lo que es susceptible de mejora se plantee y lleve a cabo con violación de los preceptos que la propia Constitución establece para su revisión.

Mi opinión personal es que los proyectos heterodoxos de reforma -de una inconstitucionalidad indiscutible, que salta a los ojos- no han de ser tramitados en instancia alguna. Deben pararse «ab initio». Resulta oportuno y conveniente que la serpiente venenosa sea aplastada en el huevo de la madre: dejarla caminar es facilitar la producción de daños, acaso irreparables.

HUMILLADOS Y OFENDIDOS
Por Ignacio CAMACHO ABC 30 Enero 2005

EN la sevillana calle de Don Remondo, a pocos pasos de la Giralda, cuelgan cada treinta de enero, desde hace siete años, dos coronas de flores. Recuerdan al concejal Alberto Jiménez Becerril y a su esposa Ascensión García Ortiz, que en una lluviosa madrugada de invierno cayeron allí, delante de su casa, abatidos por dos asesinos de ETA. Primero dispararon contra él, un balazo a bocajarro en la nuca. Él era el objetivo de la siniestra «ekintza», tras fracasar pocos días antes un coche bomba contra la entonces alcaldesa, Soledad Becerril. Pero Ascensión miró de cara a los pistoleros, y la mirada le costó un tiro en la frente. Llevaba tres claveles en la mano, uno para cada uno de sus hijos, que al día siguiente celebraban en su colegio el Día Internacional de la Paz.

Toda la dulzura de los ojos verdes de Teresa Jiménez Becerril se transforma en irritada energía cuando piensa en los asesinos de su hermano. Y en los cómplices que, como Ignacio de Juana Chaos, pidieron champán en la cárcel para celebrar su muerte, escribiendo una carta en la que decía que disfrutaba con las caras desencajadas de los familiares de las víctimas: «Su llanto son nuestras risas». Teresa, que cada año viaja desde Italia para conmemorar la efeméride de su hermano y depositar las coronas en el lugar donde cayó el matrimonio, ni perdona ni olvida. «Desde aquí te lo digo, Alberto, no vamos a permitir que te humillen. Nadie va a perdonar a quien no pide perdón».

Ayer, en la gélida tarde sevillana, como la pasada semana en el homenaje donostiarra a Gregorio Ordóñez, como en tantos y tantos otros aniversarios de tantas víctimas del terror, la sombra de la negociación con los terroristas ponía un velo de rabia en las miradas de los deudos. Saben, o temen, que ellos pueden ser los grandes sacrificados de cualquier eventual operación política destinada a cerrar la lacerante herida del País Vasco. Y aunque acaso puedan llegar a comprender que les toque la peor parte de un acuerdo que quizá darían por bueno con tal de que nadie más tenga que sufrir como ellos, se sienten orillados, despreciados, olvidados en un proceso que parece pasarles desaprensivamente por encima.

Ninguna sociedad puede cerrar una herida dejando atrás a quienes sufren el dolor de las cicatrices que supuran en su alma. No hay perdón sin justicia, y nadie tiene derecho a pedir que se olvide lo que resulta imposible olvidar. Lo hemos oído esta semana en Auschwitz, sesenta años después del Holocausto: las víctimas son las que justifican nuestro esfuerzo, las que soportan nuestra memoria colectiva, las que proporcionan la fuerza moral para luchar contra la repetición de la hecatombe. Las víctimas somos, en realidad, todos nosotros, supervivientes de una guerra contra nuestra libertad.

Por eso es lamentable todo lo que ha pasado esta semana alrededor del altercado sufrido por el ministro de Defensa en la manifestación de la AVT en Madrid. Bono es un defensor firme de la unidad del Estado, un digno luchador democrático por la libertad y la paz de los españoles, y los insultos y zarandeos que recibió de unos cuantos exaltados de ultraderecha fueron una vergonzosa muestra de barbarie e intolerancia. Pero Bono no es una víctima del terrorismo. Y resulta triste, desenfocado e injusto que su incidente haya solapado el fondo de lo que debía haber sido una protesta terminante de un colectivo que se siente humillado y ofendido en su sufrimiento ante la perspectiva de un proceso que puede conducir a la retribución política de los asesinos y al pago de un precio por una paz que no lo tiene.

El zarandeo de Bono ha provocado investigaciones inquisitoriales, reproches políticos y frufrú de uniformes en alguna dependencia policial, y ha armado más ruido que la reivindicación de las víctimas, solapando su voz en defensa de un papel de dignidad en el horizonte inmediato. La sociedad española no entiende la tozuda tendencia de sus dirigentes públicos a enredarse en disputas sectarias que dejan en segundo plano los problemas reales de la ciudadanía. No se puede construir ninguna paz ni ningún futuro si los huérfanos del terror tienen que resignarse al silencio y al llanto en soledad. Y mucho menos si encima se les viste con el sambenito de la sospecha, o se les duplica su condición de víctimas al hacerles objeto de una sucia manipulación.

El Gobierno tiene -lo escribí en esta misma página hace siete días, lo repito hoy- toda la legitimidad para emprender el camino que considere idóneo para encontrar un salida al laberinto vasco. Pero en esa salida tiene que haber una puerta, un lugar para las víctimas. El desafío fanático y excluyente de Ibarretxe no puede desembocar en un horizonte que premie de algún modo a quienes han respaldado a tiros y bombazos, sembrando el sufrimiento y la muerte, una reivindicación descabellada, un delirio enloquecido de sangre. Eso es todo. Si tiene que haber perdón, lo habrá, y todos habremos de contribuir a ello. Pero el perdón requiere arrepentimiento y justicia. Tiene que ser el Estado democrático el que perdone a quienes lo han atacado después de haberlos castigado y rendido, no el que pague un precio de cohesión para obtener una paz condicional, porque eso significaría admitir que todas las muertes, como la de Jiménez Becerril, o la de Ordóñez, o la de Buesa, o la de Múgica, han servido para algo a sus asesinos. La última sonrisa no puede ser la de los asesinos, sino la de la justicia.

A estas alturas, el presidente Zapatero tiene que haber ya comprendido que su improvisado gesto de nombrar un alto comisario para las víctimas ha resultado tan insuficiente como estéril. Ni Gregorio Peces-Barba ha sabido concitar el consenso de los afectados -antes al contrario, ha ahondado de manera gratuita la división y ha herido con su desprecio a una parte significativa de ellos-, ni basta un poco de dinero para aplacar el generalizado sentimiento de desamparo. Zapatero debe tomar personalmente la iniciativa y otorgar a las víctimas -a todas- un sitio preferente en el escenario que está diseñando para abordar el conflicto terrorista. Cariño, reconocimiento y honor; eso es lo que necesitan. Y también un Gobierno que les escuche como representantes que son de los españoles que han recibido con más dureza y más crueldad los golpes de la sinrazón y la barbarie.

Cualquier otra salida, cualquier otro camino, dejará fuera a los golpeados por la tragedia e impedirá la imprescindible cohesión de la sociedad española en torno al más grave de sus problemas. Las víctimas del terrorismo son los depositarios de la memoria del drama, como las de Auschwitz lo son del conocimiento de la degradación humana. Sin ellos, sin su anuencia, sin su colaboración, no habrá reconciliación, ni perdón, ni dignidad; sólo tacticismo, maniobrería y componenda. Las coronas de flores de la calle Don Remondo de Sevilla son hoy, treinta de enero, el símbolo de una deuda pendiente con la España que ha puesto los muertos en una guerra que no era suya. Pasear hoy por esa calle sigue provocando un estremecimiento que no es de frío, sino de rabia, de inquietud y de zozobra.

director@abc.es

CONTAMINACIÓN POLÍTICA
Por Ignacio SÁNCHEZ CÁMARA ABC 30 Enero 2005

EL ambiente público en España se está enrareciendo, casi envenenando. Acaso la responsabilidad incumba a muchos, pero, si no me equivoco, en primer lugar y en grado sumo, al Gobierno. Urge recuperar la concordia básica entre el Ejecutivo y la oposición sobre lo fundamental. Ni la dureza de los debates ni la firmeza en la crítica son males. Por el contrario, constituyen parte esencial de la democracia. No se trata de gobernar mediante consenso, pero sí de mantener las cotas mínimas de respeto. Entre el pasteleo y la indigencia ideológica, por un lado, y la discordia civil por otro, caben términos medios. El aire público puede llegar a ser irrespirable. Los excesos críticos de la oposición y de los medios de comunicación nunca pueden ser equiparables a los abusos del poder. Lo normal es que el Gobierno gobierne y la oposición se oponga y lo hostigue. Lo que no es democráticamente normal es que sea el Gobierno, que es de todos, el que hostigue a la oposición y a los sectores sociales que no le son adictos. Por ese camino, la democracia se corrompe. Pretender arrojar al primer partido de la oposición extramuros del sistema y deslegitimarlo no es sólo un abuso de poder; es también una vía abierta hacia el totalitarismo.

La reacción gubernamental ante las inaceptables y muy minoritarias agresiones verbales al ministro de Defensa durante la manifestación convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo constituye un acto más en esa equivocada dirección. Todo parece indicar que se ha tratado de hacer culpable al Partido Popular, sin dudar para ello en utilizar de manera ilegítima a la Policía. La arbitrariedad del poder está censurada por la Constitución. Es un abuso imputar gubernativamente la comisión de un delito a dos militantes del PP, cuando la imputación sólo compete a los jueces. Por lo demás, el Gobierno no ha aclarado por qué se les detuvo como imputados y no como testigos, o por qué sólo se les ha detenido a ellos y no a otras personas que más cercanamente rodeaban a Bono. Se diría que la función de la oposición se deba limitar a aguantarse y a colaborar, si acaso, en la defensa de la Constitución y en la aprobación del referéndum constitucional europeo. Para lo demás, sobra. La actitud del Gobierno contrasta con la que exhibió en la oposición. Entonces, la mayoría absoluta del PP no impedía, no ya la crítica, cosa razonable, sino el insulto y la voluntad de deslegitimación.

Es un grave capítulo más que se añade a otros. El Ejecutivo discrimina entre las víctimas del terrorismo de ETA y las del 11-M, convoca de manera maniquea e injusta a los fantasmas de la guerra civil, hostiga a la Iglesia católica, fomenta el radicalismo izquierdista y la intolerancia y gobierna en coalición o con el apoyo de fuerzas políticas que aspiran a la destrucción de la unidad nacional y del orden constitucional. Acaso lo peor sea ese empeño por invocar la herencia de la Segunda República, época en la que la discordia nacional alcanzó el paroxismo que condujo a la guerra civil. Hay que purificar el ambiente. Aún hay tiempo para combatir esta asfixiante contaminación política. Luego puede ser tarde.

El terrorismo de casa
AURELIO ARTETA /CATEDRÁTICO DE FILOSOFÍA MORAL Y POLÍTICA DE LA UPV/EHU El Correo 30 Enero 2005

Si estamos en el principio del fin de ETA, como muchos vaticinan, nos conviene alguna reflexión a la hora de hacer balance. Desde aquel fatídico 14-M entre nosotros el terrorismo islamista ha desbancado al terrorismo etarra en la atención ciudadana. Resulta indiscutible que el primero reviste un alcance objetivo más grave, que ha coincidido además con el decaimiento en la actividad mortífera del segundo. Lo preocupante, con todo, es que el predominio del terrorismo mayor acabe tergiversando el sentido del menor; o que, al meterlas en el mismo saco, tiendan a confundirse cosas que son muy distintas. Y una diferencia principal puede cifrarse en que el terrorismo internacional es de carácter crecientemente indiscriminado, mientras el terrorismo local ha sido y es -en líneas generales- de carácter más bien selectivo. De ese malentendido básico emanan muy serias consecuencias tanto para la consideración de sus víctimas como, sobre todo, para la diferente responsabilidad de los ciudadanos.

1. Que el terrorismo internacional sea indiscriminado significa muchas cosas. Significa principalmente que todos podemos ser sus víctimas indistintas y más o menos aleatorias, o sea, que nadie puede asegurarse suficiente inmunidad que le preserve de esa amenaza universal. A sus ojos todos somos culpables, ya sea por el pecado de ser miembros del club de los países ricos o ciudadanos de regímenes demócratas o por otras razones que aún ignoramos. Como se ha escrito, no es lo que hacemos lo que nos pone en su punto de mira, sino lo que somos. De ahí que, frente a un crimen que cada cual puede experimentar en carne propia con idéntica probabilidad, todos nos sintamos con razón inocentes.

Ese clase de terrorismo constituye un cuerpo extraño en nuestro modo de vida y en nuestro entorno. Al carecer del menor arraigo y ni siquiera de apoyo en la población autóctona, entre tales activistas y el resto de los ciudadanos hay un corte, un vacío, una tierra de nadie. Los terroristas vienen de fuera y no tienen propósito de quedarse. Nada nos cuesta su condena inmediata, ya sea porque su ideología fundamentalista nos horripila, o porque un temor tan repartido entre todos parece menos creíble a cada uno. Pero, más que nada, porque la unanimidad en rechazarlo nos inivita a sumarnos a ese rechazo para ser admitidos entre los 'normales'. Un repudio público semejante apenas nos compromete, porque ni nos enfrenta de hecho a los terroristas tan lejanos ni a los conciudadanos tan concordes. Siempre necesitamos cultivar las virtudes cívicas. Pero es tal la impotencia en que este terrorismo imprevisible nos deja, que resulta difícil señalar algún grado de responsabilidad moral y política en el ciudadano común a la hora de plantarle cara. Por eso se entiende que nos limitemos a confiar a la violencia legítima del Estado y de la cooperación entre Estados la tarea de deparanos la máxima seguridad posible.

2. ¿Qué quiere decir, al contrario, que el terrorismo local sea selectivo? Pues que no todos estamos destinados por igual a ser sus blancos, sino que unos pueden serlo con mayor probabilidad que otros. No es verdad, y una consulta a la hemeroteca lo probaría enseguida, que «ETA mata cuando puede, donde puede y a quien puede». Dejemos ahora de lado a los amenazados mediante extorsión económica, porque éstos no tienen más 'mérito', y éste es involuntario, que su patrimonio. En el grupo de riesgo se ingresa voluntariamente o bien por razones profesionales (policías, jueces, etcétera), o político-representativas (concejales, diputados, etcétera) o bien por convicciones político-morales; en definitiva, cuando el cometido laboral o la conciencia ciudadana empuja sólo a unos pocos a enfrentarse a ese mal público. De modo que tampoco es cierto que cualesquiera en esa sociedad estén amenazados por lo que son en virtud de su pertenencia al grupo perseguido, ni siquiera por lo que piensan (como repite la frase hecha). Esos pocos son amenazados a causa de lo que públicamente piensan y hacen ante el acoso sufrido por su propio grupo.

Así las cosas, y lo mismo que algunos arriesgan, otros se esfuerzan en evitar el menor riesgo. Al margen de que tal vez puedan salpicarnos efectos colaterales imprevistos, frente a este terrorismo local sabemos bien cómo negociar nuestra seguridad. Basta con la fingida o abierta asunción de las premisas y tópicos del adversario, con gestos visibles de acción u omisión, con silencios elocuentes en los momentos debidos. Pero -fijémonos bien- los primeros destinatarios de tales gestos, quienes llevan nota de nuestra conducta y mayor miedo cotidiano nos producen, no son los componentes del comando armado, sino otras muchas personas más próximas a los terroristas... y a nosotros. Pueden vivir en el portal de al lado o trabajar en el despacho contiguo.

Y es que ahí reside una diferencia clave del terrorismo que nos afecta más de cerca: a saber, que cuenta con arraigo y consentimiento entre la población. Entre los terroristas y los demás se extiende ahora un continuum, un terreno ampliamente compartido por bastantes. En nuestra sociedad el terrorismo tiene sus voceros políticos, sus delegados en las instituciones, la dirección de asociaciones de toda índole. El Gobierno vasco presentó un recurso contra la ilegalización de sus seguidores y les otorga cuantiosas subvenciones oficiales (aunque no hay que 'criminalizarles' por ello...). Pues bien, ese es el apoyo social que en parte perderían en caso de que sus atentados fueran brutalmente azarosos, y ahí está para probarlo la inquietud que reinó entre la militancia durante las horas en que se creyó a ETA detrás de la masacre de Atocha. Esa 'honrada' militancia, si quiere quedar a salvo de sus ataques, habrá de prohibir que este terrorismo sea indiscriminado.

Por todo eso, y en claro contraste con la especie anterior, aquí hay una mucho mayor responsabilidad moral de los ciudadanos; aquí sí cabe hablar de valentía o cobardía de un lado o del otro. Ya no vale decir que para la banda terrorista culpables somos todos, porque a la vista está que ella distingue entre sus amigos y sus enemigos. Ni tampoco vale por el otro lado pregonar una inocencia universal e indistinta ante el terrorismo. En lo que atañe a sus medios, unos procuran de mil maneras la pervivencia del terror, mientras otros lo sufren y no desean más que su final; aquéllos señalan las dianas, estos últimos pasan directamente a encarnarlas. Están también los que, sin llegar a tanto, comparten los fines y justificaciones de los terroristas en bastante mayor medida que (mejor dicho: contra) los propósitos de los partidos democráticos; ¿o acaso no se sienten antes miembros de su comunidad étnica que de su comunidad política? Y están, no se olvide, los cómplices de los cómplices. Es decir, los que callan ante tamaña barbarie, esos a los que nunca les parece lo bastante grave como para alarmarse, los que deploran el terrorismo tan sólo por sus medios como si sus fines fueran excelentes y sus argumentos irrefutables...

3. Ya se ve que (en cuanto a su grado de indiscriminación) ambos terrorismos no son iguales, lo que no significa que haya terrorismos buenos y malos. Significa, por lo pronto, que unos nos interpelan y exigen como sujetos más que otros. Es decir, que el terrorismo de casa depende en mayor medida de nuestra resistencia o de nuestro apoyo (activo o pasivo) y, por tanto, nos hace más responsables de su desaparición o de su enquistamiento. Que el terrorismo internacional, siquiera en defensa propia, puede concitar la unidad de casi todos en su contra, pero el terror local es capaz de quebrar una sociedad y enfrentar entre sí a sus ciudadanos.

Así se explica, por ejemplo, la desvergüenza nacionalista que, por los mismos días y en sedes parlamentarias distintas, podían en un sitio repudiar con todos a los islamistas y en el otro enfrentarse al resto de parlamentarios para sacar la cara a los etarras. Y es que los terroristas lejanos no son de los suyos. Pero ¿cómo van a desautorizar a esos con quienes comparten sus pretensiones de derecho, gracias a quienes han recogido tantas nueces del árbol que sacudían y de los que esperan sus votos en los momentos decisivos?

El deslinde de Maragall
Antonio PÉREZ HENARES La Razón 30 Enero 2005

El gran beneficiario del Plan Ibarretxe va a acabar siendo Maragall. El presidente de la Generalitat catalana ha aprovechado, con una gran habilidad política, la sinrazón del vasco, su atrabiliaria forma de pretender conculcar la Constitución y rasgar la unidad de España, para hacer el deslinde preciso y contundente con sus propios planes de reforma del Estatut. Maragall ha aparecido en estos días como la opción razonable, que busca el acuerdo y el consenso de todos, planteada desde la lealtad y nunca desde la confrontación. Ha contribuido a la tranquilidad social ante el embate del nacionalismo vasco y en su clave interna le ha servido para marcar la distancia con ERC y sus actitudes. Desde luego que todos saben que habrá tensiones, y como el propio Alfonso Guerra ha escrito, algunas pretensiones del PSC son de «dudoso y difícil encaje constitucional». Pero hoy, en vísperas de la irrupción del lendakari Ibarretxe en el Parlamento, se valora, y mucho, su actitud. Y también el hecho que será bien visible de que una larga mayoría de los escaños ocupados por catalanes, al igual que la de los vascos (11 a 8) exactamente y eso sin querer contar Navarra (4 a 1), darán un no rotundo al famoso Plan al que no parece quedarle ya mucho vigor y más bien escasa vida por delante.

Comunidad Autónoma de Álava llama a ZP
ALBERTO SUÁREZ ALBA El Correo 30 Enero 2005

En estos tan florecientes tiempos de entrevistas (dos horas entre Otegi e Ibarretxe, cuatro entre el lehenda y el presidente Rodríguez Zapatero, insondables minutos entre ZP y Rajoy, reloj secreto entre el inquilino de Moncloa y el líder de la oposición con el monarca ), también a nuestro diputado general Ramón Rabanera Rivacoba se le ha ocurrido que podría contarle algunas bonitas cosas a quien manda en el Consejo de Ministros del Reino de España. En medio de tanta afición al diálogo hasta el amanecer, RRR desea entrevistarse con ZP. La bien demostrada discreción de los alaveses nos animaría a conformarnos con un cuarto de hora. Poca exigencia, sí, de cara a la agenda de ese caballero del buen talante que en la llegada de este 2005 inmortalizaron los artistas del guiñol. Facilidades todas para la más genuina representación del buen rollito.

Desde el despacho 'number one' del Palacio de la Provincia ha partido la carta en la que se anima al presidente del Gobierno a que se digne a escuchar al primero de los alaveses, a quien políticamente nos representa por encima de todos los demás, las explicaciones de qué significa para este territorio, por ahora vasco (y vasca, no olvidemos), el Plan Ibarretxe, ahora rebautizado como Nuevo Estatuto para Euskadi. Ramón Rabanera le promete, cuando realiza su petición de cita, que se lo contará todo/todo/todo tanto «con toda lealtad» como «con buena fe». Quienes podemos presumir de conocerle muy bien, desde luego, no lo dudamos.

Ya el mismísimo 30 de diciembre, recién visado por los vascos y las vascas de Otegi el texto cabezón parido en Ajuria Enea, nuestra Diputación Foral pregonaba una declaración institucional en la que se adelantaba que, en el caso de que quedara finalmente roto el pacto constitucional y estatutario, «Alava se considerará también liberada de la palabra dada en el año 1979», en referencia directa al Estatuto de Gernika.

Añadía el Gabinete Rabanera que el territorio alavés se encontraría, en dicho caso, «en plena libertad para decidir su futuro político, haciendo uso del derecho reconocido en la disposición adicional primera de la Constitución». Y me van a tener ustedes que disculpar tanta cita, pero es que me parece obligada para que lo entendamos bien todo: el Plan «niega nuestros derechos históricos que como territorio foral nos reconoce la Constitución» y «nos obliga a sumarnos a un proyecto de secesión por el que hemos manifestado un completo rechazo». Cerremos comillas.

Al Gabinete foral le asiste una considerable dosis de razón, si tenemos en cuenta el hecho de que ni los sucesivos rechazos por parte de las Juntas Generales de Álava al proyecto del lehendakari, ni la colección de pronunciamientos institucionales en contra del mismo, ni las alegaciones que sucesivamente fueron presentadas en sede parlamentaria vasca han sido tenidos en cuenta. La evidencia de que el Plan Ibarretxe/Nuevo Estatuto no cuenta con los apoyos del territorio en sí, ni de la mayoría social de los alaveses, le ha hecho reaccionar con contundencia al equipo Rabanera. Y es lo que nuestro diputado general desea contarle, al menos de tan primera mano como lo hizo el presidente del Gobierno vasco a ese ex bambi que acaba de aprender a decir '¿no!'. ZP ha recibido ya un rápido aperitivo, cuando entre los epígrafes del Pacto de Estado firmado hace unos días con Rajoy aparecía la imprescindible necesidad de «favorecer la gobernabilidad de las instituciones alavesas».

¿Álava, al final, fuera de Euskadi? ¿Aparición de la Comunidad Autónoma Alavesa? Ya andan fuera de la nación onírica las tierras de Navarra y las no menos nacionalistamente complicadas de Iparralde. ¿Y por qué no la propia Álava natal de este lehendakari soñador, perfectamente constituida al estilo de la Comunidad de La Rioja, para que todos contemos con más posibilidades de, a nada espabilados que demostremos ser, terminar con una nómina de viceconsejeros, o al menos de directores generales?

AAA, el alcalde de Vitoria que nunca prestaría ni nuestros colegios electorales ni nuestras urnas para una consulta como la cantada, acaba de recordar que «con el Pacto de Estella, el PNV perdió Álava». En su despacho de Abendaño, el fatigable Gerenabarrena se afana en los intentos de recuperación de la Diputación, de la principal Alcaldía del territorio y, de paso, del chupachups de la Vital. Pero lo tiene crudo, porque en el otro bando manejan unas ideas bien claras: si Ibarretxe se empecina en imponer su Plan, la Diputación Foral de Álava romperá sus relaciones institucionales, políticas y económicas con Lakua/Ajuria Enea.

Javier Guevara, diputado foral y hermanísimo, lo ha estudiado y resulta que tanto el artículo 2º del Estatuto de Gernika como el hipertexto constitucional permitirían, como siguiente y definitivo paso, también el abandono de la actual comunidad regional. «Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, así como Navarra, tienen derecho a formar parte de la Comunidad Autónoma del País Vasco», señala dicho artículo 2º. Derecho, efectivamente, pero nunca obligación.

Todo esto, y naturalmente bastante más, es lo que, en ese solicitado digo yo que cuarto de hora, podría comentarle RRR a ZP. Y todo esto es lo que algún inteligente nacionalista, alavés o de casa El Tato, debería animarse a analizar para darle algunas vueltas al asunto, antes de que tanta insensatez alumbre esa tan flamante Comunidad Autónoma de Álava.

Ventajas anuladas
Opinión El País  30 Enero 2005

Todas las instituciones y partidos vascos han respondido con indignación a la sentencia del Supremo que ha anulado las ventajas que mantenía el impuesto de sociedades con respecto a la normativa común, empezando por un tipo medio del 32,5% frente al 35% estatal. La unanimidad revela que el concierto, clave en la recuperación de la economía vasca tras la crisis de los setenta, es de las pocas cosas que unen a los vascos; por eso mismo debería hacerse un uso más prudente de sus potencialidades, evitando decisiones que puedan ser percibidas como ventajistas.

Ante un recurso de casación presentado por la patronal de La Rioja, el Supremo ha concluido que varios incentivos pueden distorsionar la libre competencia empresarial y cabe considerarlos "ayudas de Estado" que tendrían que haberse notificado previamente a Bruselas. Vitoria considera que la sentencia es "un ataque frontal" al Concierto Económico, el elemento más singular de la autonomía vasca, que define de forma pactada las relaciones financieras y tributarias entre el Estado y Euskadi, y le permite mantener un régimen fiscal propio con ciertas limitaciones. El tribunal ha aplicado unos criterios bastantes estrictos y, ciertamente, la doctrina definida puede llevar a cuestionar en la práctica lo que en derecho reconoce: la capacidad normativa de las instituciones forales en materia tributaria.

Todas las sentencias son susceptibles de recibir críticas, aunque las expresadas en este caso están más cargadas de argumentos políticos que jurídicos. Ninguna institución ha hecho autocrítica, por ejemplo, de la litigiosidad que acompaña al Concierto Económico en la última década debido al uso y abuso de incentivos fiscales a la inversión. El Ejecutivo vasco ha subrayado la naturaleza pactada del concierto para rechazar cualquier menoscabo del mismo, pero resulta que no ha sido el Gobierno central quien ha impugnado principalmente las ventajas tributarias establecidas para las empresas, sino las comunidades autónomas limítrofes y sus patronales, temerosas de que se produjeran deslocalizaciones de carácter fiscal. Y a la postre, el cuestionamiento ha venido de la Comisión Europea y el Tribunal de Luxemburgo. Evitar ciertas iniciativas posibles pero no imprescindibles, y propensas a la polémica y el litigio, habría resultado más sabio.

Un referéndum precipitado para una Constitución fantasma
EDITORIAL Libertad Digital 30 Enero 2005

Si el referéndum sobre la Constitución Europea se celebrase hoy sólo un 36 por ciento del electorado acudiría a votar. Sería sin sombra de duda la convocatoria más ayuna en votantes de la historia de nuestra democracia. Pero el peor dato extraído del Eurobarómetro de la semana pasada no es ese. Casi cuatro de cada diez españoles asegura que no tiene opinión alguna sobre el Tratado y el 33 por ciento confiesa que nunca ha oído hablar de la Constitución. El 33 por ciento, esto es, un tercio del electorado no sabe ni siquiera que ese documento existe. En definitiva, tan sólo un ridículo 12 por ciento de los que están citados a las urnas dentro de tres semanas admiten conocer al detalle el Tratado Constitucional. Un desastre absoluto a muy pocos días de la celebración del plebiscito.

El asunto de la Constitución Europea nació viciado desde el principio y es normal que los ciudadanos no le hayan prestado atención alguna. Lo que los políticos están vendiendo como Constitución no lo es tal sino un simple tratado multilateral como ha habido tantos y como, probablemente, habrá muchos más en los años venideros. De hecho, está ya firmado y aprobado por los Gobiernos nacionales y su entrada en vigor no supondría el comienzo de nada nuevo. Por lo demás, el plomizo mamotreto parido en la zahúrda de Gircard d’Estaing, a los españoles no nos da nada y, en cambio, nos quita mucho. La Constitución Europea consagra a Francia y Alemania como potencias hegemónicas de la Unión y relega a países medios como España a un puesto secundario y sin influencia efectiva. Quedar como comparsa después de haber jugado en primera división tras las conquistas obtenidas en la Cumbre de Niza es propio de necios. En el momento en que el Tratado quede aprobado el peso de España se habrá reducido en un 25 por ciento y el de Alemania habrá crecido otro tanto. Es natural que Schröder se entusiasme con el Tratado, es absurdo que Zapatero le sirva de corifeo.

Además del lugar nada confortable en el que quedará nuestro país tras la entrada en vigor de la Constitución, el Gobierno se ha tomado la convocatoria como algo personal confundiendo los intereses del partido con los del Estado. La campaña institucional pagada con el dinero de todos ha tenido que ser corregida por la Junta Electoral por invitar a votar sí de un modo descarado. El ministerio de Exteriores no ha escatimado medios y ha contratado a un plantel de celebridades para que informen a la ciudadanía de las bondades de la Constitución. ¿A qué se debe tanta parcialidad? Sencillo, para el presidente del Gobierno el referéndum del día 20 es un plebiscito personal. Después de haber llegado a la Moncloa en las condiciones en las que lo hizo y de haber empatado con el PP en las Europeas de junio, Zapatero necesita ese empujón definitivo que legitime su victoria del 14 de marzo.

Por último, la precipitación en obtener un sí oceánico y redentor ha llevado al Ejecutivo a convocar antes que nadie un referéndum. Otros países de la Unión van a esperar a que se abra un debate efectivo dentro de los mismos y a que la gente tenga tiempo suficiente de informarse y estudiar la propuesta. Aquí no hemos tenido ni oportunidad de contar con un ejemplar hasta hace bien pocos días en un envío masivo que se hizo con la prensa dominical. La desinformación de la mayor parte de la población parece traerle sin cuidado al Gobierno porque considera que los españoles ni pensamos ni tenemos necesidad de hacerlo. Muestra de ello es que, dentro de la campaña oficial, los componentes del dúo sevillano Los del Río aseguraron que iban a votar sí porque no se la habían leído, algo digno de la antología del disparate pero impropio de la octava potencia mundial. Para colmo de despropósitos, el ministro de Justicia afirmó sin rubor que no era necesario leerse el documento para saber que era bueno. Dando la vuelta al autorizado argumento del ministro puede decirse que no es preciso ni abrir las tapas de la Constitución para tener la certeza de que se trata de un dislate mayúsculo. Tal vez el Gobierno sea afecto a los esperpentos, los votantes no podemos permitirnos ese lujo porque en las urnas siempre se despachan asuntos muy serios. La tomadura de pelo le puede salir bien cara a Zapatero porque quien nada siembra nada recoge.

DEL RÉQUIEM AL FOX-TROT
ÁLVARO DELGADO-GAL ABC 30 Enero 2005

Imaginemos que España fuera Francia, y que los asesinados por ETA no ostentaran apellidos vascoespañoles o castellanos o catalanes, sino franceses. Ondularía una llama en homenaje perpetuo a las víctimas. Y éstas serían recordadas y también reivindicadas en nombre de valores cívicos y al tiempo patrióticos. Los franceses han acuñado una palabra talismán en torno a la cual congregarse en momentos de zozobra: «La République». Palabra equívoca, puesto que la República significa la patria y también la libertad y la igualdad. No por equívoca, sin embargo, carente de eficacia. El patriota francés se identifica como francés y simultáneamente se expande más allá de Francia, hasta erigirse en símbolo de la democracia. Luego viene la realidad, o el tío Paco con las rebajas. No cabe negar, sin embargo, que nociones como la de «République» abrigan virtudes terapéuticas y a la vez psicológicas de primera magnitud.

Nosotros hemos tenido menos suerte. Hace cuatro o cinco años, cuando pareció que el constitucionalismo podía ser la respuesta adecuada al desafío terrorista y sus complicidades en las zonas más umbrías del nacionalismo, estuvimos a punto de encontrar el punto, el registro, exigibles para una articulación convincente del dolor y también de la política que ese dolor exigía, o más aún, conminaba. Hasta entonces, sólo habíamos tenido el aparato desfalleciente del Estado y las manos blancas. Las manos blancas integraban una profesión de inocencia frente a la vesania terrorista. No eran por tanto una respuesta política, sino, más bien, una inhibición de la política. Marchito o desvirtuado o descabalado de intento el constitucionalismo, nos hemos quedado sin saber qué decir. La otra gran tragedia, la del 11-M, añadió confusión a la confusión. Dentro de un instante, discutiré el episodio grotesco y lamentable del sábado 22. Pero conviene antes explicar por qué la situación de partida era mala. La AVT procede de la Hermandad Nacional de Familiares de Víctimas del Terrorismo, una modesta asociación que no pretendía en origen sino reunir recursos para la asistencia a las familias damnificadas. Se convierte luego en la actual AVT, que adquiere centralidad política, y por ello mismo, mucha más capacidad que antes para desempeñar su antigua misión: la asistencia material a las víctimas. Factores varios provocan una suerte de contigüidad entre la AVT y el PP. Para empezar, factores negativos: a principios de los noventa, la socialista Matilde Fernández había escamoteado a las víctimas la ayuda del Estado con el argumento extrañísimo de que no se trataba de un asunto de interés general. Existen factores políticos: el cumplimiento íntegro de las penas, lema popular, sintoniza mejor con los sentimientos de los agraviados que la posición más flexible de los socialistas. Y juegan, cómo no, factores simbólicos. Aznar, víctima del terrorismo igualmente, es el presidente de honor de la AVT.

La politización es inseparable de la otra asociación, la presidida por Pilar Manjón. Primero, por la propia militancia de Pilar Manjón, harto conocida y no siempre felizmente expresada. Segundo, las circunstancias. El 11-M, causa del vuelco electoral, no fue sólo una tragedia. En no menor medida, es un epónimo político, un símbolo de la caída de la derecha y el retorno de la izquierda al frente de la democracia. Con tales mimbres, es difícil construir la unanimidad que habría sido deseable en nombre de las víctimas.

Vayamos al episodio concreto del sábado. El contexto era pésimo. Peces-Barba, el Alto Comisionado para las Víctimas del Terrorismo, cometió la arrogancia imperdonable de no acudir a la manifestación. Tampoco lo hizo Pilar Manjón. Y arreciaban rumores no extintos sobre un intento negociador del Gobierno con ETA. Contra todo pronóstico, acudieron decenas de miles de personas a un acto que se presumía que iba a ser de carácter testimonial. ¿Cuántos fueron por pura solidaridad con las víctimas? La mayoría. Pero también acudió gente irritada, y militantes populares. Que en ocasiones -he escuchado testimonios varios, que reflejan experiencias individuales y no por fuerza congruentes- se diera suelta al enfado con el Ejecutivo, es de lamentar, aunque no sorprendente. Tiene una justificación mucho más difícil una circular del jefe de distritos del PP de Madrid donde se mezclaban exhortaciones para sumarse a la manifestación con alegatos demagógicos contra la política penitenciaria del Gobierno. Pero el cargo popular no estaba entre los convocantes. Ni el PP movilizó a sus bases -el hecho es contrastable- por el procedimiento clásico: autobuses y recluta en los distritos. Mucho menos, se pretendía montar un número a Bono, quien se personó de incógnito.

Luego, se ha complicado todo de modo penoso. Bono habló de agresiones inexistentes, se verificó el arresto de dos cargos del PP sin mandato judicial, y las víctimas se quedaron de espectadores al borde de la cuneta mientras los dos partidos se tiraban de los pelos. Ha faltado el canto de un duro para que no se les acusara de ser de extrema derecha. Algún botarate expresó por escrito que las víctimas podían representar un obstáculo objetivo al proceso de paz. Empezamos entonando un réquiem, y hemos terminado bailando el fox-trot.

Campaña socialista
Víctimas y asesinos
Ignacio Cosidó Libertad Digital 30 Enero 2005

A mi me llamaron reiteradamente asesino por apoyar que Irak pueda celebrar este domingo, a pesar de los terroristas, elecciones libres. Una mañana, durante la campaña electoral de las últimas elecciones generales, un padre le dijo a su hijo que no me aceptara un caramelo porque estaba manchado de sangre. La sede del Partido Popular estuvo cercada la noche pre-electoral y en varias ocasiones arrojaron huevos, piedras y pintura contra su fachada. Jamás escuché una condena, una palabra de apoyo o un gesto de solidaridad de mis adversarios políticos.

Por el contrario, ha sido unánime la condena de todos los dirigentes del Partido Popular de las agresiones, que luego se han demostrado inexistentes, al actual ministro de Defensa, José Bono. Y han sido muchos los representantes del Partido Popular los que le llamamos para interesarnos por el incidente y expresarle nuestra solidaridad.

Tampoco nadie fue detenido, que yo sepa, por las numerosas agresiones contra el Partido Popular, ni por zarandear y agredir verbalmente al entonces Vicepresidente segundo del Gobierno, Rodrigo Rato, en la manifestación celebrada en Barcelona para condenar los atentados del 11 de marzo.

Por el contrario, dos afiliados del Partido Popular fueron detenidos días más tarde por las inexistentes agresiones a Bono. Arrestados por el mero hecho de estar próximos al Ministro y, lo que es más relevante, por ser afiliados al PP. Esa utilización partidista de la Policía me parece el hecho más antidemocrático que se ha producido en los últimos años. Al margen de las posibles responsabilidades judiciales de una detención irregular, creo que existe una grave responsabilidad política que debe ser exigida hasta sus últimas consecuencias.

El Gobierno de Aznar no era un Gobierno de asesinos por apoyar políticamente el fin de una de las tiranías más sangrientas de la historia. El Gobierno actual tampoco es un Gobierno de asesinos aunque muestre poca contundencia frente al terror. Los únicos verdaderos asesinos son los terroristas. Los asesinos son los terroristas que diariamente matan en Irak a decenas de ciudadanos por el mero hecho de querer ejercer la democracia. Asesinos son los que en el País Vasco han matado a cientos de personas simplemente porque creían en la libertad.

La cuestión no es por tanto quiénes son los asesinos, que todos deberíamos tenerlo claro, sino como derrotamos a los terroristas. El Presidente del Gobierno anunció recientemente en televisión su predisposición a dialogar y negociar con ETA. Los socialistas vascos parecen haber entrado en un juego de acercamiento al mundo de Batasuna. Esta aproximación a ETA constituye hoy un grave error estratégico y moral que va a dar más fuerza a los terroristas.

Es un error estratégico porque ETA se encuentra en una situación de extrema debilidad, en buena medida gracias a la determinación de los gobiernos de Aznar. La creciente cooperación internacional, la eficacia de las fuerzas de seguridad y de la Justicia, el desmantelamiento de toda la estructura económica, social y política de la organización terrorista, pero sobre todo, la firme voluntad de la sociedad española de acabar de una vez por todas con este terrorismo, constituyen una oportunidad histórica para la derrotar definitiva de ETA que no puede ser desaprovechada. Ofrecerles ahora dialogo es darles fuerzas para seguir matando mañana.

Pero abrir ese proceso de dialogo para tratar de rentabilizar políticamente el fin del terrorismo o por obtener una mejor posición partidaria en el País Vasco sería, además de un error estratégico, una grave afrenta moral al conjunto de la sociedad española y muy en particular a las victimas del terrorismo.

Ese era el mensaje esencial que querían trasmitir las victimas con su concentración, mensaje que tristemente quedó empañado por el falso incidente con el Ministro de Defensa. Las victimas tienen todo el derecho a expresar su rechazo a un Gobierno que pretende un dialogo que atenta contra su dignidad. Algunos piensan que esa posición responde a una utilización partidista, pero las victimas, las de ETA y las del 11-M, son las victimas de todos y deben constituir nuestra principal referencia moral en la lucha contra el terror. Todos deberíamos por tanto escucharlas.

Ignacio Cosidó es senador por Palencia

La lección de Maite
ALFONSO DE LA VEGA La Voz 30 Enero 2005

MAITE Pagazaurtundua, concejala socialista, miembro de Basta Ya, ha venido a Galicia y nos ha dado un nuevo testimonio de su grandeza moral y la de aquéllos que resisten en la atormentada tierra vasca la barbarie nacionalista. Se conmemoraba en toda Europa la liberación de otra locura étnica e identitaria, la de los nazis alemanes que condujo a Auschwitz. Maite no sólo ofreció una lección magistral de coraje cívico sino que nos habló de los campos de concentración del nacionalismo vasco realizando un brillante análisis de lucidez sorprendente.

Sí, sorprendente porque, cuando abunda tanto la pudibundez hipócrita de lo políticamente correcto, el encontrar la Palabra y la Razón puestas decidida y valientemente al servicio de la dignidad humana, de los valores morales que distinguen al hombre de la bestia, es ya raro y tal milagro, cuando ocurre, debe ser celebrado y glosado como se merece. Y es que Maite, una de los españoles que no renuncian a la Libertad en el paraíso nacionalista, adorna su sencillo pero magnífico discurso con el testimonio de su vida:

«Si no nos exterminan es gracias a España que nos defiende. La causa motor del fanatismo es el culto a la identidad vasca, que se mantiene y refuerza con la autonomía de privilegios de esta barbarie nacionalista que constituye una grave amenaza para el bienestar de los demás. No cabe pactar con los nacionalistas. No se puede pactar con quien no razona, ni es leal, ni acepta la modernidad. Con su hipocresía habitual, los nacionalistas nos llaman crispadores porque nos resistimos a ser acosados, aislados, silenciados antes de ser exterminados. El Plan Ibarretxe es una traición, inmoral y sería el principio de una purga terrible. El Plan López es otro error derivado de aceptar los presupuestos del nacionalismo por los actuales dirigentes socialistas».

Elecciones en Irak
Un éxito de la democracia
José María Marco Libertad Digital 30 Enero 2005

Los escépticos ya no podrán dejar de creerlo, pero después de que los americanos echaran del poder a Sadam Hussein, después de la Constitución provisional de febrero de 2004 y del traspaso de la soberanía a las autoridades iraquíes en junio, ha llegado el momento de las elecciones.

Hay muchos elementos para ser pesimistas y dar la razón a todos –en particular los progresistas– los que piensan que la democracia es imposible en Irak. Hay muchas otras razones para ser moderadamente optimistas.

En primer lugar, la inmensa mayoría de los iraquíes, casi el 80%, ha manifestado su intención de acudir a votar a pesar de las amenazas, los asesinatos y los atentados. Muchos iraquíes, sobre todo los que viven en el llamado triángulo suní, sabe que su vida o la de su familia corren peligro si acuden al colegio electoral, pero muchos de ellos ya se han arriesgado a ir a recoger los formularios. Si las elecciones fracasan, los norteamericanos se replegarán y el país volverá a la dictadura o caerá en la guerra civil. Los iraquíes saben muy bien lo que es la primera y conocen la segunda por la violencia desencadenada por los terroristas y los nostálgicos del régimen de Sadam, los mismos que los medios de comunicación occidentales llaman “insurgentes”

Los chiítas, contra los que se ha dirigido la violencia terrorista, han aguantado sin responder porque saben que son mayoritarios. Las elecciones serán su forma de respuesta, por lo que la participación será, previsiblemente, alta. Hay quien asegura que los chiítas seguirán la vía de la revolución islámica iraní. Hay muchos observadores que apuestan por lo contrario. La personalidad moderada de Ali al-Sistani, el desastroso ejemplo iraní, el recuerdo de la historia trágica de los chiítas iraquíes que encabezaron la revuelta fracasada contra los británicos en los años veinte indican, según estos observadores, que están dispuestos a la negociación y al acuerdo.

Los kurdos también participarán masivamente porque el establecimiento de un régimen democrático es la única posible vía de continuidad al sistema pacífico que ellos mismos han ido construyendo, protegidos por los norteamericanos, al norte de Irak. Son una minoría y saben que no llegarán nunca a dominar Irak. No es lo que quieren. Si demuestran que quieren participar, podrán utilizar los mecanismos de precaución previstos en la Constitución provisional, actualmente vigente, para que se tengan en cuenta los intereses de las minorías.

Quedan los sunitas. Podrían seguir el ejemplo de los kurdos hoy, o el de los chiítas en los años 20. Por ahora, no presentan un historial muy alentador, aunque si las elecciones se celebran con normalidad relativa y la opinión internacional respalda sus resultados, parece dudoso que la mayoría de la población sunita esté dispuesta a apoyar un estado de rebelión terrorista permanente.

Después de las elecciones de Afganistán y las celebradas por los palestinos, no hay por qué pensar que las del próximo domingo vayan a ser un fracaso. Su celebración es, de por sí, un éxito gigantesco.

En cuanto al frente occidental, conviene no hacerse ilusiones. Quienes han hecho todo lo posible para impedir estas elecciones ya estarán preparando el argumento para mostrar que su resultado es ilegítimo

Stanley Payne: «Este es el peor Gobierno de la democracia»
El hispanista prepara un ensayo sobre el deterioro de la vida social y política de la Segunda República que condujo hacia la Guerra Civil y de cómo había fórmulas para haberla podido evitar, mucho antes del asesinato de Calvo Sotelo. Como un Gobierno de Indalecio Prieto o con una mayor responsabilidad política de Alcalá Zamora y Azaña. Payne repasa la dictadura franquista, la transición, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y los nacionalismos catalán y vasco, «a los que no les interesa nada más que la independecia», según afirma. Aunque puntualiza: «Aunque pienso por un lado que España estaría mejor sin Cataluña y el País Vasco, no es menos cierto que el Gobierno debe hacer frente a sus responsabilidades».
Jesús Palacios La Razón 30 Enero 2005

Madrid- Stanley Payne está considerado como uno de los mejores historiadores hispanistas de la época contemporánea de España. Profesor de la universidad norteamericana de Wisconsin, ha investigado y analizado la causa de los nacionalismos. En la actualidad está concluyendo un ensayo sobre la Segunda República y los orígenes de la Guerra Civil.

-Está preparando un ensayo sobre el último período de la II República. ¿Cuáles son sus conclusiones?
-Es un análisis sobre el deterioro de la vida social y política de la Segunda República. Sobre todo, del período del 33 al 36 y, especialmente, de los seis meses previos a la Guerra Civil. Hubo un deterioro fundamental, consecuencia de que el Gobierno no supo imponer la ley, la Constitución, dejando hacer a los grupos y partidos revolucionarios, con desórdenes de todo tipo, violencia, destrucción de la propiedad, fraude electoral –como en Granada y Cuenca–, perversión de las instituciones o del orden público, al colocar a su frente a elementos netamente revolucionarios. Todo ello explica el desenlace hacia la Guerra Civil. No digo que el golpe militar, la rebelión, fuera inevitable, pero sí al menos comprensible.

Responsabilidad.
-¿Qué aclara de la propia controversia histórica?
-Sobre todo, la responsabilidad del Gobierno Azaña y de Casares Quiroga, la política revolucionaria de los partidos obreros y sus consecuencias; la importancia del secuestro y asesinato de Calvo Sotelo, que aglutinó y dio más apoyo a la rebelión. Sin ese asesinato la rebelión no hubiera sido tan fuerte.

-Hay cada vez mas opiniones que sitúan el inicio de la Guerra Civil no en la primavera del 36 sino en octubre del 34. ¿Cuál es su opinión?
-No pienso exactamente eso, no comparto totalmente esos criterios, ni los de Pío Moa. La rebelión del PSOE en contra del Gobierno republicano fue un acto importante y peligroso, fue un intento de Guerra Civil, de golpe revolucionario, pero después de eso hubo la posibilidad de recomponer la situación, como se hizo, al menos en parte, en 1935 y también durante 1936. Lo que se desprende de todo esto, y es una conclusión admitida a raíz del libro de Ángel Alcalá, pariente lejano de Alcalá Zamora, es que el liderazgo de Alcalá Zamora durante el año 35 y la convocatoria de elecciones anticipadas en febrero de 1936 fue algo desastroso. Alcalá Zamora distorsionó las funciones del Parlamento impidiendo la formación de un Gobierno estable con la mayoría integrada en la confederación derechista de Gil Robles. Casares Quiroga lo vetó y el adelanto electoral propuesto por Alcalá Zamora, totalmente innecesario, fue un completo error. La situación con aquellas Cortes podía haber durado un año y medio más, hasta noviembre de 1937. Y con una duración más larga es posible que la situación en el país se hubiera estabilizado algo, dando paso a unas nuevas Cortes, a un nuevo gobierno mucho más estable.

-Si la guerra civil pudo ser evitada, ¿en dónde hay que situar las responsabilidades de la misma?
-Como he dicho, no creo que la guerra civil fuera inevitable, pero después del asesinato de Calvo Sotelo ya no se podía hacer nada. Azaña actuó demasiado tarde, cuando la rebelión y la Guerra Civil estaban en marcha. La suya fue una actuación irresponsable. Hubiera sido posible recomponer la situación de otro modo; por ejemplo, con un Gobierno de Prieto, aunque yo no tengo un criterio tan positivo sobre Indalecio Prieto como otros historiadores. Un gobierno de Prieto, incluso integrado exclusivamente por la izquierda, también hubiera evitado la guerra civil, porque habría controlado la situación con un poder fuerte y hecho imposible la rebelión militar y, de otro lado, también habría metido en cintura las actividades revolucionarias de los izquierdistas más radicales.

-Parece que su ensayo no se va a situar precisamente en la ortodoxia de lo que se viene definiendo como políticamente correcto...
-Cierto, no será un libro políticamente correcto. Será un libro para el debate. En cuanto al golpe en sí, tengo la convicción de que no fue un golpe puramente fascista, de acuerdo con la moción que presentaron los socialistas en las Cortes hace unos años, sino un golpe republicano autoritario de derechas, pero no un golpe para establecer un régimen fascista o semifascista como resultó después, en los primeros años del régimen de Franco. Cuando Franco fue elegido generalísimo, general en jefe y dictador político, al menos por una temporada, empezó a tomar decisiones de corte más radical. Todo parece indicar que ni el propio Franco en el momento de la rebelión tenía en claro su propia actuación política. Inicialmente apoyaba la idea semimoderada de Mola de formar un gobierno republicano autoritario de derechas. Pero meses después, con el cambio político revolucionario en la zona republicana y con las posibilidades de su propio poder, el apoyo político y militar de Alemania e Italia, Franco también se radicalizó asumiendo la idea de que el camino del porvenir pasaba por un régimen parecido o similar al de Mussolini.

La Transición.
-¿Qué balance hace de la monarquía de Juan Carlos?
-Bastante positivo. Y esa es la opinión generalizada y mayoritaria en la sociedad española. Fuera de España, la experiencia de la transición se presenta como una de las más idóneas. Sin pretenderlo, España ha creado un modelo de transición política pacífica que utiliza las instituciones, las leyes de la dictadura, para paso a paso, de forma legal, sin violencia, sin represalia, ir a un sistema democrático. Esto no había funcionado anteriormente casi en ningún país. Ahora, después de ocho años de gobierno conservador, hay un resurgimiento del pensamiento de izquierda que está planteando una especie de segunda transición, bajo el mensaje de que el modelo anterior fue inadecuado porque no hubo ruptura ni se llegó a establecer un sistema izquierdista semitotalitario, que lo que propone realmente es una nueva república. Esta tendencia me parece peligrosa y destructiva. Realmente no es democrática al rechazar la alternancia, la tolerancia y buscar la persecución. El gran éxito de la transición en España es que no hubo represalias.

-Pero parece que 25 años después esa situación modélica se está cuestionando, sobre todo en lo que se refiere a los estatutos de autonomía de País Vasco y Cataluña.
-El desarrollo de los nacionalismos en los últimos años es un intento claro de destruir la estructura constitucional y el modelo de Estado de España. Crear dos regiones de hecho independientes, esa es la forma final que conciben los nacionalistas vascos y los catalanes radicales, aunque de momento lo planteen dentro de alguna forma de asociación con el Estado español. Pero el objetivo final es romper la unidad de España, la estructura del Estado y el modelo de la transición. Esta estructura constitucional de España, ha sido la primera que fue consensuada, negociada y aceptada mayoritariamente. Fue un enorme logro cívico. Y seguir dando privilegios a dos comunidades o regiones hasta que se independicen, es una cosa muy seria. Quizá España estuviera mejor sin los vascos y los catalanes. Sería un país mas tranquilo. Pero también es cierto que la vida política en el País Vasco no es muy democrática, está muy condicionada y distorsionada por el terrorismo, es una región sin libertades formales, y creo que el sistema español tiene el deber y la responsabilidad de apoyar la democracia en el País Vasco. Los partidarios del nacionalismo vasco escasamente representan al 50 por ciento de la población del País Vasco.

-¿Qué diferencias sustanciales hay entre el nacionalismo de la Segunda República y el actual?
-El nacionalismo vasco empezó como un movimiento antiespañol y muy independentista, pero diez años después, Sabino Arana, antes de su muerte, se convenció de que no había ninguna posibilidad de conseguir la independencia y cambió por la autonomía. En el vasquismo siempre ha habido dos tendencias: una radical independentista, que durante muchos años fue minoritaria, y la de los moderados, mayoritaria, partidarios de la autonomía. Por eso durante la república los proyectos eran moderados y razonables. Pero una vez comenzada la Guerra Civil la historia del nacionalismo vasco está plagada de traiciones, lo mismo que durante la segunda guerra mundial. En el franquismo no tuvo opción alguna y se moderó hasta emerger con una progresiva radicalización.

-¿Por qué el nacionalismo en España se manifiesta en la permanente insatisfacción?
-Básicamente porque no les interesa la autonomía. Lo que buscan es el dominio total, el poder completo para su región y sobre toda la sociedad, la nacionalista y la que no lo es. De ahí que un sistema que llegara a imponerse así sería siempre bajo una forma autoritaria, aunque las apariencias fuesen democráticas. Pero al nacionalismo vasco y catalán no le interesa más que la independencia. Todo lo que no sea llegar hasta este objetivo no es más que camuflaje.

-¿El Gobierno de Zapatero al abrir la espita de las reformas estatutarias, es más causa del problema que de una posible solución?
-El Gobierno de Zapatero tiene una dirección que es débil y confusa. Está tratando de proyectar una imagen de presidente sereno, que parece no estar asustado, lo que aún se desconoce es cuáles son los principios que hay detrás de eso. Hay una incertidumbre que se palpa por la debilidad del Gobierno Zapatero. Por ejemplo, sobre el «plan Ibarretxe», que algunos llaman «plan etarretxe» y que bajo ningún concepto es aceptable, hubiera sido mucho más contundente la firmeza de Zapatero hace unos meses. Este es un Gobierno no preparado, que en apenas diez meses ha tropezado en muchas cuestiones. Es con mucho el peor gobierno de la democracia.

-¿Está condicionado también por el tripartito catalán?
-Sin duda. Y eso es otra debilidad que se viene señalando desde el comienzo. Lo que se ha hecho en Cataluña es una recomposición del Frente Popular, que fue un arreglo político nefasto, destructivo para España. La Ezquerra se ha comprometido a dar su apoyo este año al gobierno en un pacto para la estabilidad, pero la situación para Zapatero es preocupante pues nadie sabe si ese apoyo se mantendrá y a qué precio, lo que siempre generará la inestabilidad. E ir por delante con una sonrisa fácil y artificial no ayuda para nada.

-Aún no se ha planteado la propuesta de reforma del estatuto catalán, pero se asegura que será un nuevo estatuto consensuado y dentro de los límites constitucionales.
-El objetivo de los nacionalistas catalanes es el mismo que el de los vascos: la independencia. Cambiará el lenguaje, que será más suave, y los símbolos, que serán menos agresivos. Pero en el fondo no habrá mucha diferencia, aunque en Cataluña se manejen dos lenguajes, el de Maragall y el de los otros.

José Ramón Recalde: «Hemos pasado del cínico Arzalluz al fanático Ibarretxe»
MANUEL DE LA FUENTE ABC 30 Enero 2005

En un lugar de La Mancha del que mejor es no dar muchas pistas («digamos que por prescripción facultativa no debo permanecer demasiado tiempo en el mismo sitio», dice con humor José Ramón Recalde), este veterano luchador antifranquista y no menos firme opositor de la violencia terrorista se muestra como un hombre tan tranquilo como corajudo y, hecho increíble en estos tiempos de tertulianos repulsivos y cainitas, y politiquillos de opereta, se muestra desde la atalaya de sus setenta y cuatro años como un catedrático del rigor ideológico, amurallado contra la metralla del terror en las almenas de su fortaleza política.

Quisieron cerrarle la boca (y,de paso, el grifo y el manantial de la vida y de la esperanza) pero no lo consiguieron. Por eso, a pesar de los normales inconvenientes debidos a las secuelas de aquel atentado, habla por los codos, y es que, como él dice, «en el fondo soy un charlatán». Físicamente es evidente que el socialista vasco José Ramón Recalde no puede hablar más alto, pero más claro es casi imposible.

-Durante todos estos años en el punto de mira del terror y de la violencia ha habido penas, muchas penas, demasiadas penas, ¿pero también olvido?
-Sí, hasta cierto punto las víctimas nos hemos sentido algo olvidadas. Sí se puede expresar el reproche de que a la vez que los violentos nos privaban de la palabra en nuestra propia tierra, esa misma palabra no siempre ha encontrado el eco y la audiencia suficientes fuera del País Vasco. Es un pequeño reproche que ahí queda, pero tampoco quiero incidir demasiado en ello, porque, sobre todo, a lo que no renunciamos ni renunciaremos es a ser y formar parte de nuestro país. Y como no renunciamos a serlo, pueden intentarlo, nos han forzado y nos pueden seguir forzando, pero desde luego no pueden conseguir que nos vayamos.

-Pasados los años, parece que aquellos gobiernos de Ardanza en los que ustedes colaboraron con el PNV eran menos fieros que el león que ahora pinta bastos en Vitoria.
-Ya entonces nos engañaron. Se aprovecharon de nosotros, cometimos graves errores políticos, como fue el dejarnos engañar cuando teníamos una mayoría, aunque fuese relativa. Teníamos una mayoría y, sin embargo, aceptamos entrar en el Gobierno cediéndole la lendakaritza a los del PNV. Eso es verdad y eso es algo que pagamos.

-¿Ha cambiado mucho el PNV desde entonces?
-En el PNV se produce siempre un fenómeno que habitualmente podemos llamar de péndulo, de oscilación entre autonomismo e independentismo. Normalmente, eso sucede porque mientras la razón peneuvista es autonomista, el sentimiento es independentista. Pero hasta en esta teoría se producen vaivenes, y en estos momentos digamos que estamos en un vaivén malo, porque hemos pasado de un partido cuya dirección estaba en manos de un cínico, como lo era Arzalluz, a otra dirección, no del partido, sino del Gobierno vasco por parte de alguien que, como Ibarretxe, de cínico no tiene nada, porque sencillamente es un fanático. Alguien que nos hace una propuesta en la que se nos habla de un estado asociado, cuando en realidad lo que están proponiendo es salirse de la Constitución y del Estatuto. Yo a ese planteamiento no le llamo «estado asociado», sino estado disociado. En cualquier caso, ése es un proceso que espero que sea reversible, como han sido reversibles en otros muchos momentos las tesis del Partido Nacionalista Vasco.

-Hoy por hoy, ¿hay motivos reales para la esperanza, o es que no nos queda otra que seguir teniendo esperanza?
-No puedo distinguir bien entre una cosa y otra, porque yo siempre he tenido esperanza, debe ser una condición de mi carácter. Siempre he apostado por la racionalidad, y pienso que la democracia seguirá afirmándose. Toda la historia del siglo XX está llena de marchas atrás que han sido horribles, pero al final, paso a paso, el reconocimiento de la persona, de los derechos humanos y derechos ciudadanos se han consolidado y fortalecido. Por supuesto, se siguen produciendo motivos para la desesperanza, pero hoy por hoy creo que la violencia puede declararse vencida y toco madera (y José Ramón Recalde acerca la mano a la mesa del apartamento).

-Además de la acción policial y judicial, ¿qué otro factor está siendo determinante en esta batalla contra el terror?
-Ha sido muy importante el proceso por el cual los ciudadanos se han enfrentado a la irracionalidad del nacionalismo étnico. De nuevo se está consiguiendo que el ciudadano sea el centro de la construcción política.

-¿Cuándo empezó a darse cuenta de que a pesar de la democracia, la Constitución y el Estatuto la violencia iba a continuar?
-Siempre creí que iba a durar, aunque no tanto. Pero cuando llegó la amnistía y los radicales empezaron a declarar que aquello no era suficiente, me dije, Dios mío, ya tenemos enquistado el problema.

-¿Aquella tesis de que mientras España aceptaba la reforma el País Vasco apostaba por la ruptura, ¿qué fue,una fantasía malintencionada?
-Entre la reforma que más o menos quería la derecha y la ruptura que más o menos quería la izquierda se consiguió llegar a un compromiso que dio paso a la Transición, a la Constitución y a la democracia. En el País Vasco el proceso fue muy similar, pero existía un invitado que lo alteraba todo, el nacionalismo y las dificultades que el nacionalismo tenía y tiene para apostar por el Estado democrático. Durante la dictadura los nacionalistas sufrieron, naturalmente, pero también (incluso bastante más) los comunistas, los socialistas, los anarquistas... En aquellos tiempos, hubo un momento, una fase, en la que los nacionalistas dejaron de manifestarse como una oposición visible, mientras que el resto de la oposición a Franco daba con sus huesos en la cárcel. Eso no sucedía con los nacionalistas. Ahora se apuntan a todo pero yo sí que les puedo apuntar dónde estaban en algunos años y en ciertos momentos.

-Cuándo era un militante antifranquista y estaba en la cárcel en los sesenta, ¿alguna vez pensó, pensaron, que hoy, cuarenta años después, medio país estaría discutiendo sobre el plan Ibarretxe?
-La verdad es que no, nunca lo hubiéramos creído. El plan Ibarretxe es una vuelta atrás, y el primer argumento central que se puede lanzar en su contra es que su raíz sea esa base social étnica de legitimación que cifra el origen de los vascos hace dos mil años, lo mismo que podrían decir cien mil, ésa es una irracionalidad absoluta que no tiene el más mínimo sentido. Además, el plan rompe con el Estatuto y con la Constitución. Finalmente y aunque lo primero sea una locura y algo demasiado grave, creo que todavía lo es más el que, en tercer lugar, el plan quiera romper todos los esfuerzos que se han venido realizando para la vertebración del País Vasco dentro de España y para la vertebración de los distintos ciudadanos dentro del País Vasco.

-Como un gran conocedor del «problema vasco» ¿cree que en estos momentos sería posible, sería necesario,sería deseable, algún tipo de diálogo con la banda terrorista?
-Ésa es una cuestión muy difícil. Ni aunque yo fuese el que en algún momento tuviese que tomar un tipo de decisión así podría comprometerme en una respuesta. No podría hacerlo ni aunque tuviera un grado de conocimiento, que por otro lado no tengo, de si ETA iba a abandonar las armas. Lo que sí creo firmemente que hay que hacer es lo que se ha acentuado desde el Pacto Antiterrorista que propusimos los socialistas. No sólo es una lucha judicial y policial, que lo es por supuesto, sino también es una lucha de toma de conciencia, esa toma de conciencia que se produjo, sobre todo, a partir del asesinato del concejal del Partido Popular de Ermua Miguel Ángel Blanco, un hombre sencillo, un trabajador. Ahora, si en los últimos momentos para que cese la violencia y se abandonen las armas hay que hablar o no hay que hablar, depende de tantas cosas que yo no lo sé, sinceramente, no intento ocultar nada. Lo que sí tengo claro es que no haría ni una sola concesión política. Creo que ETA está muy derrumbada, pero si llega el momento de dar el último paso a ver cómo lo damos, si así (tiende la mano, pero exigentemente) o así (y lanza un contundente puntapié al aire).

-Otegi ha declarado que Zapatero podría convertirse en el Blair español trazando una similitud con el proceso de paz irlandés.
-Digamos que Otegi es alguien que me resulta bastante antipático, como todos los que han ascendido y subido defendiendo la violencia. Ahora se quieren hacer pasar por unos benditos... Pero se le olvida decir que el gobierno de Blair es capaz de suspender la autonomía si lo cree necesario. ¿Eso también le parece bien? ¿Qué le parecería si el presidente español hiciese lo mismo porque alguna formación se está saliendo de madre con pactos anticonstitucionales? Son situaciones distintas, muy distintas.

-Además del trance de su atentado, ¿hubo algún momento en el que pensó que ya no podía más?
-La verdad es que durante todos estos años hemos sufrido momentos tremendos, momentos que no se pueden olvidar, como el atentado del cuartel de la Guardia Civil, en Zaragoza, donde entre otras personas fueron asesinadas, «en nombre del pueblo vasco», aquellas dos gemelitas. También fue duro perder a tantos amigos, Jáuregui, Lluch, Tomás y Valiente, Fernando Buesa, Fernando Múgica... eso me tocó mucho. Y cuando mi atentado, cuando aún existía algún riesgo de muerte, lo que más me dolió fue cómo afectó a mi familia, a mis amigos. Evidentemente, víctimas son los que han muerto, aunque quizá ellos han dejado de sufrir. Pero las víctimas también somos los supervivientes y también son víctimas los familiares, los amigos. Es terrible que alguien desaparezca, pero también lo es el rastro de dolor y de tristeza que queda, todo lo que se pierde, todo lo que se rompe.

- Supongo que le dolerá especialmente que las víctimas sean usadas como carnaza política.
-Hechos como ésos que recientemente han sucedido en Madrid me producen muchísima tristeza. Todas son víctimas. No hay víctimas de primera, de segunda... las batallas políticas no deben llegar nunca hasta ahí. Lo único que le puedo decir es que hay unas víctimas que son los familiares y amigos de los desaparecidos; otras que, como yo, han logrado sobrevivir; y otros que ya no pueden ni podrán hablar. Pero todos hablamos en su nombre, somos su mismo sentimiento y eso es lo que hay que preservar.

Varios intermediarios, en nombre de los socialistas vascos, mantienen contactos con Josu Ternera
El PSE-EE sondea con el entorno de ETA las posibilidades de que la banda entregue las armas Eguiguren ha celebrado varios encuentros con Iruín y el Parlamento vasco ha sido escenario de reuniones con dirigentes de HB
El PSE-EE sondea con ETA la posibilidad de que la banda terrorista entregue las armas. Concretamente, el presidente de los socialistas vascos, Jesús Eguiguren, ha mantenido varios encuentros con el abogado Íñigo Iruin, que ejerció la defensa de Batasuna en el proceso de su ilegalización, para analizar la situación actual del País Vasco y el fin de ETA. Además, ha enviado a intermediarios a entrevistarse con el dirigente etarra Josu Ternera. Paralelamente, los socialistas vascos mantienen encuentros con dirigentes de la formación que lidera Otegui en sede parlamentaria, con el fin de sondear las posibilidades de que sus miembros renuncien a la violencia y se puedan incorporar en diferentes listas para concurrir a las autonómicas.
Inmaculada G. de Molina La Razón 30 Enero 2005

Madrid- El PSE-EE está sondeando con el entorno de ETA las posibilidades de que la organización terrorista entregue las armas, según fuentes socialistas. En estos últimos meses y en nombre del presidente de los socialistas vascos, Jesús Eguiguren, intermediarios mantienen contactos con Josu Ternera, dirigente etarra huido de la justicia y ex portavoz de Batasuna de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes gubernamentales.

En estos momentos, se sabe a ciencia cierta que Ternera se encuentra fuera de España. Probablemente, en Francia, Bélgica o Italia. No obstante, se desconoce qué papel desempeña dentro de la organización terrorista. Desde Interior no se descarta que pueda ser uno de los jefes de la banda. Se ignora también si está enfermo o no. Fuentes solventes confirmaron a este diario que está aquejado de un carcinoma de estómago, «pero que no está tan grave como algunos piensan». Según estas fuentes, recibió tratamiento contra esta dolencia hace meses en Suiza «y ahora ya no está en ese país».

Por si acaso, la banda ya tiene relevo para él. Fuentes cercanas a las negociaciones aseguran que, «aunque no está tan grave como se especula, hay bastantes históricos que saben redactar documentos, si algo le ocurriera a Ternera». En estos momentos, casi todos los históricos de la banda cumplen sus penas en prisión.

Comunicado.
Precisamente, a Ternera se le achaca la redacción del comunicado de Batasuna del 14 de noviembre del año pasado, en el que se apuesta por la negociación del Gobierno con ETA. Además, estas mismas fuentes ven su pluma en el último comunicado de HB, una carta abierta al presidente del Gobierno, en la que la organización ilegalizada se declara no independentista y se muestra partidaria de abrir una negociación con el Ejecutivo. Esa misiva fue dada a conocer el mismo día en el que Rodríguez Zapatero se reunía con Rajoy en La Moncloa.

Además de estos contactos con Batasuna, el presidente del PSE-EE, dirigente más cercano al mundo de la izquierda abertzale, se ha reunido, en diversas ocasiones, antes y después del verano con el abogado Íñigo Iruín, defensor de la ilegalizada Batasuna y al que conoce «de toda la vida». Otras fuentes consultadas por este diario aseguran que un comisionado, de la máxima confianza de Jesús Eguiguren, podría haberse entrevistado con Mikel Antza en Francia, semanas antes de que las policías francesa y española lo detuvieran.

En estos múltiples contactos, la banda ha hecho llegar a los gobiernos central y vasco su exigencias para una entrega de las armas. La organización terrorista ha renunciado a reivindicar la libertad de todos sus presos, unos 700, como condición indispensable para una tregua definitiva. Sin embargo, reclama el acercamiento de los reclusos etarras con delitos de sangre a las cárceles del País Vasco y la salida de prisión de los que no han cometido asesinatos. Además, pide una interpretación más flexible de la Ley de Partidos Políticos para que Batasuna pueda concurrir a las elecciones autonómicas, que el lendakari Ibarreche podría convocar en junio próximo. En este sentido, fuentes nacionalistas vascas denuncian un interés electoral común entre Batasuna y los socialistas vascos para intentar arrebatar la mayoría absoluta a los peneuvistas.

Los contactos de los socialistas vasco con el entorno de ETA coinciden en el tiempo con el compromiso alcanzado por el Gobierno con el PNV antes de las vacaciones estivales para replantearse la política de dispersión de presos etarras. Según fuentes nacionalistas, el Ejecutivo está esperando un gesto que confirme la voluntad real de ETA de renunciar a la violencia para acabar con la actual política penitenciaria. En el momento en que se produzca ese movimiento, se irá acercando progresiva y discretamente a los reclusos etarras a las prisiones vascas. Esta no sería la primera ocasión en la que se cambia la política de dispersión de reclusos etarras. En 1998 el entonces ministro de Interior Jaime Mayor optó, momentos antes de que ETA declarara la tregua, por aproximar a los presos a las cárceles vascas.

El PSE-EE está manteniendo también contactos con dirigentes de la formación que lidera Otegui. El escenario elegido para esos encuentros no es otro que el Parlamento vasco. Los socialistas no descartan incluir en su plataforma, que constituirán a semejanza de la de Ciutadans por el canvi de Maragall y con la que piensan presentarse a las elecciones, a algún miembro de la formación ilegalizada, que previamente haya renunciado a la violencia. Además, facilitarán que se incorporen a otras listas electorales.

Rajoy acusa al Gobierno de excluir al PP en el debate de la reforma de la Educación
Alerta de la debilidad parlamentaria del PSOE y la pérdida de calidad por la suspensión de la LOCE
El presidente del PP, Mariano Rajoy, lanzó ayer en Madrid duras críticas contra la política educativa del Gobierno, en particular porque «no ha entablado ningún contacto» con su partido para acometer la reforma de la enseñanza. El líder de la oposición se mostró preocupado porque el Ejecutivo «se embarque en una reforma educativa de consecuencias imprevisibles en el peor escenario posible, desde su debilidad parlamentaria y su inestabilidad como Gobierno debido a los dudosos apoyos que tiene». Y alertó de que los objetivos de la reforma son «confusos y contradictorios».
Redacción La Razón 30 Enero 2005

Madrid - Rajoy clausuró ayer en Madrid la convención «Educación, calidad, libertad y equidad», inaugurada por la secretaria de Política Social y Bienestar del PP, Ana Pastor, quien defendió estos conceptos para la educación y «para el futuro del país».

A juicio de Rajoy, el objetivo de la paralización de la Ley de Calidad impulsada por el PP reside en «la demolición de las reformas» del anterior Gobierno y apreció que los objetivos de la reforma puesta en marcha son «confusos y contradictorios», sin pretensiones de dar respuesta a los verdaderos problemas.

En su opinión, las propuestas socialistas «pertenecen al pasado y donde han sido experimentadas han fracasado y abandonadas en aquellos países que las han promovido». Insistió en que eluden «una de las principales demandas de las familias españolas, la de ejercer la libertad de elegir el centro docente y dan marcha atrás en las medidas para fortalecer institucionalmente a los centros públicos y crear un clima de orden y de disciplina».

Igualdad.
Rajoy se preguntó con quién quiere hacer la reforma el Ejecutivo, si la quiere hacer, «al igual que quiere cambiar España», con sus socios parlamentarios de ERC e IU. En este escenario, fijó la posición de su partido y precisó que «defendemos el modelo educativo de la Constitución» y, por ello, una legislación básica común, «que asegure la vertebración general del sistema educativo y la cohesión social». Además, debe garantizar que «no se va a caminar hacia una España con distintas velocidades en educación», que asegure los derechos y libertades de los ciudadanos en el ámbito educativo «en condiciones básicas de igualdad sea cuál sea su lugar de residencia».

Por ello, defendió un currículo básico común, el mantenimiento de los cuerpos nacionales de profesores y la movilidad de docentes y alumnos y anunció que el PP se opondrá «con firmeza» a «todo lo que entrañe riesgos de desmembración de nuestro sistema educativo en 17 sistemas diferentes».

Rajoy apostó, para hacer más efectiva la igualdad de oportunidades, por la gratuidad infantil de 3 a 6 años y por asegurar el acceso a los estudios postobligatorios a todos los ciudadanos «con arreglo a los principios de mérito y capacidad», para lo que impulsarán una iniciativa parlamentaria para modernizar el sistema nacional de becas y ayudas.

En aplicación del principio de libertad de enseñanza, afirmó que hay que asegurar a las familias el derecho a que sus hijos reciban «el tipo de educación conforme con sus convicciones, así como la libre elección del centro docente», para lo que es imprescindible una oferta educativa plural, fortalecer la escuela pública y consolidar el sistema de conciertos educativos.

A la convención educativa del PP asistieron la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, el de Baleares, Jaume Matas, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y la ex ministra de Educación, Pilar del Castillo.

A buenas horas, mangas verdes
Nota del Editor 30 Enero 2005

Que el PP de Rajoy se rasgue ahora las vestiduras es una vergüenza, teniendo en cuenta lo que sucede desde hace muchos años en las autonosuyas (algunas bajo su bota, como en Galicia, etc., y otras con su apoyo como Cataluña) con "lengua propia" donde la enseñanza en español está laminada, lo mismo que los derechos constitucionales de los ciudadanos (de segunda) hispanohablantes.

Es una verdadera pena que la mayoría hispanohablante de España no se preocupe de los sufrimientos a los que están sometidos sus ciudadanos compatriotas por el hecho de "vivir" en una autonosuya con "lengua propia", y que además sufrirían en propias carnes caso de trasladarse a alguna de estas regiones; el ver el karaoke en las televisiones autonosuyas debería despertarles de su sueño idílico, de que España es un país constitucional.
 

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