AGLI

Recortes de Prensa     Sábado 5 Febrero 2005
Nacionalismo y soberanía nacional
Fernando Serra Libertad Digital 5 Febrero 2005

NOS QUEDAMOS SOLOS
César ALONSO DE LOS RÍOS ABC 5 Febrero 2005

Todo por un euro
Juan Pablo COLMENAREJO La Razón 5 Febrero 2005

Abrir puertas y tirar por la ventana
Cristina Losada Libertad Digital 5 Febrero 2005

Catálogo de mentiras
JOSÉ MARÍA CALLEJA El Correo 5 Febrero 2005

Dobles obediencias, triples fidelidades
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 5 Febrero 2005

La naturaleza de las cosas
Javier Pérez Royo El País 5 Febrero 2005

Tráfico quiere imponer el distintivo autonómico «a la fuerza» y que paguen los conductores que no lo quieran
F. Cancio/R. Ruiz La Razón 5 Febrero 2005

Ayuntamientos catalanes sin bandera
ABC 5 Febrero 2005

La república bloqueada
JOSEBA ARREGI El Correo 5 Febrero 2005
 

En torno al Plan Ibarretxe
Nacionalismo y soberanía nacional
Fernando Serra Libertad Digital 5 Febrero 2005

Lo llevamos oyendo durante mucho tiempo y en el reciente debate del llamado plan Ibarretxe se ha insistido en ello machaconamente: la derecha se enfrenta a los nacionalismos radicales con otro nacionalismo, el nacionalismo español, tan rechazable y excluyente como los primeros. Existen, sin embargo, dos versiones de esta falaz idea. Una la sustentan los mal llamados nacionalismos democráticos y, según esta interpretación, el nacionalismo español actual es una herencia del franquismo. Frente a este nacionalismo antidemocrático –”rabiosamente nacionalista” como lo definió el amenazante Erkoreka Gervasio del PNV–, los vascos y catalanes defienden otro nacionalismo que fue aplastado por la dictadura y que tiene por tanto un pedigrí democrático e incluso moderno. Desde esta perspectiva, es fácil comprender que ante un nacionalismo español, rabioso y vástago del franquismo, haya surgido otro violento y radical, una mera desviación del llamado nacionalismo democrático, su hijo rebelde. La otra versión es la que presenta a ambos nacionalismos, el español y el periférico, igualmente intransigentes y con aspectos tan negativos que se alimentan mutuamente a causa de la continua confrontación que protagonizan. Ante ello, la alternativa es situarse en un punto equidistante. No hace falta decir que en esta posición intermedia y equilibrada se quieren colocar los socialistas.

Lo que interesa destacar ahora es que estas interpretaciones del nacionalismo, o de los nacionalismos, encierran una total confusión sobre la naturaleza de un fenómeno que envenena como pocos la convivencia. En un reciente artículo, Edurne Uriarte ha querido echar un poco de luz en este tremendo desconcierto pero dudo de que sea acertado denominar, como ella hace, nacionalismo español a la defensa de la soberanía nacional o, simplemente, de la Nación. Dice Uriarte que “existe un nacionalismo español, sí, aunque algunos prefieran llamarlo patriotismo constitucional, y consiste en el conjunto de sentimientos y creencias alrededor de la centralidad de la nación española para la articulación territorial de nuestro Estado”. A lo mejor sólo se trata de un simple problema semántico y es posible llamar a todo nacionalismo aunque haciendo una distinción entre un nacionalismo bueno, el centrado en la supremacía de ciudadanos libres e iguales ante la ley, y uno malo, el excluyente o radical. Pero debajo de esta denominación común tiene que existir una diferencia más de fondo, de naturaleza.

Las revoluciones inglesa, norteamericana y francesa –aunque ya contaminada esta última por ideas totalitarias– significan la crisis definitiva del poder absolutista y teocrático, apareciendo en su lugar la soberanía nacional como encarnación de la supremacía del individuo, del ciudadano. La Nación, que entonces no se distingue del concepto de pueblo y de incluso Estado, estará formada por una comunidad de ciudadanos que libremente deciden definir un marco de convivencia, es decir, elaborar, acatar y defender unas leyes y una constitución en primer lugar. Esto ya se conoce sobradamente, pero hay que destacar que también la era moderna se inaugura con el reconocimiento de la soberanía del individuo en su actividad social y económica, por lo que el derecho a la propiedad privada y la libertad de contratar trabajo, capital y mercancías terminan siendo parte indisoluble de la legitimidad constitucional.

Sin embargo, frente al Estado de Derecho y a la libertad económica surgen dos enemigos que van a ser capaces de dominar todo un siglo: el nacionalismo y el socialismo. Aunque no idénticos, ambos comparten los mismos odios, la industrialización y el libre mercado; idéntico objetivo, regresar a una sociedad precapitalista, e igual principio, que el individuo deje de ser soberano para quedar otra vez sometido, esta vez al grupo, a la raza, a la clase social, al Estado o a la nación en minúscula. Es, en una palabra, el nacionalismo comunitario que tan fácilmente converge con el socialismo y termina engendrando el monstruo: el nacional socialismo. Johann G. Fichte, uno de los padres del nacionalismo “moderno” y que Engels consideró inspirador del comunismo alemán, fue tan enemigo de la libertad individual como defensor de la economía planificada. No hace falta irse tan lejos. El insigne Sabino Arana elabora su demencia racista con los últimos vestigios del carlismo, ese movimiento que tanto añoró el viejo régimen y que despertó las simpatías de Marx.

Con tantos vasos comunicantes que tienen y han tenido el nacionalismo y el socialismo, es fácil comprender que Izquierda Unida se identifique tanto con el nacionalismo más radical y que el PSOE sienta una atracción irrefrenable hacia los nacionalismos excluyentes. Pero es de naturaleza tan radicalmente opuesta el nacionalismo y la defensa de la soberanía nacional, que es difícil admitir que puedan denominarse con la misma palabra.

NOS QUEDAMOS SOLOS
Por César ALONSO DE LOS RÍOS ABC 5 Febrero 2005

HASTA el lunes pasado Zapatero ha podido disimular ante su clientela electoral, mal que bien, el real aislamiento internacional de España. La parte más cerril de los intelectuales orgánicos, los periodistas convertidos en propagandistas y, por supuesto, el gran aparato del Partido Socialista no ha querido reconocer la situación ancilar de España en relación con Francia y Alemania. Humillante papel. Triste papel. Y costoso. Desde el punto de vista del protagonismo internacional España ha pasado de la foto de las Azores a la representación de un papel de meritorio en la Unión Europea. Desde el punto de vista de los intereses económicos, la ruptura (real) de relaciones con Estados Unidos está suponiendo castigos muy duros para nuestras exportaciones. Y ¿para cuándo el embajador?

Desde el lunes es imposible ocultar la patética soledad en la que «está» España. Al día siguiente de las elecciones de Irak el presidente Bush (ese político primario y criminal, al decir de los dirigentes progresistas españoles) mantuvo largas conversaciones telefónicas con Chirac y Schröder.

Todo parece indicar que después de haber conseguido el éxito de la celebración de elecciones en Irak, el presidente Bush quiere contar con la llamada «vieja Europa». No es tanto una petición o, al menos, no es sólo una petición de Bush al «eje» cuanto una mano tendida. Quizás el acuerdo para la construcción de un Irak democrático sea el comienzo de un nuevo atlantismo y el reconocimiento de la necesidad del multilateralismo. Condoleeza Rice mantendría así el objetivo de llevar la libertad -imponerla si es preciso- a los puntos más peligrosos del planeta sin más corrección que la de perdonar a Francia y a Alemania.

¿Y España? ¿Dónde quedaríamos nosotros?

TODAVÍA Zapatero explicaba en el debate parlamentario sobre el plan Ibarretxe las razones que le habían asistido para enfrentarse a los Estados Unidos. Las exhibía orgullosamente, como un ejemplo de coherencia. Al oírle, llegué a sentir vergüenza como ciudadano y desde luego temor. La inconsciencia y la ignorancia de Zapatero nos acarrearán inseguridad y daños irreparables en nuestra autoestima. Al fin y al cabo él es nuestro presidente. Para mi desgracia es «mi» presidente. Él sigue a piñón fijo en el antiamericanismo, sin percatarse de la situación a la que ha llevado a España. El nieto del capitán Lozano piensa que va al paraíso con esa nueva clase obrera que representan Chávez, Fidel Castro y la Academia Española de Cine.

SI el 11-M le arrebató la victoria electoral al PP, al Partido Socialista le condenó a un primitivismo de izquierdas que no por ello tiene el encanto de lo naíf, sino la elementalidad del rencor de clase, el resentimiento del laicismo y la demagogia del antiimperialismo. Y digo que nada de esto se produce sin altos costos. Quizá el más llamativo de todos los «desaires» que España pueda recibir a causa del antiamericanismo sea la pérdida de los Juegos Olímpicos. Es posible que Chirac le pidiera a Bush, a su enemigo Bush, al criminal Bush, en su larga conversación telefónica del lunes, que eche una mano a la candidatura de París, como contraprestación a su apoyo a la construcción democrática de Irak.

Si eso sucediera, que la Academia Española de Cine le invite a Zapatero a una visión de «Olimpiada», de Leni Riefenstal. Quizá el hecho de que los JJ.OO. pueden haberle servido a Hitler le compensen de la privación de ellos.

Todo por un euro
Juan Pablo COLMENAREJO La Razón 5 Febrero 2005

El redactor del plan alternativo del PSOE para el País Vasco, Emilio Guevara, explica con sencillez el problema que tanto preocupa y sobre todo agota al ciudadano. Es cuestión de un euro. El euro de cada diez que no recaudan y gestionan las instituciones vascas. Tienen un sistema de privilegio fiscal, al igual que Navarra, único en la UE. Los nacionalistas quieren meter en la bolsa la moneda que falta, porque con toda la pasta en el zurrón, la independencia es cuestión de tiempo y de debilidad del contrario. Frente a eso los socialistas, con el presidente Zapatero al frente, proponen que cincuenta céntimos para cada parte. Es decir, empezar a meter otras manos a la caja única de la Seguridad que en la actualidad es competencia exclusiva del Estado. Pero no sólo eso, porque los propios socialistas abren la posibilidad de trocear el Poder Judicial, dar pie a que la Comunidad Autónoma Vasca nombre magistrados del Constitucional o de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

La Constitución de 1978 ha permitido la independencia fiscal, educativa, sanitaria, cultural, mediática y policial del País Vasco. En la vida cotidiana de los ciudadanos la administración general del Estado sólo existe en la expedición del DNI y en las cuotas a la Seguridad Social.

Para la mentalidad nacionalista no es suficiente. Lo que sorprende es que la izquierda española que asegura representar el PSOE esté contagiada de ese mensaje. La única razón de esta estrategia es la del poder. Gobernar en el País Vasco con el PNV es el sueño de unos cuántos socialistas. Si es necesario partir en dos el euro que falta no les va a importar. El revisionismo constitucional que tiene en la cabeza Zapatero borra del mapa a la nación española nacida en 1812 como un primer intento de la creación de un Estado liberal y moderno.

Ahora el nacimiento de la España plural sólo busca una alianza entre ese sector del PSOE y los nacionalistas. Hay una especie de enamoramiento por parte de una izquierda que rompe con la tradición de sus planteamientos. Por eso nadie entiende la sonrisa de Zapatero y el látigo de Rubalcaba en la misma tarde. El guión lo tenían así preparado. Uno habló para contentar a los Carod y compañía que le miraban desde la tribuna y otro recordó que el PSOE defiende el modelo constitucional y nacional del 78. No hay que perder votos pero la contradicción se terminará notando cuando las decisiones que se tomen tengan que molestar a alguien.

PSOE y nacionalistas
Abrir puertas y tirar por la ventana
Cristina Losada Libertad Digital 5 Febrero 2005

El mensaje de ZP el otro día en el Congreso, condensado en la frase “si vivimos juntos, juntos debemos decidir”, fue de tal profundidad que no pudo ser captado, en todo su significado, a la primera. Cierto que Ibarreche le replicó con aquello, igualmente profundo, de “tenemos que poder decidir vivir juntos”, pero no parece descabellado pensar que habían intercambiado previamente algunas ideas para sus respectivos discursos. Conjetura abonada por la observación de que el lehendakari dormitaba mientras Rodríguez recitaba su salmodia sobre la alianza de las civilizaciones nacionalista y socialista.

Por la dificultad del mensaje, tuvieron que salir a esclarecerlo a posteriori, para instrucción de los simples mortales que no pasaríamos ningún test psicotécnico, los hagiógrafos del presidente y él mismo. Congruente con el tono doméstico de la gran frase, ZP ofreció su aclaración en la barra de un bar. Si los periodistas que le escucharon trasmitieron bien la lección, y no hay razones para dudarlo, la joya que brilla bajo la aparente tosquedad de su mensaje, es doble, o sea, que da para una pareja de pendientes, que sin embargo, no nos podremos poner hoy, sino mañana. Pues el suyo era un discurso cargado de futuro. En lo que también coincidió con Ibarreche, quien dijo aquello de que el futuro le pertenece. Sólo Rajoy era, según nos explicaron, el chico de ayer.

Hegel pensaba que el presente estaba preñado del futuro y ahora el quid del mensaje de Rodríguez es que el futuro no debe conservar nada del presente. Por eso, el mañana despuntaba alegre por su discurso de puertas abiertas, que anunció un tiempo nuevo, un nuevo proyecto, una realidad nueva. Con picos y palas querían los artistas italianos, los futuristas que saludaron el advenimiento de Mussolini, no dejar piedra sobre piedra de las antiguas ciudades. Y estos arrebolados de futuro quieren abrir puertas para que la corriente barra la antigua nación, la aún joven, pero para ellos ya inservible, como doncella ajada, Constitución. Pues nuestra unión, dijo el presidente, no es un tributo a la Historia ni un apego a una bandera. Debe de ser por eso que se falsifica la primera y se retira la segunda.

Como el presente todavía no es el futuro, el segundo plano, y nunca mejor dicho lo de plano, del discurso, tenía un sentido táctico: ganarle la mano al PNV en las elecciones vascas. Apelar al votante nacionalista moderado ofreciéndole una alternativa. Distinta, pero casi igual, igual, pero un poquito diferente. Esto le ha valido a ZP la consideración de jugador audaz y equilibrista hábil. Aunque también podría compararse al pequeño zorro del que habla el I Ching, ése que cuando casi ha consumado la travesía, hunde la cola en el agua, o sea, se cae al agua helada. Pero, ¿y si no sea cae? La cuestión, sin embargo, no es esa, sino otra. Se caiga o no, ya ha metido a la nación en la travesía. Ya camina con el rumbo que imprimen las minorías nacionalistas. Ya ha legitimado sus aspiraciones soberanistas. Y ya ha aceptado, de facto, el pago de un precio por la paz. El PSOE se ha puesto la camiseta nacionalista para jugar en su campo y ahora lo de menos es si va a ganar el partido o no. Lo grave es su disposición a tirar nuestros muebles por la ventana.

Catálogo de mentiras
JOSÉ MARÍA CALLEJA El Correo 5 Febrero 2005

Primero dijo que no se apoyaría en ETA-Batasuna para nada, y ahí esta el plan para crispar, bendecido por los votos de la banda. Luego dijo que el referéndum sería en ausencia de violencia, y ahí está esa convocatoria electoral mediopensionista -mitad referéndum, mitad autonómicas- cuando todavía no se han reparado los desperfectos y el miedo de la bomba de Getxo. Antes el problema era Aznar, al que se presentaba como culpable de la radicalización que supone el plan divisor; ahora está Zapatero, obsesionado por situarse en las antípodas del anterior presidente, y resulta que es cuando la maniobra propagandística del nacionalismo para seguir en el poder se pone de largo en el Congreso y se somete a votación. Por si queda alguna duda del catálogo de mentiras con el que el régimen nacionalista pretende perpetuarse en su situación de privilegio, ahí está el cinismo de pedir que se legalice a los de HB, cuando desde el minuto uno este plan está destinado a succionar el máximo posible de votos de los radicales, visto que se había tocado techo en el electorado templado. Ibarretxe tiene prisa y le vendría fatal la legalización de HB, porque entonces no se podría llevar de ese caladero los votos con los que espera conseguir la mayoría absoluta. Vale ya de cinismo.

La mentira más gorda, y mira que el nivel es alto, consiste en presentarse como representante exclusivo del pueblo vasco; un pueblo al parecer único, sin fisuras, sin matices, en el que, como le gustaba a Franco, todos los buenos vascos le apoyan y los que no apoyan al lunático es que no son vascos. Mientras él asume arrogante el papel de caudillo, la soberanía del Congreso de los Diputados, que representa a cuarenta y dos millones de españoles, en la que hay más diputados vascos del PP y del PSOE que la suma de todos los nacionalistas, se despacha de forma machacona, tramposa y antidemocrática, como 'el pacto de Rajoy y Zapatero', dos mindundis, al parecer, que apenas suman 22 millones de votos, según repite su mentirosa propaganda.

Ha podido hacerse un publirreportaje en el Congreso; se ha violentado el Reglamento para que hable, de saque, 32 minutos y no 10, para que tenga luego réplica, dúplica y dos huevos duros; le han sentado en un escaño cuando no es diputado y por tanto no tiene derecho a ese asiento, se le ha puesto alfombra de amabilidad, ni una palabra más alta que otra... Es igual, la deslealtad intrínseca del nacionalismo vasco le impedirá reconocerlo: entiende que la soberanía popular de 42 millones de españoles, vascos incluidos, es una minucia si se compara con su plan apoyado por ETA.

Estamos asistiendo a una gigantesca operación propagandística, a un golpe de Estado contra la democracia, adobado de prepotencia, mentiras y desprecio a las víctimas del terrorismo. No se quiere hablar del terrorismo nacionalista vasco, ése que va a impedir que gentes como Buesa y Ordóñez, Casas o Iruretagoyena puedan votar en las próximas elecciones plebiscitarias. Estábamos jugando una partida de ajedrez, le pega una patada al tablero y con aire de falsa ingenuidad pregunta: ¿Qué hay de malo en ello? En la campaña de mentiras a go go, se nos dice ahora que hace falta un Suárez; alguien valiente. Bueno, pues que tome nota Zapatero sobre cómo las gastan los nacionalistas vascos. Al Suárez que dicen echar de menos, el PNV le montó una campaña de boicot, de declaración de 'persona non grata', con pronunciamientos en los ayuntamientos controlados por el régimen nacionalista, cuando el aquel entonces pisoteado presidente osó decir que quería visitar el País Vasco. Ya llevamos casi treinta años de democracia, tiempo suficiente para saber cuál es el juego de un nacionalismo vasco insaciable, despectivo con la democracia y con los que no son nacionalistas, y que quiere tener todas las ventajas políticas del autogobierno, y de la independencia, sin ninguno de los inconvenientes económicos. Ya saben: todas las cajas vascas esparcidas por toda España, casi ninguna caja española aquí.

Madrazo, que juega ahora el mismo papel que aquéllos que nos explicaban por qué ETA mataba a unas víctimas determinadas, ha dicho que es necesario convocar una manifestación a favor del plan crispador, para saber lo que piensa la sociedad vasca. Bueno, hasta ahora, que yo sepa, ha habido dos manifestaciones, cada una con más de cien mil vascos asistentes, en las que se pedía que el nacionalismo no fuera obligatorio y se decía que con violencia no es plan, sino chantaje, y que el mejor plan era la Constitución. A ninguna de las dos fue Madrazo, claro. Hubo otra, la primera convocada por ¿Basta Ya!, en febrero de 2000, en la que bajo una lluvia infame miles de vascos salieron a decir que se puede ser vasco y no nacionalista; dos de sus asistentes, Buesa y López de Lacalle, fueron asesinados más tarde y un tercero, José Ramón Recalde, salvó la vida de milagro. Por cierto, Recalde, persona extremadamente crítica con el PP, ha recordado que el PNV engaña a los socialistas desde la época de Ardanza y sostiene que hemos pasado de un cínico, Arzalluz, a un fanático, Ibarretxe ('Abc', domingo 30 de enero).

El catálogo de mentiras es interminable, pero hay una que dice Ibarretxe y que resulta especialmente dolorosa: del País Vasco no se ha tenido que ir nadie. Hombre, hasta el fanatismo tiene límites, no se puede ser tan ajeno al desgarro de tantos vascos. Mira, Juanjo, se han tenido que ir: familiares de víctimas del terrorismo, que después de perder a su ser querido se han exiliado con lo puesto; empresarios sometidos a la extorsión por parte del terrorismo nacionalista vasco -hay extorsión, ¿sabes?-; políticos amenazados, gentes anónimas a las que sencillamente se les hacía insoportable el clima de linchamiento contra los vascos del PP y del PSOE; policías, no sé si sabe el lunático que hay ertzainas que viven en Cantabria y que uno de los asesinados por ETA el 21 de noviembre de 2001 vivía en la provincia de Burgos. ¿Cómo se puede ser tan cínico? ¿Cómo se puede mentir de esta forma? ¿Cómo se puede insultar así a tantos y tantos vascos que viven en Alicante, Valencia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Madrid, Canarias...?

No sé qué más insultos a la inteligencia y a la democracia tiene que proferir para que algunos de los que aún piensan en votarle se den cuenta de su catadura moral y se percaten de cómo no hace falta que se haya aplicado su delirio para que la sociedad vasca esté ya más dividida, más crispada y más insegura que antes de esta brillante idea; mucho más crispada, incluso, que cuando ETA mataba a razón de veinte o treinta personas al año. Por cierto, si ETA no mata desde mayo de 2003 es gracias al éxito de una política antiterrorista a la que siempre se ha opuesto el gran crispador.

PSC
Dobles obediencias, triples fidelidades
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 5 Febrero 2005

“El Parlament de Cataluña manifiesta su total apoyo a la Constitución Europea como marco jurídico de convivencia dentro de la Unión Europea y, en este sentido, emplaza a los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña a ratificarla participando con su voto en el referéndum que se ha convocado para su aprobación”. Este es el aséptico texto de la moción contra la que ha votado el PSC en la cámara autonómica. Después de este alineamiento del partido de Pasqual Maragall con ERC y en contra de todas las tesis que defiende el PSOE, es de esperar que ningún socialista vuelva a afirmar que Rajoy habla por la boca pequeña cuando pide el sí en el referéndum. En el caso de que así sea, ellos ya no pueden denunciarlo.

Por otro lado, el mismo día en que esa moción se rechazaba, la Junta Electoral Central avaló las pretensiones del PSC en cuanto a su tratamiento televisivo de cara al referéndum. Es ya un hecho que el PSC es, a todos los efectos, un partido diferente del PSOE. En los estatutos internos siempre ha sido así, pero ahora ese viejo apaño interno tiene consecuencias reales inmediatas. Una de ellas es que la televisión pública deberá tratar al PP como lo que es: el primer partido de España. Otra es la constatación de que el PSC está dispuesto, cuando lo considere conveniente, a plantear recursos ante organismos públicos en contra de los criterios del PSOE. Sólo es cuestión de tiempo que el socialismo catalán vuelva a tener grupo parlamentario propio en las Cortes. Cuando eso llegue, no habrá ningún argumento capaz de impedir que los socialistas vascos gocen del mismo privilegio.

Son señales de descomposición orgánica de uno de los dos partidos sobre los que ha girado la estabilidad política española. Si como resultado del reciente pacto Zapatero-Rajoy empiezan a surgir discrepancias con Maragall sobre el nuevo estatuto catalán, la especificidad del PSC, con su sistema de dobles obediencias (PSC, PSOE) y triples fidelidades (PSC, ERC, PSOE), y con su propia agenda de grandes cambios, marcará el inicio de un conflicto de muy difícil resolución.

Es cierto que por el momento la voluntad de Maragall es proponer al Congreso un proyecto que pueda asumir no sólo el PSOE sino también el PP. Pero no lo es menos que resulta casi imposible imaginar al socio republicano ajustando sus pretensiones a ese deseo de momento aparentemente compartido por Maragall y Zapatero, por un lado y por Piqué y Rajoy, por otro.

Se mire como se mire, la principal garantía de estabilidad institucional desde la transición ha sido la existencia de dos formaciones de ámbito nacional en cuyo seno caben todo tipo de matices y de enfoques autóctonos, pero no las dobles obediencias. Algunos han recordado la relación PP-UPN, pero los espacios electorales que corresponden a los navarros sólo mostrarán la propaganda que se envía desde la calle Génova.

La naturaleza de las cosas
Por Javier Pérez Royo El País 5 Febrero 2005

Para que una negociación política sobre la articulación territorial del poder sea posible es preciso que los protagonistas de la misma compartan unas premisas que no pueden ser siquiera sometidas a discusión. Si no se pisa un suelo común, no hay negociación. Habrá otra cosa, pero no negociación.

Una negociación sólo es posible cuando hay algo que es innegociable. Sobre la innegociabilidad de ese algo se sustenta la negociabilidad de todo lo demás. No es verdad que en una negociación se pueda discutir todo. Se puede discutir casi todo, pero no todo. La diferencia entre ese casi todo y todo es la que media entre una negociación y una ruptura.

En el proceso constituyente de 1978 acordamos que ese algo innegociable era el principio de unidad política del Estado y el reconocimiento del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran España. Con base en ese pacto se constituyeron todas las comunidades autónomas.

En un proceso de negociación directa con el Estado, las provincias que se constituyeron por la vía del artículo 151 CE. Y sin esa negociación directa, las que se constituyeron por la vía del artículo 143 CE. La unidad del poder constituyente del pueblo español fue reconocida expresamente en todos los procesos estatuyentes. Es el fundamento en el que descansa el ejercicio del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones.

Es el fundamento de la autoridad tanto de los órganos constitucionales del Estado como de los de las comunidades autónomas. Si no aceptamos residenciar la titularidad del poder constituyente de manera exclusiva en el pueblo español, toda la estructura del Estado se viene abajo. A partir de ese momento se puede discutir todo, pero no se puede negociar nada.

Este es el problema de fondo que plantea la propuesta de Ibarretxe. Formalmente, el lehendakari la presenta como una propuesta para la negociación. Incluso parece que la divisa "Por la negociación" es la que va a presidir la campaña electoral del nacionalismo en las próximas elecciones autonómicas. Y sin embargo, materialmente, su propuesta no es de negociación, porque niega las premisas en las que descansó el pacto entre el Estado y las provincias vascas que hicieron posible la constitución política por primera vez en la historia del País Vasco.

La propuesta de Ibarretxe supone la negación de la unidad del poder constituyente del pueblo español, esto es, la negación del fundamento en el que descansa el Estado de las Autonomías. Y eso los órganos constitucionales del Estado no lo podrán aceptar nunca, porque desaparecería el fundamento de su propia legitimidad.

La propuesta de reforma aprobada por el Parlamento vasco pide al Estado español que renuncie a su propia legitimidad, con la finalidad de que el País Vasco tenga la que quiere tener. Renuncien ustedes a su legitimidad para que yo pueda tener la mía. Eso no es negociable. Ni en el Pleno ni en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, aunque creo que se debería haber agotado esa instancia. Pero el resultado hubiera sido el mismo.

Con esa propuesta no hay nada que negociar. Entre otras cosas porque el marco constitucional que tenemos no lo permite. Y si a eso el nacionalismo vasco no le da mucha importancia, los demás sí se la damos.

Esto va a continuar siendo así, independientemente de cual sea el resultado electoral del 17 de abril. Mientras la propuesta de reforma estatutaria que venga del Parlamento vasco lo sea en los términos que ha venido ésta, el rechazo estará garantizado. Como decimos los juristas, ese rechazo está en la propia naturaleza de las cosas, en la propia naturaleza del bloque de constitucionalidad, Constitución y Estatuto de autonomía, mediante el cual se articula la estructura del Estado.

Tráfico quiere imponer el distintivo autonómico «a la fuerza» y que paguen los conductores que no lo quieran
Los usuarios contrarios a esta medida podrán suprimirlo en automóviles nuevos si abonan 18 euros por otras placas
Tráfico no se rinde. La polémica por la inclusión o no de distintivos autonómicos en las matrículas de los vehículos vuelve a estar servida. A pesar de que el Ministerio de Interior había «aparcado» temporalmente el cambio de placas debido al rechazo de la mayoría de los españoles y de seis autonomías, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha planteado una nueva posibilidad. Según fuentes de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, la DGT ha propuesto al Foro de la Automoción que el distintivo se incluya «forzosamente» en las matrículas de los coches nuevos. Sin embargo, si un conductor no desea llevar el escudo de su comunidad, podrá quitarla. Eso si, desembolsando 18 euros.
F. Cancio/R. Ruiz La Razón 5 Febrero 2005

Madrid- La polémica vuelve a estar servida. Después de que hace apenas dos semanas el Ministerio del Interior «aparcase» la idea de introducir distintivos autonómicos en las matrículas de los vehículos por la oposición ciudadana en las encuestas y la negativa expresa de seis autonomías al nuevo sistema, tal y como adelantó LA RAZÓN, la Dirección General de Tráfico (DGT) vuelve a la carga por la «presión» de los nacionalistas catalanes. No se rinde en su empeño de que las placas de los coches muestren un escudo de la comunidad autónoma a la que pertenecen.
A pesar del rechazo ciudadano y del sector automovilístico y las pérdidas que supondría el cambio, Tráfico hace una nueva propuesta: que todos los vehículos nuevos incluyan «forzosamente» el distintivo autonómico en sus placas. Esta iniciativa surgió durante una reunión reciente entre los presidentes de las ocho asociaciones que forman el Foro de la Automoción, las más beligerantes con la medida, y el director general de la DGT, Pere Navarro, que fue quien la propuso, según confirmaron ayer a este periódico fuentes de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC).

Matrículas «limpias».
Pero la propuesta no queda ahí. Si un conductor no desea llevar en su placa el emblema de su comunidad autónoma deberá abonar la cantidad de 18 euros –lo que cuesta cambiar la matrícula por otra nueva– con los mismos números y letras que la original. Eso si, sin ningún tipo de distintivo.

Las distintas asociaciones no han visto con malos ojos la nueva iniciativa planteada por Tráfico, la cual consideran «correcta para el sector» al ser «voluntaria». Además, según explicó a Efe el presidente de ANFAC, Juan Antonio Fernández de Sevilla, esta posibilidad «anula los factores perniciosos para la economía del mercado de segunda mano, así como los riesgos de deslocalización de las empresas de alquiler de automóviles».

Sin embargo, estas organizaciones, habían criticado en numerosas ocasiones la posibilidad de que el distintivo forme parte de las matrículas de los vehículos españoles, algo que, según alertó el pasado mes de octubre José María Cuevas, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), costaría 66 millones de euros, por lo que solicitó que su inclusión fuese voluntaria.

La propuesta que ahora plantea Tráfico podría considerarse voluntaria, pero no como requería la CEOE. No habrá obligatoriedad de llevar una enseña, pero vendría «de serie» en los vehículos nuevos y, en el caso de que un conductor no esté de acuerdo con esta medida, podrá quitar dicho distintivo comprando unas placas nuevas y desembolsando la cantidad de 18 euros. En el caso de los coches de segunda mano, no se contempla la posibilidad de que tengan que incluir cualquier bandera o insignia.

La DGT precisó el pasado 24 de enero que la posibilidad de incluir distintivos autonómicos en las placas «estaba en fase de estudio» y ayer aseguraban que «por el momento, no había ninguna decisión tomada al respecto».
El diputado del PSC en el Congreso, Daniel Fernández, informó hace unas semanas que seguía en pie «el compromiso ministerial para encontrar una solución para la identificación autonómica» en las matrículas. Aseguró, además, no tener constancia «de que el tema este parado» y garantizó la total «voluntad por parte del Gobierno de llevar a cabo dicha modificación, tal y como anunció la consejera del Interior de la Generalitat, Montserrat Tura».

Pérdidas millonarias.
La medida del cambio de matrículas, propuesta en el Congreso de los Diputados hace ocho meses por CiU, tampoco sentó bien dentro del mercado de vehículos de segunda mano y de ocasión. El Foro de la Automoción ya alertó hace tiempo de que este cambio supondría pérdidas millonarias a este sector. Algo respaldado por las cifras, ya que desde que se eliminaron los distintivos provinciales, hace ya cuatro años, el volumen de negocio de estas empresas aumentó cerca de un 27 por ciento.

El motivo es claro.
Son muchos los conductores que se muestran recelosos a la hora de comprar un coche de segunda mano matriculado en una comunidad autónoma concreta. ¿La razón? El ya conocido vandalismo que reina en determinadas ciudades.
«Un residente de la Comunidad de Madrid no quiere circular con un vehículo con matrícula de Barcelona, y viceversa, de manera que determinadas siglas provinciales cierran la venta de segunda mano y eso supone una depreciación del coche en el mercado de ocasión», ha asegurado a este periódico Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados.

Una medida sin respaldo ciudadano
La posibilidad de que las matrículas vuelvan a lucir un distintivo autonómico no parece gustar a los conductores españoles. Así quedó reflejado en una encuesta elaborada por Celeste-Tel para LA RAZÓN y publicada el pasado día 9 de octubre. Según los datos obtenidos, el 60 por ciento de los encuestados rechazaba un cambio en las placas y cerca del 40 por ciento consideraban que las nuevas placas introducidas en septiembre de 2000 sin ningún tipo de distintivo ni letra– era la mejor medida.

Además, aseguraban que esta medida debería ser voluntaria (47 por ciento), frente al 22,67 que consideraban que tendría que ser obligatoria. Es más, un 41, 83 por ciento de las personas entrevistadas veían con mejores ojos las placas que actualmente existen y cerca de un 47 por ciento creía que la decisión de volver a corregir las placas se debía a la presión de los socios catalanes del actual Gobierno.

Pero el dato que más preocupa y llama la atención a la mayoría de conductores es el «peligro» de sufrir daños en el propio vehículo en determinadas comunidades a la hora de hacer un viaje. Ante esto, más de la mitad de los encuestados aseguraron que los actos vandálicos «resucitarían» en el caso de incluir la comunidad de origen en las matrículas.

Además de los ciudadanos, otras cuatro autonomías y dos ciudades autónomas rechazan el cambio de matrículas. En concreto, Madrid, Valencia, Islas Baleares, Murcia, Ceuta y Melilla se mostraron totalmente contrarias de cambiar el sistema actual. Otras comunidades como Galicia, La Rioja, Asturias, Navarra, Andalucía o Aragón evitaron pronunciarse al respecto, a la espera de conocer una respuesta concreta por parte del Gobierno.

Ayuntamientos catalanes sin bandera
ABC 5 Febrero 2005

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) deberá pronunciarse respecto a la posible ilegalidad de la retirada de la bandera española en un total de 174 ayuntamientos catalanes. Convivencia Cívica Catalana (CCC) ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el alto tribunal catalán, al considerar que la ley obliga a los consistorios a colocar la bandera de España en los edificios municipales. CCC basa su recurso en la Constitución española y en la Ley 39/1981 que regula el uso de la bandera de España y de otras banderas y enseñas. La acción judicial tiene lugar después de que esta asociación cursara un requerimiento a esos 174 ayuntamientos para que cumplieran con esa «obligación legal» y denunciara los hechos ante el delegado del Gobierno en Cataluña. Al no prosperar esta vía, CCC acude al TSJC para poner fin a lo que califica de «actitud antidemocrática» y de «ofensa» a la Constitución española.

La república bloqueada
JOSEBA ARREGI El Correo 5 Febrero 2005

Hace una década, para algunos analistas, Alemania pasaba por ser el ejemplo más excelso de un capitalismo distinto al neoliberalismo anglosajón. Autores como Manuel Castells presentaban a Alemania y a Japón como dos modos opuestos diametralmente a la forma neoliberal y salvaje de hacer economía de EE UU y Gran Bretaña. Una muestra de que el futuro no suele compadecerse de los pronosticadores, pues tanto Japón como Alemania pronto entraron a ser los países enfermos económicamente del mundo occidental.

La Alemania que tanto se cita en nuestros debates políticos en torno a la reforma de los estatutos, a la reforma del Constitución y del reparto territorial del poder ha llamado en los últimos tiempos la atención por los esfuerzos que ha tenido que hacer para reformar su modelo de Estado de bienestar, reforma que probablemente no ha terminado aún.

Menos se ha comentado lo que los mismos alemanes han denominado 'la madre de todas las reformas', el intento de reformar la estructura federal del Estado. Una reforma que no tiene como meta que Alemania deje de ser República federal, sino convertir el sistema federal en un sistema que deje de bloquear y hacer casi imposibles las reformas que el sistema necesita. Ya que Alemania y su sistema federal son ejemplo recurrente de la federalización deseada para España, quizá sea conveniente mirar de cerca ese intento de reforma. Y digo intento porque, después de un año de duras negociaciones, la reforma ha fracasado de momento: la comisión creada para ello no ha sido capaz de consensuarla en el plazo fijado de un año. Son los propios alemanes quienes, en vista del fracaso, hablan de la república bloqueada.

Conviene comenzar por indicar que la reforma constitucional planteada en Alemania ha sido acometida por una comisión creada al efecto y liderada por el presidente del gupo parlamentario mayor en la Cámara baja, Franz Munteffering -presidente del SPD- por un lado, y por Edmund Stoiber -ministro-presidente de Baviera-, por otro. Uno en representación del Parlamento, otro en representación del Bundesrat, de la Cámara alta o territorial. Porque aunque no se trate de cambiar de constitución, sí supone, de ser llevada a cabo, retoques importantes en su estructura federal. Y por ello no puede plantearse vía mayoría absoluta, sino vía dos tercios del Parlamento: todo lo que implica definición de una sociedad no puede plantearse a partir de una mayoría absoluta, sino sólo por el camino del consenso.

El segundo punto de partida ha sido constatar que la evolución del federalismo en Alemania había conducido a una situación en la que, de un lado, las reformas eran, si no imposibles, sí extremademente lentas y difíciles; por otra parte, los ciudadanos sabían cada vez menos quién era responsable de qué decisión. Y en tercer lugar, la comisión de mediación -entre la Cámara baja y la Cámara alta en casos de veto de ésta- se había constituido en órgano legislativo no previsto constitucionalmente en esa condición.

Si en los inicios de la república la previsión constitucional era que el 10% de las leyes aprobadas por el Parlamento alemán requirieran también la aprobación de la Cámara territorial, ese 10% se ha convertido con el paso del tiempo en un 60%. De ahí el bloqueo y la dificultad de aprobar reformas con decisión y rapidez. Este aumento del poder de veto de la Cámara territorial ha ido en paralelo al aumento competencial de la federación en detrimento de los länder, de los Estados: poco a poco, y la mayoría de las veces vía financiación, el sistema federal se había desequilibrado a favor del Gobierno federal.

La voluntad de la que partía la comisión para reformar el federalismo constaba de dos partes: reducir la participación legislativa de la Cámara territorial, dejándola en un 30% de leyes -desde el 60% actual-, y aumento de las competencias de los länder. En palabras de un ministro-presidente -Peter Müller, del Sarre-, se trataba de reducir la capacidad legislativa de los länder vía Cámara territorial a cambio de adquirir mayor capacidad reglamentaria en cuestiones decididas por el Parlamento. Y todo esto en el contexto de un federalismo de ejecución: casi todas las cuestiones decididas por el Parlamento alemán son ejecutadas no directamente por una administración propia al Gobierno federal, sino por las administraciones de los länder y por las administraciones municipales.

El camino para reducir la participación en la función legislativa de la Cámara alta consistía en centrarse en las competencias previstas constitucionalmente: las cuestiones fiscales, cuestiones de política exterior que afectan directamente a los länder, cuestiones policiales y de inmigración. Los länder han estado dispuestos a esta reducción en capacidad legislativa vía Cámara alta. A cambio iban a recibir competencias en cuestiones de salarios de funcionarios y, en general, del derecho de funcionarios, en cuestiones de medio ambiente y de protección civil, manteniendo la primacía en asuntos de educación, aunque el Gobierno federal seguía con la competencia de fijar las condiciones de entrada en la universidad y las condiciones de reconocimiento de los títulos universitarios.

Los länder habían aceptado, también, participar financieramente en posibles sanciones de la Unión Europea -en caso de incumplimiento del Pacto de Estabilidad-, así como la ampliación de las competencias del Gobierno federal en cuestiones de lucha antiterrorista.

¿Dónde ha estado el principal escollo? Aparte de que existían debates en cada una de las cuestiones -la ministra de Agricultura y Consumo (de los Verdes) pretendía recortar las competencias de los länder en el control alimentario, la ministra de Justicia (socialdemócrata) quería reducir la participación de los länder en la política europea, el ministro de Interior (socialdemócrata) aspira a elevar las competencias del Gobierno federal en cuestiones de inmigración y lucha antiterrorista-, los länder, especialmente los gobernados por los cristianodemócratas, se han cerrado ante las pretensiones del Ejecutivo federal de entrar en competencias educativas, tanto a nivel universitario -el Gobierno rojiverde quisiera, por ejemplo, impedir por ley federal que las universidades puedan cobrar tasas de estudios- como en cuestiones de investigación universitaria, aunque también, vía ayudas financieras especiales, en la educación primaria y secundaria.

La argumentación de estos länder ha sido doble. Un argumento de hecho: los länder gobernados por los cristianodemócratas están en el estudio PISA más cerca de Finlandia -uno de los países líderes- que de los länder gobernados por los socialdemócratas. Un argumento conceptual: para la política educativa en todos los niveles es bueno que exista competencia entre los distintos länder.

Es preciso indicar, para entender el significado de este debate, que todo él se lleva a cabo en el contexto del principio jurídico y político de la Bundestreue: el todo es leal con las partes, y las partes son leales con el todo. También es preciso subrayar que el sistema fiscal alemán es tremendamente complejo: existen impuestos exclusivos de la federación, de los länder y de los municipios. Pero también impuestos comunes que se reparten entre los distintos niveles administrativos. Y la competencia está repartida en competencia normativa, competencia de gestión del ingreso y competencia de gasto, sin que las tres se correspondan. Por esta razón, una de las críticas más radicales al intento de reforma del federalismo la ha pronunciado quien fue presidente de Alemania y, antes, del Tribunal Constitucional, Roman Herzog: sin una reforma del sistema fiscal en cuanto al reparto de los ingresos y de las competencias normativas se refiere, no es posible una verdadera reforma del federalismo. Pero esta cuestión ni se ha planteado.

Quizá convenga apuntar dos ideas para terminar: la tendencia de la reforma, bajo el eslogan de desenredar la madeja de responsabilidades políticas, apunta hacia una mayor capacidad legislativa en exclusiva del Parlamento alemán. Y todo ello se produce en un contexto en el que el ministro-presidente de Baviera quiere ser canciller de Alemania, y el que era ministro-presidente del Norte del Rin y Westfalia, el länd más poblado -más de 18 millones de habitantes- dejó sin dudas su puesto para ser el ministro de Economía en el Gobierno del canciller Schröder.

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