AGLI

Recortes de Prensa     Viernes 11 Febrero 2005
Juicio a ETA
EDITORIAL Libertad Digital 11 Febrero 2005

TRIPARTITO Y MORDAZA
Editorial ABC 11 Febrero 2005

El campeón de las pensiones
Emilio J. González Libertad Digital 11 Febrero 2005

Aquí se vive muy bien
Cartas al Director ABC 11 Febrero 2005

María San Gil dice que además del plan Ibarretxe hay que rechazar el plan Maragall y el plan López
Libertad Digital 11 Febrero 2005

El distintivo autonómico será obligatorio, pero el conductor podrá elegir el escudo de la región
Rocío Ruiz La Razón 11 Febrero 2005

Interior-DGT: incompetencia, negligencia o infiltrados nazionalistas
Nota del Editor 11 Febrero 2005

Admiten a trámite la querella del Gobierno vasco contra Mikel Buesa y el Foro Ermua
EFE/BILBAO El Correo 11 Febrero 2005
 

Juicio a ETA
EDITORIAL Libertad Digital 11 Febrero 2005

Hoy comienza en la Audiencia Nacional uno de los juicios más esperados de los últimos años, el correspondiente al sumario 18/2001 que instruye los vínculos entre la banda terrorista ETA y las organizaciones juveniles Haika-Segi-Jarrai, los célebres “chicos de la gasolina” que bautizó Xavier Arzallus con un eufemismo digno de juzgado de guardia. Porque es aquí donde empieza la labor de zapa del nacionalismo. Los 42 imputados en el sumario no son simples alborotadores callejeros sino parte esencial del entramado etarra. Las algaradas salvajes protagonizadas por estos jóvenes no constituyeron en momento alguno acciones aisladas, sino que respondían a una estrategia trazada desde otras organizaciones del mismo entorno. De hecho, la cohorte de abogados que acompaña hoy a los imputados está formada por los mismos profesionales que defienden al resto de tentáculos del pulpo etarra. Además, y esto no es baladí, en la vista previa celebrada esta semana, coincidieron demasiadas caras conocidas que pertenecen a otros satélites de la banda como Batasuna o Egunkaria.

Porque ETA es –y ha sido durante treinta años- mucho más que un puñado de pistoleros sanguinarios. En la singladura asesina de la banda le han acompañado una constelación de organizaciones pantalla dedicadas en exclusiva a copar la sociedad civil en áreas muy variadas. De este modo, el frente político lo cubría la tripleta HB-EH-Batasuna; el mediático las distintas publicaciones como Egin, Egunkaria o Ardi Beltza; el internacional la organización Xaqui; el relativo al control de masas las gestoras pro amnistía, las herriko tabernas y el conglomerado juvenil; y, por último, el frente financiero estaba atendido por el Proyecto Udaletxe. Todo un arco iris de organizaciones perfectamente legales pero cuyo único objetivo era dar apoyo político y soporte económico a la banda. El juicio que empieza hoy se ocupa en exclusiva de esa parte de ETA que aglutina a los grupos juveniles, semillero natural de terroristas y encargados de sembrar el pánico en las calles del País Vasco “socializando el sufrimiento” todos los fines de semana del año.

Esto es lo que quiere ocultarnos el nacionalismo moderado a través de la patética prestidigitación semántica de Arzallus. Es natural por lo tanto que el consejero de Justicia del gobierno vasco, Joseba Azkarraga, haya acudido en auxilio de los imputados. Le va mucho en ello. Por un lado ha de crearse la impresión de que lo que se juzga en la Audiencia Nacional es a un grupo de 32 revoltosos que no pasó de incendiar algunos cajeros automáticos durante una manifestación, por otro, el final del proceso se prevé para el mes de marzo, es decir, pocas semanas antes de las elecciones autonómicas vascas. Una sentencia favorable combinada con la moción presentada por Sozialista Abertzaleak en Vitoria para devolver a Batasuna a la legalidad sería una jugada maestra para el nacionalismo pero un varapalo brutal para la democracia.

Por de pronto, los nacionalistas de todas las tendencias están preparados para el desafío. En Madrid se han presentado más de 150 personas entre abogados, familiares y amigos para arropar a los imputados. Sólo la defensa cuenta con un equipo de 10 letrados escogidos entre lo más granado de la abogacía abertzale. Reputados defensores de etarras como Jone Goiricelaia o Iñigo Iruín figuran entre los abogados de los 32 procesados que hace tan sólo cuatro días lucían en la Audiencia vistosas camisetas reivindicativas para dar al juicio un toque de esa heroicidad que ETA suele inculcar a sus cachorros.

El gobierno vasco no ha querido quedarse a la zaga. Azkarraga, tan vehemente como de costumbre, ha anunciado que enviará “observadores” al proceso con el doble objeto de enturbiar la imparcialidad del tribunal y de movilizar a la sociedad vasca en torno al juicio. Es un recurso habitual del nacionalismo que, siendo el verdugo, se hace pasar por la víctima creando así un reflejo condicionado en todos los que siguen el proceso. Del mismo modo que los detenidos de la banda tienen orden de denunciar torturas según son llevados a dependencias policiales, los del partido de Arzallus a través de los “observadores” ponen en duda el funcionamiento correcto de la Justicia y levantan la liebre de la prevaricación. Todo está planeado y se cuida hasta el último detalle para convertir un juicio en un imaginario proceso político que sólo les beneficia a ellos.

TRIPARTITO Y MORDAZA
Editorial ABC 11 Febrero 2005

SUMA y sigue en la lista de despropósitos de las Administraciones competentes en la crisis del barrio del Carmelo en Barcelona. A la gestión desastrosa se suma ahora una preocupante tentación de imponer la censura a los medios de comunicación, mediante una especie de «ley mordaza» inaceptable en un Estado democrático. Bajo la extraña fórmula de un «protocolo» sobre la cobertura informativa de la crisis, se impide el acceso de periodistas a los lugares afectados y se ha llegado a su expulsión de las asambleas informativas con los vecinos. El afán de restringir el derecho a una comunicación pública libre choca frontalmente con la Constitución: la sociedad tiene derecho a saber, y los medios, a conseguir y difundir información veraz. No es extraño, dadas las circunstancias, que CiU y el PP reclamen dimisiones, aunque sorprende, vista la gravedad del caso, que se conformen con echar la culpa al secretario de Comunicación del Gobierno catalán.

Cuanto más se sabe del asunto, más crece la exigencia social de responsabilidades. Ha dicho en el Parlamento el consejero competente que el derrumbe «se podía haber evitado». Habla, incluso, de un «exceso de confianza», extraña figura cuando están en juego cuestiones técnicas de muy alto nivel. Como es habitual, empieza el traslado de culpas hacia la Administración anterior y cada uno busca salvarse como buenamente pueda. Lo cierto es que han fracasado determinados métodos de contratación pública y que se han ignorado garantías elementales para la protección del interés general. Se extiende en diversos ambientes otra reflexión importante. Ocupados de forma permanente en reivindicar nuevas competencias, algunos políticos se olvidan de sus responsabilidades de gestión, que afectan gravemente a la vida diaria de los ciudadanos. Antes que discutir sobre comunidades nacionales y logomaquias similares, deberían dedicar su esfuerzo a resolver problemas reales con eficacia y sentido común. Buen motivo para la autocrítica, aunque es de temer que nadie tenga intención de hacerla una vez que pase la tormenta de los primeros días. Además, los socialistas, responsables tanto del Ayuntamiento como de la Generalitat, tendrían que recordar su comportamiento ante otras situaciones de crisis, aunque no sea razonable buscar términos absurdos de comparación como hizo el propio Maragall. No sirve acusar al adversario cuando conviene y enfadarse, en cambio, cuando se piden explicaciones a los suyos. En democracia, los errores se pagan con dimisiones, porque es imprescindible gestionar recursos humanos y materiales al servicio de una sociedad que, en el caso del barrio del Carmelo, se ha visto gravemente perjudicada por la negligencia de algunos y la falta de coordinación de todos.

Autonomías
El campeón de las pensiones
Emilio J. González Libertad Digital 11 Febrero 2005

El Gobierno acaba de introducir al sistema público de pensiones en un terreno pantanoso del que su viabilidad futura puede salir mal parada. La Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso de los Diputados ha derogado, con el apoyo del PSOE y el voto en contra del PP, el artículo de la ley que impedía a las Comunidades Autónomas complementar las pensiones no contributivas, que fue introducido en 2003 por el Gobierno de José María Aznar para atajar las pretensiones en este sentido de Cataluña y Andalucía. A partir de ahora, los Ejecutivos regionales vuelven a tener capacidad plena para actuar a sus anchas en esta cuestión, incluso con fines políticos, como fue el caso de Andalucía para tratar de desgastar al Gabinete del Partido Popular.

Toda sociedad tiene la obligación moral de ayudar a los más desfavorecidos. Este es uno de los pilares sobre los que se sustenta la cohesión social y forma parte importante del acervo cultural de Europa. Pero una cosa es el principio y otra muy distinta los medios para llevarlo a cabo. Desde esta óptica, es un grave error que el Gobierno de Zapatero haya aceptado respaldar la propuesta de Convergencia i Uniò para que las Autonomías puedan diseñar sus propias políticas en este campo porque, de entrada, abre las puertas a la repetición nuevamente de los episodios de utilización de las pensiones como arma arrojadiza en la contienda política entre partidos, como ocurrió con Andalucía, cuando las pensiones es un tema tan delicado que debe quedar al margen de esta cuestión. Los partidos firmantes del Pacto de Toledo para la reforma del sistema de pensiones así lo entendieron; ese mismo espíritu debería trasladarse a la cuestión de las prestaciones no contributivas para convertirlo en un asunto de Estado, que esté por encima de las vicisitudes de la vida política. Por desgracia, hoy parece que esto no es posible.

Actualmente, el sistema público de pensiones es viable porque las medidas adoptadas para su reforma bajo el paraguas del Pacto de Toledo han introducido dosis de racionalidad en el mismo, pero, sobre todo, porque la política económica desplegada en los ocho años del Partido Popular en el poder dio como resultado la creación de más de cinco millones de nuevos ocupados, como trabajadores o como empresarios, durante el periodo 1996-2004. Sus cotizaciones a la Seguridad Social constituyen el elemento que explica el paso de una situación de déficit crónico y creciente a un superávit que aleja en el tiempo el momento de la quiebra financiera del modelo. Sin embargo, estas perspectivas favorables pueden quebrar si las Comunidades Autónomas se embarcan en una carrera para ser el campeón de las pensiones más altas que lleve a los ciudadanos a pedir al Estado que haga lo mismo. Cuando el presidente andaluz, el socialista Manuel Chaves, se embarcó en esta estrategia de subida de las pensiones mínimas en 1999 buscaba eso precisamente: forzar al Gobierno central a hacer lo mismo o, en caso contrario, dejarlo en evidencia para tratar de esta manera de ganar votos para su partido en las elecciones generales del 2000. Hoy, el Ejecutivo de Zapatero ha rearmado a sus correligionarios autonómicos y a los nacionalistas con los mismos instrumentos que, utilizados de manera equivocada, pueden crear nuevos problemas para la sostenibilidad del sistema público de pensiones cuando, de hecho, su reforma no ha concluido todavía, como recuerda lo establecido en el Pacto de Toledo y como advierten una y otra vez la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo.

Suponer responsabilidad a los políticos en el ejercicio del poder es algo que, en casos como Andalucía y puede que la Cataluña del tripartito, se antoja cuando menos como un ejercicio de enorme generosidad. Chaves embarcó a la Autonomía que preside en una política alocada de gasto en pensiones no contributivas precisamente cuando su Comunidad Autónoma es de las más endeudas y de las que tiene problemas financieros más serios. Con la Cataluña de Maragall y Carod Rovira no sólo ocurre lo mismo, sino que el deterioro de sus cuentas públicas ha llegado a tales niveles que han sido ellos los que han tenido que pedir al Gobierno de Zapatero una reforma del sistema de financiación autonómica que resuelva los problemas que se han creado las propias Comunidades Autónomas. Embarcarse ahora en una estrategia de subida de las pensiones no contributivas es echar más leña a un fuego que hay que apagar en vez de avivar.

Por otra parte, si las Autonomías se lanzan a partir de ahora a aprobar sus propias políticas de pensiones no contributivas pueden dar lugar a movimientos de gente en busca de las mejores prestaciones, creando un problema social, pero también a la salida de empresas si esas políticas sociales se financian con impuestos que supongan costes añadidos para las compañías. Esta subida de la presión fiscal que soportan podría constituir una nueva invitación a la salida de las empresas hacia otras regiones con una fiscalidad más benigna o, directamente, a otros países donde los costes laborales son sensiblemente inferiores. Esto es algo que no debe olvidar ningún Ejecutivo autonómico y una posibilidad a la que el Gobierno de Zapatero jamás debería haber abierto la puerta en unos momentos en los que la deslocalización de empresas está a la orden del día.

La autorización a las Comunidades Autónomas para subir de manera unilateral las pensiones no contributivas, en fin, tiene que enmarcarse dentro del momento político. En otras circunstancias, podría entenderse que los Gobiernos regionales reclaman su derecho a ejecutar sus propias políticas y competencias. Pero todo esto se produce justo en pleno debate sobre la reforma de los Estatutos de Autonomía, con las pretensiones independentistas de los nacionalistas catalanes y vascos encima de la mesa, con movimientos en este sentido como el intento de crear una Agencia Tributaria catalana y con la tibieza con la que el Gobierno de Zapatero está tratando la cuestión de la unidad nacional. En este contexto, abrir las puertas a la ruptura de una política unificada de pensiones no contributiva no es sino poner las tijeras en la mano de quienes quieren cortar los hilos finos y sutiles que vertebran este país. Y eso tampoco debería haberse permitido.

Aquí se vive muy bien
Cartas al Director ABC 11 Febrero 2005

Son muchas las dudas que tenemos algunos sobre una hipotética consulta a los vascos acerca de un proyecto que básicamente nos promete una supuesta paz a cambio de concesiones políticas a ETA. ¿Cuántos vascos han sido invitados a abandonar el País Vasco por esa misma ETA que suscribe su plan? Se barajan cifras de más de doscientos mil vascos exiliados. Algunos por amenazas directas, atentados en sus empresas o extorsión de ETA. Otros, por falta de oportunidades e inferioridad de condiciones para competir con la fiel y privilegiada clientela nacionalista. Muchos, sencillamente porque se niegan a vivir y a educar a sus hijos, y además en un idioma que ustedes han convertido en un arma de limpieza étnica y exclusión política, en una sociedad que han conseguido partir en dos y en la que se palpa el odio y la violencia.

Las cifras serán discutibles, pero aunque fuera una sola persona la que ha tenido que huir de aquí, a ustedes se les debería caer la cara de vergüenza por mirar hacia otro lado durante treinta años y permitirlo, cuando no por alentarlo directamente.

Así las cosas, ¿tendrían algo que decir todos estos vascos exiliados sobre el futuro de su país en una hipotética consulta, o más bien da por hecho usted que el que se fue, literalmente, a Sevilla perdió su silla? ¿O les dirá: «Se siente, si queríais votar no haberos ido», y les recordará eso que le gusta tanto decir de que «aquí se vive muy bien»? ¿Les va a permitir, como muestra de su talante democrático y buena voluntad, votar en las autonómicas? Porque, ellos también son vascos, ¿O ya no? Joseba Aldecoa Urízar. Guecho (Vizcaya).

EL PSOE "NO ASPIRA A SUSTITUIR AL NACIONALISMO"
María San Gil dice que además del plan Ibarretxe hay que rechazar "el plan Maragall y el plan López"
La presidenta del PP vasco, María San Gil, ha llamado a un "cambio político" en el País Vasco y a una movilización social que responda a la ofensiva nacionalista. Reconoció que, a diferencia de los anteriores comicios, el PP se presenta solo a las elecciones al País Vasco, ya que el Partido Socialista sólo aspira a "un inútil empeño de satisfacción del nacionalismo". La candidata a Lehendakari llamó, por el contrario, a "sustituir" el nacionalismo y defender el Estatuto y la Constitución.
Libertad Digital 11 Febrero 2005

En una conferencia pronunciada este jueves en el Club Siglo XXI de Madrid, bajo el título "Euskadi: la necesidad de un cambio", María San Gil, acompañada del presidente del PP, Mariano Rajoy, y de varios líderes destacados de su partido, aseguró que su partido nunca jugará "el rol del servilismo o el acomodo pragmático" y defendió la convivencia constitucional y estatutaria frente a "quienes ceden a las exigencias nacionalistas". Mariano Rajoy habló de San Gil "con afecto y admiración" porque "sabe de primera mano lo que es trabajar por la libertad desde 1981".

Además, apostó por rechazar no sólo el Plan Ibarretxe, sino también el "Plan Maragall, el Plan López y a Carod Rovira" porque "hay que saber decir no a las ofensivas nacionalistas que tratan de romper con la Constitución Española". María San Gil inició su discurso señalando el décimo aniversario del asesinato de Gregorio Ordóñez para recordar a todas las víctimas y asegurar que todos los efectos provocados por la violencia, asesinatos, heridos, extorsionados y amenazados, "no pueden quedar como parte del paisaje". San Gil recordó que el ejemplo Ordóñez les enseñó a mantener "el compromiso de quienes defendemos la democracia y la libertad" y incidió en que "no podemos quedarnos en el diagnóstico", ya que "la resignación no es una alternativa política".

Tras considerar que "falta voluntad para llevar a cabo lo que dicta la razón", recordó que "Batasuna no es ilegal porque no condene a ETA. Batasuna es ilegal porque es ETA". María San Gil recordó que ETA lideró la ruptura de España durante los primeros veinte años de democracia, hasta que surgió la movilización contra la banda terrorista. Hoy, según el análisis de María San Gil, ETA está en retaguardia y es el nacionalismo con el PNV a la cabeza quien está a la vanguardia del proyecto rupturista. En ese momento se preguntó "si habrá que esperar otros veinte años para movilizarse" contra el nacionalismo.

"Nada se debe a los que dejan de matar"
En relación con la lucha contra el terrorismo incidió en la necesidad de derrotar "operativa y políticamente" a ETA. Del mismo modo incidió en que "nada se debe a los que matan y nada se debe a los que dejan de matar". Y que se debe luchar contra el terrorismo "sin contrapartidas, sin condiciones, sin premios". Contrastó su postura con la de los nacionalistas, que a su juicio están haciendo "lo imposible" para conseguir que no se derrote a ETA.

Por todo ello, abogó por la necesidad del cambio en Euskadi y manifestó que el objetivo central del nacionalismo es destruir el Estatuto y la Constitución, lo que supone "expropiar a cientos de miles de vascos de su condición de ciudadanos" y denunció que los nacionalistas vienen haciendo "todo lo posible para impedir la derrota del terrorismo". "El cambio que proponemos es necesario porque el País Vasco, con el nacionalismo, corre el riesgo de entrar en un callejón sin salida de empobrecimiento e inestabilidad desde el que no podrá afrontar los retos económicos y sociales que tenemos ante nosotros", dijo.

San Gil consideró que el nacionalismo no cambiará mientras pueda "seguir consolidando su régimen al abrigo del poder" y añadió que sigue instalado "en la deslealtad a los marcos de convivencia básicos, declarado en rebeldía frente a las instituciones democráticas, insolidario, cuando menos, en la lucha contra el terrorismo, y que cuando se refiere a sí mismo no tiene otro discurso que el de la autocomplacencia o el victimismo".

A su entender, el nacionalimo quiere poner fin al Estatuto para conservar el Gobierno "y no para sustentar la convivencia", mientras que su partido apuesta por "poner fin al gobierno nacionalista en Euskadi para mantener el Estatuto". Asimismo, dijo que las actitudes del PNV no son "simples movimientos tácticos" sino "una estrategia absolutamente deliberada de ruptura de la Constitución y del consenso estatutario".

"Error grave" de la postura de Zapatero
Respecto al Plan Ibarretxe, la representante de los populares vascos consideró preocupante que "ya sea por puro interés partidista o por falta de perspectiva histórica", el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "proclame" que la propuesta del lehendakari es "algo del pasado".
A su entender, esta afirmación no es cierta y supone, además, un "grave error de apreciación" y agregó que "los que creen que el problema del País Vasco es un problema de crispación del clima político, confunden lamentablemente los síntomas con la enfermedad".

"No quiero hacer juicios de intención, pero sí digo que los que piensan así no sólo incurren en el error de exonerar al nacionalismo de sus responsabilidad, sino que dan aire de normalidad a lo que constituye un ataque frontal a la convivencia entre los vascos y entre estos y el resto de los españoles", indicó.

Para San Gil, el Plan Ibarretxe sólo está encaminado a mantenerse en el poder y no a cimentar la convivencia y agregó que hoy hay "menos nacionalistas que nunca aunque estén más radicalizados". Según San Gil cuentan, además, con "ingentes fondos" públicos que se dedican a la promoción de la visión nacionalista. Además, agregó que la "pluralidad resistente de la sociedad vasca se ha hecho cada vez más insoportable para un partido, para un movimiento que ha pretendido siempre la apropiación de lo vasco".

Sobre la situación actual de ETA, la representante del PP dijo que la organización terrorista está "más débil que nunca", aunque "esta larga pesadilla no ha concluido" y manifestó la necesidad de mantener "sin fisuras una política de Estado que ha demostrado su eficacia dentro del marco estricto de la ley y el Estado de Derecho".

Para San Gil, el nacionalismo "ha estado ausente" en el esfuerzo de acabar con la violencia y agregó que el terrorismo ha sido "la coartada del nacionalismo para demostrar que existía un conflicto político y viceversa, que el conflicto político explicaba la violencia terrorista".

"Es ETA –añadió– la que permite al nacionalismo disfrazar como propuesta de paz lo que no es más que su programa de máximos. Es ETA la que permite al nacionalismo presentar como paz lo que no es más que su pretensión de construcción nacional".

Tras citar los numerosos problemas que sufre Euskadi, destacó la "estéril" gestión nacionalista de un "gobierno anquilosado que deja de lado la política real, la defensa de los intereses reales de los vascos para dedicarse a imponer proyectos políticos que nos alejan, hasta aislarnos, de nuestro ámbito de integración que es España y que es Europa".

La candidata a lehendakari indicó que el futuro de Euskadi "pasa por España y el futuro de España también pasa por Euskadi" y agregó que en las próximas elecciones autonómicas "no basta con decir no al Plan Ibarretxe", sino que "hay que saber, también, decir no al Plan Maragall y a Carod Rovira, hay que saber decir que no a las ofensivas nacionalistas, que tratan de romper con la Constitución Española".

No al plan Ibarretxe, no al plan Maragall
Por ello, consideró que un "excelente resultado" del PP es "lo único que puede inquietar, dificultar y, ojalá, paralizar a quienes, de un modo u otro, con un Plan u otro, llámese Plan Ibarretxe, Plan Maragall o Plan López, se preparan para abordar una reforma constitucional, abriendo una nueva etapa de incertidumbre e inestabilidad, que sólo responde a las exigencias nacionalistas".

También criticó la "falta de claridad, de proyecto y de una idea de España" por parte del Gobierno y del Partido Socialista y agregó que su "obsesión por aislar al PP sólo les conduce a ponerse al servicio de los nacionalistas".

"Es por ello por lo que, en lugar de compartir nuestra oferta de dar estabilidad al actual marco político, presentan, los socialistas vascos, una ridícula propuesta de reforma del Estatuto que empieza por querer convertir a la Comunidad Autónoma en una comunidad nacional, en un inútil empeño de satisfacción del nacionalismo", dijo.

Según enfatizó, esto es "como pretender satisfacer a un león hambriento con un paquete de cacahuetes, que los nacionalistas tomarán como aperitivo para después intentar devorarnos a todos", por lo que agregó que los populares nunca "jugarán este rol de servilismo, porque a lo que nosotros aspiramos es a sustituir a los nacionalistas en el gobierno y no a ponernos a su servicio".

El distintivo autonómico será obligatorio, pero el conductor podrá elegir el escudo de la región
Tráfico busca el apoyo del sector del automóvil para que las placas con el emblema se incorporen a los vehículos nuevos
Sobre las nuevas matrículas no hay plazo ni decisión definitiva tomada, pero la DGT ya ha ultimado un modelo que está consensuando con el sector del automóvil y que obliga al conductor que se compre un coche nuevo a llevar un escudo autonómico. Queda a su elección estampar en la placa el que se le antoje. El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha conseguido que el sector del automóvil «no aplauda, pero tampoco se oponga», pese a su irritación inicial contra la medida.
Rocío Ruiz La Razón 11 Febrero 2005

Madrid- La Dirección General de Tráfico ha ultimado ya un modelo de matrícula que obligará a los conductores que compren un vehículo nuevo a llevar en la placa uno de los 19 escudos representativos de las comunidades y de las ciudades autónomas españolas.

Eso sí, podrán elegir a su antojo el emblema de la autonomía que deseen independientemente de si viven en ella o no, o de que coincida con el lugar de compra del coche, de tal manera que el automovilista que viva en Madrid podrá exhibir el escudo de Cataluña, el de Extremadura o el de Ceuta, si es lo que desea. No tendrá que pasar por la jefatura provincial de Tráfico, ni pagar tasas adicionales, salvo que, pasado cierto tiempo, el automovilista quisiera poner otro escudo diferente, por lo que deberá pagar el coste del cambio de placa, que es de unos 18 euros.

Dieciocho euros por otra placa. En la misma situación se encontrarían los conductores que lucen las matriculas todavía en vigor, que tendrán que pagar los 18 euros de tasa si quieren «modernizar» su placa con un escudo autonómico. Los compradores de un coche de segunda mano podrían mantener la misma de su antiguo propietario o cambiarla por una nueva, que ya deberá llevar obligatoriamente el escudo.

Los únicos que no podrán cambiarla serán los que aún mantienen las antiguas placas con siglas provinciales por razones de espacio, ya que la plancha metálica no tiene cabida para toda la información que contienen más el nuevo escudo.

Así, la nueva matrícula iría flanqueada por dos bandas azules en los extremos: si observamos una de frente, a la izquierda se situaría el escudo de la UE, que ya está incorporado, seguida del número asignado, las letras correspondientes y una nueva banda azul, que sería la que habría que añadir y que incluiría el escudo estampado en monocromo.

Al parecer, una impresión en color hubiera encarecido los costes y uno de los objetivos de la DGT era que su alternativa «no supusieran un coste adicional e incluyera cierto grado de voluntariedad» a la hora de elegir, según manifestó a LA RAZÓN el director general de Tráfico, Pere Navarro.

El modelo elegido, que aún no es definitivo y está sujeto aún a posibles cambios, fue sugerido a la DGT por los fabricantes de matrículas que entendían que, con esta opción, se cumplían las dos premisas que Navarro quería cumplir a toda costa.

A discreción del conductor. La posibilidad de que la elección del escudo quede a discreción del conductor será posible porque «la DGT sólo registra el número y las letras de la matrícula y el escudo que se incluya en la banda azul de la derecha no nos importa. Eso sí, elija uno, por razonable y país serio que somos», matizó Navarro.
El director general de Tráfico añadió que «aún no hay un plazo para implantación del nuevo sistema ni tampoco una decisión definitiva. La última palabra la tiene el ministro del Interior. Además, no es un asunto prioritario».

Navarro negó, además, que el cambio de matrículas obedezca a presiones nacionalistas. «No he cedido, cumplo el encargo del Gobierno. A mí se me dijo: haga un estudio y busque el mayor consenso posible. Y eso es lo que estoy haciendo».

En su opinión, el modelo elegido «cumple una estética y tampoco me parece ilógico implantarlo teniendo en cuenta que otros países del entorno europeo, como Alemania, Italia y ahora Francia (prepara un cambio que incorpora la región y el departamento), incluyen distintivos.

Navarro, que se halla ahora en la batalla de ganar «adeptos» a su propuesta, aseguró que el sector del automóvil, que en un principio clamó contra la medida, «no la aplaude, pero tampoco se opone».

Rechazo de vascos y madrileños. La DGT comenzó hace unos meses consultando a la opinión pública para testar la simpatía que despertaba un posible cambio de matrícula. Las comunidades autónomas de Madrid y País Vasco se opusieron en rotundo a incluir distintivos autonómicos. En el el resto, la respuesta era, o bien a favor, o bien mostraba indiferencia sobre una posible modificación.

El director general de Tráfico, sorprendido por el rechazo de plano de madrileños y vascos, cree que «la encuesta la hicimos mal. Planteamos una idea generalista y lo que deberíamos haber hecho es explicar en qué iba a consistir el cambio». Éste fue el motivo por el que aparcó en un primer momento el posible cambio.
Ahora que tiene una propuesta concreta sobre la mesa, el director general de Tráfico asegura que las arcas del Estado no se van a llenar por el cambio normativo. En todo caso, los que saldrán ganando serán los fabricantes de matrículas.

Interior no consultará a las comunidades
Si hay algo que tiene claro el director general de Tráfico, Pere Navarro, es que no desea un enfrentamiento con el sector del automóvil por un asunto de matrículas. Lo que opinen los responsables políticos de las distintas autonomías importa menos. De hecho, no pretende hacer una ronda de consulta para recoger sus opiniones ni sus esfuerzos están orientados ahora a ganar su respaldo. No obstante, seis autonomías manifestaron a LA RAZÓN su oposición a incluir distintivos regionales de modo generalista cuando aún se desconocía la propuesta que ahora ha puesto Tráfico sobre la mesa. Entre ellas se encontraban Madrid y Comunidad Valenciana. Mientras la primera consideraba que era «un debate propio de paletos», la segunda se decantaba por mantener el actual sistema como el más idóneo porque «es el más aceptado». Baleares también manifestó que el cambio de placas era una cuestión «anecdótica» y mantenía que las cosas «están bien como están». En la misma línea se manifestaron Murcia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. El resto, prefirieron reservarse la opinión a la espera de conocer la propuesta definitiva que ahora se ha hecho pública.

Interior-DGT: incompetencia, negligencia o infiltrados nazionalistas
Nota del Editor 11 Febrero 2005

En realidad, se pueden demostrar las tres: incompetencia y negligencia porque jamás verá Vd. un servicio de vigilancia en los sitios peligrosos, curvas y cambios de nivel donde muchos conductores sobrepasan su carril y se meten peligrosísimamente en el otro, por el que Vd. circula,viéndose obligado a rodar peligrosamente por la cuneta; tampoco verá un servicio de vigilancia comprobando los ceniceros de muchos los fumadores que se cuidan de tirar las colillas por la ventanilla, a veces a su paso.

Abuso de poder y amenazas, muy frecuentemente, ellos siempre tienen razón, no se le ocurra presentar algún recurso, al final tendrá que ir a Contencioso y claro, la justicia lotera le puede salir cara (a ellos no les cuesta nada el pleito, todo lo pagamos los mismos).

Pero en realidad, además yo creo que están dominados por los infiltrados nazionalistas, pues sólo tiene que circular por cualquier carretera y ver en qué idioma están los indicadores, en qué idioma aparecen los mensajes, eso sí, para Vd. está prohibido utilizar el teléfono móvil, porque la pérdida de atención puede suponer un peligro, en cambio ellos, en el caso de por razones desconocidas cedan en sus creencias y permitan utilizar el idioma español en sus mensajes, le obligan a mirarlos fíjamente mientras espera que pase el mensaje en "lengua propia" y aparezca el mensaje en español.

Así someten al conductor hispanohablante a un riesgo añadido y aparece claro su deseo de acabar a accidentazos con los que utilizamos el idioma español.

Por lo que el cabreo que nos producen con el cíclico intento estúpido de los distintivos autonosuyos no tiene importancia.

Admiten a trámite la querella del Gobierno vasco contra Mikel Buesa y el Foro Ermua
EFE/BILBAO El Correo 11 Febrero 2005

La sala de lo Penal de la Audiencia de Vizcaya ha admitido a trámite la querella presentada por el Gobierno vasco contra el vicepresidente del Foro Ermua, Mikel Buesa, por unas declaraciones en las que acusó al Ejecutivo de Vitoria de «financiar» el terrorismo, por dar ayudas a familiares de presos de ETA para sus desplazamientos a las cárceles.

El Gobierno vasco presentó ante un juzgado de Instrucción de Bilbao una querella contra Mikel Buesa por las citadas manifestaciones, que éste efectuó el pasado 6 de septiembre en una comparecencia de prensa. El juzgado desestimó la querella del Ejecutivo autonómico, al enmarcar las palabras de Buesa dentro de la libertad de expresión, decisión que fue recurrida.

Ahora, en un auto fechado el pasado miércoles, la Audiencia de Vizcaya ha decidido admitir a trámite la querella, ya que, según el auto, Buesa «rebasa la crítica o la censura, sin ninguna vacilación, cuando imputa al Gobierno vasco participación en el terrorismo, por actuación fundada en normas jurídicas reglamentadas», en referencia a las ayudas a los presos de ETA.

Asimismo, el auto sostiene que las críticas son legítimas, pero que «no pueden conllevar la libérrima y pública atribución de un delito de colaboración con el terrorismo, sin que ello se investigue como calumnia punible, se produzca retractación o una explicación del error excusable».

Por su parte, el Foro Ermua ha presentado otra querella criminal contra el lehendakari por conspiración para la rebelión «en el entendimiento de que todo este conjunto de actuaciones y acontecimientos que se están produciendo» desde la aprobación del plan Ibarretxe en el Parlamento vasco «forman parte de una conspiración para separar España y por lo tanto para cometer un delito de rebelión».

El Foro ha emprendido también acciones judiciales contra Arnaldo Otegi, Javier Balza y Odón Elorza por el mitin de Batasuna en el Velódromo de Anoeta el 14 de noviembre pasado.
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