AGLI

Recortes de Prensa     Miércoles 23 Febrero 2005
SABER QUIÉN SE HA SIDO..
MIKEL BUESA ABC 23 Febrero 2005

ATUTXA Y EL FISCAL
Editorial ABC 23 Febrero 2005

Multiculturalismo y nuevos nacionalismos
Horacio Vázquez-Rial Suplementos Libertad Digital 23 Febrero 2005

Tropelía
EL SUBMARINO La Razón 23 Febrero 2005

El fiscal que no ha defendido al Estado debe pagar por ello
Editorial El Mundo 23 Febrero 2005

Elecciones y coaliciones
JOSEBA ARREGI El Correo 23 Febrero 2005

El pase del fiscal
TONIA ETXARRI El Correo 23 Febrero 2005

La falsa pluralidad y el antropomorfismo
Enrique de Diego Libros Libres Periodista Digital 23 Febrero 2005

La Ley de Polanco
Federico Jiménez Losantos El Mundo 23 Febrero 2005

La esperanza
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 23 Febrero 2005

En conciencia y con orgullo
Miguel Ángel Quintanilla Navarro Libertad Digital 23 Febrero 2005

Elecciones
Cartas al Director El Correo 23 Febrero 2005

El TSJ vasco contradice a Pumpido y ordena seguir el proceso contra Atucha al encontrar indicios de delito
F. Velasco La Razón 23 Febrero 2005

Miguel Bernard: «El auto del Tribunal Superior vasco supone el triunfo del Estado de Derecho»
Arturo Díaz Periodista Digital 23 Febrero 2005

Una asignatura optativa permitirá estudiar cualquier lengua autonómica en Secundaria
(p.a. | madrid) La Voz 23 Febrero 2005

El principio de Peter, la ley de Murphy y la darwiniana ley de selección política
Nota del Editor 23 Febrero 2005

Por las víctimas, pero sin las víctimas
J. PAGOLA / M. LUISA G. FRANCO ABC 23 Febrero 2005

 


 

SABER QUIÉN SE HA SIDO..
Por MIKEL BUESA. Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. ABC 23 Febrero 2005

ES pretensión de los gobernantes que, como observó en cierta ocasión Manuel Vázquez Montalbán, «todo empiece con ellos», olvidando así que, por lo general, los problemas políticos suelen tener unos precedentes fácticos y, sobre todo, doctrinales. El plan Ibarretxe se ancla, por supuesto, en las ideas originarias del nacionalismo sabiniano, pero tiene su raíz inmediata en un hecho que tuvo lugar en 1990, hace ahora quince años: el acuerdo de todos los nacionalistas para aprobar en el Parlamento de Vitoria una resolución declarativa del derecho a la autodeterminación del pueblo vasco.

Así pues, el problema que acucia hoy la sociedad española viene de lejos; y también de lejos llegan las ideas que pueden ayudarnos, a los ciudadanos y al Gobierno de la Nación, a afrontarlo. En aquella ocasión, mi hermano Fernando Buesa tuvo el honor y la oportunidad de presentar, ante la cámara legislativa, la posición del PSE sobre ese asunto, señalando que «los socialistas vascos nos oponemos al planteamiento mismo de la autodeterminación como derecho que deba ser proclamado para ser ejercitado por el pueblo vasco». Y lo hizo presentando una amplia batería de argumentos, entre los que ocupó un lugar central la idea de que «los ciudadanos... hemos afirmado nuestro legítimo sistema de convivencia cuando al establecer la democracia nos hemos dado una Constitución y un Estatuto de Autonomía». Es precisamente esta afirmación la que le sirvió de base para sostener que aquella resolución expresaba la voluntad de «abrir la posibilidad de destrucción del Estado autonómico desde el Parlamento Vasco» y que su «pretensión separadora no es otra cosa que la pretensión de liquidar el Estado democrático».

Con posterioridad a aquel debate, las cosas no llegaron más lejos, de manera que, pese a su contenido potencialmente destructivo, la resolución autodeterminista no pareció a los socialistas más que un exceso retórico. Y, de hecho, al año siguiente mi hermano entró a formar parte de un Gobierno de coalición con los nacionalistas vascos. Entretanto, en el Partido Popular despuntaba por aquellas fechas un joven concejal de San Sebastián que acababa de asumir las tareas parlamentarias. Gregorio Ordóñez fue un precursor. Él supo ver, seguramente antes que otros, que el proyecto secesionista tenía pretensiones de convertirse en un hecho político irreversible, y que para su logro los nacionalistas que se encontraban instalados en el Gobierno no dudarían en actuar en connivencia con los que practicaban el terrorismo. Comprendió que contra semejante aspiración no cabían componendas ni pactos. Por ese motivo, como declaró una vez, «llegó un día en que dije ¡basta ya!». Y, a partir de ese momento, con el ímpetu y la convicción que le caracterizaban, orientó su trabajo político hacia el doble objetivo de combatir a ETA y vencerla con la ley, por una parte, y de desbancar a los nacionalistas del Gobierno, por otra. Cuando su popularidad le colocó en una aventajada posición para competir por la alcaldía de su ciudad de adopción, pues había nacido en Caracas, el 23 de enero de 1995 fue asesinado. El atentado en el que se le arrebató su vida fue el primer eslabón de una larga cadena de crímenes con los que la banda terrorista buscó eliminar a sus oponentes políticos en la creencia de que, por esa tortuosa vía, podría acelerar el proceso que conduciría a Euskadi a la independencia.

En el quinquenio siguiente a aquel asesinato, se decantó la confluencia de todos los nacionalistas en torno al objetivo secesionista, como evidenciaron el pacto de Lizarra y el apoyo de Batasuna al Gobierno de Ibarretxe. Fue en ese período en el que Fernando Buesa llegó al mismo convencimiento que Ordóñez, de manera que, como destaca su biógrafa Maite Pagazaurtundúa, ya en 1994 «no consideró adecuado políticamente reeditar un nuevo Gobierno de coalición con el PNV y EA», y con posterioridad acabó convirtiéndose «en la voz más firme de la oposición socialista... (al nacionalismo) hasta cuatro días antes de su muerte». De entre los diversos aspectos doctrinales que forman el sedimento de sus discursos y actuaciones parlamentarias, hay dos que considero especialmente clarificadores y útiles para enfrentar el desafío que hoy representa el plan Ibarretxe.

El primero es el que pone el acento en el carácter falaz de la idea de que, ante las exageradas pretensiones de los nacionalistas, es ineludible mover ficha para no pecar de inmovilismo. Mi hermano no tuvo duda en declarar, a este respecto, que «si defender los derechos y libertades de la gente, si defender el Estatuto de Autonomía..., si defender nuestro sistema político es inmovilismo, seré el más inmovilista de todos..., porque lo que defiendo aquí es la democracia y la libertad; la libertad de subir a una tribuna y decir a mis conciudadanos cómo quiero yo que sea este país, y cómo quiero que progrese, sin que nadie me amenace por detrás». Y a continuación añadió el principio moral que inspiraba su postura: la convicción de que «todos somos iguales, cuando somos seres libres».

Y el segundo es el que señala que la ineludible respuesta política a la desmesura nacionalista no podía ser otra que su desplazamiento del Gobierno mediante la acción conjunta de los socialistas y los populares. Por ello, en una de sus postreras intervenciones ante las Juntas alavesas señaló: «A nosotros nos guían las ideas, nos guía la política. Porque nos guía la política hemos dicho que en este país constitucionales y estatutarios tenemos que formar Gobierno. Y como soy un hombre que acostumbra a comprometerse, ... he dicho que si yo obtenía la confianza, no haría un Gobierno con nacionalistas».

Fernando Buesa fue asesinado el 22 de febrero de 2000. Su muerte precedió a otro quinquenio de ignominia, de engaño permanente, de estado de excepción nacionalista, de derribo del sistema democrático, cuya culminación no ha sido otra que el triste y vergonzoso espectáculo de un Congreso de los Diputados obligado a discutir el proyecto de norma fundamental con el que el nacionalismo quiere establecer un régimen totalitario en el País Vasco. Su rechazo no ha establecido más que una pausa en el suma y sigue del designio secesionista. Ha llegado, por esta razón, la hora de reaccionar para poner freno a ese delirio. Es el momento de volver a escuchar lo que dijeron los que nos fueron arrebatados por el crimen: que la solución transaccional para el terrorismo no existe, que se requiere el acuerdo básico entre los partidos socialista y popular, y que esa conjunción ha de desembocar en la formación de un Gobierno porque ya no queda margen alguno para conducir la política junto a los nacionalistas.

Por tales motivos, ahora que, con voluntad de olvido de los sucesos pretéritos, como si la desmemoria lo invadiera todo, parece que los «niñatos socialistas» -así los designó Vázquez Montalbán- quieren inaugurar una etapa en la que todo empiece de nuevo con ellos, sólo queda recordar el sabio consejo que, sobre el fondo de su enorme conocimiento de la historia de España, nos dejó Américo Castro: «Saber quién se ha sido equivale a saber con qué se cuenta al ir a poner la proa hacia el futuro». Pues ese futuro dependerá menos de vanas esperanzas e ilusorias promesas que de las enseñanzas, las ideas y el acervo democrático de nuestro pasado.

ATUTXA Y EL FISCAL
Editorial ABC 23 Febrero 2005

LA reapertura del «caso Atutxa», por decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, es una decisión técnicamente correcta que enmienda el erróneo auto de archivo dictado por la juez Nekane Bolado. Esta instructora sobreseyó el caso alegando que el Tribunal Supremo vulneró las garantías del grupo parlamentario Socialistas Abertzales y traspasó sus competencias jurisdiccionales. Por eso consideraba que, al ser ilegal la orden de disolución dictada por el TS, Atutxa y los otros dos querellados, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao, no incurrieron en desobediencia punible. El nuevo auto, con el que resuelve el recurso de apelación interpuesto por la asociación «Manos Limpias», pone el proceso en la antesala de la vista oral, lo que implica efectos jurídicos, pero también -y muy sensibles- políticos. En un tiempo de seducciones recíprocas entre nacionalistas y socialistas, la probabilidad de ver a Atutxa en el banquillo resulta un contratiempo para la agenda conjunta de PNV y PSOE. Sin embargo, el imperio de la ley tiene estas cosas y alcanza a todos los ciudadanos por igual, incluso a los nacionalistas.

En el plano jurídico, la Fiscalía General del Estado ha sufrido una desautorización en toda regla. Conde-Pumpido dio orden de no recurrir el auto de archivo, porque estaba motivado y la instrucción no había aportado pruebas definitivas del delito. El TSJ vasco no elude este cambio de posición del fiscal y le reprocha «criterio volátil». El éxito del recurso presentado ha puesto en precario esta explicación, de la que tiene que rendir cuentas personalmente Conde-Pumpido, incluso en el Parlamento, como prometió el PSOE en su programa electoral sobre Justicia. Ahora, en la nueva fase de la causa penal contra los querellados, Conde-Pumpido, a pesar del varapalo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, parece decidido a perseverar en su postura y pedirá la absolución de Atutxa, según un comunicado hecho ayer público por la Fiscalía. Más allá del criterio del Ministerio Fiscal, la reapertura del caso deja en muy mala posición a Conde-Pumpido, quien, ante todo, actuó con falta de rigor técnico al ignorar y consentir procesalmente el absurdo razonamiento de la instructora. Careció de profesionalidad, porque la Fiscalía debe proteger sus querellas con mayor celo, no conformándose con que se las despache un instructor sin recurrir en apelación, menos aún en un asunto de esta transcendencia y con argumentos totalmente inadmisibles. Y también fue desleal con el Supremo, cuya causa abandonó frente a la desobediencia contumaz y dolosa de Atutxa, pese a que el Ministerio Fiscal es, por mandato constitucional, garante de la independencia judicial y, por tanto, de su soberanía jurisdiccional.

SOBRE/CONTRA LA CORRECCIÓN POLÍTICA
Multiculturalismo y nuevos nacionalismos
Por Horacio Vázquez-Rial Suplementos Libertad Digital 23 Febrero 2005

La corrección política pareció en sus inicios no ser más que un ataque de buena educación, un esfuerzo de contención léxica destinado a no ofender a quien pudiera sentirse incómodo por el nombre dado a su supuesto colectivo de pertenencia. Claro que no había ninguna crisis de identidad que reclamara esa tarea, que no se había movilizado el número de individuos políticamente necesario para generar un cambio de tal magnitud y que la iniciativa partió de una capa de intelectuales de variopinto origen y de muy diversa calidad.

Pero lo cierto es que los negros norteamericanos, de un día para otro, pasaron de ser llamados "gente de color", lo cual oscilaba entre la hipocresía y el cinismo, a ser denominados "afroamericanos", lo cual resulta infinitamente más discriminatorio y coloca a los aludidos en una posición muchísimo más endeble, puesto que la fórmula ya no apunta a diferencias presentes entre tonos de piel, sino a un pasado radicalmente ajeno al pasado general euroamericano de quienes hicieron la revolución de 1776, y también ajeno al de los nativos, que estaban ahí desde antes de Colón; al de los chinoamericanos, descendientes de trabajadores semiesclavos llevados al continente (junto con sus proveedores de opio) para la construcción de los tendidos ferroviarios, y al de los americanos de origen japonés, coreano, árabe, indio o paquistaní. Era un ataque frontal a la noción misma de ciudadano, una exaltación del racismo y la promesa de un futuro que tendía a ser, en palabras de Chumy Chúmez, "el vivo retrato de su padre"; disfrazado, por supuesto, de todo lo contrario.

De la integración y el mestizaje se pasó al multiculturalismo, un proyecto político de preservación y exacerbación de las diferencias en un mundo en camino a la globalización. El multiculturalismo, que se encuentra en la raíz de buena parte de los problemas internos e internacionales de los Estados Unidos, reales e imaginarios, está también en la raíz de buena parte de los problemas europeos, creados desde el imaginario pero terriblemente reales, desde el ghetto inmigratorio violento hasta los mal llamados "nacionalismos". Teniendo muy presente que los negros americanos correctamente tratados acabaron por conformar la "nación" del islam, digamos que el ejemplo español en este terreno es digno de un detallado análisis, que intentaré tan sólo esbozar aquí.

La primera acción importante de ETA, como los lectores sin duda recordarán, fue el asesinato del almirante Carrero Blanco, que representó para el antifranquismo predemocrático –en el que los comunistas tenían un papel que no tendrían en democracia y los socialistas eran prácticamente inexistentes– una especie de triunfo común, silenciosamente celebrado.

El magnicidio, en efecto, implicaba una quiebra en la línea sucesoria de la dictadura, pero traía aparejado un problema que nadie podía haber previsto entonces, entre otras razones porque la lucidez en relación con el porvenir es un bien escaso en los regímenes autoritarios: en el imaginario colectivo, a Carrero no lo había matado ETA, sino una entidad de perfiles más bien vagos denominado, a falta de un nombre mejor, "los vascos".

Lo que se iniciaba entonces era una lectura perversa de la Guerra Civil que, a medio plazo, se impondría y que continúa vigente, al servicio de los desesperantes y exasperantes nacionalistas –no sería correcto usar el término "separatistas"– de todo pelaje: de acuerdo con esa interpretación, vascos y catalanes, en conjunto, habrían perdido la guerra. A tal punto es así que cuando un hombre de izquierda de toda la vida como Ignasi Riera publica un libro titulado Los catalanes de Franco, casi a la vuelta del siglo, suscita incontables desconfianzas: ser catalán supone no ser franquista, todos los catalanes perdieron la guerra y todos fueron desde siempre antifranquistas.

Es una afirmación absurda, pero aceptada, y tiene una finalidad política y económica precisa: los demócratas de pata negra tienen privilegios en el nuevo régimen, en el que todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros, como en la granja de Orwell, y pueden excluirse cuando les convenga de las generales de la ley. Vamos a construir un Estado descentralizado, con gobiernos regionales autónomos, dicen los nacionalistas vascos y catalanes, pero en ese Estado nosotros vamos a ser más autónomos que los demás.

¿Por qué? En primer lugar, porque nosotros fuimos vencidos en la guerra, del primero al último, y los demás son sospechosos de haber colaborado con el Régimen Anterior –nadie ha apuntado, que yo sepa, que la fórmula "régimen anterior", tan empleada por Felipe González, da por sentado que la democracia también es un régimen y no un sistema, y mucho menos un pacto social–. En segundo lugar, porque la nuestra es una nacionalidad "histórica", es decir, posee una cuota de pasado más grande que las demás, y prueba de ello es que tenemos –aunque no siempre hablemos– una lengua y una cultura diferentes, a las que tenemos derecho, entre otras cosas, por ser minoría. En tercer lugar, y por consiguiente, por pura corrección política. Multiculturalismo radical.

¿Cómo no iba a interesar a los llamados "nacionalistas" –aceptar esa denominación es aceptar la existencia de una nación por la cual tomar partido por encima y en contra de cualquier otra– la promoción de esa idea del mundo, y cómo no iban a financiar cursos, conferencias, universidades de verano, premios "nacionales" y doctorados honorarios para cuantos contribuyeran a la causa, y hasta un "fórum de las culturas" del que la española, en tanto que conjunto, estuvo excluida?

El multiculturalismo, punto culminante de la corrección política, que en esos niveles deja de ser corrección léxica para devenir corrección ideológica, es la teoría universal de los herederos de Sabino Arana, es la doctrina que sustenta los planes separatistas de Ibarreche y el discreto Guevara y la reforma "en profundidad" del Estatuto de Cataluña promovida por Pérez Carod y Maragall.

Los negros no son ciudadanos americanos negros, sino afroamericanos, de modo que, cuando votan, no eligen a sus representantes en tanto que ciudadanos americanos, sino en tanto que colectivo discriminado y minoritario. Después, esos representantes actuarán de maneras diversas: como personas decentes, ocupándose del desarrollo general de los Estados Unidos, con blancos y todo; como lobbystas de monopolios petroleros, como punta de lanza del islam en la sociedad americana o como obstinados enemigos de la pena de muerte. Y los electores seguirán pagando impuestos en tanto que ciudadanos, no en tanto que negros, y beneficiándose –o no– de la correcta o incorrecta administración de esos impuestos. Hay un considerable trecho de la ideología a la realidad política.

No obstante, hay un número importante de ciudadanos españoles nacidos en Cataluña y en el País Vasco que creen pagar sus impuestos en tanto que catalanes y vascos, pero que los pagan y se benefician de ellos en tanto que ciudadanos españoles, les digan lo que les digan sus dirigentes. Y en ese decir de los dirigentes aparece otro de los rasgos característicos del pensamiento políticamente correcto, que excede los límites de esta columna: su tendencia estructural a crear problemas políticos donde no los hay.

Cualquiera que haya tenido una mínima práctica política o haya leído un poco de historia sabe que no existen las manifestaciones espontáneas. En ningún orden. Así que sabemos que nadie salió a la calle a exigir que se le llamara afroamericano, por inquietante que le resultara ser negro, y que sólo pudo empezar a considerar su nueva identidad cuando alguien le dijo cuál era.

Tropelía
EL SUBMARINO La Razón 23 Febrero 2005

Los trabajadores de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) consideran que la intención del Gobierno de cesar al presidente del regulador, Carlos Bustelo, constituye una «tropelía» y un «atropello» que no puede llevarse a cabo «con la normativa vigente». Fuentes del comité de empresa explicaron que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio «no tiene ni idea de la normativa». Con la normativa vigente, y si España es un Estado de Derecho, el Ministerio no puede cesar al presidente y al consejo. Según el comité de empresa de la CMT, el Real Decreto que establece el cambio de la sede del regulador a Barcelona –con todos sus empleados, quieran mudarse o no– «sólo decide trasladar la sede» y en ningún caso descarta el mantenimiento de unas oficinas en Madrid. La plantilla quiere que Montilla explique «cuál es el problema» de que la CMT mantenga una dependencia en Madrid, una posibilidad que a dirigentes socialistas como Rafael Simancas y Matilde Fernández, en un intento por salvar la gestión –y la cara– del Gobierno les parece «razonable, por lógica operativa y funcional». Y en medio de todo, decenas de familias, rehenes de los acuerdos del Ejecutivo con el «tripartito» catalán.

El fiscal que no ha defendido al Estado debe pagar por ello
Editorial El Mundo 23 Febrero 2005

Juan María Atutxa, presidente del Parlamento vasco, y otros miembros de la Mesa de la Cámara tendrán que sentarse en el banquillo para responder de un delito de desobediencia.

Ayer el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) estimó el recurso de apelación de Manos Limpias contra el auto dictado por la juez Nekane Bolado, que decidió archivar la causa al entender que no había indicios de delito en la negativa de estos tres parlamentarios a ejecutar la sentencia del Supremo que exigía la disolución del grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak.

La argumentación del TSJPV es impecable ya que entiende que resulta «inaceptable que el instructor pretenda cuestionar lo decidido por el Supremo» y añade que «en un Estado de Derecho el sometimiento a las decisiones firmes de los tribunales es una necesidad».

El TSJPV propina un justificado varapalo a la juez Bolado, a la que reprocha que pusiera en cuestión la legitimidad de la sentencia del Supremo, un proceder insólito que ya censuramos en estas páginas.

Los tres magistrados de la Sala de lo Penal del TSJPV que suscriben esta resolución señalan que «lo mandado por el Supremo» -la disolución del grupo parlamentario vinculado a Batasuna- «no se ha llevado a efecto» pese a que los tres imputados «han estado al tanto en todo momento de lo que el Supremo les requería, siendo conocedores de cuantas resoluciones han sido dictadas y plenamente conscientes del alcance de sus actos y omisiones».

Resulta difícil expresar mejor la naturaleza de la conducta de Atutxa y sus compañeros, que eran plenamente sabedores de que estaban incumpliendo una sentencia firme del Supremo y lo hacían escudándose en un vacío reglamentario.

Es, por ello, incomprensible la posición mantenida por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que ordenó al fiscal del caso que no recurriera el auto de archivo, sumándose al criterio de la juez Bolado. De no haber sido por la persistencia de la acusación popular, Manos Limpias, la conducta de Atutxa habría quedado impune.

El fallo de ayer pone en evidencia la actuación de Conde-Pumpido, que podría dar la impresión de que se prestó a seguir la estrategia política del Gobierno en lugar de defender el principio de legalidad.

Sea como fuere, su criterio queda desautorizado por el de los tres magistrados del TSJPV, que son quienes -sin el apoyo de la Fiscalía- han tenido que defender algo tan fundamental en un Estado de Derecho como el cumplimiento de las sentencias.

En lugar de asumir su error, Conde-Pumpido hizo público anoche un comunicado en el que asegura que mantendrá que Atutxa no ha cometido ningún delito en el juicio oral que se avecina. Ello supone un empecinamiento que suscita dudas sobre su ecuanimidad para ejercer sus responsabilidades.

El revés jurídico sufrido por el fiscal general del Estado ha sido tan importante que, como alto cargo político que es, debería poner su puesto a disposición del Gobierno que lo nombró.

De momento, su equivocación ha tenido como consecuencia la merma de su autoridad moral al frente de una institución en la que no ha sabido estar a la altura de sus responsabilidades.

Elecciones y coaliciones
JOSEBA ARREGI El Correo 23 Febrero 2005

Aunque de cualquier modo las elecciones estaban cerca -tocaban en mayo-, los avatares del plan Ibarretxe han producido un adelanto de las mismas. Lo cual quiere decir que estamos prácticamente en campaña electoral. Hay elementos para pensar que será una campaña electoral distinta. La aprobación del plan Ibarretxe en el Parlamento vasco y su incapacidad para encontrar una mayoría en el Parlamento español marcarán, con bastante certeza, el debate electoral.

Pero, aunque presente en todas las campañas electorales, en ésta será también muy actual la cuestión de las coaliciones para gobernar, tanto las preelectorales como las postelectorales. Y serán de actualidad aunque aparentemente la cuestión que haya que dilucidar sea, por encima de cualquier contenido programático, si el actual tripartito alcanza la mayoría absoluta o no.

Existe una coalición electoral previa, la formada por el PNV y EA, a la que se añade la voluntad manifiesta del presidente del Gobierno vasco de dar continuidad a la actual fórmula de gobierno: los anteriores más IU-EB. Parece que no va a existir ninguna otra coalición preelectoral. Tanto el Partido Popular como el PSE apuestan por marcar las diferencias entre ellos, tanto a nivel general como en Euskadi.

Son probablemente bastantes los que se preguntan qué pasaría si el tripartito actual no lograra la mayoría absoluta. Y se lo preguntan porque, a pesar de la apuesta del PNV y de Ibarretxe por reeditar la coalición gubernamental actual, no pueden olvidar la facilidad con la que ese partido busca y encuentra partidos dispuestos a coaligarse con él. Hubo un tiempo en el que muchos analistas subrayaban la capacidad de los nacionalistas de hacer coaliciones con todos en distintas instituciones.

Y es cierto que el PNV siempre ha contado con la seguridad de tener un socio en reserva. Sea cual fuere su apuesta de coalición en cada momento, muchos nacionalistas siempre han albergado la confianza en que al final los socialistas estarían dispuestos a acercarse a los nacionalistas, a tender puentes, a negociar lo que hiciera falta. Desde esa confianza y desde esa seguridad utilizan el ataque que les parece más efectivo contra el PSE: el de ir de la mano del Partido Popular -algo, por lo visto, inaceptable en democracia-, el de formar un bloque con el PP, defender lo mismo que defiende el PP. En ese ataque subyace el convencimiento de que colocar a alguien, a algún partido, en la cercanía del PP es suficiente para desacreditarlo por completo ante los votantes vascos, y también suficiente para provocar en el interior de los socialistas movimientos que conduzcan a estar abiertos a una aproximación a los nacionalistas.

Muchos de los pasos que ha dado el nacionalismo a lo largo de los últimos años los ha dado desde el convencimiento citado: al final, los socialistas se prestarán a algún tipo de acercamiento. Y si bien la historia de estos últimos años ha hecho patente que las diferencias de los socialistas respecto a los populares son ciertas y de profundidad, de la misma forma ha puesto de manifiesto que en cuestiones de sustancia que afectan tanto a la comprensión política de la sociedad vasca y a la comprensión de lo que es posible y de lo que no lo es en relación a la configuración del Estado existen unos límites mínimos que son compartidos entre ambos partidos y que no pueden ser compartidos entre los socialistas y el actual nacionalismo.

A pesar de todo, el nacionalismo puede seguir con la tentación de pensar que harán mella en los socialistas los argumentos que dicen que el verdadero responsable de la situación en Euskadi no es el nacionalismo, sino los gobiernos de Aznar, su involución autonómica, ante la que el nacionalismo no ha hecho más que reaccionar. En los movimientos del nacionalismo en los últimos años no habría nada de autónomo según esta argumentación, sino que todos ellos serían meramente reactivos a una inaceptable política nacionalista centralista del PP en el Gobierno. Desaparecido éste, los impedimentos para un acercaminto entre el PNV y el PSE estarían liquidados.

Y aunque los acontecimientos vayan poniendo de manifiesto que cambiando sustancialmente las formas en el tratamiento institucional del nacionalismo por parte del Gobierno español los problemas siguen donde estaban, es decir, que los problemas del nacionalismo con el Gobierno central no eran cuestión del nacionalismo y del centralismo de Aznar, sino de la inaceptabilidad para cualquiera con responsabilidad de Estado de las apuestas del nacionalismo vasco, es probable que en éste muchos sigan pensando que con el PSE se podrá contar al final en cualquier caso.

Es la postura de quienes se han acostumbrado a reclamar el derecho a hacer lo que creen conveniente y a dar los pasos que creen necesarios, pero impidiendo, o tratando de impedir, que los demás extraigan consecuencias de esas actuaciones, porque ello implicaría, dicen, tanto como negarles el derecho a actuar como quisieran. Es la postura de quien reclama el derecho a la libertad de actuación, pero sin querer asumir las consecuencias, sin querer asumir la responsabilidad que se deriva de esa libertad: que los otros, los demás, los otros partidos, reaccionen como crean conveniente ante las actuaciones nacionalistas.

El convencimiento y la seguridad citada de muchos nacionalistas en poder contar 'in extremis' siempre con los socialistas, y la postura citada de actuar sin tener que asumir responsabilidad alguna por las consecuencias ha hecho que el nacionalismo haya podido llegar tan lejos como ha llegado en muchas de sus decisiones y de sus apuestas, pensando que al final el aborrecimiento de los socialistas contra los populares será superior a la conciencia de la gravedad de las decisiones adoptadas por el nacionalismo.

La historia está plagada de situaciones semejantes, en las que un convencimiento de que otro de los actores, en una situación, nunca osará tomar la decisión indeseada, nunca se atreverá a hacer lo que no le conviene a uno, conduce precisamente a fracasos estrepitosos: Lutero nunca romperá la Iglesia, pudo pensar el Papa Julio II; Hitler nunca abrirá un doble frente, pudo pensar Stalin; las colonias del Nuevo Mundo nunca osarán dar el paso a la rebelión contra la Corona, pudo pensar Jorge III; Bush nunca se atreverá a atacar Irak sin mandato explícito de la ONU, pudo pensar Sadam Hussein; los derrotados nunca formarán una resistencia terrorista digna de mención, pudo pensar Rumsfeld; y todos se equivocaron.

Quienes se acostumbran a ganar siempre terminan perdiendo la capacidad de calibrar las situaciones cambiantes en sus justos términos. Aquéllos a quienes la suerte, la historia, los acontecimientos parecen sonreírles siempre terminan creyendo que todo va a ser así siempre, que el destino no les puede deparar otra cosa. Aunque ellos se acostumbren a hacer dejación de la responsabilidad política básica, cuentan con que los demás, llegado el momento, actuarán responsablemente, y que esa responsabilidad de los demás trabajará en la dirección que a ellos les interesa.

Los grandes cambios en la Historia, y también los pequeños, han tenido como fuente este tipo de equivocaciones de cálculo: algún actor no actúa como se esperaba de él, algún aliado potencial deja de serlo, alguien osa dar el paso que nunca se hubiera pensado o esperado de él; incluso aquél de cuyo inmovilismo se esperaba que actuara como impedimento insuperable para otros se muestra de repente capaz de movimientos. Y lo tenido por imposible sucede, las cosas cambian, la Historia se renueva, entra un aire fresco en ella, nuevas posibilidades se abren, y la vida continúa sin que una catástrofe implique el fin del mundo.

Tenemos encima, un poco antes de lo esperado, las próximas elecciones autonómicas.

El plan Ibarretxe amenaza con acaparar todo el protagonismo. Pero debajo de ese protagonismo la cuestión de las coaliciones postelectorales estará viva de una manera u otra. Y alguien se puede equivocar de cabo a rabo.

El pase del fiscal
TONIA ETXARRI El Correo 23 Febrero 2005

En el Estado de Derecho, el sometimiento a las decisiones firmes de un Tribunal es una necesidad». Éste es uno de los mensajes clave del auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el que se estima el recurso de apelación contra la juez instructora que no vio indicios de delito en quienes no obedecieron la orden del Tribunal Supremo de disolver el grupo de Otegi en el Parlamento.Es decir, sigue el 'caso Atutxa'. A pesar de la indicación de la juez instructora, en sentido contrario, y de la aprobación del fiscal general para archivar la causa, tal como pedía Nekane Bolado. Desde que el Tribunal Supremo ordenara disolver todos los grupos (también los parlamentarios) de Batasuna, y pidiera a Atutxa los nombres de la nueva formación de Otegi, con siglas reconvertidas para burlar la ley, y que el aludido se fuera por los cerros de Orduña contestando que debía defender la dignidad democrática del Parlamento, el desencuentro entre el Gobierno de Ibarretxe y la Justicia ha sido permanente.

Las tretas empleadas por el tripartito para dilatar el proceso de disolución de la ilegalizada Batasuna han sido consideradas por el tribunal vasco una actitud obstaculizadora de la Justicia ya que se ha dedicado a poner «trabas y obstáculos». La situación es ciertamente delicada: los magistrados vascos consideran que el 'caso Atutxa' debe tener un juicio oral por entender que en la actitud de los tres parlamentarios (Atutxa, Knörr y Bilbao) hubo indicios racionales de responsabilidad criminal por un posible delito de desobediencia.

Revocada, pues, la resolución de la juez instructora, el fiscal Conde-Pumpido se apresuró ayer a decir que no sólo se reafirmaba en su 'pase foral' frente a la resolución del tribunal vasco, que respeta pero no comparte, sino que dijo que pedirá la absolución de Atutxa. No le hace falta, pues, al PNV seguir presionando para torcer el destino. Lo ha intentado todo. Atutxa seguía ayer opinando sobre su causa ante los micrófonos. Hace tan sólo unos meses participó en la votación parlamentaria que debía designar a uno de los juristas que, seguramente, tendría que actuar en su caso. Un escándalo que no tuvo mayor repercusión. Pero el fiscal general le va a hacer un favor en plena campaña electoral. El mismo fiscal que, según cuentan en su entorno, una vez que vio la posibilidad de archivar el 'caso Atutxa' llamó por teléfono a un alto cargo del Gobierno para decirle: «Tengo una magnífica noticia que darte». Ahora, no sólo no acusa sino que pedirá la absolución de quienes se negaron a disolver el grupo de Otegi en el Parlamento. Lo van a tener difícil los socialistas vascos para explicar a su electorado que el Gobierno de Zapatero no ha sido consecuente con la obligación de acatar las sentencias en un Estado de Derecho. Porque, a estas alturas, nadie se cree, por muy suyo que sea Conde-Pumpido, que haya existido un fiscal general independiente del Gobierno de turno.

Prepublicación / "El suicidio de España"
La falsa pluralidad y el antropomorfismo
Por Enrique de Diego Libros Libres (Periodista Digital) 23 Febrero 2005

Los nacionalistas utilizan no sólo los mecanismos democráticos para alcanzar sus fines totalitarios, también intentan presentarse como la culminación de la democracia, pervirtiendo el lenguaje. Así la obtención de sus objetivos se presenta como imperativo de pluralidad. Sin embargo, entienden este término de manera bien distinta. No utilizan ni el singular, ni el plural; en cualquier caso, no con tal significado, sino el impersonal. La pluralidad hace referencia a una diversidad de colectividades. Esto está bien lejos de ser pluralista. No queda resquicio para ello dentro del grupo. El individuo ha de diluirse en un cierto panteísmo; ha de esforzarse por asemejarse al canon preestablecido; erradicar de sí mismo todo aquello que le aleja de la identidad común, cuanto le hace diferente.

La pluralidad no es el humus de la sociedad abierta, donde cada uno ha de poder buscar la felicidad, tal como la entienda, sin coacciones, sino yuxtaposición de sociedades cerradas, en cada una de las cuales se sobreentiende que la persona humana no puede ser feliz sino como adecuación al destino colectivo de la raza, de la cultura y de la tierra. Puede percibirse con facilidad, aunque luego se estudie con mayor detenimiento, hasta qué punto tal esquema hace inviable e indeseable el ejercicio de la libertad personal y conlleva la persecución del disidente, del distinto. La presión puede hacerse tan férrea que se interioriza. Hemos visto ya alguna tendencia a la modificación de los apellidos para atenerse a la narrativa unívoca del grupo.

Esta mentalidad colectivista está muy extendida; se ha convertido en uno de los dogmas de la moralidad correcta de los nuevos clérigos; es hegemónica en las universidades y coincide con las propuestas de la postmodernidad, de corte estructuralista. La idea tan difundida y tan mendaz de que todas las culturas son respetables, menos, por supuesto, la occidental, la sociedad abierta, que representa una amenaza para todos ellas, al propugnar el pluralismo dentro de las culturas y las sociedades.
Los nacionalistas suelen intentar trasladar sus complejos de culpa –muy abundantes- al conjunto de la sociedad en la que habitan o con la que conviven, de modo que establecen que no existe libertad mientras la colectividad no está en condiciones de responder a su identidad. El odio al charnego y al maketo -la presión ejercida sobre ellos- lo es en cuanto representan factor de pluralismo interno. Se supone que cuando no se da la pureza del colectivo se debe a los enemigos interiores y exteriores. En ningún caso, se cuestiona que tal objetivo, además de totalitario, es un imposible en las sociedades complejas del presente, donde los sistemas de control del individuo, a través de gremios y estamentos, ha tiempo desaparecieron y en las que cualquier regresión tribal implicaría la miseria y la incapacidad para sostener los actuales niveles de población.

Esa mentalidad colectivista hace que el grupo y los conceptos que lo definen adquieren caracteres antropomórficos. En la película Braveheart, de Mel Gibson, en la que se ensalza el nacionalismo con clara ucronía, trasladando a la Edad Media conceptos modernos, hay una escena significativa. Cuando los miembros de los clanes escoceses dudan si entrar en batalla, William Walace, el protagonista, les arenga dirigiéndose a ellos como “hijos de Escocia”. Tal expresión no hubiera significado nada para escoceses de la Baja Edad Media. Escocia adquiere personalidad de madre. Los proetarras de Batasuna han utilizado en sus campañas fotografías de una mujer embarazada a punto de dar a luz a Euzkadi. La idea del alumbramiento ha sido citada con frecuencia por dirigentes del PNV en relación con el plan Ibarretxe. Lejos de ser metáfora o alegoría, la personalización del colectivo es inherente a la mentalidad nacionalista. Y tiene consecuencias. Aunque suelen ser muy laxos respecto al respeto de los derechos personales, los nacionalistas propugnan la existencia de derechos colectivos de los seres antropomórficos de su imaginario. En ese sentido, la lengua tiene derechos. Si se ha limitado su uso, no han sido las personas quienes han visto restringidos sus derechos, sino que es la lengua la que ha sufrido. Esa idea, ya analizada, de la decadencia del grupo en cuanto tal, se establece como fuente de sufrimiento colectivo. Cataluña o Euzkadi padecen. Ese dolor común llega a ser sentido como cierto por las personas y es vector de odio hacia el pluralismo real, hacia quienes se convierten en obstáculo para la consecución de la identidad.

El más falaz y peligroso de esos pseudoderechos colectivos es el de autodeterminación. Desencadenó la primera guerra mundial. Recibió impulso desde el marxismo-leninismo con la generación de ‘movimientos de liberación nacional’. Propuesta clave para el nacimiento y la proliferación de grupos terroristas. Con ese criterio, apadrinado por la ONU, se puso en marcha y se desarrolló la descolonización, uno de los procesos más letales de los tiempos modernos (1). La autodeterminación constituye la patente de corso para eliminar diferencias dentro de una sociedad. Desde posición proclive al nacionalismo, Marianne Heiberg señala que “crear una nación implica una drástica sustitución de la diversidad por la uniformidad. Personas que anteriormente se han sentido distintas y distantes tienen que transformarse en una comunidad vinculada por la afinidad cultural y la solidaridad” (2). Estamos ante la descripción velada de un proceso de ingeniería social, que precisa altas dosis de violencia, y cuyo resultado final no es el pluralismo interno, sino la uniformización.

Visiones simples y encarnación de las ideas
El nacionalismo suele surgir de un complejo de inferioridad, muy ligado a ese decaimiento, mas al tiempo ofrece a sus adeptos una visión simple de la vida, con coordenadas precisas, que permite establecer líneas concretas con dialécticas nítidas de amigo-enemigo. Es un enorme depósito de odio, pues el daño infringido es ancestral. La solidaridad se restringe a los límites de la tribu. Quien rechaza ser coherente con su vocación es enemigo. Quienes están fuera de ella, lo son también. Si bien propenden y buscan la incomunicación, al tiempo, suelen presentarse como incomprendidos y, por supuesto, como víctimas. El victimismo nacionalista no se refiere a hechos concretos, no se reclama respecto a la realidad, tal y como puede ser observada, sino a esa conspiración universal, metahistórica, por la que el grupo abandonó su estado tribal, su incubación cavernaria y no ha recuperado su nivel de perfección.

La fuerza del nacionalismo no se entiende si no se tiene en cuenta que se trata de un sustituto de la religión, de una cosmovisión salvífica. La decadencia previa es el abandono del paraíso terrenal, al que es preciso volver. En otro caso, nadie del grupo puede alcanzar su plenitud humana y ser feliz. Quienes, en el camino, se distraen, no son otra cosa que frívolos pecadores. El antropomorfismo de los colectivos conduce, como corolario, a otro mito: la encarnación de las ideas. Las personas responden a identidades, encarnan ideas, definidas por nacimiento, cultura y raza. Cada uno de esos datos diseña una especie de documento nacional de identidad ideológico. Quien sostiene tal opinión, lo hace porque nació en no sé dónde, pertenece por ende al pueblo opresor; no respeta la lengua del grupo, pues la suya es otra; o a una raza inferior, en el bien entendido caso de que quien no está inserto en el colectivo puro es inferior de por sí. Esto suele revestirse, en ocasiones, de aparente criterio nivelador: cada raza, cultura o tierra responde a una identidad. Se hace para evitarse la identificación con el nazismo, que estableció con claridad la superioridad de la raza aria, mas, en el fondo, se participa de tal criterio. La idea de que el individuo encarna ideas, y no sostiene opiniones, mediante su libre albedrío, y su corrección de errores, es uno de los múltiples factores que hacen del nacionalismo una ideología violenta e intolerante. Los nacionalistas suelen, en su manipulación de los criterios pluralistas de la sociedad abierta, propugnar el respeto a las ideas, siempre en un sentido colectivo, cuando estas han de estar siempre sometidas a la crítica, mas tienden a descalificar, como es habitual en los totalitarios, a las personas.

Ya hemos visto que el pueblo vive en el éxodo a la búsqueda incesante de la tierra prometida. Será, con su dominio, cuando el grupo, y con él cada uno de sus miembros, podrá ser redimido y salvado.
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(1) Ver Paul Johnson, Tiempos modernos, Javier Vergara Editor, Buenos Aires, 2000.
(2) Marianne Heiberg, La formación de la nación vasca, Arias Montano Editores, Madrid, 1991, pág. 13.

Diccionario


Colectivismo: Lo contrario de individualismo. Concepción antropomórfica de los conceptos comunitaristas –grupo, comunidad, pueblo–. Considera que la persona no tiene otro sentido que su pertenencia a la colectividad y que ésta es una realidad superior a la suma de los individuos que la componen. Suele conocerse por su acepción económica de propiedad estatal de los medios de producción con proscripción de la propiedad individual.

Comunidad nacional: sinónimo de nación.

Cosmopolitismo: Dícese de la persona que considera a todos los lugares del mundo como patria suya. Tal actitud es compatible tanto con el respeto como con el cariño a la nación propia.

Dialéctica: En la escolástica era un sistema de aprendizaje o debate de forma que se exponía primero el error –hipótesis– que se desmontaba mediante argumentos racionales –tesis– para llegar a una conclusión verdadera –síntesis–. El idealismo alemán, y específicamente el hegelianismo, confunde el método con la realidad y convierte la dialéctica en una forma dinámica de relativismo intelectual y moral.

Estado de Derecho: Se basa en los derechos naturales de la persona y presupone la existencia de tribunales independientes, que interpretan leyes aprobadas por un órgano de representación libremente elegido por tiempo determinado.

Estado libre asociado: Dícese de la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos de Norteamérica. Propuesta del presidente del gobierno autónomo vasco para, utilizando la marca España, separarse, al tiempo, de la patria común.

Estado nacional: Doctrina por la que se establece que el Estado está al servicio del cumplimiento y triunfo de una idea, y aún más de una nación preexistente, entendida en un sentido colectivista. Tal doctrina considera que la nación ha de tener límites naturales al margen de la evolución histórica. Estado nacional es sinónimo de Estado totalitario.

Estado totalitario: Asume la ley superior, y por tanto el poder total, sobre los ciudadanos, incluida su vida. Es el caso extremo de tiranía que ha conocido el mundo. Concentra los poderes a través de un partido único en una sola persona.

Estado: Conjunto de los órganos de gobierno de un país soberano.

Federalismo asimétrico: obtención de privilegios para ciertas comunidades autónomas; ruptura, en relación con los territorios, del principio de igualdad de todos ante la Ley; intensificación del agravio; secesión a plazos.

Federalismo de libre adhesión: proposición, sin concretar, de Izquierda Unida del País Vasco, para justificar su apoyo al PNV.

Historicismo: Doctrina que establece la existencia de un fin de la historia determinable o predecible mediante la interpretación o conocimiento por revelación del devenir histórico. Tal fin de la historia o parusía es la culminación de algún proyecto colectivo: el dominio de la raza aria, el triunfo del proletariado, la construcción nacional... El historicismo es, en principio, determinista; parte de la consideración de que posee una verdad manifiesta, que se impondrá necesariamente, pero suele adquirir un carácter activo, por el que una vanguardia o un movimiento político asume la aceleración del cumplimiento de la ley histórica.

Idealismo: Según el diccionario, “condición de los sistemas filosóficos que consideran la idea como principio del ser y del conocer”. Corriente filosófica fundamentalmente alemana que considera a la razón como fuente creadora de las esencias. Suele propender a sugerir y realizar procesos de ingeniería social.

Identidad: Ha ido adquiriendo una acepción sinónima de personalidad con tendencia a considerar ésta como rasgo colectivo diferencial. Puede derivar de la ficha que las naciones han ido imponiendo en el último siglo a sus ciudadanos para su identificación. Se habla de señas de identidad como los componentes simplificados que marcan hipotéticamente la pertenencia a un grupo, participando de una personalidad común. Hace referencia a las regularidades o tradiciones que son habituales o comunes en un territorio.

Ideología: Según el Diccionario, “conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político”. Habitualmente debe entenderse como un orden cerrado de ideas o conjunto de ellas, que se enlazan unas con otras, formando un credo dogmático. Ideología es sinónimo de religión secular y constituye su cuerpo doctrinal teórico o dogmático.

Individualismo metodológico: Método de conocimiento que analiza las organizaciones desde el individuo. Niega personalidad física a las nociones abstractas o que designan colectivos.

Ingeniería social: Intervención coactiva, sin límites morales, para transformar la realidad mediante la supresión de derechos a grandes poblaciones o el exterminio de un elevado número de individuos afectados por una responsabilidad colectiva culposa.

Libertad: Capacidad de elegir con ausencia de coacción. La libertad es indivisible y en política pasa por la existencia de derechos de la persona anteriores al Estado y la elección de los representantes políticos.

Mesianismo: Concepción por la que un grupo, raza, clase o partido se considera depositario de un designio providente y un mensaje moral que se posee por elección y exige responsabilidad de su cumplimiento en la historia. El mesianismo en las religiones seculares adquiere carácter agresivo y de dominación.

Moral dialéctica: Señalamos como tal a la eliminación de la responsabilidad personal mediante la negación de moralidad al acto en sí, en consideración a un proceso constante hacia un fin, para la consecución de un orden superior que justificaría actos delictivos e inmorales en las etapas intermedias, de forma que ese orden nuevo, o fin superior, haría incluso necesarios, para su consecución, esos actos inmorales, incluidos el asesinato y el genocidio.

Nación: En el sentido más clásico, conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo gobierno. Hace referencia también al territorio. En la concepción del estado nacional es un ente moral, un cuerpo orgánico, determinado por alguna característica específica que se establece como carácter genético, a la que la persona pertenece, independientemente, de su libertad personal.

Nacionalismo: Según el Diccionario, “apego de los naturales de una nación a ella y a cuanto le pertenece. Doctrina que exalta en todos los órdenes la personalidad nacional completa o que reputan como tal sus partidarios. Aspiración o tendencia de un pueblo o raza a constituirse en estado autónomo”. Las dos últimas acepciones entrañan conceptos colectivistas que apuntan a la realidad del nacionalismo como visión excluyente o totalitaria de la nación, de modo que la pertenencia a ésta viene marcada por una identidad única o uniforme, con pretensión moral.

Patria: Sinónimo de nación. Según el Diccionario de la Real Academia Española, “tierra natal o adoptiva ordenada como nación, a la que se siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos”. Se refiere al aspecto fundamentalmente afectivo de la adhesión o pertenencia a la nación y hace relación especial al origen o nacimiento, y a la continuidad con los antepasados.

Patriota: Que ama a su lugar de origen. Ha ido pervirtiendo su sentido hasta significar el puro, el superior, el nacionalista en sentido pleno. Es un sinónimo invertido del término religioso santo.

Raza: Grupo de seres humanos que se distinguen por aspectos accidentales como el color de la piel u otros caracteres. En las doctrinas colectivistas, adquiere categoría moral como identidad esencial y produce, al tiempo, una consideración de responsabilidad colectiva mediante el racismo. Habitualmente establece jerarquía entre razas superiores e inferiores, pero en otras basta con establecer una diferencia esencial para marcar la pertenencia a un grupo, condenando el mestizaje.

Relativismo moral: Consideración de que los principios morales están supeditados a un fin político entendido como ley superior. Sublimación mediante una idea total de la reflexión maquiavélica de que el fin justifica los medios. Esa ley superior o sagrada causa puede ser el bien del partido, la clase, la raza o la nación. El relativismo suele ir relacionado con formas de historicismo y una concepción colectiva de la responsabilidad.

Religiones seculares: Aquellas doctrinas que transfieren los contenidos y las terminologías de las religiones transcendentes clásicas al mundo de la inmanencia o la temporalidad. De forma que espiritualizan los conceptos colectivos confundiéndolos con transcendentes. Establecen dogmas en lo opinable y lo político. Justifican, de forma habitual, la inquisición política y legitiman la violencia como medio para imponer la ley superior.

Responsabilidad colectiva: La falta existente por la pertenencia a alguna categoría o grupo incapaz de reconocer la verdad manifiesta y que consciente o inconscientemente obstaculiza el cumplimiento de la ley histórica: burgués, judío, maketo...

Totalitarismo: Concepción absoluta del poder que diviniza al estado y exige sometimiento, tanto del cuerpo como del alma, de la conducta exterior y de la conciencia. Búsqueda del acceso al poder, y de su mantenimiento, mediante la coacción de la violencia y, en su caso, del aparato represor del Estado, con el fin de obtener la uniformidad y pureza del colectivo con negación del pluralismo y la libertad individual.

Verdad manifiesta: No precisa demostración ni acepta contrastación con la realidad. Es dogmática y quien no la conoce o no la acepta es por alguna perversión, interés oculto, tara social o genética. Suele legitimar un poder autoritario que define la ortodoxia.

La Ley de Polanco
Por Federico Jiménez Losantos El Mundo 23 Febrero 2005

La Ley de Polanco tiene un solo artículo: «Polanco no reconoce ninguna ley». Es suficiente. El Gobierno de Rodríguez Zapatero, con la bautizada como Ley Polanco, hecha a su medida desmesurada y que le faculta para incumplir sentencias del Supremo, cambiar la televisión de codificada a abierta o detentar hasta la mitad de las frecuencias de radio del espectro, más fantasmal que nunca con semejante Júpiter en medio, se ha limitado a un desarrollo de esa auténtica Ley de Leyes que sin estar escrita resulta vigente y actuante como ninguna en la España de las dos últimas décadas.

Eso sí, ZP, Blanco, Rubalcaba y compañía lo han hecho con una sumisión tan devota, con una prontitud tan genuflexa, con una complacencia anélida tan arrastrada que también podría llamársele Proyecto de Ley Babosa, Ley Gusano o Código Lombriz.

Trae la cerviz tan doblada, tan combada la columna y tan blanditos los huesos del articulado que resulta prácticamente invertebrada.Es el reverso perfecto de aquella Ley Rumasa con la que se estrenaron los socialistas en el Gobierno de la democracia hace veintidós años.

Aquella era una ley contra un solo hombre al que previamente ya le habían robado un imperio en función de la ley que todavía no habían redactado.

Esta es una ley a favor de un solo hombre, de un imperio que ha crecido a golpe de favores gubernamentales hasta alcanzar un volumen incompatible con el pluralismo, la libertad y la democracia.

Conviene insistir en la naturaleza liberticida y profundamente antinacional del mayor poder fáctico que nunca haya disfrutado un particular en el solar ibérico, al menos sin ser Rey, presidente del Gobierno, dictador militar o civil, aunque esta última figura en versión posmoderna es la que seguramente conviene a Polanco.

Sería temible en manos de cualquiera, pero es que las suyas son las manos más peligrosas de la bibliografía quiromántica. Su penúltima hazaña fue el golpe político-mediático del 11 al 14-M que llevó al poder al PSOE sobre doscientos muertos arteramente manipulados.

La última es de ayer mismo: amenazar al eurodiputado Luis Herrero por denunciar en Estrasburgo la monstruosa concentración de poder mediático, ideológico, cultural y económico que el Gobierno de ZP, como antes el de Aznar y antes el de González, han forjado en torno a este millonario del franquismo.

oleY además, el representante máximo de la Cadena Ser chantajeó abiertamente, según denunció ayer en la Cope el propio eurodiputado, a tres dirigentes del PP para que desautorizaran la intervención de Herrero que ya había suscitado la ira de la harka del PSOE, con Yáñez de mariscal, Medina de legionario y Borrell de presidente-escoba.

No sé cómo Juan Carlos se atreve a seguir llamándose Rey de España, al menos sin recuperar el título de Las Dos Sicilias.

Israel
La esperanza
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 23 Febrero 2005

Con gran parte del likud en contra, apuntalado por el laborismo, preparado para enfrentarse a la resistencia de los colonos, Ariel Sharon mira ya hacia la amenaza iraní cuando la desconexión de los territorios parece al alcance de la mano. La esperanza crece desde que desapareció Arafat, aunque en Israel circulan rumores de que Hezbolá tiene cientos de agentes en los territorios preparando el asesinato de Abu Mazen.

La liberación de quinientos presos palestinos sin delitos de sangre ha sido un paso importante en el proceso, pero un paso preliminar. Pronto tendrán que salir los otros presos, y los israelíes recuerdan muy bien lo que sucedió hace unos pocos años, cuando la anterior esperanza se frustró y centenares de terroristas liberados volvieron a prestar su triste contribución a una causa que consiste en aterrorizar a la población civil, volar autobuses llenos y restaurantes. Pero la compleja y democrática sociedad israelí no ha olvidado lo qué es, ni por qué ha conseguido sobrevivir a cinco guerras convencionales y una mediático-terrorista, ni la urgencia de defender todos los días la vida y la libertad. ¿Cómo podría hacerlo? En ese pequeño país de seis millones de almas que cobra la peligrosa forma de un pasillo de quince kilómetros entre el mar y la amenaza, las gentes recuerdan el precio del mañana más que ningún otro pueblo.

En una red que se conoce como sistema dawa y que empieza en las mezquitas y con los imanes, los que manejan el entramado sobre el que crece el terrorismo en Oriente Medio proveen a millones de personas de unos mínimos de protección sanitaria o financiera que sus estados no ofrecen. La falta de democracia está alimentando un tsunami fundamentalista. La veintena de dictaduras árabes y la burocracia europea moratinesca tratan de convencernos de que todo el problema estriba en las actitudes de ese pequeño estado, curiosamente la única democracia de la zona, Israel. Se han aliado en la mentira los que siempre han querido destruirlo con los que han olvidado el significado de la defensa. Cuentan con la impagable colaboración de la prensa europea para falsificar, silenciar, omitir, caricaturizar o mentir abiertamente. ¿Sabe la opinión pública que el famoso muro es, en un noventa y cinco por ciento, una verja? ¿Sabe el español de a pie que entre 2000 y 2002 se detenía a tres hombres bomba al día? ¿Sabe que desde que hay verja ni un solo terrorista la ha atravesado? ¿Sabe que ese cinco por ciento que es muro se levanta junto a lugares como una autopista que sufrió un ataque con disparos el día de su inauguración, muriendo una niña? ¿Sabe que en el mundo hay dos millones de kilómetros cuadrados de territorios ocupados aunque nuestros medios sólo hablen de los seis mil de Gaza, Judea y Samaria?

España es un enemigo objetivo del islamismo, por muy infinita que sea el ansia de paz del presidente. Los fundamentalistas no ocultan que consideran nuestro país tierra robada, y que piensan algún día recuperarla. Nada de esto va a cambiar por tenderles la mano con gestos como la retirada de Irak o la broma de la alianza de civilizaciones. Estamos especialmente interesados en que Israel culmine con éxito el difícil proceso en el que está inmerso y que se desmonte de una vez por todas la más vieja y ominosa excusa de la posguerra mundial. La civilización ya estaba en deuda con los judíos; ahora lo está con Israel.
 
Partido Popular
En conciencia y con orgullo
Miguel Ángel Quintanilla Navarro Libertad Digital 23 Febrero 2005

Uno de los problemas más importantes de la derecha española ha sido la dificultad para mantener un discurso político fundamentado en valores capaces de movilizar al electorado, de hacerle sentir que cuando votaba al PP no sólo votaba a unos gestores solventes, sino a un partido preocupado por “hacer un mundo mejor”. El monopolio de los buenos sentimientos y de las buenas intenciones parece estar en manos de la izquierda, quizás porque en su mano está el monopolio, ligeramente incompleto, de la comunicación.

Sin embargo, no hay ninguna razón para que este mito permanezca por más tiempo. Lo que el PP apoyó al apoyar la guerra de liberación de Irak fue un cambio revolucionario en la política exterior norteamericana, un proceso de dignificación basado en un principio esencial: la gente prefiere la libertad a la esclavitud, independientemente de su cultura, y con ella es con quien hemos de establecer acuerdos y a ella es a la que debemos apoyar, no a los tiranos que la subyugan. En esencia, éste es el credo “neocon”, una manera de abordar las relaciones internacionales alternativa al “realismo” (cinismo inútil) de la política norteamericana tradicional que nada tiene que ver con la caricatura que de ella se hace en Europa, y que, como afirmó The Weekly Standard hace unas semanas, permite decir que “lo realista es ser idealista”, imaginar un Oriente Medio democratizado y próspero, intolerante del terrorismo y comprometido con la defensa de los derechos individuales: el sueño de algunos de los que nos declaramos objetores de (en) conciencia por el papel del Gobierno de Felipe González en la primera Guerra del Golfo, y el único camino para terminar con el terrorismo islamista a medio plazo.

Esto es lo que Bush está promoviendo y lo que el PP contribuyó a poner en marcha, anteponiendo la defensa de la libertad y de la justicia a su interés electoral. Es un motivo de orgullo, no de vergüenza, y en la medida en que la derecha española continúe sin enorgullecerse de haber sido una fuerza promotora de la profunda transformación que se está empezando a producir en el mundo islámico, pondrá en bandeja a la izquierda la posibilidad de apropiarse de ese suceso y alimentará la falsa idea de que la foto de las Azores retrató una conspiración al servicio de oscuros intereses cuyo resultado fue el 11-M.

Esa es la operación ideológica en que se están empleando a fondo los medios de comunicación progresistas, y llevan camino de consumar su gran impostura por incomparecencia del oponente. Es absurdo que el PP reniegue de lo mejor de su historia.

El PSOE no está rectificando sobre Bush por convicción, sino por interés, y no debería salirle gratis. Si el PP se decide a vindicarse ante la opinión pública y a pedir su respaldo para continuar la promoción de la tarea que él empezó y a la que ahora tantos se suman, ganará la adhesión de quienes imaginan un mundo mejor y están dispuestos a hacer algo sacrificado para favorecerlo (a diferencia de los popes progresistas, que lo conciben como un negocio rentable). Sin duda, la mayoría de los españoles.

Elecciones
Nino Muñoz/Vitoria-Gasteiz Cartas al Director El Correo 23 Febrero 2005

Ante el 'no' a su plan en el Congreso, ya tenemos la respuesta de Ibarre-txe: convocatoria de elecciones, con el habitual victimismo para rentabilizar el rechazo y movilizar a toda la familia nacionalista, comenzando por comprometerse a trabajar activamente, no para que ETA desaparezca, sino para legalizar a Batasuna y seguir contando con su apoyo. Lejos de comprometerse con el entendimiento y la normalidad, el lehendakari apoya a quienes le apoyan y da la razón a los ilegalizados para que sigan apoyando la violencia y no la condenen. Es evidente que el lehendakari no tiene la más mínima intención de reconsiderar su plan divisor, inmoral, ilegal y secesionista y para ello se ha aliado con los violentos. Habla Ibarretxe constantemente de negociación -de tu a tu- antes que de diálogo, con gesto de violencia contenida, afirmando que su plan lo llevará adelante con o sin aprobación del Congreso.

Demuestra soberbia, desprecio hacia la mitad de la sociedad vasca que no admite su plan, cerrazón y terquedad. Pretende, aunque sea bajando al infierno de Imaz, independizarnos a todos. No dice la verdad cuando afirma que vivimos un momento ilusionante, que su plan traerá la paz o que lo apoya la inmensa mayoría de la sociedad. No es cierto el clamor de la sociedad exigiendo su negociación. Tampoco que ha llegado la hora de que la sociedad vasca se pronuncie «con cordura y sin miedo» porque el miedo persiste. Miles de vascos, aunque por diferentes razones, podríamos estar de acuerdo con Batasuna en que no se celebraran las elecciones mientras todos no pudiéramos concurrir en las mismas condiciones. Pero dada la persistencia de los rifles y las bombas, con un lehendakari partidista y excluyente, y un Gobierno que mira a Estella, mejor que se celebren para conseguir la alternancia y lograr la igualdad, la convivencia, la seguridad y la libertad.

El TSJ vasco contradice a Pumpido y ordena seguir el proceso contra Atucha al encontrar indicios de delito
El fiscal general, pese a la contundencia del auto, pedirá la absolución del presidente del Parlamento La resolución arremete contra la juez que archivó la querella por sostener que el TS vulneró derechos de SA El PP pide la dimisión del fiscal por «hacer el ridículo»
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco considera que existen claros indicios de criminalidad en la decisión del presidente del Parlamento de Vitoria, Juan María Atucha, y los también miembros de la Mesa Gorka Knörr (EA) y Conchi Bilbao (IU) de no disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak, tal como había ordenado el TS. Por ello, estima el recurso interpuesto por el sindicato Manos Limpias contra el archivo que acordó la juez Nekane Bolado respecto a la querella interpuesta por el fiscal y el citado colectivo. El Tribunal la critica duramente por decir que el TS vulneró los derechos de los batasunos. La Fiscalía ha anunciado que formulará un escrito de conclusiones provisionales absolutorias para el juicio oral.
Atucha no será acusado por el fiscal y su imputación quedará limitada a Manos Limpias
F. Velasco La Razón 23 Febrero 2005

Madrid- «No cabe negar, en modo alguno, que existan indicios racionales de responsabilidad criminal atribuible, por un posible delito de desobediencia, tanto al Presidente –Juan María Atucha–, como al vicepresidente primero –Gorka Knörr– y a la secretaria segunda de la Mesa del Parlamento –Conchi Bilbao–». Esta es la conclusión a la que llega la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, motivo por el que ordena que se continúe la causa contra los tres. Por contra, confirma el sobreseimiento respecto a los miembros de la Junta de Portavoces, Joseba Eguíbar, Rafael Larreina y Antón Morcillo, ya que el Supremo no realizó a esa Junta ningún mandato.

La resolución del tribunal –integrado por el presidente, Fernando Ruiz Piñeiro, y los magistrados Antonio García Martínez y Roberto Saiz Fernández– rechaza todos y cada uno de los argumentos esgrimidos por la juez instructora, Nekane Bolado, para archivar la causa. Así, en primer lugar, la Sala analiza lo esgrimido por la instructora respecto a la supuesta vulneración de derechos fundamentales porque su disolución por el Tribunal Supremo se acordó «sin constancia alguna de su llamamiento al proceso o de la oferta de posibilidad de audiencia».

La Sala, sin embargo, rebate con contundencia esos argumentos, a la vez que se critica que la instructora haya puesto en duda la legalidad de la Sala Especial del Tribunal Supremo para acordar la disolución de SA. Así, y tras señalar que en ningún momento los querellados esgrimieron que el incumplimiento de la orden del Supremo se justificase en esa circunstancia, el auto entra en el análisis de lo argumentado por la instructora.

En primer lugar, destaca la resolución, «es inverosímil que se puedan albergar dudas sobre la legitimidad y ejecutividad de lo resuelto y consecuentemente ordenado e inaceptable, desde luego, que el órgano instructor pretenda cuestionar lo actuado o decidido pro el Tribunal Supremo».

En segundo lugar, y en relación con lo anterior, se critica duramente que la instructora dudase sobre la legalidad de la Sala Especial del TS para acordar la disolución del grupo parlamentario de Arnaldo Otegui. «Causa, por todo ello, verdadera perplejidad la deriva argumental seguida en este punto por la instructora al poner en tela de juicio la legitimidad de lo actuado y ordenado por la Sala Especial del TS, pues para un juez el concepto de lo justo viene delimitado, en casa caso, por lo establecido en sus resoluciones por el Tribunal competente, al que se debe prestar el debido acatamiento, sin que quepa cuestionar sus actuaciones o discutir sus decisiones», se afirma al respecto por la Sala.

También se rechaza de plano lo sostenido por la instructora sobre que la disolución de SA se produjo fuera del ámbito de su competencia funcional jurisdiccional.«También en este caso el discurso de la instructora deviene inaceptable, pues se inmiscuye, nuevamente, en un ámbito en el que no puede adentrarse, entremezclando de forma improcedente la competencia para ejecutar con el contenido de la ejecución, y todo ello para terminar negando la competencia a quien sin duda la tiene».

Voluntad de no obedecer.
La segunda parte de la resolución del TSJPV se centra en analizar la conducta de José María Atucha, Gorka Knörr y Conchi Bilbao, como presidente, vicepresidente primero y secretaria segunda de la Mesa del Parlamento Vasco, respectivamente, sobre lo ordenado por el Supremo de disolver Sozialista Abertzaleak.

En este punto, se concluye que la actuación de los tres son «provisoriamente indicativos de responsabilidad criminal por un posible delito de desobediencia». Cuatro argumentos esgrime la Sala para llegar a esa conclusión: Lo ordenado por el Supremo, pese a la reiteración, «no ha tenido lugar ni ha sido llevado a efecto»; son los miembros de la Mesa del Parlamento «los directamente concernidos por cuanto la Sala ordenó en tal sentido»; eran «plenamente conscientes del alcance y consecuencias de sus actos y omisiones»; y, en cuarto lugar, «desoyendo cuanto era ordenado» y negándose a aceptar «que una resolución judicial pudiera disolver por sí un Grupo parlamentario».

Pumpido se mantiene. Por otro lado, la fiscalía general del Estado hizo público anoche una nota en la que adelanta que Cándido Conde-Pumpido, una vez analizado el contenido del auto del TSJPV y tras estudiarlo mantendrá «el mismo criterio jurídico, que determinó su decisión de no recurrir el archivo». Este criterio, añade la nota, « no se considera desvirtuado por los argumentos de la Sala, que se respetan pero no se comparten». La Fiscalía entiende que este auto es una «decisión de carácter provisional que supone la continuación del procedimiento pero en ningún caso una resolución definitiva sobre el fondo de la cuestión debatida, por lo que formulará escrito de conclusiones provisionales absolutorias para el acto del juicio oral».

Finalmente, el portavoz de Justicia del PP, Ignacio Astarloa, pidió ayer la «dimisión» de Conde-Pumpido, por la «dejación» de funciones y el «ridículo» que ha cometido al no recurrir el archivo de la querella contra Atucha.

MANOS LIMPIAS / El TSJPV ordena seguir el proceso contra Atutxa por desobedecer al Supremo
Miguel Bernard: «El auto del Tribunal Superior vasco supone el triunfo del Estado de Derecho»
Por Arturo Díaz Periodista Digital 23 Febrero 2005

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha ordenado que se siga el proceso contra el presidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa, por desobedecer al Supremo y no disolver el grupo Sozialista Abertzaleak. Esta decisión se produce después de que este tribunal estimara el recurso de Manos Limpias a la decisión de la juez Nekane Bolado de archivar el procedimiento contra Atutxa, Kontxi Bilbao, Gorka Knorr y otros dos diputados por no disolver Sozialista Abertzaleak.

¿Qué supone esta decisión judicial?
Es el triunfo de toda la sociedad española.

¿Un triunfo sobre el papel?
Ha triunfado el Estado de Derecho y tendrá efectos prácticos. En diez días tenemos que elevar un escrito formal de acusación y la apertura del juicio oral.

¿Terminará sentándose Juan María Atutxa en el banquillo?
No es lo mismo una desobediencia de un ciudadano de a pie que el de una autoridad. Los que han desobedecido son el presidente del Parlamento Vasco y los dos miembros de la mesa... Se sentarán en el banquillo los tres, imputados por delito de desobediencia con el agravante, según el artículo 22 del Código Penal, de ostentación de cargo público.

¿No ocurrirá como la vez anterior?
Creemos que no y nos congratulamos de que un órgano colegiado haya actuado de la forma en que ha actuado. A pesar de las presiones políticas, ha mantenido su independencia y no se ha dejado llevar por las connivencias de la juez Nekane Bolado. El auto es demoledor con la juez. Si yo estuviera en su lugar, me dedicaría a otra cosa.

No es la juez Nekane Bolado la única que ha entendido que no había delito en el comportamiento de Atutxa...
Es cierto y nos parece indignante que el fiscal general del Estado, que tenía que haber protegido el interés público y el Estado de derecho, se negara a recurrir el archivo del auto. Si no llegamos a intervenir nosotros, este flagrante delito de desobediencia y de desafío al Estado de derecho habría quedado impune.

¿Usted cree que lo ocurrido desautoriza a Cándido Conde Pumpido?
Por completo. Vamos a pedir la dimisión del fiscal general del Estado. No merece estar donde está, porque se mueve por vaivenes políticos y sigue consignas políticas, por encima de consideraciones jurídicas y legales. Así de claro.

¿A qué se refiere cuando habla de "connivencias" de la juez Nekane Bolado?
Mantiene unas muy estrechas relaciones con dirigentes del PNV, y en concreto, una amistad manifiesta con el ex miembro del Consejo General del Poder Judicial y hoy diputado nacional, Emilio Olabarria. Además, a Bolado le dieron la instrucción cuando se había opuesto previamente a la admisión de la querella.

¿Piensan denunciar a la juez Bolado?
Estamos analizando el auto para preparar el escrito de acusación. Después nos podríamos plantear hasta esa posibilidad porque en el auto, el tribunal cita y con mayúsculas, que yo nunca había visto eso en una sentencia manifiesta "Rotundamente no, señora Nekane Bolado, eso no se puede decir ni consentir". Hasta seis veces con mayúsculas emplea el tribunal la frase, "rotundamente no". La ha desacreditado totalmente.

La juez decía que no apreciaba "una voluntad deliberadamente rebelde" por parte de Atutxa, Bilbao y Knorr.
El Tribunal Superior hace una relación de doce hechos constando que son manifestaciones fehacientes de negativa a cumplir la disolución de Sozialista Abertzaleak.

Bolado piensa también que la disolución de Batasuna no alcanzaba a la de Sozialista Abertzaleak.
Eso también queda negado de plano. Un informe que contiene el auto lo rechaza. El Supremo aclaró que eran la misma formación. Ella se apoyó en la idea de que el delito de desobediencia no reunía los elementos típicos de juridicidad: objetivos, ni subjetivos, ni finalistas; esto también lo rebate el auto diciendo que se reunen todos los requisitos del tipo penal. El auto no deja ni un sólo argumento ni la más mínima justificación al auto de Nekane Bolado.

¿Cuál es el estado de la justicia en el País Vasco?
Tras lo maltrecha que quedó la justicia con el tema del recurso de Ibarretxe, cuando la Sala de lo Contencioso del TSJPV no tuvo arrestos para suspender el plan, este auto viene a enmendar de alguna manera la poca credibilidad y el bajo nivel de las resoluciones judiciales cuando se trata de temas de envergadura.

¿Hay jueces más valientes que otros en el País Vasco?
Estos jueces se han jugado su seguridad. Les hubiera resultado más fácil y cómodo decir, venga, confirmamos y desestimamos el recurso de apelación, y podrían pasear con tranquilidad por la Gran Vía o por el parque sin que nadie los mirase mal. Han sido valientes y han actuado como debían.

Una asignatura optativa permitirá estudiar cualquier lengua autonómica en Secundaria
(p.a. | madrid) La Voz 23 Febrero 2005

La Comisión de Educación y Ciencia del Congreso de los Diputados aprobó ayer por la mañana una iniciativa por la que insta al Gobierno a impulsar, en el debate abierto del sistema educativo y en colaboración con las comunidades autónomas, la creación de una materia optativa para potenciar en la educación secundaria el conocimiento de las lenguas y culturas oficiales del Estado distintas del castellano.

Además, el Congreso insta al Gobierno a fomentar la extensión de los estudios de las lenguas y culturas cooficiales en los Centros Universitarios del conjunto del Estado.

El proyecto, basado en un a inicitiva de ERC que se refiría en exclusiva a la lengua catalaba y que se amplió al euskera y el gallego con las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, fue aprobada por mayoría absoluta y con el único voto en contra del PP.

«Patrimonio común»
El diputado socialista gallego Domingo Tabuyo, que interveno en el debate de la propuesta, señaló que con esta iniciativa, «el PSOE cumple, una vez más, con su compromiso electoral de, en colaboración con las comunidades autónomas, promover la enseñanza y difusión de las lenguas oficiales y culturas del Estado como patrimonio común de todos los españoles».

El principio de Peter, la ley de Murphy y la darwiniana ley de selección política
Nota del Editor 23 Febrero 2005

Por el principio de Peter, la mayoría de los políticos españoles, perdón, "sujetos" no sujetos a las leyes que cobran de la hacienda pública española han llegado a su máximo nivel de incompetencia; si algo podía salir mal, saldrá y este es el camino; y finalmente, y para nuestra desgracia, cada generación de estos políticos supera en idiotez a sus antecesores, perfecciona la especie hasta límites insospechados por el más osado crítico de su estupidez.

Pero veámos el lado práctico: desaparecerá el paro (si es que lo hay, pues es personal respetable y laborioso) entre los gomeros, que obtendrán plaza de funcionario lingüístico para enseñar el silbo gomero en todas las escuelas, institutos, centros de formación profesional, universidades y despachos oficiales de las 17 autonomías; y multitud de catalanes, mallorquines, ibicencos, aragoneses, araneses, murcianos, gallegos, etc., gozarán también del pesebre estatal y autonómico. ¡Y que vengan los músicos para que siga la fiesta!

Por las víctimas, pero sin las víctimas
J. PAGOLA / M. LUISA G. FRANCO ABC 23 Febrero 2005

MADRID. Gregorio Peces-Barba, designado alto comisionado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el pasado año, tiene indignado a un amplio sector de las víctimas del terrorismo. Se reúne con la mayoría de sus representantes para ofrecerles complicidad y apoyo en sus demandas, nunca suficientemente satisfechas, pero después no se solidariza en la calle con los afectados por esta barbarie, ni acude a los homenajes en su memoria, salvo al tributado en recuerdo al socialista Fernando Buesa. Advierte a las víctimas de que deberán ceder en caso de que ETA anuncie un alto el fuego y, después, apoya las subvenciones a los familiares de los presos de la banda.

Crece entre las víctimas del terrorismo la sensación de que Peces-Barba ejerce en realidad como «alto comisario político» del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El presidente de la Asociación Víctimas del Terrorismo, José Alcaraz, va aún más lejos al considerar que su función es la de «desactivar a las víctimas como corriente crítica», en el caso de que el Ejecutivo abra un proceso de negociaciones con ETA. «¿Se imaginan ustedes que el gobierno de turno negociara con los autores de la matanza del 11-M?; ¿se imaginan, acaso, que ese mismo gobierno, como consecuencia de esos contactos, agrupara a todos los terroristas islamistas en la cárcel española más próxima a la frontera con Marruecos, para después ir excarcelándolos?», preguntan desde la AVT. «Pues comprensión hacia ese tipo de movimientos es lo que se nos viene pidiendo desde siempre a las víctimas de ETA. Sólo que ahora lo hace alguien que ha sido designado para representarnos en nuestras demandas que van, precisamente, en la dirección contraria», sentencian desde esta asociación que agrupa al mayor número de afectados por la barbarie del terror.

Calendario de ausencias
La polémica que acompaña ya cada paso que da Peces-Barba comenzó prácticamente desde el mismo momento de su nombramiento por sorpresa. Se avivó cuando rehusó participar en la marcha convocada por la AVT en contra de la excarcelación del etarra De Juana y otros pistoleros, iniciando así un interminable calendario de ausencias. Tampoco estará hoy en el Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo que comienza en Colombia.

Tuvo un momento álgido cuando hace escasos días comentó a una delegación de la AVT que las víctimas del terrorismo tendrían que hacer concesiones en el caso de que ETA declarara una tregua, según denunció esta asociación. «Que no nos utilicen, si quieren negociar con los terroristas que lo hagan. Allá ellos. Pero encima, que no pretendan que les apoyemos en esto para lavar conciencias y hacer más fácil el trapicheo con los criminales. Nos tendrán siempre en contra», insisten.

José Alcaraz considera que Peces-Barba no actúa como representante de las víctimas. «En las reuniones que hemos mantenido con él le hemos puesto sobre la mesa cuestiones que nos afectan directamente, como las medallas al mérito del trabajo para las víctimas y que entre estas no haya agravios comparativos. Pues bien, no nos ha respondido a ninguno de estos planteamientos. Por el contrario, defiende concesiones a los terroristas y se muestra comprensivo con que se subvencionen los viajes a las cárceles de los familiares de los presos. «Se diría que más que un alto comisionado para las víctimas del terrorismo es un intermediario en eso que los etarras y los nacionalistas llaman «resolución del conflicto vasco»», denuncian los afectados por la barbarie.

Se afianza así, en sectores de las víctimas del terrorismo, la sensación de que Peces-Barba ha sido designado por Zapatero para ir mentalizando a este colectivo en el caso de una eventual negociación con ETA.

Declaraciones desafortunadas
Por su parte, Consuelo Ordóñez manifestó ayer a ABC que el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco COVITE, a la que pertenece, quiere mantenerse al margen de la polémica con el alto comisionado, aunque considere desafortunadas algunas manifestaciones suyas.

Cuando Peces-Barba declaró en Vitoria que no le parecía mal que el Gobierno vasco subvencionase viajes de familiares de presos a las cárceles, COVITE prefirió no contestar públicamente al alto comisionado para las víctimas y le envió un escrito explicando su opinión al respecto.

Consuelo Ordóñez entiende que como alto comisionado para las víctimas su defensa de los derechos de los presos no fue muy oportuna, puesto que «ya hay en el País Vasco muchas instituciones y asociaciones que se ocupan de defender esos derechos», señaló la hermana de Gregorio Ordóñez, el concejal del PP en San Sebastián asesinado hace diez años. Pero, en su opinión, una cosa es que aquellas declaraciones y algunas otras no hayan sido afortunadas y otra es pedir su dimisión, algo que COVITE no se plantea.

El balance de la reunión que COVITE mantuvo con el alto comisionado para las víctimas en Vitoria, precisamente antes de realizar esas polémicas declaraciones, es bueno, según señaló Consuelo Ordóñez.

Ni siquiera guarda resentimiento porque no fuera al homenaje a Gregorio Ordóñez y sí al de Fernando Buesa, ya que, según dijo la hermana del edil, «él explicó que no podía venir y nosotros no vamos a cuestionar esa afirmación».
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