AGLI

Recortes de Prensa     Jueves 10 Marzo 2005
La desintegración de España en el Consejo de Estado
EDITORIAL Libertad Digital 10 Marzo 2005

El honor de los Prizzi
Pablo Sebastián Estrella Digital  10 Marzo 2005

NOS QUEDA EL DOLOR
César ALONSO DE LOS RÍOS ABC  10 Marzo 2005

Breve comentario
M.A.(email) 10 Marzo 2005

Cuestión de sentido común
Editorial Heraldo de Aragón 10 Marzo 2005

Apoyo y defensa
Juan BRAVO La Razón 10 Marzo 2005

La zorra a guardar gallinas
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 10 Marzo 2005

UNA GRAN FAMILIA
XAVIER PERICAY Escritor ABC  10 Marzo 2005

Uno y varios
José Vilas Nogueira Libertad Digital 10 Marzo 2005

Emoción de censura
Patxo Unzueta El País  10 Marzo 2005

La mejilla de ZP
Ignacio Villa Libertad Digital 10 Marzo 2005

La sinrazón de Montilla
Emilio J. González Libertad Digital 10 Marzo 2005

La experiencia Bustelo
Primo González Estrella Digital 10 Marzo 2005

Un disparate de Rubio Llorente que le inhabilita para el cargo
Editorial El Mundo  10 Marzo 2005

RUBIO EN SU LABERINTO
Editorial ABC 10 Marzo 2005

Estado español
Francisco Umbral El Mundo 10 Marzo 2005

Legitimidad
Federico Jiménez Losantos El Mundo 10 Marzo 2005

UN OBISPO EN LA REFRIEGA
Jaime CAMPMANY ABC  10 Marzo 2005

Vuelco en la Iglesia española
Lorenzo Contreras Estrella Digital  10 Marzo 2005

España, pendiente de Catalunya
Francesc de Carreras La Vanguardia  10 Marzo 2005

Las almas muertas
José García Domínguez Libertad Digital 10 Marzo 2005

Mena cabalga de nuevo
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 10 Marzo 2005

El presidente del Consejo de Estado irrita a Navarra y Valencia al avalar la «comunidad nacional» vasca y catalana
C. Morodo / D. Mazón La Razón 10 Marzo 2005

El presidente del Consejo de Estado asume que el País Vasco y Cataluña exceden de sus territorios
N. COLLI / C. DE LA HOZ ABC  10 Marzo 2005

Dimite el presidente de la CMT tras oponerse al traslado de este organismo a Barcelona
Libertad Digital 10 Marzo 2005

Zapatero desautoriza a Marín y anuncia un cambio para favorecer el uso del catalán
E. L. Palomera La Razón 10 Marzo 2005

El Presidente respalda el uso en el Congreso del catalán, el euskera y el gallego
Periodista Digital  10 Marzo 2005

Dos abogados de etarras han diseñado Aukera, la «lista blanca» de Batasuna
J. PAGOLA ABC  10 Marzo 2005

Peces-Barba se desdice y admite ahora que sí habló con la AVT de beneficios a etarras
Redacción / C. M. La Razón 10 Marzo 2005

La Fundación para la Libertad reivindica en París el espíritu del Kursaal
FERNANDO ITURRIBARRÍA CORRESPONSAL. PARÍS El Correo 10 Marzo 2005
 

La desintegración de España en el Consejo de Estado
EDITORIAL Libertad Digital 10 Marzo 2005

Para que un dirigente político como Rajoy, tan poco proclive a poner acentos a su desagrado, haya hablado de “pesadilla”, “cómico” y “disparate” para referirse a las declaraciones de una persona que preside, nada más y nada menos, que el Consejo de Estado, ya es muestra de la extrema gravedad que conlleva las declaraciones de Rubio Llorente.

Salvo por lo de “cómico”, los adjetivos de Rajoy han sido plenamente ajustados. El presidente del Consejo de Estado ha defendido, textualmente, “la conveniencia de que en la Constitución, en lugar de hablar de nacionalidades, se hable de comunidades nacionales que son entes que no se corresponden con ningún territorio concreto: La comunidad nacional vasca se extiende, como se explica bien en el célebre 'Plan Ibarretxe' en muchos territorios distintos de dos Estados diferentes". Además, afirmó que "la comunidad nacional catalana, abarca al menos tres comunidades autónomas". "De ahí mi sugerencia de sustituir el término nacionalidad por el de comunidad nacional, porque éste último no tiene componente territorial", concluyó.

Ciertamente que un jurista se base en el Plan de Ibarretxe para proponer reformas constitucionales, que no sólo ningunean a la nación española -pilar y fundamento de nuestra constitución-, sino también a la autonomía de comunidades como la valenciana, la balear, la navarra, -por no hablar de territorios franceses-, es el colmo de lo inadmisible.

Por mucho que Rubio Llorente deba el cargo a un ZP dispuesto a rendir España al nacionalismo, y por mucho que deba buena parte de su carrera profesional a un PSOE sin criterio nacional alguno, una persona que preside el Consejo de Estado debe asumir los costes de sus disparates.

Lo mejor que se puede decir de Rubio Llorente es que no sabe lo que dice, o sólo es portavoz de esa desvariada sociología de la que le arrancó el PSOE para hacerle avanzar en su carrera como jurista. Cuando se habla de una Constitución y de un Estatuto de autonomía se habla de tratados jurídico-políticos, no de etnicismos culturales que no tienen, además, base histórica alguna.

En el peor y, desgraciadamente, más probable de los casos, lo de Rubio Llorente es una muestra de servilismo a un PSOE que se dispone a pactar tanto con los independentistas catalanes como con los vascos; una muestra de servilismo a la que Rubio Llorente es capaz de inmolar su prestigio profesional.

De nada nos sirven los hipócritas desmarques que, desde las filas socialistas, se han hecho de estas declaraciones del presidente del Consejo de Estado. Si estas declaraciones las ha efectuado Rubio Llorente a “título personal” –tal y como desde el PSOE ha dicho Antoni Such-, que Zapatero le pida su dimisión a “título personal”. Fue Zapatero quien le nombró en el cargo, como para que ahora desde el PSOE se esconda la mano después de tirar la piedra.

En cuanto a las peticiones de dimisión que ya han surgido desde Baleares, la Comunidad Valenciana y, sobre todo, desde Navarra, sólo esperamos que lleguen al ámbito institucional. En cuantos a los territorios franceses, ellos sí, pueden limitarse a reír a carcajadas. Desgraciadamente, sólo para ellos pueden resultar “cómicas” las declaraciones de quien preside el Consejo de Estado en nuestro país.

El honor de los Prizzi
Pablo Sebastián Estrella Digital  10 Marzo 2005

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha dicho ayer en el Parlamento que “urge restablecer el honor en la vida pública”. Y esto del honor roto o perdido en la política española suponemos que se refiere a muchas cosas juntas y por separado. Para empezar, a la crisis de la política catalana, donde el honor anda por los suelos y la clase política está sacudiendo las alfombras de la corrupción y acusándose de calumnias mutuas en los tribunales. Y estamos hablando de esa clase política que hace todo esto y además visita a los jefes de ETA en la clandestinidad, y que luego viene a Madrid, como vino ayer, a pedir que no se hable en español en el Congreso de los Diputados, y que se ponga traducción simultánea, y a anunciar que, ahora no se sabe cuándo, pronto llegará un nuevo Estatuto catalán que nos obligará a cambiar la Constitución y las normas elementales de solidaridad entre los pueblos de España.

El honor de los políticos de la corrupción poco tiene que envidiar al “honor de los Prizzi”, aquella película de las mafias americanas, aunque naturalmente salvamos las distancias que en nuestro país en algún momento no lejano ( recuérdese el caso de los GAL) se llegó a mezclar la corrupción con la tortura, el secuestro y el crimen.

El honor de la clase política española, o de la vida pública, como lo llama la vicepresidenta, no es responsabilidad de los ciudadanos que, dicho sea de paso, no han elegido directamente a sus gobernantes en ninguno de los procesos electorales ni para ningún cargo importante o representativo, porque en España los españoles no eligen directamente ni al jefe del Estado, ni al presidente del Gobierno, ni a los presidentes autonómicos, ni a los diputados, ni a los alcaldes. En nuestro país se entrega el voto al partido y el aparato hace todo lo demás y es él el que selecciona, con pésimo gusto y sin mirar el nivel del seleccionado ni el interés general, al representante o al gobernante de cada caso. Y esta falta de representatividad y participación directa de gobernantes y representantes es uno de los motivos del deterioro democrático español.

A la crisis de Cataluña ya mencionada tenemos que añadir el caos que emana del Gobierno de Zapatero en torno a las reformas estatutarias y de la Constitución. Los nacionalistas gallegos se acaban de sumar al jolgorio de la ruptura de España presentando ellos un nuevo proyecto soberanista para Galicia. Y esto ocurre cuando en Madrid el presidente del Consejo de Estado, Enrique Rubio Llorente, que parece estar mal de la cabeza, acaba de decir que a él le gusta el invento de Patxi López sobre la “comunidad nacional” para definir a las nacionalidades que reconoce la Constitución española, e incluso ha ido mucho más lejos afirmando que una comunidad nacional puede abarcar incluso varias autonomías, como podría ser el caso de la comunidad lingüística catalana, que reúne en su opinión a Cataluña, Valencia y Baleares, con lo que ya tenemos otra vez organizado el escándalo y el follón.

Y es Rubio Llorente, hombre del PSOE y de Zapatero, el encargado de coordinar la opinión del Consejo de Estado sobre la reforma constitucional que pretende Zapatero y sobre la que el presidente del Gobierno no tiene criterio.

Y con semejante caos en Cataluña, País Vasco, Galicia y el Consejo de Estado, ahora Zapatero quiere cargarse el idioma español como la lengua de debate del Parlamento nacional para poner traducción simultánea a las lenguas de las nacionalidades, rompiendo el pacto parlamentario que tenía con el PP y devaluando una vez más los signos y símbolos de identidad de la unidad nacional.

Estos políticos que lo están poniendo todo patas arriba con sus juegos peligrosos de patriotas periféricos que desprecian lo esencial y que sólo piensan en seguir en el poder a costa de todo lo demás son los que ahora reclaman que hay que recuperar el honor de la clase política. Y son los mismos que han sido incapaces, ante los ojos de los ciudadanos, de ponerse de acuerdo para celebrar el aniversario de la masacre del 11M, convertida de nuevo en un campo de batalla de ambiciones y luchas de poder.

Cuál es el proyecto de Zapatero? Permanecer en el poder como sea. ¿Cuál es el proyecto de Rajoy? Coquetear con el poder en curso propiciando la confusión pero sentándose en todas las mesas de consensos, pactos y reuniones trasmitiendo un mensaje ambiguo a los ciudadanos. Rajoy debió reconocer los errores de los pasados gobiernos del PP en la crisis del 11M y pasar la página de este desgraciado episodio para ocuparse de los asuntos importantes de presente y futuro, como el de la unidad nacional. Pero no, toda la firmeza de Rajoy para pedir más Comisión del 11M, lo que es un error, se convierte en debilidad cuando tiene que plantarse de una vez como debiera en el tema de la unidad de España.

Y así nos va, un Gobierno débil y una confusa oposición. Los políticos, a palos entre ellos, jugando con nuestro presente y nuestro futuro, y la vicepresidenta, clamando por el honor.

NOS QUEDA EL DOLOR
Por César ALONSO DE LOS RÍOS ABC  10 Marzo 2005

NOS queda el dolor. ¡Qué patética esta Comisión del 11-M! ¡Qué forma tan desvergonzada de andar sobre la tragedia de 192 muertos y el castigo a la Nación! A los firmantes de las llamadas conclusiones les ha importado un comino la verdad del golpe de Estado, cuyo último terminal fue Almodóvar. Lo único que les ha interesado es seguir manteniendo el cuento partidario, el acorralamiento del PP. Nos quedan el dolor... y las sospechas.

El cierre de la Comisión lo es en falso por muchas protestas que haga el fiscal Conde-Pumpido, que, de este modo, revela cuál es su idea de una investigación criminal. No hay día sin la detención de un magrebí y se va multiplicando el número de cerebros sin que se nos pueda presentar un cuadro coherente. Ni siquiera Fernando Reinares, asesor del ministro del Interior, ha podido afirmar que las conexiones con la organización de Bin Laden son algo más que meras deducciones. Pero ¿acaso se han despejado las dudas respecto a algún tipo de intervención de ETA? Todos sabemos que han sido rechazados los testimonios relacionados con los orígenes de los explosivos y con la sofisticación de los utilizados.

Estos desvergonzados «investigadores» se quejan de que el PP no se sume a sus trabajos oscurantistas y partidistas. Los socialistas y sus pequeños compañeros de viaje, los Carod, los Llamazares, los Sagaseta, se han comportado como un bloque dogmático, únicamente interesados en mantener las tesis que permitieron llevar a la derrota del PP el 14-M.

SI entonces consiguieron llevar a buen término el criminal plan de los desestabilizadores, ahora siguen cubriéndolos. Tienen a su favor la disculpa de que ellos no pidieron la creación de la Comisión, que, efectivamente, fue iniciativa del PP. A ellos les habrían bastado los resultados del 14-M: el desplazamiento del PP y el triunfo de Zapatero. Gracias a ese golpe de Estado que ahora no quieren investigar, políticos como Llamazares y Carod-Rovira se han convertido en «algo». ¿Qué decir del PNV? Habría dado media vida por tapar la colaboración de ETA en la masacre. Y siendo así las cosas, ¿esperaban los socialistas et alii que el PP aceptara las conclusiones de esta parodia de comisión investigadora? La soledad del PP no sólo está justificada: aumenta la estatura moral de Rajoy.

Y no deja de ser llamativo el hecho de que los trabajos de esta Comisión hayan concluido en un momento que Le Monde de ayer calificaba como «la primavera» de Oriente Medio. Si la explicación de la masacre y la reacción electoral ante la masacre hubo que encontrarlas en la guerra de Irak y en los sueños de grandeza de Aznar, ¿qué decir ahora cuando comienza a reconocer todo el mundo que Bush, el primero en la foto de las Azores, está marcando con su estrategia el camino de la paz? Afganistán está controlado, se han celebrado elecciones en Irak, hay una distensión en el conflicto palestino-israelí y se han retirado las tropas sirias del Líbano. Pero nosotros seguiremos aquí con la estupidez de la «alianza de civilizaciones», la justificación de la cobardía colectiva, el ocultamiento de la verdad, el olvido real de los muertos y la indignidad de los vivos.

Este es el patrimonio que nos queda, 192 muertos y la Nación humillada. Por supuesto, nos quedan las sospechas sobre los enemigos del papel de España en el mundo y el entreguismo de los socialistas y sus socios a la tarea de aquéllos.

Breve comentario
M.A.(email) 10 Marzo 2005

Compañeros:

Hay ocasiones cuando la aparente casualidad o un hecho fortuito, saca a la luz lo que llevaba mucho tiempo gestándose en el seno de la sociedad. Tal pasó, con la revolución rusa, que arrancó en la fecha de hoy 8 de marzo, de 1917, con una manifestación feminista y también con otros acontecimientos banales que recuerda la historia como detonantes de grandes movimientos. Si la sociedad fuese revolucionaria no habría revoluciones; es su carácter conservador, su apego a la inercia, la rutina de aguantar lo que explica que, cuando no puede más, intervenga directamente en los asuntos que le conciernen.

Evidentemente que no estamos ante hechos de tales consecuencias con el asunto del Carmelo, pero es la misma lógica la que lo guía: decenios de chanchullos, ocultismos y dirigismo por parte de una oligarquía local sin oposición política ni social y tolerada desde el Gobierno central, tiene postrada a la sociedad catalana castrando sus energías, impidiendo su espontaneidad, oprimiendo su esencia y exportando sus mejores fuerzas. La casta política ha vivido al margen de la sociedad y tan por encima de ella, que las necesarias comuninaciones, papel de los partidos de oposición, prácticamente no existen. Parece que el socavón se ha tragado el paripé que durante decenios han montado los partidos políticos. Es así como lo vive el Carmelo, con un halo de perplejidad que sale por los televisores de toda España. Cataluña, con el espectáculo de sus dirigentes, ha quedado desprovista de golpe de una representación política creíble, arrastrando en el sainete al gobierno central y al Estado español que una vez más dan muestras de su indecente condición.

Toda la cuestión del nacionalismo se reduce a una cosa: el deseo de permanencia en el poder político de una casta social. Y el mecanismo por el que ese deseo quiere imponerse es quebrar la conquista igualitaria expresada en la legalidad vigente como es el reparto de los impuestos ciudadanos. La filosofía es simple y justa: del que más paga porque tiene más, al que menos paga porque tiene menos. Y esto es un acuerdo, un pacto, leyes que obligan al Estado. No es una cuestión de solidaridad, siempre voluntaria y temporal, sino el estricto cumplimiento de la constitución española. Se debe señalar de traidores a la constitución, delincuentes políticos y enemigos de la ciudadanía española a los dirigentes que no se sientan obligados a mantener ese derecho general y más aún cuando pretenden cambiarlo.

Lo que quieren colocar a la sociedad mediante todo tipo de artimañas es la ruptura de ese concepto y legalizar la desigualdad para satisfacer a las castas nacionalistas, que mediante la obtención de más recursos comprarán los votos de sus gobernados. Por eso, si los discursos habituales no convencen, se sacarán de la manga que las comunidades tengan capacidad normativa, lo que quiere decir que los que vivan en determinados sitios tendrán que pagar más por tener mejores servicios. Y eso no nos conviene a la mayoría.

Son estos momentos, escasos en la historia, los que permiten intervenir políticamente a los de abajo. Preparemos nuestras candidaturas a las elecciones autonómicas. Saludos M.A.

Cuestión de sentido común
Editorial Heraldo de Aragón 10 Marzo 2005

EL PRESIDENTE José Luis Rodríguez Zapatero, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, y en torno al uso de lenguas distintas a la española común en las sesiones parlamentarias, ha afirmado algo de llana sensatez: "Las lenguas están para entenderse, no para dividir ni confrontar". El conflicto lingüístico ha entrado de nuevo en el parlamento después de la decisión del presidente del Congreso, Manuel Marín, de revocar su propio criterio de permitir breves intervenciones en catalán, euskera y gallego, pero seguidas de su inmediata versión en castellano, harto del uso abusivo por el portavoz de ERC, que pagó así la buena voluntad presidencial. Marín ha señalado que no cambiará su criterio hasta que no haya un acuerdo formal de los grupos. Y el jefe del Ejecutivo afirmó que este "cambio de situación", que defiende el PSOE, debería contar con el "máximo consenso posible". El PSOE y los grupos nacionalistas abogan por volver a aplicar la anterior regla no escrita, aunque al mismo tiempo, los socialistas tienen suscrito un acuerdo con el PP para reformar el Reglamento de la Cámara que reservaría el uso de las lenguas cooficiales al Senado.

El nuevo reglamento del Congreso deberá solucionar con sentido común este problema, que no existiría si la presión de algunos nacionalistas no mantuviera la tensión lingüística siempre a flote. Una cosa es el respeto a las lenguas cooficiales en España, que ha ganado amplio terreno, y otra, querer imponer su uso en condiciones tales que generan efectos contraproducentes. En el Congreso, los diputados están para entenderse en beneficio de todos y no para ganar votos a costa de cualquier cosa. España posee una lengua común. Que se utilicen las no comunes es deseable y tiene gran valor simbólico. Pero no es de razón olvidar la fortuna que supone que todos podamos entendernos con la que todos conocemos.

Apoyo y defensa
Juan BRAVO La Razón 10 Marzo 2005

Una lengua «es un modo de sentir la realidad y la vida, un elemento imprescindible de la identidad individual y de un pueblo», motivo por el cual «merecen el respeto, apoyo y su defensa», porque las lenguas sirven sobre todo «para entenderse y no para enfrentar». Las palabras son del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ayer en el Senado. No vendría mal que el jefe del Ejecutivo o alguno de sus representantes aquí en la tierra se aplicara el cuento e intentara solidarizarse, aunque cueste, con los profesores vascos represaliados por suspender el examen de euskera. Encerrados en el instituto Bertendona de Bilbao, han esperado que el espíritu lingüístico del presidente del Gobierno alcanzara y se impusiera a la mentalidad totalitaria y sectaria de la consejera de Educación, Anjeles Iztueta, aunque sin mucho éxito, la verdad. Pero nunca es tarde si la dicha es buena, y debe serlo si José Luis Rodríguez Zapatero o Patxi López aprovechan ese nuevo aire nacionalista de su política en el País Vasco para, al menos, respetar el idioma como patrimonio cultural de todos y no como un instrumento de agresión al servicio del nacionalismo para imponer una política etnicista de represión.

La zorra a guardar gallinas
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 10 Marzo 2005

No se sabe qué es peor en el zapaterismo: la incompetencia de los gobernantes o la frivolidad terrorífica de los asesores institucionales que se busca para redondear sus desaciertos. Peor que Alonso es Peces Barba; peor que Caffarel, los sabios del Pirulí; peor que López Aguilar es Rubio Llorente, que desde el Consejo de Estado debería poner mesura y reflexión en el peligrosísimo trance desconstituyente que padecemos pero hace justo lo contrario. Es un bombero pirómano, un zorro al cuidado del gallinero, y ya el viejo refrán cuadró como el summum del despropósito “poner la zorra a guardar gallinas”. Si, además, el gallinero está rodeado de zorros, linces y lobos, se comprenderá la gravedad del caso.

Hay quien ve en Rubio Llorente un personaje semejante a Herrero de Miñón: un gran talento jurídico puesto al servicio de las causas más innobles. Otros lo consideran el clásico intelectual universitario, frívolo y desvergonzado, dispuesto a justificar con volatines teóricos cualquier cosa que se le ocurra al Gobierno, un carquiprogre que une a la vanidad intelectual la irresponsabilidad más absoluta. Yo creo que es bueno que haya destapado el frasco de una esencia sin vergüenza, un hediondo perfume antinacional y, por ende, anticonstitucional. Así se percatarán muchos del peligro que tiene el personaje.

Lo absurdo y siniestro de sus tesis, a la vez separatistas e imperialistas, ha quedado claro en la denuncia de Mariano Rajoy. Pero esa apología de la destrucción de España haciendo juegos de palabras para analfabetos merece algo más que una ridiculización implacable. Como ha pedido UPN, lo mejor que puede hacer Rubio Llorente es dimitir, dejando así de abochornar a los ciudadanos con sus ocurrencias y de traicionar los principios legales y morales que ha jurado o prometido defender. Lo mejor es que con Peces Barba encabece una misión en el Cáucaso pare estudiar los efectos del separatismo. Y dentro de tres años, si vuelven vacunados, que se reintegren al cargo. O, directamente, que se jubilen. Vaya pareja de tres: Rubio, Peces y Zapatero. Qué horror.

UNA GRAN FAMILIA
XAVIER PERICAY Escritor ABC  10 Marzo 2005

LA clase política catalana ha sido siempre una gran familia. O se ha comportado siempre como si lo fuera, lo que en resumidas cuentas viene a ser lo mismo. Sólo en casos excepcionales, en situaciones extremas -como, por ejemplo, en los últimos años de la Segunda República y durante la guerra civil-, esta familia se ha resquebrajado. En las demás circunstancias, la mayor parte de las formaciones políticas que en un momento u otro de la historia moderna de Cataluña han intervenido en la cosa pública han ido, como quien dice, a la par. Cuando menos en lo fundamental. Y lo fundamental en Cataluña, a juzgar por el cariz de los distintos experimentos unitarios que se han sucedido a lo largo del siglo XX y en lo que llevamos del XXI, no tiene más que un nombre: nacionalismo. Este es el principal lazo de sangre. Lo fue en las primeras décadas del siglo pasado, con movimientos como Solidaritat Catalana (1906) o la Assemblea de Parlamentaris (1917); lo fue durante el tardofranquismo, con plataformas como la Assemblea de Catalunya, y lo ha seguido siendo a lo largo de estas tres décadas de democracia, en que las fuerzas políticas, a pesar de los inevitables y muy livianos enfrentamientos partidarios, no han puesto jamás en duda -excepto en el período en que Aleix Vidal-Quadras presidía el Partido Popular catalán- el «statu quo». Y aunque un cierto decoro no exento de estrategia lo haya llamado a veces catalanismo o nacionalismo democrático, en Cataluña, ayer como hoy, lo estatuido es uno y lo mismo. Nacionalismo. Puro y duro.

Sólo teniendo en cuenta este factor puede uno entender lo ocurrido estas últimas semanas con la crisis del Carmelo. Y es que en todo el proceso -desde el propio socavón, causado por una obra pública delictiva programada por el anterior Gobierno y ejecutada por el actual, hasta las más recientes emanaciones de la gestión ruin y chapucera del suceso- ha estado presente este espíritu de familia que un largo siglo de nacionalismo ha ido asentando sin apenas oposición. Lo ha estado, por ejemplo, en la decisión del secretario de Comunicación de la Generalitat de prohibir a los medios, mediante un protocolo, el acceso a las zonas derruidas, y en la promesa de facilitarles las imágenes «cuando hubiera algún hecho noticiable». Es decir, en la voluntad de administrar los silencios y las palabras, como si los medios, lejos de ser los garantes de la libertad de expresión y de información en que se sustenta cualquier régimen democrático, no fueran -y hay que reconocer que algo de razón le asistía, al secretario- sino una parte más de este entramado familiar. Una parte dócil y subordinada, claro está.

Y este espíritu ha estado también presente en lo que parecía, a primera vista, la solución política a la crisis. Me refiero a las dimisiones ofrecidas en el Parlamento por el consejero de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal, en respuesta a la indignación de los vecinos afectados y como pago por la responsabilidad de su departamento en el socavón del barrio barcelonés. Aunque la oposición hubiera reclamado su cabeza, todo el mundo, empezando por la propia oposición, daba por descontado que Nadal no iba a entregarla. O sea, que había que bajar un nivel. Pero en el nivel inmediatamente inferior del departamento estaba la familia. Uno de los hermanos, en concreto: Manel Nadal, secretario para la Movilidad. O sea, que había que seguir bajando. Y así se hizo, hasta llegar a la cabeza del director general de Puertos y Transportes y a la del presidente de GISA, la empresa pública que había contratado la obra. ¿Por dónde habría cortado el consejero de no haber tenido a su hermano debajo? Vaya usted a saber. En todo caso, la pregunta ni siquiera se plantearía a estas alturas si Nadal, siguiendo la estela de Carod Rovira y Maragall, no hubiera optado en su momento por otorgar la máxima confianza política a su propio hermano menor.

Pero allí donde el espíritu de familia ha estado más presente es en el rifirrafe del tres por ciento. En primer lugar, por la enajenación pasajera sufrida por el presidente de la Generalitat, que le hizo confundir el noble recinto del parque de la Ciudadela con una taberna portuaria cualquiera. Luego, por la rapidez con que Artur Mas se dio por aludido nada más oír la insinuación, sin pararse a preguntar a su interlocutor si el porcentaje en cuestión guardaba relación, pongamos por caso, con el incremento del paro, el repunte de la inflación o la tasa de natalidad. Luego, aún, por el aviso que el dirigente de Convergència dirigió a Maragall, amenazándole con dejarle con el Estatuto al aire si no retiraba su acusación. Y luego, en fin, por la facilidad con que el presidente se desdijo de sus propias palabras para no poner en peligro lo que ha sido, en verdad, su único entretenimiento y el de toda la clase política catalana durante los quince meses que llevamos de legislatura: la reforma del Estatuto. Exceptuando, claro, el viaje a Perpiñán de quien fue consejero jefe del Gobierno y los derrumbes involuntarios de pisos.

Ni que decir tiene que el asunto va a seguir dando de sí. En sede parlamentaria -con el debate de hoy sobre la moción de censura de Josep Piqué a Maragall y con la constitución de la Comisión de Investigación- y en los juzgados -con la querella presentada por CiU contra el presidente de la Generalitat y con las acciones emprendidas por la Fiscalía-. Nadie sabe, por supuesto, qué va a diseminar esta caja de Pandora; lo que está fuera de duda, sin embargo, es que lo ocurrido en el Carmelo y, en especial, sus indeseables secuelas no han hecho sino confirmar hasta qué punto el cambio de Gobierno en la Generalitat no ha comportado, en el fondo, cambio alguno. Tan sólo un simple trueque. Con el inconveniente de que el tiempo pasa y los años pesan, por lo que la situación política -y la distancia entre representantes y representados- se va deteriorando a marchas forzadas. En Cataluña continúa mandando el antifranquismo. Es decir, la Assemblea de Catalunya. Los primos hermanos de los que mandaron durante veintitrés años y que ahora se han tomado un pequeño respiro mientras aguardan la hora de volver. De ahí que las promesas regeneracionistas de Carod y sus muchachos muevan a risa. O las llamadas de Joan Saura a la autocrítica. No, aunque ellos no hayan participado en la reyerta, comparten con uno y otro bando lo esencial: son nacionalistas.

Sólo el Partido Popular está libre de semejante fardo. Es cierto: Piqué perteneció a la familia, desde el PSUC clandestino hasta la Dirección General de Industria con Convergència. Pero a los demás dirigentes del partido, a sus militantes y a sus votantes, la familia ni les va ni les viene. O así debería ser, cuando menos. Porque esta familia ha hecho siempre todo lo posible -llegando incluso al desprecio y la coacción- para que se sintieran extraños en su propia tierra. Ahora tienen, por fin, su gran oportunidad. No necesitan gran cosa. Les basta con llamar a las cosas por su nombre y actuar, luego, en consecuencia. Seguro que mucha gente en Cataluña sabrá agradecérselo.

Terrorismo
Uno y varios
José Vilas Nogueira Libertad Digital 10 Marzo 2005

Con ocasión del primer aniversario de los sangrientos atentados de Atocha, se está celebrando en Madrid una "Cumbre Internacional sobre Democracia, Terrorismo y Seguridad". Como suele acontecer, esta Cumbre tiene una estructura dual. Por un lado, están los discursos y las reuniones de los dirigentes políticos; por otro, las discusiones de los grupos de expertos. A propósito de estas últimas, un periódico titula: "Los expertos ponen en tela de juicio la premisa de que todos los terrorismo son iguales". Si no me falla la memoria, esta "premisa", como dice el periódico, inspiraba los discursos y las posiciones de Aznar. Si no me falla el conocimiento, esta premisa sigue inspirando las posiciones del Partido Popular. ¿Habría, pues, de rectificar sus posiciones el PP para ajustarse al dictamen de los expertos?

Desde luego, no soy experto en terrorismo pero, además de lo que me pueda incumbir en tanto ciudadano, la cuestión no me es enteramente ajena desde el punto de vista profesional. Por eso, en primer lugar, sé desde Schumpeter que la opinión experta suele ser muy poco concluyente en materia de políticas, pues es común encontrar expertos con opiniones encontradas, con lo cual el criterio de decisión escapa ineludiblemente del terreno de los expertos. En segundo lugar, la disyuntiva entre la igualdad y la desigualdad de los diversos terrorismos está amenazada por el quid pro quo de la confusión entre género y especie. Según la información periodística que me sirve de inspiración, la conclusión unánime de los expertos es que no todos los terrorismos son iguales. Pero, en estos términos, esta conclusión es inaceptable. Puede que no sean enteramente iguales, pero alguna comunidad han de tener entre sí, algún grado de igualdad han de tener entre sí, para que a todos se les aplique el término terrorismo y para que los 165 expertos reunidos en Madrid reconozcan un objeto común de discusión en la cuestión terrorista. Habrá, por lo menos, un género terrorista, aunque pueda reconocer diversas especies.

En una reunión sobre el mismo tema, que se celebra simultáneamente en París, el Jefe de la División Nacional Francesa Antiterrorista distinguió entre cuatro tipos de terrorismo: islamista, separatista, de extrema derecha o izquierda y el, que reputó inclasificable, ligado a las extorsiones y el chantaje. Se puede objetar a esta clasificación que sus categorías no son siempre recíprocamente excluyentes: puede haber un terrorismo islamista y separatista (por ejemplo, en la región india de Cachemira), o un terrorismo separatista y de extrema izquierda (por ejemplo, la ETA) o un terrorismo de extrema izquierda, meramente extorsionador (por ejemplo, en Colombia). La clasificación mezcla objetivos y criterios legitimadores políticos y religiosos.

Aparte del supuesto de la desnuda extorsión, que dudosamente puede considerarse terrorismo, ¿tiene alguna utilidad esta clasificación al efecto del diseño y la implementación de políticas antiterroristas? Yo, no la veo. En Madrid, una profesora de Harvard afirmó que existen varias psicologías terroristas y no una sola y que en consecuencia hacen falta distintas estrategias para lo que son distintos movimientos. Encontramos aquí el gran achaque de la psicología social, que es la proyección de potencias anímicas, y por tanto individuales, en entes colectivos, que carecen de estas potencialidades. La operación se revela aquí en la maniobra prestidigitadora por la que "varias psicologías terroristas" se convierten en "distintos movimientos". Claro que hay varias psicologías terroristas o, más en cristiano, que los terroristas (como los no terroristas) tienen diversas psicologías, pero lo que diferencia a los movimientos terroristas no es una "psicología". Son fines, legitimaciones y otros de orden similar, igualmente objetivos. Diseñar una política antiterrorista sobre una base psicológica es una de esas barbaridades que sólo a un experto pueden ocurrírsele.

Lo que califica al terrorismo, lo que permite intentar distinguir entre sus posibles variantes es el procedimiento. En este sentido, la palabra terrorismo aparece para designar el uso de la violencia indiscriminada para erosionar y, finalmente, destruir, un sistema social y político. A esta acepción primaria responden los gigantescos atentados del once de septiembre en Nueva York, del once de marzo en Madrid, del gran atentado contra la discoteca de Bali, etc., etc. La identidad de las víctimas es, en estos casos, irrelevante. Son irrelevantes su raza, sexo, edad, convicción política. En general, sólo importa su número, cuanto mayor, mejor para los objetivos terroristas. El objetivo inmediato es crear un clima de terror generalizado. En este sentido, ciertos crímenes políticos, por ejemplo, los magnicidios, pueden no ser en rigor actos terroristas, si su objetivo inmediato no es generar un terror paralizante de la sociedad, sino eliminar a un dirigente particularmente incómodo para los criminales. Lo que ocurre es que el crecimiento y la difusión internacional del terrorismo nos lleva a difuminar la línea divisoria entre estos crímenes y los genuinamente terroristas.

En el discurso político, la diferenciación entre tipos es el cómodo recurso de los amigos y beneficiarios del terrorismo. Veamos, por ejemplo, el terrorismo separatista, que nos es bien conocido. Seguramente es distinto del terrorismo islamista, pero la diferencia es irrelevante a la hora de diseñar políticas para combatirlos. La ETA no es mejor ni está más legitimada que el terrorismo islamista; no sólo ha matado a mil ciudadanos; ha corrompido la vida política vasca; ha sacudido el árbol de la convivencia democrática, para que Arzalluz, Ibarreche y compañía hayan podido recoger las nueces de su régimen de extorsión, chantaje y terror institucionalizado. En conclusión, en cuanto terrorismos, que es lo que importa, todos los terrorismos son iguales, pues todos participan de los mismos procedimientos criminales y todos comparten el objetivo de imponer violentamente sus objetivos a la comunidad política.

José Vilas Nogueira es catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Santiago de Compostela

Crisis política en Cataluña
Emoción de censura
Por Patxo Unzueta El País  10 Marzo 2005

"Cuando a los políticos se les acaban las ideas, se ponen a hacer o a modificar una Constitución", escribió Ralf Dahrendorf (La Vanguardia, 21-9-03).

Exageraba, pero no era una improvisación: lo mismo había opinado a comienzos de los 90 en sus Reflexiones sobre la revolución en Europa (Emecé. Barcelona. 1990) a propósito de lo que estaba ocurriendo en algunos países del Este del continente tras la caída del muro: que a ciertos políticos "no les resulta fácil cargar con las molestias del mundo real" y por eso tienen tendencia a "transformar toda política en política constitucional", con olvido de la "política normal": la que se aplica en el interior de un marco institucional no cuestionado.

La reflexión parece aplicable a algunos políticos españoles más ocupados en modificar el marco estatutario (competencial, sobre todo) que en gobernar con las competencias de que disponen.

Cuando Maragall acepta retirar su insinuación sobre el 3% ante la amenaza de Artur Mas de no secundar la reforma estatutaria, está indicando que supedita todo lo demás a esa reforma. En la transición, la aprobación del Estatuto pudo justificar que los partidos aparcasen otros objetivos. ¿Puede aplicarse el mismo criterio a su reforma?

Todavía no ha explicado Maragall por qué era tan importante la del Estatuto de Sau cuando no es evidente que existiera una demanda social previa. Tal vez la clave sea que no se trataba tanto de la reforma en sí como de buscarle a una coalición dada (PSC-ERC-IC) un programa capaz de soldar su alianza.

Maragall ya había gobernado el Ayuntamiento de Barcelona con esos socios. En algún momento debió llegar a la conclusión de que esa combinación era la única capaz de derrotar a Pujol, y que la reforma del Estatut podía ser su bandera: el vínculo capaz de cohesionar a partidos tan distantes en el terreno de las emociones nacionales como el PSOE y la independentista ERC.

Sin embargo, no es lo mismo pactar con un partido independentista para gestionar un Ayuntamiento que para gobernar una comunidad autónoma. Y en todo caso, el juicio sobre su conveniencia dependerá de cuál sea su programa. El tripartito ha esbozado algunas políticas sociales, pero su discurso político dominante ha tenido una fuerte tonalidad nacionalista.

A veces radical, como en el compromiso de convocar una consulta popular modo Ibarretxe si las Cortes no convalidaran el nuevo Estatut.

Poco ayudarán a madurar a ERC iniciativas tan pueriles como la de cambiar las matrículas de los coches en toda España para satisfacer el deseo de dotarlas de distintivo autonómico; o la propuesta de introducir en el nuevo Estatut la obligación de etiquetar en catalán todo producto que se venda en Cataluña; o espectáculos como el de Macao con la selección de hockey.

Por no hablar de la pretensión de crear un "espacio catalán de comunicación" que transmita la "forma catalana de ver el mundo". ¿No tendrá algo que ver esa pretensión, y el blindaje correspondiente, con la incapacidad para detectar a tiempo el desastre de El Carmel?

En un estudio realizado por B. Barreiro e I. Sánchez Cuenca sobre los efectos electorales de la corrupción (Historia y Política, nº4. 2000) se concluye que la opinión pública tiende a dar menos importancia a los escándalos en sí que a la reacción de los Gobiernos frente a ellos.

La gente admite que hay situaciones que pueden escapar al control de los políticos, pero considera que la respuesta es asunto enteramente suyo.

El problema de Maragall no es, por tanto, que sacase el asunto del 3%, sino que lo retirase en nombre de una incierta bandera. De eso es de lo que tendría que responder frente a la moción de censura que se debate hoy. No lo tiene fácil, pero la censura puede ser también la ocasión para una reconsideración de prioridades.

La primera es gobernar, y hacerlo partiendo de que no son las emociones nacionales lo que une a los votantes de izquierda que el tripartito aspira a representar. No se trata de renunciar a la reforma del Estatut, pero sí de dejar de utilizarla como burladero: "No podemos hacer más porque carecemos de competencias".

¿Qué artículo del Estatuto prohíbe al Govern actuar contra la corrupción instalada desde hace tantos años en la Cataluña del juez Estevill?

"La renovación política pendiente tiene que ver más con la calle que con el Parlamento, es decir más con la autoridad local efectiva que con el perfeccionamiento legislativo", escribió en EL PAIS el entonces alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall , el 4 de junio de 1995.

La mejilla de ZP
Ignacio Villa Libertad Digital 10 Marzo 2005

Ahora resulta que el incendio de la torre Windsor de Madrid es como el hundimiento del Carmelo de Barcelona. El presidente del Gobierno en una de esa piruetas a las que nos tiene acostumbrados pero que ya no se cree nadie ha intentado equiparar un accidente con una negligencia. Y la verdad, llega un momento en que tanta simpleza no es de recibo.

Zapatero, que ha pedido solidaridad a los suyos por los desvaríos de Pascual Maragall, ahora se lanza a la demagogia facilona y desliza en el Congreso la comparación mentirosa del Windsor con el Carmelo, cuando son dos historias bien diferentes.

El incendio de la torre Windsor es un accidente, y aunque fuera intencionado no tiene ninguna repercusión en la responsabilidad política. Pero el hundimiento del barrio del Carmelo –con quince mil afectados de una forma o de otra– sí que se traduce en una grave negligencia política y urbanística. Una negligencia de tal calibre que ha provocado la mayor crisis política en Cataluña desde la vuelta de la democracia.

Con la crisis del Carmelo Zapatero esta demostrando su incapacidad para gobernar. No es una cuestión de conseguir un par de titulares en la prensa o de dar un golpe de efecto más o menos convincente. El Carmelo tiene una gravedad enorme por sí mismo y a esa gravedad hay que sumar toda la polémica suscitada sobre el 3 por ciento que ha salpicado a convergentes y socialitas, poniendo patas arriba a toda la clase política catalana.

El presidente del Gobierno ha salido en socorro de Maragall, y con él gran parte de su Gobierno. Una actitud, en parte lógica, pero altamente peligrosa: Zapatero, que sabe que debe mucho a Maragall, intenta ayudar a un presidente catalán que está cometiendo un error tras otro. Además, corre el peligro de que la corriente arrastre a los dos porque Maragall, como se está viendo estos días, no tiene puntos de apoyo. Sus socios están mirando hacia otra parte, dejando al líder socialista en la más absoluta soledad ante sus propios errores. Y Zapatero está dispuesto a poner la cara por él.

El presidente del Gobierno está perdiendo fuelle, mucho fuelle. Comparar un incendio con un hundimiento es el síntoma más claro de la torpeza de quien se está quedando sin fuerzas. Señor presidente, un incendio es un incendio; y una negligencia política es una negligencia. Querer poner las dos situaciones en el mismo plano sólo puede ser por ingenuidad o por maldad política. Me quedo con la segunda.

La sinrazón de Montilla
Emilio J. González Libertad Digital 10 Marzo 2005

La dimisión del hasta ahora presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), Carlos Bustelo, supone un duro golpe para la política del Gobierno, en general, y del ministro de Industria, el secretario general de los socialistas catalanes, José Montilla, de favorecer a Cataluña a cualquier precio y a costa de cualquier cosa.

Bustelo se opuso desde el primer momento al traslado de la sede de la CMT a Barcelona, acordado por el Gobierno el pasado mes de agosto, al considerar que esta decisión obedece nada más que a razones políticas que no tienen nada que ver con las necesidades del sector de las telecomunicaciones de contar con un interlocutor y un organismo regulador en Madrid, próximo a las sedes de las empresas y al Ejecutivo, para que las relaciones entre la industria y el supervisor sean todo lo fluidas que deben ser. Además, el dimitido presidente tachó de “deportación” el traslado, al obligar a los trabajadores de la CMT a marcharse a Cataluña, donde existen serios problemas de adaptación por la imposición del catalán a toda costa. Por ello, a Bustelo, hombre coherente con sus principios, no le quedaba más remedio que dimitir, y así lo ha hecho, en un gesto que le honra.

De por medio ha habido todo un rosario de despropósitos. El Gobierno quería dar un caramelo al presidente de la Generalitat, el socialista Pascual Maragall, en forma de traslado a Cataluña de un organismo supervisor de algo, como había pedido el propio presidente catalán. El elegido, en un principio, fue la Comisión Nacional de la Energía (CNE). Sin embargo, una disposición en el contrato de los trabajadores de la CNE, por la cual sólo pueden desempeñar sus funciones en Madrid, hizo que el regulador del sector eléctrico quedara descartado y se pasara al de las telecomunicaciones, cuyos trabajadores no están protegidos por una disposición similar. La mala suerte ha jugado en contra de la CMT.

El Gobierno, además, nunca ha podido justificar esta decisión. El Ejecutivo habla de que España es un Estado descentralizado y, por tanto, no debería haber problemas para trasladar organismos oficiales de este u otro tipo fuera de Madrid. De hecho, este punto fue recogido en el programa electoral del PSOE. Sin embargo, esta política da la espalda a dos cuestiones prácticas. La primera es que la culminación del traslado de la CMT a Cataluña abre las puertas a que otras autonomías reivindiquen su derecho a albergar en su territorio sedes de organismos oficiales estatales. Vamos a ver cuánto tiempo tardan los presidentes de Andalucía y Extremadura y pesos pesados del PSOE, Manuel Chaves y Juan Carlos Rodríguez Ibarra, en reclamar para su territorio sedes de otros organismos. La segunda es los costes innecesarios de gestión que impone a unas empresas que se encontrarían con el Ministerio en Madrid y la sede del organismo regulador en otra parte. Plantear semejante cuestión en Francia, por ejemplo, resultaría de todo punto absurdo.

Las formas empleadas por Montilla, asimismo, han dejado mucho que desear. Desde el Ministerio se amenazó a Bustelo con cesarlo del cargo cuando se supone que la CMT es un organismo oficial pero independiente, en cuyo funcionamiento el Ejecutivo no puede entrometerse. Sin embargo, Montilla lo ha hecho al amenazar a Bustelo con el cese y, de esta manera, dar una patada a la necesaria independencia de la CMT. Si esta es la política del Gobierno, en España hablar de organismos independientes será un mero ejercicio de retórica porque, en la práctica, el presidente de una de estas instituciones que quiera ejercer de independiente tendrá los días contados.

La dimisión de Bustelo se suma a la negativa del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Manuel Conthe, a dejarse manipular por el Gobierno. El Ejecutivo quiso utilizar a la CNMV en su guerra particular para tratar de desbancar a Francisco González de la presidencia del BBVA, pero Conthe no se prestó a ello y, al negarse, propinó un duro golpe a la credibilidad del Ejecutivo, que ahora acaba de encajar un segundo de la mano de la dimisión de Bustelo. Ambos casos, además, ponen de manifiesto que el Gabinete de Zapatero no se va a parar ante nada ni ante nadie, aunque sea costa del descrédito de las instituciones o del propio Gobierno, para alcanzar las metas que se fija, metas que, en muchos casos, son cuando menos dudosas y en la mayor parte de ellos buscan extender el control del poder político sobre la sociedad. Por desgracia, los Bustelo y los Conthe no abundan al frente de las instituciones y organismos oficiales para frenar a los socialistas.

La experiencia Bustelo
Primo González Estrella Digital 10 Marzo 2005

Carlos Bustelo, presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), ha optado finalmente por tirar la toalla y presentar su dimisión. Le quedaba todavía un buen tramo de su mandato de seis años por delante (terminaba el mes de diciembre del año 2008, es decir, un plazo superior al del actual Ejecutivo socialista), lo que significa que la cohabitación civilizada entre ambas partes, el Gobierno socialista y el regulador del mercado de las telecos, era en principio obligada si por ambas partes hubiera existido en realidad una voluntad clara de colaboración.

Pero las chispas entre Gobierno y regulador del sector de las telecomunicaciones saltaron a poco de llegar el actual Ejecutivo al poder. Nada ha sido casual en este enfrentamiento. Las alianzas políticas del nuevo Gobierno exigían el traslado de una cierta cuota de poder, aun a costa de la eficacia, desde la capital del Reino, Madrid, a la capital catalana, en donde poco tiempo le faltó al president Maragall para anunciar la pieza que se iba a cobrar en su primera incursión sobre el botín centralista. La pieza era el organismo regulador de los mercados de las telecomunicaciones, la CMT, presidida por una persona designada para el cargo en la etapa del anterior Gobierno, naturalmente del PP.

Realmente tiene poca lógica económica y empresarial que los clientes naturales de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (empresas del sector, sobre todo), la casi totalidad de ellos con sus sedes y sus cuarteles generales en Madrid, tengan que desplazarse varios cientos de kilómetros para dialogar, despachar o tramitar con uno de sus interlocutores naturales más importantes del sector público. Con la misma lógica se podría haber trasladado también el Ministerio de Industria a Barcelona o a Valencia, capitales con mayor tradición industrial que tradición en materia de telecomunicaciones tiene la capital catalana. En descargo del argumento se podría decir que la propia naturaleza del negocio debería facilitar una relación fluida entre ambas partes sin que las distancias sean un problema. Para eso están precisamente las telecomunicaciones y sus cada vez más modernas tecnologías.

De los altos cargos institucionales sujetos a periodos de permanencia preestablecidos en sus cargos, Bustelo era prácticamente el único que no debería haber tenido problemas ya que su mandato iba más allá de la legislatura. Los demás, en especial algunos, como el máximo responsable de la energía, tienen los meses contados, de modo que no han sido incomodados. A su debido momento serán reemplazados por personas designadas por el nuevo Ejecutivo socialista y todo resuelto.

La triste experiencia de la CMT, triste en la medida en que parece haber existido una voluntad clara por parte del Gobierno, o cuando menos del titular de Industria, para provocar la salida de Bustelo del cargo, deja algunas lecciones para el futuro que no resultan precisamente tranquilizadoras.

La primera reflexión que cabe plantearse es la de la utilidad de los periodos fijos de permanencia en cargos de perfil institucional. Precisamente fueron ideados para que sus titulares pudieran gobernar con estabilidad e independencia. Es decir, para que su labor no se viera afectada por los avatares del cambio político. Siempre se ha entendido que esta estabilidad en los cargos dotaba de garantías de calidad y de autoridad a las instituciones gobernadas por personas con mandatos a plazo fijo. Tanto el afectado como los sujetos sometidos a su tutela (empresas, consumidores...) gozaban de ese mínimo privilegio de seriedad en sus relaciones. Por desgracia, esta virtud acaba de saltar por los aires desde el momento en que un presidente de un ente regulador puede ser dinamitado de su puesto por el Gobierno de turno. Precisamente lo que se trababa de evitar cuando los dos grandes partidos convinieron en crear (en la etapa de Felipe González) estos sistemas de estabilidad institucional. El próximo Gobierno, si es de color diferente, podrá expulsar al próximo presidente de la CMT o de cualquier otra institución con mandato “blindado” simplemente enviando la sede del organismo a Pontevedra, a Albacete o a Jerez de la Frontera, con el debido respeto para estas localidades. ¿No sería mejor, a la vista del fracaso del mandato fijo, convertir a los reguladores en simples secretarios del ministro del ramo?

La segunda reflexión pertinente atañe a la propia filosofía de las instituciones reguladoras. Entenderlas como sencilla y maleable moneda de tráfico político es un mal presagio. Como lo es el diseñar una Administración monocolor hasta sus últimos resquicios.

Un disparate de Rubio Llorente que le inhabilita para el cargo
Editorial El Mundo  10 Marzo 2005

Nunca unas pocas palabras habían hecho tanto daño a nuestro sistema constitucional como las pronunciadas ayer por Francisco Rubio Llorente, presidente del Consejo de Estado.

Este defendió ayer que «la Constitución hable de comunidades nacionales en lugar de nacionalidades» y definió el término como un concepto «cultural» frente al actual «territorial».

Rubio Llorente, catedrático de Derecho Político, precisó que, según su planteamiento, «la comunidad nacional catalana abarca al menos tres comunidades autonómas» y el País Vasco «se extiende, como se fija en el plan Ibarretxe, en territorios distintos de dos Estados diferentes».

Efectivamente, la propuesta de Rubio Llorente encaja como anillo al dedo en el plan soberanista de Ibarretxe, que evoca en su preámbulo que Navarra y varios territorios franceses forman parte del País Vasco.

También alienta las viejas pretensiones del nacionalismo radical catalán, que siempre ha soñado con unos «paisos catalans», formados por Cataluña, Valencia y las Islas Baleares.

Es cierto que el presidente del Consejo de Estado no propugnó ayer expresamente la unión de estas comunidades, pero al admitir su fundamento «cultural» y pretender llevar la fórmula a la letra de la Constitución legitimó y alentó esas reivindicaciones nacionalistas.

Francisco Camps, presidente del Gobierno valenciano, calificó de «disparate» las declaraciones de Rubio Llorente y exigio su inmediata rectificación. Mariano Rajoy se expresó en el mismo sentido, subrayando que la reforma de la Constitución que plantea el Gobierno «empieza a ser una pesadilla».

Los hechos le dan la razón porque resulta inquietante constatar a diario las contradicciones y las incoherencias en el seno del PSOE sobre el modelo de Estado y la reforma de la Constitución.

Ayer mismo, Zapatero abogó por permitir el uso de las lenguas autonómicas en el Congreso, contra el criterio defendido por Manuel Marín, presidente del Congreso.

¿Será el PSOE capaz de plantear hoy en la Comisión de Reglamento una propuesta contraria a lo pactado por escrito con el PP para forzar a Marín a que permita hablar en catalán a sus aliados de ERC?

Las palabras de Zapatero abren esa posibilidad, pero lo que resulta verdaderamente surrealista es que el presidente del Consejo de Estado -designado por el Gobierno- plantee una reforma que no sólo rompe el actual modelo constitucional sino que además choca con la sensibilidad de una gran mayoría de los ciudadanos y con el sentido común.

Lo que propone Rubio Llorente exigiría la reforma del artículo dos de la Constitución, que establece que España es una nación formada por nacionalidades y regiones, para consagrar ese invento de nuevo cuño que serían las «comunidades nacionales» que, según sus palabras, podrían estar integradas por territorios de varios Estados.

Tal despropósito -que implicaría disolver las Cámaras y convocar un referéndum- incapacita a Rubio Llorente para seguir al frente del Consejo de Estado, órgano encargado de asesorar al Gobierno y al Parlamento en la reforma constitucional.

Si éste es el criterio de su presidente, sería mucho mejor prescindir de los servicios del Consejo o disolverlo para evitar una confusión que puede volvernos locos a todos.

RUBIO EN SU LABERINTO
Editorial ABC 10 Marzo 2005

CADA vez que Rubio Llorente habla en público de la denominación «comunidad nacional» da motivos para pensar que su designación estaba planificada únicamente para arropar las pretensiones reformistas del Gobierno. No hay otra explicación razonable a la insistencia con que Rubio prejuzga su opinión sobre materias que deben ser sometidas al Consejo de Estado, como las cuatro reformas de la Constitución, propuestas por el Gobierno, lo que no sólo perjudica su neutralidad, sino que, además, constituye un gravamen para el resto de los miembros del órgano consultivo que preside. Las declaraciones que realizó ayer en un foro de debate añadieron más polémica. No fue para menos, porque Rubio Llorente justificó su apoyo a la denominación «comunidad nacional» en que expresa una realidad «cultural» y no territorial, matiz que, a su juicio, evita los problemas del término «nacionalidad». Desde que se acuñó el término «comunidad nacional», el presidente del Consejo de Estado se esfuerza, sin éxito, en aclararlo con mayor o menor fortuna. En una reciente entrevista a ABC, estuvo bastante más didáctico que ayer, pues al poner como ejemplos de comunidades nacionales los territorios citados por el plan Ibarretxe -las tres provincias vascas, Navarra y los tres territorios franceses-, o los que integran -sin mencionarlos- los «Países Catalanes», ha contribuido decisivamente a descalificar su laberíntico argumento.

Precisamente, a lo que aspira siempre todo nacionalismo expansionista es al reconocimiento de una realidad cultural y humana superior a las demarcaciones territoriales en las que se organiza políticamente la nación sin Estado a la que representa. Tales fronteras, por ese motivo, carecerían de plena legitimidad frente a las reivindicaciones unionistas. Ese objetivo, llevado al extremo, fue lo que provocó las últimas guerras balcánicas. Por eso, y aunque al nacionalismo vasco no le agrade la formulación que hace Patxi López de «comunidad nacional» -irreductible a los términos del artículo 2º de la Constitución-, seguro que Ibarretxe considera plenamente acertada la aclaración conceptual de Rubio Llorente. No en vano la propuesta soberanista del lendakari distingue entre el pueblo vasco, titular nacional del derecho a la autodeterminación, disperso, por fuerza de los Estados español y francés, en siete territorios, y los ciudadanos de la Comunidad Autónoma vasca, que son otra cosa.

Resulta preocupante la contumacia con que desde el Ejecutivo y el PSOE se pretende despojar a las palabras de su verdadero sentido. Y resulta grave que Rubio Llorente, en su afán por avalar conceptualmente el argumentario del Gobierno, se meta en un jardín convertido en peligroso laberinto en las actuales circunstancias.

Estado español
Por Francisco Umbral El Mundo 10 Marzo 2005

Como doctor honoris causa que soy de la Complutense me encuentro con derecho a rechazar una de las últimas decisiones de tan magna asamblea, y lo voy a hacer aquí, que lo lee más gente y tendremos más movida.

Me refiero al reciente acuerdo de tan distinguido estamento, acuerdo que consiste en coger la Filología, así, en bloque, y tirarla por la ventana con peligro de matar a algún etarra matriculado.

A este cuerpo universitario, de pronto, no le gusta lo de Filología española ni nada parecido. En lugar de Filología quieren llamar a esta cosa conjunto de las lenguas peninsulares, que son, como ya saben ustedes, las de los periféricos de castañuela y las peninsulares de peineta.

Al cambiar la cosa, cambia también el nombre, naturalmente, pues los filólogos de carrera son unos señores muy coherentes y nosotros, los filólogos de dedicación y libre elección, no somos más que un madriles con quien se coincide en la cola del autobús.

Aunque la jugada la enuncien al revés, lo cierto es que se trata de llevar al Rastro el nombre de España y de ponernos a todos a hablar castizo como si estuviéramos en una zarzuela o tomando el sol de una noche de verano en la Corrala.

A mí este país me ha dado muchos disgustos, mayormente por esa gilipollez de «Estado español». Desde Julio Anguita a los nuevos poetas, uno ha tenido que explicarles a todos que lo de Estado español no debe usarse porque es un invento de Franco, que no sabía cómo llamar a lo suyo, cuando hubiera sido tan fácil llamarlo dictadura.

Pablo Neruda, César Vallejo, Blas de Otero, José Hierro, Gabriel Celaya, el vasco, etcétera, todos los grandes y pequeños poetas españoles y americanos han clamado siempre o sea hasta la muerte de Rafael Alberti, en nombre de España y no de ningunas siglas, usando este nombre como una bandera ancha y brava, como una idea desnuda, con sol y rosas rojas.

Eran todos o casi todos comunistas, porque hay un comunismo patriótico, como no me canso de repetir, aunque ya me duela el testiculario de decir lo obvio, porque el escritor descansa inventando y se muere repitiéndose.

No sabemos si el socialismo del señor Zapatero es socialismo o qué, pero sí sabemos de fijo que el comunismo español, patriota, cantado en las trincheras y los trenes de ese Far West de nuestra Guerra Civil era el españolismo honrado de Miguel Hernández, aquel hortelano ilustrado que murió de soldado español.

La guerra de guerrillas que han iniciado algunos catalanes después de comer, secundados ideológicamente por algunos vascos y toda una basca de gallegos, valencianos, murcianos, e incluso manchegos y bercianos, es una guerra contra España, una guerra política por el poder que no tiene nada que ver con la democracia, el socialismo, el patriotismo y la Filología.

Los veo ya a todos con el fusil miliciano bajo la toga plural. A mí nadie me ha consultado nada para arrancar el nombre de España de su Universidad principal, luego no están haciendo democracia sino estraperlo de títulos a la sombra ominosa de un reformismo ventajista.

Eso de Estado español queda cursi, y en cuanto a la Filología española, hay que mejorarla científicamente hurgando en los contenidos, pero respetando la claridad de las formas, porque ustedes lo que están cociendo ahora es un marrón que no hay Filología que lo aguante, tíos.

Legitimidad
Por Federico Jiménez Losantos El Mundo 10 Marzo 2005

Insistiré en lo que apuntaba ayer al final de mi comentario: el Gobierno del PSOE ha entrado en un proceso de autodeslegitimación que no sólo afecta al partido sino a la propia institución del Gobierno, que es más importante que el PSOE y el PP juntos, ya que está destinada a albergarlos a ambos, y así lo ha hecho en las últimas décadas.

El PSOE llegó de una manera sucia y antidemocrática al poder en marzo del año pasado, su comportamiento durante los dos años anteriores y en los últimos días de la campaña, en especial el día de reflexión, fue propia de golpistas más que de demócratas, pero el hecho de que fuera el Gobierno del PP el que convocaba las elecciones y el que aceptó su derrota sin poner en duda los medios empleados para lograrlo permitía a Zapatero desfacer ese entuerto.

Hubiera bastado un comportamiento decente en la investigación del 11-M para que toda ilegitimidad moral previa al 14-M hubiera quedado cancelada por la legalidad de origen y por la legitimidad renovada de su lealtad a las instituciones democráticas, la primera de las cuales es la oposición.

Pero hay una patología de la izquierda en España y es que desconoce cualquier legitimidad que no sea la suya propia. Cuando creyó que podía ganar una guerra civil, la provocó, aunque luego la perdió. Cuando en la Transición aceptó la reforma fue porque no pudo imponer la ruptura, pero cuando llegó al poder sobre la alfombra de escombros ucedeos y lo disfrutó tantos años, creímos que su aceptación de las reglas del juego era leal e irreversible. Pues no.

La hiperlegitimación izquierdista que, en la doctrina de la lucha de clases, marxista o bakuninista, le llevaba ayer a buscar la liquidación física de sectores enteros de la sociedad (desde la alta y media burguesía a los pequeños propietarios rurales, pasando por los católicos) ha retoñado hoy de una forma paradójica pero implacable a través del dominio aplastante de los medios de comunicación y la enseñanza.

El leninismo criminal (Paracuellos) ha dado paso al gramscianismo fino, a la implantación de una hegemonía social, no menos totalitaria en el fondo pero más suave en la forma y que permite la creación de grandes grupos privados (aquí, Prisa) que hacen negocios gigantescos defendiendo a la izquierda no de la derecha sino del simple error y hasta del Código Penal.

El grado de manipulación es atroz; el doble rasero, desvergonzado. Lo que en la derecha son crímenes atroces, en la izquierda son leves errores o aciertos rechazados por los enemigos del progreso.

La hiperlegitimación del siglo XX era positiva: se basaba en la fe de la izquierda en el socialismo. La del siglo XXI sólo se basa en el sectarismo y el desprecio antidemocrático a lo que no sea progre.

El Gobierno del 14-M, el partido del 13-M son eso: sectarismo reñido con la legitimidad.

UN OBISPO EN LA REFRIEGA
Por Jaime CAMPMANY ABC  10 Marzo 2005

MONSEÑOR Blázquez, inesperado para unos y previsto para otros, llega desde Bilbao a la presidencia de la Conferencia Episcopal cuando por el norte (Vasconia y Cataluña) se encona el zafarrancho nacionalista y el país entero asiste a la escaramuza entre la Iglesia y el Gobierno. Se pelea por la naturaleza y denominación de la unión de los homosexuales y su supuesto derecho de adopción, por la enseñanza religiosa en la escuela pública, por el derecho a morir y el derecho a matar, o sea, por la eutanasia y el aborto, por la investigación con células madre. Son muchas y graves las cuestiones que procuran diferencias y enfrentamientos entre los dos poderes clásicos: Iglesia y Estado.

Y así las cosas, un obispo, nacionalista moderado y quizá de la izquierda eclesiástica, cuyo nombramiento para la Diócesis de Bilbao levantó polémicas y despabiló recelos, aparece por sorpresa presidiendo a sus hermanos en el episcopado, elegido por los votos justos, y con otro obispo, de los que llaman conservadores, situado detrás de él, en la vicepresidencia. Cubiertos los dos paños.

¿Quién es y qué viene a hacer en esa presidencia monseñor Blázquez? Me parece curioso analizar, siquiera sea muy someramente, con cuáles palabras le han recibido los periódicos de Madrid. Empezaré por ABC, porque es el mío y el primero en el orden alfabético: «Nadie podrá reprocharle (a monseñor Blázquez) falta de firmeza en la denuncia de la violencia terrorista. Pero nadie deja tampoco de recordar su posición (compartida por los otros obispos de las Diócesis vascas, aunque no con el arzobispo de Pamplona) en asuntos como la ilegalización de Batasuna y otros debates de alta intensidad». Cal y arena.

El editorialista de «El Mundo» concreta así la interpretación puramente política: «En 2002 suscribió una polémica carta en la que advertía de las «consecuencias sombrías» de la ilegalización de Batasuna. El Gobierno de Aznar se sintió extraordinariamente molesto por aquella posición de la Iglesia vasca. De forma significativa, la elección de Blázquez fue acogida con satisfacción en medios del PNV y del PSOE». Vaya por Dios.

El editorial de «El País» está lleno -como el Infierno- de buenas intenciones. El Gobierno debe reconocer -dice- el peso específico de la Iglesia católica, y la Iglesia no puede tomar a agresiones las decisiones legítimas del Gobierno. «En ese contexto, lo lógico es que el diálogo Iglesia-Estado tenga éxito y que las cuestiones que les afectan encuentren un tratamiento adecuado». Amén, claro.

«La Razón» no se moja en un editorial. Ya se mojará, supongo. Pero en un artículo de los que antes se llamaban «de fondo», Santiago Martín, firma habitual en la sección religiosa del periódico, subraya el silencio de monseñor Blázquez ante el Plan Ibarreche, su rechazo a la «Ley de Partidos» y su presumible alineación con «los que rechazaron el documento de la Conferencia Episcopal sobre terrorismo». Toque de alarma.

No seré yo quien intente un pronóstico seguro sobre lo que nos deparará la presidencia episcopal de monseñor Blázquez. «Dios dirá, que está siempre callado», dijo el poeta. Si sale con barbas, san Antón, y si no, la Purísima Concepción.

Vuelco en la Iglesia española
Lorenzo Contreras Estrella Digital  10 Marzo 2005

La elección de monseñor Ricardo Blázquez, obispo hasta ahora de Bilbao, para la presidencia de la jerarquía católica española ofrece todo el aspecto de haber sido una operación, un auténtico “cónclave” no papal, por tanto de segundo nivel, sin asistencia, que se sepa, del Espíritu Santo, pero posiblemente inspirado por los herederos o hasta por el mismísimo espectro de Sabino Arana. El “tal Blázquez”, según la expresión peyorativa que acuñó Xavier Arzalluz, ha desbancado, nunca mejor dicho, al cardenal Rouco Varela, favorito del Vaticano, y quien dice Vaticano puede decir algo más que Juan Pablo II y referirse al cardenal Ratzinger o al también cardenal Angelo Sodano.

De repente, pues, tal vez contaminado de nacionalismo tras diez años de inmersión en la atmósfera de Bilbao, muy cerca de la sede del PNV, que por algo dejó de hablar despectivamente de aquel Blázquez detestado, el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española, el mismo que firmó con sus “hermanos” nacionalistas del episcopado la carta condenatoria de la ilegalización de Batasuna, produce con su inesperado ascenso, seguramente pactado en secreto por un sector significativo de la jerarquía, un vuelco en la Iglesia española. Y como la Iglesia —siempre se dijo— es sabia, ha buscado en su rastreo de votos y posibilidades una compensación. Y esa compensación ha consistido en situar junto a Blázquez, como vicepresidente, al arzobispo de Toledo y primado de España, monseñor Cañizares, tenido por ultramontano hasta la fecha.

Ahora lo que hay en la cúpula de la Conferencia Episcopal, como en los gobiernos autonómicos de Euskadi y Cataluña, es un tripartito: Blázquez como probable simpatizante de Sabin Etxea (bajo los efluvios eclesiales de monseñor Setién, hoy ya emérito), Cañizares como representante de las esencias espirituales tenidas por estrictamente españolas o carpetovetónicas, y posiblemente, uno en esencia y trino en personas, un “comité” a base de los prelados Carlos Amigo, cardenal de Sevilla; Carlos Osoro, arzobispo de Oviedo, y, por supuesto, Lluís Martínez Sistach, arzobispo de Barcelona.

Entre todos, los del “comité” y los demás, un explosivo cóctel que habrá de gestionar una Iglesia dividida en España, pendiente en Roma de la vida claudicante de Juan Pablo II y atravesada en su conjunto por todas las corrientes y transformaciones de los nuevos tiempos, el de los embriones, el de las eutanasias, el de los matrimonios gays, el de la enseñanza “arreligiosa” y tantas otras cuestiones candentes, pasando, por ejemplo, por el tolerado sacerdocio de los homosexuales.

Es curioso, pero no ha habido en los últimos decenios ni un prelado “destinado” a Euskadi y Cataluña que no haya regresado después a Madrid con una carga de conflictividad real o presunta. Le ocurrió a monseñor Añoveros en Bilbao, que tuvo un cierto ataque de “abertzalismo” democrático y, en plena furia de la primera ETA, se encontró con que el entonces presidente del Gobierno, Arias Navarro, quiso meterle en un avión y deportarlo a Roma. En otro momento, monseñor Marcelo González pasó su calvario en Barcelona, de donde fue obispo antes de ser prácticamente expelido por presión política atmosférica y tener que instalarse en la sede primada de Toledo, sin llevarse adherencias nacionalistas, eso sí. Y ahora “un tal Blázquez”, que se trae consigo de Bilbao todos los enigmas de una posible transfiguración nacionalista plasmada en su alma abulense.

España, pendiente de Catalunya
Por Francesc de Carreras La Vanguardia  10 Marzo 2005

En estos años de democracia, nunca la política catalana había condicionado tanto como hoy a la política española. Hasta el año pasado las noticias sobre lo que sucedía en Catalunya ocupaban -al contrario de lo que sucedía en el País Vasco- un lugar muy secundario en los periódicos, las radios y las televisiones de ámbito nacional.

Quizás se pueda decir, con razón, que los disparates acumulados últimamente en Catalunya, o la entrevista de Carod-Rovira con ETA hace un año, tienen en sí mismas el suficiente morbo político como para ser objeto de múltiples informaciones y comentarios.

De acuerdo. Pero también es cierto que, objetivamente, lo que sucede en Catalunya desde hace un año tiene una decisiva repercusión en la política general española.

Ello es así por dos motivos: primero, porque el nuevo estatuto que se está elaborando condiciona, en cierta manera, el futuro del Estado de las autonomías; y, segundo, porque de la estabilidad del Gobierno catalán depende también la estabilidad del Gobierno español.

Estos motivos no son independientes el uno del otro sino que están estrechamente imbricados: muy probablemente el desacuerdo entre las fuerzas políticas catalanas para aprobar un Estatut conduciría a nuevas elecciones en Catalunya y plantearía un serio problema de estabilidad al Gobierno de Madrid.

Este maldito embrollo tiene su origen en lo sucedido hace ahora un año: en el inesperado y complejo resultado de las pasadas elecciones generales del 14 de marzo y en los apoyos parlamentarios que respaldaron al Gobierno de Zapatero.

Con un triunfo del PP la situación hubiera sido muy distinta. En ese supuesto, el Parlament estaría elaborando un proyecto de Estatut con la seguridad de que no pasaría el trámite de las Cortes: el PP sería el responsable del fracaso.

Pero ganó el PSOE y necesitó el apoyo de otros grupos para que Zapatero obtuviera la investidura: con gusto se lo prestaron ERC e IC, socios de Gobierno en Catalunya.

Con ello Maragall quedó convencido de que, por fin, se había convertido en el eje central de la política española: ya mandaba en Catalunya y pasaba a mandar en España.

Zapatero, por su parte, pensó que el presidente catalán era, en el fondo, un hombre inteligente y sensato aunque, para asegurar la jugada, hizo entrar a Montilla en su Gobierno creyendo que así integraba al PSC. Grave error.

Maragall es, por naturaleza, como se está viendo, un descontrolado compulsivo: enseguida empezó a proclamar que con su gran amigo Zapatero en el Gobierno estaba despejada la vía hacia un Estatut que establecería un trato especial para Catalunya y unas nuevas relaciones con España.

En Madrid, incomprensiblemente, hasta después del verano no empezaron a darse cuenta del lío en que les estaba metiendo Maragall. Ahí Montilla debe asumir su responsabilidad.

En efecto, en Catalunya el nuevo Estatut se plantea desde un punto de vista predominante nacionalista, lo cual implica indiferencia respecto a sus repercusiones en el resto de España.

Esta perspectiva es lógica en partidos como ERC, IC y CiU, partidos nacionalistas que actúan sólo en el ámbito catalán, pero no es lógico que la adopte el PSC, a menos que se quiera desligar del PSOE.

En todo caso, la filosofía de fondo que inspira el nuevo Estatut es nacionalista y, por tanto, es más confederal que federal y, en consecuencia, difiere radicalmente de la política de igualdad sustancial de competencias entre comunidades autónomas que viene propugnando el PSOE desde el referéndum de Andalucía de 1980 hasta el documento de Santillana del 2003.

Por otro lado, no puede ser muy distinto al que se está elaborando si quiere ser pactado con ERC. El nuevo Estatut con el que puede estar de acuerdo el partido socialista no es, pues, el que están intentando pactar los partidos del Gobierno catalán.

Puede ser cierto que buena parte de los dirigentes de ERC hayan cambiado bastante desde que comenzaran a pisar las mullidas alfombras del poder.

Es natural, tanto por la erótica que éstas desprenden, como porque empiezan a darse cuenta de la complejidad que supone hoy un Estado, realidad muy alejada de la que plantean habitualmente en su demagógico discurso. Pero la demagogia tiene sus costes: ERC no puede desdecirse tan deprisa de las cosas que han prometido.

Y ahí está su problema y, a su vez, de rebote, el problema de Zapatero. ERC está prisionera de sus promesas y Zapatero necesita los votos republicanos en el Congreso.

¿Cómo satisfacer JAVIER AGUILAR al partido de Carod-Rovira sin entrar en contradicción con sus propios postulados? Ahí Zapatero contaba con la complicidad, la lealtad y los conocimientos jurídicos que debía aportar el PSC. Todo ello estaba implícito en su compromiso de aprobar en el Congreso el nuevo Estatut que previamente hubiera aprobado el Parlament de Catalunya.

Pues bien, todo esto le ha fallado: la desconfianza entre el PSOE y el PSC está aflorando a la superficie. Puestas así las cosas, el choque de trenes se hace cada vez más inevitable si no se toman decisiones drásticas.

Aunque quizás sea demasiado tarde, se haya llegado demasiado lejos y estas decisiones comporten una crisis de Gobierno en Catalunya que afecte de forma decisiva al Gobierno de Madrid.

En ese caso, el desencadenante de la crisis no habrá sido ni el Carmel, ni el tres por ciento, ni las últimas meteduras de pata de Maragall.

El origen del problema está en un malentendido que empezó hace un año: Zapatero fue investido presidente con los votos de ERC. El Gobierno de España pende de un maltrecho hilo: del Gobierno de Catalunya.

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.

Cataluña
Las almas muertas
José García Domínguez Libertad Digital 10 Marzo 2005

La historia de lo que ha de acontecer está tarde en el Parlament se empezó a escribir en la Barcelona de 1975, mientras Franco agonizaba. Ocupa los dos volúmenes de una tesis que se titularía “Cataluña y yo somos así, señora”, si su autor no hubiese errado al preferir bautizarla “El concepto de cultura política”. Nuestro elegantísimo doctorando, vástago de un ilustre patricio de la Lliga recién aterrizado en casa tras el preceptivo master en Estados Unidos, pretendía defender aquella su investigación en catalán. Tras comunicar la nueva al tribunal que lo habría de examinar, la reacción del señor decano sería fulminante. Ni hablar –nunca mejor dicho–, antes de profanar aquel templo del saber con la lengua de Pompeu Fabra pasarían por encima de su cadáver. Mas –nunca mejor traído– el agua no llegaría al río. Al contrario, poco después, el elegantísimo doctor era nombrado secretario general del PSUC, el partido comunista catalán; y el decano, presidente de la neonata ERC. Es más, hoy, ahora mismo, Rafael Ribó y Joan Hortalà suman fraternalmente sus voces al coro griego que implora a todas las fuerzas catalanas no madrileñizar la política catalana. Es decir, no alterar ni una coma el guión de siempre, el de la crónica de la nada anunciada. Y bien sabe Dios que serán atendidos.

Conocer la intrahistoria del oasis tiene sus ventajas. Por ejemplo, uno puede dedicar tranquilamente la tarde del miércoles a analizar las consecuencias de una moción de censura que se votará el viernes, algo impensable en cualquier otro rincón del planeta, salvo Sicilia, Córcega y el Condado de Las Vegas. Y es que la razón última de que resulte imposible desmontar la Tangentópolis catalana apela a la calidad del material humano que nutre su clase política. Así, la nomenklatura de sexagenarios que controla hoy el PSC surgió de la nada tras la muerte del dictador. Entonces, a mediados de los setenta, todos los militantes del partido de Reventós, Maragall y Serra cabían en un Audi con los asientos tapizados en cuero, y aún sobraban plazas. Por su parte, Convergencia era un grupito de matrimonios que se reunía los domingos en torno a unas pastas de anís y a la pareja Pujol-Ferrusola. ERC, simplemente, no existía. Y el PSUC, el mítico PSUC, no era más que eso, un mito. Ahora, tras el fallecimiento de Roman, su organizador en la clandestinidad, se sabe que nunca llegó a tener más de cien militantes hasta prácticamente el final del Régimen. En suma, todo aquel polvo, lo que ha traído todo este lodo, se reducía a una colla de amiguetes que podían mudar de siglas con idéntica facilidad que Hortalà de idioma.

Ocurre que la famosa resistencia antifranquista catalana, simplemente, no existió. Y que al recambio generacional de aquellos famosos resistentes antifranquistas catalanes, simplemente, no le han dejado existir. El Zetapé que debería jubilar a Maragall esta tarde, está cursando el Bachillerato LOGSE. He ahí el auténtico drama que está servido. El que habremos de engullir los catalanes cuando, el vienes por la mañana, nos retiren el soufflé de la vista.

Crisis catalana
Mena cabalga de nuevo
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 10 Marzo 2005

Algo me dice que al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, José María Mena, no le molesta la carga que le ha caído encima en forma de denuncias por corrupción. Bola de nieve iniciada por Juan Antonio Salguero, quien también ha provocado una curiosa reacción en Felip Puig: una querella por estafa contra él cuyo olor evoca ciertas conocidas flores del mal: la llamada “querella catalana”, que se presenta para tener una baza negociadora en el futuro; el delito de denuncia falsa del 457 del Código Penal. Vaya usted a saber.

Una influyente firma de La Vanguardia, acaso frustrada por la honradez del PP, se desahoga refiriéndose al “partido de Naseiro”. Parafraseándolo, yo diré que el partido de Planasdemunt, Prenafeta, Cullell, Alavedra y Roma, el partido que promocionó a Javier de la Rosa y a Luis Pascual Estevill, el partido cuyo líder tenía como abogado a Piqué Vidal, el partido coaligado con los del caso Pallerols y el caso Turisme, el partido de Mas, digo, ha perdido los papeles. A Maragall ya no saben como transmitirle su deseo de pactar: le guiñan el ojo, le dan con el codo, pero nada. En un esfuerzo hermenéutico, afirmo que si Maragall no se retracta es porque no quiere.

Y encima le toca a Mena organizar la ofensiva judicial. El mismo que con Carlos Jiménez Villarejo montó la querella presentada en 1984 por Burón Barba contra Jordi Pujol días después de que CiU ganara por mayoría absoluta las elecciones autonómicas. Cuando Guerra fanfarroneó con meter a Pujol en la cárcel.

Florenci Pujol había adquirido en 1959 un banquito de Olot. Pasaría a llamarse Banca Catalana mientras su hijo Jordi cumplía condena por organizar en el Palau de la Música de Barcelona la protesta contra la prohibición del Cant de la Senyera, poema e himno de Joan Maragall. La entidad cometió irregularidades sin cuento que muchos consideraron habituales en esa época. Lo peculiar era al servicio de qué se cometían las irregularidades, matiz que acabaría librando a Pujol de toda responsabilidad política, primero, y penal, después. A título de ejemplo, lo primero que hizo Pujol desde Banca Catalana al salir de la cárcel fue montar la campaña “Volem bisbes catalans” (Queremos obispos catalanes)

Cuantos han investigado el tema coinciden en que Pujol utilizó los fondos a espaldas de los accionistas. Pero cuando Mena y Villarejo le hincaron el diente estalló la indignación general por lo que se consideró un ataque contra Cataluña orquestado por los socialistas. Compartían esta visión miles de accionistas a quienes no importaba, por lo visto, ver el valor de sus acciones reducido a una peseta.

Y aquí está Mena, cabalgando de nuevo. Y de nuevo podrán decir que actúa estimulado por los socialistas. De momento nadie arguye que las comisiones se cobraran por Cataluña, pero una cantinela muy parecida nos recuerda que estas cosas es mejor no tocarlas. A ver.

El presidente del Consejo de Estado irrita a Navarra y Valencia al avalar la «comunidad nacional» vasca y catalana
El responsable del órgano que asesorará a Zapatero sobre la reforma constitucional defiende que los límites de Euskadi son los que marca el «plan Ibarreche»
Rajoy dice que este «disparate» se debe a la falta de criterio del Gobierno
Francisco Rubio Llorente, presidente del Consejo de Estado, el órgano encargado de elaborar el informe sobre la reforma constitucional que quiere hacer el Gobierno, respaldó ayer públicamente la exigencia nacionalista de que sus feudos puedan ser reconocidos en la Carta Magna española bajo la distinción de «comunidad nacional». La «comunidad nacional catalana» abarcaría, según Rubio Llorente, «al menos tres comunidades distintas», mientras que la vasca llegaría a los límites que recoge el propio «plan Ibarreche». El PP reaccionó airado contra un planteamiento que cree que soterradamente pretende ir marcando una línea en la opinión del Pleno del Consejo, que será el que tendrá finalmente que decidir.
C. Morodo / D. Mazón La Razón 10 Marzo 2005

Madrid- Cinco días después de que el Gobierno le remitiese su aséptico informe sobre la reforma de la Constitución, Rubio Llorente abundó ayer en sus «coqueteos» públicos de ya hace unos meses con la polémica exigencia de los nacionalistas catalanes y vascos de verse reconocidos en la Carta Magna con la etiqueta de «comunidades nacionales». En este debate, calentado bajo la propuesta de José Luis Rodríguez Zapatero de abrir en cuatro puntos el «melón» constitucional, ha llegado a entrar incluso el PSE, siguiendo la estela de Pasqual Maragall, quien ha pedido la reforma del artículo 2 de la Ley Fundamental para que quepa en ésta su concepción de la nacionalidad catalana. Los socialistas vascos, finalmente, decidieron el pasado fin de semana diluir en su programa la definición del término comunidad nacional.

Lo que ayer hizo Rubio Llorente fue dar un paso más en la ruptura de la neutralidad que le impone el cargo, actitud que levantó reacciones airadas en Navarra y en la Comunidad Valenciana, y provocó también una muy dura crítica desde las filas del PP. En un desayuno en el Forum Europa, defendió la conveniencia de sustituir el término «nacionalidad» por el de «comunidad nacional» –el citado artículo 2 reconoce y garantiza «el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones y la solidaridad entre todas ellas»–, con el argumento de que permite pasar de un punto de vista territorial a otro cultural. De esta forma, según explicó, «la comunidad nacional vasca se extiende, como se fija en el “plan Ibarreche”, en muchos territorios distintos en dos estados diferentes», y la «comunidad nacional catalana abarca al menos tres comunidades autónomas». «De ahí mi sugerencia de sustituir el término nacionalidad por comunidad nacional, primeramente porque el término de comunidad nacional no tiene un componente territorial, aunque se haya pervertido al dársele tal valor». Entre sus disquisiciones también abogó por una «depuración del sistema actual de delimitación competencial», lo que podría llevar a un mayor autonomismo.

El PP interpreta estas afirmaciones como una «extralimitación» en el ejercicio de su cargo, detrás de lo que se intuye una maniobra para ir influyendo en la opinión de los consejeros que, en último término, serán los encargados de pronunciarse. El informe de la reforma constitucional tiene que seguir los siguientes trámites dentro del órgano consultivo: la Comisión de Estudios deberá elaborar una propuesta que, antes de ser remitida al Ejecutivo, ha de ser aprobada por la mayoría simple del Pleno del Consejo, si bien cualquiera de sus consejeros está facultado para emitir un voto particular, que debe ser adjuntado al informe que será remitido a La Moncloa. Es ahí donde reside la importancia del papel que el ex presidente José María Aznar jugará en este asunto, tras aceptar la invitación a formar parte del alto organismo, a diferencia del resto de ex presidentes democráticos. Su incorporación se formalizará en abril. Felipe González justificó ayer su negativa en incompatibilidades con su «libertad de acción».

Para Mariano Rajoy, la actitud de Rubio Llorente es «de pesadilla», «disparatada» y «cómica», y achacó sus «disquisiciones intelectuales» a la decisión de Rodríguez Zapatero de abrir un debate «sin criterio» y «pasando la pelota». El PP marca distancias nítidas con tres de las propuestas de reforma constitucional –la de la introducción de los nombres de las comunidades, la alusión a la Constitución Europea (innecesaria para el propio TC) y la del Senado (sobre la que se cree que se intentará partir de la situación dejada en 1995)–. La de la sucesión de la Corona es la que se entiende como más lógica, pero subrayándose, dado que exige el procedimiento agravado, que es responsabilidad del Ejecutivo el manejo de los tiempos. En cualquier caso, los populares creen que la estrategia del Gobierno pasa por «marear la perdiz» y alargar los plazos hasta que se agote la legislatura; y subrayan que en su programa no llevaban hacer ningún cambio en la Constitución.

Navarra y Valencia protestan.
El portavoz del Gobierno de Navarra, Alberto Catalán, valoró las declaraciones como «un insulto a las víctimas y a todas las personas que pensamos que las pretensiones del nacionalismo vasco están fuera de contexto», además de «desafortunadas e inopor-tunas». Añadió que «para decir este tipo de cosas lo mejor que puede hacer es afiliarse al PNV y si no asume sus responsabilidades, dimitir».

Por su parte, el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, explicó que la propuesta de Rubio Llorente incluye a la Comunidad Valenciana «en una pretendida comunidad nacional en la que los valencianos no vamos a estar». Camps aseguró que estas declaraciones suponen un «duro golpe» a los sentimientos de los valencianos y a «nuestra forma de entender España». El vicepresidente valenciano, Víctor Campos, solicitó de Zapatero que explique si se trata de una opinión particular o de una estrategia compartida por el Gobierno y sus socios. Reclamó también al PSPV que diga si está dispuesto a llamarse «Partido Socialista de los Países Catalanes». Desde Ferraz, Alfonso Perales se desmarcó.

El presidente del Consejo de Estado asume que el País Vasco y Cataluña exceden de sus territorios
El responsable de una de las principales instituciones del Estado aludió ayer al Plan Ibarretxe, que habla del derecho del «Pueblo Vasco» a decidir su futuro.
N. COLLI / C. DE LA HOZ ABC  10 Marzo 2005

MADRID. El presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente, reabrió ayer la polémica sobre la reforma de la Constitución al defender de nuevo la conveniencia de sustituir el término «nacionalidad» por el de «comunidad nacional» cuando se hace referencia a determinadas Comunidades Autónomas con el fin de que su definición se efectúe desde el punto de vista cultural y no desde el meramente territorial.

Esta nueva definición permitiría, explicó Rubio Llorente, que la «comunidad nacional de Euskadi» no se limite a Vizcaya, Guipúzcoa y Álava sino que se extienda a otros territorios -tanto pertenecientes a España como a Francia-, tal y como pretenden los nacionalistas vascos y como se contempla en el plan Ibarretxe, que habla del derecho del «Pueblo vasco» a decidir su propio futuro en referencia a los habitantes de la actual comunidad autónoma, además de Navarra y los territorios franceses de Iparralde.

Asimismo, de la «comunidad nacional catalana» formarían parte territorios que, según la actual distribución territorial del Estado, pertenecen a tres Comunidades diferentes, que no citó, pero que hacía referencia, sin duda alguna, a la valenciana y a la balear.

En opinión del presidente del Consejo de Estado, que ayer participó en el foro organizado por Nueva Economía y Europa Press, el concepto de nacionalidad se ha «pervertido» por su identificación con un territorio. «Por eso he sugerido la conveniencia de que en la Constitución, en lugar de hablar de nacionalidades, se hable de comunidades nacionales, que son entes que no se corresponden con ningún territorio concreto». «La comunidad nacional vasca se extiende -indicó-, como se explica bien en el «célebre plan Ibarretxe», en muchos territorios distintos de dos Estados diferentes. La comunidad nacional catalana abarca al menos tres Comunidades Autónomas. De ahí mi sugerencia de sustituir el término nacionalidad por el de comunidad nacional, porque este último no tiene componente territorial».

Las declaraciones del presidente del Consejo de Estado -órgano al que se incorporará José María Aznar en el mes de abril en su calidad de ex presidente del Gobierno- se producen seis días después de que el Ejecutivo solicitara un informe de reforma constitucional y han levantado ampollas en el PP, cuyo presidente, Mariano Rajoy, echó mano de calificativos como «sorprendente», «cómico», «ininteligible» o «disparatado».

Se trata del antepenúltimo capítulo de un proceso, el de la reforma constitucional, que empieza a tomar visos de «pesadilla», en palabras del líder del PP. «Que Rubio Llorente, a quien el jefe del Ejecutivo ha pedido consulta, nos salga con una disquisición de estas características es cómico», señaló para dejar claro a continuación que el Gobierno se puede ir despidiendo del PP -«no van a contar con nosotros», afirmó- para unas reformas «ininteligibles». «¿Qué pretende? ¿Qué la Constitución diga que el País Vasco abarca territorios en Francia? ¿Qué Cataluña se extiende por tres Comunidades Autónomas?», se preguntó atónito.

La disposición de los populares es bastante escasa, por no decir nula. Rajoy no ve la necesidad de incorporar en la Constitución el nombre de las Comunidades autónomas, tampoco de hacer ninguna referencia al Tratado europeo, tal y como ha señalado, precisamente, el Constitucional. La reforma del Senado depende de qué es lo que quiera hacer el Gobierno, de modo que, implícitamente, sólo vino a aceptar la modificación del artículo que se refiere a la sucesión a la Corona. Recordó que ha sido el Gobierno el que «ha abierto el melón» para unos cambios que sólo podrán ser negociadas con el PP en su conjunto, tal y como advirtió en la entrevista concedida a ABC, de modo que si quiere contar con los populares para modificar la Constitución deberá sentarse a hablar también sobre las reformas estatutarias.

La propuesta de «comunidad nacional cultural» que defendió Rubio Llorente provocó una airada reacción de dirigentes de la Comunidad Valenciana y Navarra, aludidos directamente por una forma cuando menos novedosa de ver el actual modelo territorial. Así, el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, comentó que se trata de un «golpe letal» contra el actual ordenamiento del Estado y además rompe, a su juicio, «el consenso sobre la Constitución y el principio de convivencia» con el único objetivo, agregó, de dotar de privilegios a determinados partidos y regiones. Pero lo más grave para el presidente Camps es el hecho de que estas afirmaciones proceden de una persona que no sólo es el máximo responsable del Consejo de Estado sino alguien «muy cercano al Gobierno, en general, y al presidente del Gobierno en concreto».

Peticiones de dimisión
Tampoco calló el secretario general de UPN, Alberto Catalán, que no dudó en exigir la dimisión de Rubio Llorente «por defender y respaldar de manera pública y explícita la gran mentira en la que se apoya el plan soberanista de Ibarretxe: que Navarra es uno de los siete territorios sobre los que la autoridades políticas nacionalistas vascas pretenden articular su proyecto». Catalán calificó de «impropias, irresponsables y desafortunadas» las declaraciones del presidente del alto órgano consultivo puesto que «respalda dicha falacia, así como la injerencia en el autogobierno de la Comunidad Foral y el desprecio a su realidad social, política e institucional que constituye el plan Ibarretxe».

Rubio Llorente se refirió también a otros puntos de la reforma y se mostró sorprendido por la polémica que ha levantado el referido a la introducción de los nombres de las comunidades autónomas en la Constitución. En su opinión, es la cuestión más relevante de las cuatro planteadas por el Ejecutivo al Consejo de Estado. «Las comunidades tienen todas su denominación oficial y la Constitución, lo que puede hacer, es recogerla. No veo que en ello haya mayor problema. Es una polémica cuya razón de ser no entiendo exactamente», argumentó.

VÍCTIMA DE "LA PREPOTENCIA" Y "LA FALTA DE RESPETO"
Dimite el presidente de la CMT tras oponerse al traslado de este organismo a Barcelona
El presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), Carlos Bustelo, ha puesto su cargo a disposición del Ejecutivo, que ha aceptado su renuncia. La decisión de Bustelo se produce tras su oposición "al complejo y delicado proceso de trasladar la sede de la CMT a Barcelona". El PP cree que Bustelo es una víctima de la "prepotencia" de Montilla y la "falta de respeto" de Zapatero por los organismos independientes.
Libertad Digital 10 Marzo 2005

El mandato legal de Carlos Bustelo al frente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) debía extenderse hasta el mes de diciembre de 2008. Sin embargo, Bustelo ha enviado una carta al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, presentándole su dimisión. En una nota oficial, la CMT explica que la decisión de su hasta ahora presidente se produce "ante las dificultades opuestas para llevar a cabo el complejo y delicado proceso de trasladar la sede de la Comisión a Barcelona".

Bustelo ha expresado reiteradamente su discrepancia con la decisión del Gobierno de realizar ese traslado, que él mismo llegó a calificar de "deportación" provocada por motivos políticos. A Bustelo también le dolió que nadie le informara personalmente de esta decisión, ya que tuvo que enterarse por unas declaraciones públicas realizadas por el presidente de la Generalidad, Pasquall Maragal, tras reunirse con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero en el Palacio de la Moncloa, el pasado mes de julio.

El desacuerdo le valió a Bustelo un duro enfrentamiento con el ministro de Industria José Montilla, que según algunas fuentes llegó a plantearse su despido, ya que la CMT depende de esta cartera aunque formalmente sea un organismo independiente. La plantilla de la CMT también mostró desde el principio su rechazo al traslado. Según el comité de empresa, el Real Decreto que establece el cambio de la sede del regulador a Barcelona "sólo decide trasladar la sede" y en ningún caso descarta el mantenimiento de unas oficinas en Madrid.

Fuentes del ministerio de Industria, Comercio y Turismo, han informado a EFE de que el titular del departamento, José Montilla, comparecerá ante la Comisión del Industria del Congreso para informar sobre el sustituto de Carlos Bustelo. Posteriormente, el Consejo de Ministros aprobará, por Real Decreto, el nombramiento del nuevo presidente de la CMT por un periodo de cuatro años. Montilla ha dicho que esta dimisión no altera "en absoluto" el calendario o las previsiones sobre el traslado del organismo a Barcelona.

Víctima de "la prepotencia" y la "falta de respeto"
El portavoz de Industria del Grupo Parlamentario Popular, Fernando Castelló, ha afirmado que el hasta ahora presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), Carlos Bustelo, es "víctima de la prepotencia" del ministro de Industria, José Montilla, y de "la falta de respeto" del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, hacia organismos "independientes" como la CMT. "Bustelo es una víctima más de la prepotencia y arrogancia de Montilla, que cuenta además con el beneplácito de Zapatero que, una vez más, demuestra una falta de respeto institucional y democrático ante los organismos públicos, en este caso, la CMT, que goza de independencia y autonomía por ley", concluyó.

Por su parte, el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, ha dicho entender que Carlos Bustelo prefiera trabajar en Madrid, pero consideró "lógico" el traslado del organismo a Barcelona. Solbes ha afirmado que comprende las protestas por el traslado y que quien esté trabajando en Madrid prefiera seguir como hasta ahora, pero ha señalado que la decisión adoptada por el Gobierno de trasladar la CMT a Barcelona tiene "gran lógica" por intentar realizar una redistribución de actividades a lo largo de otras regiones.

Zapatero desautoriza a Marín y anuncia un cambio para favorecer el uso del catalán
El presidente de la Cámara dice estar «fuerte en la soledad» a pesar de un insistente rumor sobre su dimisión
Al final, intervino el presidente del Gobierno. Como querían los nacionalistas, Zapatero medió ayer en la polémica sobre el catalán en el Parlamento. No sorprendió tanto su intervención como el que utilizara la misma para desautorizar y reprender públicamente a Manuel Marín, a quien se dirigió expresamente, para advertir que las lenguas no están «ni para dividir, ni para confrontar». Luego, anunció la voluntad «de cambiar la situación y favorecer el uso» del catalán en la Cámara. Un Marín firme en la defensa del castellano había emplazado a su partido por la mañana a salir del escondite. Pues lo logró.
E. L. Palomera La Razón 10 Marzo 2005

Madrid- Lo nunca visto. Un presidente del Gobierno que utiliza sendas preguntas parlamentarias para reprender y desautorizar públicamente al presidente de la Cámara Baja y a la vez compañero de partido. ¿Motivo? La decisión de Manuel Marín de prohibir el uso de las lenguas cooficiales en sede parlamentaria.

Así fue la secuencia.
El peneuvista Josu Erkoreka preguntaba a Zapatero por su defensa del plurilingüismo ante la Asamblea Nacional Francesa y le manifestaba su sorpresa por su compromiso con las lenguas cooficiales, ya que era frontalmente opuesto a la decisión del presidente de la Cámara de prohibirlas en sede parlamentaria. En primera instancia, el presidente del Gobierno echó balones fuera con un tibio compromiso de que el asunto se abordara en la reforma del Reglamento. Pero Erkoreka le pidió más apelando a su condición de secretario general del PSOE, puesto que este grupo había acordado una cosa y la contraria con las minorías y el PP, al hilo de la polémica de Marína. Y Zapatero se lo dio. Es más, siguió la indicación y habló como líder del PSOE: «Este grupo seguirá dos principios: el de flexibilidad y el de la búsqueda del consenso». Aquí llegó la referencia expresa a Marín, la que desde hace días, le venían pidiendo las minorias. «... Porque como he expresado en muchas ocasiones, señor presidente del Congreso, las lenguas están para entenderse. Las lenguas no están para dividir ni para confrontar...». Desautorización con reprimenda incluida, pues, a Manuel Marín.

Luego, y ante otra pregunta del independentista catalán Joan Puigcercós, reiteraba su posición por si hubiera quedado duda. «El PSOE y este cambio de situación, esta flexibilidad, este reconocimiento y seriedad que exigimos será con el máximo consenso. Esa será la posición del PSOE desde un principio de cambio de la situación para favorecer el uso de las lenguas cooficiales en el trabajo de la Cámara. Con flexibilidad y seriedad». Más claro: quiera o no quiera Marín, habrá catalán en sede parlamentaria. Precisamente, por la mañana, antes de la sesión de control, el presidente del Congreso había hablado por teléfono con Zapatero sobre el asunto. Fuentes de toda solvencia trasladaron a este periódico que Marín llegó incluso a amenazar con la dimisión si el asunto no se reconducía. Esta versión circuló, luego, durante la tarde por los pasillos, lo que obligó al Gabinete de Marín a calificarla «de rumor obsceno y manipulador».

Dimisión o no, es que el asunto del catalán ha provocado la mayor crisis política que se recuerda en la Carrera de San Jerónimo entre un presidente del Congreso y el partido del Gobierno. Prueba de ello es que el propio Marín, a quien ayer defendió el alto comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Gregorio Peces-Barba, al respaldar la decisión del presidente del Congreso de desautorizar el uso de las lenguas cooficiales, convocó a los medios de comunicación para emplazar a su partido a salir del «escondite».

Se refería al doble pacto que mantiene el PSOE. Por un lado, con el PP para acordar todo lo que tiene que ver con la Reforma del Reglamento, que establece como lengua de trabajo sólo el castellano. Por otro, con los nacionalistas, para defender el uso del gallego, el euskera y el catalán. Marín lo llamó «posición A» y «posición B» y, aunque ironizó con lo que «la política tiene de escenografía, ha llegado el momento –apostilló–de aplicar las reglas del juego».

Y las reglas, en este caso, no están más que en el artículo 3 de la Constitución. Lo contrario, implicaría su reforma y a ello emplazó el presidente de la Cámara a quienes buscan la cooficialidad en la institución. Hasta entonces, tiempo tienen los grupos esta misma tarde, en la ponencia del Reglamento, de aprobar las enmiendas en defensa de las lenguas cooficiales que han presentado los nacionalistas.

El PSOE se tendrá que pronunciar: o vota con el PP o lo hace con el resto. Pero, Marín se declaró ayer incapaz de «encontrar espacios de entendimiento en la Cámara», fundamentalmente dadas «las habilidaes y los juegos de trapecio», dijo en clara alusión a su colega Rubalcaba. Tampoco, está dispueso a hacer «de muñeco de feria» de nadie. Por tanto, que acuerden lo que quieran, y a él se lo den por escrito. El cambio de criterio es ya exclusiva del PSOE.

El Presidente respalda el uso en el Congreso del catalán, el euskera y el gallego
Zapatero cede ante los nacionalistas sobre las lenguas y desautoriza a Marín
Periodista Digital  10 Marzo 2005

La aparente indefinición del Gobierno Zapatero crea a veces tensiones inesperadas. Según Elconfidencial.com, Manuel Marín presentó ayer por la mañana a José Luis Rodríguez Zapatero su renuncia al cargo en el transcurso de una tensa conversación telefónica. Fuentes próximas a Marín niegan el incidente, pero la realidad es que afloraron enormes discrepancias en el seno del propio equipo socialista.

El presidente del Gobierno terció ayer en el conflicto lingüístico abierto por los nacionalistas en el Congreso para dar la razón a sus socios parlamentarios y desautorizar a Marín ante el Pleno al presidente de las Cortes, que había decidido mantener el castellano o español como única lengua de trabajo en la Cámara tal y como marca la Constitución en su artículo 3 y la tradición.

«La voluntad del Grupo Socialista es que existan cambios en esta Cámara en relación con el uso de las lenguas», dijo Zapatero a preguntas del portavoz de ERC, Joan Puigcercós, además de añadir que está dispuesto a favorecer el uso de catalán, vascuence y gallego en el Congreso «con flexibilidad».

Con su respuesta, el jefe del Ejecutivo se decantaba por el compromiso alcanzado en su día con ERC de llevar el plurilingüismo a todas las instituciones -también al Congreso-, rompía el acuerdo suscrito con el PP, vía Alfredo Pérez Rubalcaba, para dejar el asunto para el Senado y dejaba en evidencia a Manuel Marín, que se había fiado del pacto entre los dos grandes grupos de la Cámara.

El anuncio de Zapatero fue acogido con gran satisfacción por los nacionalistas y división entre los socialistas por el problema que le crea al presidente de la Cámara. En el Grupo Popular advirtieron que esgrimirán el compromiso firmado con el PSOE el mes pasado, en uno de cuyos puntos se dice que no habrá cambio alguno en el reglamento del Congreso sin el visto bueno de ambos.

Acuerdo verbal
Eduardo Zaplana y Alfredo Pérez Rubalcaba tenían pactadas por escrito las líneas generales de la reforma de las reglas del juego parlamentario y un acuerdo verbal para que los nacionalistas pudieran utilizar las lenguas cooficiales en el Senado pero dejaban al Congreso a salvo del lío.

Conocido el compromiso de su partido con el PP y ante los abusos y desafíos de los portavoces de ERC cada vez que tomaban la palabra en el Congreso, Marín decidió volver al cumplimiento estricto de lo que dice la Constitución al respecto. El martes se encontró con que Rubalcaba se sumaba a las quejas nacionalistas por el cambio de criterio y con que sólo contaba con el respaldo del Grupo Popular.

Marín dio un paso al frente ayer por la mañana y pidió a su partido aclaraciones públicas. «Si se te está pidiendo el blanco y el negro con la misma firma, eso es imposible», comentó. Preguntado por los equilibrios que hacía su partido en la materia, recurrió a la comparación circense: «De niño tenía una pasión loca por los trapecistas. Me encantaba el circo, y cuando mi madre me llevaba al circo los ejercicios de trapecio me apasionaban. Pero yo no estoy aquí para admirar los ejercicios de trapecista».

El presidente de las Cortes zanjó la cuestión con el mensaje de que deja en manos del eventual acuerdo que puedan alcanzar los grupos en la ponencia del Reglamento su proceder en el asunto, pero avisó de que no le asusta nada quedarse solo.

Zapatero conversó después con Marín para explicarle cuál iba a ser el contenido de su intervención de la tarde en el Congreso. Según fuentes parlamentarias, el diálogo fue «amable y cordial», pero estaba claro que el presidente del Gobierno avalaba el cambio de criterio en la materia avanzado por Rubalcaba y se decantaba por su compromiso con ERC.

El jefe del Ejecutivo se dirigió incluso a Marín desde su escaño cuando contestaba al portavoz del PNV, Josu Erkoreka: «Señor presidente del Congreso, las lenguas están para entenderse, las lenguas no están ni para dividir ni para confrontar y el deseo del Gobierno y el trabajo....». El presidente de la Cámara cortó a Zapatero: «Terminó su tiempo. Lo siento». La tensión entre uno y otro era evidente.

«Gran consenso con ERC»
Zapatero, después de desautorizar a Marín, hizo un llamamiento a los nacionalistas, en especial a ERC, para que se avengan a «un gran consenso» en la materia.

Tras el desaire, en fuentes de la Presidencia del Congreso negaron que Marín se plantee la posibilidad de dimitir pese al desgaste al que su propio grupo le ha sometido. Los socialistas pretenden que sus socios renuncien a utilizar los idiomas cooficiales libremente como derecho propio de los diputados a cambio de permitir que lo hagan brevemente en los trámites de preguntas. El próximo capítulo del conflicto lingüístico se dará hoy en la ponencia del Reglamento, cuando el PP esgrima el acuerdo roto por los socialistas.

Dos abogados de etarras han diseñado Aukera, la «lista blanca» de Batasuna
Los batasunos Otegi, Permach, Barrena y Elcano, entre otros, han participado en la captación de los candidatos para completar la nueva candidatura
J. PAGOLA ABC  10 Marzo 2005

BILBAO. El mensaje de correo electrónico por el que se convocó a los medios de comunicación a la presentación de Aukera Guztiak tiene la misma dirección empleada por la ilegalizada Batasuna para remitir convocatorias de sus últimas comparecencias públicas, según ha podido saber este periódico por fuentes cercanas al proceso.

En los mismos medios se asegura que los abogados de presos de ETA Iñigo Iruin y Jone Goirizelaia, así como el coordinador general del sindicato LAB, Rafael Díez Usabiaga, han sido los diseñadores de la constitución de la plataforma Aukera Guztiak que pretende presentarse a los comicios autonómicos del próximo 17 de abril, mientras que dirigentes de Batasuna como Arnaldo Otegi y Ángel María Elcano han ejercido labores de captación de los miembros que aparecen como promotores de esta plataforma electoral.

De acuerdo con los mismos medios, los letrados Iruin y Goirizelaia han asesorado jurídicamente a los miembros de la agrupación para que se aprovechen de cualquier resquicio legal y puedan sortear la Ley de Partidos. Por su parte, a Díez Usabiaga se le atribuye, junto a otros, un papel destacado en la redacción del manifiesto fundacional leído durante la presentación de la plataforma, el 25 de febrero.

Promotores en el núcleo duro
En la labor de captación de promotores y candidatos de Aukera Guztiak han participado, junto a Otegi y Elcano, otros batasunos como Joseba Permach y Pernando Barrena. Asimismo, Antton Lafont, presidente del Consejo Económico y Social del País Vasco, que aparece como uno de los promotores de Aukera Guztiak, ha actuado como «dinamizador» de la iniciativa, al tiempo que ejerce como su «imagen amable» ante la sociedad vasca y el socialismo vasco en particular. Lafont, amigo de Díez Usabiaga, es miembro activo de la agrupación Gaindegi -Observatorio Económico y Social- creado hace poco por la izquierda abertzale.

Además, según ha sabido este periódico, dirigentes de Batasuna han enviado recientemente mensajes a través de sus teléfonos móviles para movilizar a sus bases a fin de que presten su apoyo a Aukera Guztiak en el proceso de recogidas de las firmas necesarias para que esta plataforma se pueda constituir como agrupación de electores.

La recogida de firmas, a bajo ritmo
Sin embargo, según los mismos medios, la recogida de firmas no está siendo tan rápida como esperaban sus promotores. Esto es debido a la desorientación que sufre el electorado abertzale. Un amplio sector no sabe aún si la iniciativa presentada ahora pertenece a «los suyos». Los citados mensajes a través del móvil concluyen con la consigna: «pásalo», para asegurarse la máxima difusión en la izquierda abertzale.

También llama la atención que promotores de Aukera Guztiak, como Antton Lafont, José María Irigoien y Peio Zabala, lo fueran también de la iniciativa Eutsi Aukerari, presentada el 15 de enero de 2004 en San Sebastián. Aquella iniciativa surgió con el objetivo de «emplazar a las formaciones políticas defensoras del derecho de autodeterminación a la elaboración de una lista única consensuada, que representara que se presentara a las elecciones generales de 2004». Su pretensión era impulsar «las iniciativas de algunos partidos que, en las últimas semanas, han propuesto confeccionar una lista entre todas las fuerzas, sin exclusiones, para defender el reconocimiento de Euskal Herria y la facultad de decisión sobre su futuro», según dijeron entonces sus promotores.

De hecho, Batasuna había presentado días antes, el 16 de diciembre de 2003, la «oferta de Vergara» a través de la cual proponía «conformar una candidatura unitaria entre todas las fuerzas «favorables a Euskal Herria en las próximas elecciones españolas». Miembros de la izquierda abertzale movilizaron entonces a figuras de relevancia del ámbito nacionalista para que, mediante un manifiesto, se aparentara la existencia de un clamor social que reivindicara lo mismo que la «oferta de Vergara». No obstante, algunas de estas personalidades, como el cantautor Benito Lertxundi y el ex alcalde de San Sebastián Ramón Labayen, del PNV, que en su día apoyaron Eutsi Aurari, han optado por no formar parte ahora de Aukera Guztiak, a pesar de haber prestado en un principio su conformidad.

Según las fuentes consultadas, algunos de los promotores de la nueva plataforma podrían darse de baja, ya que no se les ha explicado los verdaderos objetivos, coincidentes al cien por cien con los esgrimidos por Batasuna.

Aukera Guztiak no ha elaborado un programa político, con el objetivo de eludir un pronunciamiento sobre ETA. En efecto, una posición en contra de la violencia podría dificultar el programado vertido de votos del electorado abertzale, mientras que una postura que entreviera su justificación hacia ETA se acabaría topando con la Ley de Partidos.

Una puerta abierta
Las fuentes conocedoras de este proceso subrayan que la estrategia diseñada desde la izquierda abertzale ante los comicios del 17 de abril daba por hecho que Batasuna no iba a poder concurrir a las urnas. Pero con Aukera Guztiak pretende dejar una puerta abierta a la posible flexibilidad por parte del Gobierno. Así, los dirigentes de la coalición se plantean que si el Ejecutivo de Zapatero tiene intención de avanzar en el proceso abierto en el País Vasco, una vez denegada su presencia en estos comicios, no debería poner obstáculos a la participación de una candidatura formada por personas sin «curriculum» batasuno.

A pesar de ello, los proetarras han pretendido forzar su inscripción en el registro. Además, tratan de llevar a cabo su particular «campaña electoral», con la finalidad de «mantener cohesionado al electorado de la izquierda abertzale». Una vez logrado este objetivo, los dirigentes proetarras intentarían dirigir el voto abertzale hacia Aukera Guztiak. Es decir, antes la izquierda abertzale mantendría la «distancia» sobre esta plataforma para «evitar una contaminación perseguible por la jurisdicción electoral y penal», advierten desde los mismos medios.

Peces-Barba se desdice y admite ahora que sí habló con la AVT de beneficios a etarras
Un senador del PP pide al Gobierno que le llame «Comisionado para los verdugos»
Redacción / C. M. La Razón 10 Marzo 2005

Madrid- El Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Gregorio Peces-Barba, admitió ayer que sí habló con la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) de la posibilidad de conceder beneficios penitenciarios a etarras sin delitos de sangre. En declaraciones a Antena 3, Peces-Barba afirmó que en la reunión expresó que «la opinión del Alto Comisionado era que en los supuestos de personas con delito de sangre, en ningún caso el Estado podía pactar ningún tipo de beneficios». Después, Peces-Barba indicó al presidente de la AVT, Francisco José Alcaraz –según la versión que ofreció ayer– que «para otros casos cabía que se expresasen criterios». El Alto Comisionado había negado en diversas ocasiones que en su entrevista con la AVT trasladase a los representantes de las víctimas cuestiones relacionadas con los beneficios penitenciarios de los terroristas. Peces-Barba llegó a negar de manera tajante que en dicha reunión se tratara ese asunto y afirmó que el único que habló de él fue el presidente de la AVT. Incluso, el pasado día 15, el Alto Comisionado consideró «una falsedad» las afirmaciones que, en ese sentido, hacían desde la asociación de víctimas.

Tras esta declaración, la AVT reiteró ayer su petición de dimisión de Peces-Barba. En declaraciones a Servimedia, Francisco Alcaraz criticó la actitud del Alto Comisionado y añadió que «cuando se miente o no se dice la verdad, hay que tener memoria para decir siempre lo mismo, porque si no se descubren las verdades». El presidente de la AVT dijo que en este asunto está sucediendo lo mismo que con las explicaciones a su ausencia en la pasada manifestación del 22 de enero, de las que ha dado «cinco declaraciones diferentes», pues, según Alcaraz, a la AVT le dio una versión distinta de la que trasladó en el Congreso o de la ofrecida públicamente.

Polémica en el Senado. La polémica llegó también a la Cámara Alta, cuando el portavoz de Interior del PP, Ignacio Cosidó, lanzó un duro ataque contra Peces-Barba al asegurar que tenía la misión de «neutralizar a las víctimas del terrorismo». Llegó a asegurar, en un agrio intercambio dialéctico con el ministro de Interior, José Antonio Alonso, que el Gobierno debía cambiar la denominación del cargo de Peces-Barba por el de «Alto Comisionado para el diálogo y el amparo de los verdugos terroristas».

El ministro del Interior defendió a Peces-Barba y dijo no entender «la ristra» de recriminaciones contra él. «Creo que lo va a hacer bien en el futuro», añadió el ministro, lo que fue interpretado con sorna en fuentes populares, aduciendo que esas palabras avalan la tesis de que no lo ha hecho bien hasta ahora.

Por su parte, el portavoz de la plataforma «¡Basta Ya!», Carlos Martínez Gorriarán, manifestó que si se habló de ciertas mejoras penitenciarias para los presos etarras sin delito de sangre «es que había unas expectativas de negociación con ETA». El reconocimiento de Peces-Barba, según Martínez Gorriarán, debilita mucho su figura, después de que «lo haya negado contra viento y marea» y que haya intentado desmentir a la AVT.

La Fundación para la Libertad reivindica en París el 'espíritu del Kursaal'
Redondo, Mayor y Díez piden «el encuentro entre autonomistas y constitucionalistas»
FERNANDO ITURRIBARRÍA/CORRESPONSAL. PARÍS El Correo 10 Marzo 2005

Los dirigentes de la Fundación para la Libertad reivindicaron ayer en París 'el espíritu del Kursaal' como dinámica alternativa para enviar al PNV a la oposición. El presidente, el socialista Nicolás Redondo Terreros, y los patronos, su correligionaria Rosa Díez y el ex ministro del PP Jaime Mayor Oreja, presentaron en la capital francesa una iniciativa definida como «lugar de encuentro entre autonomistas y constitucionalistas con vocación de construir consensos imprescindibles en España».

El acto tuvo lugar en la sede del Colegio de España con el formato de una mesa redonda titulada 'Constitución Europea: Naciones y nacionalismos', en la que también participaron, entre otras personalidades, el académico francés e hispanista Jean Frédériuc Schaub, el director de la entidad anfitriona, José Varela, y el gerente de la Fundación, Eduardo Uriarte. Por obligaciones parlamentarias de última hora excusó su presencia el diputado del PP Gustavo de Arístegui.

En el actual contexto preelectoral, Redondo, Mayor y Díez revalidaron el espíritu pactista sellado hace cuatro años por los dos primeros, entonces candidatos a lehendakari de sus respectivas formaciones, en el Kursaal donostiarra con el padrinazgo del filósofo Fernando Savater. «Queremos a nuestro país y somos demócratas. Eso nos une por encima de los diferentes proyectos políticos», dijo el presidente de la Fundación.

Redondo se mostró muy satisfecho de aquella iniciativa, que «fue la mejor representación de la España democrática, por encima de las siglas». «Tiene que haber una inteligencia entre PP y PSE para llevar al PNV a la oposición. Una inteligencia tal vez más inteligente de lo que hicimos nosotros. Un entendimiento o un pensar juntos».

Mayor Oreja, ahora diputado europeo, se declaró «más convencido que nunca de que aquello fue un acierto». «Marcó y marcará el camino que se andará, a lo mejor con otros protagonistas. Antes o después, el proyecto que iniciamos será una realidad, en el País Vasco y en España», pronosticó.

Díez, también con escaño en la eurocámara, aventuró que «si el PP y el PSE suman una mayoría absoluta el 17 de abril, será imposible que no haya un Gobierno constitucionalista». «De no formarlo, cualquiera de los dos partidos sería un traidor y señalado como tal dentro y fuera del País Vasco», sentenció cuando se le planteó su opinión sobre la estrategia de Patxi López.

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