AGLI

Recortes de Prensa     Domingo 27 Marzo 2005
También el bable
EL SUBMARINO La Razón 27 Marzo 2005

No eran tres palabras ZP
Isabel Durán Libertad Digital 27 Marzo 2005

El Tribunal Supremo hace su trabajo
Ramón Villota-Coullaut Libertad Digital 27 Marzo 2005

METÁFORA DEL SECTARISMO
Ignacio CAMACHO ABC 27 Marzo 2005

LA ESTATUA DE LA PERDICIÓN
JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS ABC 27 Marzo 2005

ETA SE TOPA CON LA LEY
Editorial ABC 27 Marzo 2005

LA ENGAÑIFA ETARRA
Jaime CAMPMANY ABC 27 Marzo 2005

El cedazo de la ley y sus alegres burladores
ROBERTO L. BLANCO VALDÉS La Voz 27 Marzo 2005

Batasuna no engaña al Supremo
Editorial El Mundo  27 Marzo 2005

La transparencia del PSOE no puede quedarse a medias
Editorial El Mundo  27 Marzo 2005

MONUMENTOS
Jon JUARISTI ABC 27 Marzo 2005

Volvamos al pasado
Fernando Prieto Libertad Digital 27 Marzo 2005

Todavía el Carmel
Editorial El País  27 Marzo 2005

MINORÍAS ARROLLADORAS
ÁLVARO DELGADO-GAL ABC 27 Marzo 2005

Continuidad fraudulenta
Editorial El País  27 Marzo 2005

La tapadera
Pedro J. Ramírez El Mundo  27 Marzo 2005

La banalidad del talante
PEDRO ARIAS VEIRA La Voz 27 Marzo 2005

Doble militancia
ALFONSO DE LA VEGA La Voz 27 Marzo 2005

El Supremo anula por unanimidad las listas de Aukera al considerarlas una estrategia de ETA
Josefa Rodríguez La Razón 27 Marzo 2005
 

También el bable
EL SUBMARINO La Razón 27 Marzo 2005

Asturias ha puesto en marcha la revisión de su Estatuto de Autonomía, que podría llegar a las Cortes a finales de este ejercicio. El «nudo gordiano» del debate estatutario no es otro que la cooficialidad del bable, una lengua para la que el actual Estatuto garantiza máxima protección en la esfera cultural, estableciendo la voluntariedad de su aprendizaje en las distintas etapas de escolarización de los niños y jóvenes asturianos. IU, socio indispensable del PSOE para garantizar la continuidad del presidente Areces al frente del Gobierno autónomo, exige que el bable sea reconocido en el Estatuto reformado como lengua cooficial, y –por tanto– exigible, como ya sucede con el catalán, valenciano, gallego o euskera, en los ciclos de la enseñanza obligatoria. Siguiendo el ejemplo de catalanes y andaluces, el Gobierno asturiano ha recurrido a grupos de expertos, en su mayoría profesores de la Universidad de Oviedo, para alumbrar a los políticos en las reformas que se quieren acometer. Además de introducir la cooficialidad de la lengua, IU presiona al PSOE para que el término «Comunidad Nacional» figure en el preámbulo del Estatuto. El PSOE asturiano está muy preocupado por las previsibles concesiones financieras que se pactarán con el «tripartito» catalán, dado que Asturias sólo podrá superar su actual declive económico con fuertes aportaciones procedentes de la Hacienda estatal.

Anulación de la lista-trampa
No eran tres palabras ZP
Isabel Durán Libertad Digital 27 Marzo 2005

El Tribunal Supremo ha anulado la lista de Aukera Guztiak para las elecciones autonómicas del 17 de abril en el País Vasco. Es una buena noticia para la democracia. La lista trampa de los batasunos-etarras contaba con el apoyo del tripartito vasco e incluso con el aval de algunos de sus más ilustres representantes como Javier Arzalluz, ex presidente del PNV. A partir de hoy, los vascos son un poco más libres, pero sólo un poco.

El más alto tribunal impide así que los terroristas se sigan mofando de las víctimas, continúen abusando impunemente del Estado de Derecho, mantengan el cobro las subvenciones públicas y puedan seguir parapetándose en la inmunidad parlamentaria con el apoyo del nacionalterrorismo gobernante. Se acabó el pastel. Ahora vendrán los bramidos antidemocráticos envueltos en el más puro victimismo nacionalista. Llevamos cuarenta y seis años de sangre y burla de la democracia.

A quienes el Tribunal Supremo había ya ilegalizado por ser lo mismo que la ETA y se encuentran todavía bunkerizados en el Parlamento vasco gracias al incumplimiento de la sentencia por parte de su presidente, Juan María Atutxa, se les acabó el chollo de verdad. No habrá más legislaturas trampa con los votos de la banda terrorista ETA. Por mucho que grite el tripartito de Juan José Ibarretxe, hoy están exultantes. Se saben vencedores de las elecciones gracias al inestimable apoyo de José Luis Rodríguez Zapatero al asumir el entierro del Estatuto de Guernica con su plan nacionalista light.

El fiscal general del Estado ha recurrido la lista-trampa de ETA y el Tribunal Supremo le ha dado la razón. Si los proterroristas incumplieran la sentencia, ¿hará lo mismo Conde Pumpido que con la sentencia de ilegalización de Batasuna en el Parlamento Vasco? Es decir, ¿se lavará las manos sin plantear recurso? Si lo hace, malo, y si no, también porque no se puede acatar algunas sentencias del Supremo, según conveniencia política de los pactos del momento. Todas las sentencias del Supremo son de obligado cumplimiento. Porque, no bastan tres palabras, ZP, para legalizar al entramado proetarra. Batasuna y sus listas trampa han sido ilegalizadas por ser la ETA. Así de claro. Veremos qué hace ahora el Tribunal Constitucional y su presidenta, Maria Emilia Casas, tan favorable siempre a las tesis nacionalistas y abiertamente partidaria ella de quitar emotividad a la nación española.

El Tribunal Supremo hace su trabajo
Ramón Villota-Coullaut Libertad Digital 27 Marzo 2005

Tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía, siguiendo los criterios de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, modificada con arreglo a la Ley Orgánica de Partidos Políticos, han recurrido la presentación de las candidaturas de Aukera Guztiak para las autonómicas del 17 de abril. Y ello porque estas candidaturas tienen una similitud sustancial con Batasuna. Ahora, cuando ya ha resuelto la Sala Especial del Tribunal Supremo, sólo queda el previsible recurso que presenten los abogados de Aukera Guztiak para que el Tribunal Constitucional, siempre antes del inicio de la campaña electoral —el 1 de abril—, resuelva sobre su posible presentación a las elecciones vascas, ya de una forma definitiva.

Estamos, con la decisión tomada este sábado, ante un triunfo del Estado de Derecho, del imperio de la ley, de los principios sobre las valoraciones electorales, ya que si bien el que los herederos de Batasuna- ETA se pudieran presentar a las elecciones autonómicas podía restar votos a la coalición nacionalista PNV-EA, lo importante no es un resultado electoral en concreto, sino manifestar que la normalidad democrática exige que los que apoyan a los terroristas no puedan presentarse a las elecciones. Por supuesto que esto, que entra dentro de los principios, es mucho más importante que el riesgo de que el nacionalismo obtenga la mayoría absoluta en la Cámara vasca, algo que parece complicado que consiga incluso sin la presentación electoral de los herederos de Batasuna-ETA.

Además, la ciudadanía vasca tiene un nuevo ejemplo de lo que es la defensa de los principios democráticos frente a un nacionalismo que está acercándose a un radicalismo suicida y que abiertamente ya desea romper con el resto de España mediante el denominado Plan Ibarretxe, un plan independentista formalizado dentro de un falso acuerdo entre el pueblo español y el vasco, en definitiva, un plan delirante, que rompe los acuerdos provenientes de la Constitución del 78.

METÁFORA DEL SECTARISMO
Por Ignacio CAMACHO ABC 27 Marzo 2005

DESDE su hondo y comprometido lirismo porteño, Eduardo Galeano y Mario Benedetti nos enseñaron que el fútbol es casi siempre una metáfora de la vida y su experiencia, pero ni siquiera ellos, que como latinoamericanos han presenciado algunas de las más atroces utilizaciones políticas del deporte, se atrevieron a profundizar sobre hasta qué punto podría tratarse también de una metáfora del sectarismo. Por mucho que las autoridades deportivas insistan con ingenua reiteración en las virtudes del juego limpio, pocos sistemas permiten en la actualidad una tribalización tan rotunda, un código tan excluyente, una bandería tan radical y una competitividad tan desconsiderada con los valores originales de la generosidad, el respeto, la consideración con el adversario, el sacrificio o la belleza. Una degeneración más o menos similar a la que, aferrada al más profundo cainismo, descompone también la nobleza de ideales de la política.

Toda España ha podido ver en la última semana la escalofriante agresión -brutal codazo en la tráquea- sufrida por el jugador del Mallorca Juan Arango a manos del defensor sevillista Javi Navarro, experto reputado y reincidente en patadones, cabezazos y demás golpes y tretas del juego subterráneo. Un comportamiento ante el que, en cualquier sociedad más o menos libre de la corrosión con que el tribalismo envilece la convivencia civil, los organismos competentes habrían dictado de inmediato una sanción ejemplar que los aficionados aplaudirían como fórmula necesaria para la preservación de los valores del espectáculo y del juego.

Sin embargo, hemos podido asistir a toda una polémica social en la que hinchas, directivos, profesionales del derecho (?), futbolistas retirados o en activo y gran número de ciudadanos han expresado en los medios sus abiertas discrepancias con algo tan sencillo como el castigo de una bárbara violación de las reglas del juego limpio. Polémica en la que no han faltado los habituales ingredientes de victimismo localista o de agravio comparativo tan en boga cuando en España se trata de sancionar cualquier clase de delito, sobre el que no suele importar tanto su propia condición de tal como el tratamiento que hayan recibido otros en circunstancias más o menos similares.

Ocurre que en el fútbol, como en la política, se ha instalado entre nosotros una intensa conciencia sectaria por la que cualquier exceso del bando propio merece absolución moral en la misma medida en que se niega al adversario. La enemistada rivalidad que es fácil observar entre los jugadores y aficionados tiene su correlato -a veces, en coordenadas literales relacionadas con la adscripción territorial- al ámbito político en forma de una constante confrontación sin matices, con el agravante de que en el sistema democrático es toda la sociedad la que hace crisis cuando no se respeta el juego limpio.

Los paliativos banderizos que parece encontrar la conducta antideportiva de Javi Navarro no deberían llamarnos la atención en un país acostumbrado al más descarnado cinismo político. En las últimas semanas hemos podido apreciar cómo una estupefaciente denuncia de corrupción generalizada en las contratas públicas, efectuada en sede parlamentaria por el presidente de un Gobierno autonómico, ha encontrado por respuesta el cierre de filas de la clase dirigente de la comunidad afectada. Más aún, el único disidente del silencio oficial ha sido condenado al absoluto ostracismo por el resto de la nomenclatura.

Estoy hablando de Cataluña, de sus partidos, de su tejido civil, de Maragall y de Piqué, pero los ejemplos menudean por toda la geografía política nacional. Todavía estos días asistimos a la defensa cerrada que el nacionalismo vasco y gran parte de los ciudadanos que lo respaldan ha venido haciendo de una candidatura que, al margen del pronunciamiento judicial pertinente, es una manifiesta prolongación de la trama filoterrorista que ha convertido Euskadi en una sociedad amordazada por el chantaje y el miedo. Y en la Andalucía de la larga hegemonía socialista, los episodios de corrupción y clientelismo se suceden sin otra consecuencia que una lamentable división entre quienes a priori apoyan al partido gobernante y quienes consideran que tan extensa prolongación en el poder ha empezado a constituir un problema de salud pública.

De un modo más grave, todas las circunstancias que rodean al 11-M continúan provocando una peligrosa escisión de la opinión pública, dividida un año después exactamente por el mismo hemistiquio político. Ni las intervenciones contundentes de Acebes o Aznar en la comisión parlamentaria han servido para convencer de la integridad de su actuación a los ciudadanos que en aquellos días los acusaron de engaño fehaciente sobre la autoría de la matanza, ni la contumaz evidencia de la firma islamista del atentado sirve para despejar las sospechas de los que sostienen que se trató de una especie de conspiración antiaznarista muy cercana al golpe de Estado. A estas alturas, ni siquiera el proverbial talante de Zapatero ha dado para reconocer la palmaria manipulación mediática y popular que se produjo entre el 12 y el 13 de marzo, ni mucho menos para que nadie pida perdón por unos manejos que distaron de ser gloriosos ni constituyeron motivo alguno de orgullo.

Más recientemente, la sorprendente revelación -apuntada además por un alto cargo del PSOE- de que un dirigente socialista asturiano aficionado a visitar en la cárcel a ciertos presos islamistas trabajaba para los servicios de inteligencia, resulta todavía insuficiente para concitar una mínima unanimidad sobre la necesidad de explicaciones solventes. Antes al contrario, ha provocado un cierre apretado de filas que polariza y divide aún más a una opinión pública perpleja. El enconado pulso de las dos grandes fuerzas parlamentarias tampoco encuentra la amortiguación de las minorías que podrían atemperar el sectarismo dominante con una dosis de racionalidad, pero que en vez de ello se alinean a tenor de sus alianzas circunstanciales en un triste ejercicio de compraventa de apoyos en el mercado negro de la política.

Inquietante panorama el que nos rodea cuando se barruntan en el horizonte dos tormentas anunciadas por los nubarrones de la decisiva campaña vasca y del sorprendente giro de las circunstancias en torno al 11-M. Un momento que debería requerir la grandeza moral de una clase dirigente a la altura del liderazgo de una nación decente y moderna, pero cuyo principal empeño parece más bien atrincherado en una pelea dominada por el apriorismo, el tribalismo y la bandería. Para nuestra política doméstica, el infierno siguen siendo los otros, como apuntó el maestro Sartre en un lúcido arranque de pesimismo existencialista.

Con semejante y descorazonador ejemplo en la cúpula de la dirigencia pública, no es de extrañar que algunos jerarcas futboleros y numerosos aficionados fanáticos consideren que Javi Navarro no hizo otra cosa que cumplir con su deber al disparar su codo contra el cuello de un rival convertido directamente en enemigo. Raro será que no le concedan una medalla al mérito deportivo.

LA ESTATUA DE LA PERDICIÓN
por JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS ABC 27 Marzo 2005

LOS españoles habitualmente nos arrojamos a la cara el pasado sin saber muy bien si empleamos en esa pelea la memoria o la historia que, como nos advierte Alain de Benoist, son dos formas antagónicas de relacionarse con el pretérito. Dice el ensayista francés que «la memoria no puede sustituir a la historia» y añade que «sólo un pasado historizado puede informar válidamente el presente, mientras que un pasado mantenido permanentemente actual no puede ser sino fuente de polémicas partidarias y de ambigüedades». Estas reflexiones vienen como anillo al dedo para arrojar luz sobre la gama de comportamientos que se han producido con motivo de la retirada de la estatua ecuestre del general Franco en la fachada sur de los Nuevos Ministerios en Madrid, cercana a las enhiestas de Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero.

José Luis Rodríguez Zapatero y su Gobierno -y parte del PSOE, aunque no todo- representan el izquierdismo más inconsistente de todos cuantos circulan hoy por Europa. Parecen carecer de otro discurso que no sea el anclado en un pasado que actualizan de forma constante para encontrar sentido a la confrontación con la derecha, a la que quieren devolver a un estado democráticamente neófito propio del postfranquismo. El socialismo español, diluida su visión integral de España, inhabilitado por el derrumbe en 1989 del «socialismo real» para articular políticas económicas distintas a las estandarizadas en todo Occidente y escaso de un modelo ideológico reconocible, está manejando dos recursos: ir quebrando la encarnadura ética tradicional de la sociedad española mediante vanguardismos minoritarios y progresar en un proceso de provocación a la derecha para que ésta pierda los papeles y así se divida y radicalice.

La simultaneidad en la retirada de la estatua del dictador con el homenaje a Carrillo -allí donde se reunieron los «buenos» y los «menos buenos», pero donde no acudieron los «malos» según infeliz expresión de Gregorio Peces-Barba-, demuestra el cálculo taimado pero excesivamente obvio de avanzar en esta estrategia que busca la articulación en España de una extrema derecha que mutile al PP y le impida su carácter de alternativa de gobierno.

En esa misma línea de búsqueda de la provocación hay que inscribir otros comportamientos y decisiones gubernamentales que juegan frívolamente con el imaginario colectivo. La sólo aparentemente sutil utilización de la figura del jefe del Estado en los aspectos más delicados de la política exterior -Cuba o Marruecos-; el enfrentamiento pertinaz con la Iglesia Católica o el manoseo conceptual de la realidad nacional de España, no son improvisaciones, insolvencias o ignorancias del Gobierno, sino ejecuciones parciales pero continuas de un plan revisionista de los grandes acuerdos de la transición democrática que pretende reacciones exasperadas de sus adversarios políticos.

La nación, la Monarquía, la Iglesia y la guerra civil constituirían el elenco de ámbitos en los que parte de la izquierda española trataría de hurgar para provocar en la derecha un comportamiento que pudiera presentarse como reaccionario. Se trataría, en definitiva, de hacer constantemente actual el pasado, evitando que se convierta en historia. El Gobierno obstaculiza así el proceso natural en España, tan bien definido por Benoist, según el cual «el enfoque histórico, para ser considerado como tal, tiene que emanciparse de la ideología y del juicio moral porque allí donde la memoria exige adhesión, la historia requiere distanciamiento». Pues bien: los españoles estábamos consiguiendo transformar la memoria en historia y logrando emancipar el pasado de la mirada ideologizada y sectaria.

El Gobierno, sin embargo, ha pretendido que la retirada de la estatua ecuestre de Franco fuese una dolorosa extirpación o, al menos, activase el recuerdo compensatorio de otros personajes contemporáneos y antagónicos al dictador que, también concernidos por conductas y decisiones de gravísimas consecuencias en nuestra reciente historia, encendiese una polémica anacrónica en la que la derecha poco tendría que ganar porque sería siempre la argumentación propagandística de la izquierda la que impusiera su eslogan «progresista» sobre el relato histórico.

La estratagema no le ha salido bien al Gobierno porque la derecha democrática no es ya añosa como suponen algunos y la más veterana fue, precisamente, la que hizo la transición en 1978 y está curada de espantos y de provocaciones. Es verdad que algunos fenómenos más recientes remiten a la posibilidad de radicalizaciones pero de ellas no están libres ni las bases de la derecha ni las de la izquierda porque no son de carácter ideológico sino sociológico, como ocurre con la inmigración, caldo de cultivo de actitudes xenófobas que pueden tomar cuerpo electoral y minar las posibilidades de unos y de otros.

En cualquier caso, está bien que la estatua de Franco no haya sido la estatua de la perdición de la derecha como pretendía Rodríguez Zapatero -o quien esté detrás de esas sibilinas decisiones-. Por el contrario, esa medida, en coincidencia temporal sincronizada con otros gestos y otros discursos, ha dejado al Gobierno empantanado en el terreno movedizo del oportunismo; en el de la prepotencia -no es una hazaña la acción nocturna de Fomento después de treinta años-; en el de la sospecha de la provocación malintencionada. La retirada de la estatua de Franco ha sido sólo una excusa, un pretexto, una añagaza para provocar una polémica que, de haberse producido, hubiese resultado para la derecha como ácido sulfúrico derramado sobre su discurso político y su percepción pública.

Todas las ideologías hoy democráticas, hayan cristalizado o no en opciones electorales, disponen de unos ancestros arrumbados. En origen, la derecha e izquierda actuales se podrían negar a reconocerse; en el desarrollo de ambas ideologías vertebrales de occidente, los avatares han sido a veces gloriosos y a veces patéticos, y en el presente, las afinidades comienzan a resultar más abundantes que las discrepancias radicales. Por eso, rebobinar como hace el socialismo gobernante español para buscar el peor pasado en la historia común es un recurso despreciable que inquieta más que por lo que consigue por la pequeñez moral que demuestra. Porque -recordando al poeta Tagore- el mañana no está escrito en el ayer y aquellos que se vuelven a mirar atrás en el camino de la historia acaban como la mujer bíblica de Lot, convirtiéndose en una estatua de sal. Que ésa sí que fue una estatua de perdición.

ETA SE TOPA CON LA LEY
Editorial ABC 27 Marzo 2005

LOS indicios políticos, policiales, judiciales que se habían expuesto previamente sobre la relación de Aukera Guztiak (AG) con la banda terrorista ETA se convirtieron ayer en las certezas inequívocas por las que la Sala Especial del Tribunal Supremo decidió anular la lista no tan blanca de Batasuna. La sentencia fue adoptada por unanimidad, dato importante porque refleja la convicción de los magistrados, evita interpretaciones tendenciosas y ofrece un pronunciamiento sin fisuras. También, porque supone un respaldo a la labor de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía General, así como a la investigación preliminar de las Fuerzas de Seguridad del Estado. En definitiva, se trata del trabajo conjunto de las instituciones del Estado de Derecho, sometido en última instancia a la decisión independiente de los Tribunales de Justicia.

No faltarán, sin duda, quienes descalifiquen la sentencia como un fallo prejuzgado y a la medida de una determinada política antiterrorista. Desde luego, nada hay de malo en que los Tribunales de Justicia asuman también su cuota de compromiso contra el terrorismo, mediante la aplicación imparcial y objetiva de la ley. Pero no es el de AG el caso en que pueda hablarse de prejuicios y falta de imparcialidad, porque supondría desplazar gratuitamente las dudas sobre los jueces, cuando las dudas están siempre sobre la izquierda abertzale creada por la organización terrorista ETA. La anulación de AG es la consecuencia del monstruo generado por ETA en la sociedad vasca, esa izquierda instrumental que sólo existe en la medida en que sirve a los intereses estratégicos de la banda. Haya o no proceso judicial, la sospecha siempre acompaña a toda izquierda independentista que, a diferencia de otras que sí lo han hecho (Aralar), no condena el terrorismo. Esta es la experiencia en el último cuarto de siglo.

La sentencia del Supremo también confirma la vigencia y utilidad de la Ley de Partidos Políticos y su perfecta adecuación para el desmantelamiento de los entramados políticos de ETA. Y así se está haciendo con unos niveles de calidad constitucional que son indiscutibles -principalmente porque el Tribunal Constitucional ha refrendado la ley-, mediante un proceso abreviado, contradictorio y resuelto por la máxima instancia judicial.

EL resultado no produce ningún déficit democrático sino un saneamiento de las instituciones, poniéndolas a salvo de la infiltración terrorista. No existe un dilema moral que lleve a elegir entre preservar la democracia y permitir la concurrencia de «listas sucias» de ETA o luchar contra el terrorismo y dejar fuera del juego democrático a determinadas opciones políticas. Por el contrario, la democracia se refuerza cuando se hace exigente y repudia a aquéllos que quieren acabar con ella. La moral política de la democracia española es la que ha estado comprometida y dañada mientras los grupos políticos proetarras actuaban libremente en las instituciones representativas del pueblo vasco.

Los responsables de AG recurrirán, con toda seguridad, ante el Constitucional. Superada la revisión judicial que correspondía al Supremo, el TC abordará la cuestión no con criterios distintos a los empleados por la Sala Especial, porque en la ilegalización de una candidatura electoral están en juego principios y valores constitucionales que incumben a todo Tribunal, sea cual sea su jurisdicción. No obstante, el TC habrá de incidir en la proporcionalidad de la anulación dictada por el Supremo, lo que debería implicar una revisión de las pruebas, tarea que habría de limitarse a verificar la licitud de su obtención y la suficiente motivación de las mismas por parte de los magistrados de la Sala Especial.

EN este sentido, la sentencia es muy detallada en la valoración de cada prueba aportada por la Abogacía del Estado y la Fiscalía, se pronuncia congruentemente sobre todas las alegaciones de AG y se apoya en la doctrina tanto propia como del TC emanada de la resoluciones dictadas para la ilegalización del entramado batasuno en 2003, así como en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En todo caso, el proceso sobre AG no ha acabado y el Constitucional es una instancia distinta, por lo que el fiscal y el abogado del Estado deben mantener la máxima tensión argumental.

En el terreno político, Batasuna y ETA se topan nuevamente con la ley y ven que se quedan definitivamente fuera de las instituciones vascas, de su financiación y de sus plataformas públicas. El daño que pueden sufrir es muy grave, y la banda lo tendrá en cuenta, porque, propaganda al margen, toda organización terrorista sabe medir el estado de ánimo de sus seguidores y cuando éste decae suele endurecer su actividad.

Para el PNV, esta sentencia supone un paso más en la neutralización de la izquierda proetarra y la deja aún más a su merced, aunque esto exija de los peneuvistas un discurso electoral más radical que suplante a Batasuna e impida que los votos de esta coalición se dispersen o queden en la abstención. Como supuesto receptor de esos apoyos, el PNV aumenta su responsabilidad ante el problema terrorista, aunque los precedentes no invitan al optimismo. En cuanto a PP y PSE, la anulación de AG debe ser recibida como un acto de justicia tras tantos años de impunidad proetarra en el Parlamento vasco. Quien se preocupó principalmente de que la ausencia de AG tuviera más o menos incidencia en una mayoría absoluta del tripartito hizo un cálculo impertinente, sobre todo porque estaba sustituyendo una actitud ética frente al terrorismo por una actitud partidista.

Queda pendiente el Constitucional. El Supremo ha hecho su trabajo y el Estado hoy es más fuerte y ETA más débil.

LA ENGAÑIFA ETARRA
Por Jaime CAMPMANY ABC 27 Marzo 2005

MIENTRAS escribo estas líneas, los dieciséis magistrados de la Sala Especial del Tribunal Supremo se encuentran reunidos para decidir si esa máscara etarra denominada Aukera Guztiak puede participar o no en las elecciones autonómicas vascas. Supongo y espero que las pruebas presentadas ante los jueces por la Fiscalía y el Abogado del Estado resulten concluyentes para que los ilustres ropones rechacen la presentación de esa engañifa que los propios etarras han denominado «listas blancas».

Si como es natural se demuestran las concomitancias del nuevo partido (AG) con la deslegalizada Batasuna y su carácter de organización subordinada a la banda etarra, y por tanto se impide su participación en la lucha electoral, podremos contemplar por primera vez en nuestra democracia un verdadero Parlamento democrático en el País Vasco. Lo ha dicho con esas mismas palabras María San Gil, y ese será mérito que debemos atribuir en justicia a José María Aznar, que llevó adelante la benemérita tarea de promover la ilegalización de Batasuna, representante político de ETA.

Parece increíble que el PNV, considerado el nacionalismo moderado, soportase complacientemente el sarcasmo de que los recaderos políticos de la banda etarra tuviesen voz y voto en el Parlamento democrático y se presentasen a las elecciones ayudados por el argumento de las pistolas y la cloratita. Pero así era, y hay que reconocer con tristeza que el PNV ha hecho todo lo posible por impedir la expulsión de Batasuna de los escaños parlamentarios. Delante de los ojos tenemos el caso de Juan María Atucha, a quien el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco acaba de salvar piadosamente del delito de desobediencia, en el que incurrió al negarse a cumplir la orden del Tribunal Supremo para disolver el Grupo Sozialista Abertzaleak, heredero y trasunto de Batasuna.

Produce vergüenza ajena recordar que gracias a la permanencia en el Parlamento de ese grupo de etarras sin pistola sacó adelante Juan José Ibarreche su famoso Plan soberanista y pudo presentarlo en el Congreso de los Diputados. Sin los tres votos etarras, el Plan no habría sido aprobado en el Parlamento vasco. Y a la vergüenza hay que añadir alguna carcajada al conocer la infantil estratagema para disimular esa indignidad nacionalista: pactar que de los seis votos etarras, tres votaran a favor del Plan y tres en contra. Esos criminales y sus cómplices deben considerarse muy listos en medio de una asamblea de gilipollas.

Cuando Batasuna fue deslegalizada y quedó incluida en el censo internacional de organizaciones terroristas, los prelados vascos se apresuraron a advertir, con cierto dramatismo, que esa decisión legal traería «sombrías» consecuencias. Cabe preguntar a Sus Ilustrísimas Reverendísimas: «¿Más sombrías que los mil asesinatos y los miles de exiliados de su patria vasca? ¿Acaso los tres votos etarras no han traído ya la consecuencia sombría de la aprobación del Plan Ibarreche?». El nacionalismo violento vive hace muchos años imponiendo su fuerza. Hora es ya de que la justicia use todos sus instrumentos para que el País Vasco no siga siendo «Dallas, la ciudad sin ley».

El cedazo de la ley y sus alegres burladores
ROBERTO L. BLANCO VALDÉS La Voz 27 Marzo 2005

EL LEGISLADOR español es respetuoso con la Constitución, pero no tonto. Por eso, cuando elaboró la ley de partidos previó lo que pasaría en el supuesto de que, con arreglo a sus disposiciones, se llegase a ilegalizar a un partido por apoyar al terrorismo: que ese partido intentaría por todos los medios burlar su ilegalización, presentándose con marcas diferentes a la disuelta por la ley.

Son esas previsiones las que ahora han permitido a dieciséis jueces del Supremo sentenciar por unanimidad que la creación de Aukera Guztiak es un acto ejecutado en fraude de la ley, pues continúa la actividad de Batasuna, partido declarado ilegal y disuelto por sus evidentes connivencias con una organización terrorista responsable de casi mil asesinatos, miles de delitos de lesiones, docenas de secuestros y decenas de miles de actos de extorsión.

El que pese a la evidencia del apoyo sin fisuras de la llamada izquierda abertzale a un movimiento terrorista, los miembros de Batasuna pudieran actuar durante años a cara descubierta acostumbró a sus abyectos dirigentes a que la ley era como un embudo: muy estrecho -como tiene que ser- para garantizar sus derechos procesales, pero muy ancho para todos lo que, con esa alegría que da la impunidad, se paseaban por ahí proclamando que el asesinato de Guardias Civiles o de militantes del PSOE y el PP no resultaba más que la inevitable consecuencia de un conflicto del que, ¡por supuesto!, eran responsables los muertos y no quienes los mataban.

La ilegalización de Batasuna comenzó a poner fin a esa vergüenza monstruosa, pero, acostumbrados como estaban a una larga impunidad, sus líderes no acaban todavía de creerse que va en serio. Que va en serio, sí, y que el cedazo de la ley será tanto más tupido para ellos cuanto más empeño pongan en tratar de eludir su cumplimiento. Por eso no ha colado ahora esta supuesta lista blanca de Aukera Guztiak: porque quienes tenían la obligación de hacerlo han probado mucho más allá de cualquier duda razonable que sus candidaturas no eran sino la nueva operación de ETA y Batasuna para, burlando las previsiones de la ley, intentar seguir presentes en la única institución en que todavía resisten el acoso del Estado de derecho.

Sean cuales sean los efectos electorales de la ausencia de ETA y Batasuna de la competición electoral, para empezar el resultado está muy bien: que quienes han acosado durante un cuarto de siglo a ciudadanos que no habían cometido otro delito que tratar de ejercer sus derechos democráticos, sufran ahora el acoso de la ley, puede parecer a algunos poca cosa. Pero es fundamental: los de Batasuna lo saben como nadie.

Batasuna no engaña al Supremo
Editorial El Mundo  27 Marzo 2005

La decisión de la Sala Especial del Supremo de anular la candidatura de Aukera Guztiak (AG) para las elecciones vascas, aceptando las tesis de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, tiene una gran trascendencia política, e incluso histórica. Por primera vez desde la Transición, los aliados y portavoces de los terroristas no ocuparán escaños en un Parlamento democrático.

Los promotores de la candidatura tienen aún la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional, pero no parece probable que éste se pronuncie en contra de las fundamentadas tesis del Supremo que, además, ha dictado el fallo por unanimidad.

Por su parte, la Fiscalía y el Supremo han hecho su trabajo con rigor para que se cumpla la Ley de Partidos, que no sólo permitió la ilegalización de Batasuna, sino que estableció los mecanismos para evitar el fraude. También hay que destacar en este caso la eficaz labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que han buscado y encontrado la conexión entre la plataforma AG y Batasuna. Los indicios y las pruebas aportados por ellos fueron la base de los sólidos recursos que presentaron la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

El Supremo ha respaldado la tesis de que AG nació como fruto de la maquinación de ETA y Batasuna para sustituir al partido ilegalizado. En el fallo de la sentencia se asegura que la lista «es un instrumento» de ETA para «complementar, legitimar y dar apoyo político» a un grupo terrorista. La negativa de los miembros de la candidatura a condenar la violencia ha sido clave.

La conocida como lista blanca de AG era el último y desesperado intento del brazo político de los terroristas para no quedarse sin representación en el Parlamento vasco. Sin embargo, el Estado de Derecho ha funcionado. El Gobierno -al impulsar la anulación de la candidatura- ha estado a la altura de su responsabilidad, evitando supeditar sus intereses partidistas al cumplimiento de la ley. Las elecciones vascas de abril son decisivas en el proyecto de José Luis Rodríguez Zapatero, que se ha puesto como meta arrebatar la mayoría absoluta al PNV. Desde el punto de vista del cálculo electoral, al PSOE le hubiera venido bien la división del voto nacionalista entre el PNV y los herederos de Batasuna. Pero el presidente del Gobierno no ha caído en la tentación de mirar hacia otro lado y eso dice mucho a su favor.
http://www.elmundo.es/diario/opinion/1775026.html

La transparencia del PSOE no puede quedarse a medias
Editorial El Mundo  27 Marzo 2005

Este periódico daba cuenta en su edición del pasado viernes de la preocupación existente en la dirección del PSOE acerca de la repercusión social del caso Huarte. La rueda de prensa de José Blanco, ayer, en pleno descanso vacacional del Sábado Santo, evidencia que los socialistas están buscando fórmulas para contrarrestar la creencia de que tienen algo que ocultar en torno a las actividades de Fernando Huarte, que compatibilizaba la militancia socialista con su colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El PSOE ha cambiado su estrategia de los primeros días en los que se divulgaron los encuentros de Huarte con Abdelkrim Benesmail, lugarteniente del supuesto jefe del comando del 11-M, en la cárcel de Villabona.

El secretario de Organización anunció que pedirán al Gobierno que dé a conocer en sede parlamentaria el contenido de las conversaciones de Huarte con el recluso argelino. Los detenidos por delitos de terrorismo suelen tener intervenidas sus comunicaciones orales, por lo que Instituciones Penitenciarias debió grabar las tres conversaciones de Benesmail con Huarte bajo supervisión judicial. Dos de los encuentros se produjeron cuando gobernaba el PP y el tercero ya en época socialista.

No hace muchos días, el presidente del Gobierno calificaba estos datos como «cábalas que se van desplomando». Celebraríamos que la dirección socialista hubiera cambiado de estrategia para apuntarse a la transparencia en lo que se refiere a todos los puntos oscuros de la investigación del 11-M. Blanco propone que el contenido de las citadas conversaciones se desvele ante la comisión de secretos oficiales -debe ser por la condición de espía de Huarte- no en la que investiga el 11-M. ¿Por qué? Alfonso Perales, miembro de la Ejecutiva socialista, dio ayer la respuesta asegurando, sin complejos, que hay que «dar carpetazo» a la comisión.

«No tenemos nada que ocultar», dijo Blanco. Precisamente por eso, se entiende mal que la transparencia comprometida por el PSOE se quede a medias. El contenido de las conversaciones de Huarte con Benesmail puede ser relevante -aunque según algunas fuentes las dos primeras grabaciones han podido ser destruidas dado el tiempo transcurrido-, pero mucho más útil y necesario sería que el PSOE permitiera a Huarte comparecer para explicarse ante la Comisión del 11-M. Así se despejarían todas las dudas que existen en torno a la actuación de este dirigente socialista asturiano, que llevaron ayer al PP a solicitar el listado de llamadas telefónicas realizadas y recibidas por Huarte entre el 11 y el 14 de marzo.

El PSOE ha contraído un compromiso de transparencia que le será demandado. ¿Por qué razón el Parlamento debe conocer las conversaciones de Huarte con Benesmail, pero no puede escuchar al agente Campillo, al confidente Lavandera o tener acceso a todos los documentos solicitados por el PP? Sólo si se mantiene abierta la Comisión del 11-M para despejar todas las incógnitas en torno a los atentados, la opinión pública podrá llegar a la conclusión de que, efectivamente, el PSOE no tiene nada que ocultar.
http://www.elmundo.es/diario/opinion/1775028.html

MONUMENTOS
Por Jon JUARISTI ABC 27 Marzo 2005

UN noticiario de la televisión autonómica vasca (ETB) recordaba, hace unos días, que todavía quedan muchos monumentos franquistas por demoler, y ponía tres ejemplos: la basílica del Valle de los Caídos, el arco triunfal de la Moncloa y «el Sagrado Corazón de San Sebastián» (sic). Los donostiarras andan todavía preguntándose si el presentador se refería al templo o a la estatua que corona el monte Urgull, extremo este que convendría aclarar antes del 17 de abril, no sea que salga lehendakari Patxi López y en la euforia nocturna alguien cometa un desaguisado irreparable. Cuando en el 36, en plena guerra civil, las izquierdas, con el pretexto de privar de apoyos visuales a la artillería rebelde, propusieron derribar el monumento al Sagrado Corazón en Bilbao, el ministro de Obras Públicas y Fortificaciones del Gobierno vasco advirtió a los socialistas y comunistas del gabinete Aguirre que, de persistir en semejante empeño, iba a haber entre ellos más que palabras. Ante tal resolución, los autores de la propuesta se apresuraron a retirarla.

Lo curioso es que el mencionado ministro, el arquitecto Tomás Bilbao (que figuraría después en el gobierno de Negrín como ministro sin cartera y moriría exilado en Méjico), no pertenecía al PNV, sino a un pequeño partido aconfesional, Acción Nacionalista Vasca, al que Aguirre y los suyos reprochaban pretender «una Euskadi sin altares». Como arquitecto, fue un vanguardista imaginativo; como fortificador, un desastre: el rimbombante Cinturón de Hierro que estableció en torno a Bilbao (y con cuyos planos se pasó al enemigo el ingeniero Antonio Goicoechea, inventor del Talgo) no aguantó los primeros embates de los sublevados. Pero Tomás Bilbao, republicano y agnóstico, distaba mucho de ser un comecuras y supo intuir el significado anticatólico de una iniciativa presentada con aderezos pragmáticos. Si la Bilbao en guerra se libró de la persecución religiosa generalizada en el territorio bajo el descontrol republicano y si hasta el corresponsal de Pravda y agente estaliniano Koltsov se escandalizó, durante su breve visita a la ciudad, al ver cómo los sacerdotes paseaban por sus calles con sotana, teja y manteo, ello no se debió sólo a la firmeza de los dirigentes del PNV, sino a la sensatez cívica de algún político alejado de la Iglesia pero también del sectarismo de las izquierdas.

LA venenosa sugerencia del busto parlante de ETB contrasta con el inveterado respeto de los nacionalistas vascos (excluyendo a ETA y a sus socios) por los símbolos cristianos. Quizá ni el PNV ni EA sean ya partidos confesionales (aunque, según su denominación eusquérica, el primero de ellos sigue definiéndose como el partido de «Dios y la Ley Vieja). El anticlericalismo rabioso, con todo, no parece contarse todavía entre sus principales características. Es cierto que el contacto prolongado con Madrazo puede causar estragos en la más piadosa congregación mariana, pero cabe suponer que, si incluso entre los socialistas vascos han surgido algunos núcleos de resistencia a la erradicación social del catolicismo alentada desde su partido, mayor oposición encontraría en sus propias filas una campaña similar auspiciada por estos insólitos abertzales que tanto aman a Carrillo.

POR tanto, resulta difícil reprimir el estupor ante la invitación desde ETB a cargarse nada menos que el Sagrado Corazón. Al parecer, hay quien alega que el monumento de Urgull lo inauguró el obispo de la diócesis en presencia de Franco (de lo que, desde luego, el Sagrado Corazón no tuvo la culpa). Si tal circunstancia, no por engorrosa poco explicable -téngase en cuenta que Franco veraneaba en San Sebastián y además era católico practicante- fuera razón suficiente para tirar la estatua, ¿qué impediría hacer lo mismo mañana y por idéntico motivo, valga el ejemplo, con la catedral de Vitoria? Los nacionalistas, en fin, deberían buscar, en la televisión que administran, un término medio entre la beatificación del clero adicto a la causa y las bravuconadas anticatólicas, o sea, entre don Carlos y el petróleo, que diría el canónigo Manterola. En concreto, su director de informativos no habría durado un telediario más con mi buen tío abuelo Tomás Bilbao.

Fin de la transición
Volvamos al pasado
Fernando Prieto Libertad Digital 27 Marzo 2005

Todos sabemos que la transición política –admirada en el mundo entero, mirada como lección, incluso con sana envidia, por muchos países– se basó en el consenso. Pero parece que no todos han reflexionado que ese consenso se basó en la tolerancia. Había muchos franquistas entonces y casi todos aceptaron convivir incluso con los comunistas; había muchos comunistas y casi todos aceptaron convivir incluso con los franquistas. La síntesis de la transición era un pacto para ir adelante todos los españoles sin exclusión, basado en la tolerancia de las ideas y también de los símbolos. Los franquistas aceptaron que la bandera comunista saliera a la calle, que la ikurriña fuera legalizada. Pero a cambio éstos grupos políticos aceptaron, por ejemplo, que no hubiera una depuración en la Administración pública. La síntesis era hacer una España en la que cupieran todos, con la tolerancia como actitud fundamental. Cuando se trató de modificar un símbolo tan importante como el escudo de España, se hizo por consenso.

Al llevarse la estatua ecuestre de Franco –la nocturnidad es señal de mala conciencia– y justificar que se hacía por consenso, el Gobierno certificaba que ponía fin a la transición. Los que mandan ya no son tolerantes, puesto que su consenso es solamente el de su partido y sus aliados. Los demás forman una España distinta: la de los malos, según el ilustre rector. Y otra vez estamos como antes de la transición: tenemos dos Españas, como en tiempo de Franco. Como entonces había dos Españas, vencedores y vencidos, ahora la de los vencidos quiere ajustarle las cuentas a la de los vencedores. Lo están diciendo. Y otra vez habrá que repetir los terribles versos de Machado: «españolito que vienes al mundo...».

Naturalmente que las cosas en política, como en ningún ámbito social, surgen de repente. Siempre hay un proceso. Al comienzo hay unos grupos que llaman asesinos a otros, que apedrean las casas del partido de los otros. Es evidente que en esos grupos agresores no existe la tolerancia. Pero hay un siguiente paso en el proceso: cuando los partidos toleran y, peor aún, cobijan, y peor aún, azuzan la intolerancia de unos grupos, es decir, la asumen, entonces la sociedad tolerante ha entrado socialmente en la agonía. Este diagnóstico lo han venido compartiendo con profunda preocupación muchos miles y miles de españoles que no se dejan embaucar por palabras biensonantes: paz, democracia, civismo, talante.

Se acabó la transición. La ilusión de que otra España era posible –la España moderna, abierta, civilizada, tolerante– ha durado treinta años. Fue muy bonito mientras duró ¿Quién ha acabado con ella? ¿Quién ha roto la baraja? No es para tomárselo a broma.

Fernando Prieto es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid.

Todavía el Carmel
Editorial El País  27 Marzo 2005

La crisis del Carmel tuvo su momento culminante en la moción de censura de Josep Piqué y en la querella de Artur Mas, ambas con marcha atrás. Pero cada día aparecen nuevos e inquietantes detalles tanto del sistema de contratación de obras públicas como de la propia construcción del túnel, además de sus efectos sobre la política catalana.

Basta comprobar cómo ha deteriorado la imagen del alcalde de Barcelona, Joan Clos, que, sin ser el responsable directo ni de las obras ni de la conducción de la crisis, ha sufrido casi prioritariamente los efectos de la indignación ciudadana.

Ya sabemos ahora que en la adjudicación de obras públicas durante la anterior legislatura jugaba un papel decisivo el máximo responsable político. Lo dijo el consejero Nadal en el Parlament y lo confirmó luego el propio responsable político, el anterior consejero Felip Puig. Sabemos también que las empresas de ingeniería de la obra del Carmel se han negado a entregar los libros de incidencias cuando se lo ha solicitado el Gobierno. O que el hormigón empleado en el túnel oscilaba entre el 38% y 57% del exigido en el proyecto.

La crisis del Carmel ha puesto de relieve el desaguisado de las obras públicas en Cataluña durante los Gobiernos de CiU. Construcciones sin proyecto, previsión de costes, ni plazos de entrega, eran práctica corriente en la empresa pública Adigsa, que gestiona la vivienda social. Obras por valor de 191 millones de euros fueron abonadas en estas condiciones y aún no se ha localizado el informe de la dirección financiera de Adigsa que las avalaba. Todos son hechos suficientemente graves como para exigir la clarificación y la petición de responsabilidades y justifican plenamente tanto los trabajos de la comisión de investigación parlamentaria como la acción de la fiscalía.

El cúmulo de irregularidades revela también la insuficiencia del informe de valoración de la gestión de CiU presentado por el Gobierno de Maragall el pasado diciembre. A pesar de su extensión -más de 1.800 folios-, su contenido no despeja todas las dudas, aunque apunta pistas que el Govern no debiera abandonar. A finales del año pasado, Presidencia de la Generalitat se comprometió a decidir en tres meses si exigía responsabilidades a los políticos o funcionarios que hubieran firmado contratos cuya posterior anulación por el tripartito pudiera repercutir en coste para la Generalitat. Ha transcurrido el plazo y con el nuevo escenario del Carmel se han olvidado aquellos buenos propósitos. Da toda la impresión de que el Govern actual sufre ahora los efectos de su manga ancha a la hora de auditar y entrar en la maraña presupuestaria y de obras públicas del anterior. Esta actitud tiene su explicación más en la política -el Estatuto reformado, que necesita el apoyo de CiU- que en connivencias interesadas.

Mientras las investigaciones siguen por sus vías normales, corresponde al presidente de la Generalitat retomar la iniciativa y asegurar el normal funcionamiento de la legislatura, por mucho que CiU intente convertir la crisis del Carmel y del 3% en la crisis de Maragall. Que el Gobierno mejore en eficacia y coordinación y que el calendario político no se pare. Y, sobre todo, que se resuelva el problema de los afectados del barrio del Carmel, que, no lo olvidemos, ha sido el desencadenante de esta crisis. De los resultados en esta doble tarea dependerá que la crisis se pueda dar por cerrada o se proyecte sobre el resto de la legislatura.

http://www.elpais.es/articuloCompleto.html?d_date=&xref=20050327elpepiopi_2&type=Tes&anchor=elpepiopi

MINORÍAS ARROLLADORAS
Por ÁLVARO DELGADO-GAL ABC 27 Marzo 2005

Después del 17 de abril asistiremos, si Dios no lo remedia, a la siguiente fase del plan Ibarretxe. La fase, por así decirlo, ejecutiva. ¿Con qué recursos cuenta el Gobierno para contrastar el desafío? La situación es complicada, máxime si se adopta la perspectiva local y se miran las cosas según son percibidas en el País Vasco. Lo demuestran los sondeos publicados por ABC hace menos de una semana.

En ellos se trasluce que el 42 por ciento de los votantes socialistas auspicia un gobierno conjunto con el PNV. Sólo el 32 por ciento prefiere un gobierno socialista en solitario, reduciéndose a un siete y pico el porcentaje de los que desean una alianza con el PP. Esto explica, de modo fehaciente, la resistencia del PSE a admitir que elegiría como socio al PP. Resulta dramáticamente evidente que ésa es una solución que los votantes no quieren. He oído afirmar a una persona a la que estimo que la estrategia más inteligente, por parte del PSE, consistiría en explotar al máximo el caladero propio, callando el propósito ulterior de juntar garbanzos con el PP. Y luego, si los números lo permiten, unirse al último para dejar a Ibarretxe en la oposición.

Es difícil que los números sean propicios. Y si ocurre que lo son, tampoco será fácil sacar adelante ese gobierno sorpresa sin que parte del electorado se llame a engaño. En las autonómicas últimas, los electores socialistas votaron al PSE a pesar de que éste se hubiese coaligado con el PP. El gasto se había hecho, por así expresarlo, a la luz pública. En esta ocasión, por el contrario, el objetivo de maximizar voto ha inducido a López a insinuar que no habrá entendimiento con los populares. Estas tácticas generan inercias, inercias que rebotan hacia atrás y convierten las tácticas en estrategias. Si por ventura Ibarretxe quedase por debajo de la mayoría absoluta, y el PSE, como se espera, obtuviera más escaños que el PP, resultaría complicadísimo para el primero constituir un gobierno de coalición con el equipo de María San Gil. Los socialistas madrileños, andaluces o manchegos tampoco comprenderían que se pactase con el PNV. En consecuencia, el PSE habría de intentar un gobierno en solitario, con el sostén parlamentario del PP. ¿Se mantendría el plan López, por entero inasumible por los populares? Vaya usted a saber. Sea como fuere, López tendría que enfrentarse, de un lado, a los nacionalistas. Y del otro apoyarse en un partido que se habría visto obligado a prestarle sus votos sin nada a cambio y «faute de mieux». El arreglo suena a pesadilla, y yo sospecho que el escenario menos ingrato para los socialistas no incluye la formación de gobierno. Contempla, más bien, una victoria por la mínima de Ibarretxe, un fortalecimiento del PSE, y el desempeño por éste de un papel «moderador» desde la oposición. ¿Moderador de quién? De nacionalistas... y populares. Se disuadiría al debilitado Ibarretxe de echarse al monte, esgrimiendo, como alternativa, un plan para el País Vasco que es una especie de plan Ibarretxe recortado lo justo para no infringir de plano la Constitución. En ese contexto, el pagano sería Madrid. Ya que el resultado inmediato es que se pondría un turborreactor a la vía catalana. Nueva pesadilla, sólo que domiciliada ahora en la Moncloa.

¿Qué luz arrojan las encuestas sobre los nacionalistas? Llama la atención el dato siguiente: sólo el 38 por ciento de los votantes peneuvistas ve con buenos ojos que Ibarretxe convoque su referéndum ilegal. Más del 20 por ciento adelanta que respondería «no» a la pregunta de si Euskadi debe ser independiente. La conclusión es que el plan Ibarretxe cuenta con un seguimiento menguado en el campo del nacionalismo no violento, y con una base estrechísima en el conjunto del electorado vasco. ¿Se desprende de aquí que el plan Ibarretxe está condenado a fracasar en las urnas?

No necesariamente. En primer lugar, la pregunta podría formularse al sesgo, con objeto de no alarmar a los templados. En segundo lugar, lo normal sería que los no nacionalistas no votaran, o no votaran en masa. En tercer lugar, mucho nacionalista opuesto al plan votaría pese a todo que sí, en la idea de que el fracaso de Ibarretxe sería interpretado como un fracaso del nacionalismo en su integridad, y no solamente del nacionalismo ibarretxista. No es imposible por tanto que Ibarretxe termine por conducir a los vascos a donde éstos no quieren ir. La llamada «voluntad popular» es menos decisiva de lo que se cree. La llave la tienen los partidos. Y dentro de los partidos, unas cuantas personas estratégicamente situadas.

Continuidad fraudulenta
Editorial El País  27 Marzo 2005

El Tribunal Supremo acordó ayer por unanimidad anular la agrupación de electores Aukera Guztiak (literalmente, Todas las Opciones) por considerar que se trata de una candidatura que de hecho viene a "continuar o suceder la actividad de un partido político declarado judicialmente ilegal", según la formulación incluida en la Ley Electoral en aplicación de las previsiones de la Ley de Partidos.

Lo que se juzgaba no es, por tanto, la relación de Aukera Guztiak con ETA, sino la de esa agrupación electoral con Batasuna, ilegalizada por su vinculación con ETA. El Supremo concluye que Aukera Guztiak ha nacido por impulso de Batasuna y con el fin de esquivar los efectos de su ilegalización.

Que esa agrupación nació a causa de la prohibición de Batasuna lo reconocen sus propios promotores, pero ello no implica forzosamente que sea una iniciativa del partido de Otegi. Podría no serlo, en teoría. Pero tanto, la fiscalia, como la Abogacía del Estado, han presentado indicios que en conjunto demostrarían que sí lo es.

El principal es la conversación, grabada con autorización judicial, entre una dirigente de Batasuna y un preso de ETA en la cárcel de Huelva, en octubre pasado, en la que la primera describe la estratagema prevista para burlar la prohibición. Aukera Guztiak encaja milimétricamente en el diseño previsto: presentar una lista con dirigentes conocidos para que sea prohibida, y en el último momento, otra sin nombres comprometedores. La idea era hacer ver que si Batasuna ya había sido prohibida no podría prohibirse a la vez otra lista acusada de ser Batasuna.

La conversación grabada anula por sí misma el argumento. Pero además, el Supremo ha tenido ocasión de valorar otros indicios, que si bien aisladamente podrían no ser suficientes, en su conjunto refuerzan la evidencia de que ni siquiera se trata, como pudo haber ocurrido, de una iniciativa espontánea utilizada a posteriori interesadamente por el entramado de Batasuna, sino de una iniciativa de Batasuna siguiendo un plan destinado a defraudar la ley.

Entre tales indicios complementarios es especialmente revelador el tono de la conversación grabada entre el dirigente de ese entramado Rafael Díez Usabiaga y uno de los promotores de la agrupación electoral, y la reunión de dirigentes de Batasuna con quienes se disponían a presentar, el mismo día, en otro lugar, la candidatura. A la luz de ese conjunto de indicios, adquiere significación el dato de que más de 6.000 de los 32.000 avalistas (el 19%) de la agrupación electoral tengan relación constatada con el complejo Batasuna.

La resolución del Supremo será probablemente recurrida en amparo ante el Constitucional, como ya hicieron sus promotores con la lista para las europeas de 2004. En la sentencia que desestimó ese recurso se incluía una reflexión sobre la fuerte "densidad significativa" que tendría una "declaración inequívoca de distanciamiento, rechazo y condena" de ETA; pero también se concede la misma importancia a la negativa a hacerlo cuando lo que está en cuestión es precisamente la "sospecha fundada de connivencia con el terror". Los portavoces de Aukera Guztiak han evitado una declaración clara al respecto, incluso en las alegaciones presentadas ante el Supremo, en las que hablan, en términos similares a los que suelen emplear los dirigentes de Batasuna, de su "rechazo de cualquier conculcación de los derechos humanos". Categoría abierta a diferentes interpretaciones, pero no equiparable a la simple y llana condena de ETA, y que de hecho ha sido interpretada durante años por el brazo político como compatible con los atentados del brazo militar.

Esa negativa a distanciarse inequívocamente de ETA resulta muy reveladora cuando acaban de ser detenidos, a ambos lados de la frontera, varios activistas dispuestos para actuar, es decir, para intentar condicionar con sus atentados la campaña electoral vasca a punto de iniciarse. La prohibición de candidaturas es una limitación al pluralismo, pero mucho más lo sería la presencia electoral de un partido que considera al asesinato de los candidatos de los demás partidos un efecto inevitable del "conflicto", o la presencia de una agrupación que pretenda dar continuidad fraudulentamente a ese partido en el terreno electoral.

http://www.elpais.es/articuloCompleto.html?d_date=&xref=20050327elpepiopi_1&type=Tes&anchor=elpepiopi

La tapadera
Por Pedro J. Ramírez El Mundo  27 Marzo 2005

En 25 años como director de periódico no me había pasado nada igual. Y así como para el acertijo de la semana pasada sobre la tribu de los veraces y la de los mentirosos había solución -varias soluciones, de hecho, tal y como apuntaron algunos avispados lectores, tras leer la mía-, el enigma de hoy, que paso a compartir con todos ustedes, no tiene por ahora respuesta.

No revelaré, por supuesto, el nombre de ninguna fuente que no sea público, pero sí que las caracterizaré lo suficiente como para que sean conscientes de lo enrevesado de la situación.

El pasado lunes no pude por menos que pegar un respingo cuando el subdirector responsable de la edición del día siguiente me contó que el número dos del PSOE, José Blanco, había asegurado en una rueda de prensa que tanto el actual Gobierno como «ministros del Gobierno del PP» sabían por qué el dirigente socialista asturiano Fernando Huarte visitaba en la prisión a Abdelkrim Benesmail, lugarteniente de Lamari. También me añadió que, según el redactor que había asistido al encuentro, al término del mismo una colega le había preguntado burlonamente a Blanco si había querido decir que era «espía», obteniendo un seco «no quiero comentar nada más sobre eso» por respuesta.

Era, nunca mejor dicho, Blanco y en botella. Sobre todo porque, según las intensas pesquisas que veníamos desarrollando contrarreloj en Asturias, nosotros también habíamos llegado a la conclusión de que tenía que existir algún vínculo entre el CNI y aquel individuo con bigote que posaba tan ufano ante su póster de Yasir Arafat.Como siempre que crees que tienes una buena historia, mi doble obsesión fue desde ese momento verificarla al 100% y poder contarla en exclusiva.

Pensé que lo mejor para conciliar ambos objetivos era hacer gestiones oficiosas al máximo nivel, en vez de pedir una aclaración formal al Gobierno o al partido. Lo más probable es que me dieran una larga cambiada, pero al menos no corríamos el riesgo de que hubiera nuevas tomas de postura pública que generalizaran el conocimiento del asunto. La agencia Efe había incluido la alusión de Blanco en el último párrafo de su crónica y era muy posible que nuestros competidores no repararan en ella.

Había ya tendido mis redes hacia personas de categoría y posición cuando, entre tanto, me llegó el rumor -posteriormente confirmado- de que el PSOE se había dirigido al PP para apelar a su «sentido de la responsabilidad» en relación al caso. A última hora de la noche comencé a recibir las respuestas, por supuesto también oficiosas, precedidas de un significativo preámbulo: alguien con autoridad superior a la de los responsables sectoriales afectados había decidido que se me contara la verdad, «porque este Gobierno tiene un compromiso con la transparencia y ese es un compromiso personal del presidente».

Sí, era cierto, Fernando Huarte era un colaborador muy valioso del CNI que desde su captación en 1992 había prestado impagables servicios al Estado por su capacidad de infiltración en ambientes islámicos radicales. Tanto era así que algunas agencias europeas de espionaje habían pedido y obtenido su colaboración en investigaciones de gran importancia. En el caso concreto de España, Huarte habría sido nada menos que el autor o, como mínimo, la fuente clave de la nota interna que empujó al CNI a lanzar en noviembre de 2003 la dramática consigna de encontrar como fuera a Lamari, antes de que cometiera el gran atentado que tenía entre manos.Lógicamente, el descubrimiento de su verdadera actividad -que esas fuentes achacaban a una imprudencia o un calentón de Blanco- suponía un grave peligro para su vida e iba a obligar al Gobierno a sacarle inmediatamente de España.

Lo primero que pensé tras recibir estas confidencias de varios interlocutores de alta solvencia es que la luz verde que las había amparado venía a darme la razón en algo de lo que va a ser difícil moverme rebus sic stantibus: Zapatero no sólo merece el beneficio de la duda al que es acreedor todo presidente del Gobierno que no demuestre con sus hechos lo contrario, sino que en su cuaderno de ruta el sectarismo de partido aparece trufado de una tan desconcertante como digna de encomio pretensión de ejercer el poder de otra manera.

Admitir, siquiera fuera en ese nivel de comunicación que en nada compromete públicamente al Gobierno, que un socialista como Huarte había sido el hombre clave que permitió pisarle los talones al jefe de los suicidas de Leganés, suponía poner una bomba de relojería bajo la credibilidad de la versión oficial del 11-M. O al menos, impulsar la tan lógica como inquietante pregunta que hicimos al unísono EL MUNDO y el PP: ¿Informaba al CNI, informaba al PSOE o informaba a ambos a la vez?

Tampoco se me escapó que la primera consecuencia de que se supiera que alguien tan importante para el CNI mantuviera esa embarazosa doble lealtad iba a ser el relanzamiento de las sospechas sobre el comportamiento de Jorge Dezcallar hacia el Gobierno del PP que lo nombró. Por eso una vez publicada la historia traté de corroborarla y ampliarla en el entorno del que fuera director del Centro. Antes de que yo cogiera el teléfono, Aznar ya había advertido a la cúpula del PP que nunca, en ninguno de sus periódicos despachos, se había hablado de nada de lo que ahora publicaba EL MUNDO.

Aunque no me hayan gustado algunas de sus últimas declaraciones, tengo a Dezcallar por persona digna y cabal. Fue el hombre inadecuado, en el sitio inadecuado, en el momento inadecuado por la sencilla razón de que, tras convertirlo en el primer civil al frente de los servicios secretos, Aznar dio sobradas muestras de que no se fiaba de él. ¿Tuvo esa desconfianza -materializada en su marginación en las horas clave tras el 11-M- su reciprocidad, de forma que Dezcallar ocultó al presidente la información procedente de Huarte y la propia existencia de un dirigente del PSOE entre la elite de sus colaboradores? ¿Contribuyó deliberadamente el director del Centro, con su nota de primera hora de la tarde del día de la masacre, a que el Gobierno se encelara en la atribución a ETA, disponiendo de datos alternativos obtenidos a través del socialista asturiano?

Bastaría conocer a la persona para descartar tal duplicidad y vileza. No, Dezcallar no es capaz de comportarse así. Pero es que, además, tras hablar con unos y con otros, he llegado al convencimiento de que en su etapa al frente del CNI nunca nadie le informó de la existencia del tal Huarte. Ni con su nombre verdadero -lo cual tampoco sería extraño-, ni con un alias acompañado de una somera descripción de sus especiales circunstancias. Comprendo que esto último resulte difícil de creer.

¿Cómo no va a saber el director del CNI que hay un tío que ha logrado infiltrarse en el radicalismo islámico hasta el punto de obtener confidencias de alguien como Benesmail y de ser autorizado a colaborar -algo verdaderamente inusual- con servicios extranjeros? ¿Cómo no van a exhibir ante sus ojos semejante joya de la Corona, explicándole en un aparte que, además de todo eso -nadie es perfecto-, resulta que el fulano es dirigente del PSOE?

Sólo caben dos explicaciones: o los viejos cocodrilos del centro -aunque el Cesid se vista de CNI - mantuvieron, en relación a éste como a tantos otros asuntos, al diplomático con aires de dandi en la inopia; o el papel de Huarte dentro de la Casa tenía que ser mucho menos importante de lo que nos habían dicho. Sin descartar la primera hipótesis, las impresiones que nos llegan del propio interior del Centro apuntan a la segunda. De superespía pegado al cogote de Lamari, nada de nada. Un colaborador de los del montón y va que chuta.

O sea que desde las alturas se engrandece a Huarte, mientras en la base se le empequeñece. Y lo más significativo es que el propio interesado se comporta como si esto último fuera lo más ajustado a la realidad. En lugar de desaparecer del mapa y aceptar el exilio dorado que le ha ofrecido el Gobierno, Huarte sigue en Asturias con el mismo teléfono móvil de siempre.

La situación tiene bastante de surrealista. ¿Nos engañan los de arriba, nos engañan los de abajo o nos engañan ambos? El único que dice taxativamente que este señor es colaborador del CNI es EL MUNDO y el único que lo niega taxativamente es él mismo.El PSOE alega que «no lo sabe» y el Gobierno que «ni lo afirma, ni lo desmiente». La opinión pública entiende que el que calla otorga, pero formalmente el Ejecutivo escuda tal ambigüedad en la Ley de Secretos Oficiales que le impide incluso negar que alguien pertenezca al CNI.

Y para culminar el embrollo, aquí me tienen ustedes confesándoles que el Gobierno me ha reconocido algo que, al menos en el plano de las apariencias, le resultaría altamente perjudicial, pero que yo tengo mis dudas de que sea verdad.

Estoy seguro de que Blanco dijo lo que dijo porque quería decirlo y no porque sufriera un calentón, cual si de un Maragall cualquiera se tratara. Estoy seguro de que si el PSOE pidió «responsabilidad» al PP lo hizo dando por descontado que esa gestión trascendería.Y estoy seguro de que quien tomó la decisión daba por hecho que la confirmación oficiosa a EL MUNDO implicaría un titular a cuatro columnas como el del día siguiente. ¿Pero qué interés podría tener el Gobierno en hinchar un perro que necesariamente iba a ser utilizado en su contra?

Para este interrogante no tengo contestación. Es la primera vez que cotejando con el poder una historia incómoda para el poder, el poder me dice que es más importante de lo que yo mismo creo.Estoy deseando leer el artículo de mañana de Casimiro García-Abadillo con sus investigaciones y análisis sobre el caso y la nueva entrega sobre los «agujeros negros» que ultima Fernando Múgica con la esperanza de que sus averiguaciones arrojen algo de luz.

De momento me he acordado de aquella película de Sydney Pollack La Tapadera (The Firm en su versión original), en la que el joven abogado que encarna Tom Cruise, tras ser reclutado por el FBI para obtener pruebas contra la mafia, termina pactando con los capos para engañar a los federales en su propio provecho, pero arrojando a la vez a los pies de los caballos de la ley a los corruptos jefes de su despacho. Al día de hoy lo que parece es que un dirigente del PSOE con ideas filopalestinas utilizaba una ONG como tapadera de su condición de agente del CNI, pero ¿y si las tornas se invirtieran y una relación colateral con el servicio de espionaje pasara a ser la verdadera tapadera de una actividad todavía menos confesable de carácter estrictamente partidista?

¿O si lo que estuviera ocurriendo es que el ex falangista pro palestino, atrapado entre el CNI y el PSOE, hubiera decidido anteponer a cualquier otra lealtad su propia conveniencia y, al negarse a aceptar el papel de superespía y a quitarse delatoramente de en medio, estuviera obligando al Gobierno a cambiar de versión sobre la marcha como quien se ve impelido a cambiar de caballo sin terminar de cruzar el río?

No deja de tener su gracia que en la escena clave de la película, cuando Tom Cruise les dice a los mafiosos que piensa llevar una vida itinerante pero que sus secretos siempre viajarán con él y estarán a salvo mientras no le pase nada, uno de ellos replique: «Ya como el jodido Yasir Arafat». Cualquiera diría que el héroe de Fernando Huarte, maestro de la duplicidad y el escaqueo hasta el mismo día de su muerte, se ha bajado del póster para asesorarle.

Aunque ya en el siglo quinto antes de Cristo el filósofo Demócrito de Abdera instaba al personal a no dejarse engañar por las apariencias, advirtiendo que «la verdad yace en las profundidades», no puedo negar que esto son sólo «cábalas» como las que el propio Zapatero alanceó el miércoles en Bruselas.

Es probable incluso que, ciñéndome aun más a la expresión completa del presidente, lleguen a convertirse alguna vez en «cábalas que se van desplomando». Pero hasta que no se aclaren los hechos, hasta que el Parlamento y la Justicia no tengan la oportunidad de cotejar los testimonios clave -y existen procedimientos para conciliar su tarea con las reservas que en todo lo relacionado con el CNI impone la ley- esta hipótesis, esta especulación, será más bien, como la pista marroquí o la pista etarra, una «cábala» que no sólo no se «desplomará» sino que seguirá germinando en el abono del oscurantismo. Nadie aceptará que lo ocurrido sea otra vez -como el robo del coche en el callejón de Trashorras, o la simultaneidad de las dos caravanas de la muerte, o el nombre de Parot en el bolsillo de Benesmail- una mera cuestión del azar.

Y como bien sabe Zapatero, en su condición de excepcional espectador -y beneficiario- del mayor escarmiento en cabeza ajena de la Historia occidental contemporánea, no hay amenaza más peligrosa para la verdadera Seguridad Nacional que el recelo y la sospecha de los gobernados hacia quienes les gobiernan. Por eso el test de lo que se haga con la Comisión del 11-M es hoy poco menos que el principio y el fin de todas las cosas.

http://www.elmundo.es/diario/opinion/1774928.html

La banalidad del talante
PEDRO ARIAS VEIRA La Voz 27 Marzo 2005

NOS TRATAN como si todavía estuviéramos en la edad de la inocencia; nos ven como ignorantes desmemoriados entre la muchedumbre solitaria; nos hablan como a dócil tábula rasa moldeable por la propaganda. Y lo hacen con la suficiencia del triunfador electoral; como si la justicia y los valores humanos no estuvieran por encima de la voluntad popular coyunturalmente expresada. Nuestra élite accidental no quiere investigar más la matanza partera del presente. Confunde los imperativos categóricos con las hegemonías políticas y proclama, pero no ejerce, talante transparente en las alcantarillas del poder. Pasa página y se irrita con los que desean esclarecer el trasfondo de un cambio que no ha sido previsible ni tranquilo, sino inquietante y traumático. Acorazan los antecedentes, las ignominiosas jornadas de marzo del 2004, y aplican el rodillo parlamentario a los que piden coherencia a su compromiso preelectoral, el de aquel «queremos saber la verdad...». Pero el Gobierno no quiere ni deja saber.

Por un giro colérico, nos remontan a la Transición, a la etapa del lavado de cara del mobiliario simbólico urbano. No sabíamos que faltasen estatuas de Franco por desmontar, ni tampoco calles por renombrar. Los que apenas lucharon contra el dictador en vida, emergen ahora como adalides de la resistencia ante los residuos de su tótem ridículo e inane. Operan con nocturnidad y cobardía, pero con las televisiones bien alertadas. El poder mediático suple a la poesía como arma cargada de futuro. Todo vale para desplazar la atención ante los nuevos datos de la trama del 11-M, que desatan sospechas que nadie se esperaba. Desa-sosiegan las hipótesis de programación, complicidad y beneficio de los atentados. Pero ZP no se presta a la refutación convincente; él sonríe, tiene en su entorno una guardia implacable que blinda el veto del silencio. Apela al pánico de sus votantes y rechaza la conjetura de un pasado manipulado. Desplaza su malestar contra los impenitentes de la funesta manía de pensar; los datos no cuadran, pero tacha a los que lo constatan de instalados en el rencor. Los descalifica sin inmutarse: las anomalías de su inconsistente relato serían meras cábalas de los vencidos . No se investigará más y punto; lo que se haya de creer ya está escrito. ZP se sabe tocado, aunque confía en los incautos - pobre España, país de pícaros crédulos- , en los ofuscados por la pasión y en los guiados por el humo demoscópico.

Es inútil, ya nada puede quedar atado y bien atado; ni siquiera lo consiguió el señor de las estatuas. No lo suplantará en clave postmoderna. Hay demasiados empecinados en saber y nada es como antes. Será amargo descubrir toda la verdad del cambio intranquilo. Y llegarán tiempos de vergüenza; no solo para los protagonistas, sino para gran parte del pueblo. Mientras tanto, una difusa ceguera sectaria inunda amplias esferas del país. Están asustadas ante el retorno de las viejas miserias de nuestra cainita historia. Hoy reaparecen encubiertas tras la banalidad del talante.

Doble militancia
ALFONSO DE LA VEGA La Voz 27 Marzo 2005

DECÍA MARX que nunca pertenecería a un club capaz de admitirle. Aunque el PSOE de González abandonó por razones electoralistas y filesias del % el marxismo de sus orígenes, aún se parece al club de don Groucho. ¡Qué se puede pensar de una entidad que admite en su seno a gentes como Rubalcaba, Roldán, López o Maragall! Y para colmo, ahora, a sirios implicados en el 11-M o extraños agentes de los servicios secretos españoles que no se sabe muy bien para quién trabajan, ni menos a quién informaban de lo que sabían de las tramas asesinas. ¿Es por eso que el PSOE estaba mejor informado que el Gobierno y así pudo dirigir la inmoral maniobra de su acoso y derribo en momentos tan terribles como los posteriores al criminal atentado?

En el caso del nunca bien esclarecido magnicidio del presidente Prim, otro atentado terrorista político, perpetrado por una subcontrata de facinerosos y hampones apoyado por elementos de la policía, guardaespaldas del general Serrano y del duque de Montpensier, que originó todo un cambio de régimen en España y de alianzas internacionales, el pueblo nunca llegó a concluir nada. Ahora, es preciso evitar el cierre en falso de la comisión de investigación, pues se debe tratar de evitar que el actual poder político y ciertos aparatos del Estado, que parecen funcionar de modo autónomo, intenten emborronar pistas y tapar complicidades. Malo cuando ciertos miembros de los servicios de seguridad del estado actúan con doble militancia, como fuera también el caso del asesinato de Calvo Sotelo, perpetrado por el guardaespaldas del socialista Prieto.

El atentado del 11-M cada vez parece más tenebroso. La gente honrada del PSOE debería ser la primera en exigir que se aclare sin dudas la trama socialista en el atentado. Como a los caballeros del Grial de la saga artúrica, habría que preguntar a muchos personajes siniestros en relación con el poder: «Tú a quién sirves», ¿por qué me buscas?

El Supremo anula por unanimidad las listas de Aukera al considerarlas una estrategia de ETA
Señala que la táctica de la «doble lista» responde al interés de la banda terrorista de estar presente en el proceso electoral
La Sala Especial del Tribunal Supremo decidió ayer, por unanimidad, anular la candidatura de Aukera Guztiak a las elecciones vascas del 17 de abril, al considerar que se trata de una continuación de Batasuna. Los magistrados estiman probado que esa plataforma no fue creada de forma autónoma, sino en cumplimiento de las directrices de ETA y de su interés por lograr participar en la acción parlamentaria tras la ilegalización de Batasuna, HB y EH. Destacan, asimismo, que ninguno de sus miembros ha condenado el terrorismo. Ahora, la única posibilidad de que la «lista blanca» de los abertzales pueda concurrir a las elecciones vascas está en manos del Tribunal Constitucional, que tendrá que resolver antes del día 1.
Josefa Rodríguez La Razón 27 Marzo 2005

Madrid- Para adoptar la decisión de «declarar no conformes a derecho y anular los actos de proclamación» de las candidaturas de Aukera Guztiak, los 16 magistrados que forman la Sala Especial del Tribunal Supremo han manejado las pruebas documentales aportadas en los recursos del abogado del Estado y del fiscal.

Especialmente significativos para llegar a la conclusión de que Aukera ha sido un «mero instrumento» les han resultado los Zutabes, boletines internos de ETA. Sobre todo, uno de ellos que afirma que «aprendiendo de otras experiencias del ciclo de ilegalización» habrá que «preparar el planteamiento de lucha de cara a estas elecciones». A la vista de esas afirmaciones, los magistrados sostienen que «es por tanto la organización terrorista ETA la que expresa su voluntad de participar en los sucesivos comicios».

Señalan que tras la sentencia de ilegalización de Batasuna, ETA «ha mantenido intacto su interés» por participar en la acción política y parlamentaria. Consideran, asimismo, probada la estrategia de «la doble lista», evidenciada en la grabación de una conversación entre la dirigente de Batasuna Elizabet Zubiaga y el preso etarra Jorge García Sertucha, que, según se precisa, fue oída íntegramente durante las deliberaciones.

Apoyos y reuniones. La relación de continuidad entre Aukera Guztiak y Batasuna queda, según la sentencia del Supremo, probada también por otros muchos datos. Destaca el hecho de que entre los firmantes que apoyaron su creación figuren 44 dirigentes de HB, y que antes de su presentación pública sus promotores se reunieran con los batasunos Joseba Permach y Pernando Barrena. Además refiere los diversos actos, publicaciones y manifestaciones de apoyo a la plataforma por parte de personas vinculadas al entramado de los partidos ilegalizados.

Los magistrados, que afirman haber aplicado la técnica del «levantamiento del velo» para descubrir las conexiones entre el entramado Batasuna/ETA y Aukera, son, sin embargo, más restrictivos que el abogado del Estado y el fiscal a la hora de apuntalar vínculos entre los candidatos de AG y el MLNV. De los 15 que se mencionaban en sus escritos, los integrantes de la Sala Especial se quedan con dos, que fueron candidatos de los partidos ilegalizados en anteriores comicios.

Los magistrados también consideran altamente significativo el hecho de que «ningún miembro» de la plataforma haya condenado expresamente la violencia terrorista etarra y destacan las coincidencias en las fórmulas de «rechazo» empleadas por AG y las utilizadas por Batasuna. Todo ello les lleva a concluir que el proceso de configuración de esa plataforma «revela de manera inmediata su falta de autonomía y su sujeción a las directrices de los partidos ilegalizados».

Como adelanto a la decisión sobre las impugnaciones de la candidatura, los magistrados acordaron el pasado viernes ordenar que no se facilitara copia del censo electoral a Aukera Guztiak, tal como había pedido la Abogacía del Estado.
Los jueces concluyeron que «la obtención de los datos censales actualizados de los ciudadanos podría conllevar un importantísimo riesgo para la seguridad de muchísimos de ellos, que podría poner en peligro derechos fundamentales como la vida, la integridad física y la seguridad de las personas que en ellos figuren».

Parlamento más democrático. La decisión de anular las listas de Aukera Guztiak fue considerada por el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, como un «éxito» de las reglas de juego fijadas en la Ley de Partidos, que pone de manifiesto que no era una lista blanca sino una candidatura «negra y sucia que quería defraudar la legalidad».

A su vez, la candidata del PP a lendakari, María San Gil, afirmó que la decisión del Supremo permitirá que el nuevo Parlamento vasco sea «el más democrático de la historia, porque los terroristas no van a estar presentes» en él.
Por el contrario, el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, aseguró que «respeta» pero «no comparte» esa decisión en la que, según afirmó, «ha prevalecido la razón de Estado por encima de las razones y garantías democráticas». También se mostraron contrarias al fallo del Supremo ERC y EA.

Mientras los magistrados deliberaban, el lendakari vasco y el PNV redoblaron sus críticas a la impugnación. Ibarreche la consideró «una decisión política», adoptada por el PSOE con el apoyo del PP «para que el Parlamento vasco no sea de mayoría nacionalista» e impedir así «un proceso negociador y un proceso de consulta» que, según señaló, «es evidente que se va a dar en los próximos años».

Tras la decisión del Supremo, la única posibilidad de AG de estar presente en el proceso electoral vasco está en manos del Tribunal Constitucional. La plataforma dispone de dos días para presentar recurso.

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