AGLI

Recortes de Prensa     Sábado 16 Abril 2005
La nevada y mucho más
Ignacio Villa Libertad Digital 16 Abril 2005

RIESGOS DE DESINTEGRACIÓN
HORACIO VÁZQUEZ-RIAL ABC  16 Abril 2005

Primer año
Raúl del Pozo El Mundo 16 Abril 2005

MARAGALL Y EL ATASCO ESTATUTARIO
Valentí PUIG ABC  16 Abril 2005

Terrorismos diferentes, víctimas distintas
Aurelio Arteta  El País 16 Abril 2005

ETA gana las elecciones
Isabel Durán Libertad Digital 16 Abril 2005

Zapeando en ZP
Cristina Losada Libertad Digital 16 Abril 2005

Ocho años de rencor y uno de revancha
Ignacio Cosidó Libertad Digital 16 Abril 2005

LAS TRIPAS DE RAJOY
César ALONSO DE LOS RÍOS ABC  16 Abril 2005

Callejón sin aparente salida
Javier Pérez Royo El País 16 Abril 2005

¿Qué medios, qué fines
AURELIO ARTETA El Correo 16 Abril 2005

Una radio en el batzoki
EL SUBMARINO La Razón 16 Abril 2005

Elecciones, continuismo y cambio
ANDONI PÉREZ AYALA El Correo 16 Abril 2005

Lo que quieren los vascos
Mª ANTONIA IGLESIAS La Voz 16 Abril 2005

Como aquí no se vive
JOSÉ MARÍA CALLEJA El Correo 16 Abril 2005

La farsa de las elecciones vascas
Luis María Anson La Razón 16 Abril 2005

Errada y servil decisión
EDITORIAL Libertad Digital 16 Abril 2005

ARCHIVO TROCEADO
Editorial ABC  16 Abril 2005

Un desafortunado traslado
Editorial El Mundo 16 Abril 2005

Golpe de Estado permanente
Aquilino Duque Libertad Digital 16 Abril 2005

Utilizar el español
Cartas al Director ABC  16 Abril 2005

UA llama a los alaveses a «rebelarse» mañana en las urnas contra el plan Ibarretxe
B. CORRAL/VITORIA El Correo 16 Abril 2005

Vázquez seguirá la vía legal para mantener el doble topónimo
J.Y. / A Coruña El Ideal Gallego 16 Abril 2005

 

La nevada y mucho más
Ignacio Villa Libertad Digital 16 Abril 2005

La idea inicial, sin duda, era desarrollar una semana de gloria para el presidente Zapatero que debería terminar el 23 de abril con un macro-mitin en Valencia. Ese era el objetivo diseñado desde Moncloa pero ha comenzado de la peor manera posible. Y es que al final este presidente del Gobierno es francamente flojo en el cuerpo a cuerpo.

La semana que ahora termina tenía tres citas para el Jefe del Ejecutivo. Primero fue el encuentro con el Grupo parlamentario del que sólo quedó esa consideración visionaria: "lo mejor está por venir". Después, la entrevista en la radio amiga y el ya comentado "Rey republicano". Y para terminar ese acto de humildad indescriptible cuando ha reconocido que los grandes errores de su Gobierno este año han sido la nevada y la falta de coordinación en las declaraciones de sus ministros. ¡Sí señor! Eso es autocrítica y lo demás son tonterías. Desde luego con esta capacidad de análisis sobre la gestión propia después de un año, a pocos sitios podemos llegar. Doce meses después seguimos con palabras huecas, con teorías vacías y con brindis al sol. Zapatero cierra un año triste y preocupante: sectarismo a lo bestia, obsesión por abrir viejas heridas e hipotecas gratuitas con los nacionalismos.

Pero a todo esto hay que añadir algo más profundo. Zapatero utiliza de manera descarada la división como estrategia política. No es ya la recuperación –más o menos sentimental– de viejas historias de las dos Españas. Es que estamos ante un diseño cuidadoso de la división social como fórmula para retener unos votos que le llovieron de forma inesperada después de los atentados del 11 de marzo. Zapatero ha asumido como propio el fomento de la división; a esta actitud hay que añadir ahora su reconocimiento público de su republicanismo. Y es que además de los calificativos utilizados para el Rey, dice el presidente del Gobierno que está a gusto con la Monarquía puesto que asume los principios democráticos de la Republica. ¡Vaya ejemplo de sensatez y de estabilidad institucional! Este hombre es un peligro. Víctima de sus complejos pretende poner patas arriba todo lo establecido.

El balance, en definitiva, nos lleva a un presidente declarado republicano y que ha trabajado para la desunión de España. Lo cierto es que este primer "año Zapatero" nos deja algo más que una nevada. Nos deja una gestión irresponsable y una actitud que esconde mucho resquemor. Doce meses de Zapatero, sinceramente, ha sido demasiado.

RIESGOS DE DESINTEGRACIÓN
por HORACIO VÁZQUEZ-RIAL ABC  16 Abril 2005

SI el plan separatista del presidente de la autonomía vasca prosperara, España se vería reducida no sólo en superficie y número de habitantes, sino en muchos otros aspectos, interiores y exteriores: su prestigio decaería, su capacidad defensiva quedaría bajo mínimos -¿qué se puede esperar en ese orden de un Estado incapaz de preservar sus propias fronteras de la acción de una parte de sus ciudadanos?- y es probable que, a partir de ese momento, se abriera un proceso de desintegración territorial generalizado. Se trata, pues, de un problema de extrema gravedad, que no parece haber sido registrado en conciencia por el conjunto de los españoles. La actitud del Gobierno a este respecto es deletérea: con el declarado propósito de no crispar, adormece. Habla de diálogo, pero no de discusión ni de acuerdos: la discusión gira en torno a objetivos precisos, y los acuerdos tienen fecha; el diálogo es abierto, atemporal y concesivo, carece de metas y de plazos. Hay un calendario Ibarreche, pero no hay un calendario español, y cualquiera diría que esto trae sin cuidado a los representantes elegidos y a sus electores, con honrosas excepciones.

Por supuesto, no corresponde al talante gubernamental hablar de autoridad ni de ilegitimidad esencial del proyecto soberanista vasco. La única ilegitimidad que se señala es la del terrorismo, pero diciendo incluso que se podría dialogar con ETA -una vez más el diálogo- si abandonara las armas y desconociendo en esa afirmación que lo que permite a Ibarreche insistir en su plan es precisamente la violencia, que condiciona la vida política en el País Vasco mediante la extorsión continuada, y que envenena la vida española en general.

El presidente autonómico Maragall y sus socios de gobierno local -que también lo son del central- sí son conscientes del calendario Ibarreche, y hacen depender de él su propio programa de chantaje, más o menos perturbado por el encono con que se enfrentan a los dirigentes de Convergencia y Unió, muy semejante y de igual sentido que el odio desembozado que el presidente Zapatero profesa a los del Partido Popular: no me cansaré de decir que los socialistas españoles aspiran a ocupar la totalidad del panorama político, a no tener rival alguno, a administrar el poder al estilo del PRI mexicano.

Pero, sea por un exitoso tratamiento propagandístico de finalidad letárgica, sea por puro y muy hispano desprecio, la sociedad no reacciona ante esta tragedia con la preocupación, la intensidad ni la rapidez que serían de esperar. Como si, una vez más, nos convenciéramos de que aquí nunca pasa nada, y si pasa no importa. Pero pasa, e importa.

Sabemos lo que está ocurriendo en el ámbito de lo político: hay serios riesgos de desintegración del Estado; hay acusaciones de corrupción en Cataluña que redundan en inestabilidad del tripartito ante un no improbable adelanto de las elecciones autonómicas; la disolución del tripartito podría dejar al Gobierno central en minoría, y un acuerdo parlamentario entre populares y convergentes podría cambiar por completo el panorama, impulsando una convocatoria a generales; la absoluta carencia de un proyecto político interior y de un plan económico lleva a situaciones ridículas como la del comité de sabios que opina sobre la televisión pública con supina ignorancia del asunto y, lo que es peor, con prejuicios estatalistas, antiliberales, obligando al señor Solbes, el ministro más sensato y creíble, a decir que no y a convertir el informe del caso en papel mojado, aunque la máxima autoridad del Ente pretenda no hacerle caso. En un año de gobierno Zapatero, no se ha forjado nada parecido a una política, como no sea la de desmantelamiento sistemático de cuanto se podía desmantelar de lo actuado por el Partido Popular, desde el Plan Hidrológico hasta las líneas básicas de la lucha antiterrorista, pasando por la voladura de cualquier política exterior con una vergonzosa retirada de Irak que sólo sirvió para ganar enemigos.

Lo que no sabemos con igual precisión es lo que está ocurriendo en la sociedad civil, a pesar de los informes de organismos dedicados a investigar lo que la gente piensa o siente. La mejor macroencuesta ha sido, sin duda, el referéndum acerca del tratado constitucional europeo. Y los resultados son reveladores: bastante más de la mitad de los empadronados optaron por no pronunciarse. Y es legítimo pensar que no acudieron a las urnas porque hubiesen decidido ejercer la abstención, sino porque no experimentaron el menor interés en ello: la abstención activa se manifestó en ese seis por ciento de electores, un dos por ciento de los ciudadanos, que votó en blanco. El Tratado que hará las veces de Constitución europea le ha interesado poco al común de las gentes, tal vez por remoto, tal vez por mal explicado, tal vez porque la ajenidad de los símbolos de la Unión, banderas y estrellas de los Estados miembros, es insuperable en una nación que no acaba de asumir los propios, constantemente denigrados desde los localismos extremos que hallan eco en cierta izquierda incapaz de entender que España precede al franquismo, que quienes ocupan el Estado son circunstanciales, y que se avergüenzan de la bandera porque eligen ver en ella lo peor de su pasado.

Hay una devaluación de los símbolos y de las palabras; y una quiebra de la identidad común, una implosión, por cierto que muy bien controlada, del Estado nacido en 1978. Hay una disolución de las relaciones sociales. Buena parte de la clase política parece haber perdido el pudor y algunos de sus miembros se lanzan acusaciones terribles: ni siquiera consideran necesaria esa hipocresía que La Rochefoucauld definió como homenaje del vicio a la virtud. Los dirigentes de los llamados nacionalismos periféricos han creado un problema lingüístico donde no lo había y han obtenido réditos políticos y económicos de esa falacia, con la anuencia de los partidos realmente nacionales; la babel resultante ha generado un país de sordos voluntarios y de hablantes perversos que, disponiendo de una lengua común, quieren envenenar y envenenan la vida parlamentaria con el uso de su lengua regional, impidiendo que en el Congreso se trate de la vida, del orden de la vida, que es de lo que allí se debería tratar. Las taras particulares campan por sus respetos en el terreno de la política general. Y los muy jóvenes, los que ahora acceden a ese terreno por primera vez, sea porque no entienden lo que está sucediendo -que es muy difícil de explicar-, sea porque sí lo entienden y, con gran sabiduría ética, prefieren no entender, toman distancia, no se implican ni se dejan involucrar. Hay, por supuesto, buitres jóvenes que se suman encantados al festín e inician lo que puede ser una carrera en la kale borroka, en alguna oenegé o en organizaciones minoritarias, desde las cuales ser cooptado oportunamente para la política de mayor alcance.

Los que hemos vivido la desintegración de sociedades como la argentina o la cubana, que tardarán mucho en retornar a la normalidad, vemos en el panorama español signos terribles, anuncios de malos tiempos: hay violencia, hay corrupción -Maragall dixit-, hay intentos de destrucción del Estado a los que no se responde con la debida energía, hay ineficiencia o ineptitud en quienes gobiernan, hay mala fe parlamentaria, hay indiferencia ante el destino general y nadie parece recordar que hay intereses que están por encima de los intereses personales. Es grave.

Primer año
Por Raúl del Pozo El Mundo 16 Abril 2005

En la cuarta parte de su primer mandato, ignoramos si José Luis Rodríguez Zapatero va a aguantar una legislatura o se va a eternizar en la casa de los espíritus y los mosquitos como Balaguer. Nuestra sustancia es el tiempo y ya podemos observar el montón de arena del reloj después de un año. Ayer en la conferencia de prensa no dijo nada. ¿No dijo nada porque no sabe o porque no le conviene decir nada? El presidente es lo mejor de un Gobierno que después de trece años de socialismo de derechas y ocho años de derecha, tiene cierto aroma de gauchismo de autorrés. Estamos bajo un Ejecutivo algo anticlerical, algo antiamericano, un poco republicano, laico, anitaurino, culé, una oenegé legislativa, un Gobierno pacifista de la OTAN, donde nos metieron sus hermanos mayores.

Zapatero, como Borges, su escritor de cabecera, tiene pesadillas cuando en sueños se pierde en el laberinto de una España sin columna vertebral. «Voy pasando a través de las diversas ventanas, pero no logro salir nunca, porque todas ellas dan a cámaras subterráneas, y cada cámara es igual a la anterior».

Hasta ahora ha firmado los vales que le han pasado los prestamistas y empiezan a cumplirse los plazos. Es la paloma, también en la trinidad del nacionalismo, la socialdemocracia y la secesión.Quiere trasplantar la fórmula catalana a Galicia y a Euskadi.Si triunfa como agente doble y el tripartito se impone en las tres comunidades nacionales, que la derecha se olvide del BOE.Si se da la hostia, nos la daremos todos.

El San Sebastián de los gays, Quijote de las desamparadas, el príncipe de la paz a lo Godoy, con los moros, no con los franceses, martillo de canónigos y líder mediático de los jóvenes, tiene más cuerda de lo que suponían.

Pero ¿cómo podemos saber si José Luis Rodríguez Zapatero es el pretty man de la política, el novio de la España joven, el dirigente de la izquierda transformadora o por el contrario el boy-scout del populismo, el chicle sin azúcar de una progresía tardía, oportunista y millonaria? ¿Quién hace hoy en España análisis sin la coacción de las siglas y las sedes? Los dos partidos, dos grandes agencias de marketing subvencionadas por los contribuyentes, utilizan todas las armas de la insidia.

He ahí Leganés. Para la derecha es Sendero Luminoso, el corredor de la muerte, para el PSOE es una maquinación reaccionaria para privatizar la medicina. Una izquierda pancartera, de grito y pareado, que heredó de Polt Pot cierta delectación del exterminio, antes de saber si Leganés era la solución final de puretas, una eutanasia bajo cuerda con complicidad de herederos y viudas negras, se echa a la calle a defender el corporativismo médico. ¿Es esa la izquierda zapatarista?

El objetivo político es que se hunda el de enfrente aunque se hunda con él la casa en que vivimos todos. Que se hunda, aunque se hunda con él la tienda.

MARAGALL Y EL ATASCO ESTATUTARIO
Por Valentí PUIG ABC  16 Abril 2005

LA puesta a prueba de los prototipos de diseño automovilístico exige muchas horas de pista, verificaciones constantes de circuitos y combustiones. Viene a ser todo lo contrario de cómo se está redactando el nuevo estatuto de autonomía catalán, prometido por Pasqual Maragall al suponer que el Partido Popular ganaría las elecciones generales y así dispondría de un buen utillaje para practicar el victimismo institucional, bastante al margen de que la sociedad catalana no sienta la urgencia de sustituir el estatuto actual. Como un automóvil sin rodaje alguno, el proceso estatutario se atasca día sí día no, a pesar de que el índice exhibido tenga ya el volumen conjunto del Sermón de la Montaña, de carta a los Reyes Magos y de catálogo de venda de productos de ferretería por correspondencia. El tono de artículos como éste puede ser considerado irreverente por quienes no creen que el nuevo estatuto sea un estricto elemento estratégico sino un objetivo del bien común. La verdad es que quien comenzó por perderle el respeto al proceso estatutario fue la propia clase política catalana, con muy pocas excepciones, especialmente con motivo de la crisis provocada por la catástrofe del Carmelo y la subsiguiente aparición en sede parlamentaria del tan famoso 3 por ciento, cuota presuntamente exigida por CiU en las concesiones de obra pública. Por otra parte, no es fácil invocar la naturaleza reverencial del nuevo estatuto cuando se lleva años diciendo que la Constitución de 1978 no es algo sagrado.

Da fe de la complexión tan dúctil de la política catalana, tan transversal, tan diestra en silencios, tan apegada a pactos racionalmente anacrónicos, que la algarabía del Carmelo y del 3 por ciento ha ido acallándose. Estarán indagando las instancias judiciales, pero la pequeña catarsis que se auguró en los días más álgidos ahora aparece como una calma de aguas estancas. De nuevo, el «establishment» político catalán se ha enclaustrado en las comisiones del Parlamento autonómico, encerrado con un solo juguete. Es un juguete que a unos y a otros, según la conveniencia, les sirve de tótem, de símbolo para exorcismos o de protector auricular para no oír lo que se estuvo diciendo en la calle.

Maragall convoca cumbres unitarias para desatascar el nuevo «estatut» y CiU dice que no va a ir, para luego acercarse en son de paz, aunque diciendo que Zapatero no cumplirá su compromiso. Todos dicen que es posible que el borrador del nuevo estatuto esté listo para antes de las vacaciones de verano pero casi ninguno lo cree y no son pocos los que desean que todo se quede más o menos como está. Lo que les preocupa no es la marcha del nuevo estatuto, sino que la perpetuación del atasco llegue a implicar la opción de unas elecciones anticipadas. En tales circunstancias es humano que la primera preocupación sea la del interés de cada uno y de su partido más que la visión de conjunto de una sociedad catalana que a su vez está notoriamente al margen de lo que se cocina como estatuto hipotéticamente aclimatado a los retos de un nuevo siglo.

Un nuevo estatuto de autonomía era innecesario, su redacción se planteó en términos desafortunados, el proceso en curso es más de carpintería teatral que de otra cosa y además es posible que no logre alcanzar la condición de existente. Espesas salpicaduras del desprestigio llegarían hasta un Pasqual Maragall que puso en curso la moneda del estatuto catalán para que fuera elemento fiduciario para la tercera vía vasca. Eso no quiere decir que, convocando elecciones anticipadas, no mejorase sus resultados anteriores.
vpuig@abc.es

Terrorismos diferentes, víctimas distintas
Por Aurelio Arteta catedrático de Filosofía Moral y Política de la Universidad del País Vasco. El País 16 Abril 2005

La ciudadanía no pasa por sus mejores momentos. Revestidos de una conciencia impecable, son muchos los que se ahorran cualquier reflexión política que choque con las proclamas de su comentarista de cabecera o las consignas de su partido. Los hombres públicos tampoco suelen escapar a esta regla perezosa.

Sucede, por ejemplo, cada vez que se confunde lo que es diferente, y a mi entender en una muy grave confusión incurrieron hace poco con gran solemnidad nuestros representantes políticos. Fue en el manifiesto que conmemoraba el primer aniversario de los atentados del 11 de marzo en Madrid: "El Congreso de los Diputados expresa su profunda convicción de que, ante el terrorismo, todas las víctimas son iguales, son seres inocentes a los que un destino fatal convierte en objeto de actos criminales e injustificables".

Mal se empieza si un crimen premeditado puede ser a la vez producto de la fatalidad, pero vamos a dejarlo. Es verdad: todas esas víctimas son inocentes del crimen injustificable que han padecido. Todas merecen por ello la misma compasión y solidaridad de sus conciudadanos; deben recibir un cuidado parejo por parte del Estado. Pero no son víctimas política y moralmente iguales, sino muy distintas.

Las víctimas del terrorismo islamista y del nacionalista vasco son iguales tan sólo si se las mira y compara como puras víctimas de la bestialidad humana. En su simple condición de muertos o heridos, de seres dolientes y humillados, apenas revelan peculiaridades entre sí. También serán seguramente equiparables si adoptamos como vara de medir el dolor de sus familiares o el pesar que causan a los amigos respectivos.

Pero ahí acaba su semejanza y comienzan las disparidades: exactamente donde hace su entrada el juicio sobre la causa política a la que fueron sacrificados. Es un juicio del que se evaden nuestros diputados cuando cumplen con la formularia reprobación de "la barbarie terrorista, cualquiera que sea su origen"; porque las diferencias entre las víctimas arrancan de la diferencia misma entre los terrorismos que las victimaron. Se equivocan, pues, al decir que "sólo así podremos hacer justicia con ellos", con las víctimas, pues esa indistinción consagra más bien una gruesa injusticia.

No es la injusticia de que el Estado las desatienda u olvide, sino esa otra mucho más honda de que, al meterlas en el mismo saco, pasemos nosotros por alto la diversa responsabilidad que nos toca ante unas y otras.

La falsa igualación de ambas clases de víctimas nace, por de pronto, de subrayar sobre todo los medios -y no tanto sus fines- del terrorismo que las destrozó. Tan abyectos son los atentados contra las vidas humanas, que las presuntas justificaciones que invocan y los objetivos que con ello se persigue parecen lo de menos.

Lo genéricamente criminal oculta lo específicamente político y el problema queda reducido a la represión a cargo de la policía y a las sentencias de los jueces. Como si fuera irrelevante deliberar en público de los fines terroristas y sus premisas ideológicas, políticos y ciudadanos se concentran en la condena de sus medios.

No es lo que más vale contra el terrorismo, pero sí lo más cómodo. Entre otras penosas consecuencias, nos impide condenarlo por partida doble: por la segura maldad de los medios y por la probable ilegitimidad de los fines. Pero, sobre todo, así se pierde de vista la diferencia entre los distintos terrorismos y sus víctimas respectivas.

Ya sabemos que el terrorismo islamista es de inspiración religiosa, alcance internacional y recursos más brutales, mientras el nuestro revela un carácter más secular, se limita al espacio local y se muestra más moderado en su trayectoria criminal. Pero el caso es que el primero asesina por metas y conforme a justificaciones que en general no entendemos y hasta despreciamos como fundamentalistas. El segundo, en cambio, propone sus objetivos como un derecho irrenunciable y bastantes todavía los consideran nada menos que democráticos.

Así se explica que el terror internacional puede concitar la unidad de casi todos en su contra, mientras que el instalado en Euskadi ha sido capaz de quebrar una sociedad y enfrentar a sus habitantes para alguna generación. La cruzada islamista se hace en nombre de Alá, pero la ofensiva etarra se lanza en nombre de unos derechos presuntos de la comunidad vasca y con vistas a su secesión política. De modo que, si las víctimas del terrorismo local parecen en cierto sentido más "nuestras", no es porque sus asesinos hayan contado con el consentimiento general.

Nos atañen más porque fueron gentes próximas, y no lejanas, quienes las hicieron víctimas y por nuestro bien. Nos conciernen más de cerca en la medida en que el proyecto político por el que cayeron se sigue defendiendo hoy abiertamente entre nosotros. Claro que los deudos de todas las víctimas sufrirán para siempre su ausencia.

Pero es probable que los unos revivan su desgracia sobre todo en alguna nueva ocasión mortífera, mientras que a los otros se les abrirán sus heridas -además- cada vez que ciertos partidos vascos exhiban su plan secesionista y amparen a quienes están dispuestos a lograr ese objetivo a cualquier precio.

Otra injusta manera de equipararlas se produce al pregonar que todas son víctimas de un terrorismo indiscriminado. Pues lo que sin duda se aplica al internacional no le conviene a nuestro terrorismo local, que en líneas generales adopta más bien un carácter selectivo. Premeditado o no, el malentendido trae graves consecuencias.

Que el terrorismo islamista sea indiscriminado significa que cada cual es en potencia una de sus víctimas indistintas y aleatorias, que nadie puede asegurarse la suficiente inmunidad frente a su amenaza. A sus ojos todos somos culpables, ya sea por el pecado de pertenecer al club de los países ricos o ser sujetos de regímenes democráticos; o, sencillamente, por infieles. Como se ha escrito, no es lo que hacemos lo que nos sitúa en su punto de mira, sino lo que somos.

De ahí que, ante un crimen que cada uno podría experimentar en carne propia, todos nos sintamos con razón inocentes. No es menos cierto que ese núcleo terrorista constituye un cuerpo extraño en nuestro entorno social. Al carecer del menor soporte en la población autóctona, entre tales criminales y el resto de los ciudadanos hay un corte, un vacío. La unanimidad en su repulsa y en acudir al so-corro de la víctima resulta por eso más fácil.

Pero es tal la impotencia en que este terrorismo imprevisible nos deja, que parece difícil esperar del individuo común el coraje de plantarle cara. De ahí que confiemos a la violencia legítima del Estado y a la cooperación entre Estados la tarea de depararnos la máxima seguridad posible.

Al contrario, que el terrorismo etarra sea cada vez más selectivo quiere decir que no todos estamos destinados por igual a ser sus blancos, que unos lo son con mayor probabilidad que otros. En el tren de Atocha podría haber viajado casi cualquiera, pero hace tiempo que en Euskadi las papeletas de víctima no se distribuyen al azar. No es verdad, pues, que "ETA mata cuando puede, donde puede y a quien puede".

Además de por ciertas razones profesionales (policías o jueces) y político-representativas (concejales o diputados), en ese grupo de riesgo se ingresa voluntariamente cuando la conciencia ciudadana empuja a unos pocos a enfrentarse a ese mal público. Así las cosas, y lo mismo que algunos arriesgan, muchos otros se esfuerzan en evitar el menor riesgo.

Al margen de que tal vez pudieran salpicarnos efectos colaterales, frente a este terrorismo local quien más, quien menos sabe cómo negociar su tranquilidad. Basta con la fingida o abierta asunción de las premisas y tópicos del adversario, con gestos visibles de acción u omisión, con silencios elocuentes en los momentos debidos. ¿Hará falta añadir que los primeros destinatarios de tales gestos, quienes toman nota de nuestra conducta y mayor temor nos producen, no son los componentes del comando armado, sino otros muchos próximos a los terroristas... y a nosotros?

Y es que ahí reside una diferencia clave del terrorismo que nos cae más a mano: que cuenta con arraigo y consentimiento entre la población; que dispone de cómplices entre nosotros. Entre los terroristas y la gente se extiende ahora un terreno densamente poblado. El terrorismo tiene sus voceros políticos y sus vínculos asociativos de toda índole.

Hasta el mismísimo Gobierno vasco recurrió la ilegalización de sus seguidores, desobedeció la orden judicial de disolver su grupo parlamentario, les concede cuantiosas subvenciones, se beneficia de sus votos y ahora mismo protesta por la exclusión de la plataforma electoral bajo la que se disfrazan... Ése es el nutrido apoyo que impide a nuestro terrorismo comportarse de un modo ciego; si esa "honrada" militancia ha de quedar a salvo, su terror tendrá que discriminar e ir por barrios.

Por todo eso, y en contraste con la especie anterior, aquí hay más lugar a la valentía o cobardía ciudadanas. Ya no vale decir que para la banda terrorista culpables somos todos, porque a la vista está que ella distingue entre sus amigos y sus enemigos. Ni tampoco vale por el otro lado proclamar una inocencia universal ante este terrorismo. En lo que atañe a sus medios, unos señalan al terror sus dianas y otros pasan a encarnarlas.

Están también los que, sin llegar a tanto, comparten los afanes de los terroristas en bastante mayor medida que (mejor dicho: contra) los de los partidos democráticos. Y están, no se olvide, los cómplices de los cómplices. Pues bien, en tan perversa situación estas víctimas no lo son únicamente de los terroristas, sino también de sus cómplices; no se sienten tan sólo agredidas por los armados y sus auxiliares, sino, además, condenadas o abandonadas a su suerte por tantos que lo consienten...

¿Se comprende, entonces, por qué las víctimas de los diferentes terrorismos son diferentes? No por ser víctimas en grados distintos, o las de allá más inocentes que las de acá o tener diversos derechos a nuestra atención. Lo son porque, siendo nosotros más responsables de una clase de víctimas que de otras, ellas nos interpelan asimismo de modo distinto. A ver cómo les hacemos la justicia que cada una de ellas reclama.

ETA gana las elecciones
Isabel Durán Libertad Digital 16 Abril 2005

Pase lo que pase el domingo ya hay un ganador claro de las elecciones autonómicas vascas: la banda terrorista ETA. El cerco a los pistoleros y a quienes les apoyan en todas sus vertientes, policial, judicial, internacional, estaba dando sus frutos. Los asesinos se encontraban en el peor momento de su historia. En el País vasco se hacen cábalas de todo tipo. Pero la principal especie que se formula en estos momentos es un pacto que nadie niega –un pacto secreto naturalmente– entre el Partido Socialista y la izquierda radical.

No parece que de este pacto sea únicamente protagonista el clásico de siempre, Jesús Eguiguren. A los antiguos responsables del partido les resulta “poca cosa” el presidente de los socialistas vascos. Tiran más arriba. Incluso sugieren la posibilidad de que el acuerdo esté bendecido directamente por el jefe de Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Y es que la apuesta de ZP por un nuevo estatuto y su posterior referéndum aprobado por los dos tercios de la cámara autónoma no indica más que dos posibilidades, descartando, claro está, la de un consenso con el Partido Popular. La primera de ellas se trata de una componenda con el PNV, algo sobre lo que nadie duda ya. La segunda, mucho más arbitraria y desde luego más atrevida, absolutamente irresponsable e indecorosa es el pacto directo con los proetarras. Ahí es donde se comprende hasta qué punto el presidente de los españoles está dispuesto a deshacer España.

La banda terrorista se atrincherará de nuevo en un Parlamento vasco controlado por el Partido Nacionalista de Juan José Ibarretxe entregado de lleno a la estrategia de la insumisión al Estado de Derecho, tal y como mandan los terroristas. Si su lista trampa, su segunda o tercera marca obtiene media docena de escaños, heredando a Batasuna, volveremos a sufrir la aprobación de leyes o sucedáneos antiespañoles bajo la orden directa de la cúpula etarra, tal y como ocurrió con el Plan Ibarreche. Que nadie se caiga del guindo porque cuando esto se produzca tendrá un responsable, José Luis Rodríguez Zapatero, que con su política de abandono de la lucha por la libertad a cambio de una miserable vicelehendakaritza , habrá conseguido el renacer, quizás mas fuerte que nunca, de los terroristas y quienes les apoyan.

Zapeando en ZP
Cristina Losada Libertad Digital 16 Abril 2005

Hace un año, llegaba al poder el telesocialismo, que es el canal que emite el batiburrillo de tópicos con el que se ha criado la segunda generación de la cuerda de Felipe González. Éste también le daba al cliché fácil, pero aún rendía tributo al tópico de que la izquierda representaba cierto nivel cultural. Así, hacía lo posible, y hasta lo imposible, por demostrar que su galaxia era la de Gutenberg. Ahora, tal esfuerzo se revela innecesario. Zetapé y sus cuates navegan alegremente por el espacio vacío de letras. Ese universo iletrado que se origina en el Big Bang de un mando de televisión y que es de temer que se expande.

En 1988 le preguntaron a González qué era, en su opinión, ser de izquierdas. La respuesta, recogida por Amando de Miguel y José Luis Gutiérrez en La ambición del César, fue: “Gobernar en un momento en el que uno tiene que optar entre inventar el futuro para que la derecha gobierne el presente o gobernar el presente para construir el futuro. Yo creo que hay que tener el coraje político de gobernar y tomar decisiones y no refugiarse en cómo será el futuro mientras la derecha gobierna el presente. Esto me parece ser de izquierdas”.

Era uno de los juegos cantinflescos que analizarían los autores, quienes calificaron lo de FG de semiótica del barullo. Década y pico después, la idea de la izquierda más conocida del siguiente presidente del PSOE iba a ser la que tenía su hija. Infantil sí, pero no ingenua. Como lo que abunda en la tele. Una forma de entender a este gobierno es figurándoselo como un producto del zapping. Una sucesión de fragmentos de la que no se espera consistencia ni coherencia. Que no se espera siquiera que sea nada. Ser no es verbo para aplicárselo. Aunque sin la Ser, ya se sabe.

Es cosa de pasmarse si se juntan los fragmentos y se ve al Zapatero del 2000 con el de dos años después; o sea, el de la política de Redondo en el País Vasco y el de la defenestración del dirigente del PSE. El del cambio tranquilo y el de la bronca permanente. El del Pacto Antiterrorista y el que sólo pide tres palabras a Batasuna. Y el que sin mediar ni una palabra, que se sepa, va a permitir que los cómplices de la ETA vuelvan a colarse en el parlamento vasco.

Gracias a la fragmentación continua, podemos tener un presidente de la Nación que no tiene claro qué es una nación. Un jefe de gobierno del Reino de España que el 14 de abril quiere pasar por republicano. Y un líder del PSOE que se presenta como heredero de la II República, cuando fue su partido uno de los que se levantó contra aquel régimen. Que cuele todo ello puede explicarse por que la gente se ha acostumbrado a ver la realidad, y no sólo la tele, mediante el zapping. Tanto le da el gobierno al manubrio del mando, que cuando uno de sus ministros mete la pata, lo zapea para que desaparezca un buen rato de la pantalla.

Un año de Gobierno de Zapatero
Ocho años de rencor y uno de revancha
Ignacio Cosidó Libertad Digital 16 Abril 2005

El primer año de Rodriguez Zapatero ha sido un año de demoliciones. Su programa político se ha limitado al anti-aznarismo más visceral. Así, su único criterio ha sido hacer exactamente lo contrario de lo que hizo Aznar. El Gobierno socialista ha estado por tanto en estos doce meses mucho más ocupado en destruir la herencia del PP que en gobernar. Hay que reconocer que en esta tarea de destrucción el gobierno ha sido eficaz. Pero sus dificultades comienzan ahora, cuando tras doce meses de festivas demoliciones, la sociedad le exija que construya nuevas políticas sobre las ruinas producidas.

Para explicar este primer año de Gobierno, hay que recordar que el PSOE recuperó el poder cabalgando a lomos del radicalismo callejero. Ese es un caballo difícil de frenar, pero en este año Zapatero no ha dejado de hincarle las espuelas. La izquierda carecía aún de alternativa ideológica ni tenía un programa de gobierno verosímil. Pero en ocho años había acumulado un odio infinito a Aznar. Ese odio es lo único que le hace seguir galopando. ZP sólo se bajará del caballo del radicalismo cuando éste reviente. El problema es que para entonces nos puede haber llevado demasiado lejos.

Probablemente tampoco ha tenido otra alternativa. Este es un Gobierno débil que depende objetivamente del apoyo parlamentario de un grupo de radicales independentistas. En estos, el odio es aún más profundo y extenso. Es un odio a España que viene mucho más allá de los últimos ocho años. Los intereses han confluido. Unos han derribado por una motivación partidista y otros han derruido con un ánimo separatista, pero las construcciones a dinamitar han sido las mismas.

Ahora parece que llega el momento para el Gobierno de ponerse a hacer algo. Pero ni hay planos ni hay operarios dispuestos a la tarea. Todos han estado de acuerdo en lo que había que derribar, pero existen serias discrepancias sobre qué se quiere levantar ahora. Es más, algunos de los que han colaborado en debilitar el gran edificio común, aspiran ahora a vallar su propia parcela y hacerse su pequeño chalet, preferiblemente unifamiliar que adosado.

Con todo, el grado de destrucción de este primer año no ha sido homogéneo. Así, el destrozo ha sido mucho más intenso en aquellas áreas que resultan esencialmente políticas, frente a otras en las que puede existir mayor resistencia social a un cambio radical, como puede ser la economía.

El pilar más deteriorado ha sido sin duda el de nuestra política exterior, que constituye actualmente un autentico yermo en el que sólo se levantan dos míseras chavolas, una para Castro y la otra para Chávez. En Europa nos hemos sometido totalmente al eje franco-alemán. Ya hemos empezado a pagar ese arrendamiento con la pérdida de poder en el Consejo Europeo que consagra en nuevo Tratado constitucional, pero lo vamos a pagar mucho más en las negociaciones de los fondos europeos y en la reforma de nuestra política agrícola común. Por otro lado, hemos intensificado nuestra relación con Marruecos, pero al precio de claudicar en la defensa de nuestros intereses, incluyendo la soberanía sobre nuestras aguas territoriales, y de entregar como vergonzante moneda de cambio el derecho del pueblo saharaui a vivir en paz y libertad. Finalmente, nos hemos enzarzado en una absurda serie de disputas con la principal potencia del mundo que terminaremos pagando caro.

En política social la ruina está siendo igualmente significativa. El Gobierno se cargó nada más llegar la Ley de Calidad de la Enseñanza y pretende sustituirla por un sucedáneo que abandona los principios fundamentales de exigencia y de excelencia que primaban en la anterior. Mientras, nuestros alumnos siguen dando los peores resultados de toda la OCDE. Pero existe además una campaña legislativa orientada a acabar con valores fundamentales de nuestra sociedad y con todo vestigio de las raíces cristinas de nuestro país. Así, se quiere aprobar el matrimonio homosexual, marginar la enseñanza de la religión en las escuelas, ampliar el aborto, incentivar la manipulación embriones y abrir el debate sobre la eutanasia.

En materia económica el Gobierno ha debido moderar sus ínfulas destructoras ante la evidencia del buen resultado de la política anterior. Sin embargo, se ha dinamitado también el principio de estabilidad presupuestaria, se ha finiquitado el objetivo del pleno empleo y la pretendida prudencia se ha traducido en una parálisis que conducirá inevitablemente a un agotamiento prematuro del actual modelo de crecimiento. Ignacio Cosidó es senador del PP

LAS TRIPAS DE RAJOY
Por César ALONSO DE LOS RÍOS ABC  16 Abril 2005

HACE tan sólo unos días dije que los modos de hacer oposición te los marca el contrario, hasta el punto de que no cabe hablar de oposición eficaz si no es congruente. La mía era una reflexión sobre la distinción que había hecho Mariano Rajoy entre formas racionales y viscerales de hacer política a partir de las reacciones que había provocado la edición del vídeo de FAES sobre el 11-M. No dije en mi columna que, en este caso concreto, habría sido imposible hacer un documental eficaz y coherente sobre el comportamiento del PSOE hasta el día mismo del atentado y, a partir de él, hasta el día de las elecciones si no se hubiera hecho con la razón, el corazón y, en definitiva, el cuerpo entero. Porque todo lo que sucedió antes y después de la mañana del día 11 no fue sino la contextualización desestabilizadora, antidemocrática y demoniaca de la terrible masacre. Fueran los autores de ésta yihadistas o etarras o ambos a la vez, con connivencias entre ellos o sin conexión entre ellos. Obviamente había que suponer que el Poder salido de esa situación iba a estar marcado por la mala conciencia, por un sentido de culpabilidad que terminaría llevándole a las peores situaciones. Quiero decir simplemente que la situación política salida del 14 de marzo está envenenada y que los pactos en los que se ha basado posteriormente para gobernar (con los republicanos y comunistas) son, en todo caso, una consecuencia, no la fuente de los males.

En estas circunstancias la oposición del PP no podrá escapar al pecado original del poder de Zapatero porque éste mismo es un político marcado desde sus orígenes. De hecho, a pesar de que Mariano Rajoy pretenda hacer una oposición que debería responder a un estilo de alternancia -británico, para entendernos, o canovista-, tendrá que enfangarse, mancharse las manos. Mariano Rajoy -el PP, quiero decir- está en la oposición frente a un equipo de gobierno que se envuelve en populismos para justificar la destrucción de la nación y de las tradiciones españolas. Y del sistema democrático mismo.

POR todo ello, y en un deseo lógico de ser eficaz, Mariano Rajoy se viene arremangando estos últimos días: ha dicho claramente que sospecha que existe un pacto entre el Gobierno y ETA. Habla con las vísceras y no con la razón, le ha respondido el ministro López Aguilar. Pero ¿cómo interpretar si no que el Gobierno se haya negado a ilegalizar una formación política que le permite a ETA estar en el Parlamento vasco? ¿Cómo no denunciar una estrategia basada en la «secesión» real del País Vasco y -en el camino hacia la asunción de ese hecho- una «pacificación» del País Vasco basada en la excarcelación de los presos de ETA?

ME pongo en el puesto de Mariano Rajoy y se me revuelven las tripas sólo de pensarlo. Como a él también. La aceptación de una plataforma de etarras cuando existe una Ley de Partidos es quizá la mayor de las agresiones del Gobierno en estos últimos días, pero ¿cómo encajar todos los disparates que en política internacional humillan a la nación y las acciones pensadas para enfrentar a los españoles entre sí, como el desmantelamiento del Archivo de Salamanca, por ejemplo?

Nunca los ciudadanos españoles culparán al jefe de la oposición de las acciones a las que se ve obligado, del mismo modo que los espectadores no condenan a los actores inteligentes que intentan salvarse en una película de Tarantino. Porque todos saben muy bien quién tiene la responsabilidad de la carnicería y el festín sangriento.

Callejón sin aparente salida
Por Javier Pérez Royo El País 16 Abril 2005

Desde 2001 las elecciones vascas se han convertido en un callejón sin salida. Formalmente se desarrollan como si fueran unas elecciones democráticas más, pero materialmente no lo son. Y no lo son porque falta el marco de referencia compartido por todos los partidos que compiten electoralmente, sin el cual la democracia deja de ser posible.

No es verdad que en democracia se puede discutir todo. Se puede discutir casi todo, pero no todo. La democracia es, ante todo, acuerdo sobre determinados principios que no pueden ser siquiera sometidos a discusión. Es la indiscutibilidad de esos pocos principios lo que nos permite discutir políticamente todo lo demás. Si esto se olvida, la competición electoral deja de tener naturaleza política, para convertirse en algo distinto.

Esto es lo que ocurrió en 2001 y es lo que está ocurriendo, aunque de manera distinta, en 2005. El marco de referencia constitucional-estatutario, que es el que da sentido político a todas las elecciones autonómicas que se celebran en España, fue abandonado de manera expresa en el País Vasco en 2001 y no ha podido ser sustituido por otro desde entonces, ya que el único que se ha propuesto como alternativa, el conocido como plan Ibarretxe, está muy lejos de ser aceptado por todos o, al menos, por una mayoría muy amplia, como el marco de referencia indiscutible a partir del cual los ciudadanos mediante el ejercicio del derecho de sufragio pueden arbitrar la competición política.

Mientras no se alcance un acuerdo sobre el marco de referencia que dé sentido a la competición electoral, los ciudadanos vascos no podrán salir del callejón sin salida en que se encuentran. Únicamente una mayoría abrumadora a favor de una determinada opción electoral podría sacar a la política vasca de esa situación. Y esa es una alternativa sencillamente inimaginable.

Por eso no entendí que quienes se autocalificaban de manera abusiva de constitucionalistas plantearan las elecciones de 2001 en los términos en que lo hicieron y por eso mismo no entiendo que los nacionalistas vascos estén planteando las de 2005 como lo están haciendo. Lo primero que hay que exigirle a una norma constitucional, y norma constitucional es tanto la Constitución como el Estatuto, es que tenga una función integradora. Si no la tiene, de Constitución o de Estatuto tendrá el nombre pero nada más. Es lo que le ocurrió a la Constitución de Jaime Mayor Oreja y Nicolás Redondo Terreros, que dejaba fuera del texto constitucional a todos los que no lo interpretaran exactamente igual que ellos lo hacían. Y es lo que le está ocurriendo al Estatuto del lehendakari Ibarretxe, que deja fuera a casi la mitad de la población vasca y que encuentra el rechazo casi unánime de la población española.

Cuanto más se profundice en esa dirección, más difícil será salir del callejón sin salida. Hasta el momento, únicamente el PSOE parece haberse movido de la posición que mantuvo en las elecciones de 2001. Ha abandonado de manera clara e inequívoca cualquier posición frentista y se manifiesta dispuesto a explorar vías alternativas a las que se han explorado hasta ahora. Por el contrario, tanto el PP como el PNV/EA, parece que se mantienen en las mismas trincheras de la pasada legislatura. O salen de ellas o se prolongará la situación de parálisis política e institucional en que lleva desde hace casi siete años el sistema político vasco.

Esto es lo que está básicamente en juego en las elecciones de mañana. O la política vasca se mantiene en el callejón sin salida o intenta salir de él con un pacto susceptible de ser aceptado como indiscutible por una mayoría muy amplia, que no puede ser menor que la que estuvo en el origen del Estatuto de Gernika. Desgraciadamente, no parece fácil que ocurra esto último.

¿Qué medios, qué fines?
AURELIO ARTETA/CATEDRÁTICO DE FILOSOFÍA MORAL Y POLÍTICA DE LA UPV-EHU El Correo 16 Abril 2005

Formamos una comunidad en la que una parte significativa de conciudadanos proclama hace tiempo su voluntad de secesión política, los unos mediante la violencia terrorista o su apoyo expreso y los otros por vías pacíficas. De modo que comparten el mismo fin y difieren en los medios para alcanzarlo. Suele olvidarse que comparten también las principales justificaciones teóricas en que sustentan la demanda de su común objetivo: al final, ambos juzgan esa meta y sus propios medios medios como si fueran un indiscutible derecho.

Les propongo, pues, pensar la relación entre ese fin nacionalista, sus medios respectivos y las razones con que pretenden legitimarlos. Hagámoslo a propósito de algunos interrogantes (a veces excusas, a menudo reproches o desafíos lanzados al adversario) que aquí están a la orden del día. A lo mejor esto nos ayuda en nuestra próxima cita con las urnas.

1. ¿Estamos de nuevo incoando un proceso de 'criminalización' de las ideas nacionalistas?

Vayamos por partes, si les parece. Sería bueno empezar por decir que la puesta en cuestión de las ideas políticas no equivale ni a sospechar de sus intenciones ni a imputarles crimen alguno, sino a examinar su grado de verdad o falsedad. Ni siquiera es faltarles al respeto, porque el único respeto que piden las ideas es tomarlas en serio, o sea, escudriñar sus fundamentos o sus flaquezas, contrastarlas con otras. Tampoco vendría mal después entender la diferencia entre las ideas teóricas, referidas a fenómenos sometidos a la férrea necesidad, y las ideas prácticas, que tratan de realidades nacidas de la libertad. Pues sólo estas últimas, por impulsar a la acción (o 'praxis'), afectan a nuestra comunidad política como tal.

Son esas ideas, doctrinas, ideologías o creencias las que, a través de las emociones y deseos que despiertan, orientan la conducta privada o predisponen a un comportamiento público. Pero si así de práctica es la función de tales ideas prácticas, habrá que sopesar con sumo cuidado su coherencia y fundamento racional, la justicia o injusticia de sus pretensiones. Cualesquiera ideas políticas, naturalmente, no tienen el mismo valor ni son defendibles por igual: lo mismo que sostener el derecho divino de los reyes hallaría hoy pocos partidarios, así también la concepción democrática resulta incompatible con las concepciones teocráticas, totalitarias o etnicistas del poder político. Que nadie se extrañe, por tanto, si añadimos, que ciertas ideas políticas resultan más criminógenas que otras. La doctrina de la superioridad de la raza aria y la inferioridad de la judía condujo a Auschwitz y a la 'solución final'; la tesis de que a toda nación le asiste el derecho innegable a ser Estado ha abocado en nuestro caso y en otros al terrorismo. No se dice con ello que haya una conexión 'necesaria' entre la doctrina etnonacionalista y la producción del terror, que la primera sea condición suficiente del segundo. Se dice que, en virtud del escaso respaldo del propósito de secesión y del derecho en que quiere fundarse, y dados ciertos factores actuales en el País Vasco, se crea una tendencia 'de hecho' a organizar, o a aprobar o al menos a disculpar el terrorismo. Camus ya dejó escrito que «un error no es peor que un crimen. Pero el error termina por justificar el crimen y proporcionarle su coartada».

2. ¿Es que el hecho de compartir un mismo fin (verbigracia, la secesión política) significa que se aprueben los medios criminales de alcanzarlo?

Claro que no. Ahora bien, haber desechado los métodos violentos no equivale sin más a consagrar cualesquiera otros métodos como moralmente impecables. Entre medios violentos y no violentos hay una diferencia cualitativa crucial, por supuesto, pero también subsiste otra diferencia nada desdeñable entre los mismos instrumentos no violentos según se acomoden mejor o peor al principio democrático. Desde criterios de justicia lingüística, pongamos por caso, la política sobre la lengua vasca -palanca primera de la 'construcción nacional'- carece de fundamento. Recurrir además a la desinformación sistemática, al adoctrinamiento escolar, a la mentira pública permanente, al victimismo como estrategia, a la coacción encubierta de los adversarios, etcétera, es servirse de prácticas repudiables. Esos medios no son criminales, tal vez ni siquiera podrían ser tachados de ilegales; pero no dejarían por ello de ser inicuos. Nadie podrá acusar a esas personas autocalificadas como moderadas de ser violentos, pero ¿negará alguien las pruebas (no sólo los indicios) de cuánto han animado y siguen animando a los violentos?

Por si todavía quedaran incrédulos, miremos si el grupo moderado denuncia la estrategia del terror y persigue sin descanso a los terroristas o bien, como han llegado a reconocer las autoridades y los policías, procura expresamente no perseguirles. Lo que es más, veamos de cuántas maneras nuestro mismísimo Gobierno vasco alienta e incluso ampara a los cómplices directos de los terroristas. He aquí algunas de esas maneras en tiempos recientes: mediante recursos jurídicos cuando son ilegalizados, subvenciones oficiales a sus actividades de toda índole, la desobediencia a la hora de disolver su grupo parlamentario, el aprovechamiento de sus votos en votaciones cruciales, la vigilancia de los tribunales que los procesan, el apoyo de candidaturas electorales que los disfrazan, y así sucesivamente. ¿Hay quien dé más?

De suerte que no habría que descartar que el mismo objetivo político trate de alcanzarse por la conjunción o alternancia de medios violentos y no violentos. Pongamos que eso se llama pacto de Estella. Premeditada o no tal 'división técnica' del trabajo de la secesión, lo indudable es que unos y otros se aprovechan respectivamente de las ventajas institucionales de éstos o intimidatorias de aquéllos. Vamos, que unos sacuden el árbol mientras otros recogen los frutos. ¿Cómo delimitar entonces la responsabilidad política de cada uno de ellos? ¿Podría todavía escudarse en su pregonado carácter pacífíco y democrático el partido que acepta beneficiarse objetivamente de los efectos del terror...?

3. Que un objetivo público se propugne de parte de algunos mediante el asesinato, la amenaza y la extorsión, ¿acaso obliga a renunciar a ese objetivo a quienes lo pretenden por vías pacíficas?

Evidentemente esa sola razón no obligaría a los pacíficos a semejante renuncia. Pero sí es, a mi entender, razón más que suficiente para que se impongan sin embargo otras obligaciones... que quizá acaben aconsejando la reformulación o el abandono de su proyecto.

El primero de tales deberes sería el de repensar la legitimidad (y no contentarse con su legitimación o respaldo mayoritario) del objetivo secesionista como tal, al margen del modo como se persiga. Porque un fin injustificable no se convierte milagrosamente en excelente por emplear medios menos malos. Habría que atreverse además a ponderar la validez de unas metas que, tras haber probado hasta ahora no ser alcanzables por otras vías, han requerido unos métodos coactivos y mortíferos. Por último, tocaría todavía analizar con todo rigor las condiciones del momento presente para concluir cuáles serían las probables consecuencias que el camino hacia tales metas provocaría. Pues no hay acción política moralmente aceptable, incluso por justa que parezca en abstracto, como de tal iniciativa se siguiera la partición en dos mitades de la sociedad a la que se aplica No hay voluntad que valga, no hay derecho alguno a decidir el destino de nuestra unidad política, si la consecuencia segura de su ejercicio actual fuera el sometimiento de la mitad menos uno de los conciudadanos a la mitad más uno.

Quien no entienda este lenguaje es que considera que sus fines son absolutos, es decir, un fanático dispuesto a lograr su objetivo a cualquier precio. Frente a ese iluminado se planta ese otro político -dice Max Weber- «que siente realmente y con toda su alma esta responsabilidad por las consecuencias (...), y que al llegar a un cierto momento dice: no puedo hacer otra cosa, aquí me detengo». ¿Acaso no ha llegado para los nacionalistas vascos ese momento?

Una radio en el batzoki
EL SUBMARINO La Razón 16 Abril 2005

Cuentan que un viejo gudari andaba trasteando ayer en el batzoki. Con el sonido de la radio pública vasca de fondo, un txikito de txakolí en una mano y el «Deia» en la otra, pasaba la jornada con tranquilidad y sosiego a pocos días de que acudiera a votar el domingo. Él no tenía dudas, el discurso le había convencido total y absolutamente. Ésa era la salida y no otra. Madrid no podía ser la solución. No son de los nuestros, nunca lo han sido, ya lo dijo «aíta». «Sí, lo proclamó Sabino Arana. Somos distintos, qué razón tenía. Si sólo hace falta verlos y oírlos». En ese instante, otro de los presentes pidió silencio. «Hablan de la campaña». Sonó en la radio un timbre de voz muy familiar, en pleno mitin. «Vascos y vascas», decía. El viejo gudari asentía y afinaba los sentidos para no perderse ni una palabra. Aquella voz prometía a los «vascos y las vascas», otra vez, un nuevo Estatuto, en definitiva, nuevas normas de relación con España y, lo más importante, la celebración de un referéndum en dos años para que los vascos, y sólo ellos, puedan decidir libremente ese futuro. «Pues claro, ése es el camino, no hay más. A ver si Madrid se entera de una vez. Nosotros somos los únicos dueños de nuestro porvenir, como el partido ha repetido tantas veces», meditó con el txakolí humedeciendo la garganta, mientras la radio concluía: «Palabra de José Luis Rodríguez Zapatero».

Elecciones, continuismo y cambio
ANDONI PÉREZ AYALA/PROFESOR DE DERECHO CONSTITUCIONAL EN LA UPV-EHU El Correo 16 Abril 2005

Uno de los rasgos distintivos de nuestras elecciones es que, en ellas, lo que parece que se dilucida no son, como en cualquier consulta normal, opciones de gobierno respaldadas por la mayoría parlamentaria que salga de las urnas sino que, a juzgar por los términos en que vienen planteándose últimamente, en cada una de ellas nos jugamos poco menos que el ser o no ser del país. Podría decirse que, en nuestro caso, las elecciones son algo más, mucho más, que el ejercicio colectivo del derecho de participación a través del voto para elegir a nuestros representantes en el Parlamento y, a través de ellos, al Gobierno. Si bien en todas las elecciones pueden apreciarse los rasgos reseñados, la tendencia en este sentido es mucho más acusada en las autonómicas, ya que en éstas se refuerzan los aspectos propios y específicos de nuestro particular microcosmos político.

Esta anormalidad electoral no es sino el reflejo de una anormalidad política más amplia y más profunda, que no ha dejado de condicionar durante las casi tres últimas décadas todos los aspectos de nuestra vida política, incluidas las propias elecciones. En este sentido, el principal factor de anormalidad política ha sido, sin duda, la persistencia crónica del terrorismo, cuya presencia en las propias campañas electorales, en numerosas ocasiones con gravísimos atentados mortales, necesariamente ha condicionado el desarrollo de los procesos electorales. No puede extrañar que, en estas condiciones, las elecciones tengan un significado distinto al que pueda tener cualquier consulta electoral en una situación de normalidad política; o, al menos, de ausencia de la forma más patológica de anormalidad política como es el terrorismo.

La anómala situación electoral que, de forma sistemática y continuada, se ha venido dando entre nosotros va a tener un punto de inflexión en su evolución a partir de mediados de la pasada década. Varios factores contribuyen a ello; de forma especial, la selección de las víctimas del terrorismo entre los candidatos electorales y los cargos electos, la irresponsable voladura del Pacto de Ajuria Enea como expresión de la unidad democrática frente al terrorismo, las primeras manifestaciones de rechazo radical y global del marco estatutario, el aglutinamiento de todo el nacionalismo en torno al Acuerdo de Lizarra y, vinculado a él, la declaración de tregua de ETA un mes antes de las elecciones autonómicas de otoño de 1998. A partir de este momento, ya no se trata de que las elecciones quedan condicionadas por la amenaza terrorista, como había venido ocurriendo hasta entonces, sino que los procesos electorales van a girar en torno al eje central del pronunciamiento sobre un nuevo marco jurídico político que reemplace al estatutario... como única vía para que desaparezca el terrorismo y para lograr la paz.

Tal fue el planteamiento que empezó a hacerse en las elecciones autonómicas de 1998, inmediatamente después del Acuerdo de Lizarra; así como también en las del 13-M de 2001, adelantadas obligadamente a causa de la ruptura de la tregua por ETA y la falta de apoyo parlamentario suficiente del Gobierno. Y ante las del próximo 17 de abril, el planteamiento sigue siendo básicamente el mismo (aunque en el momento presente hay que reseñar la importante diferencia de que, en contraste con la escalada terrorista previa a las elecciones de 2001, en la actualidad llevamos casi dos años sin atentados mortales, el periodo de tiempo más largo, superior incluso al de la tregua de 1998-99). En definitiva, ante lo que ha de pronunciarse el electorado no es sobre opciones de gobierno sino sobre un plan Ibarretxe concebido para aglutinar al nacionalismo en su conjunto, después de Lizarra, y que supone una ruptura con el actual marco estatutario (además de una colisión frontal con la Constitución).

Planteadas las elecciones en términos plebiscitarios en torno al plan Ibarretxe, lo que por otra parte el propio lehendakari se encargó de escenificar en el anuncio de su convocatoria, al dia siguiente del rechazo de su propuesta en el Congreso de los Diputados, caben varias opciones electorales. La primera, ratificar el plan presentado por el lehendakari, respaldando en las urnas a alguna de las formaciones políticas que lo votaron afirmativamente en el Parlamento vasco; entre las que hay que incluir, además del PNV/EA y EB-B, integrantes de la coalición gubernamental, a Batasuna, ya que sólo gracias a sus votos fue posible alcanzar la mayoría requerida para proseguir la tramitación del plan Ibarretxe.

En este caso, se trataría de la opción electoral continuista, cuyo efecto no puede ser otro que la reproducción, en términos muy similares, de la situación que se ha venido dando en esta última legislatura: gobierno tripartito con una orientación netamente nacionalista -la integración en él de EB-B no modifica en lo esencial este carácter, ya que la práctica gubernamental no se ha visto alterada por su presencia-, reforzamiento del proyecto nacionalista plasmado en el plan Ibarretxe ahora ratificado con el voto popular, y, sobre todo, mantenimiento de la confrontación con 'Madrid' sobre la base de la negociación del referido plan.

Caben también otras opciones electorales que no supongan el continuismo en relación con este último periodo y que no se limiten a un rechazo, sin más, del plan Ibarretxe; que, en cualquier caso, no puede ser aceptado; y no porque el lehendakari y su Gobierno no puedan presentar éste o cualquier otro plan, sino porque una propuesta de estas características, que no es otra cosa que el programa reivindicativo máximo del radicalismo nacionalista, nunca puede servir como documento de partida para acordar un marco común para todos, incluidos los no nacionalistas. Ahora bien, además del rechazo, a través del voto, de la propuesta soberanista patrocinada durante la última legislatura por la coalición tripartita de gobierno (además de por los votos necesarios de Batasuna), es preciso también contribuir a abrir, después de las elecciones, un proceso sobre bases nuevas, compartidas desde el principio por una amplia mayoría, que haga posible la consecución de acuerdos transversales sobre el marco político.

Estas elecciones pueden ser una buena oportunidad para abrir una vía en el sentido indicado, frente a la perpetuación del continuismo de la última legislatura, condicionada por el plan Ibarretxe (a su vez, continuista con la anterior, marcada por el Acuerdo de Lizarra desde 1998). Se trataría, en definitiva, de utilizar el voto como el mejor instrumento para fortalecer las opciones de cambio político en nuestro país; un cambio necesario que, para ser realmente efectivo y poder contribuir a afrontar los principales retos que tiene planteada la ciudadanía vasca en el momento actual -entre ellos de forma señalada el acuerdo sobre un marco político común y compartido-, ha de darse sobre la base de la transversalidad.

Lo que quieren los vascos
Mª ANTONIA IGLESIAS La Voz 16 Abril 2005

MAÑANA van a votar los ciudadanos de Euskadi convencidos, ellos, de que solamente van a elegir una opción de gobierno para los próximos cuatro años. Tienen los ciudadanos de Euskadi ese convencimiento inevitable después de haber sufrido una gélida campaña electoral, no por gélida menos agobiante y repetitiva, en la que es eso lo que les han asegurado los candidatos en liza: que de su voto depende el color del gobierno que les va a llevar de la mano a esa Arcadia feliz que es la tierra prometida y nunca cumplida.

Pero se equivocan. Se equivocan ellos, los políticos. Esta vez sí que se equivocan. Porque lo que mañana se decide en Euskadi no es otra cosa que su futuro como sociedad avanzada y moderna. Algo bastante más importante que un programa de gobierno, sin duda. Y es que, tal y como están las cosas, esto no da para más. Me explico: ya no cabe, en la dialéctica política entre nacionalistas y no nacionalistas, ni una sola vuelta de tuerca más, ni un gramo más de ofertas imposibles de cumplir, ni más anatemas patrióticos de los unos sobre los otros. La sociedad vasca es sanamente hedonista, disfruta de un excelente nivel de vida y está harta de violencia. Pero también está harta de política hueca. Los vascos soportan, ya con indisimulada impaciencia, a sus políticos. Los índices de previsible abstención que se intuyen en la atonía de la campaña electoral lo dicen bien claro. Y es que los vascos no son tan raritos como suponen quienes nunca han pisado Euskadi. Y, mira tú por dónde, resulta que lo que quieren es simplemente futuro por el que caminar sin más problemas que los que ya tienen, que son bastantes. Por eso, los sondeos, nada científicos pero solventes de los mentideros de ciudades y pueblos emiten mensajes bien claros de lo que quieren los vascos: menos políticos especialistas en crear problemas y más de esos, tan escasos, que se ocupan de solucionarlos. Menos planes que poco se entienden, pero también menos patriotismo de trinchera. O sea, que me parece que los vascos lo que quieren es consenso, entendimiento, transversalidad. Un gobierno que represente sus aspiraciones reales, más allá de mayorías cogidas por los pelos y enfáticamente exhibidas. Y no estoy hablando de una quimera, de un sueño imposible. Porque Euskadi disfrutó no hace tanto tiempo de un gobierno y de unas políticas de cohabitación que encontraron en el hábito y en la necesidad del diálogo la forma de repartir algo tan escaso como la paz política.

Por eso mañana Euskadi se juega mucho más que la opción de gobierno. Lo que está en juego es su futuro como sociedad plural en la que el triunfo de una mayoría no determine, fatalmente, el aislamiento de la minoría. Que, por lo demás, en el País Vasco, todo está partido casi por la mitad. Si el ganador percibe esta contundente realidad, habrá merecido ganar. Si no, tendrá sobre sí la enorme responsabilidad de cerrar las puertas del futuro a los vascos. Lo dicho: menos planes , menos anatemas y más modernidad. Porque la modernidad es, sobre todo, el mejor conjuro contra la violencia.

Como aquí no se vive
JOSÉ MARÍA CALLEJA El Correo 16 Abril 2005

Quiere el cabeza de lista del frente nacionalista que preguntemos a los gallegos que viven aquí para que nos digan lo bien que viven. (Ver entrevista con Juan José Ibarretxe en 'La Voz de Galicia'). Uno, que es muy obediente, se ha ido a preguntar a los gallegos que, se supone, deben confirmar que viven aquí muy bien, como en ningún otro sitio. Este es el resultado del trabajo.

Angel Facal Soto. Su padre llevaba, a mediados de los ochenta, el humilde negocio del gasolino de Pasajes, un barcucho que traslada a los vecinos del pueblo desde la margen derecha a la margen izquierda, y al revés, de la embocadura de la Ría de éste pueblo de Guipúzcoa en el que se concentra el mayor número de gallegos de la provincia. También llevaba, no se si es así en la actualidad, los barcos que hacían de prácticos en el puerto de Pasajes. Ángel era aficionado a fumar porros y todas las tardes se le podía encontrar uno comiéndose un bocata, sentado en el alféizar de un bar de Pasajes. El comando Oker, ese en el que estuvo 'la tigresa', le descerrajó un tiro en la frente en la tarde del 28 de febrero de 1985. Dos criminales que iban en moto apenas se bajaron para cometer su heroicidad, dispararon a sangre fría contra este pobre hombre. Tengo grabada la imagen de ésta víctima: un charco de sangre en torno a la cabeza y un reguero en la acera, buscando la calzada. En los alrededores, la chavalería curiosa y juguetona y un juez de paz como única autoridad, a la espera de la llegada de un juez de San Sebastián que levantara aquel solitario cadáver: barbudo, desaliñado, patético en su soledad rodeada de bullicio. Eran los tiempos en los que ETA decía luchar contra la droga y asesinaba a pobres gentes como Ángel Facal Soto. Luego vinieron los miembros de los comandos de ETA empastillados de 'speed' hasta las cejas para mejor liberar al pueblo vasco.

José Humberto Fouz Escobedo, de 28 años; Fernando Quiroga Veina, de 25; Jorge Juan García Carneiro, de 23. Tres jóvenes gallegos, de La Coruña; los dos primeros trabajaban como agentes de aduanas en Irún, el tercero aspiraba a trabajar también en el sector. Vivían juntos. La tarde del 24 de marzo de 1974, los tres jóvenes decidieron ir al cine, querían ver 'El último tango en París', una peli en la que salía Marlon Brando desnudo, en una escena inolvidable, y que estaba prohibida entonces en España. Esa fue una peregrinación que hicieron otros muchos españoles, como otros fueron a ver 'Enmanuelle' a Portugal, un minuto después de la Revolución de los claveles, el 25 de abril de 1974, 'Grandola Vila Morena' y así. El aparato represor etarra detectó en Francia a los tres jóvenes gallegos juntos -habían dicho que irían a un cine de Hendaya o de San Juan de Luz-; los etarras los secuestraron, les torturaron salvajemente, les asesinaron e hicieron desaparecer sus cadáveres. Hoy, 21 años después de aquella barbarie impune, sus familias no saben de ellos. Coral Rodríguez Fouz, militante del PSE-EE-PSOE, que va en las listas para la renovación del Parlamento vasco, anda desde hace años empeñada en que se aclare este caso de secuestro, tortura y muerte, por parte de miembros de esa organización terrorista nacionalista vasca que ustedes conocen de sobra.

Francisco Machío Martos. Fue asesinado el 7 de junio de 1983 en Azpeitia. Su funeral, celebrado en una tarde de calor abrasador, estuvo atestado de nadie. El muerto en su féretro, la madre enlutada, con ese luto que llevan algunas mujeres que parece eterno, casi previo a la muerte. Unos niños, que huían del calor y que buscaron amparo en la umbría de la Iglesia y un servidor, que tuvo la ocasión de 'cubrir' informativamente aquel funeral. Ni una autoridad local, ni una autoridad provincial, ni una autoridad estatal..., aquel hombre se murió de un tiro en la cabeza rodeado de nadie, con un cura con ganas de acabar.

Miguel Ángel Blanco. Fue secuestrado por el grupo terrorista ETA un 10 de julio de 1997 en el andén de la estación de Eibar. Dos días después, los etarras le dispararon en la cabeza y le dejaron medio muerto. Perdió la vida unas horas más tarde. La movilización que se desató por su secuestro fue uno de los peldaños más importantes en la lucha por las libertades de este país. Fue ese momento en el que decenas de miles de súbditos, paralizados por el terror, salieron del armario del miedo y se convirtieron en ciudadanos por unas horas. Aquella insurrección cívica y pacífica asustó a los nacionalistas que, ya saben, vieron que una posible derrota policial del terrorismo nacionalista vasco podría acarrear también la derrota política del nacionalismo y el triunfo de los ciudadanos recién inaugurados y representados por el PP y por el PSE-EE-PSOE. De ese miedo nacionalista a perder el pesebre surgió luego el pacto con los terroristas para desplazar a socialistas y populares de cualquier instancia de poder, por mínima que fuera, de la CAV. Los padres de Miguel Ángel Blanco son gallegos, y como tantos otros, se habían desplazado al País Vasco en busca de un trabajo que, gracias en gran medida al franquismo, era más fácil encontrar aquí que en otras partes de España. Vivían en Ermua, que junto con las localidades de la Margen Izquierda, acoge el grueso de la inmigración gallega aquí.

Hay gallegos policías nacionales, hay gallegos guardias civiles que también han sido asesinados. A todos ellos, igual que a los citados, resulta imposible sacarles una respuesta, ya se sabe que después de que le asesinen uno no está para nada.

El cabeza de lista del frente nacionalista le explicaba un día al hijo de José Ramón Recalde, mientras éste se debatía entre la vida y la muerte, que «como aquí, no se vive en ningún sitio». Tiene razón, aunque por causas contrarias a las que piensa: como aquí, no se muere en ningún sitio; por ejemplo, de la Unión Europea. Como aquí no se vive en ningún sitio: con las gentes del PP y del PSE escoltadas, con profesores escoltados, con empresarios extorsionados y escoltados, con policías autonómicos absentistas por el miedo, con miles de vascos fuera de la CAV, hartos ya de estar hartos de tanta muerte y tanta estupidez; de tanta barbarie y tanta indiferencia moral. Como aquí, no se muere en ningún sitio.

Es verdad. Como aquí no se vive en ningún sitio: comemos bien, bebemos buen Rioja; tienen, algunos, casa en Marbella, colonizamos Cantabria, y así. Si no te metes en política, es decir, si eres nacionalista del PNV o EA, vives muy bien.

La farsa de las elecciones vascas
Por Luis María Anson La Razón 16 Abril 2005

El País Vasco vive bajo la dictadura del miedo. Por otra parte, después de casi tres décadas de gobierno del PNV, que es una especie de PRI euskaldún, cerca del cincuenta por ciento de los vascos dependen directa o indirectamente del presupuesto autonómico.

Funcionarios que crecen de forma galopante, empresas públicas o semipúblicas, subvenciones, comisiones, ayudas, recalificaciones, prebendas del más vario género han enturbiado las aguas de la democracia.

No existe libertad para votar. El sufragio está condicionado. Cerca de 400.000 vascos, empresarios, políticos, periodistas, universitarios, intelectuales, marcharon al exilio en los últimos años para salvar la vida.

De esta atroz realidad jamás hablan Arzallus e Ibarreche. La mitad de los representantes populares viven con escoltas. Los ciudadanos no se atreven a hablar con claridad en lugares públicos. Las paredes batasunas oyen.

Los etarras están en todos los sitios. O algunos soplones del PNV. Compran los vascos el diario «La Razón» escondiéndolo en otro periódico. Están aterrorizados.

Así es que las elecciones de mañana son una farsa. Aunque ganen los partidos constitucionalistas, la farsa permanecerá y los resultados estarán tal vez menos adulterados pero adulterados, al fin y al cabo, por el miedo y los tentáculos con vocación totalitaria del PNV. Para colmo Zapatero ha vuelto a legalizar de hecho a Batasuna.

Y los proetarras se sentarán en los escaños parlamentarios para escarnio de las víctimas. El presidente prepara un Gobierno vasco del PNV apoyado por los socialistas. A continuación maquillará un poco el «plan Ibarreche» para salvar la cara, lo aprobará en el Congreso y permitirá al lendakari que convoque su referéndum.

Entre todos hemos llevado la idea al conjunto del pueblo español de que estamos ante unas elecciones democráticas normales, como las que se celebran en Andalucía o Canarias. No es así. Mañana se oficiará la ceremonia de la confusión. Se sancionará democráticamente la gran mentira en la que desde hace muchos años se debate el pueblo vasco.

Errada y servil decisión
EDITORIAL Libertad Digital 16 Abril 2005

Hay días en los que no es muy difícil advertir quién es realmente el que gobierna en España. Uno de esos días fue ayer, viernes 15 de abril, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Quien ayer dictó a distancia la principal de las decisiones tomadas en el Consejo no fue el presidente del Gobierno sino su más firme apoyo en el Parlamento, un conocido partido republicano, que profesa una ideología a caballo entre el nacionalismo y el socialismo y que apenas cuenta con 650.000 votos. Sí, sólo 650.000 votantes en un país que pasa de los cuarenta y dos millones de habitantes. Sin este partido y sin la debilidad política y moral del Gobierno socialista es virtualmente imposible entender la arbitrariedad que el Consejo de ministros cometió ayer ordenando el traslado inmediato a Barcelona de los legajos de origen catalán que se conservan en el Archivo General de la Guerra Civil, que, físicamente, están en Salamanca, pero que bien podrían hallarse en cualquier otra ciudad de España.

No ha valido de mucho insistir a lo largo de los últimos meses que trasladar el Archivo era una estupidez soberana y contraria al más elemental sentido común. Por un lado, criterios técnicos indicaban que los archivos han de permanecer unidos allá donde se establezca su sede. Y por otro, había y hay motivos políticos para no remover de un modo oportunista e irresponsable una etapa de nuestra historia común a la que le debemos respeto y en la que no entra, o no ha de entrar jamás, la demagogia y la especulación política. Frente a ello, frente a argumentos de tal peso, ha bastado una simple amenaza proferida por un diputado separatista en la cámara baja para que el Gobierno se precipitase en una decisión que puede salirle más cara de lo que piensa.

A pesar de que la ministra Carmen Calvo, en su habitual simpleza trufada de ignorancia, no vea más que un simple traslado de papeles que “no tienen nada que ver con Salamanca, ni con Castilla y León, ni con la Guerra Civil”, lo cierto es que ayer se sentó un precedente que puede traer cola y ser el inicio de una irracional “guerra” de los archivos. Porque puestos a exigir al vecino, casi cualquier ciudad, cualquier pueblo está en posición de valerse de los mismos argumentos para pedir el retorno de legajos históricos, documentos importantes u obras de arte. De semejante escenario, que por absurdo no tendría cabida ni en una película de Fellini, estamos más cerca hoy que ayer gracias a una errada y servil decisión de un Gobierno que se dice de todos los españoles.

Tal vez Carod Rovira, que, en un irredentismo digno de una opereta bufa, se ha tomado esto del Archivo como una cuestión de dignidad nacional, se encuentre satisfecho del poder omnímodo que ejerce sobre el Ejecutivo de Zapatero y ande ufano presumiendo del prodigioso rendimiento que le está sacando a su exigua minoría de ocho diputados. Sin embargo, no debería tenerlas todas consigo. El alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, ha dejado claro que, de su ciudad, no va a moverse ni un papel. El Partido Popular en el Congreso, por su parte, presentará una enmienda a la totalidad de un proyecto de Ley que aún ha de hacer su recorrido por las cámaras legislativas. En una de ellas, en el Senado, este partido posee mayoría, por lo que lo más probable es que el proyecto de Ley se eternice en un agónico ir y venir del Congreso al Senado y viceversa. Si la Ley termina por aprobarse, a los que luchan por la unidad del archivo aún les quedaría la impugnación de la misma ante el Tribunal Constitucional. Entretanto, la charlatanería nacionalista puede seguir causando estragos e inventándose afrentas imaginarias, que, para desgracia de todos, es su especialidad. Si eso es el diálogo, el talante y la España plural que prometía Zapatero antes de que la matanza del 11 de marzo reventase la campaña electoral del año pasado, mejor hubiera sido quedarse con lo de antes.

ARCHIVO TROCEADO
Editorial ABC  16 Abril 2005

EL Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley que formaliza la desmembración del Archivo General de la Guerra Civil, con sede en Salamanca. No se trata, en efecto, del Archivo de esta o de aquella ciudad, sino de una institución depositaria de la memoria histórica de toda la nación. Es muy grave, por ello, el oportunismo de que hace gala el Gobierno socialista para complacer a sus socios de ERC. El coste moral y político es altísimo: abre paso a la discordia territorial porque crea una sensación de agravio en Castilla y León y porque ciertos sectores del nacionalismo lo celebran como un triunfo de Cataluña sobre el conjunto de España. Aunque el Ministerio pretendía realizar una «entrega» discreta, el asunto alcanza tal dimensión que va a exigir -de acuerdo con los informes jurídicos pertinentes- una norma con rango de Ley. Es probable que acabe ante el TC, porque el artículo 149.1, apartado 28, de la Constitución atribuye al Estado unas competencias que no pueden ser transferidas a las Comunidades Autónomas sin otro argumento que la coyuntura política. Si cundiera el ejemplo, sería inevitable la ruptura de la memoria histórica de España.

El principio de unidad de los archivos es admitido de forma universal. Además, las pautas que rigen la gestión cultural exigen que se preserve la configuración actual de las instituciones; por ello causa alarma en museos, archivos y bibliotecas de otros países la noticia de que el Gobierno español promueve la disgregación. El discutido informe de la Comisión de Expertos se pierde en disquisiciones jurídicas, que no logran superar la objeción más elemental: si se «devuelven» los documentos a la Generalitat, ¿por qué no al resto de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos? A mayor abundamiento, Cultura ha transmitido estos días una lamentable impresión de debilidad en su negociación con el tripartito catalán. Carmen Calvo, con sus declaraciones erráticas, es incapaz de justificar una decisión que marca sin remedio su gestión ministerial. La convivencia se fundamenta en una comunidad de sentimientos compartidos. Es gravísimo, en términos democráticos, fomentar la discordia, incluso en el plano simbólico: alegría para unos y ofensa moral para otros, pocos días antes de celebraciones cívicas muy significativas. El Archivo de la Guerra Civil se ha convertido en la prueba concluyente de que Rodríguez Zapatero gobierna con una visión estrecha y de corto plazo, que sólo beneficia a quienes no son leales al proyecto constitucional.

Un desafortunado traslado
Editorial El Mundo 16 Abril 2005

El Gobierno decidió ayer que desmembrará el Archivo de Salamanca para entregar a la Generalitat catalana y a ciudadanos particulares de todo el país aquellos documentos que les fueron requisados durante la Guerra Civil. Se trata de una decisión sumamente desafortunada, tanto en el fondo como en la forma.

A nadie se le oculta que, tras el patético afán de varios ministros por justificar la decisión con emocionales cuentos de enamorados, el proyecto de ley responde a una demanda de ERC ya estipulada en el pacto de formación del tripartito de Cataluña, cuya factura paga ahora Zapatero.

Lo más alarmante es que por un acuerdo coyuntural entre partidos se vaya a deteriorar el Patrimonio Nacional que es de todos los españoles. Porque la medida supone, por mucho que se disfrace con Centros de Memoria Histórica, un daño enorme al Archivo.No hace falta un gran conocimiento de la materia para entender el disparate que supone afirmar, como hizo ayer la ministra, que la «unidad» archivística está garantizada porque en Salamanca quedará una «copia auténtica» de los documentos que se trasladen a Cataluña. El valor histórico de un Archivo consiste precisamente en mantenerlo tal y como fue constituido, con sus originales: tan fatal es fraccionarlo como añadirle postizamente papeles de otra índole; incluso su posible singularidad organizativa ha de perdurar. Si no, será otra cosa, no un Archivo histórico.

Igualmente disparatado es justificar la decisión como una respuesta más a las tropelías cometidas por el régimen franquista, porque precisamente es el respeto de las fuentes de la Historia la mejor forma de garantizar que el testimonio de lo que nunca debió ocurrir perdure en el tiempo.

En cuanto a las formas, el famoso talante del Gobierno ha estado ausente. Este, que ya negoció en exclusiva con la Generalitat los integrantes del comité de expertos, ha decidido hacer lo mismo para determinar qué papeles volverán a Cataluña, despreciando de forma burda a los responsables de Castilla y León. Se han ignorado además todos aquellos informes que desaconsejaban el traslado, como los de la Academia de la Historia y la UNESCO.

Eso sí, nadie podrá acusar a Zapatero de mirar por su tierra más que por otras comunidades.

Nótulas
Golpe de Estado permanente
Aquilino Duque Libertad Digital 16 Abril 2005

Todo bando o facción que no está seguro de su legitimidad de origen procura justificarse en el Poder mediante la legitimidad de ejercicio. Tal ocurrió con los partidarios de Isabel la Católica y con el régimen salido del 18 de julio. Eso explica el talante “revolucionario” –Castro dixit– de la olla podrida salida de las urnas ensangrentadas de los idus de marzo de 2004. Sin embargo, como ya no hay país que reunir ni pantanos que construir ni puestos de trabajo que crear, la susodicha olla podrida procura afianzarse en el Poder con decisiones “revolucionarias” que retrotraigan al país a fechas anteriores, no ya a la toma de Granada, sino a las Navas de Tolosa cuando menos. Tal vez no sea muy adecuado hablar de decisiones “revolucionarias”, máxime en una época en que la “revolución” ha perdido su juvenil atractivo, por lo que esas decisiones con las que cada día el potpourri gubernamental sobresalta a la nación corresponden más bien, no ya a una “revolución desde arriba”, sino a un golpe de Estado por etapas, a un golpe de Estado permanente. Llamamos golpe de Estado al atropello del ordenamiento constitucional, al incumplimiento de las leyes fundamentales. El fin último del potpourri gubernamental es, hablando por elevación, deshacer la obra de los Reyes Católicos, y para conseguirlo no se va a parar en barras legales, como se está viendo con el Poder Judicial y como se va a ver, si Dios no lo remedia, con la propia Constitución.

Utilizar el español
Cartas al Director ABC  16 Abril 2005

Conozco establecimientos con el rótulo en español en diferentes puntos de Europa y Estados Unidos y nunca han tenido absolutamente ningún problema por ello. Sin embargo, en Barcelona, el Gobierno autonómico está sancionando a los establecimientos con la rotulación en español y obligando a que los rótulos estén en catalán. Ante esto me pregunto en voz alta: ¿es legal que un ciudadano español sea multado por utilizar el español en España?, ¿acaso me tengo que ir a Estados Unidos para que no me multen por usar el español? En Cataluña, bajo la presión del nacionalismo y ante la indiferencia de las instituciones del Estado, estamos llegando a una situación lingüística muy grave, en la que decenas de conciudadanos nuestros están siendo denunciados y multados por cometer lo que algunos consideran un grave «delito»: utilizar el español en España. Juan Sánchez. Barcelona.

UA llama a los alaveses a «rebelarse» mañana en las urnas contra el plan Ibarretxe
B. CORRAL/VITORIA El Correo 16 Abril 2005

Unidad Alavesa puso ayer el broche final a una campaña desarrollada a pie de calle y centrada en el rechazo al plan Ibarretxe y la apuesta por un estatuto alavés. Anoche, en el transcurso de una cena con sus afiliados y simpatizantes, la candidata a lehendakari, Enriqueta Benito, pidió a los alaveses «que se rebelen en las urnas contra un plan que captura nuestra voluntad».

La secretaria general de UA advirtió de que «es terrible que nuestro futuro dependa del nacionalismo, el verdadero problema aquí» y se preguntó qué pasaría si «los alaveses iniciamos la desobediencia civil y no reconocemos al Parlamento vasco».

Además, acusó al PSE-EE de «bajarse los pantalones, para dar la impresión de que son más vascos que los nacionalistas». Tampoco el PP se libró de críticas, ya que «está de capa caída y sin crédito», y añadió que «llevan mucho tiempo viviendo del cuento sin hacer nada positivo por Álava».

Ante este panorama, la líder foralista anunció que «ha llegado el momento de pasar a la acción y luchar por la libertad y la autonomía foral». Una causa que, según ella, sólo defiende su partido, por lo que concluyó pidiendo el voto «para estar presentes en la próxima legislatura».

Vázquez seguirá la vía legal para mantener el doble topónimo
Francisco Vázquez advirtió ayer que el Ayuntamiento continuará con los trámites judiciales en defensa de la autonomía municipal y de la Ley de Grandes Ciudades, que nos capacita para elegir el topónimo de la ciudad .
J.Y. / A Coruña El Ideal Gallego 16 Abril 2005

El alcalde salió así al paso de las últimas declaraciones del presidente de la Xunta en las que éste anunció que no se va a modificar la Ley de Normalización Lingüística porque el PSdeG no apoyaría este cambio, circunstancia que el regidor niega.

De este modo, explicó que la decisión de hacer cooficial el nombre de la ciudad en castellano y gallego se hizo por respeto a las dos lenguas, para que cada uno utilice el término que quiera .

A partir de ahora todo el mundo sabe que quien se opone al uso del topónimo La Coruña e impone de manera unilateral un sólo concepto es la Xunta, denunció. En este sentido, afirmó que lamento profundamente esta postura, y mucho más cuando es fruto del incumplimiento de la palabra dada , en referencia a Fraga.

Sin excepciones
En otro orden de cosas, Vázquez arremetió contra la campaña publicitaria aparecida ayer en los periódicos gallegos en la que la Xunta acusa al Gobierno central de incumplir el Plan Galicia. Después de poner en duda la legalidad de los anuncios, el alcalde señaló que en aquello que afecta a mis competencias son falsos y no responden a la verdad .

Así, repasó los tres aspectos de la campaña que tocan directamente a la ciudad: Puerto Exterior, línea de alta velocidad y conexión con el Puerto de A Coruña. El regidor defendió la actuación del Gobierno y acusó a la Xunta de intentar engañar a los ciudadanos. No estoy dispuesto a permitir que se haga electoralismo desde las instituciones y además mintiendo , denunció.

Respecto al AVE, considera que lo relevante no son los plazos sino la calidad del tren. Me da igual el ejercicio 2007 que el 2010, lo que quiero es que sea alta velocidad , matizó.

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