AGLI

Recortes de Prensa     Viernes 29 Abril 2005
La quiebra del Estado
Ignacio Villa Libertad Digital 29 Abril 2005

Propuesta inaceptable
Editorial ABC 29 Abril 2005

Ibarreche, campora
EL SUBMARINO La Razón 29 Abril 2005

Pasividad cómplice de ZP
Isabel Durán Libertad Digital 29 Abril 2005

Pactar con ETA y el Islam
CÉSAR ALONSO DE LOS RIOS ABC  29 Abril 2005

El modelo financiero catalán
Primo González Estrella Digital  29 Abril 2005

Ronda estéril
Editorial El Correo 29 Abril 2005

Hacienda y autonomía
Editorial Heraldo de Aragón 29 Abril 2005

La nación y la cartera
FERNANDO ÓNEGA La Voz 29 Abril 2005

ZP y Francia
Agapito Maestre Libertad Digital 29 Abril 2005

Los últimos en Europa
Fernando Díaz Villanueva Libertad Digital 29 Abril 2005

INSOLIDARIA E INSOSTENIBLE
YOLANDA GÓMEZ ABC  29 Abril 2005

En el blog de Arcadi
29 Abril 2005

MANIFESTACIÓN DEL 1 de MAYO
Colectivos de Base por una Izquierda No Nacionalista   29 Abril 2005

El PSOE de Madrid también se levanta contra Maragall

Esther L. Palomera La Razón  29 Abril 2005

Un pueblo con más de 40 idiomas
PABLO MUÑOZ ABC   29 Abril 2005

El presidente de Filmax dice que doblar al catalán supondrá la muerte del sector
S. D. / S. R. La Razón  29 Abril 2005

Lea y adivine a quién apoyaron CC, CIU y PNV
Elena de Regoyos Periodista Digital  29 Abril 2005

La Generalitat obligará a los profesores universitarios a tener un alto nivel de catalán
J. GUIL ABC   29 Abril 2005

La intervención del intérprete de euskera en un juicio en el País Vasco no vulnera derechos
N. C. ABC  29 Abril 2005

Vaya TCpollez
Nota del Editor  29 Abril 2005

Guerra dice que el proyecto de reforma del Estatuto catalán “viola sistemáticamente la Constitución”
Europa Press Libertad Digital  29 Abril 2005


 

La quiebra del Estado
Ignacio Villa Libertad Digital 29 Abril 2005

Esto no ha hecho más que empezar. La irresponsabilidad de Rodríguez Zapatero a la hora de afrontar el modelo nacional comienza a dejar huellas y marcas en su trayectoria como presidente del Gobierno. Zapatero nos ha metido a todos en un camino de complicado retorno y de imposible justificación. No podemos olvidar la permanente hipoteca política y real que tiene el Gobierno central de los independentistas catalanes. Esa es la clave. Los ejecutivos socialistas de Madrid y de Barcelona dependen de los caprichos, de las excentricidades, de las barbaridades y de las ocurrencias de Esquerra Republicana.

Con ese trasfondo unido a la debilidad política de Zapatero aparece en escena el verdadero talante de obediencia del actual Ejecutivo. A estas alturas, todo indica que el propio presidente del Gobierno se ha pasado de talante. Tanta cesión, tanta blandura provocan lo que están provocando. Zapatero ha conseguido convertir en una subasta pública la reforma de los Estatutos y de la Constitución. Estamos inmersos en la permanente pregunta: ¿Quién da más?.

El presidente del Ejecutivo ha entrado en tal dinámica de desbarre, que incluso sus propios barones autonómicos han puesto el grito en el cielo. Ante los intereses "egoístas" de Maragall –en la propuesta de financiación autonómica- desde Andalucía, Asturias o Castilla-La Mancha no ven viable esta aventura. Incluso el vicepresidente Solbes ha advertido al Gobierno Catalán que se deje de historias. Y es que las "baronías" socialistas saben que Zapatero tendrá que terminar obedeciendo a los "dueños catalanes".

Con este panorama, los socialistas se vuelven a encontrar de bruces con aquella inútil cumbre de Santillana del Mar, donde escenificaron un acuerdo inexistente para tranquilizar a Maragall. Un acuerdo sobre el modelo de España que nada tiene que ver con la situación actual. Aquella monserga era cuando el PSOE estaba todavía en la oposición. Ahora las cosas han cambiado y Zapatero está en la Moncloa. Antes podía permitirse el lujo de hacer tonterías, ahora esas tonterías se traduce en jugar con el dinero de todos. Y eso, señor Zapatero, son palabras mayores. El presidente del Gobierno no puede aceptar una propuesta que significaría la quiebra del Estado de cuajo.

Propuesta inaceptable
Editorial ABC 29 Abril 2005

LA pasividad del Gobierno, su dependencia aritmética del tripartito catalán, su aceptación de una regresión autonómica absolutamente contraria a la evidencia, su silencio respecto a la utilización torticera del concepto de déficit fiscal territorial y su irresponsabilidad al abrir la reforma estatuaria sin objetivos claros han conducido a un nuevo enfrentamiento institucional de imprevisibles consecuencias. Porque la propuesta de financiación autonómica del Ejecutivo catalán es sencillamente inaceptable para cualquier gobierno que quiera mantener los principios constitucionales de igualdad, solidaridad y unidad de mercado. Cobran ahora todo su sentido las advertencias lanzadas por Felipe González y Alfonso Guerra.

Zapatero ya no puede permanecer más tiempo callado, porque el que calla otorga. Y otorgar significa aceptar un régimen confederal, incompatible con la Constitución, pero coherente con las aspiraciones de los nacionalistas, que siempre han pedido una negociación de iguales entre dos soberanías originarias. Nunca han aceptado el Estado de las Autonomías, sino que postulan la libre adhesión entre naciones. En eso coinciden el plan Ibarretxe y la propuesta del Ejecutivo catalán, aunque la mayoría de los componentes de este último les separe radicalmente su actitud ante la violencia. Los nacionalistas catalanes siempre han considerado un agravio el Concierto Vasco. Ahora se apuntan a sus efectos y exigen equipararse en sus resultados en quince años, aunque al hacerlo nieguen la razón de ser de supuestos derechos históricos territoriales.

El sistema de financiación prevé una Agencia Tributaria propia y una Comisión Mixta Estado-Generalitat, como órgano bilateral de coordinación cuya presidencia se ejercería por turno rotatorio. Lo primero significa que se rompe la unidad fiscal, con grave riesgo de clientelismo político, descoordinación y fraude. Lo segundo, que las cuentas de Cataluña se desvinculen del devenir económico y financiero de las demás Autonomías y se negocien entre iguales con el Gobierno central. Además, el Estado garantizaría la suficiencia financiera de Cataluña, pero no a la inversa, cuando es ésta la que recauda. Y se limita unilateralmente la aplicación de cualquier mecanismo de solidaridad interterritorial que pueda establecer el Estado a mantener la posición de Cataluña en el ranking de renta per cápita. El tripartito pide también negociar una compensación por la deuda histórica provocada por los sistemas anteriores. Una lógica reivindicativa peligrosa que podría llevar un día, por ejemplo, a que el resto de España pida una compensación por el proteccionismo económico de inspiración catalana o que Andalucía exija una indemnización por la contribución de sus inmigrantes, o que Extremadura reclame un pago por su déficit comercial bilateral. Un despropósito y un país ingobernable.

Hay motivos económicos, políticos y constitucionales para una radical oposición democrática a esta propuesta, al margen de que se pueda negociar el reparto cuantitativo de la recaudación de las distintas figuras impositivas. Pero siempre en un marco de igualdad entre Comunidades, en un sistema general para todos, fuera de la negociación de un Estatuto concreto, y en el que quede consagrada la soberanía fiscal del Estado. Si además el PSOE fuera capaz de garantizar que no va cambiar de idea, como después de 2001, cuando aceptó un sistema definitivo de financiación que rechazaba la generalización del Concierto, se cerraría por fin un debate estéril que sólo divide a los españoles. Desde el punto de vista económico los números del Estado no cuadran, y el sistema es ineficiente e insolidario, en negociación permanente y con unos costes de gestión muy elevados. Desde el punto de vista político, Cataluña pretende una relación de igual a igual con el Estado, completamente al margen de las otras Comunidades, un Concierto particular que confunde deliberadamente la solidaridad entre las personas con la solidaridad por metro cuadrado, lo que no parece muy socialista. Y es una propuesta anticonstitucional porque choca frontalmente con el Estado de las Autonomías y se enmarca no ya en una visión federal, sino confederal de España.

Ibarreche, campora
EL SUBMARINO La Razón 29 Abril 2005

«La machacona insistencia de María San Gil sobre la necesidad de la alternancia en el poder ha calado en la sociedad y es posible que, salvo a quienes no hayan vivido con claridad en la política y a los que no deseen perder sus prebendas, apetezca ventilar el ‘Versalles vascongado’, tras tanto tiempo en el poder. (...) La marcha de Ibarreche y la visualización de la alternancia en el gobierno de Vitoria, despues de tantos años, rebajaría la tensión en nuestra ‘Tierra de Martirio’, como la llamaba Benito Pérez Galdós, propiciaría la puesta en marcha de proyectos empresariales y convertiría al País Vasco, a los ojos del mundo exterior, en un pueblo que marcha por el camino de la normalización». La cita no corresponde a un boletín del PP, ni ha sido publicado en una revista de los socialistas vascos. No. El artículo, bajo el título «Vientos de cambio en Ajuria Enea», aparece en el confidencial próximo al PNV en el que inserta sus artículos Javier Arzallus y que fue el que dio la voz de alarma sobre la candidatura del Partido Comunista de las Tierras Vascas. Quienes han hecho llegar a este submarino el artículo comentan que los resultados del 17-A han provocado una auténtica conmoción en el PNV, que se siente como el gran perdedor de los comicios. «Ibarreche, campora» (Ibarreche a la calle), susurran ya algunos.

Choteo terrorista
Pasividad cómplice de ZP
Isabel Durán Libertad Digital 29 Abril 2005

El presidente del Gobierno y el fiscal General del Estado tienen en sus manos impedir que los defensores de los asesinos, secuestradores y extorsionadores se enquisten en las instituciones. Pero prefieren con su pasividad cómplice que sea la banda terrorista ETA la que mande. Ella tiene ahora la llave de la gobernabilidad en el País Vasco. Y se sabe más fuerte que nunca: consiguió que el plan nazionalista de Ibarretxe se aprobara gracias al visto bueno del jefe de los pistoleros, como lo hizo saber en la sesión parlamentaria más ignominiosa y aberrante jamás ocurrida en todo el territorio español. El terrorismo dio así la victoria parlamentaria al nacionalismo xenófobo, racista, antidemocrático e independentista y ahora se cobrará la pieza en la precaria victoria electoral del PNV con la inestimable ayuda de ZP.

El Partido Comunista de las Tierras Vascas “es la parte más marxista de Batasuna-ETA y de la izquierda aberzale”, según la propia descripción de la Guardia Civil. El País Vasco, Cataluña y el Gobierno de España, por voluntad propia están por primera vez en la democracia en manos de furibundos radicales antiespañoles. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero así lo ha querido en todos los casos. Por el momento, en Cataluña se celebra ya el funeral del actual sistema de financiación. Mientras, el incumplimiento expreso de la ley por parte del jefe del Ejecutivo y de su particular fiscal, a base de maniobras dilatorias a la hora de aplicarla, sitúa a los terroristas políticos en privilegiados ciudadanos de primera por encima de las leyes, les inyecta fortaleza política y moral además de una legitimidad impensable hace tan sólo unos meses.

ZP y su alto representante del ministerio público serán, para empezar, responsables del atrincheramiento etarra en las instituciones públicas. El choteo terrorista empezará por la cámara autonómica y se mofará desde las Diputaciones y corporaciones locales, tal como exigen sus portavoces. A quienes el Supremo consideró parte de la trama de los asesinos y la Guardia Civil no tiene dudas de que son su prolongación, Zapatero y Conde Pumpido apoyan con su consciente inacción. Pero el terrorismo refundado ávido de poder y necesitado de fondos públicos no se quedará ahí. Irá tomando posiciones y lo hará hasta en el Gobierno de Vitoria. ¿Veremos a Otegui de responsable de Interior, como auguró María San Gil o a Permach ejerciendo el control de la Ertzaintza o de la hacienda vasca? Puede que alguno de los interlocutores de los socialistas prefiera incluso convertirse defensor del pueblo ya que mientras los hombres de ZP hablan con los hombres de Ternera, el fiscal general del Estado no quiere “precipitarse”.

Pactar con ETA y el Islam
Por CÉSAR ALONSO DE LOS RIOS ABC  29 Abril 2005

El Gobierno pacta con ETA y tiende puentes con el Islam. ETA se instala en el Parlamento vasco (ya nadie podrá echar de él a los nueve diputados del Partido Comunista de las Tierras Vascas) mientras la emigración islámica se cuela por tierra, mar y aire gracias al talante comprensivo de Interior.

Según las estadísticas oficiales, los inmigrantes reconocidos ascienden ya al ocho por ciento de nuestra población total, esto es, tres millones y medio. Según los cálculos más realistas deberíamos hablar de un millón más. ¿Cuántos los islámicos? Pero, sobre todo, ¿cuál es el ritmo de crecimiento y cómo se establece en «ghettos» bien organizados, diferenciados, cultural y religiosamente enterizos y, por tanto, extraños?

No sabemos todavía si la masacre del 11-M fue concebida y llevada a cabo tan sólo por islamistas (marroquíes, tunecinos, egipcios) o si también tuvo connivencias decisivas ETA. Por si acaso, el Gobierno trata de desarmar a la ciudadanía española frente a los dos enemigos máximos de nuestra seguridad y de nuestra civilización. Intenta convencer a ésta de que el diálogo con ETA y la «alianza de civilizaciones» son los mejores remedios para la supervivencia.

Para el partido socialista la fórmula es clara: que los vascos aguanten la presencia legal de ETA (y de paso todos los españoles) y que los trabajadores aguanten en los barrios periféricos de las grandes ciudades, en los centros deprimidos de estas y en las poblaciones agrarias de Murcia o Almería la presencia organizada, cerrada, agresiva, de las instalaciones islámicas. ¿No tendrán un talante suficientemente comprensivo y dialogante las capas más populares españolas, es decir, los votantes del Partido Socialista?

Al PSOE no le salió mal políticamente la masacre del 11-M, hubiera estado o no mezclada ETA. Según la señora Pilar Manjón y el vídeo que dio Pedro Erquicia en su programa de la Primera de Televisión Española, el responsable fue el Partido Popular, que en el mejor estilo nazi habría incendiado el Reichstag.

¿Habrá nuevas matanzas organizadas por los islamistas o se contentarán con establecerse en ciudadelas culturales y religiosas? Más difícil es imaginar el futuro del País Vasco una vez legalizada ETA. Sí podemos afirmar que en el proceso la dignidad de la Nación habrá quedado pisoteada y que con los resultados del diálogo serán sacrificadas las víctimas por segunda vez. Desde Casablanca contemplará Felipe González el espectáculo del incendio de Roma. Es de esperar que, al menos, no cante.

El modelo financiero catalán
Primo González Estrella Digital  29 Abril 2005

Cataluña ya tiene sobre la mesa una propuesta de Estatuto y un esquema de financiación anexo. Aunque durante los últimos días se han multiplicado, sobre todo desde el propio PSOE, las voces críticas frente a los primeros esbozos de la propuesta, con participación de políticos de tanto peso como el mismísimo Alfonso Guerra, el Partido Socialista catalán ha impulsado la redacción final de un documento que desde muchos ámbitos del PSOE se considera “inasumible”.

El debate sobre la financiación de Cataluña, quizás el aspecto más sustantivo del Estatuto una vez relegadas a un segundo plano otras cuestiones aparentemente más simbólicas, a excepción de la que se refiere a la obligatoriedad de la lengua catalana, se puede considerar inevitablemente abierto, quizás para desdicha del propio partido gubernamental y desde luego del Gobierno. No es aventurado suponer que la puesta en marcha de la maquinaria de los agravios va a extenderse como el aceite por toda la geografía nacional.

Eventualmente, el mecanismo de solidaridad a la medida del donante que parece consagrar el proyecto de Estatuto catalán generará con seguridad agrias disputas internas en un partido cuyas siglas son inseparables de principios como el de la solidaridad interterritorial, en cuya definición participaron de forma muy activa los socialistas durante la Transición. Este mecanismo, vigente aún hasta la fecha con algunos retoques, es el que está vigente y el que debería haber servido de modelo para una actualización más acorde con las nuevas necesidades financieras de las Autonomías, sobre todo las que se derivan del fenómeno migratorio, de los cambios en la pirámide de edad y de las insuficiencias que por todo ello se han ocasionado al sistema sanitario. Por el contrario, el nuevo Estatuto catalán representa un giro radical que hace prácticamente tabla rasa de la experiencia acumulada en estos últimos años.

Un primer vistazo a las propuestas financieras que acaban de presentar los socialistas y sus socios catalanes suponen un torpedo en la línea de flotación de este modelo que, con sus carencias e imperfecciones, ha servido durante estos cinco últimos lustros para hacer más habitable el tránsito económico a lo largo y ancho del país, excepción hecha de los territorios forales del País Vasco y Navarra, que llevan su propia existencia, a la que los catalanes pretenden asimilarse en un plazo de 15 años.

El planteamiento de los economistas que han inspirado la parte financiera de la propuesta del Estatuto catalán, de corte e inspiración claramente federalista, se dice que siguiendo en modelo alemán, parte de la base de que Cataluña tiene un importante déficit fiscal con el resto de España. Déficit que se alimenta cada año que pasa y que tiene, además, un importante agujero histórico. Tanto de uno como del otro, el acumulado, las propuestas del tripartito afloran cifras que no dejan de causar escalofríos. Las cifras aportadas por los expertos catalanes reclutados por el propio Gobierno catalán hablan de un déficit equivalente a un porcentaje que oscilaría entre el 7 y el 9% del PIB catalán. En cifras absolutas, el presunto déficit en su versión nacionalista rondaría los 9.000 millones de euros.

No han estado diligentes el Gobierno ni el Ministerio de Hacienda a la hora de dotarse de argumentos para rebatir las cifras de que disponen los catalanes, aunque cabe suponer que desde el Gobierno se quiere eludir el debate abierto en torno a un asunto, el de las balanzas fiscales, que no suscita en absoluto unanimidad entre los expertos. Versiones parecen existir para todos los gustos y posiblemente dificultades reales para establecer una balanza fiscal entre territorios que tienen siglos de historia común a sus espaldas las hay en dosis elevadas.

Pero, quiera o no el Gobierno de la nación, la discusión sobre lo que Cataluña aporta y lo que Cataluña recibe, el debate sobre su grado de solidaridad con el resto del país, el alcance de su autonomía fiscal, va a formar parte esencial del recorrido negociador del Estatuto. Parece fuera de toda duda que el debate va a tener un importante desarrollo en el seno del propio Partido Socialista. No deja de resultar sorprendente, en este sentido, que el resto de los partidos, empezando por el Partido Popular, esté observando el debate desde la barrera, con escasa aportación de ideas y muy poca defensa de sus intereses, que los tiene. Galicia, sin ir más lejos. Puestos a hablar de agravios históricos, posiblemente debería ocupar la primera posición entre los económicamente marginados por la actuación económica y financiera del Estado central a lo largo de muchos lustros.

Salga o no adelante el modelo catalán, lo que no resulta lógico es suponer que las demás Autonomías, tanto las que aportan en términos netos como las que reciben, se van a quedar cruzadas de brazos. Desde el Gobierno ya se ha dejado caer la idea de que cualquier nuevo modelo de financiación que intente aplicar una Autonomía debe ser extensible a todas las demás. El cambio del modelo autonómico, en lo financiero, sólo debería hacerse de forma generalizada, de manera que en el puzzle encajaran todas las piezas sin estridencias. Pretender que se cambie una sola sin que las demás se muevan es políticamente incorrecto y económicamente inviable.

Ronda estéril
Editorial El Correo 29 Abril 2005

La ronda de conversaciones entre Juan José Ibarretxe y los demás candidatos a lehendakari llegó el miércoles a su fin sin añadir nada que no fuese previsible en la misma noche electoral. La confianza que Ibarretxe demuestra al reiterar que piensa continuar en el cargo responde, en el fondo, a la misma convicción que manifestó la presidenta de EA, Begoña Errazti, al considerar implanteable que la autonomía vasca pueda ser encabezada por un lehendakari de «adscripción nacional española». Es la confianza que muestran quienes están seguros de que, llegado el momento y en caso de empate a 33, bastará el llamamiento a la unidad abertzale para que EHAK preste a Ibarretxe la ayuda que requiera para superar a una eventual entente constitucionalista. Por eso resulta innecesario que el presidente del EBB se esfuerce en recrear sensaciones de equidistancia insistiendo en que su opción tripartita propiciará acuerdos puntuales con las demás formaciones. Durante la pasada legislatura la insuficiencia parlamentaria en la que se movió el Gobierno vasco se convirtió en una transferencia permanente de culpa a aquellas fuerzas que se negaban a secundar en el Legislativo los propósitos del Ejecutivo Ibarretxe. Pero en esta ocasión el PNV no puede eludir, si más, el rumbo que los siete parlamentarios concedidos a EA tratan de marcarle abogando por una alianza expresa con EHAK.

La exitosa irrupción de este partido y los límites mostrados por el arrastre electoral jeltzale pueden llevar a Ibarretxe a la tentación de enarbolar el precio de la paz como resorte para lograr aquello que las urnas le han negado. Eso parece cuando Ibarretxe actúa como si ya hubiese superado el trámite de su designación y anuncia su próximo encuentro con el presidente Rodríguez Zapatero como una oportunidad para «explorar caminos hacia la paz y la normalización política». Lo preocupante del caso es que el candidato a lehendakari de la coalición PNV-EA olvida intencionadamente que las instituciones no pueden explorar otros caminos hacia la paz que los que ETA trace mediante la renuncia definitiva a la violencia y su propia desaparición como poder fáctico. Mientras tanto la primera obligación que han de compartir el Gobierno autonómico y el central es la prevención y la persecución de la amenaza terrorista para lograr que el debilitamiento de la banda conduzca cuanto antes al definitivo final del terrorismo. Cualquier otro enredo lleva, directa o indirectamente, al abono de un peaje político a cambio de la paz y a prolongar el tiempo de la coacción liberticida.

Hacienda y autonomía
Editorial Heraldo de Aragón 29 Abril 2005

EL GOBIERNO catalán negocia a tres bandas -y vigilado por CiU- el nuevo Estatuto de Cataluña que Rodríguez Zapatero se comprometió a aceptar sin modificaciones, en caso de que tuviese consenso bastante en el Principado. La pretensión es cobrar todos los impuestos y ceder al Estado un máximo del 50 % de los ingresos obtenidos por IRPF, IVA, sociedades e impuestos especiales, como señala un capítulo específico del proyecto de Estatuto que elabora el "tripartito" catalán, en las mismas fechas en que Carod-Rovira insiste públicamente en su deseo de romper España cuando le resulte posible. Se crearía, así, un modelo de competencias autonómicas no afectadas por las leyes de bases del Estado, de muy difícil o imposible compatibilidad con la Constitución. Si tal modelo de Hacienda autonómica se generalizase, el tejido político, económico y social español necesitaría ser recompuesto de arriba abajo. Que las propuestas vengan de Esquerra Republicana no mueve a asombro. Pero que el proyecto lo auspicie Maragall -que tiene un ministro en la Moncloa- causa seria preocupación. El presidente del PSOE, Manuel Chaves, y el vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, han manifestado su oposición a estos afanes, que supondrían la expulsión fiscal del Gobierno central. Los presidentes de Castilla y León (PP) y Castilla-La Mancha (PSOE) afirman que no deben tolerarse "privilegios nacionalistas". Pero el "Govern" simula ignorar al resto del país, en un decepcionante ejercicio de autismo. Alfonso Guerra asegura que, si el proceso sigue por estos derroteros, habrá "que disolver el Parlamento y convocar elecciones", lo que encierra una fuerte crítica a Zapatero, que hizo promesas prematuras y debe frenar ya movimientos que, si progresan, tendrán difícil vuelta atrás. El talante abierto no está reñido con la firmeza.

La nación y la cartera
FERNANDO ÓNEGA La Voz 29 Abril 2005

CON LAS HERIDAS vascas abiertas por todas partes, aparece Cataluña en el debate de las reformas. Su nuevo Estatuto de Autonomía se enfrenta a multitud de obstáculos internos, recelos de los partidos, vigilancia lejana del gobierno central, pero avanza. Y avanza, como es natural, con mentalidad catalana. Algunos querrían una mentalidad puramente española, pero eso no es posible. Las aportaciones se hacen por nacionalistas catalanes, socialistas catalanes, comunistas catalanes, conservadores catalanes e instituciones catalanas. El resultado es el que corresponde a esa cocina.

De esta forma, todos intentan tocar pared para ver a dónde consiguen llegar. Esquerra, como corresponde a un partido independentista, quiso «colocar» el derecho de autodeterminación. Lo extraño sería que por lo menos no lo intentase. Sus votantes no se lo perdonarían. El siguiente sobresalto para el pensamiento ortodoxo es que Cataluña quiere definirse como nación en el preámbulo del Estatuto. El viejo grito de Pujol «son una nació», al fin puede tener reconocimiento legal, y en una ley que han de aprobar las Cortes Generales.

Lo maravilloso de este país es que esa definición no ha provocado ningún terremoto. En los debates de ayer no hubo reacciones críticas. Se comenta que el señor Piqué, cabeza visible del PP en Cataluña y ex ministro de Aznar, parece dispuesto a aceptarlo, lo cual pondrá a Rajoy en complicada situación. Y aunque el anterior Presidente del Constitucional, el gallego Rodríguez Bereijo, acaba de recordar que «hay una única nación, la española, y las nacionalidades y regiones son una parte de esa nación», tal claridad ideológica no ha tenido efectos todavía en el debate ordinario.

Aquí lo que importa es el dinero. Se ha difundido que el tripartito propone cobrar todos los impuestos y dar al Estado la mitad, y eso sí que provocó la alarma. Habrá tiempo de analizarlo. Baste decir hoy que Zapatero se ha visto obligado a poner el primer freno a Maragall: la financiación se tiene que acordar entre todas las autonomías. Pedro Solbes, cuya discreción es legendaria, se ha mojado y expresó también su rechazo. Desde otros ámbitos de gobierno y PSOE se califica esa forma de financiación como «inasumible». Y todos sabemos que la doctrina oficial es que no se aceptará ningún sistema similar al cupo vasco, por la sencilla razón de que se basa en razones históricas con rango constitucional.

Ese es el patio. Ya parecemos un país occidental. No nos soliviantamos por un concepto -salvo el de matrimonio aplicado a los gais-, pero nuestra clase política funciona como un resorte cuando se tocan los euros. Dicho en otras palabras: la nación se puede tocar, pero no nos toquen la cartera.

Referéndum europeo
ZP y Francia
Agapito Maestre Libertad Digital 29 Abril 2005

Cualquier ciudadano sensato tiene que estar preocupado por el resultado del referéndum francés sobre la futura Constitución Europea. Por el número de habitantes, por su peso histórico, por el debate profundo que algunos partidos políticos, especialmente el Partido Socialista Francés, han realizado sobre el texto del Tratado, por la subordinación asumida por el propio Gobierno de España a las decisiones de Chirac y, en fin, por otros mil motivos, la mayoría de ellos justificados, los europeos tiene razones suficientes para estar preocupados por el citado referéndum. También los españoles, incluido el jefe de la Oposición, están preocupados por el posible rechazo de los franceses a la Constitución Europea.

Sin embargo, Zapatero, como si hablara para extraterrestres, le ha afeado la conducta a Rajoy por esta preocupación. Comprendo que estas declaraciones no sorprendan a la mayoría de los españoles, pues tratándose de Zapatero todo es posible, pero yo confieso que me han dejado estupefacto, porque he regresado de un coloquio internacional celebrado en México, y organizado por la Fundación de Política Liberal Friedrich Naumann, sobre el futuro de la Constitución Europea y todos los debates se han centrado sobre el referéndum francés. Los ponentes nos dirigimos a todos los embajadores de las naciones de la Unión Europea en México. Tratamos mil asuntos sobre el Tratado, sus limitaciones y posibilidades, pero, al final, todo el debate giró en torno a los resultados franceses. Es el asunto político central de la agenda europea. Por ejemplo, el representante húngaro en México, después de quejarse del déficit de solidaridad con los países recientemente incorporados a la Unión, planteó la cuestión central: ¿por qué el país que parece salir más beneficiado de este Tratado, según todas las encuestas, puede salir rechazado en referéndum?

Las respuestas fueron contundentes y, en cierto sentido, muy parecidas a las mantenidas por la línea editorial de este periódico. Primera, porque un Tratado que más parece una ley de procedimiento administrativo que una Constitución nunca es bien visto por quienes aspiran a ser ciudadanos de una entidad supranacional. Segunda, porque es una catástrofe política y jurídica. Tercera, porque Francia, hoy más que ayer, se siente aislada y con un complejo de inferioridad nacionalista peligroso para todos sus vecinos. Y cuarta, y esto es algo que tiende a olvidarse u obviarse, porque el referéndum francés, a diferencia del español, es vinculante. O sea, que si sale el no, hay que quedarse como estamos. Asunto cada día más grave, sobre todo si las encuestas siguen dando ganadores a los partidarios del no. Si ganará, pues, el no, entonces la nueva Constitución no entraría en vigor y seguiríamos con el Tratado de Niza donde los principales actores son los estados nacionales, que es el asunto que más preocupa a los franceses.

En el fondo, y esto es lo que no quiere ver Zapatero, si gana el no en Francia, es porque los franceses sienten miedo no sólo de que su nación desaparezca ante el peso de intereses de los burócratas de la Unión, sino de que los ciudadanos europeos, entre ellos los franceses, pierdan poder de participación y de control de ese conglomerado de jefes de estado y de gobierno, Comisión y Parlamento, con poderes siempre confundidos, que tomarían muchas más decisiones que ahora por mayoría. En fin, asuntos graves todos ellos y a los que nadie interesado en lo público le resulta fácil sustraerse. La excepción, otra vez, es Zapatero, quien sólo parece obsesionarle un asunto: cómo conseguir del modo más rápido posible dividir, balcanizar, la nación española en tres trozos. O quizá más.

Francia
Los últimos en Europa
Fernando Díaz Villanueva Libertad Digital 29 Abril 2005

Muchos aquí, en las Batuecas, no se explican cómo es posible que lo de la Constitución Europea esté armando tanto jaleo en Francia. Las encuestas dicen que el no aventaja al sí por cuatro o cinco puntos y que, si no se hace algo, el mes próximo el tratado constitucional pasará a mejor vida. Porque, creo que para nadie es un misterio que si los gabachos dicen que no, el mamotreto se irá por dónde ha entrado y los vividores de Bruselas tendrán que inventarse una nueva coartada para seguir a lo suyo, es decir, a no hacer nada gracias a lo nuestro.

El hecho es que no nos enteramos de lo que pasa en Francia y de lo harta que está la gente al otro lado del Pirineo porque Francia es, en el imaginario progre, un monte Olimpo donde habitan los políticos bienintencionados, un vergel de huelgas de clase, un nirvana funcionarial y concienciado, un edén donde las mieles de la cultura se derraman generosas sobre una sociedad que nada en la abundancia... en suma, un paraíso en la tierra donde se ha llevado a la práctica casi todo el catecismo cultureta cuya sacerdotisa por estos pagos es Leire Pajín. El progre, que se pasa el día felicitándose a sí mismo por sus dichosas ocurrencias, no suele ver más allá de sus narices y, cuando algo de lo que predica no funciona, simplemente lo ignora y se pone tremendo por lo imperativo de un diálogo norte-sur o alguna chorrada por el estilo. Esa es la razón por la que desde las pizpiretas locutoras de Polanco hasta los editorialistas de El País no atinan con la causa del descontento francés.

Francia es desde hace años un desastre absoluto en casi todo. Siguen haciendo buen queso y poco más. La economía está esclerotizada. En el reino del monopolio las tasas de paro son siempre crecientes, las de productividad siempre decrecientes y hay mucha gente haciendo las maletas para cruzar el charco y buscar oportunidades junto a la estatua de la libertad. La política es el coto privado de una casta de profesionales del ramo cuyo monocultivo es la demagogia, y así desde la pubertad hasta la tumba. La educación es un trasunto de la soviética. Al francés medio no se le educa, se le adoctrina desde que escribe la primera cedilla hasta que se licencia como abogado, del Estado, claro. Y que decir de la cultura, de la culture que antaño atrajo hasta París a lo más granado del continente. Languidece víctima de la tontería esa de la excepción cultural y de un chovinismo que ruboriza a cualquier artista menos a los subvencionados, que son artistas sí, pero del sable.

El resultado es que el hartazgo aflora por doquier. No hay más que consultar el calendario de movilizaciones de cualquier sindicato para percatarse de ello. Como casi siempre, suele ser la izquierda la que, después de originar el problema, se ofrece como cirujana experta para salvar in extremis al enfermo. Gran parte de los “noes” que llenarán las urnas en mayo provienen de ahí. El no francés es una hedionda hechura de comunistas, socialistas, niñatos antiglobalización y nacionalistas de extrema derecha a los que la Constitución les parece demasiado liberal, esto es, poco soviética. Parece mentira pero es así. De un país donde Jacques Chirac, el líder de la derecha, bien podría cambiando el vestuario encabezar las listas de Izquierda Unida, se puede esperar cualquier cosa, hasta que al final la Constitución sea aprobada por la mínima. Me encomiendo, no obstante, al santo patrón de los euroescépticos para que los franceses digan nones y cierren el guateque indecente que los eurócratas han montado en torno a la Constitución. Si nosotros, como dijo ZP, fuimos los primeros en Europa, ellos serían los últimos y asunto zanjado. No sería la primera vez que, parafraseando a Hayek, la libertad se ve asistida por sus más incondicionales enemigos.

INSOLIDARIA E INSOSTENIBLE
YOLANDA GÓMEZ ABC  29 Abril 2005

La propuesta del tripartito catalán sobre el nuevo modelo de financiación autonómica sólo puede recibir dos calificativos: es insolidaria y, además, insostenible. Es insolidaria con el resto de Comunidades autónomas porque, se disfrace como se disfrace, se trata sólo de implantar en Cataluña el modelo del concierto económico que ahora rige en el País Vasco y Navarra; un modelo que permite a ambas regiones aportar al conjunto del Estado mucho menos de lo que tendrían que pagar, por su nivel de riqueza, si estuvieran sometidas al régimen común.

Y si el concierto se extendiera al resto de regiones españolas se produciría una importante regresión en la distribución territorial de los recursos públicos. Los estudios elaborados al respecto son muy ilustrativos. Las grandes ganadoras serían las Comunidades más ricas, con Madrid y Cataluña a la cabeza, que llegarían casi a duplicar los recursos que obtienen con el sistema actual. Pero hay otras Autonomías, las más pobres: Andalucía, Extremadura, las dos Castillas y Galicia, que podrían ver mermados drasticamente los recursos que ahora reciben.

Extender la propuesta catalana a todas las Autonomías sería, además, insostenible para las arcas públicas. José Víctor Sevilla, hermano del actual ministro de Administraciones Públicas, vaticinaba en 2001, en un estudio sobre financiación autonómica, que si todas las Autonomías retuviesen la recaudación de sus tributos y luego pagaran al Estado un cupo calculado igual que el vasco, Hacienda entraría en quiebra, al aumentar su déficit en más de dos billones de las antiguas pesetas. Quizás, como planteó Sevilla en su día, lo que habría que hacer es acabar con el modelo insolidario, y no extenderlo.

En el blog de Arcadi
29 Abril 2005
[17] Escrito por: Bilbaino - 27 Abril 2005 11:18 AM

¿Por qué?

Los españoles empiezan a estar hartos de los vascos, nacionalistas y no nacionalistas. Los unos les chillan, los otros les lloran, ambos les amargan la existencia. Y se preguntan, ¿por qué?

¿Por qué los vascos que no son nacionalistas han tolerado, posibilitado e incluso sostenido cotidianamente el régimen secesionista antiespañol?

¿Por qué han callado y se han plegado ante la segregación entre vascos (el que habla euskera y no se siente español) y maketos?

¿Por qué han emigrado o se han transformado en conversos 'vascos nuevos', aunque algunos sigan rezando secretamente a la Meca mirando al Sur?

¿Por qué no se han levantado contundentemente contra los gobernantes que les discriminan e insultan, como lo haría cualquier persona decente?

Pues muy sencillo: porque no les ha quedado otra opción.

Los vascos se habrían levantado prestamente contra los caciques nacionalistas, pero no contra la coalición de estos con el Estado español, la cual ha estado permanentemente en vigor desde la transición, con la breve excepción del período de colaboración pp-psoe redondista.

Coalición con 'el Estado', pues no fue sólo el gobierno central el aliado incondicional de los nacionalistas que recibía gobernabilidad en el resto del territorio a cambio de la entrega de los derechos de los no nacionalistas. También el Parlamento y el Tribunal Constitucional han hecho prevalecer sin excepción el derecho a discriminar sobre el derecho a no ser discriminado; el derecho al establecimiento de barreras sobre el derecho de libre establecimiento y trabajo en España; el derecho a saltarse la ley sobre el derecho al amparo de la ley.

Los vascos no nos hemos levantado contra el régimen nacionalista antiespañol porque el Estado nos vendió al nacionalismo, regaló a éste a título patrimonial el territorio vasco, lo inscribió a su nombre en el registro de la propiedad autonómica y nos dejó muy claro que no iba a defendernos de sus abusos, por ominosos e inicuos que fueran. Que ni siquiera asistiría al entierro de los que eran asesinados precisamente para hacer patente esa indefensión.

E igual que el Estado, las demás instancias políticas, culturales, eclesiásticas, periodísticas, etc. sancionaron inapelablemente la nacionalistidad del territorio vasco y el carácter precario de nuestra presencia maketa en el inmueble sabiniano.

Huérfanos del Estado de derecho, que nos mandó escribir 100 veces en la pizarra 'te adaptarás, te callarás o te marcharás', maltratados y ninguneados concertadamente por las autoridades autonómicas y centrales, ¿quién podría concebir la disparatada idea de levantarse invocando la españolidad y los derechos anejos a la misma frente a un
statu quo públicamente sancionado con todos los parabienes por el propio Estado español?

Son el conjunto de los españoles los que han hecho y hacen inviable la reacción interna frente al nacionalismo. La gente sabe que se juega la vida, la hacienda y la honra si critica al nacionalismo. Sabe que el Estado respaldará siempre y no detendrá nunca a las autoridades nacionalistas. Sabe que hay que ser realista. Sabe que su lendakari
lleva 25 años aparcando en prohibido delante de la comisaría de la guardia civil y la grúa nunca se ha llevado su coche.

La gente no es imbécil ni cobarde. Simplemente, tiene ojos y necesidad de llevar un sueldo a casa a fin de mes y de saludar a sus vecinos por la calle.

Y en esto llegó la unión pp-psoe contra los abusos del nacionalismo y la sacudida vital del asesinato en cámara lenta de Miguel Ángel Blanco. Y la gente vio de nuevo ondear la bandera de la ley y la libertad. Y brotó la reacción popular. Con infinitas reservas y cuidados, lentamente, porque todos eran conscientes del riesgo de quedarse solos
en medio de la calle agitando la bandera contra el todopoderoso local si no se confirmaban los nuevos vientos...

... como efectivamente sucedió. Al día siguiente de las elecciones autonómicas de 2001, las únicas en las que se propuso a la ciudadanía la terminación de los abusos del nacionalismo, las únicas celebradas en un marco de pública condena de estos abusos y pública manifestación del propósito de impedirlos por parte del Estado, al día siguiente de esas elecciones el Estado español nos dijo que esa política dejaba de ser permanente y dependería en el futuro de las mayorías parlamentarias.

Y efectivamente, a las primeras de cambio las mayorías parlamentarias aplicaron otras políticas y las víctimas de los abusos del régimen nacionalista vieron de nuevo las conocidas señales del abrazo del Estado a los dirigentes del régimen.

Y los vascos pensaron: "hice bien no metiéndome en política, ya sabía yo que al final se entenderían unos poderosos con otros."

Sólo quedaron los Quijotes manteados y burlados por el gordo posadero y sus arrieros y tratados por locos por curas, alcaldes y bachilleres.

Los vascos no nos rebelamos porque encontramos en España gran simpatía, apoyo y comprensión... hacia el nacionalismo. Cambie eso y cambiará esto, a no dudar. Eso sí, lentamente. Que nadie arriesgará vida y
hacienda hasta que esté totalmente claro si son gigantes o molinos.

Hemos recibido una convocatoria de los Colectivos de Base por una Izquierda No Nacionalista para acudir a:
MANIFESTACIÓN DEL 1 de MAYO
Colectivos de Base por una Izquierda No Nacionalista   29 Abril 2005

Nos encontraremos a las 11 30 de la mañana en Ronda San Pedro con Paseo de Gracia (Pza. Cataluña)
Nuestra PANCARTA pedirá por primera vez en Cataluña una IZQUIERDA NO NACIONALISTA.
Habrá octavillas que firman los Colectivos de Base por una I.N.N.
Interesa que seamos cuantos más mejor.

El éxito en ello redundará en un mayor éxito en el acto que la Asociación tiene previsto para el día 7, en las Ramblas, junto al museo de cera, en la Oficina de "Garantías Lingüísticas" (más conocidas como la Gestapo
Catalanista) .

Tened en cuenta que van a ser las primeras manifestaciones No Nacionalistas en 25 años de gobiernos catalanistas en la Generalitat. Tenemos que asegurar un gran éxito.
¡¡¡NO FALTES!!! ¡¡¡CONVENCE A QUIEN PUEDAS A SUMARSE!!!
Difúndelo entre tus conocidos
Luchemos con ilusión por nuestros derechos.
Abel

El PSOE de Madrid también se levanta contra Maragall
El PSM, liderado por Simancas, impone un debate a fondo en el comité regional ante el «sí» permanente al presidente catalán
Esther L. Palomera La Razón  29 Abril 2005

Madrid- Primero, Ibarrra; después, Chaves; más tarde, Barreda; ayer, Alfonso Guerra... Los siguientes en levantar la voz contra las reformas constitucional y estatutarias serán los socialistas de Madrid que lidera Rafael Simancas. El PSM, a iniciativa del sector «acostista», ha impuesto a la dirección regional un debate a fondo sobre el modelo de Estado en la próxima reunión del Comité regional del 14 de mayo. Para esa fecha, habrá un documento de análisis sobre la España autonómica, las pretensiones de Cataluña y el País Vasco, y los límites que debe establecer el Gobierno en la negociación con aquellos que intentar acabar con los principios de igualdad y solidaridad en los mecanismos de financiación o acaparar competencias del Estado.

Pero, vayamos por partes.
Ayer. en el Palacio de la Moncloa no gustó la reflexión en voz alta que, desde las páginas de la revista «Temas», ha hecho Alfonso Guerra sobre las reformas constitucional y estatutarias. Hay quien habla de «deslealtad», de «la inquietud de algunos que no acaban de encontrar un lugar en la vida civil, después de haber salido de la primera línea de la política», incluso de «cuál hubiera sido la reacción del otrora ex presidente del Gobierno si cualquier socialista hubiera arremetido contra la política del Ejecutivo estando él aún en el aparato del partido».

Aplauso unánime a Guerra.
Pero ésta ha sido sólo la reacción de Moncloa, porque la de muchas federaciones socialistas ha sido el aplauso unánime al presidente de la Fundación Pablo Iglesias. En Extremadura decían ayer, «ya lo dijo Ibarra»; en Andalucía, «estamos de acuerdo»; en Castilla-La Mancha, «lo mismo opina José María Barreda»... y ¿en Madrid? En Madrid se ha abierto, también, la veda.

El PSM se suma al debate, después de que el sector «acostista» decidiera, en una reunión celebrada en Vallecas el pasado 9 de abril, levantar la voz contra los riesgos de una deriva centrifugadora del Estado, en un momento político en el que día tras día aumentan los análisis sobre el futuro del modelo teritorial.

Los representantes del «guerrismo» en Madrid, encabezados por José Acosta, llevaron la reflexión ante la Ejecutiva regional que preside Rafael Simancas, y éste no sólo recogió el guante, sino que se apresuró a hacer suya la propuesta y a abanderar la creación de una comisión de trabajo a la que se le encargó la redacción de un documento. El secretario general del PSM manifestó, no obstante, su deseo de que el análisis de los socialistas madrileños no se convirtiera en un instrumento contra nadie: ni contra la política del Gobierno, ni contra la dirección federal, ni mucho menos contra Pasqual Maragall y el PSC.

La respuesta del sector «acostista» no se hizo esperar: «Madrid no puede permanecer silente por más tiempo ante determinadas aventuras soberanistas. Defendemos la estructura constitucional de 1978 y no podemos callar ante los ataques revisionistas de algunas Comunidades Autónomas». Hay que elevar el tono, sostiene uno de los autores de la iniciativa, «y defender el modelo de solidaridad que se cuestiona desde algunos territorios. Quien se llame socialista no puede abandonar la esencia del modelo redistributivo y equitativo para todas las Comunidades Autónomas». En este apartado hablan ya de financiación autonómica, y los límites son claros: ni se toca la caja única de la Seguridad Social, ni se ceden competencias que impliquen desigualdad de derechos entre territorios.
Porque si Cataluña quiere hablar de criterios económicos, los socialistas de Madrid se consideran los portavoces más autorizados. Su planteamiento es el que sigue: tras las reflexiones de Extremadura y Andalucía pueden leerse intereses de dos de los territorios más beneficiados por la caja común; las de Madrid tienen un valor añadido porque si «Cataluña aporta más de lo que recibe; la diferencia entre lo que entrega nuestra Comunidad al Estado y lo que recibe en inversiones es incluso mayor. Nuestra aportación a la caja común no nos otorga ningún plus para recibir más servicios que otros territorios. Es evidente que defendemos todo lo contrario al PSC», sentencia un socialista madrileño. El mismo interlocutor alerta sobre la resolución que aprobará el Comité Regional el próximo 14 de mayo, tras un intenso debate que se extiende ya por las agrupaciones locales. El PSM se suma así a un debate ya planteado por otras federaciones . El primero, sin duda, fue el díscolo Ibarra, al que siguió el presidente andaluz, Manuel Chaves, y el de Castilla-La Mancha, José María Barreda que, esta misma semana, anunciaba un frente común con su homólogo en Castilla y León, el popular Herera, para impedir privilegios de unas Comunidades sobre otras.

La reflexión en alto de Alfonso Guerra, reconocen en el PSM, marcarán un antes y un después en este sentido. «Desde ahora, se abre un debate que se extiende como la pólvora en el partido». Zapatero y «su política del sí» podrían enfrentarse a la primera crisis interna desde que asumiera la presidencia del Gobierno. Y el motivo no es otro que aquellos planteamientos que atentan contra los «pilares básicos del ideario socialista» y que tienen como máximo exponente a Pasqual Maragall y al PSC.

Un pueblo con más de 40 idiomas
PABLO MUÑOZ ABC   29 Abril 2005

TORRE PACHECO (MURCIA). Marroquíes, ecuatorianos, rumanos, rusos, ucranianos, checos, chinos, indios, paquistaníes, nigerianos, senegaleses, alemanes, ingleses, franceses... Así, hasta personas de más de medio centenar de nacionalidades que hablan no menos de cuarenta lenguas distintas. Es Torre Pacheco, localidad situada en el campo de Cartagena, de poco más de 28.000 habitantes de los que un 24 por ciento son extranjeros, eminentemente agrícola pero que vive un importante desarrollo industrial y urbanístico, con campos de golf y urbanizaciones de lujo impensables hace una década.

Una población, en fin, con apenas un 1,6 por ciento de tasa de paro y un nivel de vida medio-alto en la que la inmigración se siente de forma un tanto esquizofrénica, de modo que se considera absolutamente necesaria para el progreso de la zona y, a la vez, una realidad molesta que amenaza a la forma de vida de los pachequeros.

Nada distinto, en cualquier caso, a lo que se vive en otros muchos pueblos que sólo pueden salir adelante con el trabajo de los extranjeros pero que a la vez sienten en primera persona los problemas que acarrea su presencia. «Hacemos frente a todos los problemas -educación, vivienda, sanidad o servicios sociales- y no tenemos ni competencias ni financiación para ello», se lamenta el alcalde, Diego García, del PP, pero que en estos temas se muestra pragmático y admite las miserias tanto del anterior gobierno de su partido como del actual de Zapatero.

«Ni el Gobierno central, ni la UE, ni el Ejecutivo autonómico diseñan políticas concertadas para gestionar el fenómeno», añade el regidor, quien simplemente pide que «vengan un fin de semana, conozcan lo que pasa y luego decidan... Porque aquí hay alguien que se pasa con la bebida, que monta bronca, que toma las plazas públicas y soy yo el que tengo que dar la cara ante mis vecinos, aunque no tenga capacidad de decisión en ese asunto».

En Torre Pacheco, el proceso de regularización va a beneficiar a más de dos mil personas, de las que apenas un centenar tendrán papeles gracias a la última novedad del Gobierno, el llamado empadronamiento por omisión: «Nos han causado muchos problemas esas rectificaciones, esas aclaraciones de última hora sólo han generado inquietud entre los inmigrantes y, concretamente en este pueblo, un «efecto llamada» para muchas personas que fueron engañadas por las mafias», dice el regidor. Pero cuando acabe este periodo aún quedarán unos tres mil ciudadanos en situación ilegal, «y entonces que nos digan qué se va a hacer con ellos. ¿Otra regularización más?».

Como no espera una respuesta del Gobierno, la sociedad se ha movilizado para afrontar el fenómeno. Particularmente valiosa es la contribución de los centros educativos en los que existe la conciencia de que se trata de «un momento histórico al que hay que saber hacer frente», explica Pepe Tovar, ex concejal del Partido Comunista y desde hace muchos años director del Colegio Público «Hernández Ardieta», en el que los rótulos de las puertas están en castellano y árabe. «Que nadie se equivoque -añade-. El reto es la integración, basada en el respeto a la cultura de cada uno, no la asimilación, que supone que los demás asuman al cien por cien nuestros valores».

Charlas sobre tolerancia
Tovar expone sus argumentos con la autoridad moral que le da gestionar un centro educativo con más de un 20 por ciento de población inmigrante, en el que la multiculturalidad se entiende como fuente de riqueza personal para los alumnos y el profesorado. Todo no es, evidentemente, idílico: «Les doy charlas sobre la tolerancia y alguno de los chicos me dice que eso se lo tengo que contar a sus padres», dice una de las profesoras, para quien la verdadera barrera de integración en las edades más tempranas es el idioma: «Algunos son como muebles, no abren la boca en clase y eso genera problemas». «Trabajar con ellos es muy difícil, sobre todo para que el nivel general no se resienta». No hay, al menos en las edades más tempranas, problemas de rechazo a los «diferentes». «Otra cosa es lo que sucede cuando llegan al instituto, que están más maleados», admiten algunos educadores de otros centros.

La realidad es que la importante presencia de inmigrantes provoca tensiones, de momento poco importantes. La pequeña delincuencia, protagonizada en un 70 por ciento por una minoría de extranjeros en situación ilegal; las diferentes culturas y costumbres; la inevitable cesión de derechos de los nacionales en educación, vivienda o sanidad, o los recelos de los propios «extraños» a una mayor integración, hace que exista un cierto caldo de cultivo «para algunas manifestaciones de intolerancia», reconocen varios vecinos.

Sin embargo, en esta localidad por ahora no hay síntomas de una tensión social fuerte. El Ayuntamiento trata de hacer los deberes; los vecinos saben que su prosperidad económica depende de los extranjeros; el trabajo aún no escasea y las nuevas generaciones se adaptan con aparente facilidad a la situación. Eso sí, todos, sin excepción, están convencidos de que la capacidad de acogida tiene un límite.

El presidente de Filmax dice que doblar al catalán supondrá la muerte del sector
S. D. / S. R. La Razón  29 Abril 2005

Barcelona/Madrid- Para Julio Fernández, la obligación de traducir las películas al catalán significa el «asesinato de la industria». El presidente de Filmax, en declaraciones a la cadena Cope, aseguró que si es cierto lo que ha trascendido de las negociaciones entre el Gobierno y Esquerra Republicana de Catalunya se abre una crisis en un sector en el que los datos últimamente no son muy esperanzadores. Fernández recordó que el consumo de cine en salas ha bajado un 20 por ciento por culpa de la piratería, hecho que ha provocado a que «la exhibición tenga problemas» que «para las independientes son muy graves». En este contexto, quiso preguntar a los políticos quién pagará el doblaje de las películas al catalán así como las copias necesarias para que se ponga en marcha el «canal interautonómico» para el territorio de habla catalana.

TV / La particular visión de la TDT en los medios
Lea y adivine a quién apoyaron CC, CIU y PNV
Por Elena de Regoyos Periodista Digital  29 Abril 2005

Dos titulares, una sola noticia: “Zapatero logra un pacto ‘in extremis’ con ERC para que respalde la ley de televisión que favorece a Polanco”, de El Mundo, frente a “La nueva ley de televisión suprime el límite de las tres cadenas privadas”, de El País. La visión desconfiada de quien teme por su parcela de poder frente a la triunfalista de quien se sabe ganador. Sólo estos dos medios, los más enfrentados en el asunto, llevan en portada la aprobación de este jueves en el Congreso de la Ley de la TDT.

“Zapatero salva la ley de la TDT gracias a un pacto de última hora con ERC”, es el titular interior de El Mundo, llamativamente más moderado que el llamamiento de portada. Cuatro columnas abriendo la sección de comunicación en las que no hace alusión alguna a lo que dice en portada sobre “la ley que favorece a Polanco”.

No se aclaran con los apoyos
También a cuatro columnas abriendo la sección de Sociedad, El País sí que habla, y con mayúsculas, del grupo al que pertenece, al hacer alusión a las declaraciones de la portavoz del PP en la comisión, Macarena Montesinos: “la reforma se ha llevado a cabo con el objetivo de conceder un nuevo canal analógico y legislar “a favor de un grupo de comunicación amigo” en referencia al Grupo PRISA, editor de EL PAÍS”.

Este diario insiste, además, en los apoyos que tuvo el Gobierno para aprobar la ley: “con los votos a favor del PSOE, ERC, IU-ICV, Coalición Canaria y parte del Grupo Mixto. El PP votó en contra, mientras que CIU y PNV votaron por la abstención”.

Como si se tratara de otra votación, al concretar los apoyos La Razón explica a cuatro columnas, abriendo la sección de Radio y Televisión, que “no logró el consenso del sector audiovisual y tampoco ha logrado el consenso parlamentario. Sin consenso alguno, pues, pero con el necesario beneplácito de ERC (…), el PSOE sacó adelante el controvertido artículo del proyecto de la TDT(…). En contra se situaron, una vez más, el PP, CIU, PNV y CC. La votación salió adelante por sólo seis votos de diferencia (…) con los únicos apoyos de ERC e IU”.
ABC resalta un matiz al que ningún otro medio hace mención: “socialistas y republicanos no se pusieron de acuerdo después de haberse aprobado la ley: ERC dijo que el pacto lo cerró Zapatero y Moncloa sostuvo que fue Rubalcaba”. Destaca en su titular la condición impuesta por ERC para concederle su apoyo al Gobierno: “El Gobierno saca adelante su ley de televisión digital tras prometer a ERC que las películas se doblarán en catalán”. Como apoyo a la noticia, el diario de Vocento la acompaña de un análisis a una columna, en que destaca los detalles de la ley.

Con menos grandilocuencia, aunque también concediéndole cierto protagonismo, los periódicos catalanes hablan de la noticia. El Periódico de Cataluña se suma a El País y La Razón con su propio análisis sobre los apoyos del Gobierno: “apoyo de PSOE, ERC, IU-ICV y Coalición Canaria, el rechazo de PNV, CIU y PP, y la abstención del BNG”. Difícil saber, leyendo todos los medios, si CC dijo sí o no, o si CIU y PNV se abstuvieron o votaron por el no.

Rompiendo una lanza por El Periódico, es el único en tener el detalle de explicar cómo afectará esta medida a los ciudadanos: “para ver tele digital, los usuarios no tendrán que adquirir aparatos nuevos, pero sí cambiar las antenas del edificio y comprar un descodificador –que está disponible ya en el mercado- por unos cien euros (…). Podrán ver un total de 22 canales: 4 autonómicos, 4 locales y 14 estatales”.

La Vanguardia se lleva el premio a la objetividad, con una nota estrictamente explicativa en la que incide, por deferencia a sus lectores, en el logro de ERC de que “se incluyera un capítulo específico para financiar con un canon el lenguaje de las series a las lenguas cooficiales”.

La Generalitat obligará a los profesores universitarios a tener un alto nivel de catalán
El Gobierno catalán elaborará un decreto que obligará a los nuevos profesores universitarios, o a los actuales que quieran promocionar, a tener el nivel C de catalán
J. GUIL ABC   29 Abril 2005

BARCELONA. El Gobierno de Cataluña elaborará un decreto que podría entrar en vigor antes de 2007 y que obligará a los profesores que se incorporen a las universidades catalanas, privadas o públicas, a dominar el catalán. En concreto, los nuevos profesionales que quieran impartir clase en las universidades catalanas -o aquellos que ya trabajen actualmente en ellas y quieran promocionar-, deberán acreditar un conocimiento suficiente del catalán para comunicarse de forma oral y escrita en esta lengua y de acuerdo con las exigencias de su tarea docente. En suma, deberán acreditar el nivel C de catalán que ya se exige a todos los funcionarios de la Generalitat.

Con todo, los profesores recién llegados tendrán un plazo de tiempo, que no podrá ser superior a un año, para obtener los conocimientos de catalán y poder acreditarlos.

La obligatoriedad afecta a casi todos los niveles de profesorado: funcionarios o contratados, catedráticos, profesores agregados, lectores, etc. Sólo quedarán exentos del requisito lingüístico los profesores visitantes, los eméritos y aquellos que desarrollen una actividad académica honoraria.

Esta medida del Gobierno catalán da cumplimiento a una moción que en su día aprobó por unanimidad el Parlament para exigir que se concretara qué nivel de catalán debe exigirse al profesorado universitario, en respuesta a lo que se contempla en la Ley de Universidades de Cataluña (LUC).

Antes de que el Gobierno inicie la elaboración del decreto, tarea que empezará ahora, la iniciativa obtuvo esta semana el respaldo unánime del Consejo Interuniversitario Catalán -órgano integrado por los rectores de todas las universidades catalanas, públicas y privadas-, que emitió un informe favorable. Con todo, ya han aparecido críticas a esta imposición desde algunos sectores, e incluso se anuncian medidas legales en contra.

En declaraciones a ABC, el presidente de la Asociación Profesores para la Democracia y de Convivencia Civíca Catalana -entidad significada por defender los derechos de los castellanohablantes en Cataluña-, Francisco Caja, anunció cuando esta medida se plasme en un decreto, la recurrirán.

«El objetivo de este decreto es acabar con la gente que habla en castellano en la Universidad», afirmó Caja, quien sostiene que a los profesores que llegan de fuera a la universidad catalana no se les puede obligar a tener un conocimiento del catalán más allá del que se adquiere pasivamente tras residir unos meses en esta comunidad.

Por su parte, el secretario del Consejo Interuniversitario de Cataluña, Josep Castells, defendió en declaraciones a este diario la imposición del requisito del catalán, y aclaró que no implica que no pueda usarse el castellano en la universidad.

Además, Castells señaló que esta iniciativa iguala a los profesores con el resto de trabajadores de la función pública. «No puede ser que al bedel de la universidad se le exija el nivel C de catalán y al profesor, no», espetó.

La intervención del intérprete de euskera en un juicio en el País Vasco no vulnera derechos
N. C. ABC  29 Abril 2005

MADRID. La intervención de un intérprete durante la celebración de un juicio en las Comunidades Autónomas con lengua propia no vulnera precepto constitucional alguno ni supone discriminación de los ciudadanos que se expresan en el idioma cooficial con respecto a los castellanohablantes.

Así lo afirma el Tribunal Constitucional en un auto con el que rechaza la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Audiencia Provincial de Vizcaya contra el artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que regula la utilización de las lenguas cooficiales en la celebración de los juicios. El empeño de un acusado y de su abogado defensor porque la vista se celebrase íntegramente en euskera sin requerir los servicios de un intérprete, pese a que no todas las partes conocían el idioma, lleva retrasando el juicio desde febrero de 2002.

El Pleno del TC asegura que la LOPJ no «incurre en contradicción alguna» ni con la Constitución ni con la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias (invocada por la Audiencia) pues «la intervención del intérprete en el proceso tiene como finalidad evitar que se produzcan situaciones de indefensión de las partes y nadie tiene derecho a colocar a un tercero en situación de indefensión». Más allá, considera la utilización del traductor como una «medida paliativa» dirigida «a garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos».

Vaya TCpollez
Nota del Editor  29 Abril 2005

Ya sabemos que el nombre está equivocado, pues en vez de Tribunal Constitucional es en realidad Tribunal Inconstitucional, porque siempre andamos con las mismas, aplican el párrafo que más les interesa, en este caso, pasan cuidadosamente por encima del primer párrafo del Art. 3º, obligación de conocer y aplican el siguiente, derecho a usar. Me imagino que los nazionalistas que reclaman un estado vascófono, no dijeron ni pío cuando tuvieron que estudiar el código de la circulación en la lengua del imperio.

CREE QUE PODRÍA DESEMBOCAR EN LA DISOLUCIÓN DE LAS CORTES
Guerra dice que el proyecto de reforma del Estatuto catalán “viola sistemáticamente la Constitución”
El ex-vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, considera que los proyectos de modificación que se están planteando de diversos Estatutos como el catalán implican "una continua y sistemática violación de los preceptos constitucionales en cada una de las cosas que se pretenden hacer, y eso no es opinable". Guerra advierte que si las reformas “están en un tono que constitucionalmente la Cámara no puede aprobar, entonces a lo mejor hay que disolver" las Cortes.
Europa Press Libertad Digital  29 Abril 2005

En una entrevista de doce paginas publicada en el último número de Temas, revista cuyo Consejo de Redacción preside y recogida por Europa Press, recalca que, de los proyectos de reforma que conoce (cita el vasco, "la primera lectura del de Cataluña", el informe técnico que se ha hecho en Canarias y otro elaborado por una fundación privada en Galicia), "todos reforman la Constitución a través de los Estatutos", y subraya que eso no es jurídicamente posible.

Alfonso Guerra que es presidente de la Comisión Constitucional del Congreso precisa que si se quiere llevar a los textos definitivos de los nuevos Estatutos el blindaje de competencias propias para que el Estado no pueda hacer leyes de base, "en realidad" estarían haciendo "una LOAPA a la inversa". Y añade que "después hay una violación del mecanismo de reforma, porque se pretende, a través de los Estatutos de Autonomía, modificar leyes orgánicas del Estado mediante un mecanismo curioso que es el mandato legislativo, mandatando desde una Asamblea autonómica al Parlamento de España a que modifique esto en este sentido". En este caso, precisó que se hace en el proyecto catalán al menos con cuatro leyes, y que aunque sólo fuera con una supondría una violación de la Constitución.

Asimismo, reprocha que se quieran acaparar competencias exclusivas del Estado con disposiciones que señalan que no entrarán en vigor hasta que no se aprueben por el 150.2, de manera que si no se hace así luego dirán que el Estatuto no es está cumpliendo.

“Se está fragmentando la soberanía”
En cuanto a propuestas de financiación autonómica basadas en balanzas fiscales, las califica de predemocráticas, de manera que se derivan los derechos individuales hacia los territoriales y "se está fragmentando la soberanía", de manera que ya no sería de España sino de cada territorio.

Por ello, opina que "con el mecanismo de financiación que se pretende se violan los principios de igualdad, de solidaridad interterritorial" y el de prohibición de que haya privilegios económicos o sociales entre Autonomías. Insiste en que el argumento de las balanzas fiscales es completamente falaz porque no pagan los territorios sino las personas. Explica que en dicho asunto hay posiciones dispares no en función de la ideología sino en función de los territorios, "pasando por encima de la ideología", y a él le parece "un peligro grave que se atienda más al interés territorial". Asimismo, indica que "ya sería hora de calmar esa fiebre identitaria de todo el mundo preguntándose continuamente quiénes somos".

También se muestra en contra de que Cataluña y el País Vasco quieran diferenciarse siempre del resto y, cuando lo consiguen, el resto de autonomías reclamen lo mismo. "Es una escalera que nunca se acaba", denuncia. Asimismo, rechaza que la crítica a alguna administración autonómica por algo se transforme en crítica a la región y no a su Gobierno. Recuerda que la izquierda pasó mucho tiempo resignada a no hacer crítica a la Unión Soviética porque el que lo hiciera estaba automáticamente crucificado. "Lo estamos viendo ahora con lo que está pasando en Cataluña, con el Carmelo –esa es otra: los medios de comunicación y los políticos todos dicen el Carmel mientras los que viven allí todos dicen el Carmelo–, esa doble legitimidad es la que es muy difícil de superar, porque si critica usted a una administración está criticando a la Comunidad".

Disolución de las Cortes
Asimismo, advierte que si llega al Parlamento nacional un Estatuto que tenga cuestiones difíciles de aceptar pero también el apoyo de la inmensa mayoría de los partidos del territorio afectado se creará "una confrontación de instituciones muy complicada". Por ello, señala que sus tesis es que "es ahora cuando hay que hablar con las fuerzas políticas que están haciendo reformas estatutarias" para evitar futuros problemas. "Si los Estatutos que vienen, además del que ya ha venido (en referencia al rechazado de Ibarretxe) están en un tono que constitucionalmente la Cámara no puede aprobar, entonces a lo mejor hay que disolver", señala Guerra.

Finalmente, tras señalar en la entrevista que el PSC tiene algunas tesis que "no coinciden" con la dirección del PSOE, alerta de que "hay que llamar al sentido común de la gente porque si no se va a aprobar nada, montar todo este lío no dejaría en muy buen lugar a los políticos de este país".
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