AGLI

Recortes de Prensa     Sábado 30 Abril 2005
Equilibrismo suicida
EDITORIAL Libertad Digital  30 Abril 2005

El sueño, la razón y los monstruos
Luis Ignacio PARADA ABC 30 Abril 2005

El ombligo de Maragall
M. MARTÍN FERRAND ABC  30 Abril 2005

Pulverizar la solidaridad
IGNACIO MARCO-GARDOQUI El Correo 30 Abril 2005

A. G. entra en fuego
Jaime CAMPMANY ABC  30 Abril 2005

Un año perdido
ABC  30 Abril 2005

El PSOE y el modelo territorial
Editorial ABC 30 Abril 2005

1. Democracia y terrorismo
Jaime Ignacio del Burgo Libertad Digital 30 Abril 2005

Que no nos tomen el pelo
TONIA ETXARRI El Correo 30 Abril 2005

ETA: La serpiente sigue viva
J. M. ZULOAGA La Razón 30 Abril 2005

Indignación en las comunidades por el proyecto del tripartito catalán
R. N. La Razón 30 Abril 2005

El Supremo confirma la ilegalización del Impuesto de Sociedades vasco
MANU ALVAREZ/BILBAO El Correo 30 Abril 2005

Cosas muy raras
FRANCESC DE CARRERAS LA VANGUARDIA 30 Abril 2005

Equilibrismo suicida
EDITORIAL Libertad Digital  30 Abril 2005

El Gobierno parece firmemente decidido a convertir el sucio asunto del PCTV en las elecciones vascas en un sainete de nunca acabar. Muchos fuimos los que advertimos de la jugada que estaba tramando Zapatero con varios días de antelación y de nada sirvió. Una trapacera e irresponsable lógica electoralista terminó por imponerse para angustia de los que en el País Vasco siguen defendiendo la Constitución, que, en aquella tierra es lo mismo que defender las libertades más elementales. Tras el desenlace previsto; nueve diputados proetarras en la cámara de Vitoria y un resultado bastante modesto de los de Patxi López, el Gobierno no sólo no ha vuelto sobre sus pasos sino que se reafirma en una maniobra que puede costarle, que puede costarnos carísima en el corto plazo.

Las revelaciones que el diario El Mundo traía esta semana sobre la reunión secreta que el socialista Eguiguren y Arnaldo Otegui han mantenido en Elgoibar, sumadas al informe de la Guardia Civil hecho público por la cadena COPE y Libertad Digital, han dado una nueva vuelta de tuerca a una situación que se ha hecho ya irrespirable, tanto para el Gobierno como para la Fiscalía General del Estado. Por un lado, todo parece indicar que tras las siglas PCTV-EHAK se esconde, efectivamente, Batasuna, es decir, el brazo político de ETA. Nada además es casual, tal y como informó este diario las siglas fueron cuidadosamente elegidas de entre las muchas posibles para acercarlas a las de EHK una antigua organización abertzale radical, de corte filoetarra. Por otro, la misteriosa reunión de Elgoibar, pueblo natal de Otegui enclavado en la Guipúzcoa profunda, pone en el tirador a los socialistas que, no sólo ignoraron los informes del Instituto Armado, sino que se han estado saltando a la torera uno de los acuerdos que contrajeron con el PP tras la firma del Pacto Antiterrorista.

Porque, en este caso, el PSOE no puede argumentar que carecía de información concluyente o que lo que sabía no era suficiente para pedir la ilegalización inmediata o, al menos, la suspensión cautelar de la candidatura encabezada por Nekane Erauskin. Las pruebas con las que el ministerio del Interior contaba una semana antes de los comicios eran tan contundentes que sólo cabe pensar en negligencia del ministro o en la ceguera selectiva de quien se cree que va a salirse con la suya. Por de pronto, los que sí que se han salido con la suya son los amigos de los terroristas, beneficiados por la miopía y la indolencia de un presidente de Gobierno que se empeña en jugar a aprendiz de brujo con todo lo que pasa por sus manos. Si no es desde esta perspectiva es imposible explicar racionalmente a qué ha estado jugando Zapatero en el antes, en el durante y en el después de las elecciones vascas.

Si su objetivo era debilitar al PNV para erigir al PSE como árbitro parlamentario y socio ideal de Gobierno, a la vista está que no lo ha conseguido. Todo parece indicar que Ibarretxe, que no ha sufrido, precisamente, un descalabro electoral, se inclina por un gabinete tripartito formado, como en la legislatura anterior, por el PNV, EA y los comunistas de Madrazo. Si, por el contrario, lo que perseguía el presidente era insuflar aire a los batasunos para ensayar su tan manido diálogo con los del tiro en la nuca, Zapatero no sólo ha sido desleal sino también cobarde. Uno de los principios irrenunciables sobre los que se ha basado la exitosa política antiterrorista de los últimos años ha sido el de jamás dialogar con los asesinos ni, naturalmente, con los que les apoyan. Equilibrios sobre el alambre como los que está practicando Zapatero en el País Vasco pueden terminar como el rosario de la aurora. Y esa factura, al final, nos va a tocar pagarla a todos.

El sueño, la razón y los monstruos
Por Luis Ignacio PARADA ABC 30 Abril 2005

EN el aguafuerte de Goya que muestra al pintor abatido sobre su mesa de trabajo puede leerse «El sueño de la razón produce monstruos». La obra encabezaba la serie titulada «Caprichos». Pero en la edición definitiva llevó el número 43 para esconder la mordaz crítica que el autor hacía a la sociedad de su tiempo. Era una visión onírica de la cara oculta del casticismo, de la superstición nacionalista, opuestas a la Ilustración. Ese grabado surrealista representa cómo la razón libera sus fantasmas durante el sueño, a través del subconsciente. Algo que hoy ocurre en todos los proyectos soberanistas. Con la desaparición de las fronteras políticas y económicas, la homogeneización de culturas y la globalización de mercados, los nacionalismos no son hoy exigencias de la razón colectiva sino caprichos personales de algunos políticos, monstruos engendrados en sus sueños delirantes.

La propuesta de financiación que el Gobierno catalán quiere plasmar en el nuevo Estatuto vulnera los principios constitucionales de igualdad, solidaridad y unidad fiscal y de mercado. Pero es que, además, da por supuesta una soberanía inexistente de la que se derivaría un Estado confederal. En ese tipo de Estado, cuyo tiempo pasó barrido por la Historia, se produciría la aberración de que la Administración central garantizaría la suficiencia financiera, la renta «per capita» y el pago de una deuda histórica a Cataluña, pero este «Estado-nación» no estaría obligado a hacer lo mismo con el resto del territorio «confederal». Surrealismo puro. La respuesta del Gobierno ha sido blanda. Porque discutir entre todos exigiría hacerlo en un Senado que ya fuese una Cámara territorial y en un Congreso en el que los votos de quienes piden no condicionaran el apoyo al resto de las leyes. Por lo demás, el Consejo de Política Fiscal y Financiera no puede decidir la forma del Estado: sólo puede acordar la distribución de los impuestos estatales, no quién los recauda y administra.

El ombligo de Maragall
Por M. MARTÍN FERRAND ABC  30 Abril 2005

AUNQUE el nacionalismo, para ser algo, tienda siempre a la búsqueda del antecedente más lejano, la gloria y el gozo contemporáneos de Barcelona nacen, a finales del XIX, con el Modernismo. Ahí brota y se desarrolla el fragmento social al que Cataluña debe su progreso y del que arrancan, desde la poesía hasta las empresas mercantiles, la mayoría de los grandes proyectos que han hecho la prosperidad de la región y afianzado el arraigo de sus ciudadanos: la burguesía. Cómo sería de fuerte y vertiginoso el asentamiento burgués de Barcelona que, según cuentan Cristina y Eduardo Mendoza, en 1880, en el Pla de la Boquería ya estaba instalado un vendedor de perros falderos, animalitos de compañía, un síntoma claro de distinción social y de bienestar material. Esa burguesía emprendedora supo, desde entonces hasta ahora, buscar todo lo mejor para satisfacer sus necesidades y avanzar en sus proyectos.

Por lo que afecta a la Universidad, siempre tuvo la Central de Barcelona unos docentes magníficos, reclutados entre todo lo mejor de los otros doce distritos universitarios que, hasta hace un cuarto de siglo, completaban el mapa de la enseñanza superior española. Recuerdo, en los Sesenta y los Setenta del siglo pasado, notabilísimos profesores de las más diversas disciplinas acudiendo, mediante concurso de traslado, a Barcelona con el estímulo disimulado de las instituciones locales, capaces de proveer un piso en magníficas condiciones o un trabajo complementario satisfactorio: estimulando con talento la concentración de la excelencia en un entendimiento de la catalanidad muy distinto al vigente.

Sospecho que se acabó lo que se daba. El Govern prepara -¿perpetra?- un decreto según el cual todos los profesores que se incorporen a las Universidades catalanas, públicas o privadas, habrán de tener como condición indispensable un alto dominio del catalán. Eso, supongo, será muy bueno para el idioma; pero es una garantía, a plazo fijo, del empequeñecimiento del nivel científico y formativo de Cataluña. Si el idioma pasa a ser más importante que -pongamos- la Hidrodinámica, los discípulos de tan fascinante materia pueden terminar sabiendo más sobre el sintagma que sobre las peculiaridades de los fluidos.

De tanto mirarse el ombligo, el tripartito que preside Pasqual Maragall quiere renunciar a la posibilidad de elegir a los mejores entre cuarenta y cuatro millones de personas para quedarse en un universo de seis o siete millones. El resultado es predecible: mucho catalán y poca ciencia. Justo lo contrario de lo que impulsó el Modernismo y convirtió a una Cataluña rural en una fuerza industrial, comercial y cultural. Es probable que cada cual sea sabio en su propia casa, pero también existe la posibilidad de que sea tonto.

Pulverizar la solidaridad
IGNACIO MARCO-GARDOQUI El Correo 30 Abril 2005

El Govern catalán ha oficializado la propuesta de financiación que pretende incluir en la reforma del Estatut y con ella estalla la bomba autonómica, ya que ha elegido la posición más extrema entre todas las consideradas: agencia tributaria propia, capacidad normativa plena y límite autodefinido a la solidaridad interregional. «No es la Luna, pero está muy arriba», Maragall dixit. Hay un problema previo que aparece con la propia definición del marco de decisión, una cuestión que el nacionalismo vasco puso de moda y que está alcanzando proporciones inmanejables. En un alarde de imprudente insensatez, Zapatero prometió aceptar lo que viniese pactado desde Cataluña. Entonces, ¿cómo vencer la tentación de pedir ventajas, de solicitar privilegios y de exigir extrañas reparaciones históricas, si están concedidas de antemano? Ahora, una vez comprobada la magnitud del envite, el presidente ha cambiado el discurso y asegura que «el modelo de financiación autonómica es algo que decide el conjunto del país». ¿En qué quedamos?

En este sentido sólo hay dos posibilidades: o el modelo es extrapolable o no lo es. Si no lo es, se produce una clarísima injusticia comparativa, que ahora también existe aunque limitada, por varias razones, en los ámbitos vasco y navarro. Si lo es, caminamos directos hacia al caos con paso firme y decidido. Un escenario con 19 autoridades fiscales (las 15 autonomías de régimen hasta ahora común, la navarra y las tres diputaciones forales) ideando nuevos tipos impositivos, con deducciones de diseño y desgravaciones a la carta, tendría la ventaja de introducir la competencia en la administración fiscal y los abogados se forrarían con la multiplicación de los recursos, pero la unidad de mercado quedaría destrozada y la inseguridad jurídica campearía a sus anchas.

Resulta cuando menos curioso que la conjunción de un partido socialista con otro comunista y el apoyo de los republicanos de izquierda haya dado como resultado un modelo que limita la solidaridad e impone dos cuestiones sorprendentes: el nivel de los servicios ofrecidos en una comunidad estará en función de su «esfuerzo fiscal», es decir, de la recaudación efectuada en ese territorio; y la «cantidad de solidaridad» admisible la determina unilateralmente el que paga. Si esto es un programa de izquierdas, prometo aplicarlo 'in extenso' para ganar en progresía. La próxima vez que vaya al ambulatorio me colaré por delante de todos los que paguen menos impuestos que yo; y voy a pensar cómo y cuánto de solidario quiero ser con los parados y los pensionistas al determinar el tipo máximo de mi IRPF, que, desde ahora se lo advierto, me lo pondré más bajo. Fabuloso.

Maragall ya ha hecho sus cálculos y le sale la bonita cifra de 2.400 millones a cobrar de más cada año. Claro que todos hacen lo mismo y al aplicar la fórmula en Madrid se obtienen 7.500 millones. Sumen a este dinero la pérdida de fondos europeos que, indefectiblemente, se va a producir en los próximos años, resten el total de las cantidades que ahora reciben las comunidades menos favorecidas y tendrán una situación tan nueva como inadmisible.

Una cosa es debatir y, en su caso compensar, el nivel de gasto que el Estado efectúa en Cataluña; y otra absolutamente diferente es cuartear el propio Estado, pulverizar la solidaridad y erigirse cada uno en ámbito propio de decisión, soberano e independiente. No sé si ese modelo puede funcionar, pero es evidente que el resultado obtenido sería algo absolutamente distinto de lo que hoy tenemos. Soy consciente de que a algunos les encanta la conclusión, pero a todos los que no nos gusta debería preocuparnos la deriva de los acontecimientos. Ahora no sólo hay palabras, ahora también disponemos de números.

A. G. entra en fuego
Por Jaime CAMPMANY ABC  30 Abril 2005

ARSA pilili, arsa y olé, que ya está ahí Arfonzo Guerra poniéndole las peras a cuarto al nieto del poeta, el Maragall digo, que a lo mejor se ha empapuzado dos botellas del Priorato, o lo que es más esnob, se ha estirado una destilación larga de Esocia, y así de iluminado, en cuanto le oye al hijo del guardia civil alguna propuesta para largarse de España, que eso sucede un día sí y al otro también, se le encandilan las pajarillas y se pone a tremar de gusto, que parece que le entra el temblor del principiante. Y enseguida hace suyo el trueno y le pega el pasmo a Zapatero. Y con esta última inspiración, la de la pela contributiva, se le ha llenado al Arfonzo el gorro de guijas y le ha metido al Maragall la burra en la posada.

Por debajo de la discusión sobre la soberanía ha salido la interpretación materialista de la vida y de la Historia y lo que quieren al alimón realmente el nieto del poeta y el retoño del tricornio es manejar la caja de los tributos. Por cierto, anda que si al niño del tricornio lo pilla por su cuenta el Tejero el día del esperpento parlamentario, le afeita el bigote de cepillo y lo usa para limpiarse las botas, y es que aquí en Celtiberia vive uno de milagro, que te libras del Tejero y te topas con el Rovira. Ha tenido que salir a la palestra María Teresa Fernández de la Vega (¿pero de qué me suena a mí este apellido?) para decirle al correligionario de la destilación escocesa que eso que se lleva entre manos con el retoño del tricornio no va en la dirección que quiere Zapatero.

Pero el que de verdad le ha parado los pies al Maragall, le ha parado el carro y le ha parado la jaca, pare usted la jaca, amigo, ha sido Arfonzo Guerra, que como está de presidente de la Comisión Constitucional en el Congreso, le ha dicho que la Constitución no se toca, nene. Y enseguida han salido los barones socialistas y no socialistas y han puesto el grito en las nubes, y ha habido que explicarle al nieto del poeta de la «Oda a España» que los tributos no los pagan las ciudades, ni las provincias, ni las comunidades, sino los españoles, sean de donde sean y vivan en donde vivan. Y Zapatero ha hecho un esfuerzo sobrehumano, ha helado la sonrisa complaciente, y ha dicho que eso de la financiación lo deciden todos los españoles.

Hace ya unas cuantas semanas que aventuré desde aquí mismo, desde esta columna a la que vivo atado, que a Zapatero lo pondrían en su sitio los más sensatos de su propio partido. Algunas señales hay ya de eso. Felipe González ha tenido que salir alguna vez a las candilejas a poner en solfa algunos errores peligrosos y a hacer algunas advertencias sobre la unidad, la soberanía y la solidaridad. Ahora, Alfonso Guerra descarga la Constitución sobre la cabeza de Maragall y enseña a Zapatero cómo se maneja el Libro de nuestras libertades y nuestra convivencia cuando alguien, amigo o adversario, se sale del tiesto. Y aquí, en este huerto celtíbero, hay dos tiestos de donde están saliendo constantemente los aguafiestas.

Un año perdido
ABC  30 Abril 2005

Un año de Gobierno no es momento de hacer juicios de intenciones, sino de constatar realidades. Y el hecho es que Zapatero ha fracasado en su objetivo de acabar con la crispación de la sociedad española. Podrá alegar que la oposición se ha echado al monte; como la Iglesia católica, los economistas agoreros o los políticos asustados por el rumbo del debate territorial. Pero alguna responsabilidad tendrá el Gobierno, aunque sólo sea porque es quién fija la agenda. Y la ha fijado con un objetivo obsesivo: desplazar a los populares a la extrema derecha. Lo que resulta bastante incompatible con esa regeneración democrática anunciada desde la campaña electoral.

La política exterior ha girado radicalmente hacia Europa. Se podía haber hecho mejor, sin agravios demagógicos a Estados Unidos, pero es una opción realista. Aunque corre el riesgo de estrellarse en el referéndum francés y las perspectivas financieras 2007-2014. Porque sería un fiasco haber apostado por un modelo de relación con Europa basado en el seguidismo de las potencias centrales y que éstas rechacen la idea de Europa a 25 y se nieguen a financiar su parte proporcional. En América Latina, también se ha optado por una relación de confrontación y no de cooperación con la potencia del norte. Es una opción equivocada que considera el continente un juego de suma cero, donde sólo tendremos espacio si se lo quitamos a los demás. En vez de asegurarnos que el espacio, económico, cultural, político, crece.

La política económica es puro continuismo con tintes peligrosos, porque está subordinada a la política de alianzas territoriales. Continuismo en el modelo de ladrillo y consumo privado, alimentado por una creciente inmigración a la que nunca agradeceremos suficiente. Pero sin reformas que sean algo más que elegantes presentaciones en «power point». Y con un riesgo de deriva explosiva del gasto público al socaire de confusas reivindicaciones históricas y complejas interpretaciones de la estabilidad presupuestaria.

El cambio ha sido muy notable en el País Vasco. Zapatero prefiere gobernar con el PNV que con el PP. El problema es que los nacionalistas no son partidarios. Y en el proceso puede desarmar una vez más al Estado. Ya que el presidente es tan partidario de regalar libros, me voy a permitir recomendarle uno, El Banquero del Mundo, de un periodista liberal a la americana, Sebastian Mallaby, sobre el ex presidente del Banco Mundial James Wolfensohn. El libro explica cómo su gestión se ha visto empañada porque en todo su esfuerzo de acercamiento a las ONGs nunca pensó en la posibilidad de que muchas de estas organizaciones vivieran del y para el enfrentamiento con el Banco Mundial; que sus demandas serían infinitas y nunca satisfechas, y que por lo tanto Wolfensohn tendría que haber aprendido a decir que no, aunque le costara amigos y abrazos. No se me ocurre un consejo mejor al presidente Zapatero en su primer aniversario.

El PSOE y el modelo territorial
Editorial ABC 30 Abril 2005

ESCONDIDO bajo el eufemismo de la España «plural», el Gobierno socialista ha perdido el rumbo en el debate sobre el modelo de Estado. A pesar de las apelaciones abstractas a la solidaridad, está claro que este camino conduce a un salto en el vacío de graves consecuencias para la estabilidad del sistema. Es notorio que la opinión pública muestra una seria preocupación. Y por ello, el Partido Popular, sobre la base de una firme defensa del Estado autonómico, acierta al exigir que se celebre un pleno monográfico en el Congreso de los Diputados.

Por fortuna, no faltan opiniones sensatas en el propio Partido Socialista. Alfonso Guerra ha proclamado en voz alta una verdad evidente: que el estatuto catalán impulsado por Maragall, santo y seña de la oferta de Zapatero, vulnera la Constitución y rompe con la tradición igualitaria del socialismo. La izquierda no puede aceptar unas Comunidades Autónomas «fuertes e insolidarias» y un Estado «anoréxico», se lee en el editorial de la revista «Temas», órgano de expresión del sector llamado guerrista. En el seno del Ejecutivo, Bono ha marcado siempre la distancia y algunos otros ministros apenas ocultan el rechazo que suscita la propuesta de financiación. Asimismo, el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, habla de «no comulgar con ruedas de molino». Manuel Chaves, también del PSOE y presidente de la Junta de Andalucía, afirma que no va a tolerar privilegios, aunque presenta a su vez un proyecto de reforma profunda que incluye elementos muy discutibles. Asegura Maragall que no está pidiendo la Luna, pero que la petición se sitúa «muy arriba». Aun así, CiU, en busca de argumentos para no perder protagonismo, advierte que debe negociarse al alza. Dadas las circunstancias, no se comprende la satisfacción del Gobierno ante el supuesto fracaso del plan Ibarretxe, porque -en la práctica- lo que pretende el tripartito catalán resulta ser bastante parecido.

Zapatero ha perdido el control de un proceso que puso en marcha con el deseo de marcar las diferencias con el Gobierno anterior y al amparo de ese optimismo voluntarista que ha convertido en seña de identidad propia. La coalición que gobierna en Cataluña, reproducida en el ámbito parlamentario a escala nacional, no puede funcionar mientras otorgue el poder decisivo a una formación que no oculta su condición de partido «antisistema». El objetivo de llevar a cabo una operación similar en el País Vasco no parece sencillo: todo apunta a que el PSE permitirá gobernar a Ibarretxe sin que se perciban contrapartidas ni beneficios para la estabilidad política y socioeconómica de aquel territorio. Se trata ahora de conseguir un cambio de mayorías en Galicia, en unas elecciones cuya importancia trasciende sin duda el ámbito regional. El PP empieza a mover piezas en el marco de la reforma estatutaria, con una propuesta hábil en la Comunidad Valenciana de la cual los socialistas han tenido que desmarcarse a toda prisa para no estropear su estrategia general.

El Gobierno percibe que la situación se le va de las manos. El más elemental sentido común demuestra que nada se arregla aceptando las reivindicaciones extremistas, como el término «nación» o los privilegios financieros que chocan frontalmente con la Constitución. Por esta vía, la pretendida reforma terminará por derivar en una inaceptable ruptura. En todo caso, es una incongruencia introducir cambios mínimos en la Constitución formal y, en cambio, alterar profundamente la sustancia de la norma fundamental por medio de los nuevos estatutos. La lealtad política exige que quien pretenda cambiar el sistema debe hacer una propuesta inequívoca y someterla a la decisión del pueblo español, titular único de la soberanía nacional, ya sea por la vía de las elecciones anticipadas (como ha propuesto Guerra), ya sea por el mecanismo de reforma agravada del artículo 168, que culmina en un referéndum obligatorio y vinculante. Es imprescindible evitar que el oportunismo político en función de coyunturas electorales decida sobre asuntos que afectan al futuro de la nación y de su expresión jurídica y política en el vigente modelo constitucional, que funciona de forma satisfactoria desde hace ya un cuarto de siglo.

¿A dónde nos llevas, presidente?
1. Democracia y terrorismo
Jaime Ignacio del Burgo Libertad Digital 30 Abril 2005

La ilegalización de un partido político en el seno de una democracia es un acontecimiento traumático. Supone la privación del derecho de asociación, uno de los derechos fundamentales. A su vez, el terrorismo no puede estar amparado por el ordenamiento jurídico y por tanto no puede convertir el ejercicio de los derechos democráticos en un instrumento para vulnerar radicalmente los valores constitucionales, los derechos humanos y el pluralismo político.

En España, como ocurre en otros países democráticos la ley prevé la posibilidad de disolver aquellos partidos situados en la órbita del terrorismo o que persigan la subversión violenta del régimen constitucional. A pesar de ser tan evidente, esta previsión legal se introdujo en la ley de partidos en 2002, veinticinco años después la instauración de la democracia.

ETA –y en esto está de acuerdo todo el mundo– pretende conseguir la independencia del País Vasco mediante la subversión del actual orden constitucional. Aterroriza a la sociedad vasca y al conjunto de la sociedad española mediante el crimen organizado. Con el fin tener un instrumento político en apoyo a sus fines y métodos, el Movimiento Vasco de Liberación Nacional, entramado político-social dirigido por los pistoleros de la banda etarra, constituyó en 1979 el partido denominado Herri Batasuna. Ha utilizado desde entonces diversas denominaciones. La última marca política de la banda terrorista, antes de su relevo electoral por parte del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK) fue Batasuna. Afortunadamente, el Tribunal Supremo disolvió Batasuna e impidió su presentación a las elecciones municipales de 2003. Fue uno de los mayores golpes recibidos por el entramado del terror etarra.

La ilegalización de un partido político no puede hacerse así como así. La ley tipifica con minucioso rigor y concreción los supuestos o causas para la ilegalización. Son actuaciones y comportamientos muy graves en una democracia.

El Fiscal General del Estado está legitimado para instar la disolución. Por algo es el órgano constitucionalmente encargado de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. Pero el Fiscal no ilegaliza.

También el Gobierno está legitimado para solicitar la disolución de un partido. Lo puede hacer por su propia iniciativa y lo debe hacer a instancia del Congreso o del Senado. Las demandas de ilegalización se resuelven por la Sala especial del Tribunal Supremo formada por su presidente, los presidentes de las cinco Salas en que se divide el Alto Tribunal y dos magistrados, el más antiguo y el más moderno, de cada una de ellas. El Gobierno, pues, tampoco ilegaliza.

EHAK: Puesta la ley, puesta la trampa
Dice el refrán español que “puesta la ley, puesta la trampa”. La trampa sería hacer un nuevo partido sustitutivo del disuelto. La ley intentó evitar la trampa. Para eso, en trámite de ejecución de sentencia, la Sala especial del Tribunal Supremo puede decretar la disolución del nuevo partido teniendo en cuenta para la similitud sustancial de ambos partidos políticos, de las personas que las componen, rigen, representan o administran, de los medios de financiación o materiales, o de cualesquiera otras circunstancias relevantes que, como su disposición a apoyar la violencia o el terrorismo, permitan considerar dicha continuidad o sucesión en contraste con los datos y documentos obrantes en el proceso en el que se decretó la ilegalización y disolución. Pero la responsabilidad de denunciar la trampa corresponde al Gobierno y al Fiscal.

En las recientes elecciones vascas, y tras conocerse el 26 de marzo de 2005 la ilegalización de la Plataforma electoral Aukera Guztiak por considerarla como una continuación de Batasuna, irrumpió en el escenario político un nuevo partido denominado “Partido Comunista de las Tierras Vascas” (EHAK). Era el “plan B” de Batasuna. En las elecciones ha conseguido nueve escaños.

El Partido Popular y otras organizaciones sociales vascas denunciaron desde el primer momento que EHAK era la trampa tendida por Batasuna a la ley para poder presentarse a las elecciones. El Gobierno, a pesar de contar con diversos informes de la Guardia Civil con pruebas de la vinculación entre ambos partidos, no ha querido instar la disolución de EHAK. Su actitud estaría avalada –para sonrojo de la Abogacía del Estado– por un informe de su titular. Más que el informe independiente de un órgano del Estado se asemeja al dictamen elaborado para defender los intereses de su cliente, en este caso, el Gobierno.

El Gobierno y la Fiscalía usurpan las funciones del Tribunal Supremo
El Fiscal tampoco ha tenido a bien ejercer ninguna acción en defensa de la legalidad pues considera que sigue sin haber pruebas indiciarias suficientes de que los dirigentes de ETA-Batasuna se hayan referido o hayan contemplado en algún momento la posibilidad de que EHAK se convirtiera en la vía de articulación de su actuación política. No hay pruebas, sostiene el Ministerio Fiscal, de que el nuevo partido haya sido un montaje de ETA-Batasuna. La actitud de la Fiscalía, secundando así el interés del Gobierno, merece un severo reproche porque la Constitución le ordena actuar con estricta sujeción a la legalidad y con total imparcialidad.

El Gobierno y el Fiscal, con su actitud, han usurpado la función del Tribunal Supremo. No han cumplido con su obligación porque hay mucho más que indicios, y cada día que pasa surgen más, sobre la vinculación directa entre EHAK y ETA-Batasuna. El Gobierno y la Fiscalía deben dejar que sea el Tribunal Supremo quien se pronuncie sobre la base de los datos existentes. No hacerlo se llama pura y llanamente prevaricación aunque sea por omisión y no tenga en principio trascendencia penal para sus autores.

La propuesta de Anoeta
A finales del pasado año, Batasuna aprobó la denominada “propuesta de Anoeta” (14.11.2004). Después de un largo preámbulo donde se vuelven a reproducir los argumentos ya conocidos y reiterados por ETA desde su adhesión al pacto de Estella, la propuesta incluye las bases para la resolución del conflicto. El objetivo es la iniciación de un proceso de diálogo político multilateral, sobre la base –claro es– del reconocimiento del derecho a la autodeterminación y el compromiso de respetar la decisión de la ciudadanía vasca. El acuerdo entre “los agentes de Euskal Herria” deberá asegurar el “tránsito político hacia un nuevo escenario en el que el pueblo vasco pueda, en condiciones democráticas, decidir cualquier estatuto político o institucional para nuestro Pueblo”. El acuerdo habrá de ser refrendado por la ciudadanía de "Euskal Herría" y una vez obtenido, sus firmantes se convertirán en representantes del pueblo vasco para abrir un proceso de diálogo y negociación con los Estados español y francés. En paralelo habría de abrirse una negociación entre ETA y ambos Estados para tratar sobre la “desmilitarización del conflicto”, “presos, deportados y refugiados” y “víctimas”.

Poco después de aprobada la propuesta de Anoeta, el 16 de enero de 2005 ETA emitió un comunicado expresando su pleno apoyo a la misma por ser “la aportación política más sólida que se ha presentado de cara a superar el enfrentamiento entre Euskal Herria y los Estados”. Batasuna quedaba así legitimada por la banda para impulsar y negociar el contenido de su propuesta.

Y ahora viene lo peor. Porque si han existido conversaciones entre dirigentes socialistas vascos y los representantes de la ilegalizada Batasuna, el guión de lo ocurrido después parece haber sido escrito de común acuerdo.

Se puede llegar sin ser temerario a la conclusión de que en los prolegómenos de las elecciones vascas la llamada “lista blanca” de Batasuna, la Plataforma Aukera Guztiak, no fue más que un señuelo para permitir al Gobierno salvar la cara al instar y obtener su ilegalización, mientras se preparaba bajo manga la irrupción del fantasmagórico Partido Comunista de las Tierras Vascas para permitir la presentación de la izquierda abertzale. Se ha dicho que al apoyar esta maniobra fraudulenta, el PSOE intentaba evitar la mayoría absoluta del PNV con la finalidad de enterrar el Plan Ibarreche. Si así fuera el Gobierno de Rodríguez Zapatero habría dado muestras de una incalificable irresponsabilidad por asestar un golpe de muerte a una legislación, como la Ley de Partidos, imprescindible para asegurar la libertad y el triunfo del Estado de Derecho en el País Vasco. El fin no justifica los medios.

Pero hay algo mucho más profundo e inquietante. A estas alturas, todo parece indicar que el Gobierno ha decidido avanzar en la dirección marcada en la propuesta de Batasuna, al menos en cuanto a la aceptación del inicio de un proceso de diálogo con la finalidad de conseguir lo que en la jerga nacionalista se denomina la superación del conflicto.

Jaime Ignacio del Burgo es diputado por Navarra. Representa a UPN en el Comité Nacional del PP

Que no nos tomen el pelo
TONIA ETXARRI El Correo 30 Abril 2005

Lo peor es que nos tomen el pelo. Que se crean que nos engañan cuando nos cuentan, después de tantos trienios de conflicto, (por cierto, algunos más de los que llevaba Rodríguez Zapatero en su discreto escaño de parlamentario en el Congreso de los Diputados), que la lucha por la alternancia, de la que tanta gala hizo Patxi López en su campaña, queda en una mera declaración de intenciones . Si resulta cierto que los socialistas no van, al final, a escenificar con un voto su aspiración a desalojar al nacionalismo del poder de Ajuria Enea, a muchos de sus votantes les va a parecer que no se merecen unos dirigentes que les engañan. Lo dijo Rubalcaba en la noche electoral del 13 de marzo, en una jornada de reflexión que se vio ilegalmente alterada por el afán propagandista de algunos dirigentes. Ahora vuelve a circular la misma sensación de engaño; esta vez, dirigida al Partido Socialista.

Si Patxi López y Rodolfo Ares no dicen lo contrario, el sentimiento de decepción electoral volverá a recorrer las sedes de los socialistas del País Vasco. Si después de haber encabezado la línea de oposición al plan Ibarretxe y la escenificación de distanciamiento de todo lo que pudiera tener que ver con el grupo de Otegi (para no traicionar al asesinado Buesa, entre otras cosas) la cuestión queda en una abstención en el hemiciclo para que pueda salir Ibarretxe lehendakari, sin tener que depender de los votos de los 'tapados' de Otegi, habrán ganado alguna partida inconfesable. Sin duda, pero habrán perdido toda credibilidad entre buena parte de ese electorado que apostó por Guevara o por Arregi, por ejemplo, que representaban el anhelo del cambio, de la mano del socialismo en el que tanto empeño puso el malogrado Mario Onaindia.

Todo es puro escenario desde que el 17 de abril las urnas perfilaron un hemiciclo con menos poder para el PNV pero con más fuerza para los herederos de Batasuna y una representación en los escaños constitucionalistas tan digna ( 33), como la que ha logrado Ibarretxe y su tripartito (32). Qué decir de la reunión entre Imaz y Madrazo...Después de que Ibarretxe hubiera dado por hecho que se repetía la fórmula del tripartito para el próximo gobierno, hacen el paripé y hablan «de la necesidad de potenciar el diálogo». ¿Y quién no? protesta el PP de María San Gil. El problema, desde que los nacionalistas firmaron el Pacto de Lizarra, es el de las compañías. Ayer Otegi, emulando a un proceso irlandés que nada tiene que ver con el vasco, hacía un llamamiento a los 'unionistas'. Cuando Bandrés podía hablar, volvió aterrorizado de una manifestación en San Sebastián en la que los de HB le habían llamado 'unionista', por el mero hecho de no ser independista. Nuestra historia, en fin, está repleta de disparates. Y de injusticias. Bueno será que Zapatero, antes de recibir a Ibarretxe el próximo jueves, atienda las preocupaciones de los suyos.

ETA: La serpiente sigue viva
El Ministerio del Interior confirmó ayer que Pello Esquisábel, a la izquierda, es el cabecilla del «aparato militar», tal y como publicaba LA RAZÓN
J. M. ZULOAGA La Razón 30 Abril 2005

Un clamoroso y, en apariencia, inexplicable fallo de seguridad puede hacer pensar a algunos que la banda criminal está regida por un grupo de inexpertos y que está dando las últimas bocanadas. Nada más lejos de la realidad, que hay que analizarla en su conjunto. Lo cierto, y lamentable a la vez, es que con una actividad criminal muy escasa, si se la compara a la de otros tiempos, la banda terrorista ETA está consiguiendo logros políticos de gran importancia: el mantenimiento de su representación institucional en el Parlamento vasco, gracias a la candidatura del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y la disposición del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a negociar con los terroristas.

¿Que buscaba?
Lo ocurrido el jueves en Caussade, cuando fue detenido «el jefe del aparato militar» y coordinador de los demás «aparatos», Pello Esquisábel, al intentar recoger en una lavandería una bolsa que había dejado olvidada dos días antes, ha sido interpretado, de forma precipitada, como un signo más del proceso de descomposición de ETA. Se trata, evidentemente, de un fallo de seguridad cometido por un individuo con muchos años de militancia en la banda y, por lo tanto, perfecto conocedor de las técnicas de la clandestinidad.

Por ello, la pregunta que se formulaban ayer expertos antiterroristas consultados por LA RAZÓN es ¿qué había tan importante en esa bolsa como para que Esquisábel decidiera correr un riesgo tan grande? Por una pistola y unos papeles con anotaciones de objetivos no habría vuelto. La respuesta, si es que ya se ha encontrado, la tiene la Policía francesa que, sin duda, no tardará ni un segundo en comunicárselo a sus colegas españoles del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. Eso es auténtica colaboración.

Un incidente tan beneficioso para España como el de Caussade no puede hacer olvidar que no hace muchos días ETA ha robado cuatro mil kilos de clorato que, mezclado con otras sustancias, se pueden convertir en 150 coches bomba como el que la banda colocó en el recinto ferial de Madrid el pasado 9 de febrero. No hace muchos meses, varias células «itinerantes» han recorrido España de norte a sur y vuelta. Y la impresión que tienen los expertos es que donde los terroristas dejaron bombas de escasa potencia podían haber colocado artefactos de mucha más capacidad de destrucción.

Las autoridades francesas han solicitado la colaboración ciudadana para localizar el material sustraído y subrayan que se trató de una operación realizada con precisión «militar» en la que intervinieron seis individuos a bordo de tres automóviles. No se trató, por tanto, de una acción propia de «pardillos».

La banda, pese a los últimos golpes policiales recibidos, mantiene una importante estructura clandestina en Francia, que le permite ocultar materiales; fabricar explosivos y montar bombas; cobrar el chantaje terrorista conocido eufemísticamente como «impuesto revolucionario»; robar automóviles; esconder, en una relativamente importante red de pisos, a los pistoleros que forman su reserva; atravesar la frontera, en ambos sentidos, gracias a un renovado «aparato de mugas»... Todo ello está dispuesto para cumplir las órdenes que emanan de los máximos dirigentes y, en especial, de la «cabeza pensante», José Antonio Urruticoechea Bengoechea, «Josu Ternera».

Logros políticos.
A veces, al analizar la actividad de ETA, se limita el balance a las cifras de atentados y detenidos. En ese aspecto, la lucha antiterrorista va bien. Pero se trata de un estudio limitado porque se olvida algo también importante: si ETA, en el último año, ha avanzado o no en el logro de sus objetivos estratégicos mediante la consecución de objetivos tácticos que se marca a corto y medio plazo.

Y aquí, el resultado no es positivo: la banda ha conseguido mantener, mediante la «absorbida» – por utilizar el término de la Guardia Civil en su brillante informe– candidatura del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), su representación institucional en el Parlamento vasco, y, probablemente, ha abierto el camino para poder comparecer a las elecciones municipales; y, lo que es crucial para los pistoleros, que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero muestre su disposición a negociar con ellos. Se acabó la política antiterrorista en la que se buscaba la derrota policial y ahora se inicia la de las conversaciones para «alcanzar la paz» cueste lo que cueste.

Contra el entramado.
En términos objetivos, la situación de ETA, por el ¿fallo? de seguridad de uno de sus cabecillas no se puede calificar de desastrosa o terminal. La realidad es otra y hay que continuar la lucha contra la banda, contra sus pistoleros y contra su entramado, porque, si no, es imposible derrotar a los terroristas, subrayan los expertos consultados.

Indignación en las comunidades por el proyecto del tripartito catalán
R. N. La Razón 30 Abril 2005

Madrid- Los planes de financiación del Ejecutivo de Pascual Maragall cosecharon ayer un aluvión de críticas en numerosas Comunidades Autónomas, incluidas las gobernadas por los socialistas. Así, el consejero andaluz de Economía, José Antonio Griñán (PSOE), afirmó que la Junta rechaza la propuesta porque una Comunidad no puede establecer las relaciones financieras de forma bilateral con el Estado, mientras que el consejero de Presidencia del Gobierno de Castilla-La Mancha, el socialista Máximo Díaz-Cano, advirtió de que una modificación del modelo de financiación de las Comunidades Autónomas será «inconstitucional» si no cuenta con el consenso de todas las autonomías. En su opinión, la propuesta de la Generalitat «rezuma soberanismo fiscal y eso choca con la Constitución». En la misma línea, el presidente de Cantabria, el regionalista Miguel Angel Revilla –que gobierna en coalición con el PSOE– advirtió de que la alternativa del tripartito «supondría reeditar los Reinos de Taifas y propiciaría que las regiones ricas llegaran a ser más ricas y las pobres, más pobres».

Desde el otro «bando, el popular Ramón Luis Valcárcel, presidente del Gobierno de Murcia, Ramón Luis Valcárcel (PP), manifestó su «oposición frontal», por considerarla «insolidaria, injusta, insostenible e inconstitucional». Por su parte, el portavoz del Gobierno de La Rioja, Emilio del Río (PP), exigió a Zapatero que «intervenga para evitar el enfrentamiento entre Comunidades Autónomas».

El Supremo confirma la ilegalización del Impuesto de Sociedades vasco
Las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa creen que es «una decisión con intencionalidad política»
Aun está pendiente otro recurso presentado por los Ejecutivos forales ante el Constitucional
MANU ALVAREZ/BILBAO El Correo 30 Abril 2005

El Tribunal Supremo dijo ayer 'no' a la posibilidad de revisar la sentencia emitida a finales del pasado mes de enero en la que declaró ilegales algunos aspectos fundamentales del Impuesto de Sociedades que se aplica a los beneficios de las empresas radicadas en en Euskadi. Los magistrados consideraron entonces que las compañías vascas gozan de una situación de privilegio respecto a las que están asentadas en el resto de España; una situación que, a su juicio, hay que considerar como «ayudas de Estado» y, por lo tanto, ilegales dentro de la normativa vigente en la Unión Europea. La Sala amparó esa conclusión, entre otras razones, en la aplicación de un tipo impositivo -el 32,5%- inferior al 35% vigente en territorio común.

El origen del conflicto judicial se remonta a una iniciativa de la patronal de La Rioja, que acudió a la Justicia al considerar que las normas fiscales vigentes en el País Vasco podían provocar la deslocalización de firmas asentadas en su comunidad.

La decisión del Supremo de rechazar el recurso de nulidad presentado por las diputaciones y otras entidades, como la Cámara de Comercio de Bilbao, no ha sido una sorpresa. Nadie había depositado la más mínima confianza en que esta instancia judicial, que hace tan sólo unos meses emitió una dura sentencia contra la tributación fiscal de las empresas en Euskadi, admitiese ahora retirar su resolución.

El recurso interpuesto por las mismas instituciones, de forma paralela, ante el Tribunal Constitucional es a partir de ahora la única posibilidad que queda de paralizar el fallo, que en la práctica ha dejado a las empresas vascas sin una clara referencia fiscal para el ejercicio en curso.

«Decisión política»
En él, sus promotores tratan de demostrar que el Supremo ha utilizado como base para sus argumentaciones una legislación, la de la UE, que no le corresponde a él interpretar. Las diputaciones también habían solicitado una suspensión cautelar de la sentencia, hasta que exista una decisión del Constitucional, que todavía no se ha pronunciado sobre este extremo.

Las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa no dudaron en criticar la resolución del Supremo, que calificaron como una actuación «con intencionalidad política». Así lo apuntaron ayer sus máximos responsables, José Luis Bilbao y José Joan González de Txabarri.

El máximo responsable del Ejecutivo foral vizcaíno ya manifestó haber «perdido la fe en los tribunales» cuando se conoció la sentencia el pasado mes de enero. Ayer reiteró esta misma posición y recordó que, en la práctica, lo que ha hecho el Supremo es dejar sin efecto unos acuerdos políticos «de primer nivel, como son el Concierto Económico y el Estatuto de Autonomía». En la misma línea, González de Txabarri afirmó que «el Supremo ha dejado de impartir justicia para hacer política».

Las diputaciones vascas tienen pendiente la elaboración de una normativa que clarifique el Impuesto de Sociedades del año en curso, que se liquidará a mediados de 2006. Respecto al del pasado ejercicio -cuyas declaraciones se presentarán a finales del próximo julio- las haciendas de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa mantendrá la aplicación de la normativa declarada ilegal por el Supremo.

Cosas muy raras
FRANCESC DE CARRERAS LA VANGUARDIA 30 Abril 2005

Desde que gobierna el tripartito, en la política catalana están sucediendo cosas raras, muy raras. No recordaré las más lejanas, ni siquiera algunas otras más recientes, aunque no puedo resistirme a mencionar una muy notoria de la semana pasada: la propuesta de Maragall para entrar a formar parte de la Francofonía, debido a la importancia que ha tenido la cultura y la lengua francesas en Catalunya, mientras cada año hay muchas protestas por la celebración de la Hispanidad el día 12 de octubre. ¡Inefable!. Pero vayamos a esta semana: a algunas -sólo a algunas- de las cosas raras que han sucedido esta semana.

Primera. La ponencia que está redactando el nuevo Estatut ha acordado por casi unanimidad -es decir, sólo con las dudas del PP- que debe constar en su texto que Catalunya es una nación. Ello no parece una gran novedad, hace muchos años que se viene repitiendo. Sin embargo, cabe recordar que por encargo de este periódico, el Instituto Noxa publicó recientemente (La Vanguardia, 13 de marzo del 2005) un sondeo en el cual el 44% de los encuestados mantenían que Catalunya era una región y sólo el 21% consideraban que era una nación. Una de dos: o la encuesta estaba muy mal hecha o, en este aspecto, una parte muy importante de los ciudadanos se sienten muy poco representados. Quizás hace falta un nuevo partido en Catalunya: habría que empezar a considerarlo seriamente.

Segunda. El Partido Socialista se pasó 23 años diciendo que los gobiernos Pujol eran el colmo de la ineficacia y que su gestión al frente de la cosa pública era un puro desastre. Ahora resulta, por lo visto, que no, que el desastre era la financiación, el expolio de Catalunya que Madrid efectúa cada año. Además, por lo tanto, el desastre -mientras gobernó Felipe González cuando menos- eran los mismos socialistas que, encima, mira por dónde, habían ido aprobando los diversos sistemas de financiación. Sigamos.

Tercera. José Montilla es el primer secretario del PSC, el cual, a su vez, es ministro de Industria en el gobierno de Zapatero. Como ayer expresó con toda claridad Pedro Solbes, en nombre del Gobierno, el desacuerdo con el nuevo sistema de financiación que propone el tripartito catalán, presidido por un socialista y con el conseller de Economía también socialista, es prácticamente total, tanto en la forma como en el fondo. Entonces ¿qué está pasando? ¿con quién está de acuerdo Montilla? ¿con el partido que dirige? ¿con el gobierno del cual forma parte? ¿no se entera de lo que traman en Catalunya o no le informa su partido? ¿está a punto de dimitir? ¿de qué cargo dimite, de primer secretario de su partido o de ministro? Todo está muy oscuro y confuso. Todo es bastante ridículo y poco serio.

Cuarta. La consellera de Educació, Marta Cid, ha anunciado que la Generalitat impulsará el curso próximo, de manera experimental, la enseñanza de la lengua amaziga (bereber) dado que es la lengua propia de buena parte de las personas de origen marroquí que viven en Catalunya. Ya puestos a hacer ¿por qué no se enseña el árabe, que es la lengua oficial en Marruecos y en otros muchos países?

¿Cuál es la causa de que nos sucedan estas cosas? A ciencia cierta no lo sé. Pero quizás es que tenemos unos gobernantes raros, muy raros. En la sociedad, en la calle, me da la impresión que la gente es más normal, en realidad la encuentro muy normal. ¿Distanciamiento entre la clase política y la población? Es probable, muy probable.

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