AGLI

Recortes de Prensa     Miércoles 11 Mayo 2005
Insultos a las víctimas y burlas al Estado de Derecho
EDITORIAL Libertad Digital  11 Mayo 2005

El aval
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 11 Mayo 2005

Será mucho pedir
Antonio PÉREZ HENARES LR 11 Mayo 2005

Será mucho pedir

Antonio PÉREZ HENARES La Razón 11 Mayo 2005

Una historia de tregua

MIKEL BUESA  ABC 11 Mayo 2005

Patxi se reúne
CONFIDENCIAL La Razón 11 Mayo 2005

El pacto en el Congreso
TONIA ETXARRI El Correo  11 Mayo 2005

Guía para un debate complejo
Editorial ABC 11 Mayo 2005

Parteluz y parteaguas de la política española
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 11 Mayo 2005

Marcha atrás
M. MARTÍN FERRAND ABC 11 Mayo 2005

¿Qué dicen de nosotros
Benigno PENDÁS ABC  11 Mayo 2005

Nadie puede ser tan inepto
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 11 Mayo 2005

Reescribiendo la Historia
José Luis Manzanares Estrella Digital 11 Mayo 2005

Una financiación conforme a la Constitución
MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA ABC  11 Mayo 2005

Dónde está el dinero de los imnpuestos
M.A. email  11 Mayo 2005

Cuento de nunca acabar
Pedro R. Email 11 Mayo 2005

Los riesgos del diálogo
Cartas al Director ABC 11 Mayo 2005

ETA mantiene su campaña de chantaje contra empresarios vascos
J. M. Zuloaga / R. L.Vargas LR 11 Mayo 2005

El Foro Ermua y la Asociación de Víctimas acusan a Patxi López de «legitimar a ETA-Batasuna»
ABC  11 Mayo 2005

El PP recurre al Tribunal Constitucional por el traslado del Archivo de la Guerra
A. A. ABC  11 Mayo 2005
 

Insultos a las víctimas y burlas al Estado de Derecho
EDITORIAL Libertad Digital  11 Mayo 2005

La indigna reunión mantenida este martes por el secretario general de los socialistas vascos, Patxi López, con los nuevos parlamentarios proetarras en la cámara autonomica vasca ha provocado que diversas organizaciones de víctimas del terrorismo hayan hecho comunicados en los que han expresado sus más que justificadas protestas. Para la AVT, “el encuentro supone un insulto a la memoria de las víctimas del terrorismo”, mientras recuerda a López algo tan conocido y, al tiempo, tan ignorado, como que se ha reunido con "quienes se han negado a condenar los atentados que causaron la muerte a más de 800 personas, entre otras, numerosos miembros del Partido Socialista que dieron su vida por defender la paz y la libertad en el País Vasco".

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (Covite) ha recordado, por su parte, al secretario general del PSE las palabras que le dirigió la madre de Joseba Pagazaurtundúa, el jefe de la Guardia Municipal de Andoain asesinado por ETA, durante el homenaje que se organizó con motivo del segundo aniversario de su muerte: “Cuando tenga que tomar decisiones ponga en un lado de la balanza lo más importante, la vida, pero también la dignidad. En el otro lado, ponga el poder y el interés de partido, y sabrá entonces si cada decisión es correcta o no".

Las víctimas denuncian asimismo “el retroceso en materia antiterrorista" que lúcidamente consideran que se registra en España, "cuando merced al extraordinario trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y a la firmeza del Pacto Antiterrorista, ETA se encontraba en el peor momento de su sangrienta trayectoria".

Ciertamente, de poco sirve el acoso policial a los terroristas, si el gobierno está dispuesto a neutralizar sus efectos y a disolver el poder disuasorio y punitivo de las penas con su abierta disposición a negociar la impunidad en eso que ahora vuelve a llamarse “proceso de paz”. Del objetivo de derrotar a los terroristas, se pasa de nuevo a tratar de apaciguarlos. Sólo que ahora, no se pretende lograrlo únicamente con ofertas penitenciarias –reservadas a una futura negociación entre el gobierno de ZP y ETA-, sino también con ofertas políticas –reservadas a Patxi López para que se sume a los planes y al referéndum con el que los firmantes de Estella quieren acabar con el Estatuto de Guernica.

En lo que debemos fijarnos, pues, no es tanto en la composición del futuro gobierno vasco, sino en qué alianzas se van a formar para acabar con el Estatuto de Guernica. Ese es un precio político que Zapatero está dispuesto a pagar desde el mismo momento en que se dio cuenta de que, de no hacerlo, tendría que enfrentarse a los nacionalistas con el imperio de la ley. Y eso no lo iba hacer, desde luego, quien hace depender su gobierno de los socios de ETA en Perpiñán. Que el PSE se sacara de la manga, a pocos meses de las elecciones, el Plan de Patxi López sólo tenía como objetivos negociar el Plan Ibarretxe.

No debemos, pues, hacer el avestruz ante el horizonte. Las treguas de ETA son reversibles; pero las reformas estatutarias que tratan de lograrlas, no. Lo que ha quedado retratado en la entrevista de Patxi López con los proetarras es que los socialistas están dispuestos a sumarse a Estella para acabar con el Estatuto de Guernica. Lo que ha quedado fotografiado, un día antes del Debate sobre el Estado de la Nación, es de qué lado ha hecho Patxi López caer el fiel de esa balanza de la que le hablara la madre de un guardia municipal asesinado.

El aval
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 11 Mayo 2005

El PSOE conversa con Batasuna por medio de dirigentes como Eguiguren; prospecta a la Asociación de Víctimas del Terrorismo a través de Peces Barba para saber hasta qué punto estarían dispuestos a aceptar la excarcelación de etarras; legaliza la larga mano de ETA que representa el Partido Comunista de las Tierras Vascas, violando, de este modo, la Ley de Partidos, y, a pesar de todo esto, pretende convencer a la sociedad española de que cumple con el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo.

¿Por qué habrá llegado a pensar la dirección del partido socialista que la del PP es boba de baba y que la sociedad española carece colectivamente de criterios o simplemente que está colgada de lo que ellos puedan decir en cada momento?

Para llevar a cabo la escalada de compromisos con la que sueña Zapatero, para «explorar todas las posibilidades de paz», el PSOE necesita mantener formalmente el Pacto antiterrorista. Necesita ese aval. Se trata ciertamente de una coartada. Todo el mundo sabe que se trata de un acto escandalosamente hipócrita, pero es el aval del primer partido de la oposición. Lo que puede permitirle al PSOE la licencia de pactar con los que matan, esto es, hacer pasar lo inconfesable. En los últimos tiempos Zapatero había despreciado el Pacto contra el Terrorismo, pero ahora ha caído en la cuenta de que necesita rehacerlo, ampliarlo al PNV y abrir nuevos márgenes de maniobra. Pero nunca romperlo. Por esa razón los socialistas tratan de explicar que el preámbulo del Pacto mediante el que los dos partidos firmantes se comprometían a no tener relaciones orgánicas con el PNV está ya obsoleto, fuera de contexto político. En aquellos tiempos en los que firmaron el Pacto -dicen los socialistas-, el PNV estaba aún vinculado a ETA por el de Estella, y ya no lo está. Lo que no quieren reconocer los socialistas es que lo que está ocurriendo ahora es algo más grave; ahora es un partido constitucionalista (es un decir) el que avala al Partido Comunista de las Tierras Vascas y le pide los votos para Patxi López.

Para todo esto Zapatero necesita el «nihil obstat» del PP. Es verdad que quieren extrañarlo de la vida pública y dejarlo sin cometido en la Transición bis que están montando, pero, al tiempo, lo necesitan para avanzar en el camino de la infamia. Obviamente, el PP se resiste. Rajoy y Acebes se niegan y esto rompe los nervios de Pepiño Blanco y de Rubalcaba, que, entonces, pasan al terreno que les es propio: el de la desautorización en términos infamantes. Han llegado a decir que, al negarse a renovar el pacto antiterrorista, el PP prefiere que ETA siga existiendo y matando antes de que Zapatero pueda conseguir el triunfo de la paz: lo que ellos llaman la «normalización» del País Vasco y que en realidad significa entregar ésta a los nacionalistas y al Terror.

Será mucho pedir
Antonio PÉREZ HENARES La Razón 11 Mayo 2005

No asumo el más mínimo riesgo al pronosticar que mañana Zapatero diagnosticará que la situación ha experimentado un espectacular y positivo giro desde que ellos están en el poder y que las cuestiones que chirrían son en cualquier caso una penosa herencia del gobierno anterior No corro tampoco peligro alguno al asegurar que la oposición aseverará que esto va de mal en peor, hacia escabrosos precipicios y que si alguna cosa aún funciona es porque ellos la dejaron tan encarrilada que ni siquiera la torpeza de los actuales mandatarios ha sido capaz de torcerla. Este maniqueísmo, que sería exactamente el mismo si los protagonistas estuvieran en papeles contrarios, está alcanzando límites casi paranoicos en la política española. Reconocer un logro al contrario es un delito de lesa patria y asumir un error, un imposible metafísico. Poco pues puede esperarse del debate del Estado de la Nación. Sin embargo, como buen iluso, aún espero que se nos informe a los españoles y por parte de quien la tiene ahora en sus manos y poder, qué es lo que piensa hacer de España. Sabemos lo que piensan todos, pero ¿podremos al fin los españoles saber qué opina Zapatero? ¿ Es mucho pedir, Presidente? Ojalá me equivoque, pero me temo que cuando acabe el debate deberemos seguir haciendo cábalas si es que no nos lo quiere decir o es que ni siquiera lo sabe.

Una historia de tregua
POR MIKEL BUESA CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID ABC 11 Mayo 2005

HAN pasado pocos años, apenas un instante en el devenir de esta vida nuestra, y parece que se ha olvidado todo, que las lecciones de aquellos acontecimientos se han diluido en los azarosos vaivenes de la política, en los silencios del ejercicio del poder.

Situémonos en el verano de 1998. Apenas habían transcurrido doce meses desde el asesinato de Miguel Ángel Blanco y «ETA estaba derrotada militarmente… (pero) se podía evitar su fracaso político», según le confiesa el dirigente sindical de ELA José Elorrieta a Sagrario Morán. En pocas fechas el resultado de un año de ocultas negociaciones entre nacionalistas se precipita. El 25 de junio, para dar el impulso final, la banda asesina a Manuel Zamarreño; y cuatro días más tarde el Partido Socialista, al evidenciarse la deslealtad de sus socios del PNV y EA, abandona el Gobierno Vasco, no sin que, entre sus filas, se alcen las voces de dirigentes como Eguiguren, Elorza o Huertas contra la decisión liderada por Nicolás Redondo. Sólo pasará un mes para que se reúna la dirección política de ETA con los comisionados de los partidos que quedan en el Gobierno y se perfilen los documentos que, en agosto, serán sellados para solemnizar el acuerdo. De ahí se derivarán el Pacto de Lizarra, con una declaración que preludia la secesión del País Vasco, y el comunicado en el que ETA anuncia el cese de sus atentados. Era el 16 de septiembre y, como aclara Rafa Díez Usabiaga, secretario general del sindicato LAB, «sólo cuando ETA percibe que el PNV y otros sectores… asumen un alto grado de responsabilidad y compromiso… (para) poner las bases de un nuevo escenario político, da la tregua».

Ese mismo día, al dirigente socialista alavés Fernando Buesa, a la sazón portavoz de su partido en el Parlamento Vasco, le fue retirado el servicio de escolta que le protegía de una amenaza cierta de ETA. El caso de mi hermano no era una excepción. Con una rapidez inusitada, el consejero de Interior Javier Balza había dado orden de suprimir la protección de casi todos los amenazados, en aplicación de una doctrina de seguridad que se basaba en la idea de que ya nadie sería objeto de un ataque terrorista. Por ello, desde aquel momento y hasta que algo más de un año después se rompiera la tregua, sólo catorce personas contaron con la protección de la Policía vasca: el lehendakari, el citado consejero y su viceconsejero de seguridad, el anterior ocupante de este último cargo, el diputado general de Álava, el alcalde de Vitoria, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el juez de vigilancia penitenciaria, los presidentes del PNV y del PP, los secretarios generales del PSE y UA, y un empresario que había sido víctima de un secuestro.

Esa misma doctrina de seguridad indujo la práctica supresión de las actividades antiterroristas de la Ertzaintza, al deshacerse las unidades que se habían especializado en este campo. Su justificación política no podía ser otra que la idea de que, desaparecido el terrorismo, ya no era necesario dedicar los recursos policiales a su persecución. Una idea falsa e hipócrita, pues los firmantes de Lizarra bien sabían que, en el documento suscrito con ETA, se especificaba que ésta mantenía «tanto las tareas de aprovisionamiento como el derecho a defenderse en caso de posibles enfrentamientos», y que la tregua, aunque «se presentará en público como indefinida, tendrá un primer plazo de cuatro meses». Se pagaba así el precio del apoyo de los representantes de ETA en el Parlamento Vasco a la investidura del lehendakari Ibarretxe.

En este ambiente de completa pasividad con respecto a las actividades terroristas, ETA encontró todas las facilidades para continuar amedrentando a la sociedad vasca. Y así, se sucedieron continuos ataques de terrorismo callejero —uno diario como promedio del período de tregua— ante la pasividad de las fuerzas policiales, pues los ertzainas tenían órdenes tajantes de no intervenir. Ello ocasionaría, además de unas pérdidas materiales valoradas en más de seis millones de euros, una creciente degradación moral de los gobernantes. Éstos, como señaló Fernando Buesa, en el que sería el último de sus discursos parlamentarios, se dedicaban «a retorcer el sentido de las palabras» para poder decir «que son solidarios con quienes sufren los ataques y agresiones» y, simultáneamente, «negarse a exigir a las bandas y grupos que los cometen su inmediato y definitivo cese».

Al mismo tiempo, los etarras preparaban nuevos atentados, pues eran conscientes de que su tregua iba a durar poco. Uno de ellos, Asier Carrera, declara que, en los últimos meses de 1998, los miembros de su grupo buscaban «información exhaustiva sobre personalidades de la vida política». Y añade que «fue así como conseguimos elaborar una muy completa… sobre Fernando Buesa,… y en él centramos toda la actividad del comando», llegando incluso a levantar «un croquis detallado sobre la zona donde podía llevarse a cabo el atentado contra él». Por el momento, el alto el fuego iba a demorar ese fatal destino. Pero no tardaría en reanudarse el terrorismo, pues el 28 de noviembre de 1999 ETA puso fin a la tregua. El consejero de Interior tardó unos días en asumirlo y en dar la orden de que se volviera a proteger a algunos de los amenazados. Y, así, el 10 de diciembre cuatro dirigentes del PSE, entre los que se encontraba mi hermano, empezaron a ser acompañados por un ertzaina. Tan exiguo dispositivo de seguridad respondía a una leve variación de la doctrina Balza, que seguía minusvalorando los riesgos y minimizando los recursos policiales, con lo que se ahorraba personal y medios materiales al no utilizarse vehículos blindados o sistemas de barrido de frecuencias, ni realizarse acciones de contravigilancia o estudiarse las rutinas y los itinerarios de las personas protegidas. No sorprende, por ello, que Carrera y sus dos compañeros acabaran realizando sus designios y el 22 de febrero de 2000 asesinaran, haciendo estallar un coche bomba a su paso, a Fernando Buesa y a Jorge Díez, que ese día le escoltaba.

El final de esta historia es sencillo: dos vidas truncadas, dos familias destrozadas; y la impostura enseñoreándose una vez más de la política vasca. Y también son simples las dos lecciones que se desprenden de ella. Ambas conciernen a quienes ejercen el poder y, por ello, conviene recordarlas en estos días en los que de nuevo nos atenaza el delirio de quienes, esta vez desde las filas del socialismo, quieren ocupar una línea en el relato de la Historia, llegando a ella por el atajo de una pacificación engañosa que siempre ha acabado por dar un nuevo aliento a ETA. La primera nos dice que algunos políticos pueden tratar de perpetuarse negociando efímeras treguas con terroristas porque quienes ponen los muertos son siempre otros: una esposa, una madre, unos hijos, unos hermanos. Y la segunda nos recuerda que, como apuntó no hace mucho Pilar Ruiz, «quien pacta con traidores se convierte en traidor». Los que hemos sido víctimas del terrorismo nunca daremos nuestro reconocimiento a esos traidores sobrevenidos y, frente a ellos, exigiremos la memoria para que no se olvide que ninguna razón política justifica los crímenes que se han cometido, y reclamaremos la justicia para que ninguno de esos delitos quede impune.

Patxi se reúne
CONFIDENCIAL La Razón 11 Mayo 2005

Hay más de una federación socialista que no entiende qué pintaba Patxi López en una reunión que legitimó políticamente a un partido que representa a ETA. Un ingenio, denominado PCTV, nacido de los intelectos proetarras para burlar las barreras del Estado de Derecho. Unas gentes que todavía hoy son incapaces de condenar los asesinatos de ETA, incluidos los de Buesa, Lluch, Elespe o Priede. El estupor, de unos, y la indignación, de la mayoría, no aminoraban aunque los encuentros de López con los jaleadores del tiro en la nuca tuvieron el consentimiento de la dirección federal, con Zapatero a la cabeza. Pero las bases de esas federaciones, incluidos ministros, se resistían ayer a aceptar que su partido hubiera perpetrado una entrevista para el sonrojo de tantos socialistas españoles.

El pacto en el Congreso
TONIA ETXARRI El Correo  11 Mayo 2005

Un fantasma recorre Euskadi, que no es otro que el del temor al retroceso en la lucha contra el terrorismo. Se padece en los ambientes del PP, pero también en aquellas casas del pueblo que recuerdan quiénes han sido las víctimas de ETA en los últimos años.

La insistencia de los nacionalistas por que se prescinda del Pacto Antiterrorista o que, al menos, quíteme allá su preámbulo, ha logrado que cale en buena parte de la opinión pública una sensación de inseguridad ante lo que pueda hacer un presidente del Gobierno presionado por sus socios. Y se ha generalizado tanto ese temor que, desde Euskadi, los socialistas vascos aseguran, por lo más sagrado, que Zapatero defenderá hoy, ante el Congreso, la vigencia del 'pacto por las libertades', a pesar de que ese acuerdo pasa por uno de sus peores momentos. Y no porque los tiempos hayan cambiado, como le suele gustar repetir a Blanco a modo de consigna, sino porque la irrupción del los comunistas de las tierras vascas (PCTV-EHAK) en el Parlamento de Vitoria ha provocado un enfrentamiento sin precedentes en la lucha contra ETA entre el PP y el PSOE.

Los dos partidos, que representan nada menos que a veinte millones de votos, están metidos en una cruzada partidista que, si Peces-Barba no lo remedia, acabarán por hacerle un flaco favor a las víctimas del terrorismo. Porque mientras siga ETA sin anunciar el final de su existencia, el riesgo de que el chantaje, después de esta etapa de desconcierto de los partidos democráticos e inactividad del terrorismo, vuelva a apoderarse del clima político, es un temor que está ahí, y que hoy Zapatero deberá intentar disipar ante sus señorías.

Quienes sostienen que el preámbulo del 'pacto por las libertades' ha quedado obsoleto deberían saber leer más allá de la literalidad del texto. Ya no existe como tal el 'pacto de Estella'; cierto, pero se olvidan de que sigue su espíritu con otro nombre: durante dos años se ha llamado plan Ibarretxe; ahora, después de su chasco electoral, seguramente los nacionalistas lo llamarán otra cosa. Pero ahí sigue, de momento, fortaleciendo el frente nacionalista. De la misma forma que Otegi, con una Batasuna ilegalizada, no sólo hace suya la victoria electoral de EHAK sino que entra en Ajuria Enea como 'Peru' por su casa.

Hoy, Rajoy, desde el PP y con la autoridad moral que le da haber sido socio del pacto que propició la ilegalización de Batasuna por formar parte del entramado de ETA según la Justicia, le pedirá al presidente del Gobierno que actúe la Fiscalía con la misma diligencia que aplicó a la hora de investigar a Aukera Guztiak. Si al final los hechos demuestran que EHAK está en el Parlamento vasco porque el Gobierno necesita tener una interlocución activa para negociar con ETA, sería conveniente que Zapatero empezara a manejar la transparencia de la que presume. De momento, Pa-txi López sigue su ronda con todos los partidos legales; y EHAK lo es mientras el fiscal Conde-Pumpido no diga lo contrario.

Guía para un debate complejo
Editorial ABC 11 Mayo 2005

EL debate sobre el estado de la Nación que comienza hoy en el Congreso llega en un momento singularmente difícil de la vida política. Una vez más -y parece que por mucho tiempo- el terrorismo y el modelo territorial van a centrar los mensajes del Gobierno y de la oposición, dirigidos a una opinión pública que contempla con creciente preocupación la puesta en cuestión de un sistema que funciona razonablemente bien desde 1978. Existen algo más que indicios acerca de la estrategia socialista para crear en la política vasca un escenario que permita a Rodríguez Zapatero aparecer como «el gran pacificador». El presidente del Gobierno tendrá que explicar muy alto y muy claro cuáles son las contrapartidas que está dispuesto a ofrecer, porque la democracia exige transparencia frente al secretismo.

¿Hasta dónde quiere llegar y a cambio de qué? Ésta es la pregunta fundamental: mientras no sea respondida de forma convincente, es lógico que se alimente la sospecha de un amplio sector de los ciudadanos. Por ahora, la víctima principal de los nuevos aires es el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, mantenido todavía bajo mínimos en el plano formal, pero carente de virtualidad práctica, como lo atestigua la foto del socialista López con la nueva cara de ETA que hoy ilustra la portada de ABC. Si se arrincona el preámbulo, como algunos pretenden, el Pacto pierde buena parte de su sustancia política e incluso moral. La pasividad del Gobierno a la hora de instar la declaración de ilegalidad de EHAK ha situado al Parlamento vasco en un callejón de difícil salida. Son muchas las explicaciones que el Gobierno tendrá que dar hoy.

Zapatero también debe responder sin rodeos acerca de una promesa que formuló en su día con notable ligereza, en relación con el apoyo garantizado en el Congreso a cualquier texto de reforma estatutaria que venga avalada por un mayoría cualificada en el Parlamento de Cataluña. Bajo capa de sosiego y moderación, la «vía catalana» constituye un peligro serio para la estabilidad del Estado autonómico. Maragall y los suyos hablan ya sin tapujos de «nación», plantean reivindicaciones inaceptables sobre la Justicia y presentan un proyecto de financiación autonómica que hace saltar todas las alarmas; incluso en el seno del PSOE, donde las voces discrepantes apelan con razón a su inconstitucionalidad, pero también a lo que supone de ruptura de las señas de identidad de una política que se dice socialista y solidaria. El Gobierno no puede seguir actuando como prisionero voluntario de ERC y otros aliados radicales. Hoy debe aclarar el presidente cuáles son sus criterios sobre financiación y expresar su compromiso con las pautas que han conducido a la economía española a una prosperidad fundada, entre otras razones, en un enfoque coherente de los desequilibrios interterritoriales. Si fallan estas cuestiones nucleares, los adornos sobre una eventual ley de autonomía personal o los guiños hacia un sedicente progresismo en temas sociales van a sonar sin remedio a pura retórica vacía de contenido.

Mariano Rajoy tiene ante sí otra oportunidad para consolidar su imagen de parlamentario brillante, que suele sacar ventaja en el debate cuerpo a cuerpo. La labor de oposición resulta poco agradecida y no es fácil reclamar la atención hacia las iniciativas propias, que se perciben a estas alturas como simple catálogo de buenas intenciones. De ahí que el líder del PP tenga que atacar los flancos débiles del Gobierno. Hay mucho que decir, por ejemplo, sobre la discriminación que sufren algunas Comunidades en materia de inversiones o sobre la extraña facilidad que tiene el Gobierno para provocar el conflicto social en materias sensibles o sobre cierto sectarismo ideológico. También debería plantearse un capítulo específico sobre política exterior, porque es notorio que en este tiempo España ha perdido fuerza en Europa y en el mundo. Rajoy se juega mucho en el empeño ante la proximidad de las elecciones gallegas, sobre todo porque él mismo ha escogido el terreno parlamentario para hacer operante su tarea de oposición, hábil en las estrategias a la vez que firme en las convicciones.

Parteluz y parteaguas de la política española
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 11 Mayo 2005

Hoy es uno de esos días en que la Historia se retrata ante nuestros ojos. Hoy, el Gobierno socialista y la Oposición liberal-conservadora mostrarán sus cartas en una mesa de juego que se están llevando los de la mudanza. Hoy vamos a asistir a la dramatización de una tragedia política: que un cuarto de siglo después de haber puesto en pie un régimen nacional de libertades contra viento y marea, contra los demonios familiares y los diablos domésticos, nos hallemos en el innecesario pero acelerado proceso de cargárnoslo. Y con él, a la Nación Española. Y ante esta liquidación por derribo, Rajoy y Zapatero van a decir lo que media España tiene que decir y lo que la otra media tiene que callar. Discurso silenciosamente dolorido en un caso. Silencio estrepitoso en el otro. Escuchados ambos conjuntamente, lo contrario de una sinfonía.

Hace un cuarto de siglo largo, el presidente del Gobierno Adolfo Suárez defendió su modelo de transición a la democracia desde la legalidad franquista y la puesta en marcha del nuevo régimen constitucional con una metáfora cautivadora: había que cambiar las cañerías sin que dejara de funcionar el agua caliente, puesto que con la fría, añado yo, ya contábamos. Y es que España tuvo la suerte de vivir un período constituyente sin interregno, en legalidad, porque la fórmula de Torcuato Fernández Miranda “de la ley a la ley” permitía que se fueran los vencedores de la guerra civil sin irse del todo y que llegaran los vencidos sin vengarse de los vencedores. Mayormente, porque los vencedores no se dejaban. Creo que lo único que le debemos a Zapatero es una reconsideración positiva de la Transición, con la salvedad del engendro del Estado de las Autonomías, que se ha revelado como un cáncer nacional. Lo malo es que Zapatero nos ha hecho apreciar la Transición mediante el rudo expediente de cargársela.

También la Derecha ha colaborado por omisión en esa tarea de enmienda histórica y de reescritura del pasado para mejor dominar el Presente. Cuando se condena, como hizo el PP a instancias del socialismo, el comunismo y el separatismo, el 18 de Julio como golpe militar fascista sin condenar paralelamente el golpismo precedente y continuo de la Izquierda, no sólo se afrenta a la memoria del padre putativo de media España sino que se entrega la primogenitura por un plato de lentejas, con el resultado de que se digieren pronto las lentejas y no se digiere nunca la almoneda de la heredad. Hoy Mariano Rajoy tiene la oportunidad de enmendar esa enmienda a la totalidad de España que se llama Zapatero. Hoy Zapatero tendrá la oportunidad, minuciosamente desaprovechada, de explicarse. Uno, Zapatero, no puede explicar lo inconfesable. Otro, Rajoy, sólo puede confesar lo evidente. El que debería estar en el Gobierno está en la Oposición y el que debería estar en la Oposición está en el gobierno. El resultado es que nos hemos puesto a cambiar las cañerías sin cortar el agua. Y el lodazal empieza a devorarnos. Hoy debería ser el parteluz de la política nacional, con una misma claridad delicadamente separada en dos semiventanas góticas. Temo que se quede en parteaguas, venido abajo tras la crecida del río. Hoy, todos los espectadores somos náufragos.

Marcha atrás
Por M. MARTÍN FERRAND ABC 11 Mayo 2005

SI somos capaces, para no abundar en la confusión, de separar la cuestión del terrorismo del asunto nacionalista -los dos mayores problemas de la vida española-, le encontraremos más sentido a la jornada que hoy protagonizará José Luis Rodríguez Zapatero en el Congreso de los Diputados. Al debatir sobre el estado de la Nación, tanto con los afines como con los diferentes, el presidente del Gobierno tiene que nadar y guardar la ropa. Desde su debilidad parlamentaria, solo la ambigüedad puede salvarle. Ahí quiero yo ver la eficacia del talante.

El PP, con más inercia que nuevos elementos de convicción, sigue hablando de la ruptura del pacto antiterrorista; pero el PP es la oposición, la ostenta en exclusiva, y ya se cuenta con sus acusaciones y rabietas. Más difícil lo tiene Zapatero, en esta ocasión, al hablar de la financiación de las CC.AA. y, en lo que respecta a Cataluña, en donde se asienta el trípode que le mantiene en pie, al hacer bueno su compromiso de defender el Estatut que apruebe el Parlament. A estas alturas del debate catalán será muy difícil no aludirle y resultará imposible no irritar a Pasqual Maragall que, crecido en su fortaleza coyuntural, quiere que el Estado sea «excepcional y residual». Más todavía.

La realidad jurídica de un Estado, sea cual fuere el mecanismo de su origen y el proceso de su historia, se sustenta en tres elementos clave: territorio, población y Gobierno. Aquí, por la vía del Título VIII de la Constitución vigente, ya nos acercamos al esperpento de un Estado sin territorio o, más difícil todavía, a diecisiete territorios que aspiran a ser Estados. De la población no hay que hablar porque, mientras se respeten las mayorías, está clara su plena vocación nacional e integradora, superior al ochenta por ciento del censo. Lo del Gobierno es una abstracción, un equilibrio concordante y discordante al mismo tiempo, con las diecisiete porciones que diseñó el capricho de los redactores constitucionales.

No hace falta ser muy listo ni muy patriota, dos condiciones que cotizan poco en el inventario de los valores vigentes en España, para advertir que la situación actual, la que han forzado las fuerzas centrífugas de los nacionalismos, e incluso las de los regionalismos, no es sostenible para el proyecto común de una España libre, democrática y capaz de acoger con bienestar a sus vecinos. Urge un convenio de «marcha atrás», de revisión de descentralizaciones y transferencias, para que, sin perder el espíritu que las motivó y sin volver a un diseño jacobino, la realidad domine sobre los caprichos y el sosiego sobre los espasmos. La lástima reside en que, engordados los monstruos periféricos, no hay líderes en el centro -tampoco Zapatero- con la autoridad moral suficiente para deshacer una parte del camino recorrido.

¿Qué dicen de nosotros?
Por Benigno PENDÁS ABC  11 Mayo 2005

NO hace falta ser adivino: en el debate de hoy en el Congreso se hablará una y mil veces acerca de la vertebración territorial y del fundamento más o menos objetivo de las reivindicaciones nacionalistas. Paciencia. Perseverancia. Resignación, incluso. Algún día -lejano, me temo- vamos a saldar nuestra deuda histórica con el sentido común. ¿Será verdad que España es una nación artificial? ¿Es acaso un Estado que, incluso cuando aparenta ser democrático, oprime sin misericordia a sus minorías étnicas y culturales? ¿Será tal vez una falacia que se inventaron unos iluminados y que algunos ingenuos nos hemos creído sin atender a razones? No sé, lo dicen tan convencidos que uno termina por dudar.

Procuremos ser objetivos y dejar que hablen las voces imparciales. Nada mejor que consultar a los más notables pensadores europeos: ellos serán capaces de juzgarnos con objetividad, libres de prejuicios irracionales y de pasiones fuera de control. ¿Qué dicen de nosotros? Para empezar por el principio, Maquiavelo, en el siglo XVI, habla continuamente de Fernando el Católico y de César Borja, dos candidatos de la tierra a la condición -no siempre modélica- de príncipe del Renacimiento. Thomas Hobbes, otro de los grandes, atribuye su pesimismo antropológico al miedo que le inspiraba la Invencible, ya desde el propio seno materno. Del XVII al XVIII: se ocupa Montesquieu de las causas de la decadencia de España (relativa, mientras conserve las Indias) y la compara con el declive de Roma. Ni el italiano ni el inglés ni el francés prestan particular atención a las cuestiones autonómicas. Parece más bien que España y su Monarquia son percibidas con naturalidad como un todo bien articulado.

De acuerdo, pero quizá estamos hablando de antiguallas que hoy día ya no merecen crédito entre los historiadores serios. Preguntemos, pues, a los autores del siglo XX. En España, «el sentimiento nacional vivía fortísimo desde hacía mucho tiempo», escribe Benedetto Croce, italiano y liberal. Vamos con otro ejemplo. Ernest Gellner -esta vez habla un judío centroeuropeo- asegura que el nacionalismo agresivo no era necesario en nuestro país, como tampoco en Francia o Inglaterra, gracias a su poderoso Estado nacional, surgido en la Edad Moderna. Por último: «España es una vieja potencia, cuya existencia nunca estuvo amenazada...», explica Milan Kundera, el novelista checo, por contraste con Polonia o con su propio país. Así se manifiesta en «El telón», publicado en castellano hace muy pocas semanas. No hace falta seguir: parece que nuestros vecinos lo tienen claro. Pero seguramente se trata de un espejismo: no pueden estar equivocados a la vez Sabino Arana y sus epígonos, los de Esquerra y sus ancestros, los doctrinarios de la nación de naciones... De todas maneras, ¿sería mucho pedir que leyeran un buen libro de vez en cuando?

Gobierno ZP
Nadie puede ser tan inepto
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 11 Mayo 2005

Todos los días tienen su torpeza. Sabe el gobierno por oscuras vías que, a estas alturas de la anomia, España se lo traga todo. Por algo la tratan como un sumidero de sí misma. Dos o tres torpezas por jornada, y un disparate por el mismo precio, siempre caen. Se aprovechan de la corta memoria y del popular convencimiento, tan indiscutido como falso, de que nadie puede ser tan inepto. No poco. Hoy he visto juntos, demasiado juntos, a Patxi Nadie y a los del PCTV, que también tienen un ansia tan infinita de paz. Ayer vi a Caldera ufanito en la tele, en el programa trampa 59 segundos, vendiendo las cuentas de la vieja y de sus setecientos mil regularizados, tropa extranjera con cuyo agradecimiento eterno esperan contar. Otra cosa es el millón nuevo de ilegales del efecto llamada que el ministro niega o ignora. Anteayer, ya no sé, Zetapé posaba bajo impropias banderas, tan contento como Peter Sellers en El Guateque, culpando del Holocausto a la locura y otras agudezas. Para la cosa simbólica e histórica es un hacha. Y antes de anteayer fue el día de Rubalcaba, calamar gigante de copiosa tinta, haciéndonos creer que el PP está tan a gusto con ETA que no desea su final. Y antes fue la Trujillo llamándonos perros, pues según ella ladramos. ¿Barritas tú, Trujillo, o croas? Y antes fue Carmen Dixie. Ya me pierdo. Y entre tanto el No-Do de la historia del PSOE, qué miedo.

Que te gobiernen estos es como practicar un deporte de riesgo. O un gran juego de rol: se acabaron las sutilezas y la complejidad y, si por ellos fuera –ya veremos–, la ciudadanía y la libertad. Todo es simple, dicotómico, maniqueo y burdo. Yo soy progre, tú eres facha, yo soy guay, tú eres ful. Lo que yo escribo o leo es cultura porque así lo considera el gran poder; lo que tú sostienes es caspa encuadernada o aventada que se te va a pasar con ZP 11. Yo me puedo forrar sin complejos porque estoy en el lado solidario (¿No lo afirmo? Eso basta) Tú eres un capitalista salvaje aunque vivas de un sueldo. Si yo especulo, me estoy sacrificando; si lo haces tú, mereces escarnio, condena y cárcel. Y si no lo haces, también.

Todos los días tienen su infamia. Las hemerotecas se han convertido en lugares obscenos. Era de Zetapé, de Forrest Gump, de Mr. Bean, de Mr. Chance o de quién quiera que sea ese traje vacío que parece un Magritte (Sí, Dixie, René Magritte) Se ha pasado las leyes por acullá, ha avivado las ascuas guerracivilistas, está a punto de desbaratar el consenso constitucional y aún no ha condenado la violencia que él sabe. Punto ciego que le desacreditaría por sí solo, que escapa a la visión, al análisis, pero que algún día se nos hará presente como una pesadilla que aguardaba. ¡Con lo fácil que era condenar los asaltos a las sedes! Es tan temerario que prefiere las dudosas ventajas de callar. En el fondo asiente, comprende, aprueba, se lo apunta. Y quien ha de entender, entiende. Se está hinchando como la rana de la fábula, y ya sabemos cómo acaba eso. ¿O no, Dixie?

Reescribiendo la Historia
José Luis Manzanares Estrella Digital 11 Mayo 2005

Ahora, cuando parecíamos avanzar decididamente hacia un futuro mejor. Ahora, cuando nuestra economía había logrado situarse a nivel europeo. Ahora, cuando las viejas heridas se habían cerrado con el bálsamo de la transición, el perdón mutuo y el propósito de enmienda. Ahora, cuando el cambio generacional debía contribuir al definitivo distanciamiento de los horrores de la Guerra Civil, de sus causas y de sus lamentables efectos durante cuatro décadas: posturas políticas irreconciliables, odios de clase, ataques a la Iglesia católica, revolución de Asturias, proclamación del Estado catalán, centenares de miles de muertos, presos y exiliados, y una nación en ruinas. Ahora, precisamente ahora, cuando ante nosotros se abría el horizonte más despejado del devenir de España. Ahora volvemos la vista atrás, no como estudiosos de nuestra historia, sino como repartidores de premios y anatemas en una tragedia donde nadie, ni los actores ni sus hijos o nietos están en condiciones de arrojar la primera piedra.

Vivimos un cainismo retrógrado que puede envenenar el presente y reproducir en un mañana próximo la división fraticida entre las dos Españas. No es bueno hablar de la soga en casa del ahorcado y menos aún remover los rescoldos del rencor. La cosa es tan grave que cabe preguntarse si un proceder así puede ser fruto de la estupidez o ha de responder necesariamente a un plan preconcebido. Crímenes hubo por ambos bandos. Se mató a republicanos por el mero hecho de serlo, e igual suerte corrieron muchos ciudadanos que, sencillamente, iban a misa. Y hasta puede ocurrir que quien hoy exige la exhumación de cadáveres sea descendiente de sus asesinos. La vida da muchas vueltas.

Me apetecía salir al paso de este intento de devolver a la actualidad nuestra historia negra y resucitarla con el interesado reparto de buenos y malos, de nosotros y de ellos. La serie emitida por el segundo canal de televisión sobre los cien años del PSOE ha sido la gota que ha colmado el vaso. No son pocas las aportaciones positivas de los seguidores de Pablo Iglesias a la España moderna, pero eso no justifica una conmemoración hagiográfica y absolutamente maniquea, a cuyo tenor todos nuestros males habrían sido obra de una derecha reaccionaria. Los trece obispos y diez mil sacerdotes y religiosos asesinados en la zona llamada republicana o roja merecen, por ejemplo, el mismo respeto que las víctimas del franquismo. Dejemos que todas ellas descansen en paz.

Conviene evitar provocaciones como esa de retirar clandestinamente una estatua de Franco al mismo tiempo que homenajeamos a Carrillo. La masacre de Paracuellos del Jarama no se borra con las matanzas de Badajoz, ni las torturas en las “checas” se justifican por los “paseos” de signo contrario. Hoy, los problemas de España se llaman separatismo, inmigración, paro, seguridad ciudadana, vivienda y economía en general. No nos empeñemos en recrear otro que se pondría a la cabeza de todos ellos.

Una financiación conforme a la Constitución
Por MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA PRESIDENTE EMÉRITO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ABC  11 Mayo 2005

SE puede abrir un debate para llegar a conclusiones técnicas, de saberes tributarios y financieros, acerca de la manera de facilitar los recursos económicos que necesitan las Comunidades y los municipios para desarrollar su tarea en un Estado de las Autonomías. Probablemente hay varias soluciones estimables. Sin embargo, lo que en este momento interesa es trazar la frontera que separa a las fórmulas de financiación, conforme a la Constitución, de aquellas otras que se sitúan en terrenos extraños, al margen del ordenamiento jurídico-político establecido.

La Constitución Española (CE) de 1978 se articula con normas y con principios. Uno de los principios constitucionales que debemos tener en cuenta, al considerar la financiación de Comunidades y municipios, es el principio de solidaridad. Se trata de un principio constitucional y constitucionalizado, que no debemos reducir ni a lo que son principios generales del Derecho ni a lo que son valores superiores proclamados en el artículo primero del texto constitucional.

Si la solidaridad fuese sólo un valor superior del ordenamiento jurídico, como son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, su eficacia sería la propia de las ideas directivas generales para la interpretación y aplicación de las normas.

Si la solidaridad fuese sólo un principio general del Derecho, dentro de los mencionados en el artículo primero, cuarto, del Código Civil, serviría de aplicación supletoria en los casos de una laguna en la Constitución, y, además, informaría el ordenamiento constitucional, con el propósito de darle forma sustancial.

Pero la solidaridad es algo más. Como principio constitucional y constitucionalizado posee la fuerza vinculante de las normas jurídicas; es una fuente normativa inmediata, en el sentido profundo de no necesitar de la interposición de regla, o circunstancia alguna, para alcanzar su plena eficacia.

La solidaridad entre los españoles es un principio que se halla constitucionalizado en el texto de 1978. Después del reconocimiento expreso de la solidaridad en el artículo 2 CE, el artículo 138.1 está redactado así: «El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución».

Ante una afirmación tan categórica, que hace imposible cualquier discusión sobre su orientación y alcance, el Tribunal Constitucional ha estimado que el artículo 138.1 CE, que hemos transcrito, contiene una disposición que «no puede ser reducida al carácter de un precepto programático, o tan siquiera el de elemento interpretativo de las normas competenciales. Es, por el contrario —prosigue el TC en su sentencia 146/1992—, un precepto con peso específico y significado propios».

La solidaridad, en suma, no es un postulado de futuro, una idea en las nubes políticas que acaso un día se transforme en agua que dé fertilidad a todos los campos españoles. La solidaridad es un principio que vincula ya a todos los poderes públicos.

Con esta vinculación solidaria, los poderes autonómicos tienen que ejercitarse de buena fe, con lealtad constitucional. He de invocar otra vez la doctrina del TC, intérprete supremo de la Constitución. Ahora en la Sentencia 64/1990: el ejercicio de las competencias por cada Comunidad Autónoma no ha de llevar a adoptar decisiones o realizar actos que perjudiquen o perturben el interés general, sino que han de orientarse, por el contrario, teniendo en cuenta la comunidad de intereses que las vinculan entre sí y que no puede resultar disgregada o menoscabada a consecuencia de una gestión insolidaria. Y para el tema de la financiación de las Comunidades y municipios, el principio de solidaridad exige que las zonas de mayor capacidad económica asuman ciertos sacrificios o costes en beneficio de otras menos favorecidas.

La doctrina del TC, en este punto, queda perfectamente diseñada. La autonomía financiera no se configura en la Constitución en términos absolutos, sino que se ve sometida a limitaciones derivadas de los principios, que el artículo 156.1 CE proclama, a saber: coordinación con la Hacienda estatal y solidaridad entre todos los españoles.

Finalmente, he de recordar que la solidaridad es un principio constituyente, si se quiere preconstitucional, anterior a la elaboración del texto de 1978. El poder constituyente ejerció su tarea sobre la base de la solidaridad.

Pienso que hay que prestar atención sólo a las recetas técnicas, de saberes tributarios y financieros, que sean conformes a la Constitución, uno de cuyos principios expresamente constitucionalizado es el de la solidaridad entre todos los españoles. Las otras, las inconstitucionales «a radice», perturban tanto que pueden llevarnos a perder el juicio.

Dónde está el dinero de los imnpuestos?
M.A. email  11 Mayo 2005

Con gente como los catalanistas que denuncian su expolio económico y su opresión política desde hace siglos, es difícil discutir el fondo de la cuestión con detalles oportunistas y parciales como las balanzas fiscales, el superavit comercial o el esfuerzo fiscal, todo eso es incurrir en un juego que les favorece y por tanto hay que negar la mayor: ni son los territorios los que cotizan sino los individuos, ni el mercado económico español puede ser seccionado o compartimentado para justificar después las conveniencias, ni el esfuerzo fiscal es una magnitud escalar susceptible de ser utilizada políticamente. Hay que traducir a lenguaje claro lo que los políticos ocultan con palabras altisonantes y giros semánticos para ocultar sus trapichuelas y egoísmos.

Cuando hablan de que “las comunidades que realicen el mismo esfuerzo fiscal tenga el mismo nivel de servicios” lo que están diciendo es: “Los territorios que tengan más riquezas tienen derecho a apropiarse la mayor parte de esas riquezas”. Esto contiene una posición reaccionaria y depredadora, una justificación de que el rico debe dejar sin comer al pobre, injusta y falsa desde todos los puntos de vista.

a) Cataluña es más rica y por tanto debe apropiarse de sus riquezas, lo que no es cierto porque la riqueza aportada por Cataluña está basada en la tributación INDIVIDUAL de los impuestos ciudadanos, basados a su vez en la mayor concentración de riqueza económica de esa comunidad, proveniente a su vez de la mayor aportación de mano de obra española y también de la venta de bienes y servicios a toda España que realiza esa comunidad, es decir en la colocación a toda la península de los productos con ese origen.

b) Si a un niño le decimos que empuje un coche, lo desplazará x metros, si lo hace un adulto lo llevará más lejos, ambos han hecho el máximo esfuerzo, sin embargo el resultado será distinto. De la misma forma, asumiendo la desigualdad de ingresos que la sociedad capitalista dispensa, todos los ciudadanos hacen el mismo esfuerzo fiscal, pero unos dan más y otros menos, dependiendo de la desigualdad original de sus salarios. La sociedad obliga al máximo esfuerzo fiscal a cada ciudadano y al mismo tiempo le garantiza igualdad en sus derechos y equidad en los servicios que le proporciona. Si alguien dice que por pagar más tiene más derechos o mayor calidad de los servicios, es que es un reaccionario, un egoísta y un miembro indigno de la comunidad. De igual forma, la comunidad que argumente estas cosas tiene las mismas consideraciones.

c) En sendas entrevistas de hoy en EL PAIS, tanto Antoni Castell, consejero de economía del Gobierno catalán, como su homólogo J. Antonio Griñan en la Junta de Andalucía, ambos del mismo partido, expresan con la autoridad que le confieren sus respectivos puestos posiciones radicalmente opuestas, como no podía ser menos. Destaquemos de Castell, que cuando digo digo digo diego, es decir, que si pero no, o lo que es lo mismo, que el resto de comunidades no tiene porqué perder lo que se quede Cataluña. (¿). Y argumenta el federalismo alemán como espejo en que mirarse. A este respecto recomendamos el artículo de Joseba Arregui http://www.paralalibertad.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=9997&mode=thread&order=0&thold=0 , donde puede leerse: “Desde Cataluña se intenta tranquilizar a los españoles repitiendo una y otra vez que no se está pidiendo la luna, aunque esté muy alto lo que se pide. Vuelvo a insistir: esta forma de hablar no tiene ningún sentido en un sistema de federalismo de ejecución como el alemán, que se pone siempre como ejemplo, porque un land es Estado y decir que pide al Estado significaría tanto como decir que se está pidiendo a sí mismo. ¿A quién pide Cataluña o el Gobierno tripartito? ¿A quién pretende ceder lo que parece, en esta forma de hablar, que es suyo y que alguien se lo ha quitado?”.

De Griñan, copiemos el titular: “El planteamiento de de Cataluña no se va a aplicar nunca”. Esa es su posición. ¿Y la de ZP?

Según el catedrático de Hacienda Pública de la Univ. de Málaga, José S. Maldonado, en el 2002, el gasto de la autonomía catalana provino en un 83 % de los impuestos generados en esa comunidad y el 17 % restante de los fondos del Estado. ¿Puede decirnos alguien dónde fue a parar ese dinero? En un momento en que todo el mundo pide claridad y que España se ha convertido en la nación europea con mayor conciencia fiscal con números por todos sitios, ¿podremos enterarnos en qué se ha gastado Cataluña el dinero del déficit? ¿Conoceremos alguna vez su balanza económica interna?

Cuento de nunca acabar
Pedro R. Email 11 Mayo 2005

La Sra. Vice-presidenta del Gobierno sortea la pregunta sobre la propuesta de financiación en el nuevo Estatuto de Cataluña, recurriendo al tópico de que no es más que una opinión: no hay que preocuparse. Pero sí hay que preocuparse. No habría, si su Presidente, que también lo es de todos los españoles, independientemente de sus inclinaciones políticas, no hubiera manifestado, pública y contundentemente que el nuevo estatuto de Cataluña, tal como saliera del Gobierno de la Generalidad, sería aprobado por el Parlamento, y “¡además a la primera!”

La Sra. Fernández de la Vega (según El Pais, 30 de Abril) “aseguró ayer que la propuesta de financiación autonómica que defiende para Cataluña el Ejecutivo tripartito que preside Pascual Maragall “representa un cambio sustancial y no va en la dirección que buscaba” el Gobierno central”

El Presidente del Gobierno debe informar de qué es lo que esperaba y de quién se asesoró. Esto no es una quiniela en la que el perdedor siempre va a ser el ciudadano español en general y en particular el que se ve discriminado, postergado, diferenciado y excluido en esa autonomía de ambiciosa denominación.

De momento, el Presidente sale del mal paso, trasladando el embrollo a todas las demás comunidades, incluidas las que nada han pedido y que posiblemente nada esperan. Esta solución, que podríamos llamar escurrir el bulto, parece no agradar al tripartito de Cataluña, que pide entenderse directamente, de igual a igual, con el Gobierno central. Para ello cuentan con el débito de éste por el apoyo de aquél en la gobernabilidad de lo que todavía muchos llamamos España, así como con el apoyo decidido del Ministro de Industria Sr. Montilla, de acendrado catalanismo y, a la vez, secretario del PSC, que parece que no pone ni quita rey, pero ayuda a su señor.

La situación es inquietante. Adónde vamos a ir a parar. Si a esta autonomía, a la financiación cicatera, se le une la reclamación de que constitucionalmente se la reconozca como nación, ¿no estamos en el camino que conduce al independentismo?, Por un lado, se desmantela el archivo central para que la catalanidad tenga documentos de su conflictiva actuación en la Guerra Civil. Por otro piden que se desmantele la economía, el control de algunos medios vitales de acción del Estado, como la Guardia Civil y dictaminan que en Cataluña todos los ciudadanos tienen la obligación de conocer la lengua catalana y el derecho de usarla. Prerrogativa que sólo corresponde al idioma español, según queda recogido en la Constitución, (Art. 3, 1): El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”

Como los acontecimientos se precipitan, no debemos olvidar que el irredentismo nacional catalanista está unido por el pacto ETA-ERC a lo que vaya saliendo del chalaneo que está teniendo lugar en el País Vasco con la máscara de la paz. Pacto que se trajo de aquellas tierras, también en nombre de la paz, el Sr. Carod Rovira.

No olvidemos el pacto Declaración de Barcelona, con motivo de lo que se conoció como el Pacto de Estella-Lizarra, sin la participación del PP, y del PSC por su unión al PSOE. Pero quedarse fuera del pacto no satisfacía a los catalanistas y allá fue el Sr. Maragall a cubrir el puesto que forzadamente dejó vacante Ernest Lluc, asesinado por ETA, la de Estella.Lizarra.

Éste es tiempo de pacifismo o, más bien, de pacifistas. Los hay casi para todos los gustos: de pelo largo, de medio pelo y sin pelo (¿de tonto..?). Todos con la máscara uniforme de la paz. La paz es un bien gratuito que no hay más que pedirlo y ¡presto! ¡here it is! Pero, si acaso el conjuro no funciona, siempre se puede poner un poco de presión o, en caso necesario, emplear la fuerza. Sería por una causa justa. Oiga, y ¿qué es una causa justa?. La emblemática de los pacifistas: ¡la paz! Esta paz que se está buscando en el País Vasco cueste lo que cueste, aunque haya que arremeter contra los escépticos, los tibios, los aterrorizados. Como es paz lo que buscamos, hay que tratar a los aguerridos nacionalista, sean o no terroristas, con el talante exquisito propio de verdaderos pacifistas, No como nuestros enemigos que creen que la paz hay que ganarla.

Los riesgos del diálogo
Cartas al Director ABC 11 Mayo 2005

No hace muchos días que fuimos testigos de una reunión lamentable entre Ibarretxe y Otegui, la cual fue duramente criticada por el resto de grupos. Poco después llegó el turno para el encuentro del lendakari con el presidente del Gobierno, reunión privada sobre la que los españoles siguen sin saber nada. Si ZP sigue en su línea de «dialogo» y «talante», intentando quedar bien con todos, miedo deberían dar los puntos que se trataron aquel día.

Ahora todos estamos pendientes de los posibles pactos que se lleven a cabo para formar gobierno en las Vascongadas. Los socialistas no sólo se alejan de la unión PP-PSOE, sino que además no dejan de increpar a los populares acusándoles de no reconocer los éxitos del nuevo Gobierno, respecto a la lucha contra ETA, además de afirmar que «el PP se indigesta al pensar que hay oportunidad de paz». En primer lugar, ningún gobierno ha dañado tanto el aparato político de ETA y ha luchado con tanta fuerza contra los nacionalismos que el PP. Y, en segundo lugar, si hay un partido político que nunca reconoció los éxitos del pasado gobierno, ése fue el PSOE. Recordemos las palabras de cierto dirigente socialista cuando la Guardia Civil interceptó una furgoneta con 500 Kg. de explosivo, poco antes del 11-M, poniendo en duda la acción policial y acusando al ministro del Interior de no ser tan eficaz como Rovira, al no conseguir la paz para toda España.

Cuando el PP gobernaba, estuvo abierto al PSOE para todo aquello relacionado con el terrorismo y el nacionalismo. Siempre impulsó la unión entre los partidos constitucionalistas para preservar la unidad de España, por encima del resto de diferencias. El Gobierno actual hace exactamente lo contrario, ya que se acerca más a las posturas de los grupos nacionalistas. Señor Zapatero, si está del lado de España, olvídese del lema «la culpa es del PP», actúe por el bien de su país y no por el bien de las urnas.

Javier García Nates. Londres.

ETA mantiene su campaña de chantaje contra empresarios vascos
J. M. Zuloaga / R. L.Vargas LR 11 Mayo 2005

Madrid- La supuesta «tregua técnica» de ETA no declarada, de la que se habla en algunos medios, no parece afectar al chantaje terrorista conocido como «impuesto revolucionario» y a la creación de nuevas infraestructuras para que puedan ser utilizadas por las células de la organización criminal, según han informado a LA RAZÓN fuentes antiterroristas. La banda ha remitido, en las últimas semanas, cartas a constructoras y empresas inmobiliarias del País Vasco en las que les exige el pago de cantidades de dinero a cambio de no atentar contra sus negocios.

Aunque el número de cartas, al menos de las que han tenido conocimiento las Fuerzas de Seguridad, ha descendido con respecto a otros momentos, lo cierto es que, según las citadas fuentes, el «goteo» de misivas es constante. Lo preocupante, agregan, es que cierto número de empresarios ceden al chantaje y terminan pagando las cantidades exigidas.

Las cartas que se han dirigido a determinadas constructoras e inmobiliarias son las primeras que reciben dichas empresas. Se trata, por tanto, de una nueva campaña contra entidades que, hasta ahora, habían escapado a la atención de los terroristas. Y coinciden con el anuncio por parte de ETA de proseguir su estrategia de atentados contra este sector. En el «Zutabe», publicación interna de la banda, número 107, los pistoleros asumían la responsabilidad de la colocación de bombas contra tres inmobiliarias, dos de San Sebastián y una de Bilbao, «porque se niegan a aportar económicamente a la lucha por la liberación de Euskal Herria». Las referidas fuentes subrayan que ETA no anunció previamente la colocación de estos artefactos. En la misma publicación daban el nombre de otras siete empresas y los de sus propietarios para «denunciar la actitud de los que se enriquecen a costa de la especulación».

El hecho de que las cartas con el chantaje sean las del modelo en el que se hace, por primera vez, la petición de dinero, demuestra, en opinión de los medios consultados, que ETA se plantea a medio y largo plazo la continuidad de esta actividad delictiva, consistente en robar el dinero a los empresarios a cambio de no atentar contra ellos o sus intereses. La banda, cuando el industrial no cede, le manda una segunda misiva, y hasta una tercera, con amenazas cada vez más directas.

Por otra parte, las citadas fuentes han señalado que ETA no ha parado en ningún momento, en los últimos meses, en su labor de crear nuevas infraestructuras en el País Vasco. A este respecto, subrayan que este tipo de actividades entran dentro de la «lógica» de los terroristas, que se preparan para un proceso de negociación, no para un proceso de paz, en contra de lo que se trata de transmitir a la opinión pública desde algunos sectores.

El Foro Ermua y la Asociación de Víctimas acusan a Patxi López de «legitimar a ETA-Batasuna»
ABC  11 Mayo 2005

MADRID. La reunión del candidato socialista a lendakari Patxi López con los representantes del Partido Comunista de las Tierras Vascas no ha pasado desapercibida para las asociaciones de víctimas del terrorismo.

Mikel Buesa, vicepresidente del Foro Ermua, acusó a López de «legitimar» a un partido que «no deja de ser la representación de Batasuna y ETA en el Parlamento vasco». En declaraciones a Europa Press, Buesa declaró que ese encuentro «sienta un precedente» ya que, hasta ahora, nunca el PSOE había hecho negociaciones con Batasuna, ni tan siquiera cuando esta formación era un partido legal, aunque consideró «impensable» un posible pacto entre ambas formaciones a cambio de que PCTV-EHAK apoyase la investidura del candidato socialista.

Por su parte, la Asociación de Víctimas del Terrorismo afirmó en un comunicado que la reunión supone «un insulto a la memoria de las víctimas del terrorismo» pues, a su juicio, existen «indicios irrefutables» de que dicha formación es «una variante más del entramado ETA-Batasuna». Sus representantes aseguraron sentirse «tremendamente preocupados por el retroceso en materia antiterrorista» que consideran que se está viviendo en España después de los buenos resultados del Pacto Antiterrorista.

El PP recurre al Tribunal Constitucional por el traslado del Archivo de la Guerra
PSOE y PP votaron contra una proposición no de ley del PNV que instaba al Gobierno a que le entregara sus «papeles» de Salamanca, como a Cataluña
A. A. ABC  11 Mayo 2005

MADRID. Los «papeles de Salamanca» inundaron ayer el Congreso de los Diputados en una jornada frenética. Por la mañana, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, anunciaba que el PP llevará el desmantelamiento del Archivo al amparo del Tribunal Constitucional, después de que se rechazase su último escrito pidiendo la paralización del proyecto de entregar los «papeles» a Cataluña: «No se han respetado ni los requisitos jurídicos ni los compromisos políticos de la Cámara con respecto al expolio de los «papeles de Salamanca», a la ruptura -denunció-. El proyecto no se acompaña de los informes preceptivos ni cuando es aprobado».

Aceptado un recurso de la Junta
Recordó Zaplana que una moción establecía la necesidad tener en cuenta la opinión del Patronato del Archivo y de la Junta Superior de Archivos, instituciones «saltadas a la torera»: «Y no está atendida ni la exigencia política ni la legal -abundó Zaplana-. Hay unos vicios jurídicos evidentes que hay que añadir a los vicios políticos y a esta situación de atropello desde el punto de vista cultural». Cargó contra «el desprecio evidente del Gobierno por el Parlamento» y lamentó que «se nos niegue información y documentación solicitada».

A media tarde, el Grupo Parlamentario Vasco veía cómo era rechazada, por la Comisión de Cultura, su proposición no de ley en la que instaba al Gobierno «a la devolución de los fondos documentales incautados durante la guerra civil en el País Vasco y actualmente depositados en el Archivo Histórico de Salamanca». PP y PSOE votaron en contra; CiU, ERC y EA respaldaron la reclamación del PNV. Los socialistas entienden que la proposición peneuvista no aportaba nada y «acelera de forma improcedente un debate que quiere modular el Gobierno». El PP dice que el PNV quiere «desmantelar», pero luego «no quiere desprenderse de ningún documento del Museo del Nacionalismo Vasco». Y el portavoz del PNV, Aitor Esteban, se queja: «No es de derecho ni de justicia que no se nos trate igual que a Cataluña». Después, también era rechazado una proposición no de ley del PP, defendida por Gonzalo Robles, en la que instaba al Gobierno a proteger la integridad del patrimonio cultural común depositado en el Archivo salmantino. «Era previsible», señalaba Robles a ABC, que consideró «despectivo» que Joan Tardá, de ERC, indignado porque la proposición del PNV fuera descabalgada, se refiriera al Archivo como «el almacén de los papeles de Salamanca». Tardá expresó su «desconcierto» ante el rechazo del PSOE, que calificó de «lamentable».

La jornada culminó con la decisión de la Audiencia Nacional de conceder un plazo de 20 días a Cultura para que responda a la solicitud de la Junta de Castilla y León de declarar Bien de Interés Cultural al Colegio de San Ambrosio, sede del Archivo, para evitar la salida de papeles. La Audiencia admitía así a trámite un recurso interpuesto por el Ejecutivo de Castilla y León, el 21 de marzo, frente al silencio administrativo de Calvo sobre la petición de la Junta. En el recurso la Junta pedía como medida cautelar a inmovilización de los fondos documentales del Archivo General de la Guerra Civil.

Recortes de Prensa   Página Inicial