AGLI

Recortes de Prensa     Jueves 9 Junio 2005
Más discordia
Editorial ABC 9 Junio 2005

Las víctimas molestan al Gobierno
Ignacio Villa Libertad Digital 9 Junio 2005

Marear la perdiz
Jaime CAMPMANY ABC 9 Junio 2005

Zapatero y sus víctimas
M. MARTÍN FERRAND ABC 9 Junio 2005

Un comisario político al frente de la Fiscalía del Estado
EDITORIAL Libertad Digital 9 Junio 2005

Educación y justicia
Ignacio Sánchez Cámara ABC 9 Junio 2005

La Comisión como síntoma
Lucrecio Libertad Digital 9 Junio 2005

Clientelismo institucional
Fernando Lecumberri Libertad Digital 9 Junio 2005

¿Canarias también
Aurelio Alonso-Cortés Libertad Digital 9 Junio 2005

La burbuja nacionalista
José Javaloyes Estrella Digital  9 Junio 2005

La puta y la Ramoneta
José García Domínguez Libertad Digital 9 Junio 2005

Me siento víctima del 11-M
Cartas al Director ABC 9 Junio 2005

Política y dignidad
Cartas al Director ABC 9 Junio 2005

El manifiesto que rechaza el nacionalismo suma un millar de adhesiones el primer día
I. ANGUERA/ M. A. PRIETO ABC  9 Junio 2005

Malestar por la exclusión de otras asociaciones
M. J. C. ABC  9 Junio 2005

El PP y la AVT tachan de «paradoja insoportable» que se ofrezca diálogo a ETA
D. M. / J. P. ABC  9 Junio 2005
 

Más discordia
Editorial ABC 9 Junio 2005

LA multitudinaria manifestación de las víctimas del terrorismo no ha hecho mella en la nueva política del Gobierno sobre el «final dialogado» de la violencia de ETA. Antes bien, las palabras de Rodríguez Zapatero durante la sesión de control en el Senado alejan aún más la posibilidad de una reconducción de los acontecimientos y añaden argumentos en contra de la autoridad moral de las víctimas que se manifestaron el pasado sábado. Sin duda, como dijo Zapatero, «no podemos saber cuál fue la última voluntad de las víctimas del terrorismo de ETA», pero dicho así parece como si su testamento se hubiera perdido en el camino, cuando lo obvio y cierto es que si no conocemos su voluntad se debe a que ETA se la quitó junto a la vida. Pero ETA ha dejado muchos heridos, viudos, huérfanos, padres y madres sin hijos y hermanos sin hermanos. Y fueron estas víctimas a las que la sociedad convirtió en albaceas del sacrificio de sus familiares y las que animaron decisivamente en diciembre de 2000 la unidad política de PP y PSOE en el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. Entonces, los socialistas sí sabían perfectamente cuál era la voluntad de las víctimas, entre ellas la de sus militantes y cargos asesinados por ETA, y esta claridad de conceptos les permitió ser coherentes con los compromisos del Pacto Antiterrorista. Y mientras lo fueron, nunca tuvieron el apoyo de Izquierda Unida, Esquerra Republicana de Catalunya o del PNV en la lucha contra ETA. Apoyaron al PP en una política que perseguía el objetivo definido conjuntamente: derrotar a los etarras de manera incondicional.

Hoy, el PSOE tiene a su lado a los partidos que sistemáticamente votaron en contra de toda reforma penal, procesal o penitenciaria que perseguía inclinar la balanza antiterrorista a favor del Estado. Repasen los diarios de sesiones y las hemerotecas los que ahora, además de descalificar a las víctimas por el apoyo que reciben del PP -y a éste por darlo-, alaban el nuevo consenso impulsado por el jefe del Ejecutivo y podrán recordar las opiniones de estas formaciones sobre la Ley de Partidos Políticos, el cumplimiento íntegro de las penas, la persecución de la kale borroka o la protección penal de los concejales, entre otras. Fueron esas reformas, algunas de ellas (como la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo) anteriores al Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, las que permitieron hablar realmente de la fundación de una política antiterrorista mucho más amplia que la acción meramente policial. Por eso no la apoyaron nunca quienes a día de hoy siguen valorando el terrorismo como expresión de un conflicto político, incluso de las carencias democráticas del Estado español, lo que, a la postre, se traduce en sustituir la erradicación de ETA por una supuesta negociación de prestaciones recíprocas, que evite que los terroristas -y sus ideas nacionalistas- pasen a la historia de los derrotados.

Cuando se buscan culpables de la ruptura del Pacto, se reprocha a la oposición que manifieste públicamente su discrepancia y se llega a negar el valor moral de las víctimas ante un proceso de negociación, es necesario ver la evolución de los acontecimientos e identificar las compañías de cada cual. El Pacto no se ha roto porque la oposición haya salido a la calle, sino porque ha habido una decisión política del Gobierno de abandonar una estrategia que, educada en la experiencia de las «treguas» de ETA y en la supervivencia de la democracia, sólo aceptaba la derrota de los terroristas. Ayer, el presidente del Gobierno dio la razón a quienes afirman que es el Gobierno quien ha abandonado el Pacto Antiterrorista. Literalmente afirmó que «si existe una opción que el Gobierno pueda contrastar que ETA tiene la voluntad de dejar las armas para siempre, por supuesto que el Gobierno dialogaría». La palabra «derrota» no existe en el calculado lenguaje presidencial. No se ha vuelto a hablar de cumplimiento íntegro de las penas ni tampoco de exigencias de perdón. A los etarras no se les advierte de la cárcel sino que se les emplaza a algo tan condescendiente como la disolución. Las condiciones del «final dialogado» se rebajan progresivamente, porque ya es suficiente que ETA tenga sólo la voluntad de desarmarse para que el Gobierno dialogue. Y, sobre todo, ETA sabe que, a pesar de todo el mal que ha causado, ha recuperado frente al Estado la posición de interlocutor que había perdido.

Cabría preguntarse si es así como el Gobierno pretende ganarse la confianza de las víctimas, atraer al PP a un nuevo consenso y transmitir a la sociedad un mensaje de firmeza.

Las víctimas molestan al Gobierno
Ignacio Villa Libertad Digital 9 Junio 2005

A este hombre le dura cada vez menos la farsa y la mentira. El pasado lunes, después de la multitudinaria manifestación de Madrid, Zapatero decidió llamar a bombo y platillo a Moncloa a TODAS las víctimas para explicarles su estrategia en la lucha contra el terrorismo. Dos días después la nueva milonga ha sido descubierta.

Ahora nos hemos enterado –ha sido confirmado por el propio Gabinete del Presidente del Gobierno– que a esa famosa reunión del día 21 no van a ser convocadas todas las Asociaciones y Fundaciones de víctimas del terrorismo. Desde Moncloa se explica que serán llamadas "las más representativas". Ante esta afirmación, la pregunta surge de inmediato: ¿qué se entiende por representativas? ¿Cuál es el criterio para la selección? De esta forma se constata algo que no ofrecía ninguna duda: Zapatero instrumentaliza a las víctimas y las clasifica según su orden y concierto. Para Zapatero las víctimas tiene distintas clases.

El presidente del Gobierno ha dejado al descubierto una vez más su desprecio hacia las víctimas, un desprecio que cada vez puede esconder menos. Y es que las víctimas le molestan. Le molestan en sus "planes" para llegar a un acuerdo con los terroristas de ETA. Así, el Jefe del Ejecutivo convoca a "algunas" víctimas a Moncloa, después haber nombrado Comisario a Peces Barba, después de intentar utilizar a Mayte Pagazaurtundua, después de haber utilizado a Fernando Savater y después de haberse encontrado la calle abarrotada de gente pidiéndole que rectifique.

¿Rectificación? ¿Quién dice rectificación? Este hombre no conoce, ni reconoce esa palabra. En la sesión de control en el Senado de este miércoles Zapatero insiste en su tozudez y en su estrategia de negociar con ETA. Esto es un auténtico choteo pero ahora que lo conocemos bien no cuela tan fácilmente. Detrás de todo esto nos queda algo, desde luego, tremendo: la ausencia de un mínimo sentimiento de humanidad del actual Jefe del Gobierno hacia las víctimas. Y eso nos duele a todos.

Marear la perdiz
Por Jaime CAMPMANY ABC 9 Junio 2005

INSISTEN Zapatero y la oposición en amasar y dar vueltas al asunto de la negociación del Gobierno con la banda etarra, que ahora cobra actualidad a propósito de la gigantesca manifestación del sábado en Madrid. Ayer mismo se reprodujo de nuevo ese diálogo en el Senado entre el presidente del Gobierno y el senador del PP Pío García Escudero. Naturalmente, se trata de un diálogo entre sordos, en el que Zapatero repite que él intenta y seguirá intentando acabar con el terrorismo, y sus interlocutores del PP se empeñan en saber a qué precio se dispone Zapatero a comprar la paz.

Los discursos de uno y otros se repiten, siempre idénticos, una y otra vez, y no es que la perdiz esté ya mareada; es que ya está en el suelo medio muerta. Sin embargo, en el discurso que Zapatero pronunció ayer en respuesta a García Escudero se puede encontrar un elemento nuevo que tal vez sea significativo. Zapatero siempre ha declarado que él está dispuesto a negociar tan pronto como los terroristas abandonen las armas. Ayer introdujo una variante en esta afirmación. Hablo de negociar si los terroristas «muestran voluntad de abandonar las armas». Y hasta un diplomático tan obtuso como Moratinos puede entender que no es lo mismo «abandonar las armas» que «mostrar voluntad» de abandonarlas. Lo primero denota una acción previa y lo segundo sería una acción condicionada.

Y ahí está el quid de la cuestión y la madre del cordero. Porque se trata de conocer quién pone las condiciones, si el Estado negocia con la condición de que los etarras acudan desarmados, o son los terroristas quienes imponen al Estado condiciones previas para sentarse a la mesa de negociación. Y eso de dejar las armas, ya lo veremos. Por de pronto, ya han manifestado públicamente que no van a desarmarse «así como así». Claro está que no se trata de un tiquismiquis de vanidad, sino de una cuestión de principio, porque el Estado no puede ni debe ceder ninguna benevolencia a una banda de asesinos bajo la amenaza de seguir matando a la gente y bombardeando las ciudades.

La clemencia sólo se puede usar con los vencidos. Y sospecho que «Eta» no admite la clemencia de los vencedores, sino que aspira a la tregua pactada entre dos contendientes con capacidad -ambos- de seguir combatiendo. Hay dos maneras de negociar. Que los etarras se presenten ante Zapatero y digan: «Hemos dejado de matar y entregamos las armas. Nos hemos rendido. Sé compasivo con nosotros en favor de la paz futura». O que presenten esta alternativa: «Tenemos las armas sobre la mesa. Una de dos: o nos das lo que pedimos, o seguimos matando, extorsionando y poniendo bombas». Desgraciadamente, por lo que llevamos visto hasta ahora y por el cambio introducido en el discurso de Zapatero, nos encontramos ante la segunda situación. Y además, con voluntad de dar todo o parte de lo que piden. O sea, por muy duro que suene, la traición a los muertos. Dios quiera que esté equivocado.

Zapatero y sus víctimas
Por M. MARTÍN FERRAND ABC 9 Junio 2005

DEJANDO a un lado a Pilar Manjón, cabeza visible de la Asociación 11-M de Afectados por el Terrorismo y tan fervorosa sindicalista que confunde la condición administrativa de una pensión con la afectación moral de un parentesco, y olvidándonos de Gregorio Peces-Barba, que reivindica unos valores morales, académicos y políticos que nadie discute para justificar su rechazo por la mayoría de las víctimas, debe reconocerse que los puentes que José Luis Rodríguez Zapatero tiende con las distintas asociaciones que las agrupan son de quita y pon. No es decir mucho, que Zapatero es así, pero conviene explicitarlo por si le ayuda a alguien a entender lo que pasa.

Después del éxito multitudinario de la manifestación, organizada por la AVT, la del pasado sábado, el presidente del Gobierno manifestó su deseo de reunirse con las distintas organizaciones que vertebran esa gran y dolorida familia de las víctimas. Aun con el recelo de muchas de ellas, era de justicia reconocer, o suponer, que el líder socialista había recibido y entendido el mensaje de los manifestantes. Nada más irreal. Los zigzagueos de Zapatero no facilitan el seguimiento de sus jugadas según los códigos tradicionales de la lógica y la apariencia.

Ayer mañana, en el Senado, Zapatero retiró ostentosamente el puente tendido para el entendimiento con las víctimas del terrorismo. Dejó bien claro que si ETA tiene voluntad de dejar sus armas para siempre dialogará con la banda asesina para lograr lo que quiere «la inmensa mayoría de los españoles». Pío García Escudero es testigo de lo que cuento, puesto que Zapatero se expresó de ese modo en respuesta a una pregunta del portavoz del PP en la Cámara.

¿Qué es lo que pretende Zapatero, y a quién quiere proyectar su mensaje cuando hace y dice, con solo unas horas de distancia, una cosa y su contraria? Es cierto, como señala el presidente de la sonrisa perpetua, que la inmensa mayoría de los españoles no desea que haya más víctimas de ETA; pero ¿a cualquier precio? ¿Incluso comprometiendo la dignidad del Estado? Las leyes en vigor, mejores o peores, nos obligan a todos, también a Zapatero, y lo democrático es cumplirlas. Ampararse en el bien común para anteponer la hipótesis de un resultado deseable a la certeza de un procedimiento incorrecto no es que no sea democrático, que no lo es, sino que entra en una espiral de despropósitos y se cisca en el ordenamiento jurídico: hablar con quienes, primero, debieran ser detenidos y puestos a disposición del juez. Bien es verdad que, en el mundo de la Justicia, el Gobierno prosigue su infatigable tarea de deslegitimar las instituciones del Estado. Véase la operación de relevo de Eduardo Torres-Dulce, sospechoso por profesional, algo que no le ocurre a Cándido Conde-Pumpido.

Un comisario político al frente de la Fiscalía del Estado
EDITORIAL Libertad Digital 9 Junio 2005

La Asociación de Fiscales ha mostrado, en un duro pero justificado comunicado, su indignación por el sectario relevo de Eduardo Torres Dulce ordenado por el Fiscal General del Estado -"una vez más, contra el criterio mayoritario del Consejo Fiscal"- de uno de los puestos más importantes de la Carrera Fiscal, como jefe de una sección de la Fiscalía del Tribunal Supremo que conoce de asuntos penales contra personas aforadas. El fiscal general Conde Pumpido le ha cesado aduciendo "falta de eficacia y de lealtad". La Asociación de Fiscales considera, sin embargo, que "el fiscal general no dice toda la verdad cuando pretende maquillar con tan endebles argumentos lo que no es sino otro ejemplo de su línea de actuación desde el inicio de su mandato" y "entiende la lealtad como la simple adulación de quienes se pliegan a todo lo que él dice".

Hace bien el PP pidiendo la reprobación de Conde Pumpido por imponer esta “limpieza ideológica” en la Fiscalía. Más aún, cuando no es la primera vez que el Fiscal General muestra su absoluto sometimiento a los criterios y necesidades políticas del gobierno que lo nombró.

Un fiscal que, para asombro de todos, ya se negó a recurrir el archivo del “caso Atutxa” que eximía al presidente de la cámara y a otros cinco parlamentarios autonómicos del delito de desobediencia por no haber disuelto a Batasuna, tal y como ordenó hacerlo en sentencia el Tribunal Supremo. Un fiscal que, tras estimar el TSJPV el recurso de apelación que sí presentó Manos Limpias en esa misma causa, no se le ocurre otra cosa que descalificar por razones ideológicas a los recurrentes, a los que denigró como de “extrema derecha”. Un Fiscal que, por pura obediencia al presidente del gobierno, se ha negado, antes y después de las elecciones vascas, a abrir diligencias contra el PCTV, a pesar de las innumerables pruebas de las que dispone en su haber en contra de los proetarras y a pesar de haberse comprometido meses antes a “imposibilitar absolutamente que los herederos de la ilegalizada Batasuna, se llamen como se llamen, puedan participar en las elecciones”. Un Fiscal General que se ha negado a investigar de dónde han salido los 400.000 euros depositados para la fianza de Otegi. Un Fiscal que, de hecho, ha venido a justificar el procesamiento del batasuno, no tanto en las pruebas de delito que desde hace tanto tiempo obran en su contra, sino al hecho de que ETA siga sin declarar una tregua. “Si ETA sigue actuando, no hay razón para que el Estado de Derecho no actué de acuerdo con criterios de firmeza y energía”, vino a decir Conde Pumpido en unas escandalosas declaraciones.

¿A qué clase de cambalache reduce la Justicia este Fiscal General del Estado? ¿A qué infame “toma y daca” se presta este Fiscal? ¿Es que acaso el imperativo de que Otegi rinda cuentas de una vez por su delitos pasados depende de lo que haga ahora, o en el futuro, la organización criminal de la que el batasuno ha sido portavoz? ¿Qué es esto de quitar y poner la venda a los ojos de la Justicia en función de lo que haga o deje de hacer una organización criminal? ¿Es así como el Fiscal General del Estado quiere calmar la alarma social que provocó Otegi cuando, ante su inesperado procesamiento, preguntó sorprendido si “¿Esto lo sabe Cándido Conde?”

Si cada uno de estos hechos merecerían, por sí solos, que Conde Pumpido abandonase el cargo y hasta la carrera judicial, encima, se permite ahora ejercer de comisario político contra fiscales independientes y de reconocidísimo prestigio como Eduardo Torres Dulce. Pero en fin. Cuando probos fiscales como el cesado son apartados de su cargo, mientras se permite a proetarras como los del PCTV continuar en el suyo, ya nos podemos hacer una idea de la clase de Fiscal General del Estado que tenemos. El propio de un gobierno que conocemos desde el 14-M.

Educación y justicia
Ignacio Sánchez Cámara ABC 9 Junio 2005

No España, sino su Gobierno parece empeñado en que ocupe el primer plano de la atención pública lo que debería estar resuelto (y lo está, o, acaso, lo estaba) -la unidad nacional, la Constitución, la concordia nacional, el acuerdo sobre las grandes cuestiones de Estado- en lugar de los problemas normales de la política, como sucede en la mayoría de los países democráticos. Por debajo de lo que más ruido hace se encuentra lo que más importa, lo que es causa de los efectos que conmueven la superficie de la vida pública: primero, y sobre todo, la educación; luego, la justicia. Si fallan estos dos pilares, todo lo demás marchará a la deriva. Bajo el ruido de la actualidad, siempre creo percibir la normalidad o la anomalía del sistema educativo y el estado de la Justicia. Del primero depende la salud intelectual y moral de los ciudadanos; del segundo, la eficacia de sus derechos y la vigencia del sistema democrático, que es, ante todo, un conjunto frágil de frenos y contrapesos al poder. Sin Justicia independiente no hay Estado de Derecho ni democracia.

Todo lo anterior siempre viene a cuento, pero es tanto el ruido y la furia de la vida política nacional que acaso pudiera pasar poco advertido un hecho que reviste no poca gravedad para la Justicia española: la destitución, en contra del criterio del Consejo Fiscal, de Eduardo Torres-Dulce como Fiscal Jefe de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. El Fiscal General del Estado invoca vagas «razones» de falta de eficacia y de pérdida de confianza. Todo parece reducirse a un episodio más de la politización de la Justicia. El Gobierno de Zapatero se estrenó con la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, y ahora sustituye a un «conservador» por un «progresista». Todo sea por el reequilibrio de la Justicia, es decir, el cese de los inmanejables en favor de los afines. Sé poco de los entresijos de la Justicia y sólo un poco más de rótulos políticos. Por mi parte, basta haber visto cara a cara al Fiscal destituido en un par de breves ocasiones para saber que se trata de un hombre cabal e inteligente. También basta haberle visto y oído en algunos programas de José Luis Garci para saber que se trata de un gran conocedor del cine, que siempre aporta una visión humanista en sus comentarios. Además, consta que es uno de los fiscales mejor valorados por sus compañeros. Dicho esto, no resulta difícil aventurar los motivos de la destitución. Cada quien, como dijo el hidalgo cervantino, es hijo de sus obras. Y, cabría añadir, prisionero de sus confianzas y desdenes.

Y, mientras tanto, la Justicia seguirá el camino de la politización y del desprestigio. Un último dato: Torres-Dulce era hasta ahora el Fiscal encargado de las causas que se siguen contra los aforados: presidente del Gobierno, ministros, diputados y senadores. La cosa parece clara, demasiado clara. Y allí, en el oscuro olvido, yacen yertas algunas promesas electorales.

Cierre de la Comisión
La Comisión como síntoma
Lucrecio Libertad Digital 9 Junio 2005

A lo trágico ha seguido lo ridículo. No es sorpresa. Para nadie. Aunque algunos se empeñaran, hace un año y pico, en conceder a la Comisión del 11-M un margen de credibilidad que era sencillamente imposible. Lo que sucede ahora, esas necias conclusiones que repiten lo mismo dicho el primer día, y que nos avergüenzan a todos, no son fruto de azar o incompetencia; sí de intereses sórdidos. Y necesarios. Los que se ajustan a las conveniencias de cada partido allí presente. No es nada que deba sorprender a nadie. Los partidos políticos son, desde hace ya más de tres décadas en toda Europa, oligarquías cerradas sin otra función que la de garantizar el empleo de sus miembros. Su eficacia se mide por el éxito con que cumplen tal objetivo. Y eso es todo. Hablar de representación, en estos inicios del siglo XXI, no mueve ya ni a la risa.

¿Qué función competía a la Comisión formada tras el 11 de Marzo? La propagandística, por supuesto. Conforme a determinaciones específicas, delimitadas por el eje vencedor/vencido.

Para los partidos que habían ganado –gracias a la masacre islamista– las elecciones, era el momento de rematar a un adversario, el PP, que hasta la víspera misma del atentado les aparecía como enemigo imbatible. Desde la Comisión, era pues preciso: a) destruir –política pero también personalmente– a Aznar, emblema de los años de derrota socialista y receptáculo –una vez eficientemente satanizado– de ese odio tras del cual necesita ocultar siempre el ciudadano sus propias cobardías, después de una rendición militar deshonrosa; b) descomponer al PP golpeando metódicamente sobre sus eslabones más débiles, a la espera de que gentes como Gallardón o Piqué acabaran sirviendo a Zapatero y Rubalcaba la voladura interna del partido; c) borrar cualquier huella que permitiera conocer la verdad de lo sucedido, y, en esa verdad, la tétrica sospecha acerca del papel de viejas células “gálicas” en los más oscuros aparatos del Estado; d) completada esa ofensiva, y una vez desmoronada la resistencia institucional que el PP pudiera ofrecer, los partidos nacionalistas podrían pasar a plantear la reforma constitucional a cambio de cuya promesa habían soldado pacto con el PSOE.

Al perdedor PP, la Comisión no podía sino plantearle un difícil dilema: podía revestir el sambenito oblatorio que los nuevos gobernantes –y su patrón mediático, el grupo PRISA– le ofrecían como forma de expiar sus muchas culpas; tras ello, y convenientemente purgado de los dirigentes a quienes Cebrián, Polanco y, en su nombre, Zapatero juzgasen irrecuperables, el perdón democrático les sería generosamente concedido, y con él la sinecura de un rinconcito al abrigo del poder con rango de oposición perpetua. Eso, o bien, dar una batalla frontal, para la cual, la verdad, la mayor parte de los políticos del PP –Aguirre y algún otro raro aparte– no parece dotada por los dioses. La opción final ha sido mixta. Y, si Rajoy –en buena parte, gracias a la memorable comparecencia de Aznar– ha evitado el despedazamiento para el cual la Comisión estaba planificada, poca cosa real ha conseguido a la hora de sacar a la luz lo que, tras ocho años de Gobierno, debería conocer, al menos en parte: las tramas internas que, desde los servicios del Estado, confluyeron en el 11-M.

Un año y medio después del atentado de Atocha sabemos con certeza lo que desde el primer día sospechábamos: que jamás sabremos qué ni quién estuvo detrás de aquel crimen. Sabemos también qué es lo que hacen los políticos con la tragedia de los ciudadanos. Capitalizarla. En eso sí, la Comisión ha sido un experiencia muy didáctica.

El mito nacionalista
Clientelismo institucional
Fernando Lecumberri Libertad Digital 9 Junio 2005

Es necesario dar a conocer a esa mayoría de españoles que viven en un régimen democrático que hay una parte de nuestro país, donde se vive con un ya insufrible déficit democrático, sojuzgado por un régimen partidista y dirigido por un gobierno nacionalista sometido a la dirección del PNV. Sus estatutos, entre sus fines, señalan como prioritario el marcar la dirección política, orientar y controlar a las instituciones. Su concepción tan espuria de lo público y tan irresponsable en lo político sólo provocan sensaciones de desánimo, engaño y frustración que, en Euskadi, duran ya demasiado tiempo.

Siempre quiso el poder. Primero alcanzarlo para luego, desde una escandalosa deslealtad, mantenerlo. Mantenerlo contra viento y marea, contra casi la mitad de los vascos, pactando con propios, extraños y ETA. Las personas no hemos sido consideradas como el primer objetivo del gobierno. El verdadero y único fin es, desde el poder, hacer realidad su proyecto político nacionalista: “la liberación nacional”.

Ya sabemos que es una organización monolítica, inmisericorde con la disidencia e impermeable a la crítica. Este hermetismo es el que ha impulsado su infiltración en todos los ámbitos sociales de Euskadi. Desde la Sabin-Etxea –sede del PNV en pleno centro de Bilbao– se ejerce el poder que, con total impunidad, se impone pero de él no se responde más que ante los órganos del partido.

El Gobierno Vasco, insaciable en sus demandas competenciales e impenitente en sus críticas hacia el abusivo centralismo español, se muestra voraz con las atribuciones de los Territorios Forales, parte de la especial estructuración de nuestro autogobierno. En el colmo de la hipocresía política se sustituye un centralismo por otro, convirtiendo la cohesión interna del País Vasco en un imposible. Hoy Euskadi no se vertebra, se uniformiza.

El PNV tiene en la Euskadi rural su vivero de votos –el 62,5 % de los votos se obtienen en poblaciones de menos de cincuenta mil habitantes–. Esta circunstancia, con el ninguneo que sufren las Diputaciones Forales y la total falta de transparencia en las asignaciones a los pequeños municipios, dan lugar a una situación de clientelismo político sin parangón en sociedades plenamente democráticas. Se ha recuperado la desdeñada figura del cacique, que ya no es aquel acaudalado personaje de otros tiempos, no, ahora es el PNV.

Ya no puede extrañar a nadie que en las pequeñas poblaciones de la Euskadi rural, auténticos feudos del nacionalismo vasco, jamás prospere una moción presentada por los ediles constitucionalistas, cuando los hay, en la que se inste a que el Gobierno Vasco o la Diputación Foral lleve a cabo o recoja, una determinada iniciativa. Sirvan algunos ejemplos:

- Concesión de ayudas para adquirir libros de texto de uso obligatorio. En Álava, la Diputación Foral (PP) las concede, en Vizcaya (PNV), no. Rechazada.

- Adecuación y actualización de la Renta Básica y las ayudas complementarias (PAGAMI) concedidas por Gobierno Vasco y Diputación Foral respectivamente, al incremento aplicado por el Gobierno Central sobre el Salario Mínimo Interprofesional. Rechazada.

- Instar al Gobierno Vasco para que en el Anteproyecto de Ley de Bibliotecas de Esukadi, se recoja en su articulado, una distribución de competencias entre las distintas administraciones públicas, y paliar así el excesivo centralismo, y el menosprecio a los ayuntamientos. Rechazada.

- Instar a todas las administraciones a expresar su más absoluto rechazo contra la violencia ejercida contra la mujer y exigir la dotación de recursos necesarios para combatir y erradicar la violencia de género. Rechazada.

- Concesión de ayudas económicas a personas que atienden en el domicilio a Personas Mayores Dependientes. La Diputación Foral de Álava las concede. Rechazada.

No son cuestiones de exclusivo carácter político, sino problemas que afectan a las personas y que merecen ser consideradas en aras de un beneficio social. Sólo mencionar la expresión “instar al Gobierno Vasco”, supone la inmediata reprobación. El clientelismo llega a estos extremos y afecta, por derivación, a todos los ciudadanos vascos.

La sociedad vasca no puede seguir por más tiempo atrapada en la inmovilidad de quienes desprecian las necesidades de los ciudadanos. Los vascos no debemos vivir instalados en el mito nacionalista que nos obliga a creer que el de aquí, administra mejor que el de fuera. Los ciudadanos vascos tenemos que arrumbar a quienes consideran la administración como su “batzoki”, confunden partido con gobierno y quieren que asimilemos la sociedad vasca a comunidad nacionalista.

Fernando Lecumberri es concejal del Partido Popular en Laukiz (Vizcaya)

Nacionalismo
¿Canarias también?
Aurelio Alonso-Cortés Libertad Digital 9 Junio 2005

Coalición Canaria (CC) ha adoptado, en su III Congreso, como bandera propia del partido la tricolor con estrellas verdes; siete como siete son aquellas islas. Tricolor ya lo es la actual bandera autonómica que tomó el amarillo, azul y blanco de los pendones de Gran Canaria y Tenerife. Cuestión distinta es el partidario cambiazo por las verdes estrellas de los montes y canes que hasta hoy en ella ondean.

Las estrellas no gozan de buena fama en política. Los usa, verbigracia, la bandera de Fidel Castro y la también comunista de Angola, o la independentista catalana que esgrime Rovireche. Lo embarazoso es que las siete que incorpora CC, lucían, ya en 1979, en la bandera igualmente tricolor del independentista Cubillo. El cabeza visible del Movimiento para la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC) que, impulsado por Argelia, pretendía convertir las Islas en una república africana. Nos lo viene a recordar ahora, innecesaria e imprudentemente la CC. ¿Verdes y con asas? ¿Será una ligereza o un síntoma de futura secesión? El suceso merece luz y taquígrafos, más cuanto muy escasa prensa ha dado la noticia.

Además de presidir la enseña estrellada, desde ya, cualquier acto de CC, sustituirá a la autonómica vigente tan pronto lo apruebe el Estatuto canario que el partido prepara “a lo Juan Palomo”. ¿No lo hizo así el PNV con la ikurriña? Por fortuna, el pueblo canario opina de modo diferente y al menos en la prensa digital reitera su españolidad. Tanto por afecto como por temer la perturbación de las excelentes relaciones con el resto de España, y el consiguiente riesgo de caer en la garra marroquí. No faltan imputaciones de plagio a los Arzallus/Carod. Y hay quien sugiere como color a incorporar a la enseña el rojo del billete de 500 € que identifican con la exuberante especulación isleña.

CC gobierna en Canarias hace ya veinte años. Primero aliada al PSOE, más tarde al PP y, tras una reciente y sonada ruptura, ha vuelto con los socialistas. El motivo pudiera ser ganar influencia en “Madrid”, como llaman al gobierno de turno; es decir donde el Parlamento decidirá cual sea el próximo Estatuto del archipiélago. Sin embargo, el resultado inicial no ha podido ser peor. En el reciente debate del Estado de la Nación los socialistas aceptaron la pretensión de Rovireche de encajar el REF canario en la armonización fiscal europea a fin de abrir a Cataluña el modelo fiscal canario. Y es que en el Congreso de la “autoridad única” manda el triunvirato catalán y poco importan los tres diputados de CC.

La maniobra afecta a la misma esencia de Canarias que es su excepcional diferencial fiscal. Un anuncio en TV usa hace días el eslogan de “Este verano en Canarias te vas a enamorar”. De quien se enamorará usted –si no lo está ya– es de las Islas y sus gentes. Y si es empresario le cautivará su Régimen Económico Fiscal, ese REF de 1972 cuyas ventajas atrajeron a otros muchos a crear y desarrollar empresas. Una de sus estrellas –bien diferentes de las del MPAIAC– es el Fondo de Previsión para Inversiones, una práctica exención del Impuesto sobre la Renta de Sociedades a condición de capitalizar los beneficios. Y es sustancial la reducida tributación indirecta. Una fiscalidad de excepción concedida en su día por el Parlamento español que otras regiones quisieran para sí y explica la boyante economía del archipiélago. Desde ahora el pulso europeo por el REF pueden perderlo todos empezando por Canarias que ya lo tiene.

Canarias es región que ejerce de española y además “le va bien” hacerlo así. Ha pasado de la cola regional al pelotón que lidera el PIB “per capita”. Según datos del Instituto Nacional de Estadística sólo tiene por delante a Madrid, Cataluña, Baleares y Aragón, y está a poco más de un punto de Cantabria y Comunidad Valenciana. Saca nada menos que treinta puntos a la colista Extremadura y casi veinte a Andalucía con las que se emparejaba en los años setenta.

De los numerosos efectos positivos destaco dos. Uno, el haber comenzado el ascenso con capitales multinacionales hasta reemplazarlos con inversiones canarias o sociedades domiciliadas en las Islas. Otro, la creciente creación de nuevas y sólidas sociedades que supera con mucho la media nacional, mientras aparece el efecto multiplicador de escasear las disoluciones y liquidaciones. Y es que su condición de paraíso fiscal para sociedades favorece la estabilidad y querencia empresarial. ¡Qué se lo digan a Irlanda, el país más desarrollado e industrializado de la UE!

Para conservar el REF conviene moderar algunas pretensiones de futuro. Pudiera ser razonable, por ejemplo, la transferencia de competencias en puertos y aeropuertos, transporte aéreo, sanidad, comercio exterior, y telecomunicaciones. Entra en cambio en simas marinas peligrosas la suculenta reclamación de competencia en prospecciones petrolíferas en aguas que también reivindica el moro vecino.

Ójala no se trate de “solicitudes a cuenta” para subir el listón tan pronto hayan sido satisfechas en una historia nunca acabar. Practiquen los mentados políticos lo dicho por Gracián: “Cada uno debe actuar como quien es y no como le obligan”.

La burbuja nacionalista
José Javaloyes Estrella Digital  9 Junio 2005

Será porque los consensos, como códigos de vigencias políticas y sociales, declinan y envejecen. Tal vez explicaría eso la que se ha montado en Cataluña contra el nacionalismo y sus compañeros de Gobierno, y acaso anticipe la que se puede montar en otras Autonomías que tengan afectados sus comportamientos por la gravitación y el peso de ese mismo nacionalismo y semejantes complicidades. Será por los consensos gastados y por los desorbitados abusos de ERC, como el exigir todo el Ebro para el delta, sacrificando Aragón y entregando el sudeste al pavor de la sequía.

La Historia explica muchas cosas, incluso la más reciente. Pegados al consenso constitucional, en el arranque de la Transición, se establecieron otros consensos de radio menor, como el que beneficiaba a los nacionalismos periféricos. Se esperaba mucho de las concordias concéntricas que generaba la extinción biológica del franquismo.

Todos los españoles fiábamos mucho de la libertad política, y algunos, de manera muy especial, veían en los movimientos nacionalistas el sublimado de esa libertad. Con la epifanía de la democracia, derechos individuales y derechos colectivos aparecían como un todo jubilosamente inseparable. El discurso nacionalista era un corolario de la proclamación de la libertad.

Cuanto pidió el nacionalismo le fue concedido. Al nacionalismo aranista, identidad política de la que carecían los territorios, Y junto a la identidad, las ikastolas que contribuirían a nutrirla generacionalmente. Sumado a ello le fue entregada también la cooficialidad del vascuence. Y al nacionalismo catalanista se le dio todo cuanto está ahí: unas veces al contado y otras a plazos. Los albaceas del franquismo fueron dadivosos a la hora del pacto con los nacionalismos regionales, llegándose a una descentralización administrativa y política sin precedentes en Europa ni en el federalismo americano.

Pero las dádivas se pasaron especialmente de la raya a la hora de la Ley Electoral, que hizo gigantes de los enanos, al transferir a las minorías la capacidad decisoria de las mayorías.

Era el pacto, que instaló también a las izquierdas nominales —las históricas y las improvisadas—, que eran los otros enemigos del franquismo. Media España consensuó con la otra media, para la Constitución, el acuerdo de que estaban en desacuerdo. También el acuerdo de preservar los términos de sus respectivas visiones de las cosas.

Así, la Constitución de 1978 resultó una suerte de catamarán: buque de doble casco, con el que los españoles hemos navegado sin mayores problemas en una singladura de 25 años. El viaje parece, a lo que se ve y escucha, toca a su final. Izquierda y derecha cumplieron en el espacio constitucional, con renuncias recíprocas. Pero los nacionalismos preservaron su identidad y crecieron en victimismo.

Ahora la ecuación se ha roto. La izquierda del PSC se ha ido con el nacionalismo de Cataluña, para sostenerse en el poder, y el nacionalismo catalán ha tomado como rehén al Gobierno de la Moncloa. La minoría nacionalista catalana ha secuestrado políticamente a las mayorías españolas, en la izquierda y en la derecha. Los nacionalismos son el problema. Del “plus de legitimidad” que se les otorgó, en expresión de Aznar, se ha pasado a la ilegitimidad palmaria del antidemocrático sometimiento de las mayorías. Pero no sólo las políticas, sino también las sociales.

La rebelión de los intelectuales catalanes, proponiendo un partido no nacionalista, como antes los vascos del Foro de Ermua y Basta Ya, ratifica el fin del consenso para la aceptación del nacionalismo como soporte complementario y expresión añadida de la democracia española. Su diagnóstico de la política catalana, obsesionada con el Estatuto y la financiación, como propia de un régimen conflictivo con la libertad por su conjugación restrictiva de las libertades civiles, y de ERC, como fuerza de extrema derecha, es un diagnóstico que no habrá sorprendido a quienes siguen la política actual de allí ni a quienes conocen qué pasó realmente en el asalto a la II República.

Esa tercera fuerza brotada ahora en Cataluña —algo más que un pinchazo en la burbuja nacionalista— abre muchas preguntas sobre su directa incidencia en el PSC y en el PP catalán; pero también sobre el entero conjunto de la política española. De una u otra manera, la crisis política nacional que tiene su doble epicentro en Cataluña y en Vascongadas presenta inequívocas proyecciones generales. La revisión del consenso constitucional abierta en la presente legislatura, por ser de onda larga, habrá de afectar necesariamente al número, la estructura y a la dinámica de los partidos.
jose@javaloyes.net

Bargalló
La puta y la Ramoneta
José García Domínguez Libertad Digital 9 Junio 2005

La cultura popular catalana ha acuñado una frase hecha para economizar palabras cuando se quiera explicar que a la doblez moral le ha dado por aparearse con el cinismo. Para esos casos de embarazoso relato, la fórmula ofrece un ahorro inestimable de tinta. Así, basta con escribir que alguien está haciendo “la puta y la Ramoneta”, y todo el mundo lo entiende a la primera.

Ayer, la segunda autoridad del Estado en Cataluña, Josep Bargalló, consideró oportuno lanzar un aviso a navegantes. El primer consejero y portavoz del Gobierno de Pasqual Maragall, declaró: “Hay una amplia tradición catalana de manifiestos. Yo recuerdo, por ejemplo, otro de intelectuales firmado por el señor Amando de Miguel y el señor Jiménez Losantos”. Punto. Ese intelectual (suyo es el guión de La teta y la Luna, una incursión en el porno blando del director de Caniche, cinta de culto entre los aficionados a la zoofilia) no recuerda nada más. Nada. Ni un nimio detalle anecdótico. Ni uno. Bargalló: la puta y la Ramoneta.

Sin embargo, uno de tantos ex pistoleros de Terra Lliure que militan bajo sus órdenes en Esquerra Republicana de Cataluña, anda algo mejor de memoria que el jefe. En Las armas y las urnas, la hagiografía ilustrada del terrorismo catalanista, ese antiguo escamot acaba de exhibir un alarde de neuronas que habrá hecho babear de envidia a todos los Bargallós del partido. Resulta que el cronista literario de Terra Lliure y biógrafo autorizado de Puigcercós (sí, de Puigcercós) ha salido con un ramalazo a los Borbones: ni aprende ni olvida. De ahí que por él hayamos conocido los lectores la satisfacción con que esos chicos de ERC rememoran, aún hoy, la eficacia política del atentado contra el editor de Libertad Digital. Porque siguen orgullosos, y lo ponen por escrito, de que sus pistolas consiguiesen “neutralizar por muchos años” a los que ahora han osado volver a levantar la voz.

Y la historia ya se empieza a repetir. Igual que la otra vez. Calcada. Entonces, a la escalada de violencia verbal contra los firmantes, las putas y las Ramonetas de la época responderían como el par Maragall. Primero, con medias palabras. Después, con medios silencios. Siempre, guardándose muy mucho de hacer algún llamamiento público a sus descerebrados para evitar una agresión contra los disientes. Casi como hoy. Casi. Únicamente hay una novedad en aquel argumento sabido de memoria por todos: ahora, la Policía se cuadra ante Bargalló.

Cuando Albert Boadella y otros firmantes del Manifiesto que prefieren permanecer en el anonimato, están siendo amenazados personalmente, las palabras de la segunda autoridad del Estado en Cataluña sólo pueden ser interpretadas de un modo: como una intimidación. Otra más. Que se ande con mucho cuidado Maragall con esos castellers que juguetean con fuego a su alrededor. Al final, si consiguen que prenda la pira, el primero en arder no va a ser otro que él mismo.

Me siento víctima del 11-M
Cartas al Director ABC 9 Junio 2005

Escucho las palabras de la señora Pilar Manjón referidas a las víctimas, por las que mi condición de hermana de un fallecido en el atentado del 11-M no es suficiente para que me consideren como tal.Sin embargo, cada día, la pena y la rabia me atenazan la garganta al ir a mi trabajo y tener que pasar por el mismo sitio donde acabaron con la vida e ilusiones de mi hermano; me siento víctima.

Sin embargo, se me desgarra el alma cada vez que juego con mis sobrinas y me doy cuenta de la infinidad de cosas que se han visto privadas de poder realizar con su padre, mi hermano; me siento víctima. Sin embargo... Quizá la cercanía de la señora Manjón a Peces-Barba, dotado de tan alto conocimiento que le permite determinar quiénes son los buenos y los malos, haya hecho posible que germine en ella la semilla de la inteligencia preclara, que la faculta para discernir sin rubor quiénes son víctimas y quién no. ¿Víctimas mediáticas? A diferencia suya, mis lágrimas no las secan los flaxes de las cámaras. A Pilar Manjón, la madre, mis mejores deseos para seguir adelante. A Pilar Manjón, presidente de la asociación de afectados del 11-M, mi más absoluta indiferencia.
Virginia Prieto Humanes. Madrid.

Política y dignidad
Cartas al Director ABC  9 Junio 2005

En las conclusiones de la comisión del 11 M, afirma ERC, el partido del cual los señores Carod-Rovira y Puigcercós son presidente y secretario general respectivamente, que antes de las elecciones del 14-M, Aznar deseó que ETA cometiera un atentado con el fin de beneficiar electoralmente a su partido. No puede extrañar a nadie tal desfachatez. Carod, siendo conseller en cap de la Generalitat de Cataluña, mantuvo conversaciones con ETA en Perpiñán, sin que supiera nada el presidente Maragall; también fue el que públicamente pidió a los catalanes que boicotearan la candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos de 2012; y más recientemente no le importó, en Israel, menospreciar la bandera española y mofarse de la corona de espinas, ofendiendo los sentimientos patrióticos y religiosos de muchísimas personas.

Puigcercós fue el que ostensiblemente se quedó sentado en el Congreso mientras todos los diputados se ponían en pie en señal de duelo por Juan Pablo II; también es el que recientemente ha equiparado la manifestación de los partidarios de los terroristas de ETA con la de sus víctimas, y se ha atrevido a decir que los muertos, muertos están, y que la política la han de hacer los vivos. Carod, Puigcercós y ERC son los que dan soporte al Gobierno tripartito en Cataluña y al Gobierno de Madrid. Ya se ve que Maragall y Zapatero anteponen el poder a la dignidad.
Jaime Ros Sagué. Pals (Gerona).

El manifiesto que rechaza el nacionalismo suma un millar de adhesiones el primer día
Mientras los intelectuales buscan la fórmula para gestionar la creación de un nuevo partido, las plataformas críticas del PSC refuerzan sus contactos
I. ANGUERA/ M. A. PRIETO ABC  9 Junio 2005

BARCELONA. Apenas han sido necesarias 24 horas para que los quince impulsores del manifiesto «Por un nuevo partido político en Cataluña» vieran confirmada la buena acogida de su iniciativa. Casi un millar de personas ha expresado ya su adhesión a la propuesta a través de la página web «ciutadansdecatalunya.com».

Tras la buena e «inesperada» acogida, los impulsores del manifiesto -un grupo de intelectuales críticos con el nacionalismo catalán, entre los que se encuentran Félix de Azúa, Albert Boadella, Arcadi Espada, Xavier Pericay o Francesc de Carreras- coincidían ayer en la necesidad de estructurar ese movimiento a partir de la marca «ciutadansdecatalunya» con la voluntad de «intervenir en el debate político catalán», tal y como explicó a ABC el periodista Arcadi Espada. En los próximos días se reunirán para definir esa «estructura mínima» que permita dar continuidad al movimiento, con el acto de presentación del día 21 de junio como objetivo prioritaro. Por otra parte, el consejero jefe de la Generalitat, Josep Bargalló, se refirió de nuevo al manifiesto para advertir que sus planteamientos no son «aire fresco» en Cataluña, ya que «llevan muchos años opinando lo mismo en sus foros y columnas de opinión, sólo que ahora lo han hecho conjuntamente».

Entre tanto, prosiguen los contactos entre las dos plataformas críticas del PSC -«Ágora Socialista» y «Socialistas en positivo»- con el objetivo de articular una estrategia conjunta para impulsar un cambio en el discurso «nacionalista» de esta formación. Tras una reunión de trabajo que se celebró ayer, y en la que se volvió a poner de manifiesto que estos militantes socialistas apoyan las críticas de los intelectuales pero no están por la creación de un nuevo partido político, representantes de ambas plataformas coincidieron en lamentar el «ninguneo» al que son sometidos por parte de la dirección del PSC. José Castellano, miembro de «Ágora», aseguró ayer a este diario que el sector crítico, pese a lo que diga la cúpula del partido, «nos sentimos representantes de esos 300.000 votantes socialistas que en las elecciones autonómicas se quedan en casa y, en cambio, acuden a votar en las generales», al ser conscientes de que sus votos van a parar al PSOE.

Malestar por la exclusión de otras asociaciones
M. J. C. ABC  9 Junio 2005

La iniciativa de los intelectuales antinacionalistas estaba llamada a ser una plataforma transversal en la que habrían tenido cabida distintas adscripciones políticas, más allá de la clásica bipolaridad izquierda-derecha. Plataformas como Convivencia Cívica Catalana -a la que está vinculado el eurodiputado del PP, Aleix Vidal-Quadras- o Asociación por la Tolerancia seguían de cerca desde hace un año el surgimiento de ese movimiento. Pese a que miembros de estas asociaciones, defensoras acérrimas del bilingüismo en Cataluña, han firmado el polémico manifiesto, fuentes cercanas reconocían ayer a ABC un cierto malestar respecto a la presentación «unilateral» de esta corriente por parte de un grupo de intelectuales. Y aunque están dispuestos a colaborar, ven lejano el surgimiento de un partido político ante la falta de liderazgo y de financiación.

El PP y la AVT tachan de «paradoja insoportable» que se ofrezca diálogo a ETA
D. M. / J. P. ABC  9 Junio 2005

MADRID. El PP y la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) consideran una «paradoja insoportable» y una «incoherencia» que mientras el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, mantiene su oferta de diálogo con ETA, si abandona definitivamente las armas, las Fuerzas de Seguridad del Estado que dependen del Ministerio del Interior dispongan de informes que apuntan a la existencia en España de siete «comandos» y no hayan detectado ninguna señal de que la banda vaya a declarar una tregua.

Así, el portavoz parlamentario en materia de seguridad del PP, Ignacio Astarloa, calificó de «paradoja insoportable» esta situación y lamentó que mientras que el «Estado de Derecho ha venido desarrollando una buena política antiterrorista, desde el Gobierno se esté propiciando la normalización de ETA-Batasuna tanto en las instituciones como en la calle». Astarloa, tras afirmar que no hay que bajar la guardia en la lucha antiterrorista, criticó al Ejecutivo por no informar al principal partido de la oposición de las actividades policiales contra ETA. En este sentido, recordó que su partido ha pedido en numerosas ocasiones al Ejecutivo la reunión del Pacto Antiterrorista y que desde el Gobierno sólo han recibido negativas.

Asimismo, Astarloa destacó que el Ministerio del Interior no había desmentido la noticia adelantada ayer por ABC en el sentido de que este Departamento había detectado la presencia de siete «comandos». Astarloa se refería de esta forma a una nota hecha pública por Interior en la que decía que «sólo facilita los datos que permiten a la opinión pública estar informada y que no pongan en riesgo la seguridad del Estado».

Por su parte, el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), José Francisco Alcaraz, denunció que la propuesta de negociación del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, «ha envalentonado, ha dado oxígeno a ETA-Batasuna que, indudablemente, se está reorganizando». Alcaraz consideró una «incoherencia» que Zapatero haya creado expectativas sobre el final de ETA y, sin embargo, niegue que haya habido contactos con la banda. Y todo ello cuando las Fuerzas de Seguridad no ven por ahora ninguna señal de tregua. El presidente de la AVT recordó que ETA, a lo largo de su siniestra historia, antes de anunciar un alto el fuego ha cometido sangrientos atentados, como el dirigido contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, en los prolegómenos de las conversaciones de Argel. Alcaraz concluyó que en el caso de que ETA cometiera un asesinato «no debería pedirse responsabilidades al Gobierno -la única culpa sería de los pistoleros- pero sí habría que exigirle que rectificara su política antiterrorista, que ha permitido la presencia de EHAK en el Parlamento vasco».


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