AGLI

Recortes de Prensa     Jueves 16 Junio 2005
Entre la manipulación y la mentira
Ignacio Villa Libertad Digital 16 Junio 2005

Del "caso Bono" al "caso Carod Rovira"
EDITORIAL Libertad Digital 16 Junio 2005

Mociones y mutaciones
Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín ABC 16 Junio 2005

Un sillón imaginario
Gregorio SALVADOR ABC 16 Junio 2005

El valor del respeto
M. MARTÍN FERRAND ABC  16 Junio 2005

La otra guerra del terrorismo islamista
Por Luis Ignacio PARADA ABC  16 Junio 2005

Un fiscal a la deriva
Editorial ABC  16 Junio 2005

La amenaza del terror islamista
Editor

¿Catalunya es una nación?
FRANCESC DE CARRERAS  16 Junio 2005

LA DENUNCIA DE ERC, EN CASTELLANO
E. RODRÍGUEZ MARCHANTE ABC Cataluña  16 Junio 2005

"No merece ser presidente del Gobierno de la nación quien no sabe lo que es la nación"
Agencias Libertad Digital 16 Junio 2005

Intelectuales catalanes contra el nacionalismo
ESD Jesús Laínz  16 Junio 2005

Un manifiesto de ciudadanos
FÉLIX Ovejero  16 Junio 2005

Entre la manipulación y la mentira
Ignacio Villa Libertad Digital 16 Junio 2005

Ahora resulta que la izquierda ya no sólo ha perdido la calle. El problema, para ellos, es que empiezan a coger miedo al asfalto. Quizá sea el coche oficial y la moqueta ministerial que hace cambiar muy rápidamente el discurso de no hace mucho tiempo. Lo que es evidente es que el Gobierno y todo su entorno tiene pavor ante la tercera manifestación consecutiva. Manifestación multitudinaria, en esta ocasión a favor de la familia.

Son muchas las huellas que están dejando desde el Gobierno como pruebas de su nerviosismo por la manifestación de este sábado en Madrid. Zapatero mintiendo descaradamente compara la convocatoria legal del 18-J con las concentraciones ilegales del 13-M. Peces Barba, destilando bilis, añade que lo del sábado es la vuelta a la peor democracia cristiana. Y ahora, para concluir, están montando una contramanifestación para poder realizar comparaciones en los telediarios el próximo sábado. En fin, la manipulación y la mentira se ha convertido en el binomio de hacer política de este Gobierno.

Lo que ya tenemos muy claro, después de tres semanas de protesta ciudadana contra las distintas políticas del Gobierno, es que Zapatero no se va a bajar del burro. Engreído de poder y altivo de carácter, el Jefe del Ejecutivo hace caso omiso a las inquietudes de miles y miles de ciudadanos. Él toma las decisiones basadas en el sectarismo, en las hipotecas con los nacionalistas y en el rencor; y esas posiciones son inamovibles.

La dinámica de intransigencia en la que ha entrado este Gobierno es muy grave para la estabilidad. Y es que Zapatero arrasa con todo, quema los restos y luego habla de talante. Por favor, que me lo expliquen. Lo que hace este Gobierno es de otro mundo. Eso sí, no tienen pudor para ahogar por todos los medios a los que piensan de forma diferente a ellos. Es una estrategia que al principio realizaban con algún disimulo, pero que ahora realizan ya a la luz del día sin límite y sin vergüenza.

Del "caso Bono" al "caso Carod Rovira"
EDITORIAL Libertad Digital 16 Junio 2005

El juez de instrucción número 42 de Madrid ha archivado este miércoles la causa seguida por la supuesta agresión al ministro de Defensa, José Bono, en la manifestación convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo el pasado 22 de enero.

El archivo de este caso –abierto en su día con el exclusivo objetivo de desacreditar a las víctimas del terrorismo y al PP– no puede, sin embargo, quedar ahí. Hay un jubilado y una ama de casa, también de avanzada edad, que fueron injustamente detenidos bajo la surrealista acusación de haber agredido, a casi dos metros de distancia, a ese corpulento ministro que, en esos momentos, iba rodeado de varios no menos fornidos guardaespaldas. Su “delito”, ser militantes del principal partido de la oposición.

Y es que la voluntad de implicar a dos militantes del PP en una supuesta agresión llegó a tal extremo que, tal y como se refleja en el auto del juez Carlos Valle, cuando el inspector jefe de la Brigada Provincial se negó, por falta de pruebas, a detenerlos, se le amenazó con tener “problemas” por no hacerlo, para ser, inmediatamente, relevado tanto de las diligencias como de sus funciones. El comisario responsable de la Brigada dio entonces instrucciones a un subalterno para que hiciera desaparecer las diligencias ya efectuadas, rehiciera el atestado y arrestara, finalmente, a los militantes del PP en una escandalosa operación sin a penas precedentes en una democracia occidental.

Claro que, en cualquier democracia occidental, un fiscal general del Estado tiene como objetivo velar por que nadie –incluidas las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado– esté por encima del imperio de la Ley. Aquí, sin embargo, Conde Pumpido justificó hace dos días su clamorosa pasividad en este escándalo alegando que su deber, como Fiscal General, es “defender a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que actúan en el ejercicio de sus funciones” y que toman decisiones “en ocasiones complejas”. Todo, con tal de evitar las responsabilidades políticas del Gobierno en este bochornoso caso.

No contento con ello, Conde Pumpido había ido aún más lejos insistiendo, hasta hace dos días, en presentar como sospechosos a los dos militantes del PP alegando que ambos aparecían en las fotografías “en una actitud que en principio es vociferante”.

Lo grave de esta instrumentalización política de la “justicia” contra el principal partido de la oposición es que va a más. Así, el socio de gobierno ZP y de Maragall, Carod Rovira, se ha permitido implicar al PP y a sus dirigentes con unas personas que, efectivamente, sí protagonizaron un acto execrable, y probablemente delictivo, como fue portar dos pancartas que rezaban “Rovira al paredón" o "Carod, esta es tu caja”, en la reciente manifestación en defensa de la unidad del Archivo de Salamanca.

Acusar, sin embargo, de lo que hicieron esos energúmenos a personas que lo primero que han hecho es condenar esos hechos -como el alcalde de la ciudad de Salamanca, la presidenta de la Comunidad de Madrid o los ex ministros Pilar del Castillo o Jaime Mayor Oreja, entre otros dirigentes del PP- ya es buena muestra de la intención de difamar por razones políticas. Una infame intención, de la que Carod Rovira debería dar tantas explicaciones como quienes se han empeñado en implicar –también sin pruebas– a los dos veteranos militantes del PP en el “caso Bono”.

Mociones y mutaciones
Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín Ex Subsecretario de Interior ABC 16 Junio 2005

HAY partidos que nacen y se desarrollan en un orden político constituido, y que contribuyen a lo largo de su vida a sostenerlo y transformarlo. Los grandes partidos ingleses y norteamericanos son un buen ejemplo de ello. Hay partidos que forman la matriz constituyente de un orden político nuevo, y que suelen asumir una especial responsabilidad en su conservación. Así, en Italia, los partidos demócrata-cristiano, comunista, socialista y liberal, entre otros, formaron en 1943 un Comité de Liberación Nacional y actuaron de manera colegiada y decisiva durante el proceso que desembocó en la aprobación de la hoy vigente Constitución de 1947. Un autor calificó aquellos partidos de «órganos constitucionales paritarios de un ordenamiento nuevo». La República italiana tuvo luego una historia agitada e inestable, pero incluso en los momentos de mayor confrontación los partidos fundadores supieron mantenerse unidos en defensa del régimen que habían creado.

La Constitución española de 1978 también nació en la matriz de un preexistente grupo de partidos políticos: la UCD (cuyo lugar ocupa hoy el Partido Popular), el PSOE, el Partido Comunista y Convergencia i Uniò. El Partido Nacionalista Vasco se quedó en la abstención, que, unida a su aceptación del Estatuto de Guernica, venía a equivaler a un «sí, pero»; y en el «no» se arrinconaron los componentes de lo que el periodismo de lengua inglesa suele llamar las «franjas lunáticas».

Después de veinticinco años de experiencia constitucional exitosa, y unos pocos meses de confusión de confusiones, la situación tiene mucho peor aspecto. Los elementos antisistema han pasado de ocupar posiciones marginales a navegar cerca de la corriente principal. Tras el pacto de Estella, el PNV está más próximo del «no» que de su «sí, pero» original. Todas las formas de la vida política catalana están distorsionadas por la irrupción de Esquerra Republicana, un característico partido antisistema, en cuanto que partidario de la secesión y hostil a la forma del Estado. Incluso se diría que Convergencia i Uniò, antaño tan importante entre los partidos fundadores, vacila en su antigua fe constitucional.

Pero lo peor de todo es que el PSOE, partido de gobierno y gran baluarte de nuestro orden político, parece creer que la solución a tanto desafío está en abrirse a los elementos antisistema y darles un trato mejor que el que concede al Partido Popular.

Esta impresión se apoya al menos en dos pruebas circunstanciales: el PSC suscribió en 2003 un pacto tripartito de gobierno entre cuyos firmantes está un partido antisistema, ERC, y entre cuyas cláusulas figura la prohibición de que el Partido Socialista celebre acuerdos permanentes con el Partido Popular en las Cortes Generales; y el Gobierno ha hecho aprobar en el Congreso de los Diputados una moción relativa al diálogo con ETA cuyo antecedente no es un acuerdo con el Partido Popular, sino una conversación confidencial del presidente del Gobierno con el lendakari Ibarretxe.

Este modo de operar es contrario a las bases políticas que integran el sustrato material de la Constitución española. Ese sustrato político está sobre todo compuesto por los partidos que dieron vida a la Constitución de 1978 y que, con su respaldo a lo largo de los años, han asegurado su vigencia desde entonces. Dado que nuestro sistema de partidos ha consolidado su carácter bipartidista, toda actuación de relevancia constitucional habrá de ser al menos bipartidaria, aunque esta condición necesaria no sea suficiente en algunos casos. Los dos grandes partidos -PSOE y PP- tienen, pues, la obligación de mantener un frente constitucional unido, para de este modo legitimar cotidianamente la Constitución y enviar destellos de advertencia a sus enemigos, los partidos antisistema. Tanto más fuerte será esta obligación cuanto más crecidos se muestren tales enemigos.

El mantenimiento de la unidad constitucional exige que PSOE y PP celebren pactos de cuando en cuando. El Pacto Antiterrorista es sólo un ejemplo de esta vía consensual, que siempre ha de estar abierta. Por ello, la cláusula del pacto tripartito que cierra toda vía de acuerdo entre PP y PSOE es directamente contraria a nuestra constitución material; y la gravedad de la infracción aumenta si se tiene en cuenta que la cláusula se estipula en interés de ERC, que estima que la neutralización del Partido Popular es un hito necesario en su proyectado camino de ruptura del orden constitucional. No es necesario añadir que ese interés se comparte por el nacionalismo vasco radical.

A la vista de esta auténtica y peligrosa mutación constitucional, ¡qué infundada resulta la acusación socialista, recientemente reiterada con solemnidad editorial, de que el PP ha roto el Pacto Antiterrorista! Dicho Pacto se apoya en un suelo político de constante colaboración colegiada entre los dos grandes partidos, que deben otorgarse recíprocamente preferencia en temas de relevancia constitucional. Si la existencia de ese suelo se niega mediante hechos concluyentes y acuerdos formales con partidos antisistema, ¿cómo pretender que el PP acepte pacíficamente la nueva situación y se enganche como furgón de cola en el extraño convoy organizado por el PSOE? En el debate sobre el estado de la Nación, Mariano Rajoy no podía hacer otra cosa que denunciar esta mutación, mucho más peligrosa en sus consecuencias que la moción luego aprobada por el Congreso sobre el diálogo con ETA.

El Partido Socialista, que ha sido y es un gran partido constitucional, debería reflexionar sobre todo esto. Las combinaciones con los partidos antisistema acaban causando daños en todo el arco constitucional. Cuando a principios de los años ochenta Mitterrand cambió el sistema electoral francés de manera que el Frente Nacional accediera al Parlamento, calculó que ello perjudicaría al centro derecha. Y así fue, pero el daño fue sobre todo para la República francesa, y luego también para el propio PSF, cuyo candidato en las elecciones presidenciales de 2002, Lionel Jospin, perdió frente al ultra Le Pen. Los partidos antisistema, cuando no son violentos, deben tener su sitio en la ciudad; pero no en su parte más alta, no en la ciudadela constitucional.

Un sillón imaginario
Por Gregorio SALVADOR ABC 16 Junio 2005

HABLAR de Jaime Campmany aquí, en su espacio de tantos años, me produce un escalofrío inicial y una palpitación acelerada del corazón por su ausencia definitiva y por la necesidad de llenarla hoy con palabras mías dedicadas a él.

He de decir que mi admiración por Jaime Campmany es vieja y ha sido constante. Se originó allá por 1952 o 53, cuando publicó en alguna revista universitaria un artículo titulado «El rector y la Celestina». El rector era el de mi universidad, la de Granada, y la Celestina era la obra de Rojas, cuya representación teatral, que iba a ser la primera en la historia, había sido minuciosamente preparada por un grupo universitario y fue suspendida la víspera, se supone que a instancias del arzobispo, por el magnífico señor rector, sin otra razón que «la evidente inmoralidad de la obra». La suspensión tuvo su eco en todo el ámbito nacional y el artículo de Campmany resultó concluyente y a mí me pareció magistral. Así pues, cada vez que encontré, con posterioridad, su firma al pie de un texto, fuese cual fuese: artículo, columna, crónica deportiva o reportaje, lo leí sin dudarlo y, si quiero precisar más, tendré que añadir que, de hecho, lo devoré con fruición.

Personalmente no lo conocí hasta hace muy pocos años; nunca he tenido demasiada prisa en conocer a los escritores que admiro, por lo que pueda ocurrir: bastantes desilusiones se lleva uno en la vida como para añadir innecesarias decepciones en el mundo ideal y refulgente de su particular olimpo literario. Pero el caso es que conocí, por fin, a Jaime Campmany y puedo decir que no me defraudó en absoluto la persona.

Si de algunos escritores se suele alabar que escriban bien, lo que debería darse por supuesto, habrá que distinguir a los realmente excepcionales y prodigiosos, los que conocen los entresijos de la lengua y se mueven por ella como Pedro por su casa. No me quiero quedar corto, y quizá haya ahora mismo un par de docenas, acaso tres, entre España y América. Y Campmany era uno de ellos.

Alguien puede que se esté preguntando: ¿Y por qué no entró en la Academia? Yo también me lo pregunto. La verdad es que todos tenemos dos Academias: la que hay, que es como es y va resultando como va resultando, y la que cada uno desearía, desde su razón, desde su juicio, desde su voluntad, acaso desde sus preferencias personales más o menos justificadas. En esa otra Academia mía tenía yo sentado a Jaime Campmany desde hace años: en un sillón imaginario que me hubiera gustado ayudar a convertir en verdadero y que se me ha ido el tiempo sin lograrlo. Y hoy tengo esa tristeza sobre esta gran pesadumbre de su muerte.

El valor del respeto
Por M. MARTÍN FERRAND ABC  16 Junio 2005

SOSPECHO, y me alarma poder estar en lo cierto, que lo que nos pasa es que nos estamos perdiendo el respeto los unos a los otros. Ese respeto que, de repente, escasea tanto como el agua en los embalses es la columna sobre la que puede levantarse una convivencia inteligente en el campo de una democracia mínimamente asumida. Sin él, el juego ciudadano se convierte en esperpento.

Cuando, por ejemplo, el fiscal general del Estado, el muy obediente y disciplinado socialista Cándido Conde-Pumpido, sostiene que dos militantes del PP son sospechosos -¡de agredir al no agredido José Bono!- porque aparecen en unas fotografías «en actitud vociferante» no es que esté atentando contra los fundamentos del Estado de Derecho, que eso ha pasado a ser rutina en la mezcolanza promiscua de los poderes clásicos del Estado. Es que les está faltando al respeto a todos los protagonistas de la historia, desde las Fuerzas de Seguridad, que no vieron lo que el fiscal asegura que llegaron a ver, hasta los vociferantes, pero no por ello agresores, devotos del PP.

La anunciada próxima excarcelación de Ignacio de Juana Chaos, después de cumplir 18 años de cárcel y redimir 12 de una condena de 3.000 -que así funcionan las matemáticas de la Justicia-, es otra más entre las muchas faltas de respeto con las que, conscientes o inconscientes, nos ofenden los poderes del Estado, y, con más ahínco, sus servidores perpetuos y, en los hechos, infalibles y omnímodos. ¿Qué nos ocurriría a nosotros, modestos ciudadanos, si en una pretensión de simetría en el trato acudiéramos, en formación, a las puertas de los despachos de Conde-Pumpido, del juez Pedraz, del ministro Alonso, o de cualquiera de los muchos posibles autores de nuestro desconsuelo cívico, para hacerles una trompetilla en los solemnes momentos de sus entradas y salidas?

El problema no se queda ahí, en los suburbios de uno de los tres poderes del Estado. Florece también en los otros dos. Cuando José Luis Rodríguez Zapatero, para poder obtener el respaldo parlamentario que le permite ser presidente del Gobierno, pacta con fuerzas contrarias al sistema, hostiles a la Constitución y contrarias a su propio programa electoral, está faltándonos al respeto a todos. A sus votantes, por supuesto: pero también, y no en muy diferente medida, a quienes le asumen por espíritu democrático aun después de haber votado a otros.

Asegura Baura que el respeto a los demás es un valor moral indispensable y la única herramienta válida para construir sosiego ciudadano. Bien es verdad que también sospecho que para respetar a los demás es preciso arrancar del propio. Y no debe de ser fácil de alcanzar con algunos antecedentes, en ciertas compañías y con la ambición aplastando con su peso el delicado esqueleto de la sutileza.

La otra guerra del terrorismo islamista
Por Luis Ignacio PARADA ABC  16 Junio 2005

MIENTRAS los políticos de uno y otro signo continúan utilizando a beneficio de inventario los trágicos sucesos del 11-M en Madrid, violando el Pacto Antiterrorismo que tienen firmado, la Policía Nacional ha detenido ayer en varias poblaciones españolas a veintisiete personas por su presunta vinculación con las redes de terrorismo islamista. Al menos cinco de ellas están relacionadas con los atentados del 11-M, otras once con el grupo terrorista de Al Zarqaui en Irak y algunas habían expresado su voluntad de convertirse en mártires del Islam. Todas ellas se dedicaban a reclutar, formar y enviar a Irak como mujahidines a jóvenes radicales islamistas con el objetivo de que cometieran atentados suicidas contra las fuerzas de ocupación y forman parte de una red de apoyo a la causa iraquí, de ideología yihadista, con conexiones en Oriente Próximo, Magreb y Reino Unido.

La brillante acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas para poner a disposición de los jueces a los presuntos responsables de los atentados del año pasado en Madrid contrasta con la controvertida legalidad que llevó a Estados Unidos a bombardear y ocupar Afganistán e Irak. Tras aquellos actos, Bin Laden sigue en paradero desconocido y más de 500 presos, denominados oficialmente «combatientes enemigos», se encuentran encarcelados desde hace más de tres años en Guantánamo sin que se cumplan los Convenios de Ginebra sobre prisioneros de guerra ni se hayan presentado cargos contra ellos o estén a la espera de juicio. Con las finanzas en buen estado, porque el bloqueo de cuentas no ha llegado a los paraísos fiscales, Al Qaeda, referente común de todos los grupos que proclaman la Yihad, opera ahora de forma diferente. Según un informe del prestigioso Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, el terrorismo islamista sigue siendo el mayor peligro para Estados Unidos y para el mundo, con cerca de 18.000 terroristas potenciales en cerca de cien países.

Un fiscal a la deriva
Editorial ABC  16 Junio 2005

EL fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, parece no ser consciente de que su forma de dirigir el Ministerio Fiscal está transformando su desprestigio personal en una crisis de la institución a la que representa. El Ministerio Público ha de ser un valedor del Estado de Derecho, vinculado sólo al principio de legalidad y a la defensa del interés general. Por eso la Constitución le encomienda el ejercicio de las acciones judiciales que sean necesarias para cumplir esa función, de forma que los más altos bienes de la sociedad no estén a expensas de impulsos privados. Sin embargo, un repaso a los principales hitos del mandato de Conde-Pumpido pone de manifiesto que han sido precisamente los intereses generales los grandes perjudicados por su gestión, siempre que, claro está, por intereses generales se entiendan los propios de una sociedad democrática y de un Estado de Derecho, y no los de un Gobierno y sus estrategias partidistas. El problema de Conde-Pumpido es que, por sí o a instancia ajena, o por las dos cosas al mismo tiempo, no se puede distinguir en sus decisiones al fiscal general del Estado de un fiel abogado del Gobierno.

Con el desamparo del Tribunal Supremo en el caso Atutxa, Conde-Pumpido dejó inerme la soberanía del más Alto Tribunal frente a un desacato flagrante. Con su obediente pasividad ante el Partido Comunista de las Tierras Vascas, el fiscal general está privando de protección a los valores esenciales de la democracia. Y al anunciar que apoyará a unos funcionarios policiales -imputados en una causa penal- en un recurso que ni siquiera conoce, porque no se ha presentado, aparte de prejuzgar y perder así su imparcialidad, está poniendo a la Fiscalía frente a las libertades fundamentales de dos ciudadanos, militantes del PP, que, según un auto judicial, fueron detenidos ilegalmente. Lo peor, sin duda, no es la decisión de apoyar a ciegas ese recurso, sino que el fiscal general ha iniciado la táctica de descalificar a quienes son procesalmente víctimas de un delito y destacar que «vociferaban» alrededor del ministro de Defensa, como si eso fuera causa suficiente para detenerlos y, además, para disculpar la ilegalidad de la detención. Lamentablemente, también el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, ha cedido su ecuanimidad habitual para criticar el auto de imputación de los policías. Uno y otro se han encontrado, además, con la desautorización más severa que cabía esperar: la decisión del Juzgado de Instrucción nº 42 de Madrid de archivar la denuncia por las supuestas agresiones a José Bono, lo que aumenta los perfiles de la ilegalidad de la detención que sufrieron los dos militantes del PP.

El argumento de Conde-Pumpido sobre los «ciudadanos vociferantes» es algo más que inadmisible. Es todo un síntoma -uno más- de que el Estado de Derecho no está bien protegido con él en la Fiscalía General y de que el principio de legalidad ha sido sustituido por el principio de oportunidad política que, aplicado al ejercicio de potestades públicas, se convierte en pura y simple arbitrariedad, el peor veredicto que puede recibir un servidor público. Si no es así, debe explicar el fiscal general por qué primero rechaza la petición de Esquerra Republicana de Cataluña de abrir diligencias por la pancarta exhibida en la manifestación de Salamanca contra Carod-Rovira y por qué luego, tras una conversación telefónica con representantes de esta formación política seguida de una carta, cambia de criterio y abre esa investigación. Todo un trato de favor a un socio del Gobierno socialista -por un hecho políticamente deleznable pero de improbable encaje jurídico penal- simultáneo a un prejuicio hostil a la defensa de los derechos de dos militantes del PP, víctimas de una detención declarada ilegal por un juez instructor. Y mientras tanto, otro etarra de nutriso historial criminal, Juan María Tapia Irujo, está en libertad desde abril, gracias a unas generosas y discutibles redenciones de pena que la Fiscalía no revisó.

Sería, sin embargo, un error centrar toda la crítica en Conde-Pumpido. Como él mismo ha dicho, es un hombre de la confianza del presidente del Gobierno y, en tal condición, la responsabilidad política de la crisis de confianza en la Fiscalía recae plenamente en el Ejecutivo. No hay beneficio político que compense el daño que el fiscal general está ocasionando al Estado de Derecho.

La amenaza del terror islamista
Editorial ABC  16 Junio 2005

LA detención de dieciséis personas vinculadas al terrorismo islamista -en una operación llevada a cabo en Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Ceuta- pone de relieve que los tentáculos de este peligroso entramado criminal siguen desplegados en buena parte de nuestro país. La dimensión de la redada llevada a cabo por el Cuerpo Nacional de Policía en las últimas horas revela, asimismo, el carácter «multidisciplinar» de estos grupos, pues mientras cinco de estos individuos fueron capturados por ayudar a huir a los miembros de la «célula» del 11-M que escaparon del piso de Leganés, a los otros once se les vincula con la captación y envío a Irak de activistas para reforzar el grupo terrorista que lidera Al Zarqaui, autor de cientos de asesinatos en aquel país. Incluso, la Policía sospecha que uno de los huidos de Leganés, el marroquí Mohamed Afalah, recorrió varios países europeos antes de convertirse en terrorista suicida e inmolarse en un atentado en territorio iraquí.

Asistimos, pues, a la constatación de que estos grupos radicales islamistas conforman una verdadera «internacional del terror», que golpea de Kabul a Madrid, de Estambul a Nueva York y que tiene bases o infraestructura en innumerables países. La amenaza sigue, por tanto, ahí, a un paso de todos nosotros, más peligrosa si cabe por la irracionalidad que la inspira.

Los detalles de la «Operación Sello» aportan además la alta capacitación de los agentes de la lucha antiterrorista, cuya investigación partió de la simple compra de un teléfono móvil, el 14 de marzo de 2004, cuyo destinatario era el padre de uno de los huidos del piso de Leganés. Pero para hacer fructífera esa pericia es imprescindible por ello mantener alta la guardia y la prevención. En este sentido, la labor de las Fuerzas de Seguridad resulta vital para erradicar una amenaza que, en ningún momento, ha de minusvalorarse, como ocurriera en aquellas detenciones que durante el Gobierno del PP fueron trivializadas por la oposición con el remoquete de «comando Dixán», que luego resultó un chiste sin ninguna gracia. Es de esperar que la clase política aporte el aliento unánime que precisan cuestiones tan trascendentales.

¿Catalunya es una nación?
FRANCESC DE CARRERAS  16 Junio 2005

Seguro que no es el asunto más importante ni el más conflictivo. Sin embargo, la utilización del término nación para denominar a Catalunya en el proyecto del nuevo Estatut es la cuestión que está suscitando un más apasionado debate. Si bien los motivos para que ello sea así son más emocionales que racionales, no cabe considerar esta cuestión un tema menor. Ciertamente, que este asunto aparezca en Catalunya como un problema parece casi irreal. Durante años hemos estado utilizando la idea de que Catalunya era una nación y diciéndolo con estas mismas palabras, sin apenas controversia alguna. Era, sin más, una expresión convenida, casi una frase hecha que no suscitaba problema alguno. ¿Por qué, ahora, se convierte en problemática? La respuesta es sencilla, más bien obvia: porque una cosa es pronunciar unas palabras en el contexto de una conversación -o en una declaración, un mitin o un debate- y otra muy distinta es que la palabra figure en un texto jurídico, es decir, que sea un término gramatical con valor normativo, con fuerza jurídica, con consecuencias en el mundo del derecho.

Por tanto, el problema que plantea la inclusión del término nación en el nuevo estatuto no es el de determinar si Catalunya es una nación desde un punto de vista doctrinal, desde un punto de vista filosófico, sino desde el punto de vista jurídico. Hay conceptos muy distintos sobre la idea de nación que, aplicadas a Catalunya, por supuesto podrán seguir siendo utilizadas en el ejercicio de la libertad de expresión. En cambio, la denominación que adopte Catalunya en el Estatut tendrá consecuencias jurídicas para los poderes públicos y para los ciudadanos y, en consecuencia, debe ser fijado con precisión. Por tanto, figure el término que figure en el estatuto, los ciudadanos, en el uso de su libertad, podrán seguir denominando a Catalunya como quieran: como una nación, como una nacionalidad, como una comunidad autónoma, como una región o como una comunidad nacional. O con cualquier otro apelativo. Pero los poderes públicos, los órganos del Estado, del Estado de derecho, deberán adaptar sus decisiones al significado jurídico del término derivado del texto estatutario. Dejemos de lado, por tanto, los conceptos doctrinales y tratemos de averiguar el significado jurídico del término en cuestión. Desde este punto de vista, ¿Catalunya es una nación?

El Estatut de Catalunya es una norma subordinada a la Constitución y sólo a la Constitución, la cual establece en su artículo 2 que se fundamenta en la nación española y que reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran. Por tanto, en este artículo aparecen tres términos distintos: nación, nacionalidades y regiones. El Estatut de Catalunya, de forma muy adecuada a este precepto constitucional, establece que Catalunya, como nacionalidad, se constituye en comunidad autónoma. Por tanto, descarta considerarse región y establece que Catalunya es jurídicamente una nacionalidad.

El término nacionalidad -así como el de región- tiene una acreditada tradición en el catalanismo político. Recordemos, por ejemplo, que la obra teórica más conocida del nacionalismo catalán se titula La nacionalitat catalana y es debida a Enric Prat de la Riba. Recordemos también que el Estatut de 1932 configuraba a Catalunya como una región porque así lo establecía la Constitución de la II República. De forma similar, para adaptarse a la actual Constitución se acogió en el vigente Estatut el término nacionalidad.

¿Podría pasar Catalunya a denominarse nación en una reforma estatutaria? La dificultad es obvia. En el artículo 2 la palabra nación está reservada a España y, a primera vista, al ser la Constitución una norma jerárquicamente superior al Estatuto, calificar a Catalunya como nación parece contradictorio con dicho artículo y, por tanto, el Estatuto, en este punto, sería inconstitucional. Sin embargo, no debe descartarse la posibilidad de que la palabra nación, aplicada a Catalunya, aparezca situada en el nuevo Estatut dentro de un contexto que permita interpretar, de forma inequívoca, el término nación sin el significado que tiene en el artículo 2 y que está reservado a España. Esta opción sería, sin duda, contraria a la buena técnica legislativa según la cual las normas no pueden utilizar un mismo término con significados distintos. Ahora bien, si ello permite resolver un problema político quizás cabría adoptarse esta solución.

Por tanto, considerar en el Estatut a Catalunya como una nación no es un problema cerrado sino abierto, siempre, por supuesto, que se respete lo establecido en la Constitución. Otra cosa es, como bien ha advertido Alfonso Guerra, que al caracterizar a Catalunya como nación se corre el riesgo de que los nacionalistas catalanes invoquen el supuesto derecho a la autoderminación de Catalunya. Ello es absolutamente cierto pero también lo es que, como ya sucede en la actualidad, tal invocación la harán en cualquier caso, aun sabiendo que no tiene el más mínimo soporte jurídico.

En definitiva, volviendo al comienzo del artículo, en el uso del derecho de la libertad de expresión cada ciudadano puede denominar a Catalunya como quiera. Jurídicamente, en cambio, la cuestión es distinta: Catalunya debe ser considerada en el Estatuto de acuerdo con la denominación que la Constitución permita. Ambas afirmaciones, además, son las únicas aceptables desde el punto de vista democrático.

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB

LA DENUNCIA DE ERC, EN CASTELLANO
E. RODRÍGUEZ MARCHANTE ABC Cataluña  16 Junio 2005

Si alguien no se merece que lo traten con desprecio ni amenazas, ése es precisamente Carod Rovira, siempre tan atento con sus discrepantes, y siempre tan respetuoso aquí y allá. Aún recuerdan en el PP todos los esfuerzos de Carod Rovira y de sus gentes de la Esquerra para parar aquellas avalanchas de demócratas que llegaban a sus sedes con antorchas, como los lugareños al castillo de Frankenstein. Y pueden dar fe de ello los vecinos de los alrededores de la Plaza de Francesc Macià, lugar en el que se reunieron varios cientos de «gentleman» y desde donde arrojaban flores y versos a la sede del PP. La de veces y veces que tuvieron que ir allí los seguidores y simpatizantas de ERC para limar endecasílabos y rimas, para limpiar aquello de pétalos y de hojas repletas de poemas.

Francamente, no hay derecho a que ahora los traten así, con ese desprecio y esas amenazas que, además, tienen toda la pinta de ser de cuidado. Aquí lo que se necesita es mano dura. Según vomitaban ayer las agencias de prensa, todo el aparataje de ERC se ha puesto en marcha para anunciar y presentar denuncias y querellas contra todo aquel que mire mal a Carod Rovira... Mano dura con los manifestantes, mano dura con el PP, cerrojazo a la cadena Cope, y cadenas para Federico Jiménez Losantos... ¿Qué se han creído?... ¿Que pueden ir hor ahí acosando y metiéndoles miedo a las gentes de paz y armonía?. Ya lo dijo ayer Carod Rovira: «La única forma de desmarcarse de las amenazas realizadas contra un dirigente político es condenándolas, no hay ninguna otra». Y tal como lo dijo es como él lo ha hecho siempre.

No es raro que, de repente, Carod Rovira haya sentido miedo ante las dos pancartas amenazantes: uno no se puede fiar de todos esos indeseables que se pasean por ahí con pancartas amenazantes: da lo mismo que sean doscientos o trescientos individuos con la cara pintada como sioux que media docena de ancianas con laca hasta las pestañas... ¡Qué se lo digan a Josep Piqué, que le dieron un magreo de película «X» y unos cachetes para mayores de dieciocho años!... ¡O a Aznar, que ha tenido que venir un par de veces con lanzallamas a firmar libros!

El caso es que la Esquerra ha llegado a la conclusión de que esto ya no se puede aguantar más... Basta ya... Esto es intolerable... Y se han dirigido al juzgado de guardia a poner una denuncia. La denuncia la firma el propio Carod-Rovira, y fue presentada ante fotógrafos por su abogado -Rovira, por si acaso, prefiere mantenerse a cierta distancia de los juzgados- y también por los tres vicesecretarios generales de ERC, Manel Balcells, Josep Vall y Carme Capdevila. «Casi mejor, id vosotros», les debió de decir el arrojado Carod. Y allí que pusieron la denuncia. Pero..., ¡en castellano!

O sea, que Carod, su abogado, y Vall, Balcells y Capdevila no encontraron en el catalán el vehículo adecuado para hacer viajar su denuncia. ¿Por qué motivo han hecho su escrito en castellano, si se pasan el día dándole la brasa a todo semoviente, desde ese pobre cuitado que dirige el Congreso, hasta a los belgas y los luxemburgueses, con la necesidad de traductores?... ¿Acaso se les ha colado en el juzgado de guardia un «número» que desconoce el catalán?... ¿Acaso es que tiene menos fuerza en la denuncia el «hosti tu» que el «mecagüen»?

No sé, creo que el modelo a seguir lo ha dicho bien claro el fiscal general del Estado, señor Conde-Pumpido. No se puede ir por ahí con «actitudes vociferantes» y pretender ser inocente. Se empieza vociferando y se acaba de cualquier manera ¿Desde cuándo en este país/estos países se han llevado esas actitudes vociferantes?... ¡Hombre, por favor!... Aquí, cuando se ha tenido que protestar de algo, se ha hecho siempre de un modo sereno, razonable, con estilo, y ahora, de repente, han venido estos de derechas y sin derecho a vociferar en las calles y a llevar unas pancartas que te ponen la piel de gallina. ¿Que no tienen cacerolas estos o qué?

SÁEZ DE SANTAMARÍA RESPONDE A LAS DECLARACIONES DE ZAPATERO
"No merece ser presidente del Gobierno de la nación quien no sabe lo que es la nación"
La secretaria ejecutiva del PP de política autonómica, Soraya Sáez de Santamaría, considera que Rodríguez Zapatero ha demostrado que está dispuesto a que el "precio del alquiler por dormir en La Moncloa sea España misma", después de que el presidente del Gobierno dijera en la SER que no pondrá reparos a que ese termino se incluya en el Estatuto catalán si se demuestra compatible con la Constitución. "No merece ser presidente del Gobierno de la nación quien no sabe lo que es la nación", afirmó la diputada popular.
Agencias Libertad Digital 16 Junio 2005

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha dicho que desde el Ejecutivo no "va a haber ningún problema" para que Cataluña se defina como nación en el Estatuto "si a la luz" de la Constitución y tras los "oportunos dictámenes no existe incompatibilidad". En declaraciones a la Cadena SER, Zapatero estableció los límites para la reforma del Estatuto de Cataluña y del "contenido concreto de cada uno de los artículos" en que respeten la Constitución y sean fruto de un amplio consenso. Consideró que el concepto de nación no es "estrictamente" jurídico, sino que tiene "diversos sentidos y diversas interpretaciones", como el histórico cultural o el sociológico.

"Por tanto, creo que si a la luz de la Constitución no existe incompatibilidad y, lógicamente, habrá oportunos dictámenes, desde el punto de vista del Gobierno no va a haber ningún problema para esa reforma del Estatuto y para que ese término pueda aparecer en el Estatuto de Cataluña", afirmó Zapatero.

La secretaria ejecutiva del PP de política autonómica, Soraya Sáez de Santamaría, ha respondido a Zapatero en declaraciones a Europa Press. "Es como si el presidente de Telefónica no supiera lo que es un teléfono –argumentó la dirigente popular. Para el PP y para la inmensa mayoría de los españoles entienden que la nación es una y es la nación española".
Así, advirtió a Rodríguez Zapatero de que si permite que el tripartito denomine a Cataluña como "nación", la siguiente reivindicación que tendrá sobre la mesa es la petición de un Estado para esa nación. Por ello, hizo un "llamamiento" a los militantes y votantes del PSOE, "esto es, partido socialista, obrero y español" para que hagan "entrar en razón" al presidente del Gobierno. "El PP defiende una España de ciudadanos libres e iguales, de 40 millones de españoles que en uso de su soberanía decidan lo mejor para España. El debate autonómico debe verse bajo el prisma de mejorar la vida de los ciudadanos y no por carreras de más poder para satisfacer las ansias de Carod y Maragall. El abismo entre lo que piden los nacionalistas y lo que demandan los ciudadanos es cada vez más amplio", concluyó Sáez de Santamaría.

Intelectuales catalanes contra el nacionalismo
ESD Jesús Laínz  16 Junio 2005

Gracias a Dios empiezan a abrirse ojos en todas partes. Muchos somos los que temíamos que la excusa de la ausencia de terrorismo en Cataluña impidiese la denuncia de las aberraciones separatistas que allí no son menores que en el País Vasco.

Pero quizá sea ya demasiado tarde, tras un cuarto de siglo de envenenamiento de una sociedad –especialmente las generaciones que han pasado por las aulas de Pujol– que percibe a España con enorme desprecio y hostilidad. El tiempo dirá.

En cualquier caso, sirvan estas líneas para enviar un caluroso saludo desde aquí a quienes se disponen a la ingrata tarea de denunciar y combatir sobre el terreno al fanatismo nacionalista que, sin duda, no les va a dejar el camino libre. Desde aquí animamos a nuestros lectores catalanes y del resto de España a colaborar con ellos con generosidad y entusiasmo.

Pero no seríamos sinceros si encerrásemos en el tintero un par de observaciones que están brincando por salir.

Los firmantes del manifiesto se declaran mayoritariamente de izquierdas y centran su argumentación en la desilusión que han recibido de la izquierda nacionalista hoy en el poder tras un cuarto de siglo del nacionalismo conservador pujolista. La pregunta –y a la vez el reproche– que se impone es cómo es posible que nadie, intelectual o no, haya podido sorprenderse de la política del tripartito. ¿Es que acaso no ha quedado claro en todos estos años el filonacionalismo de Maragall, la repulsión que buena parte de la izquierda catalana (más aún que la del resto de España) siente hacia la mera constatación de la existencia de ésta, y la enunciación de la estupefaciente plurinacionalidad de España y la ahistórica nación catalana que han repetido una y otra vez tanto Maragall como Montilla? ¿Acaso no anunció Maragall que modificaría el Estatuto para centrifugar Cataluña un poco más? Aunque no se debiera haber necesitado el paso de tanto tiempo, pues el febril diseño autonómico de hace veinticinco años ya era materia suficiente para verlas venir, con haber tenido tan sólo ojos en la cara, dos dedos de frente y un poco de buena voluntad, explosiva combinación al parecer escasa en tierra hispana.

Quizá la explicación venga de la dificultad que la izquierda siempre ha tenido para hacer autocrítica, convencida de que de ella sólo puede surgir la virtud y nunca mal alguno. Pero el caos actual es responsabilidad, en muy grande medida, de la izquierda, tanto catalana como nacional.

Hecho el reproche hacia la izquierda, girémonos ahora a la derecha, pues en este demencial asunto las culpas están muy repartidas. Con la iniciativa de los intelectuales antinacionalistas el PP catalán ha recibido la bofetada de no ser considerado alternativa válida contra el nacionalismo rampante.

Por algo será. Quizá a algunos les conviniese tomar nota.

Un manifiesto de ciudadanos
Reclamar una respuesta al nacionalismo catalán para restaurar la normalidad no es ser españolista
FÉLIX Ovejero  16 Junio 2005

Profesor de Ética y Economía de la UB 16 Jun

Hace apenas unos días unos cuantos ciudadanos catalanes presentamos un manifiesto reclamando la necesidad de una respuesta política al nacionalismo. Sin casi tiempo para atender lo que allí se decía, se nos describió como "anticatalanistas". Un calificativo habitual en la política catalana. CiU lo utilizó en su día con la oposición y hoy mismo, a la mínima, lo repiten todos contra todos. Quizá no habría mayor acto de higiene política que eliminarlo de nuestro léxico. Está sobrecargado de significados, todos ellos antidemocráticos. El más inmediato: descalifica como miembros de la comunidad política a quienes tienen una idea distinta acerca de cómo ordenar la vida compartida. Al rival político se le discute su condición de ciudadano, su derecho a discutir.

No es esa la única consecuencia patológica. El caso del 3% es el ejemplo más reciente de cómo el nacionalismo deteriora la democracia. Democracia significa control de los poderes por los ciudadanos, transparencia, prensa independiente, ausencia de influencia de los poderosos. En eso consiste el autogobierno ciudadano. Que el presidente de la Generalitat esté en la plaza de Sant Jaume no le asegura ninguna proximidad a los ciudadanos. La vecindad también puede ser ocasión para que el mercadeo de favores, las relaciones familiares y las comidas entre amigos suplan el escrutinio democrático. Una circunstancia agravada en una cultura política en donde exigir explicaciones es antipatriótico, como fue obscenamente escenificado en el caso del Carmel. De nuevo los "intereses de Catalunya" sustituyen a los intereses de los catalanes --sanidad, educación, empleo--, que quedan, así, desatendidos y sirven de coartada para desatenderlos.

El nacionalismo vincula la pertenencia a la comunidad política a la identidad. Nada más reaccionario. Los ciudadanos tienen un único y fundamental compromiso: asegurarse mutuamente derechos y libertades. Nada más. La ciudadanía no admite grados, no hay quienes sean más catalanes que otros. No somos más o menos catalanes porque compartamos ciertas pautas culturales. Es posible que en una comunidad existan muchos católicos o aficionados al Barça, pero las instituciones no tienen por qué ser católicas o del Barça. Cualquier otra opción supone excluir a algunos ciudadanos, admitir que hay unos que son de primera y otros no, abandonar la conquista más revolucionaria de la ilustración: la comunidad política cimentada en la ley y la justicia, y no en la tradición, el mito o la identidad.

IDEAS elementales que cobran especial significado en Catalunya. Y es que la identidad que el nacionalismo alienta no se ajusta a la de los catalanes. Catalunya es hoy una sociedad diversa, compleja, que no se reconoce en su supuesta identidad nacional: cerca del 70% de sus habitantes tiene sus raíces fuera de Catalunya; si nos atenemos a la distribución de apellidos, Barcelona es la segunda provincia más "española" de la Península; asimismo, el castellano es la lengua materna de más de la mitad de los catalanes. No hay por qué extrañarse. Después de siglos de mercados y fronteras comunes, somos inevitablemente mestizos. No es ni bueno ni malo, es la "realidad". Lo que sí podemos valorar, establecer si es bueno o es malo, es la distribución de la renta, el funcionamiento de la sanidad, la calidad de la educación, el cuidado del medio ambiente, en fin, los asuntos públicos propios de la política.

Cuando la realidad no se parece al mito, las políticas identitarias son algo peor que una ficción. Es verdad que muchas veces simplemente resultan ridículas o despilfarradoras, como la campaña Ballem en català. Pero, por lo general, las cosas son más graves. Ahí están las multas de las "oficinas de garantías lingüísticas", en donde unos ciudadanos pueden denunciar a otros, o los inspectores que irrumpen en las oficinas de las empresas para examinar la lengua de sus comunicaciones. Ahí está un sistema de enseñanza que permite --obliga-- a los niños del Valle de Arán a estudiar en su lengua materna, pero niega esa posibilidad a la mitad de los catalanes.

A quienes denuncian estas situaciones se nos acusa de "españolistas". Se asume que si uno no es nacionalista catalán, es nacionalista español. No dudo de que existen "españolistas", pero no estoy seguro de que exista un partido político españolista. Yo, al menos, no conozco ninguno que defienda un sistema de enseñanza exclusivamente en castellano, considere que hay acabar con las autonomías, defienda que la Administración debe comunicarse exclusivamente en castellano o crea que hay que "reunir" a la hispanidad en los "Países Hispánicos". En fin, el equivalente de lo que asumen los partidos que acusan de nacionalista español al que levanta la mano para preguntar. Si existiera, las razones expuestas, seguirían valiendo contra él.

EL PROBLEMA no es que los ciudadanos experimenten sentimientos nacionales, sino que se pretenda gobernar sobre los sentimientos de todos. Por eso, el catalanismo, cuando se convierte en programa político, deriva en nacionalismo e, inevitablemente, acaba por legislar desde unas supuestas esencias nacionales que no se sabe muy bien quién determina. La mejor prueba: el presidente de la Generalitat sostiene que "es evidente" que Catalunya es una nación, mientras que apenas un veintitantos por ciento de los catalanes cree que Catalunya es una nación.

Frente al nacionalismo, los firmantes del manifiesto nos hemos limitado a reclamar la restauración del ámbito normal de la política. No pretendemos ser los portavoces de nadie. Señalar que hay un déficit de representatividad no es arrogarse representación alguna. Tampoco queremos ser los defensores de "los otros catalanes", sino de los derechos de todos. Lo han llamado siempre ciudadanía y no excluye a nadie.
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